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martes, 31 de marzo de 2015

SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, QUE DECLARA ANULADOS EL PARÁGRAFO ÚNICO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ABOGADOS, Y LA PARTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ABOGADOS SOBRE ELECCIÓN EN LOS ORGANISMOS PROFESIONALES Y EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO, QUE EXIGE LA SOLVENCIA DE LOS AGREMIADOS PARA QUE ÉSTOS PUEDAN APOYAR LA PRESENTACIÓN DE LISTAS O DE CANDIDATOS; A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA" (2007)





            De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en sentencia n° 3.021/2003, de 4 de noviembre, el conocimiento de esta juzgadora estará circunscrito, única y exclusivamente, al examen de la constitucionalidad del parágrafo único del artículo 36 de la Ley de Abogados, y del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado.
            Dicho lo anterior, observa esta Sala que el parágrafo único del artículo 36 de la Ley de Abogados publicada en Gaceta Oficial n° 1.081 Extraordinario del 23 de enero de 1967, y cuya nulidad constituye el objeto de la presente acción, es del tenor siguiente:

Artículo 36.- La Asamblea es la suprema autoridad de los Colegios y se reunirá ordinariamente, todos los años durante la primera quincena del mes de diciembre y extraordinariamente, cuando fuere convocada por la Junta Directiva.
La Asamblea estará integrada por todos los abogados, hábiles para elegir y ser elegidos, inscritos o incorporados en el respectivo Colegio o Delegaciones de su dependencia.
Parágrafo Único.- para elegir o ser elegido o tomar parte en las decisiones de la Asamblea, es indispensable la solvencia con el respectivo Colegio o Delegación y con el Instituto de Previsión Social del Abogado” (Resaltado del presente fallo).

Sala Constitucional revisa proceso penal concluido en 1966 y le ordena al Ministerio Público que "reabra y tramite la causa penal". Revisión Constitucional



En el caso sub lite, el Ministerio Público pretende la revisión de una sentencia definitivamente firme dictada, el 9 de marzo de 1966, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y del Territorio Delta Amacuro, mediante la cual, en primer lugar, se declaró sin lugar el recurso de apelación intentado contra la sentencia del 27 de noviembre de 1964, emitida por el  Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Hacienda de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en segundo lugar, decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Antonio Ávila Galvis -en vista del fallecimiento de éste- por los delitos de lesiones personales y daños a edificio público, en tercer lugar, absolvió a los ciudadanos Julian Velásquez, Remigio Ramírez y Rafael López Gil por los delitos de lesiones personales y daños a edificio público, en cuarto lugar, absolvió al ciudadano Domingo Peña Zerpa por los delitos de homicidio intencional, lesiones personales y daños a edificio público, en quinto lugar, condenó al ciudadano Francisco Leonet Mata por el delito de fuga de detenidos y en sexto lugar, condenó al ciudadano Julián Velásquez por el delito de instigación a delinquir.

De igual forma, esta Sala observa que la representación del Ministerio Público alegó la vulneración de los artículos 49, 50 y 58 de la Constitución Nacional de 1961, fundamentando tales denuncias en los siguientes argumentos medulares:

a)                           Que el proceso penal principal fue tramitado de forma fraudulenta, a fin de dejar impunes los homicidios de quienes en vida respondieran a los nombres de José Rafael Guerra y Alberto Millán.

b)                           Que los delitos de homicidio perpetrados contra dichos ciudadanos son de lesa humanidad, y en consecuencia, la acción penal para sancionarlos es imprescriptible.

Dicho lo anterior, y a los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, esta Sala resolverá, en una primera sección, el alegato según el cual el proceso penal que dio origen a la presente solicitud de revisión fue ventilado de forma fraudulenta para dejar impunes los homicidios de José Rafael Guerra y Alberto Millán. Luego, en la segunda secciónse analizará la denuncia que versa sobre la imprescriptibilidad de la acción penal para sancionar los delitos de homicidio perpetrados contra quienes en vida respondieran a los nombres de José Rafael Guerra y Alberto Millán.

Inaplicabilidad del principio solve et repete previsto en el art. 550 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Sala de Casación Social)



Ponencia de la Magistrada Doctora MARJORIE CALDERÓN GUERRERO
En el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la sociedad mercantil TEXTILANA, S.A. representada judicialmente por los abogados Angie Gabriella Escalona Lattarulo y Gabriel Elbano Cardozo Acosta contra el Oficio N° P-12-146-2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), sin representación judicial acreditada en autos, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la parte actora contra la Providencia Administrativa N° PA-US/ARA-0035/2012 de fecha 30 de agosto de 2012, la cual le impone una multa por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 342.900,00), el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en sentencia publicada el 7 de agosto de 2014, declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad del acto administrativo antes mencionado.
Contra esta decisión, la abogada Angie Escalona Lattarulo, actuando con el carácter de apoderada judicial del recurrente, ejerció recurso de apelación.
La parte actora consignó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Social, en fecha 20 de octubre de 2014, escrito de fundamentos del mecanismo procesal de impugnación.
El 28 de diciembre de 2014, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.165 extraordinaria, de la misma fecha, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las Magistradas y Magistrados principales Mónica Misticchio Tortorella, Marjorie Calderón Guerrero, Edgar Gavidia Rodríguez y Danilo Mojica Monsalvo, quienes tomaron posesión de sus cargos el 29 de diciembre de 2014. Posteriormente mediante auto de fecha 12 de enero de 2015, se reasignó la ponencia de la presente causa a la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.

Sala Constitucional admite recurso ejercido contra el efecto suspensivo previsto en los arts. 374 y 430 del COPP






Del escrito contentivo de la demanda de nulidad, se desprenden los siguientes argumentos:

Adujo la parte actora, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela representó un gran avance, ya que constituye un texto garantista, con cambios paradigmáticos que han incidido en todas las ramas del ordenamiento jurídico venezolano, y concretamente, en la legislación adjetiva penal, la cual, en virtud de dicho Texto Constitucional, pasó de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, en el cual el ejercicio de la acción penal la ejerce el Ministerio Público en nombre del Estado.

Indicó que los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, siendo que estas normas se encuentran íntimamente vinculadas con los numerales 1 y 5 del artículo 44 eiusdem, en los cuales se consagra la inviolabilidad de la libertad personal; así como también guardan relación con los numerales 2, 5 y 8 del artículo 49 de dicho Texto Constitucional, en los cuales se recogen otros principios asociados a la libertad, tales como la presunción de inocencia, las garantías procesales y el derecho al restablecimiento o reparación del daño.

Igualmente, alegó que otros cambios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fueron el establecimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en su artículo 26, y la nueva concepción del proceso judicial cristalizada en su artículo 257.

viernes, 20 de marzo de 2015

Sala Constitucional otorga medida cautelar sustitutiva ante el riesgo para la salud e integridad psicológica del accionante en amparo (Amparo en apelación)





Consta en autos que, el 18 de febrero de 2015, el ciudadano CHRISTIAN RENÉ HOLDACK HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n.13.993.971, mediante la representación de los abogados Andrea Santacruz Salazar, Ahmed Salomón Quiñones y Rafael Quiñones Urbáez, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 136.655, 195.650 y 18.767, respectivamente, intentó ante la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasdemanda de amparo constitucional, contra la decisión del Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, del 6 de febrero de 2015, que declaró sin lugar la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad, para cuya fundamentación denunció la violación de los derechos a la igualdad; a la tutela judicial efectiva; a la integridad física, psíquica y moral; a la salud, a la petición y a la oportuna respuesta, y, en consecuencia, señalaron los artículos 21, 26, 46 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                                    El 26 de febrero de 2015, la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasjuzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró inadmisible.

