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viernes, 30 de noviembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.061 correspondiente al día jueves 29 de noviembre de 2012



Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 9.307, mediante el cual se nombra como Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de Encargado, a partir del 30 de noviembre de 2012 y hasta el 01 de diciembre del mismo año, al ciudadano Héctor Augusto Navarro Díaz.

Ministerio del Poder Popular de Industrias

Resolución Nº 094, mediante la cual se aprueba la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013 de este Ministerio, constituida por la Unidad Administradora Central y las Unidades Ejecutoras Locales que en ella se señalan - (Se reimprime por discrepancias en los originales).

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

Acta. (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 1 de la Sociedad Anónima Centro Técnico Productivo Socialista José Laurencio Silva, S.A).

jueves, 29 de noviembre de 2012

II CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL Y CRIMINALISTICA EN HOMENAJE AL DR. LEONARDO PEREIRA MELENDEZ

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

LUGAR: AUDITORIUM PEDRO LAGUNA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ALONZO GAMERO. CORO. ESTADO FALCÓN.

HORA: 8 AM A 6 PM.
HORAS ACADEMICAS: 8 HORAS

FACILITADORES:

MAGISTRADA  BLANCA ROSA MARMOL DE LEON
TEMA: ADMISIÓN DE LOS HECHOS. TEORÍA Y PRÁCTICA

JOSÉ LUIS VEGAS ROCHE.
TEMA: COLISION DE INTERESES. IUS PUNIENDIS -sic- VS DERECHOS DE LA VICTIMA.

EDDI GILBERTO ROSALES SANNAZZARO.
TEMA: LOS REQUISITOS DE FORMA DE LA ACUSACION FISCAL. VISION ANALITICA

MARIO ANTONIO DEL GIUDICE FRANCO.
TEMA: LAS  PRERROGATIVAS DEL "MANUAL UNICO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS".  LA VISION CRIMINALÍSTICA DE LAS PRUEBA.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.060 correspondiente al día miércoles 28 de noviembre de 2012


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 297, mediante la cual se confiere la condecoración «Orden Francisco de Miranda», en su Tercera Clase «Oficial», al ciudadano Alfredo Roberto Missair.

Resoluciones Nros. 298, 299 y 300, mediante las cuales se designa a la ciudadana y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. (María V. Mendoza M., Presidenta del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía; Ildemar R. Soto M., Director General E. de la Oficina Nacional de Supervisión Disciplinaria y Pablo E. Fernández B., Director General del Servicio de Policía y Oficinas Técnicas).

Sistema Integrado de Policía

Providencia Nº 0055, mediante la cual se deja sin efecto la designación como miembros integrantes del Consejo Disciplinario del Instituto Municipal de Seguridad Ciudadana de Cabimas, estado Zulia, a los ciudadanos y ciudadana que en ella se señalan. (Manuele A. Manrique B., y Jhonny E. Finol A).

Dirección de Determinación de Responsabilidades

Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos que en ella se mencionan, y se impone multa por la cantidad que en ella se indica.- (Se reimprime por error de Imprenta). (Reimpresión G.O. N° 40.059, José G. Longa G., Alexis E., Sánchez P., Visencio Romero; Multa por Bs. 30.250,00).

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.059 correspondiente al día martes 27 de noviembre de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se mencionan, de los diferentes organismos de la Administración Pública, Ordenadores de Compromisos y Pagos y sus Entes Adscritos, y al Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se mencionan. (MPP para Relaciones Interiores y Justicia, Bs. 1.629.434.605,10; Gobierno del Distrito Federal, Bs. 4.712.278,87 y Bs. 54.696.530,28; Diferentes Organismos de la Administración Pública Ordenadores de Compromisos y Pagos y sus entes adscritos Bs. 288.729.571,00; MPP de Planificación y Finanzas, Bs. 181.995.251,63).

Presidencia de la República

Decreto N° 9.298, mediante el cual se nombra al ciudadano Ramón Antonio Yánez Marro, Encargado del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, desde el día 25 de noviembre hasta el 05 de diciembre de 2012, ambas fechas inclusive.

Decreto N° 9.299, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, que se denominará «Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.

Decreto N° 9.300, mediante el cual se aprueba el X Plan Excepcional para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, Materia Prima para la Elaboración de Alimentos y Otros Productos Agroalimentarios de Primera Necesidad.

Decreto N° 9.301, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los diferentes ordenadores de compromisos y pagos y entes adscritos. (Diferentes Ordenadores Compromisos y Pagos y entes adscritos, Bs. 288.729.571,00).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.058 correspondiente al día lunes 26 de noviembre de 2012



Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resoluciones Nros. DM/196-1 y DM/196-2, mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, Encargadas de Negocios Ad Hoc y Ad Interim, en las Embajadas que en ellas se señalan. (Maritza Barreto y Mariela Casado).

Resoluciones Nros. DM/196-5 y DM/196-6, mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, Jefes Interinos de los Consulados que en ellas se señalan. (Carmen L., Ángulo y Milagros Mendoza G.)

