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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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sábado, 30 de noviembre de 2013

Resolución que otorga competencia especial para conocer sobre algunos delitos económicos (Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia)



(Gaceta Oficial Nº 40.303 del 26 de noviembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Caracas, 20 de noviembre de 2013

203º y 154º

RESOLUCIÓN Nº 2013-0025

El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 2 y demás disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual rige sus funciones, y con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por lo que se hace indispensable, a través del Poder Judicial, la protección más eficaz frente a la diversidad de ilícitos penales con tendencias más graves y más peligrosas, que atenían contra la paz de la República y su pueblo, en la ejecución de cualquier actividad que entrañe gran peligrosidad para el Estado de Derecho y de Justicia, y sobre todo para sus ciudadanos y ciudadanas y desde luego sus instituciones nacionales; quienes confían en la tutela y protección de la diversidad de sus derechos y la preservación de la seguridad jurídica por parte del Poder Público. 


CONSIDERANDO

Que cualquier conducta lesiva a la República y su pueblo, sea desde el punto de vista de la seguridad en cualquiera de sus manifestaciones, amén de lo social y económico, que implique manifestación de inestabilidad provocada por sectores perversos se hacen inaceptables e incompatibles en nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia, puesto que impera la proscripción y repudio de cualquier forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos, que puedan coadyuvar a la inestabilidad democrática, especialmente las vinculadas a los conflictos de índole social y económico.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Incongruencia omisiva por falta de pronunciamiento en torno a la inamovilidad laboral alegada en autos. El "Juez Social". (Sala Constitucional)



Así las cosas, puede evidenciarse que la representación judicial del ciudadano Jesús Antonio Archile Contreras, alegó la existencia de inamovilidad laboral, que impedía -a su criterio-, ser despedido sin que hubiere sido autorizado por el Inspector del Trabajo respectivo, a través de la correspondiente solicitud y trámite del procedimiento de calificación de despido, siendo dicho argumento de necesaria resolución por parte del tribunal de la causa, por provenir de un tercero interviniente en la misma, que ve afectado directamente sus derechos e intereses.

Sin embargo, el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sólo se limitó a citar los razonamientos explanados por la parte apelante     -Carbones del Guasare, C.A.-;otorgándole la razón, de una manera bastante sucinta y exigua, sin emitir pronunciamiento alguno sobre los alegatos del ciudadano Jesús Antonio Archile Contreras, sobre su cualidad de trabajador amparado por inamovilidad laboral por enfermedad, ya sea para declarar su existencia, rechazar la misma o explicar lo que a bien tuviera sobre dicho punto, dentro de la autonomía que como Juez de la República goza al decidir.

Ello así, debe indicarse que tanto la derogada Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.152, Extraordinario, reformada el 6 de mayo de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024, Extraordinario, como el actual Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012, preveían y prevén, respectivamente, situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado los trabajadores y trabajadoras.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.302 (Martes 26 de noviembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo de celebrarse el Nonagésimo Tercer Aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y Vigésimo Primer Aniversario de la Rebelión Bolivariana del 27 de noviembre de 1992.

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Gobierno del Distrito Capital y al Ejecutivo Nacional para Decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios y de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos y Entes Adscritos que en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se indican. (Distrito Capital Bs. 5.100.000,00; Bs. 17.939.328,00; Bs. 13.467.786,00; Bs.12.890.362,68; MPP para el Ambiente Bs. 1.000.000.000,00; MPP para Transporte Terrestre Bs. 500.000.000,00, entre otros).

Presidencia de la República

Decreto 607, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (Bs. 5.190.115,00).

Decreto N° 608, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. (Bs. 150.076,00).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.301 (Lunes 25 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 605, mediante el cual se nombra al ciudadano Ángel Luis Rodríguez Gamboa, Presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en calidad de Encargado.

Decreto 606, mediante el cual se nombra al ciudadano Ower Emilio Manrique Ramírez, Viceministro de Minas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

Vicepresidencia de la República

Órgano Superior de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental

Resolución Nº REDIOR 0012/2013, mediante la cual se designa al ciudadano Josué David Madriz Martínez, como Miembro Principal del Área Técnica de la Comisión de Contrataciones de este Órgano.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución Nº 065-13, mediante la cual se designa a la ciudadana Raquel Elena Falcón de Torres, Directora General (E) de la Dirección General de Asistencia Social, adscrita al Viceministerio de Articulación Social, de este Ministerio.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.300 (Viernes 22 de noviembre de 2013)


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Providencia mediante la cual se designa como Administrador Especial de la Empresa Editorial de Primicias C.A., al ciudadano Ramón Alirio Contreras, en representación de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

ONAPRE

Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos de Créditos Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Distrito Capital, por las cantidades que en ellas se indican. (MPP para Relaciones Exteriores Bs 187.553,39; Distrito Capital Bs. 3.681.291, 1.386.581,70, entre otros).

