miércoles, 4 de noviembre de 2015

Constitucionalidad del Estado de Excepción en el municipio Atures del Estado Amazonas. (Sala Constitucional)



Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, y estando dentro de la oportunidad para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.071, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.773 del 23 de octubre de 2015, el cual se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
En un principio es pertinente realizar un desglose del contenido de dicho decreto, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:
En su encabezamiento se establecen los fundamentos jurídicos, basados en normas constitucionales y legales en que se sustentan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236, Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas.
El cuerpo del decreto, que luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en el municipio Atures del Estado Amazonas, por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.


El artículo 4, que prevé la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas establezca límites máximos de ingresos o egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo, restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país para realizar dichas operaciones.
El artículo 5 suspende de manera temporal el porte de armas en el mencionado municipio a fin de preservar el orden público, exceptuando al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El artículo 6 regula el fortalecimiento del programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo (OLP).
El artículo 7 extiende al municipio en el cual se aplicará el estado de excepción, la aplicación del Decreto n.° 1.959 de fecha 28 de agosto de 2015, en el cual se crea el Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera.
Los artículos 8 y 9 señalan que la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados del municipio objeto de aplicación del decreto, para que éstos puedan velar por el respeto de los derechos humanos, y la garantía de los controles migratorios por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en el municipio Atures del Estado Amazonas.
El artículo 10 faculta a los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desalojar ocupaciones ilegales ubicadas en el Municipio fronterizo, cumpliendo con el debido proceso y bajo la supervisión de funcionarios del Ministerio Público, así como representantes de la Defensoría del Pueblo.
El artículo 11 según el cual los Poderes Públicos, los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colaborarán entre sí y desarrollarán sus actividades de manera coordinada, orientadas al logro de las medidas contenidas en este Decreto, determinando además que corresponden al Ministerio Público y a los tribunales penales de la República, realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la ley para evitar la impunidad o la injusticia, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del referido decreto.
De la misma manera, el artículo 12 contiene la designación al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Amazonas, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión del Decreto deban ejecutarse; señalándose también que los órganos de seguridad ciudadana y la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los Municipios objeto del Decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en el Municipio fronterizo correspondiente, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del Estado Amazonas.
El artículo 13 estatuye que las personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en las áreas declaradas en estado de excepción conforme al mencionado decreto están en el deber de cooperar con las autoridades competentes para la protección de las personas, bienes y de las instituciones, así como de realizar el servicio extraordinario que se les requiera.
El artículo 14 del decreto delega a la Autoridad Única que se designare con competencia en la zona determinada por los límites del municipio Atures del estado Amazonas, como coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan.
Los artículos 15 y 16 señalan que el decreto será remitido a la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y aprobación, así como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, en ambos casos dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El artículo 17 contempla una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más, para la ejecución de los objetivos plasmados en el decreto, mientras el artículo 18 delegó a la Autoridad Única con competencia en la zona determinada por los límites del estado Amazonas, su ejecución.
Como último artículo, determina la entrada en vigencia del decreto, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
Ahora bien, una vez analizado el contenido del decreto sometido al control constitucional correspondiente, se observa que aborda el mismo objetivo que los decretos números 1.950, 1.969 y 1.989, del 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, así como los números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, del 15 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyos propósito es impedir la extensión o prolongación, al igual que atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la Nación, con la salvedad de que en esta ocasión el Ejecutivo Nacional consideró necesario declarar el estado de excepción en el municipio Atures del estado Amazonas.
Adicionalmente, para mayor precisión es pertinente acotar que la medida  declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de continuar con la protección de las instituciones, expresión directa del Poder Público y de la sociedad, que fueron rebasadas en sus funciones y derechos de control y paz social en el Municipio sobre el cual versa el Decreto sometido a examen,  al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha venido desplegando el Poder Público, junto a otras tantas que han sucedido al Decreto n° 1.950, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, cuyos resultados a favor de la garantía del orden público y de los derechos de todas las personas, sin distinción alguna, son notorios, siendo ineludibles para el restablecimiento del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional como internacionalmente, según la ley.
Así pues, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en el municipio Atures del Estado Amazonas, con el propósito de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción organizado en diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, impidiendo el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los acontecimientos que han venido reportando los medios de comunicación sobre las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes reseñas a título enunciativo: 
OLP en Amazonas desmanteló banda de contrabando hacia Colombia
La banda que se dedicaba al contrabando de productos alimenticios, gasolina y equipos tecnológicos hacia Colombia
La presidenta de la Corporación Especial para el Desarrollo Integral del Estado Amazonas (Corpoamazonas), Nicia Maldonado, informó este domingo sobre la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Maldonado detalló que fue desmantelada una banda que se dedicaba al contrabando de productos alimenticios, gasolina y equipos tecnológicos hacia Colombia.
Asimismo explicó que en el operativo, realizado en el barrio Luisa Cáceres de Arismendi, participaron 430 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (CICPC).
En el sector se encontraron "puertos y muelles clandestinos que servían para la extracción y contrabando de alimento y combustible hacia Colombia", así como presuntas plantas de marihuana, sacos de cemento, motocicletas, repuestos de motos, plantas de equipos de sonidos y mini laptops, entre otro tipo de artículos

