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martes, 28 de abril de 2015

Caso Gaiteros del Zulia: Sala Constitucional admite acción de amparo presentada por jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo



EN SALA  CONSTITUCIONAL
Exp. 15-0127
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2015, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los ciudadanos VICTOR DAVID DÍAZ, KENJI URDANETA, PAUL ROMERO CABALLO, JOSÉ ALFREDO MEDINA LUIS MORA, cédulas de identidad Nos. 6.707.294, 16.561.407, 14.748.378, 25.906.887 Y 18.312.657, respectivamente, en su condición de jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo de baloncesto profesional GAITEROS DEL ZULIA, C.A., asistidos por la abogada Vanessa Romero Sánchez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 144.498, ejercieron acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 21 de noviembre de 2014, por el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia, que decretó medida cautelar en el marco de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Paul Antonio Romero Ferrer, contra el acto de autoridad emanado de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, L.P.B.,C.A, que reconoció la representación del referido equipo de baloncesto a la empresa denominada Equipo de Baloncesto Gaiteros del Zulia, C.A., que preside el ciudadano Alirio Romero Ferrer.
            El 11 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La parte actora planteó su pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:
            Refirieron que, en su condición de jugadores de baloncesto profesional, que entre otros logros deportivos han participado activamente en las últimas temporadas del baloncesto nacional junto al equipo Gaiteros del Zulia, C.A., denuncian que la decisión “emanada del Tribunal Superior en lo Civil y Contenciosos (sic) Administrativo del Edo. Zulia, a cargo de la Jueza Gloria Urdaneta de Montanari, quien no es competente para conocer por la materia, como por el territorio, en vista que la Liga Profesional de Baloncesto(LPB) junto a nuestro equipo GAITEROS DEL ZULIA C.A violentando nuestro derecho al trabajocon (sic) una decisión extemporánea y temeraria, desconociendo el Artículo: 89 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Alegaron que, “amparados en el Artículo 111 Constitucional, rechazamos la pretensión de violentar el Derecho a la Recreación y el Deporte de los fanáticos y el Pueblo del Edo. Zulia en General(sic) y el Deporte de los fanáticos y el Pueblo del Edo. Zulia en General, quienes se ven perjudicados por factores oscuros vinculados a la Política Opositora Nacional y Regional de los Partidos VOLUNTAD POPULAR Y NUEVO TIEMPO. Nuestra intención es explicar el trasfondo de la situación esgrimida, sin ninguna intención de Politizar la acción Jurídica, reconociendo la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial Venezolano y del digno Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, es nuestra acción explicativa es relevante la participación del Ciudadano Martín Alonzo Guerrero, Abogado en ejercicio, quien actúa en casos emblemáticos del sector opositor”. Consideraron que lo anterior sería irrelevante desde el punto de vista jurídico, si no fuese por la pretensión de los referidos partidos políticos de utilizar el baloncesto y en particular a su equipo, para “torpedear las instituciones Democráticas de nuestro País y el Gobierno legítimo del Ciudadano PRESIDENTE Nicolás Maduro Moros, desconociendo de forma notable el Derecho Constitucional de la población a presenciar un espectáculo sano, recreativo y popular”.

miércoles, 15 de abril de 2015

"Sentencia que declara que el Decreto ‘Orden Ejecutiva’ emanada de la Presidencia de los Estados Unidos de América, del 9 de marzo de 2015, suscrita por el Presidente de ese Estado, no tiene legitimidad y vulnera todas las fuentes del Derecho Internacional, así como también contraría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad"



Mediante escrito presentado, el 19 marzo de 2015, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.350.489, abogado inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el N°51.164, actuando en nombre propio, interpuso “RECURSO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en contra del Decreto Ejecutivo u Orden Ejecutiva emanado de la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica”.


I
DEL RECURSO


El ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, anteriormente identificado en el presente recurso, alegó lo siguiente:

Que “en fecha 09 de marzo del presente año el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama emitió un decreto ejecutivo en el cual se lee … DECRETO BLOQUEO DE LA PROPIEDAD Y SUSPENSIÓN DE ENTRADA A CIERTAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA …”.
Que el Decreto denominado “Orden Ejecutiva señala que “Por -la autoridad investida en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Emergencia Nacional (50 USC 1601 y siguientes) (NEA, por sus siglas en inglés), la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278) (la “la ley de Defensa de Derechos Humanos de Venezuela ‘9 (la “Ley”), la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA, por sus siglas en inglés), y la sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos”.

viernes, 10 de abril de 2015

El Ministerio Público debe colaborar con el tribunal para lograr la comparecencia de sus testigos al juicio, pues "la cooperación entre los órganos está permitida y debe ser estimulada cuando, como en el proceso en general, se está tras la búsqueda de la verdad, dentro de un clima de respeto por los derechos humanos; sin que ello signifique, que se establezca una dependencia o subordinación institucional" (Sala de Casación Penal)




En el presente caso, los recurrentes plantearon la falta de motivación de la sentencia dictada por la Sala Número Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al considerar que incurrió en violación de la ley por falta de aplicación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, al no haber cubierto todos los extremos que fueron denunciados en apelación de sentencia…”.

Ahora bien, a fin de verificar el vicio alegado, esta Sala de Casación Penal transcribirá el recurso de apelación de sentencia, interpuesto por la abogada Luz Marisol Flórez Villamizar, Fiscal Provisoria Centésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y por el abogado Ángel Rojas Abraham, Fiscal Auxiliar Sexagésimo Sextos del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en el cual alegaron lo siguiente:

Que “el Juzgador a quo incurrió en violación a la ley por no aplicar conforme a derecho las normas contempladas en los artículos 171, 184, 185, 226, 335, numeral 2 y 357 eiusdemal evidenciarse que la primera instancia llega (sic) a emitir SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del ciudadano HOLIVER MANUEL QUINTERO PADRÓN, sin que efectivamente se haya logrado la totalidad de las citaciones a las víctimas, testigos y expertos, ni que se haya ordenado la comparecencia de estos (sic) mediante la fuerza pública; todos estos medios de prueba que fueron admitidos en fase intermedia producto de la celebración de la correspondiente audiencia preliminar y que son así expresamente señalados en el auto de apertura a juicio…”.

Que “vale relacionar todo lo relativo a las citaciones, notificaciones y mandatos de fuerza pública que fueron librados por la jueza en primera instancia y el resultado que devino de ellos…”.

Sala Constitucional admite recurso de nulidad ejercido contra el art. 41 de la Ley Orgánica de Deporte





El 16 de diciembre de 2014, el abogado ROBERTO HUNG CAVALIERI, titular de la cédula de identidad N° 10.807.685, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 62.741, actuando en nombre propio, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el segundo aparte del artículo 41 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.741 del 23 de agosto de 2011.
El 23 de diciembre de 2014, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 12 de febrero de 2015, se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 11 de febrero del mismo año, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
En el caso de autos se ejerce recurso de nulidad contra el segundo aparte del artículo 41 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física publicado en la Gaceta Oficial N° 39.741 del 23 de agosto de 2011 .
La disposición impugnada textualmente dispone lo siguiente:
“Artículo 41.
Régimen de participación.
La elección de las autoridades de las asociaciones deportivas estadales y de las federaciones nacionales de cada deporte, se harán con las personas llamadas a realizarlas con sujeción a los términos previstos en esta Ley y su Reglamento, a partir de la información contenida en el Registro Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. A tales efectos, se brindará, mediante los órganos del Poder Electoral, la asistencia y el apoyo técnico y logístico, nacional e internacional, a la comisión electoral de la organización promotora del deporte de carácter asociativo para la escogencia de las autoridades previstas en el artículo 40, de las asociaciones estadales y de las federaciones nacionales.
Los directivos y demás miembros de las asociaciones deportivas estadales y federaciones serán elegidos y elegidas por un período que no superará las cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas y no percibirán sueldos o salarios por el ejercicio de sus funciones.
Los atletas activos y atletas activas así como los niños, niñas y adolescentes, no formarán parte de las juntas directivas de estas organizaciones”. (Subrayado de la Sala).

Consideraciones acerca de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Incongruencia omisiva. (Sala Constitucional)



En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° 592, que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de septiembre de 2014, mediante la cual declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la codemandado Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui contra la decisión del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 22 de enero de 2014. En consecuencia, anuló el fallo recurrido, y ordenó reponer la causa al estado que se notifique al Banco Provincial, S.A. Banco Universal de conformidad con los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del juicio que, por nulidad de contrato de compra venta y cumplimiento de oferta de venta, intentó el ciudadano Santiago de Jesús Arboleda Vargas contra los ciudadanos Julio Marcelo Mañan, Rebeca Bitchatchi, Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A.
Delimitada la competencia de esta Sala, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales; o, (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.
Ahora, esta Sala aprecia, según se desprende de las actas, que la sentencia sometida a revisión tiene el carácter de definitivamente firme, y, en tal sentido, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que el apoderado judicial del solicitante, como antes se apuntó, denunció la violación de los derechos de su representado a la tutela judicial efectiva y la garantía a una justicia imparcial, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, al no haber analizado los alegatos esgrimidos en el escrito de impugnación a la formalización, en relación con la falta de técnica de la misma.

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