Providencias mediante las cuales se aprueba los Presupuestos de Ingresos y Gastos 2013 de las Sociedades Anónimas que en ellas se señalan, por las cantidades que en ellas se especifican. (Hotel VENETUR MARGARITA S.A, Bs. 154.012.482,00 y CORPOAMAZONAS S.A Bs. 100.000.000).

SUDEBAN

Resolución mediante la cual se autoriza el funcionamiento del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal C.A. (BANFANB).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.299 (Jueves 21 de noviembre de 2013)


  
Sumario

Asamblea Nacional

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia para la Construcción del Puente internacional «Las Tienditas».

Ley Aprobatoria del Tercer Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela.

Presidencia de la República

Decreto N° 603, mediante el cual se crea la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Decreto 604, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, la cual se denominará «Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor».

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución N° DM/206, mediante la cual se designa al ciudadano Alfredo Murga Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Paraguay.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.298 (Miércoles 20 de noviembre de 2013)


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/204, mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro Israel Correa Ortega, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Benín.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

Oficina Nacional de Presupuesto

Providencia mediante la cual se dicta la Reforma de la Providencia N° 218, del 17 de octubre de 2012. (Reimpresión G.O. Nº 40.048 donde se establece el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos).

SUDEBAN

Resolución Nº 174.13, mediante la cual se designa a la ciudadana Delia Carolina Maita Villegas, como Coordinadora Integral de Recursos Humanos, en condición de Encargada, en la Oficina de Recursos Humanos - Fondo Autoadministrado de Salud.

FOGADE

Providencias mediante las cuales se concede la Jubilación Especial, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican. (Beatriz Guerra; Gladys Pulido; Rafael Mirabal, entre otros).

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Decreto mediante el cual se crea el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, dependiente de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Presidencia de la República)




(Gaceta Oficial Nº 40.297 del 19 de noviembre de 2013)

Decreto Nº 592 19 de noviembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y de conformidad con lo establecido en el artículo 226 y 236 numerales 2, 11 y 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 93 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber del Ejecutivo Nacional apoyar medidas que permitan el uso eficiente, el cumplimiento del principio de suficiencia y la adecuación de los medios a los fines institucionales, con respecto a los recursos y bienes del Estado en los órganos y entes de la Administración Pública Nacional,

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, deberá crearse un servicio especializado, desconcentrado, dependiente del órgano rector en esta materia, para la administración y enajenación, de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos investigados de conformidad con dicha Ley o sobre los cuales existen elementos de convicción de su procedencia ilícita, asignados por los tribunales penales de la República, con la finalidad de asegurar la eficiente administración y disposición de los mismos,

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.297 (Martes 19 de noviembre de 2013)




Sumario

Asamblea Nacional

Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan.- (Véase N° 6.112 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, de los Ministerios que en ellos se mencionan y al Gobierno de Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se señalan. (Bs. 136.000.000,00 y 8.318.225,36 de la Vicepresidencia de la República; Bs. 267.248.048,50 para MPP Interiores, Justicia y Paz; Bs. 15.000.000,00 para el MPP para la Defensa, entre otros).

Presidencia de la República

Decreto N° 592, mediante el cual se dicta la creación del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, Dependiente de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Decreto N° 593, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios de una Acción Específica a otra de distintos Proyectos, Superior al 20%, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Bs. 21.000.000,00).

Decreto N° 594, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (Bs. 267.248.048,50).

Reforma parcial de los requisitos y el trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a las importaciones productivas (CADIVI)



(Gaceta Oficial Nº 40.296 del 18 de noviembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA FINANZAS

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

Caracas, 30 de octubre de 2013

Año 203° y 154°

De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 26 del Convenio Cambiario N° 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003 y en el Convenio Cambiario N° 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.790 de fecha 06 de octubre de 2003, en concordancia con los artículos 2 y 5 del Decreto N° 2.320 de fecha 27 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.644 de fecha 06 de marzo de 2003, mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para la Distribución de Divisas a ser destinadas al Mercado Cambiario y el artículo 3 del Decreto N° 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.625 del 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto N° 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.644 de la misma fecha, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dicta la siguiente: PROVIDENCIA POR LA CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS IMPORTACIONES PRODUCTIVAS

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.296 (Lunes 18 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 590, mediante el cual se nombra a la ciudadana Pasqualina Curcio Curcio, Viceministra de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Decreto N° 591, mediante el cual se nombra al ciudadano Aurelio Tosta Ventancourt Viceministro de Recursos para la Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 417, mediante la cual se designa la Comisión Interinstitucional responsable de estudiar, evaluar y proponer las adecuaciones estructurales necesarias en atención a los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Marcos Rojas; Manuel Sabino; Luis Karabin, entre otros).

