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jueves, 30 de marzo de 2017

“Sentencia de la Sala Constitucional que declara que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”.






DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO DE MERO DERECHO

Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 445/2000, 226/2001, 1.684/2008, 1.547/2011 y 09/2016, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de otra normativa del ordenamiento jurídico vigente, y por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de nulidad presentada, los cuales se vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.
En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide.

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


         Efectuado el análisis correspondiente, así como declarada de mero derecho la presente causa pasa esta Sala a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

Observa la Sala que el objeto del presente asunto se circunscribe a interpretar el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en relación con el artículo 187, numeral 24, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto de la intervención de la Asamblea Nacional, en función de control político, en lo que respecta a las normas aludidas; considerando el notoriamente comunicacional y actual desacato por parte de la Asamblea Nacional, aunado a la omisión parlamentaria que genera, además de la situación que genera el Estado de Excepción vigente. 

Ahora bien, el artículo 187, numeral 24, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente:

“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
(…)
24.- Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.”

Por su parte, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos prevé lo siguiente:
Artículo 33. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Las empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, en cada caso particular, por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el informe que emita la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán las normas del Código de Comercio y las demás leyes que le fueran aplicables” [Resaltado nuestro].

Sobre esa última norma, los accionantes de autos plantean lo siguiente:

“…esa disposición Constitucional prevé que le corresponderá a la Asamblea Nacional, todo lo demás que le señalen la propia Constitución y la ley, y en el presente caso, la citada disposición legal señala la intervención de la Asamblea Nacional, en el contexto allí planteado y más allá de otras dudas interpretativas que pudieran generarse, esta representación advierte que la principal de ellas, en el contexto actual, gira en torno cómo debe interpretarse tal norma, ante la actuación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional y, de ser el caso, ante nuevas omisiones parlamentarias derivadas del mismo; circunstancia que requiere un pronunciamiento interpretativo que esclarezca, qué debería hacerse ante tal situación, respecto de la regla aludida, para permitir el funcionamiento del Estado y del sistema delineado en aquella ley en ese sentido, y además, para reforzar la seguridad jurídica por parte de la República Bolivariana de Venezuela.
(…)
Si “La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República”; ante el desacato y omisión parlamentaria de la actual Asamblea Nacional:
h.     ¿Se requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa?
i.      ¿Qué debe hacer el Ejecutivo ante tal circunstancia?
j.      ¿Tiene alguna incidencia adicional la existencia del actual Estado de Excepción?
k.     ¿A quién informará de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República?
Por otra parte, dispone la norma en cuestión que “La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes”.
l.      Al respecto, ante la actual situación de desacato y omisión de la Asamblea Nacional, la cual compromete todas sus actuaciones, conforme lo indicado por esa Sala Constitucional ¿La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes?
m.    ¿Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo, y de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo?
n.     Aunado ello, ¿Tendría alguna incidencia adicional la existencia del actual Estado de Excepción?

Al respecto, esta Sala Constitucional advierte que es público, notorio y comunicacional que la situación de desacato por parte de la Asamblea Nacional se mantiene de forma ininterrumpida hasta la presente fecha, razón por la que se estima necesario referir la posición que, al respecto tiene esta máxima y última intérprete, en garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Ley para las Personas con Discapacidad (2007)






(Gaceta Oficial Nº 38.598 del 5 de enero de 2007)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza jurídica y objeto

Artículo 1

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y tiene por objeto regular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia.

De los órganos y entes de la Administración Pública y las personas de derecho privado

Artículo 2

Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad, tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad, en especial su prevención, a fin de promover, proteger y asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al trabajo y las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República.

Cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacionales, estadales o municipales, que intervenga en la realización de actividades inherentes a la discapacidad, quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley. Ámbito de aplicación

Artículo 3

La presente Ley ampara a todos los venezolanos y venezolanas y extranjeros con discapacidad, en los términos previstos en esta Ley. La Ley amparará a los extranjeros y extranjeras que residan legalmente en el país o que se encuentren de tránsito y rige para los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad.

Principios

Artículo 4

Los principios que rigen las disposiciones de la presente Ley son: humanismo social, protagonismo, igualdad, cooperación, equidad, solidaridad, integración, no segregación, no discriminación, participación, corresponsabilidad, respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad humana, respeto por las capacidades en evolución de los niños y niñas con discapacidad, accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad personal, así como los aquí no enunciados y establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos, convenios, convenciones, acuerdos, declaraciones y compromisos internacionales e intergubernamentales validamente suscritos y ratificados o aceptados por la República.

Definición de discapacidad

Artículo 5

Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente. Definición de personas con discapacidad

Artículo 6

Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas, presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.

Se reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas, y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante; científica, técnica y profesionalmente calificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

Calificación y certificación de la discapacidad

Artículo 7

La calificación de la discapacidad es competencia de profesionales, técnicos y técnicas, especializados, y especializadas en la materia discapacidad, en el área de competencia pertinente, adscritos al Sistema Público Nacional de Salud. La calificación de la discapacidad es consecuencia de evaluación individual o colectiva efectuada con el propósito de determinar la condición, clase, tipo, grado y características de la discapacidad.

La certificación de la condición de Persona con Discapacidad, a los efectos de esta Ley, corresponderá al Consejo Nacional para personas con Discapacidad, el cual reconocerá y validará las evaluaciones, informes y certificados de la discapacidad que una persona tenga, expedidos por especialistas con competencia específica en el tipo de discapacidad del cual se trate. Tal certificación será requerida a los efectos del goce de los beneficios y asignaciones económicas y otros derechos económicos y sociales otorgados por parte del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con la ley. La calificación y certificación de la discapacidad laboral es competencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.

Las exoneraciones, ayudas especiales, becas, subvenciones, donaciones y otros beneficios previstos por razones de discapacidad, requieren para su otorgamiento, la consignación en la solicitud correspondiente, del certificado de persona con discapacidad, expedido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Lo previsto en esta norma no menoscaba o modifica las atribuciones y competencias atribuidas al Sistema de Seguridad Social.

Atención integral a las personas con discapacidad

miércoles, 29 de marzo de 2017

El recurso de queja contra las actuaciones de los jueces penales (Sala Constitucional)





No obstante lo anterior la Sala, estima pertinente revisar de oficio, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 336 del Texto Fundamental, la sentencia dictada el 4 de agosto de 2015, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el abogado Ernesto Mathison Morillo, contra la abogada María Cecilia Mostaffá Pérez en su condición de jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Al respecto, se observa.

El procedimiento especial de queja establecido en los artículo 829 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, fue instaurado por el legislador con un doble propósito, por una parte, en atención a la importante investidura de los encargados de administrar justicia, con el objeto de proteger a estos funcionarios de demandas que pudieran perjudicar el desempeño de sus funciones, por lo que su admisibilidad dependerá de que el libelo de la demanda cumpla con los requisitos impuestos por la Ley. Por otra parte, la acción de queja es la vía procesal para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces, conjueces y asociados de los tribunales, en caso de que por ignorancia o negligencia inexcusable pero sin dolo (artículo 831 eiusdem), sea causado a las partes, daño o perjuicio estimable en dinero, en el entendido que se tendrá siempre por inexcusable la ignorancia o negligencia cuando, aun sin intención, hubiese sido dictada providencia manifiestamente contraria a la ley expresa, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad que la ley mande observar bajo pena de nulidad (artículo 832 eiusdem), causándole a las partes un daño o perjuicio que debe ser estimado en dinero a los efectos de su posible resarcimiento. (Vid. Sentencias del Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena Nros. 55/2006, 68/2006 8/2013, entre otras).

En este sentido, cabe resaltar que el procedimiento de queja, si bien surge de la eventual responsabilidad del juez durante el desarrollo de su actividad jurisdiccional en un determinado proceso judicial, el mismo es distinto e independiente a éste. Al respecto, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, sostuvo en su sentencia N° 7 del 17 de febrero de 2004, en relación a la naturaleza del recurso de queja lo siguiente:

Existe en nuestro sistema jurídico un procedimiento para hacer valer la responsabilidad civil del juez, aplicable en el supuesto que una conducta inexcusable hubiese causado daños o perjuicios valorables en dinero, mediante el cual la  parte afectada por tal conducta puede quejarse judicialmente de tal proceder, entrando así en la esfera de las demandas para hacer efectiva la responsabilidad del juzgador. Este procedimiento especial de queja está contemplado en el Libro Cuarto, Capítulo II, Título IX, artículos 829 al 849 del Código de Procedimiento Civil.
La disposición contenida en el artículo 829 eiusdem, que inicia la regulación de este procedimiento, establece:
‘Podrá intentarse demanda contra los JuecesConjueces y Asociados de los Tribunales en los casos del presente Título, de conformidad con las disposiciones en él contenidas’.
De conformidad con la disposición arriba transcrita, la acción de queja se nos presenta como una acción típicamente subjetiva contra el juez querellado que se encuentre incurso en una conducta que encuadre dentro de las causales taxativamente previstas en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 830  y es por dicha conducta que el juez responderá, dentro de los límites establecidos por la propia ley adjetiva.
La responsabilidad que se quiere hacer efectiva a través del recurso de queja es la civil que trae aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios a favor de la parte lesionada patrimonialmente por la conducta improcedente de los jueces, los cuales responderán civilmente cuando la falta provenga de ignorancia o negligencia, inexcusables, sin dolo, y haber causado daño o perjuicio a la parte querellante, ya que ‘las faltas que constituyeren delito previsto en el Código Penal u otra ley especial, no podrán perseguirse sino ante el Tribunal competente en lo criminal’ (vid. Artículo 831 del Código de Procedimiento Civil).
Se observa que el Código de Procedimiento Civil al hacer referencia a este procedimiento no lo califica directamente como ‘recurso de queja’ y ello tiene su explicación en el hecho de que el objeto de esta demanda no consiste en un medio impugnativo de la sentencia o decisión del juez querellado mediante la cual, supuestamente, hubiese causado un daño  patrimonial a una de las partes, sino que está dirigido a atacar la conducta del juez que por acción u omisión negligente o por ignorancia inexcusable hubiese causado ese perjuicio patrimonial y su especialidad como procedimiento se justifica, siguiendo el criterio de Arminio Borjas,  para proteger a los jueces de ‘demandas apasionadas, obra de resentimientos, de mala voluntad o del mezquino interés...’.
Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 836 establece la competencia para el conocimiento del recurso de queja atendiendo a la jerarquía del juez contra quien se intenta la demanda. En tal sentido señala:
‘La queja contra los Jueces de Distrito o Departamento y de Parroquia o Municipio, se dirigirá al de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción. La que se proponga contra los Jueces de Primera Instancia, se dirigirá al Tribunal Superior respectivo; y las que se propongan contra los jueces superiores, se dirigirán a la Corte Suprema de Justicia’.
En las citadas disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la queja se prevé que cuando se intente contra  los jueces de Municipio se dirigirá al Juez de Primera Instancia respectivo, quien asociado a dos conjueces, sacados por suerte de una lista de doce formada a principios de año, decidirá sobre la admisibilidad. De la procedencia de la demanda, si fuese admitida conocerá el Juez Superior, también con Asociados elegidos en la misma forma; cuando se intente contra los Jueces de Primera Instancia se debe presentar ante el Superior, quien constituido con Asociados elegidos en la forma antes citada, decidirá sobre la admisibilidad y si la admite, resolverá luego sobre la Queja, todo ello conforme lo establecen los artículos 836, 838 y 839 del Código de Procedimiento Civil. Contra los Jueces Superiores se interpondrá la Queja ante este Alto Tribunal”. (Negrillas y subrayado de este fallo).

En el caso bajo estudio, se aprecia que la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declaró inadmisible el recurso de queja al considerar que el mismo “no se encuentra como medio de impugnación dentro del catálogo taxativamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”. Tal actuación comporta una clara violación a los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del abogado Ernesto Mathison Morillo, por cuanto la interpretación que del procedimiento de queja efectuó la referida Corte de Apelaciones, desatendió el ordenamiento jurídico vigente y los criterios que al respecto ha establecido este Tribunal Supremo de Justicia; no solo al aplicar erróneamente normas del Código Orgánico Procesal Penal respecto a un procedimiento regulado en el Código de Procedimiento Civil, sino al estimar que el mismo es un medio recursivo que se aplicó dentro del proceso penal, como si formara parte de éste.

Efectivamente, tal como se expresó anteriormente, el recurso de queja no es un medio impugnativo de la sentencia o decisión del juez querellado, sino que está dirigido a atacar la conducta del juez que por acción u omisión negligente o por ignorancia inexcusable hubiese causado un perjuicio patrimonial.

En razón de lo anterior, esta Sala Constitucional anula el fallo dictado el 4 de agosto de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo y, ordena que otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Penal se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de queja interpuesto por el abogado Ernesto Mathison Morillo, contra la abogada María Cecilia Mostaffá Pérez en su condición de jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Así de decide.

Por último, se hace un llamado de atención a las juezas que dictaron el fallo aquí impugnado, abogadas Elsa Hernández García, Deisis Oramas Delgado y Morela Ferrer Barboza, para que en futuras oportunidades circunscriban su actuación a la normativa legal vigente así como a los criterios vinculantes dictados por este Tribunal Supremo de Justicia, ello en aras de una adecuada administración de justicia. Así se declara.

V
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite en la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado ERNESTO MATHISON MORILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 11.750, y titular de la cédula de identidad N° 798.979, actuando en su propio nombre y representación, contra la decisión dictada el 4 de agosto de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

SEGUNDO: IMPONE a la parte accionante una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, lo cual deberá acreditar mediante la consignación en autos o ante la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. En este último caso, la referida Corte de Apelaciones deberá remitir a esta Sala la constancia respectiva.

TERCERO: INOFICIOSO emitir pronunciamiento en torno a la medida cautelar solicitada, dado su carácter accesorio respecto de la acción principal.

CUARTO: REVISA DE OFICIO la decisión dictada el 4 de agosto de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

QUINTO: ANULA la sentencia dictada el 4 de agosto de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. En consecuencia, ORDENA que otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Penal se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de queja interpuesto por el abogado Ernesto Mathison Morillo, contra la abogada María Cecilia Mostaffá Pérez en su condición de jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
       
El Presidente de la Sala,



JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
                                                                                                      
                                                                                                                    El Vicepresidente,




ARCADIO DELGADO ROSALES 
Los Magistrados,




CARMEN ZULETA DE MERCHÁN



GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO



CALIXTO ORTEGA RÍOS





LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
                                                                                                       Ponente




LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON


La Secretaria,



DIXIES J. VELÁZQUEZ R.


Exp. N° 15-1240
LFDB/









http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197113-130-23317-2017-15-1240.HTML

Acerca de la prohibición del juez de modificar su propia sentencia y corrección de los "errores materiales" de la decisión (Sala Constitucional)





Precisada la admisibilidad de la pretensión de amparo interpuesta, pasa esta Sala Constitucional a resolver el fondo de la presente controversia y, al respecto, observa que en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por esta máxima instancia constitucional para aplicar la institución de procedencia in limite litis de la demanda de amparo.

En efecto, esta Sala en decisión N° 993 del 16 de julio de 2013, ratificada en el fallo N° 1212 del 26 de octubre de 2015, estableció que la exigencia de la celebración de la audiencia oral fenece cuando el hecho controvertido en el amparo es un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo; que ello ocurre cuando lo alegado y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Atendiendo al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala considera que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, como lo es determinar si menoscaba o no los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva del ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval, el fallo dictado el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que declaró “(…) SIN LUGAR el recurso de hecho (…) ejercido contra la decisión proferida el 15 de febrero de 2016 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que negó por extemporáneo el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval contra la sentencia definitiva proferida el 7 de enero de 2016, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad de venta interpuesta por el ciudadano William Alfredo Terán Sandoval contra el hoy accionante.

Por lo tanto, no resulta necesario entonces, a los fines de la resolución del fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, ya que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente constituyen elementos suficientes para emitir pronunciamiento, y de efectuarse la audiencia oral no se aportarían datos nuevos que modifiquen el objeto controvertido. Así se declara.

Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito de la causa y, a tal efecto, considera necesario hacer una breve reseña de las actuaciones que precedieron a la interposición de esta acción de amparo para una mejor comprensión del asunto.

Sobre el ajuste o actualización de la pensión de jubilación: "aprecia esta Sala que al no ajustarse la pensión a la realidad actual, implicaría dejar a la solicitante recibiendo un monto que si bien para el momento en que le fue otorgada la jubilación era el adecuado, con el fin de garantizar su calidad de vida durante la vejez, años más tarde no sería suficiente para sobrellevar el mismo nivel de vida, motivado por causas que le son ajenas, como sería la inflación". (Sala Constitucional)






"...Establecida como ha sido la competencia para conocer la presente causa, y constatado de autos que el fallo objeto de la solicitud que nos ocupa tiene el carácter de definitivamente firme, de seguidas pasa esta Sala a emitir su pronunciamiento de fondo, lo cual realiza en los siguientes términos:

De manera previa, es menester aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que posea la facultad de desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, compruebe que la revisión que se solicita en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud del carácter excepcional y limitado que posee la revisión.

Asimismo, la Sala precisa necesario reiterar el criterio establecido en su sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”, ratificado en el fallo N° 714 del 13 de julio de 2000, caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”, entre otras decisiones, conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, dicha solicitud se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o cuando exista una deliberada violación de preceptos fundamentales, lo cual será analizado por esta Sala, siéndole siempre facultativo la procedencia de este mecanismo extraordinario.

Igualmente, de manera pacífica ha sostenido esta Sala, que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión de sentencias no se concreta de ningún modo de forma similar a la establecida para los recursos ordinarios de impugnación, destinados a cuestionar la sentencia definitiva.

Ahora bien, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia objeto de revisión estimó que conforme a las circunstancias peculiares en que la Gobernación del Estado Miranda le otorgó la jubilación a la ciudadana Beatriz Josefina Trías de Prado -100% del sueldo y antigüedad de veintidós (22) años y nueve (9) meses de servicio-, era ilegítimo solicitar el ajuste del monto de su pensión de jubilación, por cuanto, a su decir, contravenía lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, Ley nacional que rige la materia en atención al artículo 147 constitucional.

Por su parte, la solicitante señaló que el fallo cuestionado vulneró sus derechos al debido proceso y a la seguridad social, al no analizar lo referente al ajuste del monto de su pensión de jubilación que le fue otorgada por la Gobernación del Estado Miranda, lo que trajo como consecuencia que se le negara su homologación, obviando elementos que consideró fundamentales para su procedencia.

En tal sentido, en el caso que nos ocupa, el fallo objeto de revisión declaró que resultaba ilegítima la pretensión de la recurrente por cuanto su jubilación fue otorgada con base en el ciento por ciento (100%) de su sueldo, lo que contravenía lo expuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, según el cual dicho monto no puede exceder del 80% del sueldo, por lo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la hoy solicitante en revisión y confirmó el fallo apelado con modificaciones. 

Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción (2014)






Decreto N° 1.444, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción

(Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014)

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL CUERPO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante el nocivo impacto de los Grupos Estructurados de delincuencia organizada en los procesos que garantizan la sustentabilidad económica de la patria, dentro de las instituciones públicas y privadas, así como la carencia de sistema de control que las enfrente de manera especializada, se hace necesario la creación del órgano contra la corrupción con el fin de proteger a los principales funcionarios e instituciones de la nación ante ese flagelo mediante un trabajo secreto, sustentado en la prevención, la racionalidad política y uso adecuado de las fuerzas y recursos, con estricto apego a los derechos humanos fundamentales.

El Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, incorpora la creación del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, como un cuerpo élite con el fin de prevenir, combatir y neutralizar los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción y otros en detrimento del tesoro nacional, vinculados a la delincuencia organizada.

Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, amplía la esfera de acción del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, en todos los ámbitos de la vida nacional, así como a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran bajo subordinación o relación con las instancias del Poder Público, el Poder Popular y el sector privado.

Por último se establece el carácter confidencial y secreto del personal adscrito al referido Cuerpo, así como las operaciones que realice, sólo pudiendo ser develadas en todo o parte por el Presiente o Presienta de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 1.444 17 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales "a", "b", "c" y "d", numeral 1 del artículo de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente.

martes, 28 de marzo de 2017

URGENTE. Sala Constitucional: la inmunidad parlamentaria sólo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes). Anula Acto Parlamentario de fecha 21 de marzo de 2017 referido a la Carta Democrática y le ordena al Presidente de la República ejercer acciones internacionales e internas para evitar el estado de conmoción interna y "revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos"





La acción de nulidad por inconstitucionalidad incoada se dirige a impugnar el acto de la Asamblea Nacional dirigido a avalar la aplicación de la Carta Democrática a la República Bolivariana de Venezuela, con la advertencia que el recurrente le hace a esta Sala de constituir esta actuación una nueva expresión de su voluntad abierta de no acatar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, específicamente, las sentencias números 260 del 30 de diciembre de 2015, 1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 1 de agosto de 2016 de la Sala Electoral y las números 269 del 21 de abril de 2016, 808 del 2 de septiembre de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, 1012, 1013, 1014 del 25 de noviembre de 2016 y 2 del 11 de enero de 2017, de esta Sala Constitucional.
            Los mandamientos contenidos en esos fallos no son de ejercicio potestativo para el órgano del Poder Público al cual fueron dirigidos sino como se desprende de la Constitución (artículo 7), la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 1) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 3) son de obligatorio cumplimiento, so pena de las consecuencias jurídicas que el ordenamiento venezolano ha dispuesto para el respeto y mantenimiento del orden público constitucional y más aun para el respeto y preservación del sistema democrático.
            Como antes se señaló, al declarar el asunto como de mero derecho, la presente causa no requiere de material probatorio para su resolución toda vez que de los hechos narrados, así como de los propios fallos de esta Sala que abiertamente ha incumplido la Asamblea Nacional (entre otras, las sentencias N° 3 del 14 de enero de 2016; N° 615 del 19 de julio de 2016 y N° 810 del 21 del septiembre de 2016) se evidencia que efectivamente existe una clara intención de mantenerse en franco choque con la Constitución, sus principios y valores superiores, así como en desacato permanente de las sentencias dictadas por la Sala Electoral y por esta Sala Constitucional, al punto de que su incumplimiento ya no sólo responde a una actitud omisiva sino que en acto de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, existe una conducta que desconoce gravemente los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de “Traición a la Patria”, como lo ha referido el recurrente.  
Es relevante en esta oportunidad destacar que en la página web oficial de la Asamblea Nacional http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17508, aparece reseñado lo relativo al Acuerdo impugnado, en cuya nota expresamente se lee:

martes, 21 de marzo de 2017

"No existe acumulación prohibida por el hecho de que en una demanda se pretenda el cumplimiento de un contrato y lo estipulado en el mismo por concepto de cláusula penal". (Sala Constitucional)






Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto, observa:
            Que la acción originaria intentada por la hoy accionante lo fue contra los ciudadanos Nelson Antonio Moreno Saavedra y María Virginia Navarro Moreno por cumplimiento de contrato de opción, en la que adicionalmente reclamó una cantidad por daños contractuales basado en la cláusula séptima (cláusula penal), más una cantidad por concepto de daño moral.
Cabe destacar que el juicio primigenio fue sustanciado y decidido en primera instancia por un Juzgado de Municipio y es en alzada que se dicta la sentencia objeto de amparo que declara inadmisible la acción por cumplimiento de contrato, por considerar que en la misma se incurrió en una inepta acumulación de pretensiones, al solicitar de manera conjunta el cumplimiento del contrato de opción de compra venta, así como el cumplimiento de la cláusula penal, más los daños morales ocasionados.
A juicio de la accionante, tal declaratoria de inadmisibilidad se basa en un criterio erróneo del Juez Superior, en tanto que no se encuentra configurada la inepta acumulación observada y declarada por la alzada, la cual aparejó una reposición inútil, porque ya el juicio se había sustanciado en su totalidad.
Esta Sala juzga que ciertamente no existe acumulación prohibida por el hecho de que en una demanda se pretenda el cumplimiento de un contrato y lo estipulado en el mismo por concepto de cláusula penal ya que la normativa que regula la relación contractual, vigente en nuestro ordenamiento jurídico, así lo permite.
En efecto, el artículo 1.167 del Código Civil establece:
“En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato  o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”.

De donde se deduce, a las claras, que la ejecución o cumplimiento de un contrato puede ser exigida judicialmente conjuntamente con los daños y perjuicios estipulados en alguna cláusula penal del mismo, no existiendo en estos casos acumulación indebida o prohibida, puesto que no se trata de acciones excluyentes o contrarias entre sí, al tiempo que ambas se tramitan por el mismo procedimiento ordinario.
Por otra parte, en el caso concreto el contenido de la cláusula penal convenida en el contrato en cuestión, es del siguiente tenor: 

“(…) SEPTIMA (sic): Ambas partes convienen en establecer como cláusula penal, para indemnizar los daños y perjuicios que puedan ser ocasionados en el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato por parte de LA PROMITENTE COMPRADORA la cantidad del diez por ciento (10%) de las arras recibidas en este acto, en cuyo caso EL PROMITENTE VENDEDOR reintegrará a LA PROMITENTE COMPRADORA las cantidades efectivamente pagadas por ésta, previa deducción de una cantidad igual al diez por ciento (10%) en un plazo no mayor de quince días continuos. Asimismo, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR ésta reintegrará a LA PROMITENTE COMPRADORA las cantidades efectivamente pagadas por éste, más la cantidad del diez por ciento (10%) de las arras recibidas por concepto de cláusula penal, sin que las partes tengan nada más que reclamarse por ningún otro concepto, quedando definitivamente terminado este contrato (…)”. 

De dicha cláusula se aprecian las sanciones estipuladas por las partes en caso de que una ellas incumpliera con las obligaciones contraídas; al respecto, cabe destacar el contenido del artículo 1.258 del Código Civil, el cual establece que: 
“La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, si no la hubiere estipulado por el simple retardo”. 

De acuerdo con dicha norma, por argumento en contrario, cuando la pena ha sido estipulada por el simple retardo, el acreedor puede reclamar al mismo tiempo la cosa principal y la pena. 
En relación a la validez y legalidad en la estipulación de cláusulas penales, como las que se examina, el autor patrio José Mélich Orsini en su obra “Doctrina General del Contrato”, señala que: “…la validez de las cláusulas penales, cualquiera que sea la función que ellas absuelvan en el caso especifico, no puede ser puesta en duda frente a los categóricos textos de los artículos 1.257 y ss. de nuestro Código Civil.” (ob. cit., Tercera Edición, Caracas 1997, Pág. 572).
Al respecto, cabe destacar, que es criterio jurisprudencial de vieja data, que “la cláusula penal constituye una valuación realizada por las partes del monto de los daños y perjuicios que deban ser pagados en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y de conformidad con su propia naturaleza viene a consistir en una convención, tanto sobre la existencia del daño como sobre su monto, que tiene fuerza de ley entre las partes. Su inmensa utilidad en las relaciones diarias de la vida de negocios radica, precisamente, en la eliminación de todas las arduas y delicadas cuestiones que puede plantear la demostración procesal de los daños y perjuicios que una de las partes contratantes alegue haber sufrido por incumplimiento de la otra. Es indudable, por consiguiente, que al constituir la cláusula penal una convención por medio de la cual las partes contratantes han fijado previamente no sólo el quantum de los daños y perjuicios, sino la existencia misma del daño en caso de inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato celebrado, ella dispensa al acreedor de suministrar la prueba del daño; la indemnización estipulada debe pagarse aun en el supuesto de que efectivamente no se haya sufrido perjuicio alguno, y ello simplemente en virtud de la inejecución o retardo en el cumplimiento por culpa del deudor.  (JTR 2-3-59. V. VII. T.I. Pág 714, citada por el tratadista Nerio Perera Planas en su obra “Código Civil Venezolano”,  Ediciones Magón,  Caracas, 1984, Pág. 704)
Así, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 480 de fecha 4 noviembre de 2010, dejó sentado sobre el particular, lo siguiente: 
“(…) La doctrina patria ha considerado las cláusulas penales como una valuación que efectúan las partes al momento de celebrar un contrato, acerca del monto o de la suma de los posibles daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de todas o una de las obligaciones asumidas en el contrato que las contiene y viene a constituir una convención o acuerdo a que llegan las partes contratantes, tanto en lo que se refiere a la existencia de ese daño como en cuanto a la cantidad de dinero que dicho daño representaría, lo cual, sin duda alguna tiene fuerza de ley entre los intervinientes en el contrato que establece la penalidad…”.

En el caso concreto se evidencia que la pena se estipuló por el simple retardo, al establecerse que en caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, operaría la cláusula penal, por tanto, podía demandarse al mismo tiempo la ejecución o cumplimiento del contrato y los daños y perjuicios estipulados en la cláusula penal. 
Lo anteriormente expresado demuestra que en el presente caso, no ha debido declararse inadmisible la acción por cumplimiento de contrato que fue deducida por la accionante, y que al haberlo hecho el juez superior incurrió en extralimitación de funciones puesto que le puso fin a un juicio que ya había sido sustanciado en su totalidad en primera instancia y en alzada, siendo evidente el rompimiento del equilibrio procesal entre las partes al concederle a una de ellas una ventaja indebida frente a la otra, por tanto se produjo la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de la accionante, así como su derecho a la tutela judicial efectiva, al privársele de la posibilidad de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión con base en un criterio erróneo del sentenciador. 
En ese sentido, es criterio pacífico y reiterado de esta Sala que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva (Vid. Sentencia N° 708 del 10 de mayo de 2001, caso: Juan Adolfo Guevara y otros).
En criterio de esta Sala, lo procedente en el presente caso era que el juzgado superior agraviante entrara a decidir el fondo del asunto originariamente planteado, en lugar de declarar inadmisible la acción por cumplimiento de contrato de opción a compra venta, por no estar dados los supuestos de la acumulación prohibida establecida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace que resulte procedente el amparo constitucional interpuesto.  
Así las cosas, el restablecimiento de la situación jurídica infringida en el presente caso se obtendrá, tal como lo requirió el accionante, con la declaratoria de nulidad del fallo accionado y con la orden de que se dicte uno nuevo que entre a conocer del fondo de la pretensión de cumplimiento de contrato deducida por la accionante.
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Néstor J. Morales Velásquez, apoderado judicial de la ciudadana YOPSIVONNE DI ROCHA RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 22 de septiembre de 2016. Así se decide.
Por último, en cuanto a la medida cautelar solicitada, la Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la misma dado que se está emitiendo  pronunciamiento sobre el fondo o mérito de la causa.  
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer la acción de amparo interpuesta por la ciudadana YOPSIVONNE DI ROCHA RODRÍGUEZ.
SEGUNDO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Néstor J. Morales Velásquez, apoderado judicial de la ciudadana YOPSIVONNE DI ROCHA RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 22 de septiembre de 2016. 
TERCERO: De MERO DERECHO la resolución del presente amparo.
CUARTO: PROCEDENTE IN LIMINE LITISla acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Néstor J. Morales Velásquez, apoderado judicial de la ciudadana YOPSIVONNE DI ROCHA RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 22 de septiembre de 2016. 
QUINTO: Se ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 22 de septiembre de 2016. 
SEXTOORDENA al Jugado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que resulte competente, dicte una nueva decisión en la que se pronuncie sobre el fondo de la acción por cumplimiento de contrato intentada por la ciudadana YOPSIVONNE DI ROCHA RODRÍGUEZ, contra los ciudadanos Nelson Antonio Moreno Saavedra y María Virginia Navarro Moreno.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Presidente,



http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197012-103-20317-2017-16-1135.HTML





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