Resoluciones Nros. DM/196-3 y DM/196-4, mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, como Encargados de Negocios Ad Interim en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Países que en ellas se señalan. (Nereida Levinzon, en la República de Argentina y Pedro L. Penso, en la República de Nicaragua)

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Resolución Nº 024873, mediante la cual se designa al ciudadano General de División Alexis Ascensión López Ramírez, responsable del Proyecto Presupuestario de este Ministerio, para el Ejercicio Fiscal 2012.

Resolución Nº 024874, mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Alexis Ascensión López Ramírez, en su carácter de Viceministro de Educación para la Defensa, la facultad de firmar los actos y documentos que en ella se mencionan. (Certificación de títulos, convenios y contrato de los becarios).

Resolución Nº 024875, mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Hurdis Roberto Llewelyn Holder Pérez, en su carácter de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, la facultad de suscribir las órdenes Generales de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores (Obreros) que prestan servicio a este Ministerio, al igual que las Rectificaciones inherentes a dichos actos administrativos.

Resolución Nº 024877, mediante la cual se nombra al ciudadano Coronel José Santiago Moreno Martínez, Director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Dirección General de Empresas y Servicios del Despacho del Viceministro de Servicios.

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la inconstitucionalidad de la Constitución del Estado Cojedes promulgada el 29 de noviembre de 2002 y declara la vigencia de la Constitución del Estado Cojedes promulgada el 19 de octubre de 1990


La parte demandante denuncia la violación del cumplimiento de los requerimientos atinentes al proceso de formación de la Constitución del Estado Cojedes, promulgada el 29 de noviembre de 2002 en la Gaceta de esa entidad n° 197. Para ello, en un primer orden plantea la denuncia de incumplimiento de los elementos que infunden el principio de participación ciudadana referente a la consulta popular del texto promulgado y al número de discusiones al que debió someterse el Texto Constitucional. Igualmente, sostiene que la Constitución del Estado Cojedes, como instrumento normativo estadal, no se sujetó a los lineamientos previstos en la normativa nacional contemplados en la Ley Orgánica de los Consejos de los Estados que condiciona determinadas regulaciones formales en el proceso de formación de las Constituciones Estadales. Asimismo, planteó que la misma Constitución del Estado Cojedes que le antecede a este nuevo texto normativo mantenía una serie de requerimientos para la modificación que fueron desconocidos y sindican la nulidad del marco normativo cuya finalidad es sustituirla.
Por su parte, el representante judicial del Consejo Legislativo del Estado Cojedes, parte antagónica a la pretensión de nulidad planteada por ese Ejecutivo Estadal, sostiene el correcto cumplimiento de los procedimientos de participación ciudadana y que la formación estructural de la última Constitución Estadal fueron cabalmente cumplidos al emplazar a los sectores regionales y municipales que debían involucrarse. A su vez, acusó el correcto apego al marco normativo nacional para el proceso de formación de la Constitución del Estado Cojedes, excluyendo de este punto la necesidad de establecer la satisfacción de cualquier requerimiento formal previsto o exigido por la Constitución estadal anterior. Considera que dicho instrumento no puede establecer requerimientos para su modificación sin colidir con las exigencias previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco legal nacional atinente a la normación de los instrumentos normativos de carácter estadal.
Ambas partes presentaron sus aportes probatorios a los fines de sostener sus pretensiones referentes al cumplimiento o incumplimiento en el proceso de formación de la Constitución del Estado Cojedes de 2002.
A tal efecto, esta Sala procede a considerar el aspecto de nulidad formal del instrumento impugnado, atendiendo a las consideraciones y probanzas presentadas. En este sentido, expone:
En primer orden, visto los términos sobre los cuales se pretende la nulidad, resulta necesario establecer la correlación en torno a los mismos y su vinculación con los medios de defensa que sostienen la validez de la Constitución del Estado Cojedes de 2002. Para ello, resulta necesario determinar los siguientes aspectos fundamentales respecto a las Constituciones Estadales: (i) su naturaleza y rango dentro del ordenamiento; (ii) los mecanismos referentes a su modificación y el estamento jurídico a seguir para su implementación.
Resulta necesario precisar la naturaleza jurídica y rango de las Constituciones estadales, toda vez que en este caso la aplicación del vocablo constitución no se refiere a una norma principista y principalista equiparable a lo que debe entenderse como Constitución en sentido material.

martes, 27 de noviembre de 2012

Sentencia VINCULANTE que aclara la sentencia 1268/2012 y establece en ejercicio de la jurisdicción normativa, la forma, plazos, medios de prueba, suficiencia o insuficiencia de elementos de convicción, conflictos de intereses y demás requisitos de forma y fondo para que la víctima presente acusación particular -con prescindencia del Ministerio Público- en los delitos de violencia contra la mujer (Sala Constitucional)