PRIVATIVA DE LIBERTAD CONTRA INDIGENA POR CONTRABANDO DE ESTAÑO
Fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión el joven de la comunidad indígena Piaroa, José Ezequiel Contreras Mota (18), quien admitió haber traficado un kilo con 400 gramos de estaño, considerado como material estratégico por la legislación venezolana.
Tal situación fue detectada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 14 de agosto de 2014, en el sector Pozón de Babilla del municipio Atures, estado Amazonas.
En la audiencia preliminar, el fiscal 1° auxiliar de esa jurisdicción, Mario Magín, ratificó la acusación contra el indígena por la comisión del delito de tráfico y comercio ilícito de recursos y material estratégico, en la modalidad de tráfico, previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Luego de la admisión del hecho por parte de Contreras Mota, el Tribunal 1º de Control de Amazonas dictó la referida sentencia condenatoria contra el joven, la cual deberá cumplir en la comunidad Agua Mena, bajo la custodia del Consejo de Ancianos y el Capitán de la etnia Piaroa, en cumplimiento de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

En horas de la tarde del referido día, efectivos de la GNB avistaron al joven en actitud sospechosa, en las áreas perimetrales del sector Pozón de Babilla, razón por la que se le acercaron, le solicitaron la documentación y seguidamente le efectuaron un chequeo de rutina.
Tras el citado procedimiento, los militares detectaron que llevaba consigo un kilo con 400 gramos de estaño, incautándosele el mineral y tres surucas (herramientas artesanales que sirven para la extracción de este tipo de materiales).

En virtud de tal situación, los uniformados aprehendieron a Contreras Mota.
Cabe mencionar, que el estaño (casiterita) es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente y que resiste la corrosión, por lo que se utiliza en muchas aleaciones, así como para envolver otros metales http://www.sucesosdeguayana.com/site/index.php?mod=detalle&s=2&d=28722&tit=PRIVATIVA%20DE%20LIBERTAD%20CONTRA%20INDIGENA%20POR%20CONTRABANDO%20DE%20ESTA%D1O%20%7C%20POLICIALES



¿Qué hay en la frontera de Amazonas?
Contrabando, narcotráfico y la explotación ilegal de las minas
El estado Amazonas se ubica al extremo sur de Venezuela y hasta ahora era el único paso con Colombia que permanecía abierto. Su superficie está escasamente poblada y posee el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonia.
Este territorio produce el tercio del oxígeno que respiramos y en él habitan innumerables especies de plantas y animales; es además un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos portátiles.
Los males que afectan a este estado desde hace décadas son la tala y quema indiscriminada, la minería ilegal, el tráfico y contrabando de gasolina, drogas, animales exóticos y madera, su selva y agua son también objeto del deseo de potencias mundiales.
A esto se suman las denuncias por corrupción a la gestión del gobernador de esa entidad Liborio Guarulla (opositor al presidente Maduro) que favorece a intereses contrarios al país. La declaración de emergencia y el cierre de la frontera están entendidos desde el Ejecutivo como una orden geopolítica y estratégica.
En agosto, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), mecanismo que activó el Ejecutivo para desarticular bandas delictivas, halló en Puerto Ayacucho productos de primera necesidad, gasolina y equipos tecnológicos que iban de contrabando hacia Colombia.
En el sector encontraron puertos y muelles clandestinos que servían para la extracción, así como sacos de cemento, motocicletas, repuestos de motos, plantas de equipos de sonidos y mini laptops, entre otro tipo de artículos.
Sólo en el mes de agosto, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confiscaron 49 kilos de coltán, mineral estratégico que contrabandistas pretendían extraer por la frontera fluvial que comparte Venezuela con Colombia. El precio de este mineral en el exterior es de 60 mil dólares.
También fueron incautados 26 mil litros de combustible de diferente octanaje, cinco toneladas de productos de la cesta básica, material de limpieza, productos de uso personal y 90 toneladas de cemento, informó el Comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Guayana, G/D Marcelino Pérez Díaz.
Explotación ilegal del oro, Garimpeiros y Plan Caura
La minería ilegal en la zona constituye una de las principales amenazas contra los Yanomamis, un pueblo nómada que tiene varios siglos de existencia en el Amazonas”.
 http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Que-hay-en-la-frontera-de-Amazonas--20151004-0034.html 