CESNA

Providencia Nº 001-2013, mediante la cual se dicta el Reglamento Interno para el Funcionamiento de la Junta Liquidadora del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/218, mediante la cual se nombra a la ciudadana Lisseth del Valle Duran Cardozo, como Directora de Administración de Personal de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se especifican. (Oficios, notas, memorandas, circulares, entre otros).

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

CADIVI

Providencia Nº 120, mediante la cual se designan a los Miembros de la Comisión de Contrataciones, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas Jurídica, Económica-Financiera, Técnica y Secretaria).

Providencia Nº 121, mediante la cual se reforma Parcialmente la Providencia en la cual se establece los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a las Importaciones Productivas. (G.O Nº 38.987 del 05/08/2008).

martes, 19 de noviembre de 2013

Se suspende la medida cautelar que permitió la postulación del ciudadano David Uzcátegui a la Alcaldía de Baruta. Avocamiento de la Sala Constitucional


En lo atinente a la orden impartida por esta Sala Constitucional a los fines de que la Sala Político Administrativa, se constituyera de modo accidental, procediera a dictar una nueva decisión con sujeción a las orientaciones expuestas en el fallo antes referido, conoce esta Sala por notoriedad judicial que mediante la decisión n° ADI-002 del 29 de octubre de 2013, suscrita por la Magistrada Trina Omaira Zurita, fueron declaradas con lugar las inhibiciones presentadas en el expediente por parte de los Magistrados Emiro García Rosas, Evelyn Marrero Ortíz y Mónica Misticchio Tortorella, fundamentadas en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como en el numeral 6 del mismo artículo la última de las nombradas Magistradas, concluyendo dicha decisión en la orden de remisión de las actuaciones a la Secretaría de la Sala Político Administrativa para la constitución de la misma de forma accidental.
Ello así, la Sala aprecia que a la presente fecha no se ha procedido a constituir la Sala Político Administrativa accidental tal como lo ordenó la mencionada sentencia de esta Sala.
Por otra parte, la Sala aprecia que los ciudadanos María Esther Carrillo, Linda Carolina Aguirre Andrade  y Carlos Luis Mendoza Guyón, titulares de las cédulas de identidad n°s. 7.296.672, 10.449.621 y 11.741.565 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n°s. 31.337, 56.641 y 101.960 respectivamente, representantes judiciales de la Contraloría General de la República, el 18 de noviembre del presente año, presentaron escrito  “a los fines de manifestar el interés de nuestra representada, en que sea resuelto lo ordenado por la Sentencia N° 1047 de fecha 29 de julio de 2013, en virtud de la proximidad del proceso electoral a efectuarse el día 08 de diciembre de 2013, y las ‘dudas razonables’ formuladas por los vecinos y electores del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante escrito presentado en fecha 07 de noviembre del mismo año, ante la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal (…) con respecto al sentido y alcance de la Sentencia emanada de esta Sala, así como ante la incertidumbre que dicha decisión genera en relación con la ejecución de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuesta al ciudadano David Ricardo Uzcátegui Campins (…), la cual comenzaría a ejecutarse al momento en que concluya su mandato como Concejal del mencionado Municipio…”. 
Los representantes judiciales de la Contraloría General de la República, luego de efectuar referencias al escrito de los vecinos electores del Municipio mencionado y de aludir al procedimiento en que tuvo lugar la determinación de la responsabilidad administrativa del ciudadano David Ricardo Uzcátegui Campins y la consecuente imposición de la sanción de inhabilitación, precisaron un relato sobre las irregularidades administrativas en que incurriría la cámara municipal y en particular el referido ciudadano.
Asimismo argumentaron el interés de la Contraloría General de la República en las resultas de la tramitación de la causa, en atención a su naturaleza jurídica y a su participación en el procedimiento administrativo y judicial devenido de la determinación de responsabilidad administrativa y la sanción recurridas.
De otra parte expone este escrito diversas consideraciones y apuntes sobre la materia de control fiscal inherentes a las situaciones fácticas y el derecho involucrado en los procedimientos administrativo y judicial que tuvieron lugar en la propia sede del Máximo Órgano Contralor y en la Sala Político Administrativa, respectivamente, las cuales podrán ser valoradas por esta Sala en el marco del proceso que sea conducente según el presente fallo. Finalmente, el escrito incluye en su petitorio que “…se estudie la fórmula para resolver con celeridad los planteamientos expuestos, ante la situación de incertidumbre que existe tanto para la Contraloría General de la República en cuanto al cumplimiento de la sanción de inhabilitación impuesta, cuya observancia corresponde vigilar al Organismo Contralor, a fin de garantizar la salvaguarda del patrimonio público, la ética y moral administrativa, así como para los electores del Municipio Baruta del Estado Miranda. Igualmente, solicita[n] respetuosamente [se] revoque la medida de suspensión de efectos acordada mediante la Sentencia N° 1047 de fecha 29 de junio 2013, en aras de garantizar el interés público involucrado en el presente caso…”.
Asimismo, este escrito de la Contraloría General de la República, fue acompañado de la copia simple de una diligencia consignada en el expediente que cursa ante la Sala Político Administrativa, suscrita por los ciudadanos Kiomara Scovino, Guitta Mattar de Abouhamad, Andrea Capriles y otros, quienes se identifican como vecinos del Municipio Baruta del Estado Miranda, asistidos por el abogado Federico Estaba Di Capua, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 63.015 y solicitan a esa Sala “…instrumente a la brevedad las medidas tendentes a constituir la Sala Accidental, a efectos de que ésta emita, con la urgencia que la situación amerita, un nuevo pronunciamiento conforme a lo ordenado por la Sala Constitucional, y especialmente, en atención a que los hechos que se imputan al concejal David Uzcátegui, no fueron desconocidos o desvirtuados por éste en la secuela del proceso, lo cual, hace presumir fundadamente que se le aplicará una sanción o se ratificará (incluso atenuada) la ya acordada, situación ésta de interés fundamental para el Municipio Baruta…”.