Ahora bien, la Sala precisa que algunas de las interrogantes planteadas recaen sobre aspectos procesales penales que no fueron objeto de consideración directa en la sentencia N° 1268/2012.
Sin embargo, otras ameritan que esta Sala Constitucional, como máximo garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, haga uso de la figura de la aclaratoria y de la ampliación, con el objeto de velar por la efectiva ejecución de lo señalado en el fallo N° 1268/2012 y garantizar, además, los derechos fundamentales de los sujetos activos y pasivos de los delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A tal efecto, la Sala, debe precisar lo siguiente:
            1.- Con relación al primer punto desarrollado por esta Sala en la sentencia objeto de aclaratoria, referido a la interpretación constitucional del artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se precisa lo siguiente:
La Sala señaló, con base al principio de brevedad en que se funda el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer, que lo diferencia de otros procesos penales, y del contenido del artículo 26 constitucional, que el lapso de tres (3) días hábiles siguientes para interponer recurso de apelación establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aplicable tanto para sentencias definitivas y autos dictados en ese procedimiento.
Ahora bien, respecto de la anterior afirmación el Ministerio Público planteó, en la solicitud de aclaratoria, las siguientes interrogantes:
¿Conforme a qué disposición el Ministerio Público podrá ejercer recurso de apelación contra una decisión dictada en la audiencia preliminar, siendo que el artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone que este artículo se refiere a la apelación de sentencias dictadas con ocasión de la celebración de un juicio oral y público y no de una audiencia preliminar?
¿Conforme a cuál disposición se realizará la apelación de auto en el procedimiento especial de la Violencia de Género?
¿Se aplicará el lapso previsto en el artículo 109 de la Ley especial o el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal (G.O 14-9-09)?
Las anteriores interrogantes permiten a la Sala realizar las siguientes precisiones:
El análisis constitucional que realizó la Sala del artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se circunscribe solamente al lapso para interponer el recurso de apelación de las sentencias y autos dictados en el proceso especial para el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer, esto es, un lapso común de tres (3) días hábiles siguientes, por lo que cualquier apelación que se intente contra cualquier decisión dictada en ese procedimiento tendrá la citada disposición normativa como base jurídica; sólo se aplica el contenido del artículo 108 eiusdem respecto de la oportunidad de interposición de la impugnación, por tanto, los motivos para que proceda la apelación de autos son distintos a los motivos de la procedencia de la apelación de sentencia señalados en el artículo 109 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y serán aquellos contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, aplicables supletoriamente al procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer conforme con el contenido del artículo 64 de la Ley especial.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.057 correspondiente al día viernes 23 de noviembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo del Sector Petroindustrial entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina.

Acuerdo en respaldo al ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2013-2015.

Acuerdo en Conmemoración del Centésimo Aniversario del Natalicio de la extraordinaria venezolana Fedora Alemán.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución N° 294, mediante la cual se encomienda por razones de eficacia en la ciudadana Lisbeth Marilyn Rojas Ramírez, para que realice las suscripciones de contratos y órdenes de pagos, con recursos financieros aprobados por este Ministerio, de los compromisos realizados con ocasión a la ejecución de los proyectos que en ella se mencionan. (Plan Nacional de Prevención comunal a través de la Misión 13 de abril; Redimensionamiento de la Red Tetra de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del MRIJ de la República Bolivariana de Venezuela; entre otros).

Resolución N° 295, mediante la cual se anulan y en consecuencia quedan sin efecto las credenciales, o cualquier otra acreditación otorgada Ad Honorem u Honorarios, a ciudadanos o ciudadanas ajenas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Resolución N° 296, mediante la cual se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes del Instituto de Previsión Social para el Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. (Cargos: Presidente; Vicepresidente; Asesor Jurídico; Secretario de Prevención Social y Servicio Médico; Secretario de Administración y Proveeduría; Secretario de Relaciones Públicas, Actas y Correspondencia).

viernes, 23 de noviembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.056 correspondiente al día jueves 22 de noviembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Farih Eduardo Fraija Norwood, como Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional «Willian Lara».

Presidencia de la República

Decreto N° 9.296, mediante el cual se declaran tres (03) días de duelo entre el 22 y el 24 de noviembre del presente año, en el Ámbito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el lamentable accidente y penosa pérdida del ciudadano Mayor (AVB) José Marín Barrios, Oficial Instructor, ocurrido durante la práctica con motivo del desfile para el aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, en la Base Aérea El Libertador (BAEL), Palo Negro, Maracay, estado Aragua.

Decreto N° 9.297, mediante el cual se nombra al ciudadano General de División Alexis Ascención López Ramírez, como Viceministro de Educación para la Defensa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Vicepresidencia de la República

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Carlos Erik Malpica Flores, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, en calidad de Encargado, las atribuciones y la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. (Autoriza las modificaciones presupuestarias por fuentes de financiamiento, y las que requieran los entes descentralizados, autorizar la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las sociedades mercantiles y los entes descentralizados con fines empresariales, entre otros).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jeanpier José Anaya Salas, como Ministro Consejero en Comisión, Encargado de negocios Ad Interim, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Chipre.

