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sábado, 7 de junio de 2014

Régimen aplicable a las jubilaciones en el ordenamiento jurídico venezolano (Sala Constitucional)



Solicitó la actora a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia del 15 de noviembre de 2012, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró: i) sin lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte querellada; y ii) confirmó el fallo del 16 de abril de 2012 dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, con Sede en Maracay Estado Aragua, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por Humberto Prieto.
Al respecto, la sentencia n.º 93, del 6 de febrero de 2001, antes citada, señaló que la facultad de revisión es “…una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional…”, por ello “…en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere…”, así “…la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’…”.
De esta manera, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud de revisión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como, cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
Ahora bien, en el presente caso del escrito contentivo de la solicitud de revisión, esta Sala advierte que la solicitante denuncia fundamentalmente que: la sentencia “…está viciado (sic) de nulidad absoluta, porque el régimen de pensiones y jubilaciones es de competencia exclusiva del Poder Público Nacional, según lo establecido en el artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) en concordancia con el artículo 156 numeral 32 eiusdem y no competencia del poder municipal…”, así como, que “…los funcionarios municipales están regidos por la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y en ninguno de sus artículos se establece el derecho a un ‘complemento de jubilación’, por lo que como se señaló anteriormente ello es competencia del Poder Nacional y no del Poder Municipal, por lo que el Concejo Municipal incurrió en una usurpación de funciones al invadir la esfera de competencia del Poder Nacional, lo que quebranta los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”, e igualmente, que “…[l]a sentencia impugnada interpreta erróneamente lo previsto en el [artículo] 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados de la Administración Pública Nacional (sic), ya que afirma que [en] el caso de autos lo que hubo fue un ‘reajuste’ de la pensión y no un complemento, pero ello no es cierto, ya que el reajuste tiene un trámite para su cálculo y otorgamiento de acuerdo a la referida ley, y no es un acto arbitrario, ni gracioso como en el caso del querellante en donde se le concede un ‘complemento’ un beneficio adicional a la jubilación sin justificar su procedencia, ni forma de cálculo, lo cual no puede ser suplido por el sentenciador y que causa la ilegalidad del supuesto derecho alegado…”, asimismo, que “…la sentencia impugnada pretende alterar los términos del Acuerdo N° 1.309 del 18 de noviembre de 2008, dictado por el Concejo Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua, a los fines de afirmar su legalidad para reconocer un supuesto derecho causado en contradicción con el ordenamiento jurídico, incurriendo en una inconstitucionalidad, pues mantiene la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25 de nuestra Carta Magna y lo previsto en el artículo 137 [rectius: 138] ibídem que establece que ‘toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’, por (sic) manera que no puede tenerse como validos derechos, aquellas situaciones jurídicas originadas de un acto ilegal dictado por un ente que usurpó competencias de otro órgano del Poder Público…”, y que “…[l]a sentencia impugnada desconoce las normas constitucionales en materia de presupuesto, cuando ordena al Municipio Girardot asumir un compromiso presupuestario en ilegal sustitución de la República, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, violentando con ello lo previsto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y desconociendo igualmente la doctrina de la Sala Constitucional, contenido (sic)en sentencias 2771/2003, 1869/2007, 2000/2007 y 357/2008, en donde se le da un trato equitativo a los municipios en virtud de la limitación de sus ingresos a los fines de proteger el equilibrio presupuestario…”.

Auto de apertura a juicio: Distinción de los pronunciamientos que pueden impugnados a través de la acción de amparo y contra los cuales procede el recurso de apelación. Elementos del pronóstico de condena. (Sala Constitucional)







A fin de delimitar el objeto de la presente controversia, esta Sala observa que el recurso de apelación aquí analizado ha sido interpuesto contra la sentencia dictada, el 10 de marzo de 2014, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (en Sala Accidental), mediante la cual se resolvió la acción de amparo interpuesta por el abogado Allen Peña Rangel, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano José Leonardo González Durán, contra el auto de apertura a juicio dictado, el 14 de enero de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante el cual se emitieron los siguientes pronunciamientos: a) Se admitió totalmente la acusación (incluyendo la calificación jurídica) y los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; b) Se admitieron sólo algunos de los medios de prueba ofrecidos por la defensa; c) Se decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el hoy quejoso; y d) Se ordenó la apertura del juicio oral y reservado (enjuiciamiento) contra el ciudadano José Leonardo González Durán; todo ello en el marco del proceso penal que se le sigue a éste por el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con los artículos 99 del Código Penal y 217 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de una adolescente (cuya identificación se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
La parte actora denunció en su demanda de tutela constitucional, la infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentando tal delación en que la decisión accionada en amparo se encuentra inmotivada.

Por su parte, en la sentencia hoy recurrida, el Tribunal a quo constitucional declaró lo siguiente: a) Admitió la acción de amparo sólo en lo referente a las resoluciones del auto de apertura a juicio no sujetas a apelación, a saber, la admisión de la acusación, la calificación jurídica dada a los hechos y la orden de enjuiciar al imputado, considerando inadmisible dicha acción, conforme al artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el hoy quejoso, toda vez que estos dos últimos pronunciamientos podían ser impugnados mediante el recurso de apelación; y b) Se declaró improcedente in limine litis la mencionada acción de amparo, respecto a la impugnación de las resoluciones del auto de apertura a juicio no sujetas a apelación (admisión de la acusación, calificación jurídica y la orden de enjuiciar al imputado), al considerar que la decisión accionada en amparo se encuentra debidamente motivada en cuanto a estos aspectos.

Luego, en el recurso de apelación intentado contra esta última sentencia, se esgrimieron los siguientes alegatos:

1.      Que la Corte de Apelaciones convalidó, en la sentencia hoy recurrida, la lesión constitucional que ocasionó el Juzgado de Control, al haber emitido éste un auto de apertura a juicio inmotivado.

2.      Que el Tribunal a quo constitucional incumplió la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala Constitucional, según la cual el auto de apertura a juicio sólo puede ser impugnado por vía de amparo.