Por tanto, esta Sala Constitucional nota que el decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en el municipio Atures del Estado Amazonas, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, especialmente, los derechos al acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, soberanía alimentaria igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
Por igual, la Sala advierte que el decreto señala que en este municipio del Estado fronterizo, se ha verificado hechos graves y contundentes, de modo sistemático, y progresivo que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la ejecución de actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de transgredir el orden público, la convivencia armónica  cotidiana, la paz y la seguridad alimentaria, constriñendo el acceso a bienes y servicios subsidiados, regulados y protegidos por el gobierno venezolano, considerandos estos asuntos de seguridad de Estado, que constituyen las circunstancias fácticas que justifican la constitucionalidad del Decreto objeto del presente pronunciamiento, en salvaguarda de los derechos de las personas que hacen vida en dicho espacio geográfico fronterizo, así como en el resto del territorio nacional.  
En ese orden de ideas, el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece exigencias de justificación o razonabilidad de las medidas dispuestas para resolver la situación de hecho que afecta la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y sus instituciones.  Por tanto, esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción a las garantías previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales se juzgan necesarias,  adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan el acceso a los bienes de primera necesidad por parte de la población, los cuales han sido producto de un sistemático contrabando de extracción y los delitos conexos y sucedáneos a éstos.  
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y, por ende, procedente que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Amazonas, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la vida digna de su ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
Ello así, se observa que el Decreto sub examine dispone las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos, con lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. En tal sentido, con la finalidad de resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes del referido Municipio, y en general, de todos los habitantes del territorio nacional, vinculados al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, se dispuso de manera ponderada las medidas que consideró necesarias el Ejecutivo Nacional, proporcionales a los elementos fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la ley y de manera suficientemente razonada, en completo acatamiento de lo establecido en el artículo 337 del Texto Fundamental, sin haber restringido de ninguna forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que hace referencia tal norma Constitucional y los artículos 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
De igual forma, el decreto objeto de examen de constitucionalidad, preserva y ratifica la plena vigencia de los Derechos Humanos y el resto de los derechos y garantías constitucionales y demás previstos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración de otro elemento en el examen de constitucionalidad, a favor de la plena adecuación a los preceptos y límites que se coligen del Texto Fundamental, a ser observados cuando el Jefe del Estado ejercita las facultades de declaratoria de Estados de Excepción; por tanto, preserva y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser restringidas por expreso mandato constitucional.
Por otra parte, se observa que el decreto bajo examen hizo referencia a la extensión del Decreto Presidencial N° 1.959 de fecha 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, al municipio Atures del estado Amazonas, en el que se estableció la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, a los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, con lo cual se pone en evidencia que la actuación del Ejecutivo Nacional está dirigida a garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de productos para el consumo, la aplicación de políticas públicas determinadas a satisfacer otros derechos económicos y sociales de la población.
Esta Sala considera atinado referir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, disponen normas precisas en cuanto a la materia de deberes generales de la ciudadanía, y particularmente bajo la vigencia de un estado de excepción decretado conforme al Texto Fundamental, destacando que toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, y que el incumplimiento o la resistencia a esa obligación de cooperar prevista en el artículo 17 de la aludida Ley, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las respectivas leyes.
En fin, a juicio de este órgano el decreto en cuestión se encuentra apegado a los principios y normas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a impedir la extensión o prolongación del contrabando de extracción, así como la violencia delictiva y delitos conexos que reprimen gravemente  la convivencia social y económica de los mencionados municipios e incluso tiene incidencia en la vida nacional, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado a que se suma  la configuración jurídica de las medidas que ha venido adoptando el Ejecutivo Nacional en la zona. De modo que la Sala ordena que el referido decreto debe ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos.
En base a los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, declara la absoluta, plena e integral constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo. Así se decide.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.071, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.773, el 23 de octubre de 2015.
2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.071, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.773, el 23 de octubre de 2015.
Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: 
Sentencia que declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.071, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.773, el 23 de octubre de 2015”.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y al Presidente de la Asamblea Nacional. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

La Presidenta,









GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vicepresidente,









ARCADIO DELGADO ROSALES



Los Magistrados,









FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

…/


…/









LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO










MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN









CARMEN ZULETA DE MERCHÁN









JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER



El Secreta…/


…rio,
















http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/182591-1353-41115-2015-15-1192.HTML














Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites