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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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domingo, 22 de febrero de 2015

Consideraciones acerca del testigo perito, el testimonio y el principio iura novit curia (Sala Constitucional)




Prueba promovida por la parte actora. Oposición a la prueba.
El 21 de marzo de 2013, el ciudadano Giorgio Di Muro Di Nunno, actuando en su carácter de Presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Eléctricos de Venezuela (ASUSELECTRIC DE VENEZUELA), asistido por la abogada Conny García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 49.522, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, promovió al ciudadano Marco Vinicio Arenas, titular de la cédula de identidad n.° 7.976.820, como “Testigo Pericial”“Graduado en Gestión Empresarial del Pacto Global y Graduado en Gestión ISO 26000”.
El demandante sostuvo que había promovido dicha prueba [c]on el objeto de demostrar el incumplimiento de la garantía y protección del derecho a la salud, a la vida y a un ambiente seguro de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, así como el ‘incumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, sancionado y remitido por la Plenaria de la Asamblea Nacional en el mes de marzo de 2006’, y la obligación del sector empresarial dedicado a la producción de productos derivados del tabaco, al cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado Venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco (…)”.
En fecha 9 de abril de 2013, la abogada María Verónica Bastos Pargas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo n.° 154.718, actuando en su carácter de representante judicial de C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., presentó escrito mediante el cual se opuso a la admisión de la prueba de perito testigo, promovido por la parte demandante.
Fundamentó su oposición en los siguientes argumentos:
Que “el asunto debatido es de mero derecho y en aplicación del principio ‘iura novit curia’, el derecho no es objeto de prueba”.

viernes, 20 de febrero de 2015

Sala Constitucional rechaza y desaplica en el país la "Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014” dictada por los Estados Unidos. Interpretación constitucional express




RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:
3.1.- Que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales.

miércoles, 18 de febrero de 2015

Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Presidencia de la República)





(Gaceta Oficial N° 40.599 del 10 de febrero de 2014)

Decreto N° 1.605 10 de febrero de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, el numeral 8 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en virtud a lo preceptuado en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Del Objeto

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización y funcionamiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Capítulo II

Convenio Cambiario N° 33, mediante el cual se dicta las normas que regirán las Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional




(Gaceta Oficial N° 6.171 del 10 de febrero de 2015)

CONVENIO CAMBIARIO Nº 33

El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, en su carácter de Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, autorizado por el Decreto Nº 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, Nelson J. Merentes D., autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión Nº 4.781 celebrada el 10 de febrero de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 33, 34, 52, 122 y 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela; y 3 del Convenio Cambiario Nº 1 del 05 de febrero de 2003, han convenido dictar las siguientes:

Normas que regirán las operaciones de divisas en el sistema financiero nacional

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La participación de las instituciones bancarias, casas de cambio, operadores de valores autorizados y de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como intermediarios cambiarios en cualquiera de los mercados de divisas y de títulos valores en moneda extranjera existentes o que se desarrollen, estará regulada en los respectivos Convenios Cambiarios, así como por las autorizaciones particulares que impartan de manera conjunta el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y el Banco Central de Venezuela. En todo caso, dicha participación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos, términos y condiciones que contempla la normativa sobre ejecución de la política cambiaria, debiendo tales operadores suministrar información diaria al Banco Central de Venezuela sobre las operaciones realizadas y su desempeño en tal actividad conforme a los mecanismos que sean dispuestos por ese Instituto a tales fines.

Los organismos supervisores de los sujetos a que se contrae el presente artículo dictarán la normativa prudencial que estimen necesaria para procurar la adecuada realización de las operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas conforme a la normativa aplicable, con especial énfasis en las medidas para la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y procurando la mayor transparencia en el proceso de recepción de solicitudes, posturas, órdenes o cotizaciones, así como en su procesamiento y ulterior asignación o liquidación de divisas.

domingo, 15 de febrero de 2015

"La responsabilidad de que testigos y expertos comparezcan al juicio recae en el Juez o Jueza como director o directora del juicio oral y público, incluso mediante el uso de la fuerza pública, toda vez que esa atribución no puede ser trasladada a la parte que promueve la prueba". (Sala de Casación Penal)




Cumpliendo con el deber jurisdiccional de dictar sentencia motivada, como garantía constitucional al debido proceso establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49 en su encabezamiento y en los numerales 4° y 8°, así como lo exige el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala debe dictar sentencia, expresando con  fundamento lógico y jurídico, las razones que sustentan la decisión,  para ello debe precisar inicialmente las hipótesis propuestas por el recurrente, a fin de verificar, si sus planteamientos resultan verdaderos o falsos y de allí constatar si la Alzada incurrió en los errores que aduce el recurrente, si procede la nulidad de las decisiones sujetas a la censura de la casación, o la sustitución reconstructiva de la recurrida, es decir, dictar una decisión propia, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.
A tal efecto se pronuncia esta Sala, verificando que los recurrentes aducen en la primera denuncia, que el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal sobre el Mandato de Conducción de testigos, fue erróneamente interpretado por la Corte de Apelaciones, quien consideró según los recurrentes “que quien estaba compelida a realizar las diligencias necesarias para hacer comparecer a los testigos y expertos era la Representante del Ministerio  Público.”
Afirman los recurrentes, que la Corte de Apelaciones erró en dar la razón al Tribunal de Juicio, respecto de la incomparecencia de los testigos Giovanni González, Jhonny Pérez, Jorge de Montijo, Delfín Ladrón, Morfi Infante y Alexander Gil, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Distrito Capital y Amazonas y de los testigos instrumentales David Chalet Guape y José Rafael Caballero Esqueda, este último quien según los recurrentes, se encontraba detenido en el estado Apure,  que el Tribunal A quo no ejerció su labor judicial para lograr la comparecencia de los testigos, sino que la endosó a la representación Fiscal.
Sobre la base del alegato propuesto, observa la Sala, que la hipótesis propuesta por los recurrentes, en términos breves, es la siguiente:
“La Alzada incurrió en errónea interpretación del artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, al afirmar que es deber del Ministerio Público agotar las vías para la comparecencia de los testigos, por lo tanto la consecuencia debe ser la nulidad del juicio y la celebración de nueva audiencia.”

jueves, 12 de febrero de 2015

Pronunciamiento en torno a la detención del abogado Tadeo Arriechi (Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital)



Suspensión temporal de portes de armas de fuego y blancas. Dispositivo Carnaval Seguro 2015



Resolución Conjunta N° 030 y N° 008929, mediante la cual se suspende de manera temporal el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de la implementación del «Dispositivo Carnaval Seguro 2015», para lo cual se establecen los días de restricción que en ella se indican

(Gaceta Oficial Nº 40.600 del 11 de febrero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ N° 030

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA N° 008929

204º, 155º y 16º

Fecha: 11 de febrero de 2015

RESOLUCIÓN CONJUNTA

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Decreto N° 1.345, de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha y el Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto N° 1.346, de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 62, 156 numerales 2, 7 y 33; 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en ejercicio de las competencias que les confiere lo dispuesto en el artículo 78 numerales 2, 17, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Decreto N° 1.439, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014; artículos 16, 18 y 20 del Decreto N° 1.473 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014; artículos 1, 2, 5, 15, 16, 26, 

miércoles, 11 de febrero de 2015

Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones (Resolución 8610)




(Gaceta Oficial N° 40.589 del 27 de enero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 23 de enero de 2015

204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN 008610

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 2,12 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, dicta las siguientes,

NORMAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO, LA PAZ SOCIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES

Resolución mediante la cual se crea Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador (2015)



Resolución Nº 350, mediante la cual se crea el Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador

(Gaceta Oficial N° 40.580 del 14 de enero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO, HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO

CONSULTORÍA JURÍDICA

RESOLUCIÓN N° 350

CARACAS, 10 DE DICIEMBRE DE 2014 204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, cuya denominación fue modificada mediante Decreto 1.293 de fecha 03 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.511 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 1, 3 y 13 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

CONSIDERANDO

Que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, tal y como lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcado dentro del segundo Gran Objetivo Histórico, fundamentado en principios y valores socialistas, asegurando la mayor suma de felicidad y seguridad social posible, inspirado en el pensamiento del Padre Libertador Simón Bolívar y profundizado por nuestro líder de la Revolución, Comandante Eterno Hugo Chávez Frías,

Reglamento Interno del Consejo de Ministros (Presidencia de la República)





Reglamento Interno del Consejo de Ministros

(Gaceta Oficial Nº 40.580 del 14 de enero de 2014)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 1.528 12 de diciembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y los numerales 2 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE MINISTROS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1º. El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, en su vocación de servicio al pueblo con lealtad, eficacia política, eficiencia y calidad revolucionaria, en el cumplimiento de las políticas públicas.

Naturaleza jurídica y principios

Artículo 2º. El Consejo de Ministros, es el órgano superior de dirección política, estratégica y administrativa de la Administración Pública Nacional. Está al servicio de la construcción del socialismo como proyecto nacional de desarrollo. Su organización y funcionamiento está sometido plenamente a la Constitución y a la Ley y se fundamentará en los principios constitucionales de participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones, así como en el resto de los principios jurídicos que rigen la organización y funcionamiento de los órganos de la Administración Pública Nacional, privando en todos los casos las razones de fondo sin formalismos inútiles. 

martes, 10 de febrero de 2015

Sumario de las Gacetas Oficiales correspondientes al mes de enero de 2015




Número 40.592. Caracas, viernes 30 de enero de 2015
AÑO CXLII - MES IV

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 1.593, mediante el cual se nombra al ciudadano Sergio Alexis Rodríguez Adam, como Viceministro de Gestión Comercial, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio./MJA>

Decreto N° 1.594, mediante el cual se nombra a la ciudadana Marianny Albertina Rosado Prieto, como Viceministra (E) de Comercio Exterior, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Vicepresidencia de la República

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Larry Daniel Devoe Márquez, como Director General de la Dirección General de Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República, en calidad de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 024, mediante la cual se publica el listado de los Entes descentralizados de este Ministerio con indicación del monto de la participación accionaria de la Empresa del Estado, y de la conformación del patrimonio, en los casos de los institutos públicos, institutos autónomos y fundaciones del Estado.

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

SUDEBAN

Resolución Nº 010.15, mediante la cual se autoriza el cambio de denominación social de Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., a Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A.

jueves, 5 de febrero de 2015

Diferencias entre la caducidad y la prescripción. Actos capaces de interrumpir la prescripción penal, clases de prescripción, forma de cómputo. (Sala Constitucional)



"...Vista las actas del expediente y oídas las exposiciones de quienes comparecieron a la audiencia constitucional, la Sala observa:
Primero, que la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 25 de marzo de 1998 casó de oficio la decisión emanada del Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal, anulando totalmente dicho fallo, por lo que la revocatoria del auto de detención dictado al accionante el 12 de agosto de 1997, quedó sin efecto alguno, habiendo ordenado el fallo de la Sala de Casación Penal, al nuevo tribunal de reenvío, que se pronunciara sobre la responsabilidad de los indiciados. En consecuencia, cuando el fallo impugnado del 13 de septiembre de 1999, emanado del Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal dicta el auto de detención al impugnante, no está infringiendo cosa juzgada alguna a favor de Rafael Alcántara Van Nathan y, por lo tanto, la denuncia de violación de la cosa juzgada no es procedente, y así se declara.

Segundo, la decisión del 13 de septiembre de 1999 se limitó a aplicar un tipo penal previsto en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas, ley que no se encuentra derogada y, por lo tanto, no es cierta la denuncia que se haya aplicado para al auto de detención un procedimiento distinto al que correspondía al régimen de transición penal vigente para el año 1999. Por lo tanto, en cumplimiento de la orden de la Sala de Casación Penal, la juez de reenvío no podía aplicar las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, en base al artículo 502 eiusdem, ya que las normas de dicho Código se aplican en relación a los procesos que se inicien con la vigencia del Código, y el proceso donde se dictó la decisión del 13 de septiembre de 1999 existía con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

Tercero, con respecto a la denuncia del quejoso de que su juez natural era una Corte de Apelaciones y no un Tribunal de Reenvío, la Sala acota que, por mandato del fallo de Sala de Casación Penal del 25 de marzo de 1998, el proceso tenía que ser resuelto por un tribunal de reenvío como en efecto sucedió, por lo que no existió infracción constitucional de ningún tipo en tal designación, y así se declara.

Cuarto, con relación al alegato de que el delito imputado a Rafael Alcántara Van Nathan, estaba prescrito por haber transcurrido siete (7) años y ocho (8) meses desde la fecha en que comenzó el proceso (30/09/93), es criterio de esta Sala que, mientras un proceso se encuentra activo, la prescripción se ve sucesivamente interrumpida, a menos que se de el supuesto del artículo 110 del Código Penal, que no es el de una prescripción.

En respecto a la prescripción extintiva, debe la Sala acotar lo siguiente:

La mayoría de los derechos son susceptibles de perderse por la inacción de sus titulares durante el plazo fijado por la ley y, aunque el artículo 1952 del Código Civil, al definirla, se refiere a la liberación de obligaciones, otras normas se remiten a derechos (artículo 1979, por ejemplo), y otras a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una figura netamente procesal, como la acción, puede perderse por su falta de ejercicio dentro del plazo fijado por la ley.

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