Resolución mediante la cual cesa la Encargaduría de la ciudadana Edith Johana Castro Ortiz, como Directora General para América Latina y El Caribe en el Despacho de la Viceministra para América Latina y El Caribe de este Ministerio.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Sala de Casación Civil dicta condenatoria en costas a través de una solicitud de ampliación de sentencia

"...Apoderado judicial de la sociedad mercantil ALFAJUL R.E., C.A., solicita de forma oportuna, ampliación de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 9 del presente mes y año, bajo los siguientes fundamentos: “…Vista la sentencia dictada por esta Sala en fecha 9 de octubre de 2012, mediante la cual se declara con lugar el recurso de casación anunciado y formulado por mi representada, y visto igualmente que como consecuencia de dicha sentencia, mi representada resultó totalmente gananciosa en el juicio, de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, solicito respetuosamente a esta Sala que por vía de aclaratoria amplíe el contenido de la sentencia, en el sentido que señale que la parte demandada ha sido condenada al pago de costas procesales en el juicio. Si bien es cierto que la sentencia no condena a la parte perdidosa en las costas del recurso de casación, en la misma no hay pronunciamiento respecto a las costas del juicio. Vale señalar que este proceso se prolongó por más de 3 años (desde el 25 de septiembre de 2009), debido a la negativa de la demandada a aceptar la oferta que esta sentencia declaró procedente…”.
El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, contempla la posibilidad que, a petición de parte, en el día de la publicación o en el siguiente, puedan acordarse aclaratorias o ampliaciones de los fallos definitivos o interlocutorios sujetos a apelación. En efecto la norma en comentario es del tenor siguiente:
“…Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente…”.

Sobre la facultad de solicitar aclaratorias o ampliaciones de la sentencia, esta Sala, ha expresado entre otras en decisión N° 1, en fecha 14 de febrero de 2011, expediente N° 10-541, caso: Jacinto A. Torres Torres, contra Servicios San Antonio Internacional, lo que a continuación se transcribe:
“…Al respecto, esta Sala ha indicado que la facultad de solicitar aclaratorias o ampliaciones del fallo de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, o cuando no esté claro el alcance del fallo en determinado punto, o se haya dejado de resolver algún pedimento, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya dictado. (Sentencia N° 539 de fecha 30 de noviembre de 2005, Expediente N° 03-301).
Asimismo, la Sala ha establecido que las aclaratorias de las sentencias deben estar referidas siempre al dispositivo del mismo, y no a sus fundamentos o motivos, pues sólo en la ejecución de aquél es que puede presentarse conflicto entre las partes. (Véase, entre otras, sentencia del 7 de diciembre de 1994, caso: Inmobiliaria Latina C.A. contra José María Freire, y del 15 de noviembre de 2002, caso: 23-21 Oficina Técnica de Construcciones C.A. contra Banco Unión S.A.C.A y otro.)…”.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.055 correspondiente al día miércoles 21 de noviembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo en condena a la agresión por parte del Estado de Israel contra el Pueblo de Palestina en la Franja de Gaza y hacemos un llamado a la paz y al respeto de los Acuerdos de Oslo suscritos por el Parlamento Israelí y la Autoridad Nacional Palestina.

Presidencia de la República

Decreto N° 9.282, mediante el cual se transfiere a la Vicepresidencia de la República el proyecto «Solución Tecnológica Integral para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería», conocido como Proyecto Identidad.

Decreto N° 9.283, mediante el cual se nombra al ciudadano Luis Rodolfo Bracho Magdaleno, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Central de Planificación.

Decreto N° 9.284, mediante el cual se cambia la denominación del Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército, que en adelante se denominará Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión Permanente de Contrataciones de este Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. (Miembros principales y suplentes en las áreas jurídicas, económica-financiera y técnica y secretaria)

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación

FONACIT

Providencia N° 012-133, mediante la cual se designa a la ciudadana Betsy Coromoto Cura Pinero, como Auditor Interno Interino de la Unidad de Auditoría Interna de este Fondo.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Formas de computar los lapsos de la prescripción ordinaria y de la prescripción judicial o extraordinaria (Sala de Casación Penal)

       "...De tal manera que, siendo la prescripción materia de orden público, esta Sala de Casación Penal Accidental, seguidamente pasa a revisar la misma sobre las presentes consideraciones:

La prescripción es una limitación al ius puniendi, entendida ésta como la facultad otorgada legalmente al Estado para la persecución y castigo de los delitos. Dicha limitación se presenta tanto por el transcurrir del tiempo como por la inacción de los órganos jurisdiccionales en la administración de la justicia, estableciéndose en el Código Penal los presupuestos que motivan la prescripción, complementando esta materia la doctrina y constantes decisiones de este Alto Tribunal de la República.

Es por ello que la Sala ha indicado en sentencia No. 251 del seis (6) de junio de 2006, que: "La doctrina penal especializada, ha precisado dos circunstancias para el establecimiento de la prescripción: la primera de ellas referida al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial)". 

Por su parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia No. 1.118 del veinticinco (25) de junio de 2001, estableció la conceptualización de la prescripción judicial o procesal como un término de caducidad y no de prescripción propiamente, “por ser ininterrumpible por actos procesales”.

Decisión referida donde asimismo se estableció tal y como igualmente lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, que el proceso penal comienza en la fase investigativa, de lo que deriva entonces que tanto la citación del imputado como su declaración se equipararán a la citación para rendir declaración, convirtiéndose en actos interruptivos de la prescripción.

Por su parte, el artículo 110 del Código Penal refiere que la prescripción ordinaria puede ser interrumpida a través de diferentes actos procesales, por lo que cualquiera de dichas actuaciones interrumpen la misma, comenzando a computarse nuevamente ésta a partir de la fecha del último acto procesal que motivó la  interrupción.

Texto de la Ponencia de la Dra. Luisa Ortega Díaz presentada en el IX Foro de Derecho de la Infancia


"Es innegable que vivimos en una sociedad de consumo que se vale de todos los medios de comunicación y todas las redes para llegar a los adolescentes… y no solamente eso, sino que se demuestra que el éxito, la popularidad y la felicidad, están estrechamente ligados a la marca de los zapatos que se usen, el modelo de ropa o el teléfono celular de última generación.

Lamentablemente este modelo se repite en algunos núcleos familiares que los padres basan el éxito en la obtención de bienes materiales y así sentirse realizados. Con que moral podemos exigir que no delincan para obtener los bienes materiales que desean, cuando nuestra conducta les enseña que son importantes las apariencias, las posesiones y los símbolos del estatus.

Entonces la prevención del delito debe comenzar en el hogar y con el ejemplo cuando el día a día nos muestra que las cosas de la vida, que son verdaderamente importante, no tienen valor monetario.

Si se pide erradicar estos modelos nocivos de nuestros jóvenes, deberíamos por empezar a dar el ejemplo, y preocuparnos porque tengan la mejor educación moral, ética y académica posible, ya que el día de mañana esta será su herramienta fundamental para su supervivencia en la sociedad.

Debemos enseñarle el placer por el deporte, el placer de la vida sana, ya que es en esta etapa de la vida que se adquieren muchos hábitos y mientras más sanos sean, mejores resultados brindarán a largo plazo.

En consecuencia, no sólo el placer por el deporte, por la cultura, por la lectura, por los buenos hábitos.

Y hablar de prevención de lo que se trata es de evitar el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social y ética, por lo tanto la prevención debe ser integral, debiendo comprometer al Estado, la sociedad y la familia, así como procurando la promoción de valores como la solidaridad, el respeto y la humildad.

La prevención esta relacionada con oportunidades plenas para el ejercicio del derecho, enfrentando o reduciendo las condiciones de pobreza, exclusión social, violencia, evitando la exclusión social, la violencia, la explotación y la deserción escolar entre muchas otras, para permitir el ejercicio pleno de los derechos de niños niñas y adolescentes y que puedan contar con las oportunidades de pleno desarrollo de sus capacidades.

Oportunidad de empleo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Oportunidades de empleo en la CIDH
Título: Abogado/ especialista en derechos humanos
Grado: P01
Tipo de contrato: Corto Plazo - Serie A
Duración del contrato: 6 meses
Anuncio Número: ST-E0/48/12
Ver el anuncio en la página Web de la OEA / Presentarse a este puesto aquí (sólo disponible en inglés)
Plazo para presentarse vence el 7 de diciembre de 2012
Descripción del puesto en pdf
Título: Abogado/a especialista en derechos humanos
Grado: P03
Tipo de contrato: 12 meses
Anuncio Número: ST-EO/47/12
Ver el anuncio en la página Web de la OEA / Presentarse a este puesto aquí (sólo disponible en inglés)
Plazo para presentarse vence el 7 de diciembre de 2012
Descripción del puesto en pdf


Resolución mediante la cual se establece la tabla de valor de construcción (Bs./M2) por tipologías de viviendas unifamiliares y multifamiliares en arrendamiento, que será utilizada para el cálculo del justo valor establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. (Los valores aquí especificados estarán vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2013).


(Gaceta Oficial Nº 40.054 del 19 de noviembre de 2012)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

DESPACHO DEL MINISTRO

CONSULTORÍA JURÍDICA

NÚMERO: 203

Caracas, 20 de noviembre de 2012

202°y 153°

RESOLUCIÓN

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto N° 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha; al Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial N° 39.451 de la misma fecha; reimpresa por error material en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, en concordancia con el artículo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, y de conformidad con el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, de fecha 18 de enero de 2011, este Despacho Ministerial, de conformidad a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en concordancia a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. CONSIDERANDO

Que con la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se estableció el nuevo régimen jurídico especial de arrendamientos de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente, en el marco de la novedosa legislación y política nacional de vivienda y hábitat. como un sistema integrado dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población: contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano, y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de refundación de la República, establecido en nuestra Carta Magna.

CONSIDERANDO

Que de conformidad al artículo 74 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se le otorga al Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat el deber de fijar el valor de construcción, expresado en bolívares por metro cuadrado, que servirá de base para determinar el valor de reposición de los inmuebles, a fin de determinar el canon de arrendamiento.

CONSIDERANDO

Que la materia de arrendamientos se rige bajo los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad social, sostenibilidad, transparencia, progresividad, a los fines de encontrar nuevos medios de desarrollo Integral del Ser Humano en armonía con la realidad social actual del país.

JORNADA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C.O.P.P.


JORNADA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C.O.P.P.