Conferencia del Dr. Cafferata Nores sobre Casación Penal (Video)


Los autos de homologación de la transacción son impugnables a través de la apelación, sin perjuicio de que la transacción pueda ser atacada también por vía autónoma en juicio de nulidad. Inadmisibilidad de la acción de amparo (Sala Constitucional)



La remisión efectuada por el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo obedece al recurso de apelación ejercido el 4 de febrero de 2014 por la abogada Natalys Márquez en su carácter de apoderada judicial de los accionantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la sentencia dictada por el mencionado Tribunal Superior el 3 de febrero de 2014, que declaró inadmisible la acción de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 cardinal 5 eiusdem.

Esta Sala considera pertinente verificar si el referido recurso se interpuso dentro del lapso que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en este sentido, se aprecia que la Secretaría del mencionado Tribunal certificó que la sentencia fue publicada el 3 de febrero de 2014 y señaló que el lapso para apelar venció el 6 de febrero de 2014, por lo que de conformidad con la sentencia de esta Sala Constitucional No. 501 del 31 de mayo de 2000, caso: Seguros Los Andes, C.A., el recurso de apelación ejercido el 4 de febrero de 2014 fue interpuesto de forma tempestiva. Así se decide.

Debe la Sala advertir, que los accionantes no fundamentaron la apelación ejercida, por lo cual, en virtud de que el recurso fue interpuesto en forma genérica, esta Sala conoceráex novo la presente causa en los términos en que quedó planteada la controversia.

Así, esta Sala observa que la acción de amparo fue interpuesta por la presunta violación de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, previstos en los artículos 26, 49 y 89 cardinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 23 de enero de 2013 por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Estado Carabobo que homologó la transacciones celebradas entre los hoy accionantes y la sociedad mercantil Multiservicio Casa Blanca C.A y Pepsi Cola Venezuela, confiriéndole carácter de cosa juzgada a un acuerdo que supuestamente menoscabó sus derechos pues se desistió tanto de la acción como del procedimiento.

Sentencia de la Sala Constitucional que declara la nulidad parcial del Código de Policía del Estado Nueva Esparta



IV
PUNTO PREVIO
DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LA NORMATIVA IMPUGNADA 
Esta Sala debe reiterar el criterio establecido en la sentencia núm. 0191 del 8 de abril de 2010 (caso: Código de Policía del Estado Mérida). A tal efecto, establece:
Este Máximo Tribunal considera necesario, como punto previo al pronunciamiento definitivo, delimitar de manera precisa el objeto y alcance del examen jurisdiccional que debe efectuar la Sala Constitucional.
 En primer término, debe tenerse presente que la parte actora denunció la violación al Texto Constitucional, esto es, la infracción a derechos fundamentales o bien a principios de orden constitucional que informan la actividad y organización del Poder Público en Venezuela.
Adicionalmente, también se alegó la violación a una serie de normas nacionales de rango legal, específicamente, del Código Orgánico Procesal Penalcon la argumentación de que la normativa en revisión del Código de Policía del Estado Nueva Esparta no puede contradecir o establecer un régimen distinto a dichas leyes nacionales en sus respectivos ámbitos materiales de competencia.
Asimismo, se denunció que el Código de Policía del Estado Nueva Esparta desarrolla normas pertenecientes a la Ley sobre Vagos y Maleantes, siendo este último instrumento legal objeto de declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad, por parte del pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia el 6 de noviembre de 1997.
Ahora bien, esta Sala observa que en el presente juicio se interpuso una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra normas de rango legal, por lo que únicamente resultan pertinentes los alegatos de violación a la Constitución.
Es por ello que para el caso de las demás infracciones denunciadas, esto es, las contravenciones al Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.894, Extraordinario, el 26 de agosto de 2008; esta Sala estima que la presente no es la vía idónea para su análisis, pues tales denuncias deben ser planteados a través de la colisión de leyes.

lunes, 2 de junio de 2014

Sala Constitucional revisa sentencia y deja firme la declaratoria Con Lugar de una demanda por cumplimiento de contrato verbal -oral- de compra venta



Así, delimitadas como fueron las circunstancias que dieron lugar a la presente solicitud de revisión, constituyó un hecho no controvertido por las partes en el transcurso de los juicios anteriormente reseñados, que el 5 de noviembre de 1999, los ciudadanos Omar Ramón Font Palacios y José Raúl Silvera García suscribieron dos contratos. El primero de ellos, un contrato de compra venta y, el segundo, un contrato de comodato, cuyo objeto era un inmueble constituido por un apartamento  ubicado en la Prolongación de la Avenida El Ejercito, Conjunto Residencial Parque Paraíso, Parroquia San Juan, hoy Parroquia El Paraíso, de la ciudad de Caracas, el  cual pertenecía en propiedad al ciudadano José Raúl Silvera García, según consta de documento registrado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 11 de marzo de 1987, bajo el N° 3, Tomo 83, Protocolo Primero. El precio de venta era la cantidad de treinta y ocho millones de bolívares (Bs.38.000.000,oo) actualmente treinta y ocho mil bolívares (Bs. 38.000,oo) y la duración de ambos contratos fue de 3 meses.

Igualmente quedó aceptado por ambas partes que el 6 de abril de 2000, firmaron un segundo contrato de compra venta, en el cual se modificó el precio de venta en cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,oo), que corresponden en la actualidad a cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,oo), contrato éste cuya duración, al igual que el anterior, era de 3 meses.
A partir de tales acontecimientos, las partes manifestaron distintas posturas respecto a la situación contractual existente. El ciudadano Omar Ramón Font Palacios, alegó que ambas partes celebraron un tercer contrato verbal de compra venta, lo cual fue negado por el ciudadano José Raúl Silvera García. Tal disidencia dio lugar a que, el 6 de junio de 2005, el ciudadano José Raúl Silvera García, demandara el cumplimiento del contrato de comodato y el pago de los daños y perjuicios al ciudadano Omar Ramón Font Palacios, demanda que, como quedó detallada en la primera parte de este fallo, fue declarada con lugar, luego de lo cual, el 3 de mayo de 2012, el ciudadano Omar Ramón Font Palacios demandó por cumplimiento de contrato de compra venta al ciudadano José Raúl Silvera García, acción que fue declarada sin lugar.