lunes, 18 de noviembre de 2013

Casación laboral: Requisitos para la procedencia del vicio de suposición falsa. Test de laboralidad (Sala Constitucional)


 En el caso sometido a consideración, se desprende, de la alegación del apoderado judicial de la pretensora, que se requirió la revisión de la decisión en cuestión por cuanto la Sala de Casación Social vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso de su patrocinada, que consagran los artículos 21, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del principio de la confianza legítima y expectativa plausible, por cuanto la decisión objeto de revisión: i) convirtió el recurso de casación en una tercera instancia, cuando conoció del fondo del asunto sin que previamente hubiese determinado si el supuesto vicio de falso supuesto era determinante de lo dispositivo en la sentencia recurrida; ii) conoció de dicha delación (falso supuesto) sin que el recurrente hubiese cumplido con los requerimientos que, en forma reiterada, ha exigido dicha Sala para su formalización; iii) erró cuando consideró procedente el vicio de falta de aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable rationae temporis, a pesar de que el juzgador ad quem si lo empleó cuando consideró la existencia de la prestación del servicio por parte del actor y la posterior determinación de su naturaleza no laboral, mediante la utilización del “test de laboralidad” exigido por dicha Sala; iv) no aplicó dicho test en clara contravención a su propia doctrina, ni analizó los elementos probatorios que fueron aportados al proceso con los que se verificaba, en su decir, la naturaleza civil de la relación; y, de igual forma, v) no aplicó su propio criterio sobre los trabajadores temporeros.
En cuanto a la violación de los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, esta Sala Constitucional expresó:

“Juzga esta Sala, entonces, que el thema decidendum se circunscribe a la determinación de si el fallo objeto de la solicitud vulneró o no los derechos constitucionales a la igualdad y a la defensa de la peticionaria así como los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, como consecuencia del supuesto cambio repentino de criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Civil, para lo cual es indispensable: i) el esclarecimiento de lo que debe entenderse por criterio jurisprudencial; ii) en qué casos se está en presencia de un cambio de criterio jurisprudencial; y iii) bajo qué condiciones puede esta Sala juzgar respecto de la constitucionalidad de tales cambios.