Dirigida a: Abogados en ejercicio, Estudiantes, Defensores e Inspectores de la Defensoría Pública, Fiscales del Ministerio Público e Inspectores de Tribunales

A celebrarse el Sábado 24 de Noviembre de 2012

SEDE: Av. Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 15, Ofc. 15-3, Municipio Chacao, Edo Miranda.

Costo: Bs. 500,00 por participante, Estudiantes Bs. 250,00
 los cuales serán cancelados mediante depósito en efectivo en la Cuenta Corriente Nº  0134-0331-73-3311073124 del  Banco Banesco, a favor de esta Institución. Rif: J- 30192997-7

Incluye: Material, Refrigerio y Certificado de Asistencia

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.054 correspondiente al día martes 20 de noviembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo en Conmemoración de los Doscientos Veintitrés Años del Natalicio del General José Antonio Anzoátegui.

Acuerdo con motivo de celebrarse el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y el Sexto Aniversario de la Promulgación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Acuerdo mediante el cual se corrige por error material el Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2012, en los términos que en él se indican. (Publicado en la GO Nº 40.049, donde se decretó un Crédito Adicional Presupuestario de Gastos vigente para el Gobierno del Distrito Capital por Bs. 17.261.781,00).

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes para el Consejo Nacional Electoral y los Ministerios que en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se especifican. (MPP para la Educación, Bs. 6.765.139.313,18; MPP para la Cultura, Bs. 114.500.000,00; MPP para Petróleo y Minería, Bs. 436.426.663,00; MPP para el Trabajo y Seguridad Social, Bs. 890.896.978,84; MPP para Agricultura y Tierras, Bs. 257.298.296,00; MPP de Industrias, Bs. 3.804.115.247,00 y Bs. 1.050.845.360,00).

Presidencia de la República

Decreto N° 9.285, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Acciones Específicas de distintos Proyectos y/o Acciones Centralizadas, Superior al 20%, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. (Bs. 2.636.672,29).

Decreto N° 9.286, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (Bs. 154.300,00).

Decreto N° 9.287, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios que implica un incremento de Gasto Corriente en detrimento de Gasto de Capital, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. (Bs. 116.032,00).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.053 correspondiente al día lunes 19 de noviembre de 2012


Sumario

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Resolución N° 3265,mediante la cual se deroga la Resolución N° 3213, de fecha 09 de mayo de 2012, en los términos que en ella se indican. (G.O. N° 39.918, del 09 de mayo de 2012, mediante la cual se designa al ciudadano Wilson J. Briceño C., como Director de Operaciones de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública).

Acta. (Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A.).

SENIAT

Providencia N° SNAT/2012-0059, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de octubre de 2012. (18,13%).

Superintendencia de Bienes Públicos

Providencia N° 004-2012, mediante la cual se dictan las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos.

ONCOP

Providencia N° 12-011, mediante la cual se corrige por error material la Providencia Administrativa N° 12-004, de fecha 01 de febrero de 2012, en los términos que en ella se señalan. (G.O N° 39.861 del 09/02/2012, mediante la cual se designa a la ciudadana Luz M. Balza L., Directora de Dirección de Soporte de Aplicaciones de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública)

Providencia N° 12-012, mediante la cual se Encarga al ciudadano Wilson José Briceño Carrillo, como Director de Operaciones, adscrito a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de esta Oficina.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.052 correspondiente al día viernes 16 de noviembre de 2012



Sumario

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

Resolución N° 8080, mediante la cual se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

INPSASEL

Providencias Nros. ORH-2012-075, ORH-2012-076 y ORH-2012-077, mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, adscritas a este Instituto. (Mery E. Hernández V., como Coordinadora Regional de Sanciones en DIRESAT Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta; Militza Hurtado A., como Directora Regional E de DIRESAT Portuguesa y Cojedes; y Mary J. León L., como Coordinadora de Determinación de Responsabilidades).

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Resolución N° 146, mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 145, de fecha 27 de septiembre de 2012, en los términos que en ella se indican. (Publicada en la GO Nº 40.046, mediante la cual se Concedió el Beneficio de Jubilación Ordinaria al ciudadano José G. Coronado M.).

Ministerios del Poder Popular para la Energía Eléctrica y para el Comercio

Resolución Conjunta N° 2012-0005, mediante la cual se dicta el Reglamento Técnico para el Etiquetado de Eficiencia Energética en Acondicionadores de Aire.

