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lunes, 26 de mayo de 2014

Sala de Casación Penal se avoca de oficio a proceso penal seguido contra dos profesionales del derecho y acuerda radicar el proceso en el Área Metropolitana de Caracas





PONENCIA CONJUNTA
Magistrados, Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, Doctor PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA y Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

El 24 de mayo de 2014, la Sala de Casación Penal, dictó decisión N° 168, mediante la cual decidió:
“(…) A juicio de la Sala, en la investigación penal seguida a los ciudadanos JESÚS REQUENA, CARLOS RODULFO y otros, pudieran concurrir algunas de las circunstancias contenidas en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que, con fundamento en las disposiciones legales antes transcritas la Sala de Casación Penal, Decide:
La suspensión inmediata de realizar cualquier actuación en la referida investigación seguida contra los ciudadanos JESÚS REQUENA, CARLOS RODULFO y otros, ante el Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
Ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, que recabe el expediente original y todos los recaudos relacionados con la investigación penal seguida a los ciudadanos JESÚS REQUENA, CARLOS RODULFO y otros, para ser remitidos a la Sala de Casación Penal, donde se examinarán las condiciones de admisibilidad y procedencia para el avocamiento (…)” (Resaltado propio).

En esa misma fecha, se recibió en esta Sala, el expediente relacionado con la investigación penal seguida contra el ciudadano JESÚS ENRIQUE REQUENA RODRÍGUEZ, cédula de identidad V-9.902.935, por la comisión de los delitos de CONCUSIÓN VIOLENTA, tipificado en el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción yASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, estipulado en el artículo 37, en relación con el artículo 29 numeral 2, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y el ciudadano CARLOS ENRIQUE RODULFO, cédula de identidad V-8.378.572, por la comisión de los delitos de VALIMIENTO,contenido en el artículo 79 de la Ley contra la Corrupción, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, establecido en el artículo 37, en relación con el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial (2014)





(Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

Buena parte de las actividades económicas que permiten facilitar el acceso de los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios se desempeñan en establecimientos adecuados de manera especial para la venta de productos o la prestación del servicio. Estos establecimientos se ubican en inmuebles cuyas características, uso y destino difieren de las que detentan otras edificaciones, como las viviendas y la infraestructura pública.

Por lo anterior, quienes desempeñan actividades comerciales o de servicios necesitan acceder al sector inmobiliario, cuyo comportamiento es distinto al de los propios sectores comercial, industrial y de servicios. Tradicionalmente, los propietarios de inmuebles procuran obtener una renta sobre la base del capital representado en sus edificaciones, bien desempeñando en ellos alguna actividad productiva, o dándolos en alquiler a terceros para que éstos desempeñen tales actividades, a cambio de una remuneración, proporcional al "valor" del inmueble, considerada su vida útil.

Sin embargo, es evidente que el sector inmobiliario Nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios ha tenido en los últimos años un comportamiento especulativo, procurando una participación mayoritaria en los beneficios obtenidos por quienes desempeñan las actividades verdaderamente productivas, argumentando el aumento de los costos de construcción y, por ende, del valor "real" de sus inmuebles, a pesar de un escenario en el que la gran mayoría de los materiales e insumos de construcción están sometidos a regulaciones de precio justo y las importaciones de maquinarias y equipos exoneradas de tributos nacionales. Ante situaciones como éstas, es deber ineludible del Estado venezolano procurar el equilibrio entre las partes del Juego económico, estableciendo regulaciones que permitan crear la igualdad ante la Ley que consagra el texto constitucional, que no es otra que aquella que permite iguales condiciones de desarrollo y de participación en el acceso a la riqueza nacional, a través de mecanismos de compensación de diferencias que otorgan al sujeto menos favorecido una protección especial, permitiendo el libre desenvolvimiento de las relaciones económicas particulares en una verdadera situación de equilibrio.

miércoles, 21 de mayo de 2014

La indexación resulta de obligatoria aplicación a la cancelación de prestaciones sociales, tanto en el caso de los funcionarios como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado (Sala Constitucional)