Dichas disquisiciones son relevantes tanto para la decisión del caso sub examine como para la generalidad de aquellos (análogos o similares futuros), ya que constituyen el punto de partida para su solución, por cuanto la determinación de la violación de normas y principios jurídicos fundamentales como el de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica, por un abrupto o irracional cambio de criterio jurisprudencial requiere que se compruebe, con antelación, que en realidad hubo tal cambio, lo cual amerita un cuidadoso examen de los alegatos y probanzas del solicitante.
Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española Editorial Larousse, S.A. 1999, criterio es un ‘principio o norma de discernimiento o decisión’, una ‘opinión, parecer’, mientras que jurisprudencia es el ‘conjunto de sentencias de los Tribunales’‘Norma de juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en los casos análogos’.
De la conjunción de las definiciones que anteceden se desprende que se está en presencia de un criterio jurisprudencial cuando existen dos o más sentencias con idéntica o análoga ratio decidendi, entendiendo por tal la regla sin la cual la causa se hubiera resuelto de un modo distinto o aquella proposición jurídica que el órgano jurisdiccional estima como determinante en la elaboración del fallo, en contraposición con los obiter dicta o enunciados jurídicos que van más allá de las pretensiones y de las excepciones, ya de las partes, ya recogidas de oficio, que no forman parte de la ratio (Cfr. Francisco de P. Blasco Gascó, La norma jurisprudencial, nacimiento, eficacia y cambio de criterio,  Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2000, p. 53).
Para esta Sala la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias cardinales para la determinación de la existencia de un criterio jurisprudencial; no obstante, las mismas no son absolutas ya que, algunas veces, la jurisprudencia es vacilante y no se consolida. Por otra parte, en algunos supuestos (excepcionales) podría ser suficiente una sola sentencia como por ejemplo, cuando se produce un cambio de criterio mediante un razonamiento expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera un asunto o cuando la falta de frecuencia de casos análogos no permitan la reiteración de la doctrina legal.
En anteriores oportunidades esta Sala ha hecho referencia a los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación que existe entre los mismos y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional en los siguientes términos:
En sentencia n° 956/2001 del 1º de junio, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, que aquí se reitera, esta Sala señaló:

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.295 (Viernes 15 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 589, mediante el cual se regula y establece la Escala Especial de Sueldos, para funcionarios y funcionarias del sector aeronáutico, adscritos al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Providencias Nros. FSAA-2-2-003328 y FSAA-2-2-003637, mediante las cuales se sanciona a las empresas que en ellas se indican, con multa por las cantidades que en ellas se señalan. (Seguros Constitución, Bs. 113.750,00 y Multinacional de Seguros, C.A. Bs. 195.000,00).

Providencia Nº FSAA-2-003711, mediante la cual se designa a la ciudadana Mary Pereira, para que participe conjuntamente con los funcionarios del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, en la culminación del proceso de liquidación de las empresas de seguros relacionadas a los Grupos que en ella se mencionan. (Grupos Amazonas, Bancor, Banguaira, Construcción y Progreso).

Superintendencia Nacional de Valores

Resolución Nº 105, mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 097, de fecha 18 de septiembre de 2013.-(Reimpresión G.O. Nº 40.267, mediante la cual se inscribió en el Registro Nacional de Valores a la Sociedad Civil Marambio, González, Contadores Públicos S.C.).

jueves, 14 de noviembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.293 (Miércoles 13 de noviembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo en Solidaridad con la República de Filipinas Víctima del Tifón Haiyan.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM 205, mediante la cual se designa al ciudadano Frederic Farid Fernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Helénica, responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica. (42112).

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

Oficina Nacional de Presupuesto

Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios, de Gastos Corrientes para Gastos de Capital y entre Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por la cantidad que en ella se señala. (BsF. 217.000,00).

Oficina Nacional del Tesoro

Providencia Nº 2013-025, mediante la cual se designa al ciudadano Argenis José Rodríguez Sánchez, como Director General de Inversiones y Valores, adscrito a esta Oficina.

No procede la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 406 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Sala Constitucional)



En primer lugar, se debe reiterar que, tal y como estableció esta Sala en  sentencia Nº 3067/2005 del 14 de octubre, el artículo 334 de la Constitución atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad del Texto Fundamental, siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo. Dicho mandato se traduce en el deber de ejercer, aun de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver, por esta vía, las disconformidades que puedan generarse en cualquier proceso, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones del Texto Constitucional, debiéndose aplicar preferentemente, ante tal supuesto, las últimas.

En tal sentido, la revisión de las sentencias definitivamente firmes en las cuales se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, conlleva a una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales, o bien, la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional.

En el contexto expuesto, la sentencia N° 833, dictada por esta Sala el 25 de mayo de 2001, en el caso: Instituto Autónomo Policía de Chacao, estableció que la desaplicación por control difuso sólo procede cuando la colisión entre el Texto Fundamental y la norma sobre la cual recae la desaplicación es clara y precisa. Es decir, cuando resulta patente la confrontación entre ambos dispositivos (el constitucional y el legal).

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Nueva sentencia VINCULANTE: Los carteles, edictos y las boletas de notificación derivadas de las demandas sobre la filiación e instituciones familiares deberán expresar "el motivo de la causa de forma genérica", omitir el nombre del niño, niña o adolescente y acompañar la copia certificada en sobre cerrado (Sala Constitucional)



"... Esta Sala estima necesario efectuar un pronunciamiento en cuanto al proceder de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación al contenido que debe aparecer en las boletas de notificación, con respecto al motivo de la causa, la identificación del sujeto de protección, y el deber de acompañar a la misma el libelo de demanda, en los asuntos que tengan como motivo la filiación, a saber,  -impugnación, inquisición, adopción-.
Tal disertación la realiza la Sala, por cuanto en el presente caso, la parte expresa que al haber sido entregada la boleta de notificación de la causa al vecino, junto con el libelo de demanda, en los cuales se expresa el motivo de la causa, y el nombre de la niña, trastoca el derecho establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al honor, reputación,  vida privada e intimidad familiar, de la niña y de su familia.
 Lo antes expresado, es sumamente relevante, pues es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vida privada e intimidad de la vida familiar tiene que ser protegido, en equilibrio con el derecho a conocer su identidad biológica, establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el derecho a la defensa que implica saber o conocer sobre lo que se le demanda, previsto en el numeral 1° del artículo 49 eiusdem.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.292 (Martes 12 de noviembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo en Respaldo a las Acciones Implementadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, contra la Guerra Económica y en Defensa de las Garantías Sociales del Pueblo Venezolano.

Acuerdo mediante el cual se levanta la inmunidad a la ciudadana Diputada María Mercedes Aranguren Nasiff, en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se autoriza la continuación del enjuiciamiento con los efectos del Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios y los organismos que en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se indican. (BsF. 7.278.194.499, 465.291.294,00, 2.746.000,00, 48.420.596,64, 170.000.000,00, 4.924.000,00, 14.739.988,91, 100.000.000,00, 1.503.644.894,00 y 8.166.370.223,00).

Presidencia de la República

Decreto N° 566, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (BsF. 49.211,47).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.291 (Lunes 11 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 565, mediante el cual se nombra al ciudadano Bernardo Augusto Lopes Cariaga, como Presidente de la Sociedad Mercantil «Vialidad y Construcciones Sucre, S.A» (VYCSUCRE), en calidad de encargado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre.

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 396, de fecha 17 de septiembre de 2013. (Reimpresión G.O. 40.252 del 17/09/2013).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución mediante la cual se otorga la Condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en su Primera Clase «Espada», al ciudadano Alí Rodríguez Araque.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

ONAPRE

Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los traspasos de créditos presupuestarios de gasto corriente para gasto de capital de los Ministerios que en ellas se indican, por las cantidades que en ellas se señalan. (MPP para Industrias BsF. 250.000,00 y MPP para Relaciones Exteriores BsF. 16.100).

lunes, 11 de noviembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.290 (Viernes 8 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 563, mediante el cual se nombra al ciudadano Mauricio Erasmo Vega Méndez, como Presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), en calidad de Encargado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Decreto N° 564, mediante el cual se nombra al ciudadano Alberto Ramón Rondón, como Presidente de la Fundación «Misión Barrio Adentro», en calidad de Encargado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Vicepresidencia de la República

REDIC

Resolución Nº REDIC/020/2013, mediante la cual se corrige por error material la Resolución 018, de fecha 24 de octubre de 2013. (Reimpresión designación del Jefe de la Delegación Estadal de la Vicepresidencia, G.O. N° 40.283).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resoluciones Nros. DM/215 y DM/216,mediante las cuales se delega en el ciudadano y la ciudadana que en ellas se indican, en su carácter de Directores Generales de las Oficinas que en ellas se señalan, la autorización y firma de la Resolución Respectiva para las modificaciones presupuestarias que en ellas se especifican. (Richard S. Canán D. y Marlene J. Bastidas L.).

viernes, 8 de noviembre de 2013

"Cuarenta cosas que debería pensar todo juez antes de sentenciar". Cortesía del Blog de Derecho Público de Sevach (www.contencioso.es)


Cuarenta cosas que debería pensar todo juez antes de sentenciar


Si nos asomásemos al interior de la cabeza del juez enfrascado en el examen de autos, expedientes o normas, posiblemente nos sorprenderían los prejuicios, talante  o criterios que guían su brújula profesional.
 Intentaré ofrecer un catálogo de las cosas que un juez sensato y sensible, debería tener presente a la hora de dictar una sentencia ( endulzadas con con castizos refranes).


 1. No debo olvidar que soy humano. Ni soy Hércules ni un Quijote. Solo un empleado público en quien se deposita la confianza en un trabajo artesanal de identificar y aplicar la norma, y en su caso, verificar la realidad de unos hechos. (“Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”)

 2. No debo esperar el aplauso ni temer la crítica. Me pagan por sentenciar, no por alimentar o proteger mi ego. Debo recordar que el que gana un pleito suele ser ingrato ( se gana por mérito propio: del abogado victorioso) y el que pierde siempre está descontento ( se pierde por culpa ajena: del juez). (“ Haz el bien, sin mirar a quién”).

 3. No hay litigio insoluble (“ Quien busca, halla”).

Anotaciones acerca de los delitos de peculado, legitimación de capitales y asociación para delinquir. No le está permitido al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, formular juicios valorativos sobre la acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, al momento de admitir o negar la procedencia del Antejuicio de Mérito (Sala Plena)

Antes de emitir pronunciamiento respecto a la argumentación de hecho y de derecho expuesta por la Fiscal General de la República en la querella mediante la cual solicita el antejuicio de mérito, considera esta Sala necesario analizar, en primer lugar, las solicitudes que fueron planteadas por la defensa privada de la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif.
Pasa esta Sala Plena a pronunciarse respecto de los planteamientos expuestos, en razón de que es deber de todos los órganos jurisdiccionales velar por el respeto al Estado de Derecho, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás normas del ordenamiento jurídico que fueren aplicables; ello, por lo que en tal sentido observa que:
         Respecto al contenido del escrito, el cual la defensa privada tituló como CAPÍTULO SEGUNDO - Sobre la tipicidad objetiva – Sobre la falta de tipicidad – Sobre el sobreseimiento; de cuyo texto se desprende que:
“(…) la atipicidad de acuerdo con lo dispuesto en el último aparte del artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye motivo legal que hace procedente el sobreseimiento, pues señala ese artículo, que cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que no hay motivo para el enjuiciamiento pronunciará el sobreseimiento. Efectivamente, todo enjuiciamiento penal tiene como base necesaria la existencia de un hecho punible. De tal modo que si ese hecho punible no tiene existencia real, no hay motivo para un enjuiciamiento penal, y opera por ello el sobreseimiento. (…)”.
Respecto a ello, ha sido enfática la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, precisamente sobre el antejuicio de mérito que:
“(…) En atención a su naturaleza previa, no le está permitido al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena) formular juicios valorativos sobre la acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, sino la simple pero determinante declaratoria de mérito para la formación de la causa penal o enjuiciamiento propiamente dicho del funcionario. (...)” (Sentencia N° 1684/2008, caso: “Carlos Eduardo Giménez”).  
Siguiendo el criterio de la jurisprudencia patria, el procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de antejuicio de mérito, a esta Sala Plena actuando como órgano jurisdiccional, le está vedado formular juicios valorativos sobre la tipicidad;  solo a ésta le corresponde oportunamente el emitir el pronunciamiento respecto a la declaratoria de mérito para el enjuiciamiento de los funcionarios y funcionarias, a los que hace referencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.289 (Jueves 7 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 561, mediante el cual se nombra al ciudadano Eudomar Rafael Tovar, como Gobernador Principal ante el Fondo Monetario Internacional, en su carácter de Presidente del Banco Central de Venezuela.

Decreto N° 562, mediante el cual se nombra al ciudadano Reynaldo Morales Zamora, Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, Registradoras Públicas en los Registros Públicos de los Estados que en ellas se indican. (Alveira J. Brito Q., Registradora Pública, Registro Público del Primer Circuito del Municipio Valencia, Edo. Carabobo y Eddy L. Romero P., Registrador Público, Grado 99, Registro Público del Municipio Jiménez y Andrés Eloy Blanco del Edo. Lara).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución N° DM/212, mediante la cual se ordena la publicación del «Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 70 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela».

Resolución N° DM/213, mediante la cual se informa la entrada en vigor del «Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Palestina en el Sector Energético», suscrito en la ciudad de Caracas.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.288 (Miércoles 6 de noviembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo del Décimo Aniversario de la Creación de la Misión Ribas.