Tribunal Supremo de Justicia

Resolución N° 2012-0005, mediante la cual se procede a la implementación de tres (3) Tribunales de Violencia Contra la Mujer, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Resolución N° 2012-0006, mediante la cual se procede a la implementación de dos (2) Tribunales con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer en la Circunscripción Judicial del estado Lara.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Acerca del control judicial de la acusación fiscal y la excepción relativa a que los hechos no revisten carácter penal (Sala de Casación Penal)

"...En este contexto, la Sala de Casación Penal constató que el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en su decisión del(12) de julio de 2010, se fundamentó en la sentencia No. 1676 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de fecha tres (3) de junio de 2007, que permite al juez o jueza de control, entrar a resolver la atipicidad de los hechos expuestos en la acusación presentada. Y al efecto, en resumen determinó:

a)     Que la firma que aparece en el documento autenticado en fecha ocho (8) de octubre de 2003, fue realizada por una persona distinta al ciudadano JHONNY NÚÑEZ TORRES.
b)    Que no se logró determinar su autoría con respecto a las muestras de carácter indubitado facilitadas para el cotejo.
c)      Que del resto de los elementos de convicción que cursan en las actas y que explanó el Ministerio Publico en su acusación, así como se plasmó en la acusación particular propiano demuestran que los acusados ENRIQUE EMIGDIO VERHELTSFÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, tenían conocimiento de la falsedad de la firma ni del documento, como tampoco que hayan usado el mismo con tal finalidad.
d)    Que existen irregularidades administrativas en la Notaría Trigésima Sexta del Área Metropolitana de Caracas.
e)     Que los hechos que se pretenden atribuir a los acusados de autos no revisten carácter penal, y por tanto son atípicos porque falta un requisito esencial constitutivo de delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, como lo es el elemento subjetivo.

     Visto lo anterior, esta Sala reitera que durante la fase intermedia del proceso penal el juez o la jueza ejerce el control de la acusación, lo cual conlleva la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, constituyendo esta fase un filtro para evitar acusaciones infundadas y arbitrarias. Y para ello, se requiere que la representación judicial sea sumamente cautelosa en la evaluación de los elementos de convicción aportados, sobretodo cuando se valora la subsunción o no de los hechos en un tipo penal que puede ser determinante en la atipicidad de los mismos.

Ello es así, por cuanto el propósito del proceso penal es la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima, en el caso bajo análisis, la Sala observa con preocupación que la jueza de control afirme que los hechos denunciados no revestían carácter penal, no obstante haber determinado tanto la falsedad de la firma del ciudadano JHONNY NÚÑEZ TORRES (difunto) como del Acta de Asamblea de Accionistas del ocho (8) de octubre de 2003, cuestionando a su vez la actuación verificada en una notaría.

En efecto, el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas determinó que los hechos no revestían carácter penal y que no podían atribuírseles a los acusados sobre la base de las “entrevistas realizadas a los ciudadanos imputados ENRIQUE EMIGDIO VERHELTSFÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, los cuales fueron contestes en manifestar que el ciudadano JHONNY NÚÑEZ TORRES fue la persona que organizó todo para la firma del documento de venta de las acciones de la Empresa Calle Ciega C.A., en la Notaría, y que luego ellos firmarían aparte el documento de fecha 08-10-2003, N° 39, Tomo 29 de la Notaría Trigésima Sexta del Área Metropolitana de Caracas”.

Los Tribunales de Violencia contra la Mujer no son competentes para conocer sobre procesos derivados de delitos de homicidio en grado de frustración

"... Por tales hechos, el referido ciudadano fue presentado ante el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que se declaró “incompetente para el conocimiento del presente asunto y…[declinó] el conocimiento del mismo en un tribunal de control especializado en materia de violencia contra la mujer”.

Es por ello, que el Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procedió a presentar al ciudadano RUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZpor ante el Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que planteó el conflicto de no conocer, considerando que la instancia fiscal precalificó los hechos objeto de este proceso en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 405 concatenado con el segundo aparte del artículo 80 ambos del Código Penal.

Ahora bien, los artículos 64, 65 parágrafo único y 118 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponen:

Artículo 64:

 “Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las aquí previstas. En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal y el supuesto especial a que se refiere el parágrafo único del artículo 65 de la presente Ley, la competencia corresponde a los tribunales penales ordinarios conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, los tribunales aplicarán las circunstancias agravantes aquí previstas cuando sean procedentes  y,  en general, observarán los principios y propósitos de la presente Ley”. (Subrayado del presente pronunciamiento).

Artículo 65:

“Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación, dando lugar de un incremento de la pena…Parágrafo ÚnicoEn los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal, cuando el autor sea el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, la pena a imponer será de veintiocho a treinta años de presidio”. (Subrayado de esta decisión).

Validez del testimonio rendido por un experto ad hoc durante la fase de juicio (Sala de Casación Penal)

"...Es decir, las experticias de comparación balística y de trayectoria balística fueron promovidas para su lectura, así como el testimonio de los expertos que las suscriben: ESTEBAN PAIVA y CARLOS COLMENARES. Admitidas para ser incorporadas en la audiencia de juicio mediante auto de apertura a juicio dictado por el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida el diez (10) de diciembre de 2009 (folios 818 al 825 de la pieza No. 3), que dispuso: “Tercero: Admite todos los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, por considerarlos necesarios, lícitos y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad en el presente proceso”.

Bajo otro aspecto, en cuanto a la incorporación de un experto ad-hoc a la audiencia oral y pública (esto es la ciudadana NEGLIS YUSMEY CONTRERAS LABRADOR), el juez de juicio justificó su dispositivo por la incomparecencia a las audiencias de los expertos ESTEBAN PAVA y CARLOS COLMENARES, a los fines que la experta ad hoc depusiera sobre lo que determinaron tales experticias.