La presente solicitud de revisión fue interpuesta por los abogados Ramón Alfredo Aguilar Camero y María Alejandra González Yánez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Mayerling del Carmen Castellanos Zarraga, en contra de la sentencia 15 de octubre de 2013, dictada por la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la hoy solicitante y con lugar la apelación de la representación judicial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, respectivamente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 22 de enero de 2012 que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana solicitante de la revisión, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y revocó parcialmente la sentencia apelada, únicamente en cuanto a la procedencia del pago de vacaciones y bono vacacional fraccionados correspondientes al período 2012-2013.
Ahora, la parte solicitante alegó que la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo violó el derecho que tienen los trabajadores a la exigibilidad inmediata de sus prestaciones sociales, establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que constituye un derecho absoluto para todos aquellos que prestan un servicio personal por cuenta ajena, por un salario y bajo relación de subordinación o dependencia, sin distinguir entre trabajadores públicos o privados, sin excluir de manera alguna a los “ funcionarios”.

Asimismo, señaló que la decisión que se examina es violatoria del derecho a la igualdad, establecido en los artículos 1, 2, 21 y 89, numeral 5 de la Constitución, por cuanto, a su decir, en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en números oportunidades sobre la necesidad de la aplicabilidad de la corrección monetaria a la cantidades adeudadas, por efecto de la terminación de la relación de trabajo, jurisprudencia ésta que no ha sido aplicada a los funcionarios públicos.

Derecho ambiental y nociones acerca de los principios "precautorio" e "in dubio pro natura". (Sala Constitucional)




En relación con los anteriores asertos, esta Sala Constitucional dada la importancia que la materia ambiental reviste no sólo en el ámbito sectorial y nacional, sino también a escala mundial, considera necesario formular algunas reflexiones de orden doctrinario y jurisprudencial inherentes al asunto expuesto por los solicitantes y cuyo conocimiento fue sometido a la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria.

En este sentido, tenemos que esta Sala Constitucional, concretamente en su sentencia Nº 1515, de fecha 08 de agosto de 2006, ha venido señalando, por una parte, la constante y la plena evolución de los derechos ambientales a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, y los pactos y acuerdos internacionales, destacando primordialmente la Cumbre de Río de Janeiro (1992), válidamente ratificados por la República; y por la otra, la imperiosa actualización de nuestra normativa ambiental vigente para hacer frente a los nuevos desafíos universales planteados por el derecho ambiental, ante eventos como la aceleración incontrolada de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera, que repercuten negativamente en el calentamiento global y el cambio climático, definido este último en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, 1999), como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”.

Así, en la referida sentencia la Sala dejó sentado lo siguiente:

“…en el marco normativo venezolano se encuentran normas de contenido ambiental dictadas desde hace más de veinte años, tiempo durante el cual el Derecho Ambiental ha experimentado un desarrollo acelerado, donde la conciencia respecto al progresivo deterioro del entorno y el temor e inquietud provocados en todo el planeta por el uso incontrolado de la naturaleza y su impacto en la seguridad y salud de la vida humana y de toda forma de vida en general, ha llevado a la búsqueda de soluciones, entre las cuales ocupa lugar esencial el Derecho, que debe ser utilizado como herramienta para internalizar en la ciudadanía en general, que la explotación desproporcionada de los recursos naturales puede ocasionar invaluables costos sociales y ambientales. …omissis…”.

Tenemos entonces que los problemas ambientales han venido evolucionando, dejando importantes rezagos en la actualización y ampliación de los principales instrumentos normativos existentes en el derecho interno, y por ende en el diseño e implementación de políticas públicas acordes a los nuevos tiempos, colocando en riesgo la sustentabilidad del ambiente, y comprometiendo los derechos ambientales de las generaciones futuras, si no se adoptan medidas en el presente.

Ello así, podemos definir el ambiente en sentido restringido, “(…) como todos aquellos elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres humanos mismos y sus interrelaciones”. (Vid. FRAGA JESÚSLa Protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, Editorial Bosch, Madrid, 1995).

Ministerio Público Venezolano: Normas y Baremo de Evaluación de Credenciales del III Concurso de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal






Normas del III Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, asimismo el Temario y Baremo de Evaluación de Credenciales

(Gaceta Oficial Nº 40.410 del 13 de mayo de 2014)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 21 de abril de 2014

Años 204°, 155º y 15º

RESOLUCIÓN Nº 412

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO

Que en fecha 30 de diciembre de 1999, en Gaceta Oficial Nº 36.860, se publicó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -reimpresa por error material en fecha 24 de marzo de 2000, y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.453-, la cual en su artículo 146 establece que los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, exceptuando los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. Asimismo, determina que el ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia; y que el ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro, será de acuerdo con su desempeño.

Sumarios de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo de 2014





Número 40.413. Caracas, viernes 16 de mayo de 2014
AÑO CXLI - MES VIII

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 972, mediante el cual se nombra al ciudadano Juan Ramón Rodríguez Navarro, como Comisionado Presidencial para la Paz del estado Nueva Esparta.

Decreto N° 973, mediante el cual se nombra al ciudadano Luis Alfredo Sauce Navarro, Viceministro de Planificación y Diseño del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre.

Vicepresidencia de la República

CORPOLARA

Providencia Nº 017-2014, mediante la cual se modifica la Comisión de Contrataciones de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios de esta Corporación, y se designan como Miembros Principales y Suplentes a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Liliana Rivas, Armando Martínez, Marinellys Mendoza, entre otros).


sábado, 17 de mayo de 2014

Accion de amparo ejercida contra el Presidente de la República. Consecuencia: Sala Constitucional multa a abogado por su presunto irrespeto al Presidente de la República, a la majestad del Poder Judicial y ordena remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, Fiscal General de la República (por su presunta admisión de haber participado en lo que la Sala llama "manifestaciones violentas", y obstaculización a la Justicia) y lo apercibe de abstenerse de "utilizar expresionesque irrespeten u ofendan la majestad de esta Sala Constitucional o de cualquier otro Tribunal de la República, o de cualquier otro órgano del Poder Público"




Ahora, el abogado (...) alegó la violación de los artículos 2, 3, 19, 43, 44, 49, 53, 55, 57, 68, 83 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, a los fines del Estado, de la garantía de los derechos humanos, a la vida, a la libertad personal, al debido proceso, a reunión, a la seguridad personal, a manifestar y a la seguridad social, por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, el accionante textualmente alegó la vulneración de sus derechos a manifestar pacíficamente “contra el desabastecimiento y escaces (sic) de productos”. Asimismo, alegó que “el Legislador Nacional Sr (sic)Presidente NICOLAS (sic) MADURO MOROS pudo haber sido diligente desde meses atrás, haber sancionado la ley orgánica de manifestación pacífica Y LA TIPIFICACION DE SUS DELITOS, ello considerando La (sic) grave escaces (sic) de productos alimenticios”. Aunado al hecho de que “el Legislador Nacional Sr (sic) Presidente NICOLAS (sic) MADURO MOROS es corresponsable de las personas privadas o restringidas de libertad por motivos políticos devenidos de nuestra Manifestación Pacífica”.  
Luego del análisis del caso, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha acción cumple con los mismos. Así se declara.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo “sub examine”, a la luz de las causales de inadmisibilidad que establecen los artículos 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 6 de la Ley especial en materia de amparo, es necesario señalar las consideraciones siguientes:
Tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el amparo constitucional procede cuando a causa de un acto, hecho u omisión proveniente de cualquier órgano del Poder Público o persona, existe una amenaza -inminente, posible y realizable por parte del presunto agraviante- de violación de un derecho o garantía constitucional. En caso de no concurrir la existencia de dichas condiciones, el amparo incoado debe considerarse inadmisible, tal como lo prevé el artículo 6, numeral 2 eiusdem, el cual establece que: “No se admitirá la acción de amparo: (…) 2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado (...)”.

Sentencia vinculante que establece la competencia para conocer "de las acciones de amparo propuestas contra cualquier acto que emane de la actividad administrativa desplegada por el Servicio Nacional de Contrataciones” (Sala Constitucional)



Vista la declinatoria de competencia efectuada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala “ab initio” estima oportuno precisar lo siguiente:

Tal y como precedentemente se señaló, el 11 de junio de 2013, el abogado Francisco Olivo Córdova, en su carácter de apoderado judicial de Corporación Exxa Internacional, C.A., interpuso ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor, acción de amparo, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones y el Registro Nacional de Contratistas, en razón de la suspensión de su representada como contratista en dicho Registro Nacional, suspensión que, a su criterio, ocasionó la violación de los derechos constitucionales de su representada consagrados en los artículos 49 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha pretensión constitucional fue estimada parcialmente con lugar en decisión que dictó, el 28 de junio de 2013, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y la misma fue impugnada mediante el recurso de apelación que ejerció el prenombrado apoderado judicial, del cual conoció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, la referida Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sobre la base del criterio conforme al cual el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos emanados del Servicio Nacional de Contrataciones corresponde a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que las competencias que le han sido atribuidas a dicho órgano por la Ley de Contrataciones Públicas tienen una gran relevancia en la actividad administrativa ya que le corresponde la supervisión, vigilancia y control de los procesos para la selección de las empresas contratables por las personas de derecho público señaladas en dicha ley, determinó que, por tratarse el presente caso, de un proceso de amparo y no de un recurso de nulidad de actos administrativos, la competencia, de conformidad con lo establecido en la sentencia n.° 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, correspondía a esta Sala Constitucional y, por ende, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, resultaba incompetente.

Atendiendo a lo señalado, dicho órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, por orden público, declaró no solo la nulidad de la sentencia apelada, sino también, la de todas las actuaciones realizadas por el mencionado Juzgado Superior en el marco del conocimiento de la presente acción, y, en consecuencia, declinó en esta Sala el conocimiento de la acción de amparo propuesta.

Artículo 185-A del Código Civil: Interpretación constitucional vinculante del procedimiento de divorcio por ruptura prolongada de la vida en común (Sala Constitucional)






Al respecto, debe esta Sala señalar que la solicitud de revisión ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas. Así, en múltiples oportunidades esta Sala ha reiterado el criterio contenido en la decisión n.° 93/06.02.2001 (caso: Corporturismo) conforme a la cual la revisión constitucional es una potestad excepcional, extraordinaria y discrecional de esta Sala. Adicionalmente, se ha insistido en que esta vía especial es disímil a las demandas o recursos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, no solo por cuanto puede desestimarse sin motivación alguna, sino que, en tanto que responde a la labor tuitiva del Texto Constitucional, no implica el cuestionamiento de una decisión judicial contraria a los intereses de a quienes afecta negativamente o el mero perjuicio que éste pueda causar, ni la defensa de los intereses de aquellos a quienes la decisión cuestionada pueda favorecer, sino más bien –como se indicó– la revisión tiene por finalidad verificar si hubo desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, para decidir objetivamente en defensa de la Constitución.
Por ello, la revisión constitucional no debe entenderse como una demanda o recurso judicial –ordinario o extraordinario– en el que los sujetos afectados directamente o indirectamente por una decisión, planteen ante la Sala Constitucional sus conflictos de intereses, sus argumentaciones fácticas y jurídicas y/o sus pretensiones, ya que no es un proceso contencioso sino una potestad excepcional, extraordinaria y discrecional de esta Sala en su labor tuitiva de la Constitución. Lo contrario implicaría que esta Sala, al darle entrada a una solicitud de revisión, estaría obligada a citar a los terceros interesados en la decisión objeto de revisión, a fin de que acudieran a sostener sus derechos e intereses, como si se tratara de un conflicto entre partes, lo cual –se insiste– no se corresponde con la naturaleza de esta potestad extraordinaria. No obstante, la Sala de oficio y en uso de la referida potestad discrecional podría estimar los argumentos y medios de pruebas traídos al expediente por terceros, cuando estime que ello es necesario para la búsqueda de la verdad y la resolución de la solicitud de revisión constitucional. En este sentido, vale destacar que la revisión constitucional está comprendida dentro de las causas que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 145 ha señalado que no requieren sustanciación, dejando a salvo la facultad de la Sala de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.
Con fundamento en lo anterior, la solicitud planteada por la representación judicial de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, mediante la cual solicitan “…intervenir en el presente recurso (sic) y oponer[se] a la solicitud de revisión constitucional propuesta…”, resulta improponible en derecho. Como consecuencia de lo anterior, también es improponible en derecho la réplica o escrito presentado, el 5 de marzo de 2014, por los apoderados judiciales del solicitante en revisión, “a los fines de hacer consideraciones” respecto del escrito consignado por la representación de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas. Así se declara.

miércoles, 14 de mayo de 2014

Acerca del denominado derecho al olvido en internet: Derechos fundamentales a la vida privada y a la protección y exclusión de datos personales en internet. Caso Google.(Tribunal de Justicia de la Unión Europea)





SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 13 de mayo de 2014 (*)
«Datos personales — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de dichos datos — Directiva 95/46/CE — Artículos 2, 4, 12 y 14 — Ámbito de aplicación material y territorial — Motores de búsqueda en Internet — Tratamiento de datos contenidos en sitios de Internet — Búsqueda, indexación y almacenamiento de estos datos — Responsabilidad del gestor del motor de búsqueda — Establecimiento en territorio de un Estado miembro — Alcance de las obligaciones de dicho gestor y de los derechos del interesado — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8»
En el asunto C‑131/12,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Nacional, mediante auto de 27 de febrero de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 2012, en el procedimiento entre
Google Spain, S.L.,
Google Inc.
y
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
Mario Costeja González,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, los Sres. M. Ilešič (Ponente), L. Bay Larsen, T. von Danwitz y M. Safjan, Presidentes de Sala, y los Sres. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev y las Sras. M. Berger y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de febrero de 2013;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Google Spain, S.L., y Google Inc., por los Sres. F. González Díaz, J. Baño Fos y B. Holles, abogados;
–        en nombre del Sr. Costeja González, por el Sr. J. Muñoz Rodríguez, abogado;
–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en calidad de agente;
–        en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. E.-M. Mamouna y el Sr. K. Boskovits, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;
–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. G. Kunnert y la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. B. Majczyna y M. Szpunar, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Martínez del Peral y Sr. B. Martenczuk, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de junio de 2013;
dicta la siguiente
Sentencia

Sentencias lideres: Recepción jurisprudencial del dolo eventual. Posible lesión del principio de legalidad al establecer la pena aplicable para el delito de homicidio intencional cometido con dolo eventual. Sala de Casación Penal (2000)





Ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.

Vistos.

            La Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de los jueces abogados JOSEFINA GÓMEZ SOSA, AÍDA ANDRADE DE DUQUE y ÁNGEL ZERPA APONTE, en sentencia dictada el 17 de abril del año 2000, CONDENÓ al ciudadano imputado ROBERT ALEXANDER TERÁN LÓPEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad V‑ 14.471.276 a cumplir la pena de CINCO AÑOS, OCHO MESES, TRES DÍAS y DIECINUEVE HORAS DE PRISIÓN y las accesorias de ley correspondientes por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE y OMISIÓN DE SOCORROprevistos respectivamente en los artículos  411, 240 y 440 del Código Penal.

Contra dicho fallo anunciaron recurso de casación la abogada JACKELINE SANDOVAL ESCOBAR, en su carácter de Fiscal Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el abogado HEBER ALBERTO SULBARÁN MUÑOZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte acusadora.

Ley Aprobatoria del Protocolo al Tratado Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente (Asamblea Nacional)




(Gaceta Oficial Nº 40.405 del 06 de mayo de 2014)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo Único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el "Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y Anexos I, II, III y IV, adoptados el 4 de octubre de 1991, en la ciudad de Madrid, Reino de España.

PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Preámbulo

Los Estados Parte de este Protocolo al Tratado Antártico, en adelante denominados las Partes;

CONVENCIDOS de la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados;

CONVENCIDOS de la necesidad de reforzar el sistema del Tratado Antártico para garantizar que la Antártida siga utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional;

TENIENDO en cuenta la especial situación jurídica y política de la Antártida y la especial responsabilidad de las Partes Consultivas del Tratado Antártico de garantizar que todas las actividades que se desarrollen en la Antártida sean compatibles con los propósitos y principios del Tratado Antártico;

lunes, 12 de mayo de 2014

Resolución Nº 570, mediante la cual se crea la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal (Ministerio Público)





(Gaceta Oficial Nº 40.406 del 7 de mayo de 2014)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 05 de mayo de 2014

Años 204°, 155º y 15°

RESOLUCIÓN Nº 570

LUISA ORTEGA DÍAZ

Fiscal General de la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Direcciones, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

Ley Aprobatoria de la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Asamblea Nacional)





(Gaceta Oficial Nº 40.405 del 06 de mayo de 2014)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

Artículo Único: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", adoptada en Nueva York, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y suscrita por la República Bolivariana de Venezuela el 4 de octubre de 2011.

Preámbulo

Los Estados Partes de la presente Convención,

Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución 217 A (III)), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Resolución 2200 A (XXI), anexo), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI), anexo), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Resolución 2106 A (XX), anexo), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Resolución 34/180, anexo) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Resolución 44/25, anexo),

Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los Trabajadores Migrantes (N° 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Nro. 143), la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes (N° 86), la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes (N° 151), el Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (N° 29) y el Convenio relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (N° 105),

Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 429, N° 6193),

Sumarios de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2014





Número 40.408. Caracas, viernes 9 de mayo de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/063-2, mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Javier Arias Fuenmayor, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Costa Rica, Responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica. (N° 41304).

Resolución Nº DM/063-3, mediante la cual se designa a la ciudadana Aura Mahuampi de Ortiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Dinamarca, Responsable de la Unidad Administradora que en ella se señala. (N° 42106).

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

Resolución Nº 048, mediante la cual se designa a la ciudadana Mayira Hernández Domínguez, como Directora General de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, en calidad de Encargada, de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Resolución Nº 004616, mediante la cual se delega al Servicio Desconcentrado Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA), como órgano encargado de la ejecución para el Mantenimiento Programado y Reemplazo de Componentes Mayores por Tiempo de Vida Útil de las Aeronaves de Ala Fije y Ala Rotatoria Adscritas al Comando de la Aviación Naval.

Resolución Nº 004617, mediante la cual se delega al Servicio Desconcentrado Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR), como órgano encargado de la ejecución para la Adquisición de Repuestos para el Mantenimiento Programado QL3 Escalón W5 de los Motores Diesel Propulsores Marca MTU Serie 16V396TE94, Pertenecientes a los patrulleros de Combate Clase «Constitución» y «Federación», Adscritos al Comando de la Escuadra del Componente Armada Bolivariana.

Resolución Nº 004618, mediante la cual se crea y activa el «Centro de Entrenamiento Aéreo (C.E.A.)», adscrito al Comando Aéreo cíe Operaciones (C.A.O.), del Componente Aviación Militar Bolivariana, con la Estructura Organizacional que en ella se menciona.

Resolución Nº 004619, mediante la cual se crea y activa el «Grupo de Entrenamiento Aéreo N° 18 (G.E.A. N° 18)», adscrito al Centro de Entrenamiento Aéreo (C.E.A.) del Componente Aviación Militar Bolivariana.

Resolución Nº 004620, mediante la cual se crea y activa el «Grupo de Entrenamiento Aéreo N° 19 (G.E.A. Nº 19)», adscrito al Centro de Entrenamiento Aéreo (C.E.A.) del Componente Aviación Militar Bolivariana.

viernes, 9 de mayo de 2014

"Interpretación vinculante relativa a la limitación del derecho a la libertad de expresión en medios impresos de libre acceso al público en protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes". (Sala Constitucional)


El 13 de noviembre de 2012, se celebró la Audiencia Constitucional, en la que estuvieron presentes la parte accionante y los representantes judiciales de la parte demandada, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.
En dicha oportunidad, la parte actora, reiteró los mismos argumentos expuestos en su libelo de demanda, además señaló que en su criterio existe una ley natural e inmutable que establece conductas morales, tanto así que en el Congreso de Angostura el Libertador propuso un Poder Moral. También señaló un conjunto de normas internacionales que establecen las obligaciones del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Explicó que con las nuevas tecnologías y los teléfonos celulares, aumentó la pornografía al alcance de los niños y adolescentes y que al tener libre acceso a las revistas y periódicos están expuestos a todas las imágenes e información que se encuentran en ellas, incluyendo las que son objeto de la presente acción. En tal sentido, afirmó que llamó por teléfono a una de las “líneas calientes” y le provocó escuchar, por lo que concluyó que eso puede tener más influencia en un niño o un joven, lo cual, a su vez, redunda en el embarazo precoz y la inducción a la prostitución.
Finalmente, consignó un ejemplar del proyecto de “Ley Especial de Delitos a los Valores Morales”.

martes, 6 de mayo de 2014

Admisión de amparo por intereses colectivos y difusos relacionada con los "eventos taurinos en el territorio nacional". (Sala Constitucional)




Los presuntos agraviados plantearon la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

Que durante los actos de celebración de la “Feria Internacional de La Chinita” que se llevan a cabo en la ciudad de Maracaibo, la Alcaldía de Maracaibo del Estado Zulia, a través del Comité de Feria y el Servicio Autónomo Plaza de Toros (SAPLAZ), organiza, patrocina y efectúa junto con la empresa taurina Promociones Marubini, diversos espectáculos taurinos.

Que tales espectáculos han sido objeto de rechazo por diversos sectores de la población “(…) de los cuales podemos mencionar a la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, organizaciones ecologistas, organizaciones de protección de animales, organizaciones culturales, instituciones públicas y privadas, estudiantes universitarios, comunidades organizadas y comunidad en general”.

Que la ciudadana Nohora Elisa Corredor en el año 2010, interpuso ante la Alcaldía del Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, una solicitud para la prohibición de las corridas de toro, en la jurisdicción del referido Municipio, la cual fue negada.

Asimismo, diferentes organizaciones protectoras de animales así como otras organizaciones comunitarias, acudieron ante la Defensoría del Pueblo del Estado Zulia para solicitar la protección de sus derechos colectivos y difusos con la finalidad de lograr la prohibición de las corridas de toros en la mencionada entidad, ante lo cual se ordenó la celebración de unas mesas de diálogo destinadas a lograr un acuerdo entre las “organizaciones anticorridas y la Alcaldía del Municipio Maracaibo”.

Sentencia vinculante: "El conocimiento de las solicitudes de exequátur donde se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, serán competentes los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos. Del mismo modo, la competencia para conocer las solicitudes de exequátur donde se requiera autorizar la ejecutoria de sentencias firmes dictadas en asuntos contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, será competente la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal". (Sala Constitucional)



El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a todos los Jueces de la República la obligación de asegurar la integridad de ese texto normativo fundamental dentro del ámbito de su competencia, lo que se traduce en el deber de ejercer, aún de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, en garantía de la supremacía constitucional y para que se resuelvan, por esta vía, los conflictos o colisiones que puedan presentarse, en cualquier causa, entre aquellas y una o varias disposiciones constitucionales, en cuyo caso deben aplicar preferentemente estas últimas.
 En este sentido, reitera la Sala, que la revisión de las sentencias definitivamente firmes de control difuso de la constitucionalidad, redunda en una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales o bien la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional.
Así las cosas, el juez que desaplique una ley o norma jurídica en una sentencia definitivamente firme, por considerarla inconstitucional, está obligado a la remisión de copia certificada del fallo y del auto que verifique dicha cualidad, para que esta Sala proceda a la revisión de la misma, y, en definitiva, resguarde la uniformidad de la interpretación constitucional (Ver Sentencia n° 1400 de 8 de agosto de 2001).
En el caso in comento, la sentencia bajo análisis la dictó la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, en virtud de la interposición del recurso de control de la legalidad incoado por la Defensora Pública de la ciudadana Reyna Patricia Sausnavar contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictada el 18 de diciembre de 2012, mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de exequátur, con la finalidad de dar fuerza ejecutoria a una sentencia dictada el 23 de junio de 2010, por el Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de Méxicodonde se le confirió la custodia definitiva de su menor nieto.

Interpretación y procedimiento para atender la solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad. Sentencia Vinculante (Sala Constitucional)





Advierte la Sala, del análisis efectuado a la situación sub judice, la problemática de que en la práctica forense se esté desviando el especial propósito que persigue el mecanismo regulado en el artículo 262 del Código Civil, y se use el referido precepto para conseguir efectos diferentes a los perseguidos por el Legislador, en fraude a la Ley, para evitar que se aplique el procedimiento establecido para obtener las autorizaciones con el propósito de cambiar la residencia del niño o para viajar, siendo el objetivo real del dispositivo, ofrecer un instrumento útil, cuando no se tiene la presencia física de uno de los titulares de la patria potestad.
En este sentido, considera esta Sala preciso realizar algunas advertencias respecto a la situación planteada, a los fines de que los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes apliquen el referido artículo con mucho celo a aquellos casos donde realmente se produzcan los supuestos establecidos en la norma y no se equivoque su verdadera finalidad, pues destaca que la impugnada en su parte narrativa señale que la Fiscal del Ministerio Público que participó en el procedimiento alegue que el padre resaltó que mediante procedimiento separado se haya autorizado la salida del país del menor de edad, hijo de las partes involucradas, sin su consentimiento.

domingo, 4 de mayo de 2014

Inconstitucionalidad del recurso especial de juridicidad y de nueve artículos de la L.O. de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Sala Constitucional)




Se impetra la presente demanda de nulidad contra los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (G.O. núm. 39.451 del 22 de junio de 2010), y el artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (G.O. núm. 39.483 del 9 de agosto de 2010), las cuales prevén:
a.       Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

“Artículo 23: La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

[…]

18. Del Recurso especial de juridicidad, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

[…]
Recurso especial de juridicidad
Artículo 95. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que trasgredan el ordenamiento jurídico.

El recurso de juridicidad podrá intentarse contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas.

Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de causa.

Curiosidades jurídicas: Inconstitucionalidad de la Ley sobre Vagos y Maleantes (CSJ:1997)


En Pleno

Magistrado Ponente: Dr. Humberto J. La Roche



Introducción

En escrito presentado el día 17 de julio de 1985 (Expediente 0251), el abogado JOSE FERNANDO NUÑEZ, actuando en su propio nombre, interpuso acción de inconstitucionalidad total contra la "Ley sobre Vagos y Maleantes", reformada por última vez, el 18 de julio de 1956. La acción de la referencia se fundamentó en la presunta violación, por la ley impugnada, de las disposiciones contenidas en el numeral 7º del artículo 60, así como los artículos 61, 68, 69 y 204 de la Constitución de la República.

El 6 de agosto de 1985 se dio cuenta a la Corte en Pleno, ordenándose pasar los recaudos al Juzgado de Sustanciación. El 13 del mismo mes, se admitió la demanda de inconstitucionalidad, ordenándose notificar a los ciudadanos Presidente del Congreso de la República y Fiscal General de la República. Igualmente, se ordenó emplazar a los interesados mediante cartel, para que concurrieran a darse por citados, dentro de las diez (10) audiencias (días de Despacho) siguientes a la publicación de dicho cartel. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 28 de octubre de 1986, recibidas del Juzgado de Sustanciación las actuaciones correspondientes, se designó Ponente y se fijó la tercera audiencia para el comienzo de la relación.

El 28 de noviembre del mismo año, oportunidad prevista para el acto de informes, compareció el accionante, consignando escrito que se acordó agregar al expediente.

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