El ciudadano Omar Ramón Font Palacios alegó en ambos juicios haber pagado la totalidad del precio del inmueble, indicando que efectuó pagos hasta por la cantidad de sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil bolívares (Bs. 64.970,oo), a lo cual, el ciudadano José Raúl Silvera García, en la oportunidad de contestar la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta alegó que “ si bien es cierto Sr. Juez, que el demandante OMAR FONT, realizó a favor de mi representado algunos pagos adicionales a las arras aportadas en la oportunidad de suscribir los dos (2) contratos de Compromiso Bilateral de Compra-Venta, estos pagos fueron hechos como pago o compensación por los daños y perjuicios que le ocasionó a mi mandante, por continuar ocupando el inmueble por más tiempo del estipulado en el citado contrato de comodato, daños y perjuicios que fueron establecidos expresamente en el Contrato de Comodato en la cantidad de Quince Bolívares (Bs. 15,oo), actuales por cada día de retardo en la entrega del inmueble dado en comodato”.

 A tal efecto, pese a que el ciudadano José Raúl Silvera García impugnó los 19 recibos que consignó la parte actora como anexos, el Juzgado Superior que conoció en alzada del juicio por cumplimiento de contrato de compra venta, dio por demostrado los pagos alegados por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios, sin embargo, consideró que dichos pagos “por si solos, no crean suficientes elementos de convicción que pudieran realmente demostrar que los mismos responden al negocio jurídico referente al contrato de compromiso de venta, objeto del presente juicio, pues ciertamente quedó demostrado el pago, pero la parte demandada a su vez, logró desvirtuar que el mismo se realizara en virtud del supuesto contrato de opción a compra venta realizado según la actora de forma verbal, más aun cuando consta en el expediente que existió en la misma fecha otro negocio jurídico relativo a un contrato de comodato, cuyo cumplimiento fue demandado en fecha posterior dictándose sentencia definitiva (…) en donde se condenó al ciudadano OMAR RAMÓN FONT PALACIOS al pago de daños y perjuicios por tal motivo, tales constancias de pago, no constituyen por sí mismas plena prueba, pues, no crean suficientes elementos de convicción que permitan a esta juzgadora determinar si realmente atañen al supuesto contrato verbal de compromiso alegado por la actora, o a la indemnización ordenada en virtud de la falta de entrega del inmueble dado en comodato, tal como lo alegó la parte demandada, por lo que es forzoso para esta sentenciadora declarar en aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogadeo MANUEL ORTIZ, apoderado judicial de la parte actora..”.

            De acuerdo a lo anterior, el fallo cuya revisión se solicitó confirmó la declaratoria sin lugar de la demanda por cumplimiento de compra venta sobre la base de que los pagos que efectuó la parte actora a la parte demandada correspondían no al pago del precio acordado en el contrato de compra venta sino a los daños y perjuicios derivados del contrato de comodato igualmente suscrito. Tal juzgamiento constituyó el motivo por el cual el ciudadano Omar Ramón Font Palacios denunció la violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa.
Ahora bien, es jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala que la valoración que dan los jueces a las pruebas, constituyen cuestiones de legalidad ordinaria, esto es, que son materias exclusivamente encomendadas a los órganos jurisdiccionales de instancia que no pueden ser objeto de amparo ni de revisión constitucional, pues se les convertiría en una especie de tercera instancia. Sin embargo, tiene establecido esta Sala que esta regla general tiene como excepción los supuestos en los cuales el tratamiento que se le da a la prueba promovida implica un abuso de derecho, la valoración de la prueba resulta claramente errónea o arbitraria o cuando se ha dejado de valorar, sin justificación alguna, una prueba determinante para la resolución de la causa, puesto que, en estos casos se vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. (Vid. s.S.C. números 1571/2003; 2152/2003; 287/2004; 624/2004; 2705/2004; 1242/2005; 4385/2005; 1082/2006 y 1509/2007).
De otro lado, esta Sala mediante sentencia Nº 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido Pedro Ferreira y otros), señaló lo siguiente:
“…En consonancia con lo antes expuesto, esta Sala advierte que en su función de intérprete suprema de la Constitución, concebida y dirigida a controlar la recta aplicación de los derechos y principios constitucionales y en aras de lograr la uniformidad de la jurisprudencia constitucional, debe ampliar el objeto de control mediante el supuesto de hecho de la revisión constitucional establecida en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la violación de derechos constitucionales y no sólo a la vulneración de principios jurídicos fundamentales.
Ello, en virtud de que admitir la simple violación de principios jurídicos y dejar incólumne (sic) con carácter de cosa juzgada una sentencia que vulnere derechos constitucionales, contrariando incluso las interpretaciones de esta Sala, constituiría un absurdo jurídico y un vuelco regresivo en la evolución jurisprudencial de esta Sala, debido a que las mismas carecen de recurso judicial alguno que pueda enervar sus efectos, ya que la acción de amparo constitucional, como acción destinada a la tutela de derechos y garantías constitucionales, es de imposible interposición contra una sentencia emanada de cualquier otra Sala del Tribunal Supremo de Justicia (ex artículo 6.6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales)” (Negritas originales del fallo).

En síntesis, de acuerdo a la postura de esta Sala, toda aquella actividad jurisdiccional que vulnere derechos constitucionales de las partes, puede ser controlada por esta Máxima Instancia mediante el mecanismo de la revisión constitucional, en tanto y en cuanto esta haga nugatorio el ejercicio de las garantías de los justiciables.   

En el caso que aquí nos ocupa, esta Sala Constitucional, luego de efectuar un análisis de las actas que conforman el presente expediente, específicamente las copias certificadasde las actuaciones en la causa contentiva del juicio por cumplimiento de contrato de compra venta que incoó el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra el ciudadano José Raúl Silvera García, cursantes al expediente N° AP31-V-2012-000762, y contrastarlas con el análisis efectuado por el fallo dictado el 3 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, concluye que éste en su actividad jurisdiccional empleó un razonamiento opuesto al que emergía de las actas procesales, apartándose de la aplicación de las normas que atribuyen consecuencias jurídicas a determinados hechos, específicamente en lo que a la carga de la prueba se refiere, en desmedro de la garantía al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa del ciudadano Omar Ramón Font Palacios, conclusión que efectúa esta Sala Constitucional tomando en consideración los siguientes elementos:

Es harto conocido, como bien lo afirma Santiago Sentis Melendo, que la prueba es la verificación de las afirmaciones hechas por las partes, las cuales, por lo general, se refieren a hechos por ellas controvertidos (“La Prueba” Los Grandes Temas del Derecho Probatorio, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 12). En este sentido, cuando determinados hechos son admitidos por ambas partes, quedan relevados de ser probados. Por el contrario, cuando los alegatos de las partes son controvertidos, entran en juego las diversas fórmulas de distribución de la carga de la prueba. En este sentido, la carga de la prueba incumbe al actor, en cuanto al hecho constitutivo de su derecho, y en lo que atañe al demandado, en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificativo o extintivo.

Ello es así por mandato del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago el hecho extintivo de la obligación”, cuyo contenido es casi idéntico a lo que dispone el artículo 1.354 del Código Civil que establece: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago el hecho que ha producido la extinción de su obligación”.

Ahora bien, desde el punto de vista procesal, la disposición contenida en el Código de Procedimiento Civil, no es más que una ilustración dirigida al juez a fin de la solución de los conflictos en atención al cumplimiento de la carga de la prueba, para lo cual debe tomar en consideración la actividad de alegación de las partes. Por tanto, en principio corresponde al actor la prueba de los hechos que soportan su pretensión. Si el demandado lo contradice pura y simplemente, la carga de la prueba permanece en cabeza del actor, más si el demandado se excepciona de su cumplimiento mediante un hecho extintivo, le corresponde a él su demostración. Igual situación ocurre cuando el demandado en su actividad de alegación incorpora un nuevo alegato, el cual en caso de no ser un hecho admitido por ambas partes, le incumbe la carga de probarlo.

En el caso de autos nos encontramos que en el juicio por cumplimiento de contrato de compra venta incoó el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra el ciudadano José Raúl Silvera García, no constituyó un hecho controvertido la existencia del contrato de compra venta suscrito el 5 de noviembre de 1999, sobre un inmueble constituido con el numero 194, situado en el piso 19, de la torre ‘A’ del edificio RESIDENCIAS LOS ARRAYANES, ubicado en la prolongación de la Avenida El Ejercito, Conjunto Residencial Parque Paraíso, Parroquia San Juan, hoy Parroquia Paraíso, cuyo precio fue pactado en la cantidad de treinta y ocho millones de bolívares (Bs 38.000.000,oo) actualmente treinta y ocho mil bolívares (Bs. 38.000,oo), y el cual, mediante la suscripción de un segundo contrato fue modificado posteriormente a cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,oo) actualmente cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,oo). De igual manera constituyó un hecho no controvertido que el 5 de noviembre de 1999, ambas partes suscribieron un contrato de comodato sobre el mismo inmueble, con una duración similar al primero de los contratos aquí detallados, es decir 3 meses.

Según lo afirmó el ciudadano Omar Ramón Font Palacios, al no haberse llevado a cabo la ejecución de los contratos de compra venta, se acordó de mutuo acuerdo verbal entre los contratantes, un nuevo contrato de compraventa en el cual se modificó el precio del inmueble en sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,oo). A tal efecto, como prueba de lo alegado el ciudadano Omar Ramón Font Palacios consignó recibos relativos a los depósitos y pagos efectuados en favor del ciudadano José Raúl Silvera García, los cuales para el 30 de mayo de 2005, ascendían a la cantidad de sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil Bolívares (Bs. 64.970.000,oo) que corresponden en la actualidad a sesenta y cuatro mil novecientos setenta bolívares (Bs. 64.970,oo).

            Seguidamente como quedó reflejado a lo largo del presente fallo, el ciudadano José Raúl Silvera García, en la oportunidad de contestar la demanda, además de negar, rechazar y contradecir la existencia del contrato de compra venta verbal, invocó en su favor que “si bien es cierto Sr. Juez, que el demandante OMAR FONT, realizó a favor de mi representado algunos pagos adicionales a las arras aportadas en la oportunidad de suscribir los dos (2) contratos de Compromiso Bilateral de Compra-Venta, estos pagos fueron hechos como pagos o compensación por los daños y perjuicios que le ocasionó a mi mandante, por continuar ocupando el inmueble por más tiempo del estipulado en el citado contrato de comodato”.

            Ahora bien, conforme quedaron expuestos los términos de la controversia, si bien conforme a la regla del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, el actor tenía la carga de probar el hecho constitutivo (existencia del contrato bilateral de compra venta celebrado de forma oral) para lo cual hizo valer los contratos reconocidos por ambas partes y el pago del precio, el demandado, al haber aceptado la existencia de los contratos de promesa bilateral de compra venta y haberse excepcionado invocando que el monto recibido era con ocasión a unos daños y perjuicios derivados de un contrato de comodato, invirtió la carga de la prueba, para lo cual le correspondía demostrar no sólo el origen de tales daños sino que los pagos recibidos efectivamente se correspondían a éstos.

En este aspecto estima esta Sala necesario indicar que, en lo que respecta a los daños y perjuicios establecidos en el contrato de comodato suscrito entre las partes contratantes el 5 de noviembre de 1999 alegados por el ciudadano José Raúl Silvera García para justificar los pagos recibidos, éstos se derivan de la cláusula novena cuyo contenido es el siguiente “‘EL COMODATARIO’ se compromete a entregar el inmueble identificado en la Cláusula Primera, al vencimiento del contrato, en las mismas condiciones en que lo recibe. Todo retraso o demora en la devolución del inmueble dado en comodato, obliga a ‘EL COMODATARIO’ a pagar a ‘EL COMODANTE’ la cantidad de QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,oo) por cada día de retardo, por concepto de daños y perjuicios”.