Sobre este particular, se constató en el acta del debate del seis (6) de agosto de 2010 (cursante de los folios 1103 al 1106 de la pieza No. 5 del expediente de la presente causa), lo siguiente: “el Tribunal reanuda la audiencia manifestando a las partes que considera que debe declararse con lugar el pedimento hecho por el Fiscal del Ministerio Público al prescindir de los siguientes elementos de prueba…Considera el Tribunal que es necesaria la comparecencia del experto en Balística Esteban, en tal sentido se designa un experto ad hoc, y también se ordena la comparecencia del Funcionario Carlos Colmenares para lo cual igualmente se designa un experto ad hoc. Se deja constancia que el Tribunal en fecha 02/08/2010, había acordado la citación de Esteban Pava y Carlos Colmenares…Se le concede el derecho de palabra al Defensor…Procedo a oponer Recurso de Revocación…Una vez oídas a las partes, el Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de revocación presentado por la defensa y en consecuencia mantiene su decisión y la fundamenta en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que cuando el juez estime pertinente se puede nombrar a uno [o] mas peritos nuevos  de oficio para que lo examinen, por tanto se designa a un experto a los fines de que declare con relación a la experticia planteada, para lo cual se nombra la experta”.

Acerca de la gravedad del delito como uno de los elementos a verificar para conceder la radicación de un proceso judicial (Sala de Casación Penal)

"... la jurisprudencia reiterada por esta Sala establece que la gravedad de los delitos no está determinada en virtud del quantum de la pena que se le atribuye, sino por un conjunto de factores a considerar,  tales como: el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio para su comisión.  

          Y en el presente caso el delito grave está determinado por: 1) el daño irreparable ocasionado a las víctimas al producirse la muerte de los ciudadanos OSMAN MOTA MARTÍNEZ y DAVID MÁRQUEZ MARCANO; 2) las características de los acusados, quienes son funcionarios policiales adscritos a la Policía del Estado Bolívar, y 3) las circunstancias atribuidas a los hechos que refieren un presunto enfrentamiento policial.
                               
           Aunado a que, los delitos perpetrados por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, constituyen acciones contra los derechos fundamentales que agravan el  carácter lesivo de la actuación. Repudiando la colectividad los hechos delictivos ejecutados por funcionarios policiales,  ya que el rol social atribuido a éstos, implica la preeminencia de valores éticos en el deber de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos y de la propiedad. De ahí que, tales acontecimientos conmocionan a la colectividad y generan escándalo público en el lugar donde se han desarrollado, situación que ocurre en el presente caso y que indudablemente  influye en  la psiquis de los jueces o juezas a quienes les corresponda el conocimiento del asunto.

El peticionante del avocamiento de la Sala de Casación Penal tiene la carga procesal de adjuntar o acompañar todos los recaudos que permitan acreditar las supuestas violaciones de derechos constitucionales

"...Al respecto debe precisarse, la figura del avocamiento no puede convertirse en una vía para que el Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República, conozca de procesos cuyas pretensiones han resultado desfavorables para quien lo solicita, debido a que se trata de una institución que por mandato legal debe ser ejercida con mucho comedimiento y moderación, cuyo empleo sólo debe proceder en los casos de violaciones trascendentes o graves al ordenamiento jurídico, lo cual no se verificó en este caso. Así se decide.

Acorde con lo anterior esta Sala en sentencia No. 501 de fecha 21 de noviembre de 2006, precisó:

 “...no puede convertirse la figura del avocamiento en una vía para que el Tribunal Supremo de Justicia, conozca de procesos cuyas pretensiones han resultado desfavorables para quien lo solicita, debido a que se trata de una institución que por mandato legal debe ser ejercida con mucho comedimiento y moderación...”.

Asimismo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia  en sentencia No. 386 del 19 de octubre de 2011, precisó:

“…De otra parte, en cuanto al pedimento relativo a que la causa fuera nuevamente distribuida en otro tribunal de control, por considerar la Defensa que el juez de la causa emitió opinión, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el procedimiento para el control de las incapacidades subjetivas, que en algún momento dado del proceso puedan recaer en la persona de los jueces y demás funcionarios, tal como lo es la institución de la recusación e inhibición; no siendo por tanto el avocamiento el medio procesal para el control de éstas…”.  

 Por tanto, existiendo y habiéndose ejercido los recursos ordinarios que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, para el control de las presuntas incapacidades subjetivas de los jueces y funcionarios judiciales, no se verifica en el presente caso los supuestos de excepción para la admisión de la presente solicitud.

Finalmente, precisa la Sala que del expediente que continente la petición de avocamiento, la recurrente tampoco acompañó con el escrito contentivo de su solicitud, los documentos que demuestren que en el curso del proceso penal se hayan violado los derechos constitucionales de su defendido; lo que constituye, una carga procesal del solicitante del avocamiento, necesaria a los fines de extraer de dichos recaudos la información necesaria, para verificar las supuestas violaciones en que incurrió (según el dicho de la Defensa) la jueza FÁTIMA SEGOVIA, en contra del ciudadano OLLANTAY GONZÁLEZ SERGA, que hagan dudar de su parcialidad y honorabilidad.

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