Acuerdo en Respaldo a la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución sobre la Necesidad de poner fin al Bloqueo Económico Comercial y Financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

Presidencia de la República

Decreto N° 523, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima C.A., que se denominará «Canal de Televisión Digital Abierta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (TVFANB) C.A», la cual estará adscrita a la Empresa de Sistema de Comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Decreto N° 559, mediante el cual se nombra al ciudadano Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, como Vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

Decreto Nº 560, mediante el cual se nombra al ciudadano Francisco Andrés Manzanilla Mullor, Vicepresidente de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista (COMERSSO) S.A., empresa del Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

SENIAT

Providencia Nº SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2013-005600, mediante la cual se autoriza al ciudadano Cristhian Alexander Lucena Rodríguez, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, en las operaciones que en ella se señalan. (En las Operaciones de Importación, Exportación y Tránsito).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.287 (Martes 5 de noviembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Alfredo Murga Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República del Paraguay.

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios y de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos y sus Entes Adscritos, por las cantidades que en ellos se especifican. (MPP para Industrias, Bs. 945.271.083,03; MPP del despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Bs. 21.132.400,00; MPP para la Educación Universitaria, Bs. 331.256.181,00; MPP para Industrias, Bs. 49.532.705,69, Bs. 1.887.904.407,36; MPP para la Agricultura y Tierras, Bs. 482.406.843,74, entre otros).

Presidencia de la República

Decreto N° 542, mediante el cual se declara una insubsistencia al Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Vicepresidencia de la República, por la cantidad que en él se señala. - (Véase N° 6.111 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Decreto N° 543, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. - (Véase N° 6.111 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

martes, 5 de noviembre de 2013

La apelación de la decisión que declara el sobreseimiento debe tramitarse conforme al procedimiento de apelación de autos. Admisibilidad de los recursos de apelación y casación ejercidos en contra del sobreseimiento dictado luego de la ratificación de la Fiscalía Superior (Sala Constitucional)


En el caso de autos, se observa que la representación judicial de la empresa Hospital de Clínicas Caracas C.A. en la fundamentación de su solicitud arguyó básicamente que le fueron vulnerados los derechos constitucionales de su mandante a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, además de haberse quebrantado el orden público, al declararse inadmisible el recurso de casación que ejerció contra la decisión del 9 de julio de 2012, expedida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que –a su vez- declaró inadmisible el recurso de apelación –con fundamento en la letra c) del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República núm. 5.930 Extraordinario, del 4 de septiembre de 2009, aplicable rationae temporis)- que la misma representación propuso contra el fallo expedido el 9 de abril de 2012 por el Juzgado Vigésimo Séptimo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa penal instaurada contra el ciudadano Wilson Mourad Abofaisal, sin que, a su decir, se tomara en cuenta que el Fiscal 72 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien se le había reasignado la investigación, no había concluido las averiguaciones pertinentes a la denuncia realizada y de manera intempestiva solicitó el sobreseimiento de la causa, petición que fue ratificada por el Fiscal Superior. Para ello pretende que esta Sala anule las decisiones adoptadas en el marco del proceso penal que dio origen a la sentencia bajo examen, con el fin de que se obligue a la representación del Ministerio Público que concluya con los actos de la investigación que aparentemente no concluyó.

La sentencia objeto de revisión estableció que el fallo emitido por la primera instancia penal, que declaró el sobreseimiento de la acción penal a favor del imputado, no era susceptible de apelación ni del recurso de casación, declarándose inadmisible este último, de conformidad con lo previsto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal; ello por cuanto no puede obligarse al Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal, a presentar un acto conclusivo de acusación.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.286 (Lunes 4 de noviembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 541, mediante el cual se declara el día 8 de diciembre «Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria».

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 411, mediante la cual se designa la Junta Liquidadora del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Douglas J. Camero M., Presidente; Víctor H. Martínez E., Suplente E., Ada M. Ojeda M., Suplente E., entre otros).

Resolución Nº 412, mediante la cual se designa a la ciudadana Delia Nayibe Rondón Ríos, como Directora del Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal de este Ministerio.

Fondo Nacional Antidrogas

Providencia Nº 001-2013, mediante la cual se dicta las Normas que Regulan la Presentación de Proyectos en el Ámbito Laboral ante el Fondo Nacional Antidrogas (FONA).

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

FOGADE

Providencia Nº 263, mediante la cual se participa de la finalización del proceso de liquidación administrativa y extinción de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles que en ella se mencionan, vinculadas al Grupo Financiero que en ella se indica. (Inversora Renlade 18, C.A., e Inversora Lamaco 22, C.A.).

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