                        El 3 de marzo de 2015, la parte actora presentó tempestivamente escrito de apelación.

El 5 de marzo de 2015, la Jueza Presidenta de la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional.

jueves, 19 de marzo de 2015

Consideraciones acerca de la motivación de la admisión de la prueba anticipada (Sala Constitucional)



Ahora bien, del estudio de las actas procesales aprecia la Sala que contrario a lo expuesto por los abogados accionantes, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, producto de su propia actividad juzgadora desestimó motivadamente, la apelación que efectuaran los referidos abogados contra la decisión dictada el 31 de julio de 2014, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de dejar sin efecto la realización de la prueba anticipada de testigos.

Efectivamente la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, avaló con argumentos de hecho y derecho la actuación del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, al expresar lo siguiente:

La prueba anticipada viene a ser aquella que se practica con anterioridad al juicio oral, que es la oportunidad legal fijada para que tenga lugar la producción de la prueba en el proceso penal, ante el temor que se pierda, haciendo imposible su aportación al proceso, además, el medio probatorio que se pretenda practicar debe cumplir los requisitos propios de toda prueba: licitud, legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad; siendo la finalidad básica de la prueba anticipada, impedir que la prueba se desvirtúe o pierda, o que con el transcurrir del tiempo se alteren las circunstancias de hecho que han de probarse o se dificulte su reconocimiento, o bien para conservar las cosas que posteriormente se deben probar en el proceso.

Consideraciones acerca de la oferta real de pago (Sala Constitucional)




En el caso sometido a consideración, se desprende, de la alegación de la requirente, que solicitó la revisión de la decisión en cuestión debido a que el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón vulneró sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, cuando: “declaró Con Lugar la apelación interpuesta por [sus] representantes judiciales, (…) paradójicamente desmejoró [su] condición, favoreciendo la condición de la parte que no apeló de la sentencia, incurriendo así en el vicio denominado REFORMATIO IN PEIUS, cuya prohibición ha sido catalogada por esta Honorable Sala como de orden público”, ello en virtud de que dicho órgano jurisdiccional desmejoró su situación jurídica cuando declaró la inexistencia de la novación, cuestión que no había sido denunciada en segunda instancia, con lo cual, según su decir, dicho juzgado incurrió en la violación de los principios dispositivo y, dentro de éste, de tantum devolutumquantum apellatum, inficionando el acto de juzgamiento cuestionado con el vicio de reformatio in peius.
En cuanto al referido vicio de reformatio in peius y su vinculación al orden público, esta Sala Constitucional estableció:

El principio de la non reformatio in peius o prohibición de reforma en perjuicio consiste en la interdicción, al juez de alzada, de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte e incluso, -agrega esta Sala-, cuando habiendo mediado apelación de ambas partes, se desmejore a una de ellas con respecto a algún punto específico del fallo que haya quedado excluido del recurso ejercido por su adversario, ello, de acuerdo con el principio tantum devolutum quantum appelatum, según el cual, el juez de alzada no puede conocer ni decidir sobre puntos de la sentencia apelada que no le hayan sido devueltos por la apelación, ya que, en los casos en que la apelación se limita o circunscribe a determinado punto, quedan fuera del debate aquellos con los que la parte se conformó a pesar de que le causaban gravamen, no pudiéndose empeorar la situación jurídica del otro apelante, por cuanto, tal omisión le favorece, no siendo, por tanto objeto de su recurso.

El juez de amparo no puede declarar inadmisible la acción de amparo sólo con la información suministrada por el Tribunal agraviante, sino que ha de verificar esa información con algún elemento probatorio documental (Sala Constitucional)





El ciudadano José Rafael Morales, intentó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacurodemanda de amparo constitucional contra la omisión de pronunciamiento que le atribuye al Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, por cuanto consideró que la misma lesionaba sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a petición y oportuna respuesta.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró inadmisible la demanda de amparo, a tenor de lo que preceptúa el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que determinó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, emitió el pronunciamiento correspondiente respecto de la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad el 18 de diciembre de 2014, negándola, según consta en el oficio n.° 2384-2014 suscrito por la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, abogada Mariana Marín Hernández.

"El cambio de domicilio surte efectos para atribuirle jurisdicción a un tribunal extranjero cuando la residencia habitual del cónyuge accionante fue establecida en dicho país después de cumplido un año desde que ocurrió el cambio". Revisión Con Lugar. Sala Constitucional





Al respecto, la parte solicitante requirió la revisión de la decisión en cuestión, por cuanto, en su criterio, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, habría incurrido en violación al principio de expectativa plausible o confianza legítima en su perjuicio, toda vez que aspiraba que dicha Sala respetara la unidad jurisprudencial, en el sentido de declarar la incompetencia del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, habida cuenta que el demandante no tenía el año exigido en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para que se le considerara domiciliado de manera habitual  y permanente en la República Bolivariana de Venezuela.
En atención a la denuncia efectuada en revisión por la parte solicitante, considera necesario esta Sala realizar una breve reseña de los antecedentes que rodearon el juicio que dio origen a la presente solicitud, según se desprende de autos, y a tal efecto se observa:
El juicio que dio origen a la presente solicitud se inició con ocasión a una demanda de divorcio incoada el 9 de julio de 2014, por el ciudadano Jaime José Gaya Araujo contra la ciudadana Aurora Haya Aja.
Asimismo, se desprende de las copias certificadas de la decisión objeto de revisión, que en la misma se hizo referencia a los alegatos expresados en el escrito libelar del juicio originario así:

La confianza legítima alcanza no sólo los criterios jurisprudenciales sino también los usos procesales. La inspección judicial realizada en día de no despacho no está prohibida por el ordenamiento jurídico (Sala Constitucional)





1. Como punto previo, la Sala observa que desde el 3 de diciembre de 2014, oportunidad cuando se dio cuenta en Sala de la recepción del expediente continente de la causa que motivó la apelación que aquí se decide, hasta el 9 de enero de 2014, cuando la tercero, ciudadana Mery Carolina de los Ríos Romero presentó el escrito de replica a la fundamentación de la apelación, al que se hizo referencia supra, transcurrieron más de treinta días continuos, por lo que dicho escrito devino en extemporáneo por tardío y, por ende, no se hará pronunciamiento alguno sobre los alegatos que allí plasmó la tercero. Ello conforme con la doctrina que, sobre el particular, estableció esta Sala, en sentencia n° 1232 del 7 de junio de 2002 (Caso: Terry J. Leon y Doménico Tirelli Marinelly), en la que se estableció:
“...esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia de 4 de abril de 2001, caso Estación Los Pinos, habiendo la ley establecido un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso….
Debe la Sala puntualizar que, dado el carácter de urgencia del amparo, los treinta días deben considerarse que son continuos (calendario), y así se declara”. (subrayado añadido).
En consecuencia la Sala emitirá su decisión sin revisar tales argumentos. Así se declara.
2. La parte actora denuncia la violación a sus derechos al control de la prueba y a la seguridad jurídica, pues, según señala, la inspección judicial objeto de amparo fue evacuada incumpliendo las costumbres y normas usuales según las cuales, previa a la práctica de la inspección judicial, se anuncia el acto por el Alguacilazgo en su sede, para posteriormente trasladarse al sitio de la evacuación, previa verificación de la presencia de las partes; incumplimiento, por parte del Juzgado, que le impidió el control de la prueba a la que tiene derecho. Añadió en su fundamentación que la evacuación de pruebas en días de no despacho está prohibida, por el criterio vinculante de esta Sala expresado en sentencia n.° 80/2001, en el que se interpretó el alcance del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, y está implícita en el principio de limitación de contacto entre los jueces y el público que contiene el artículo 4.2 de la resolución n.° 2011-0051, mediante la cual se crean los Circuitos Judiciales Civiles, Mercantiles y del Tránsito a nivel nacional, bajo la estructura organizacional de Circuito Judicial, con la utilización de un Sistema Automatizado de Gestión para optimizar el servicio de administración de justicia en los Tribunales Civiles, Mercantiles y del Tránsito del país.

"No es válida la designación de defensores por personas distintas al imputado, y tampoco es válida cuando el imputado no se encuentra a derecho". Sala Constitucional



Al respecto, los mencionados abogados alegan que se encuentran facultados para actuar en representación del ciudadano Ramón Raúl Poleo Andueza, con base a la designación realizada el 17 de octubre de 2014, ante el Juzgado Séptimo Estadal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por parte de la ciudadana Jennifer Moreno Prim, en su condición de esposa del prenombrado ciudadano, para que lo defendieran en el proceso penal que se le sigue, contenido en el expediente n.°1311-14 de la nomenclatura interna del referido Juzgado de Control.
Ante tal designación, el 21 de octubre de 2014, el Juzgado Séptimo Estadal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró un auto mediante el cual señaló lo siguiente: “… que si bien es cierto la designación y nombramiento del defensor o defensora no está sujeto a ningún formalismo, no es menos cierto que dicha designación debe ser realizada por el propio imputado(a), por cualquier medio, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Adjetiva Penal, es decir, es un acto personalísimo del imputado(a), aunado al caso que nos ocupa, pesa una orden de aprehensión en contra del ciudadano Ramón Raúl Poleo Andueza, siendo que el mismo no se a puesto a derecho ante este órgano jurisdiccional, es por lo que en consecuencia se considera que no es procedente ni ajustado a derecho la designación de defensa que realiza la ciudadana JENNIFER MORENO PRIM” –subrayado añadido- (folio 20).
Ante el recurso de apelación ejercido contra esa decisión, la Sala n.° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas lo declaró inadmisible a través del fallo objeto de la presente acción de amparo, en síntesis, bajo las siguientes razones:

“Sentencia que confirma el criterio según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer en materia de interdictos cuando se encuentre involucrado un organismo público” Sala Plena




Los apoderados judiciales del demandante alegaron en el escrito libelar que sus mandantes son propietarios de un inmueble constituido por la parcela Nº S-101 y una casa estilo quinta en ella construida, que lleva por nombre “BEBITA”, la cual colinda en su lindero sur, con la arteria de circulación vial Calle Chivacoa y parcelas a sus lados Nros. 99 y 100, y en su parte superior con áreas verdes de servicios públicos, que pertenecen al Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y el artículo 10 de la Ordenanza de Reforma Parcial de Áreas Verdes, publicada el 22 de noviembre de 2007, y que en el lindero oeste se encuentran las parcelas S-117 y S-118 que son adyacentes a la mencionada propiedad.
Que el presente interdicto por daño temido o fundado temor, va dirigido a proteger el inmueble de los propietarios con el propósito de evitar su ruina o destrucción íntegra, ya que el inmueble actualmente corre riesgo o peligro de ruina, por tal razón solicitó que por vía judicial se providencien las medidas urgentes que deban tomarse para colmar y mitigar el peligro y daño inminente, relatando como fundamento de tal pedimento que en el mes de noviembre del 2010, y luego en marzo del 2011, la zona verde que divide las parcelas Nros. S-101, S-117, S-118, comenzó a presentar inconvenientes de estabilidad al producirse deslaves y fallas tanto en las zonas verdes como en los inmuebles S-117 y S-118.

domingo, 8 de marzo de 2015

Interpretación sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución, en cuanto a la investigación y juzgamiento por los tribunales ordinarios de los delitos contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad (Sala Constitucional)



El Fiscal General de la República y los ciudadanos Pastor Heydra Rojas, Pedro Díaz Blum, Carlos Tablante Hidalgo, Luis Longart, Pedro Pablo Alcántara, César Pérez Vivas, Elías Matta, Enrique Márquez, Carlos Berrizbeitia Giliberti y Ernesto Alvarenga solicitaron a esta Sala Constitucional que fije el contenido y alcance del precepto constitucional contenido en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece, entre otras cosas, que los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios cuyo texto se trascribe de seguida:

“ El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinariosDichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía” (Resaltado de la Sala).