Lo anterior resulta imprescindible en el análisis que efectúa esta Sala Constitucional respecto al juzgamiento efectuado por los juzgadores de las causas anteriormente detalladas, pues de ello se deprende que al efectuarse una operación aritmética de los días transcurridos entre el 5 de febrero de 2000 (vencimiento del contrato de comodato) al 30 de mayo de 2005 (fecha para la cual el ciudadano Omar Ramón Font Palacios había efectuado pagos a favor del ciudadano José Raúl Silvera García por la cantidad de Bs. 64.970.000,oo), transcurrieron 1.885 días que multiplicados por quince mil bolívares diarios (Bs. 15.000,oo) ascendían a la cantidad de veintiocho millones doscientos setenta y cinco mil bolívares (Bs. 28.265.000,oo). De manera que, en caso de que los pagos se efectuaran en atención a la cláusula novena del contrato de comodato, la suma causada era de veintiocho millones doscientos setenta y cinco mil bolívares (Bs. 28.265.000,oo).

De lo anterior, resulta evidente para esta Sala Constitucional que los pagos efectuados por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios en favor del ciudadano José Raúl Silvera García por la cantidad de sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil Bolívares (Bs. 64.970.000,oo) no podían ser considerados como pago de unos daños. Por una parte, porque el ciudadano Omar Ramón Font Palacios continuó de manera pacífica en la posesión del inmueble con el consentimiento del ciudadano José Raúl Silvera García, sin que éste le demandara la entrega del inmueble y en adición a ello, sin resistencia alguna, recibió los pagos .

De otro lado constituye una conclusión irracional, por decir lo menos, afirmar que los pagos realizados por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios constituían los daños y perjuicios derivados del contrato de comodato, pues la cantidad pagada en favor del ciudadano José Raúl Silvera García para el año 2005 (sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil Bolívares -Bs. 64.970.000,oo-) representaban más de once años de penalidad de acuerdo a la clausula novena del contrato de comodato. Dicho de otra manera, de acuerdo al análisis efectuado por el fallo cuya revisión se solicitó, el ciudadano Omar Ramón Font Palacios pagó por adelantado aproximadamente 11 años de penalidad, aún cuando habían transcurrido tan sólo 5 desde que supuestamente comenzó a aplicarse la misma, y sin tener conocimiento de los supuestos daños y perjuicios, pues para ese momento siquiera habían sido alegados.

En adición a lo anterior, no entiende esta Sala Constitucional como y de qué manera el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas consideró que el ciudadano José Raúl Silvera García logró “desvirtuar” que los pagos efectuados por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios se hicieron en virtud del “supuesto contrato de opción de compra venta”, pues del acervo probatorio analizado por el juzgador no se desprende tal circunstancia. Más aún, todas y cada una de las pruebas que cursan en actas llevaron al juzgador a verificar que efectivamente se celebró un contrato de compra venta entre los ciudadanos Omar Ramón Font Palacios y José Raúl Silvera García, sobre un inmueble constituido con el numero 194, situado en el piso 19, de la torre ‘A’ del edificio RESIDENCIAS LOS ARRAYANES, ubicado en la prolongación de la Avenida El Ejercito, Conjunto Residencial Parque Paraíso, Parroquia San Juan, hoy Parroquia Paraíso, Municipio Libertador, y que el ciudadano Omar Ramón Font Palacios, para el año 2005, efectuó unos pagos a favor del ciudadano José Raúl Silvera García por la suma de sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil Bolívares (Bs. 64.970.000,oo).

Si bien es cierto que el compromiso bilateral suscrito por las partes no se materializó dentro de los 3 meses estipulados en el segundo contrato de compra venta como lo alegó el ciudadano José Raúl Silvera García, también lo es que el ciudadano Omar Ramón Font Palacios alegó la existencia de un tercer contrato verbal de compra venta sobre el mismo inmueble, para lo cual invocó y demostró haber pagado la cantidad de sesenta y cuatro millones novecientos setenta mil Bolívares -Bs. 64.970.000,oo. Ello, aunado a la circunstancia de que hasta el momento en que canceló la totalidad del precio (mayo del 2005) estuvo en posesión del inmueble de manera pacífica e ininterrumpida, pues no fue sino hasta el 6 de junio de 2005, cuando el ciudadano José Raúl Silvera García demandó por cumplimiento de contrato de comodato al ciudadano Omar Ramón Font Palacios.

Así, quedó evidenciado que el ciudadano José Raúl Silvera García continuó recibiendo las cantidades de dinero depositadas en su favor por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios sin resistencia alguna, elemento éste adicional al análisis efectuado en párrafos anteriores para considerar que los pagos alegados no se correspondían a daños y perjuicios, pues para que tal circunstancia pudiera ser considerada, es lógico suponer que el ciudadano José Raúl Silvera García realizara en algún momento diligencias tendentes a la recuperación del inmueble, bien sea a través de alguna notificación, el desahucio o una acción judicial, pues lo contrario daba a suponer, como ocurrió en el caso que se analiza, que la relación contractual primigenia en ambos contratos se prorrogó tácitamente, máxime si se toma en consideración que con la suscripción del segundo contrato de compra venta, no varió la situación en lo que respecta a la continuación del contrato de comodato, el cual, según alega el ciudadano José Raúl Silvera García, se encontraba vencido.

Todos estos elementos constituían, a juicio de esta Sala Constitucional, pruebas suficientes para considerar la existencia del contrato verbal cuyo cumplimiento se demandó y para que el juzgador declarara con lugar apelación incoada por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios y, en consecuencia con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta al haber quedado demostrado, por parte del ciudadano Omar Ramón Font Palacios, la existencia del contrato y el pago efectuado, al tiempo que la defensa esgrimida por la parte demandada, de acuerdo al análisis efectuado por esta Sala en líneas anteriores, resultaba irrazonable, pues al haber incorporado la existencia de unos supuestos daños para excepcionarse de la pretensión del ciudadano Omar Ramón Font Palacios, su causa debió ser probada y no lo hizo.

En este sentido, como quiera que la Sala considera que el fallo dictado, el 3 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas incurrió en una evidente violación del derecho a la defensa del ciudadano Omar Ramón Font Palacios, al haber establecido hechos totalmente distorsionados  a lo que emergía de las pruebas aportadas, esta Sala Constitucional declara HA LUGAR la presente solicitud de revisión y, en consecuencia, anula la sentencia identificada en la primera línea de este párrafo.
Ahora bien, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:

“Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada”.

En el presente caso, dado los términos en que se resolvió la presente solicitud de revisión se estima que el reenvío a un Juzgado Superior para que resuelva la apelación del ciudadano Omar Ramón Font Palacios dilataría de manera inútil la causa, toda vez que el motivo que generó la declaratoria ha lugar de la revisión constitucional fue resuelto sin suponer nueva actividad probatoria, y con los elementos que cursan en el expediente, al tiempo que la presente decisión se hizo en observancia a la correcta aplicación de la carga de la prueba y no en lo que respecta a la valoración de estas.
Por tal razón, esta Sala en uso de la facultad contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, revisa sin reenvío la decisión dictada, el 3 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual ANULA y como consecuencia de ello, declara con lugar la apelación ejercida por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra la sentencia dictada, el 6 de mayo de 2013, por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se revoca. De este modo, declara Con Lugar la demanda que, por cumplimiento de contrato de promesa bilateral de compra venta, incoó el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra el ciudadano José Raúl Silvera García, y ordena a este último a cumplir con el otorgamiento del documento definitivo de venta para la trasmisión de la propiedad del inmueble cuyos datos y demás especificaciones según consta del documento de constitución de hipoteca que a favor del IPASME constituyó el demandado, son los siguientes: “un apartamento constituido por un apartamento distinguido con el número y letra ciento noventa y cuatro raya A (194-A) ubicado en el decimo noveno piso de la Torre A del Edificio Residencias Los Arrayanes, situado en la prolongación de la Avenida El Ejercito de la Urbanización El Paraíso, Parroquia San Juan, Departamento Libertador de Distrito Federal.”, el cual tiene una superficie de ochenta metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (80,50 m2) y consta de las siguientes dependencias: salón-comedor, tres (3) dormitorios, dos (2) baños, cocina, lavandero y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con vacio ventilación, apartamento N° 191-A y foso de ascensores; Sur: Con fachada Sur de la Torre A; Este: Con pasillo de circulación y apartamento 193-A y oeste: Con fachada Oeste de la Torre A y se le ha asignado el puesto de estacionamiento número (60) así como también un maletero número sesenta (60) y le corresponde un porcentaje de condominio de Cero enteros con cinco mil trescientos diecinueve milésimas por ciento (0,5319%) sobre los derechos y obligaciones comunes, según documento de condominio inscrito en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el 19 de octubre de 1981, .reformado por documento inscrito en la misma Oficina de registro el 4 de noviembre de 1981, bajo el N° 34., Tomo 17, Protocolo 1ero, el cual pertenece al ciudadano José Raúl Silvera García, por haberlo adquirido conforme a documento protocolizado ante la Oficina de Registro antes mencionada, el 11 de marzo de 1982, bajo el N°3, Tomo 23, Protocolo Primero.
A tal efecto, para la ejecución de la sentencia se ordena devolver el presente expediente al Juzgado Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual deberá ordenar efectuarla conforme los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, en caso de que la parte demandada incumpla con la obligación de hacer que aquí se ordena, téngase este fallo como título suficiente de propiedad, para lo cual deberá registrarse de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado.

Por último, en atención al pronunciamiento efectuado por esta Sala Constitucional, se hace imperativo declarar de oficio la nulidad de la totalidad de las actuaciones surgidas en el juicio que, por cumplimiento de contrato de comodato, incoó el ciudadano José Raúl Silvera García contra el ciudadano Omar Ramón Font Palacios, ya que, al haber quedado demostrado en la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta incoada por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra el ciudadano José Raúl Silvera García que los pagos efectuados se hicieron como parte del precio del inmueble, su permanencia en el inmueble era con carácter de propietario, por lo cual los supuestos daños y perjuicios declarados en ese juicio no tienen causa. Dicho proceso se sustanció en primera instancia ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así también se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1-     HA LUGAR la solicitud de revisión solicitada por el ciudadano Omar Ramón Font Palacios de la sentencia dictada el 3 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que, a su vez, declaró sin lugar la demanda que, por cumplimiento de contrato de compra venta incoó contra el ciudadano José Raúl Silvera García, la cual se ANULA.

2-     CON LUGAR la demanda que, por cumplimiento de contrato de compra venta incoó el ciudadano Omar Ramón Font Palacios contra el ciudadano José Raúl Silvera García y, en consecuencia, se ordena a este último a otorgar el documento definitivo de venta ante la Oficina de Registro correspondiente, cuyos datos y especificaciones son los siguientes:“un apartamento constituido por un apartamento distinguido con el número y letra ciento noventa y cuatro raya A (194-A) ubicado en el decimo noveno piso de la Torre A del Edificio Residencias Los Arrayanes, situado en la prolongación de la Avenida El Ejercito de la Urbanización El Paraíso, Parroquia San Juan, Departamento Libertador de Distrito Federal.”, el cual tiene una superficie de ochenta metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (80,50 m2) y consta de las siguientes dependencias: salón-comedor, tres (3) dormitorios, dos (2) baños, cocina, lavandero y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con vacio ventilación, apartamento N° 191-A y foso de ascensores; Sur: Con fachada Sur de la Torre A; Este: Con pasillo de circulación y apartamento 193-A y oeste: Con fachada Oeste de la Torre A y se le ha asignado el puesto de estacionamiento número (60) así como también un maletero número sesenta (60) y le corresponde un porcentaje de condominio de Cero enteros con cinco mil trescientos diecinueve milésimas por ciento (0,5319%) sobre los derechos y obligaciones comunes, según documento de condominio inscrito en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el 19 de octubre de 1981, .reformado por documento inscrito en la misma Oficina de registro el 4 de noviembre de 1981, bajo el N° 34., Tomo 17, Protocolo 1ero, el cual pertenece al ciudadano José Raúl Silvera García, por haberlo adquirido conforme a documento protocolizado ante la Oficina de Registro antes mencionada, el 11 de marzo de 1982, bajo el N°3, Tomo 23, Protocolo Primero. A tal efecto, para la ejecución del presente fallo, se ordena remitir copia certificada de esta decisión al Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien actuó en la causa como tribunal de la primera instancia.

3-     De OFICIO, se declara  la NULIDAD de la totalidad de las actuaciones surgidas en el juicio que, por cumplimiento de contrato de comodato, incoó el ciudadano José Raúl Silvera García contra el ciudadano Omar Ramón Font Palacios, la cual se sustanció ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

4-     Se condena en costas al ciudadano José Raúl Silvera García por haber resultado totalmente vencido en la causa.
A fin de ejecutar la presente decisión, se ordena remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien actuó como tribunal de la primera instancia. Así mismo se ordena remitir copia certificada al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de mayo  dos mil catorce. Años:204º de la Independencia y 155º de la Federación.

La Presidenta,




GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
            El Vicepresidente,




      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      
                                                         Ponente


Los Magistrados,



LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
           



MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN




CARMEN ZULETA DE MERCHÁN





ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES





JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER


El Secretario,




JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO


FACL/
Exp. N° 13-0915





"Sentencia de la Sala de Casación Social que establece cuál es el procedimiento aplicable para tramitar las demandas de nulidad que se interpongan ante esta Sala, con fundamento en los artículos 137 o 148 de la Ley de Pesca y Acuicultura, contra los actos administrativos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, resolutorios de los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones del Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura”



Con el propósito de examinar la competencia de esta Sala de Casación Social para decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad sometido a su conocimiento, se observa que el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su aparte único, establece que es competente en lo que respecta “(…) a la casación agraria, laboral y de menores”. En este sentido, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus numerales 1, 2 y 3, incluye, entre la competencia de esta Sala, el conocimiento del recurso de casación en los juicios agrarios, el conocimiento en alzada de los recursos contencioso administrativos de nulidad en materia ambiental y agraria, así como las demás que establezcan la Constitución y las leyes.

Ahora bien, el examen del Título VI de la Carta Magna, relativo al sistema socioeconómico, permite concluir que la materia de pesca y acuicultura forma parte de la materia agraria, como se desprende del artículo 305 constitucional, según el cual se entiende por producción agropecuaria interna, “(…) la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria,pesquera y acuícola” (resaltado añadido), a través de cuyo desarrollo se pretende lograr la seguridad alimentaria de la población. En este orden, la Ley de Pesca y Acuicultura tiene por objeto el regular el sector pesquero y de acuicultura para asegurar la soberanía alimentaria de la Nación, conteste con lo previsto en su artículo 1.

Al respecto, la doctrina patria sostiene que, para algunos especialistas, el Derecho Pesquero o Derecho de Pesca es un subsector del Derecho Agrario, referido a la pesca artesanal, considerada como fuente primaria de alimentos; e igualmente señala que así lo reconoce la Ley de Pesca y Acuicultura (Acosta-Cazaubón, Jesús Ramón. Manual de Derecho Agrario: El derecho a la justicia social en el campo, 2ª edición. Tribunal Supremo de Justicia. Fundación Gaceta Forense. Caracas 2012, p. 81).

Dentro del marco normativo planteado, el Título IX de la Ley de Pesca y Acuicultura (De los procedimientos administrativos), Capítulos II y III (Del procedimiento sancionatorio y para la resolución de conflictos, respectivamente), establecen una competencia contencioso administrativo especial de esta Sala de Casación Social, para conocer –en única instancia– de la impugnación de los actos administrativos dictados por el Ministerio con competencia en la materia –esto es, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras– que resuelvan los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones del Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura.

En este sentido, el artículo 137 de la Ley de Pesca y Acuicultura, atinente a la terminación del procedimiento sancionatorio, establece, en su último aparte, in fine: “Se podrá ejercer recurso contencioso administrativo contra la decisión del recurso jerárquico, emanada del Ministro, ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 30 días continuos de la terminación del procedimiento”. En los mismos términos, el artículo 148 eiusdem, concerniente a la terminación del procedimiento para la resolución de conflictos “por interferencias de pesquerías”, dispone, en su último aparte, in fine: “Se podrá ejercer recurso contencioso administrativo contra la decisión del recurso jerárquico, emanada del Ministro, ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 30 días siguientes”.

En consecuencia, visto que en el caso bajo estudio se pretende la nulidad de la Resolución DM/N° 001/2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en fecha 19 de octubre de 2011, la cual confirma la decisión contenida en la providencia administrativa N° 68/2011 dictada el 28 de abril de ese mismo año, por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, esta Sala de Casación Social asume la competencia para resolver el recurso ejercido, con fundamento en lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Con relación a lo anterior, es necesario precisar que tal competencia se asume en Sala, al haberse establecido que el Derecho Pesquero es un subsector del Derecho Agrario. Así se declara.

DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE

Como se señaló en el capítulo anterior, los artículos 137 y 148 de la Ley de Pesca y Acuicultura atribuyen a esta Sala de Casación Social, la competencia para conocer de la pretensión de nulidad que tenga por objeto los actos administrativos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, resolutorios de los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones del Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura. Así, al asignarse la competencia a esta Sala, resulta palmario que el trámite se sustanciará en una única instancia; no obstante, la citada Ley no regula un procedimiento especial que deba seguirse en esta sede, por lo que es necesario examinar cuál es el aplicable, tomando en consideración que el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone: “(…) cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se podrá aplicar el que las Salas juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal”.

Al respecto, cabe acotar que la Ley que rige las funciones de este alto Tribunal, en el Título VII (de los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia), prevé, además de las disposiciones generales y las relativas a las ponencias, el avocamiento y el antejuicio de mérito; asimismo, el Título XI (disposiciones transitorias), está referido a la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante las Salas Constitucional y Electoral, como se señala en el artículo 127 eiusdem.

Ahora bien, conteste con el principio de la lex especialis, visto que la materia pesquera está comprendida en el Derecho Agrario –como se indicó supra–, debe darse preeminencia al trámite procedimental contenido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, descartándose cualquier otro procedimiento contencioso administrativo especial, e inclusive el regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que solo aplicará de forma supletoria.

Sin embargo se advierte que, de conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el procedimiento contencioso administrativo especial agrario se sustancia en dos instancias, correspondiendo a esta Sala de Casación Social actuar como juez de alzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156, numeral 2 y 184, numeral 3 de la Ley antes referida, lo cual coincide con el artículo 30, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, visto que en el ámbito pesquero el asunto se tramita en una única instancia por ante esta Sala, cuyas decisiones son irrecurribles –y sólo pueden ser objeto de la excepcional revisión constitucional–, no serán aplicables aquellas normas concernientes al recurso de apelación contra la sentencia definitiva y al trámite de la segunda instancia, contenidas en los artículos 174 al 178 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Por otra parte, considerando que el funcionamiento de esta Sala de Casación Social está regido por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en este sentido cuenta con un Juzgado de Sustanciación –constituido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la citada Ley–, es necesario precisar quién debe pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad.

Del estudio diacrónico de la legislación referida a este máximo Tribunal de la República, se evidencia que el artículo 84 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establecía, en su último aparte, que podría apelarse del auto por el cual el Juzgado de Sustanciación declarara inadmisible la demanda o solicitud, “para ante la Corte o la Sala respectiva”; en el mismo sentido, el artículo 19 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 preceptuaba, en su cuarto aparte, que el Juzgado de Sustanciación decidiría acerca de la admisión de la demanda o recurso, siendo apelable el auto mediante el cual declarara su inadmisibilidad, por ante la Sala correspondiente. Por otra parte, en lo que respecta a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su artículo 36 dispone que la decisión sobre la admisión o no de la demanda, será apelable.

Visto lo anterior, corresponde al Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Social, pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad, y el auto correspondiente será susceptible de impugnación a través del recurso de apelación. En este sentido, los artículos 18 y 97 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevén la apelación de los autos emitidos por el Juzgado de Sustanciación, que será resuelta por la Sala respectiva; y en tal supuesto, el Magistrado de cuya decisión como Juez Sustanciador se recurra, no participará en las decisiones y deliberaciones sobre el recurso intentado, actuando válidamente la Sala con sus miembros restantes (ex artículo 18, único aparte, de la citada Ley).

De forma excepcional, si la parte demandante ejerció acción de amparo constitucional cautelar, corresponde a la Sala de Casación Social –y no al Juzgado de Sustanciación– examinar preliminarmente la admisibilidad del recurso de nulidad y decidir el referido amparo cautelar; y sólo si éste es desestimado, pasará los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de examinar la caducidad de la acción; ello, conteste con lo sostenido por la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal, en sentencia N° 402 del 20 de marzo de 2001 (caso:Marvin Enrique Sierra Velasco), en la cual señaló:

(…) propuesta la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso de acordarse la misma, para la tramitación de la oposición respectiva, el cual se remitirá junto con la pieza principal, contentiva del recurso de nulidad, al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente (…).

Igualmente, será el Juzgado de Sustanciación el que decidirá sobre la admisión de las pruebas, y en caso de negar la admisibilidad de las mismas, el auto es susceptible de apelación. Así se declara.

Una vez determinado cuál es el procedimiento aplicable para tramitar el recurso contencioso administrativo pesquero, y establecido que la admisión del mismo corresponde al Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Social –salvo que se haya ejercido acción de amparo cautelar–, se ordena remitir los autos de forma inmediata al Juzgado de Sustanciación, para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta, sin examinar la competencia, en este caso en particular, por cuanto ya fue analizada en el presente fallo; y, de ser admitida, deberá abrir un cuaderno separado –con copia certificada de la solicitud, de la presente decisión, demás documentos pertinentes–, a fin de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos, solicitada por la parte actora. Así se establece.

Finalmente, visto el contenido de la presente decisión, se ordena su publicación en la Gaceta Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y su reseña en la página web de este alto Tribunal, bajo el siguiente título: “Sentencia de la Sala de Casación Social que establece cuál es el procedimiento aplicable para tramitar las demandas de nulidad que se interpongan ante esta Sala, con fundamento en los artículos 137 o 148 de la Ley de Pesca y Acuicultura, contra los actos administrativos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, resolutorios de los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones del Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura”. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la sociedad mercantil Cardón IV, C.A., contra la Resolución DM/N° 001/2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en fecha 19 de octubre de 2011, la cual confirma la decisión contenida en la providencia administrativa N° 68/2011 dictada el 28 de abril de ese mismo año, por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura.

Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial, así como su reseña en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el siguiente título: “Sentencia de la Sala de Casación Social que establece cuál es el procedimiento aplicable para tramitar las demandas de nulidad que se interpongan ante esta Sala, con fundamento en los artículos 137 o 148 de la Ley de Pesca y Acuicultura, contra los actos administrativos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, resolutorios de los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones del Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura”.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a los fines legales consiguientes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis  (16) días del mes de mayo  de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.


El Presidente de la Sala y Ponente,


________________________________________
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ



La Vicepresidenta,                                                    Magistrado,


_________________________________             _______________________________
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA             OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI



Magistrada,                                                              Magistrada,


________________________________          _______________________________
SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS           CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA


El Secretario,


___________________________
MARCOS ENRIQUE PAREDES

R.N. N° AA60-S-2011-001548
Nota: Publicada en su fecha a





El Secretario,





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