Delitos de Lesa Humanidad


El concepto de crímenes de lesa humanidad data de mediados del siglo XIX. Aunque la primera lista de tales crímenes se elaboró al final de la Primera Guerra Mundial, no quedaron recogidos en un instrumento internacional hasta que se redactó la Carta del Tribunal de Nuremberg en 1945. Los crímenes de lesa humanidad determinados en esta Carta fueron reconocidos al año siguiente como parte del derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se incluyeron en posteriores instrumentos internacionales, como los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Fueron definidos por primera vez en un tratado internacional cuando se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, el cual fue suscrito por Venezuela.

¿Que distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad?

El Estatuto distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales la Corte tiene competencia, sobre la base de los siguientes criterios:

1) Los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático. No obstante, el término “ataque” no denota una agresión militar, sino que se puede aplicar a leyes y medidas administrativas como la deportación o el traslado forzoso de población.

2) Deben afectar una población civil. Por lo tanto, quedan excluidos los actos aislados o cometidos de manera dispersa o al azar. La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil.

Las Juntas de Condominio no pueden suspender o interrumpir el servicio de agua por deudas de condominio (Sentencias líderes) (Sala Constitucional)




 En el caso de autos, se observa que la sentencia cuya revisión se pretende ha sido dictada en la segunda instancia de un proceso de amparo, que ha quedado definitivamente firme, y como de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 336.10 de la Constitución una de las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es “Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, la misma es competente para conocer del presente caso y así se decide.- 
Establecido lo anterior la Sala procede a decidir el fondo del asunto, para lo cual observa:
Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público y “contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”.
En el presente caso, se observa que la actuación presuntamente lesiva procede de una “Junta de Condominio”, ente subsumible en el supuesto previsto en la referida norma, representado por los miembros de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Las Islas, a quienes se les imputó una conducta antijurídica, consistente en la suspensión del servicio de agua a uno de los apartamentos que conforman el referido condominio, propiedad de la agraviada, acción que tiene su fundamento en el incumplimiento de la obligación de pago de una cuota de gastos del condominio por parte de la presunta agraviada.

lunes, 2 de marzo de 2015

Sumario de las Gacetas Oficiales correspondientes al mes de febrero de 2015





Número 40.610. Caracas, viernes 27 de febrero de 2015
AÑO CXLII - MES V

Sumario

Vicepresidencia de la República

Comisión Central de Planificación

Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano Carlos Junior Montes Mata, como Director del Registro Nacional de Contrataciones del Estado, de este Organismo.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

IDENNA

Providencia mediante la cual se designan Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas de este Instituto, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Luisaura Ravicini de C., Carlos g. Pereira Á., María E. Bernal V., Orlando C. Corros J., Astrid Luna, Julián Arrechedera y Dilicia M., Mendoza).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 044, mediante la cual se dejan sin efecto las designaciones contenidas en los Artículos que en ella se señalan, de la Resolución N° 042, de fecha 25 de febrero de 2015, y se designa a los ciudadanos que en ella se indican, para ocupar los cargos que en ella se especifican del Instituto Autónomo de Policía del municipio Maracaibo del estado Zulia. (Artículo 11 y 12, Designan a G/B GNB Rubén A. Ramírez C., como Director Encargado; Armando R. Soto L., Sub Director Encargado; y Cristian R. Barcelo, como Jefe de Operaciones).

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