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miércoles, 30 de septiembre de 2015

El juez penal debe procurar "mantener la unidad del proceso penal y no por el contrario la separación de causas, lo cual es una excepción que tiene sus causales taxativamente establecidas en el COPP"




MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES


La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, integrada por los jueces LUZ MARÍA GONZÁLEZ CÁRDENAS (ponente), ROBERTO QUINTERO VALENCIA y ALBA REBECA HIDALGO HUGUET, en fecha 2 de diciembre de 2014, emitió los siguientes pronunciamientos: 1) Declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Estado Zulia, abogada JHOANA MARÍA PRIETO BOZO. 2) Confirmó parcialmente la decisión dictada el 7 de agosto de 2014, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial, que desestimó el escrito acusatorio presentado el 24 de febrero de 2012, por la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público del Estado Falcón, contra los ciudadanos PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO, ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS, venezolanos, con cédulas de identidad números 15.593.169 y 18.155.980, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de SICARIATO (como autor material, el primero, e intelectual, la segunda) y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 12 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 3) Decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los nombrados ciudadanos por la comisión de los referidos delitos, de conformidad con los artículos “33, numeral 4”, y 300, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados. 4) Decretó la libertad plena y sin restricciones de los ciudadanos PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO y ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS.

Contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, interpusieron recurso de casación los abogados VÍCTOR HUGO BARRETO TACORONTE y JHOANA MARÍA PRIETO BOZO, en su carácter de Fiscal Cuadragésimo Octavo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Auxiliar Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Estado Zulia.

Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. El 19 de mayo de 2015, se recibió el expediente y el 20 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 

DE LOS HECHOS

Los hechos por los cuales la Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, abogada MARÍA EUGENIA DUGARTE CADENAS, en fecha 24 de abril de 2012, formuló acusación contra los ciudadanos ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS, CARLOS LUIS GARCÍA CHARLES, ÁNGEL YUBAL YAGUA, JUAN ARGENIS JIMÉNEZ, EDIMAR RAMÓN BRACHO GUANIPA y PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO, por los delitos de SICARIATO (como autora intelectual la primera y autores materiales los restantes cinco) y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, son los siguientes:

martes, 29 de septiembre de 2015

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (ONU)








Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985



A.-Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (ONU)





Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990).

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

martes, 22 de septiembre de 2015

Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en el Municipio Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure (Sala Constitucional)






El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 2.016 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS RÓMULO GALLEGOS Y PEDRO CAMEJO DEL ESTADO APURE, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS.228/2015, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, que se aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.016, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015. 
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n°. V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional  escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido
I
CONTENIDO DEL DECRETO
El texto del Decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, es el siguiente:
Decreto N° 2.016 Mediante el cual se dicta Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.


Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República

Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en el Municipio Páez del Estado Apure (Sala Constitucional)





El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 2.015 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO APURE, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS. 229/2015, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional, remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, en el que se aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.015, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015. 
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n.° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n.° V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.
I
CONTENIDO DEL DECRETO
El texto del decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015, es el siguiente:

Decreto N° 2.015 mediante el cual se dicta Estado de Excepción en el municipio Páez del estado Apure.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en los Municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia (Sala Constitucional)




El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 2.013 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS MACHIQUES DE PERIJÁ, ROSARIO DE PERIJÁ, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n° ANS.231/2015, de esa misma fecha, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, en el que aprobó por unanimidad el Decreto N° 2.013, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015. 
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n°. V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional  escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.

I
CONTENIDO DEL DECRETO

El texto del decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015, es el siguiente:

Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del Estado Zulia (Sala Constitucional)



El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N° 2.014 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS CATATUMBO, JESÚS MARÍA SEMPRÚN Y COLÓN DEL ESTADO ZULIA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS.230/2015, de esa misma fecha, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de dicha fecha, que aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.014, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n.° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n.° V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional  escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.
I
CONTENIDO DEL DECRETO
El texto del decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, es el siguiente:
Decreto N° 2.014 Mediante el cual se declara Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del estado Zulia.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 17° y 23° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

martes, 15 de septiembre de 2015

Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en varios municipios del estado Zulia (Sala Constitucional)




El 8 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 1.989 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS INDIGENA BOLIVARIANO GUAJIRA, MARA Y ALMIRANTE PADILLA DEL ESTADO ZULIA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.740 del 7 de septiembre de 2015, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
El 9 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n° ANS.219/2015, de esa misma fecha, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, en el cual se aprobó por unanimidad el Decreto N° 1.989, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.742 de fecha 9 de septiembre de 2015. 
El 9 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n°. V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional  escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.
En esa misma fecha, el ciudadano Julio Alejandro Pérez Graterol, antes identificado, titular de la cédula de identidad n° V- 13.083.760, quien actuando en su propio nombre en su condición de ciudadano venezolano y abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional un escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.

I
CONTENIDO DEL DECRETO

El texto del decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.740 de fecha 7 de septiembre de 2015, es el siguiente:

Decreto N° 1.989 Mediante el cual se dicta Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.


lunes, 14 de septiembre de 2015

Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la CIDH favorable a RCTV y otros






SALA CONSTITUCIONAL
PONENCIA CONJUNTA
Expediente n°. 15-0992
El 9 de septiembre de 2015, los ciudadanos REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO y JOSÉ GREGORIO CASTILLA BANQUEZ, venezolanos, abogados, de este domicilio, titulares de la cédulas de identidad n.os V-10.869.426, V-15.573.074 y V-14.350.682  respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 96.868, 142.392 y 144.718 en ese orden, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA el primero de los nombrados, de conformidad con designación contenida en las Resoluciones n.° 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General de la República de fecha 19 de diciembre de 2014, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, y de representantes de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, los demás abogados mencionados; presentaron ante esta Sala escrito contentivo de “ACCIÓN DE CONTROL CONVENCIONALIDAD”, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con jurisprudencia vinculante de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia plasmada en Sentencia n.° 1077 del 22 de septiembre de 2000 y n.° 1547 del 17 de octubre de 2011; “con respecto al sentido, alcance y aplicabilidad de la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, con fundamento en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, la cual acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
                        Los peticionantes solicitan que esta Sala declare la “INEJECUTABILIDAD de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela”, mediante “sentencia definitivamente firme sin relación ni informes”; sobre la base de las siguientes consideraciones:

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Constitucionalidad del segundo Decreto de Estado de Excepción dictado en Táchira (Sala Constitucional)



http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/181180-1174-8915-2015-15-0990.HTML

Una vez establecida la competencia, en forma previa esta Sala pasa a considerar el escrito de alegatos presentados por el ciudadano Leomagno Flores Alvarado, ya identificado, contra la constitucionalidad del Decreto número 1.969 del 31 de agosto de 2015, para lo cual se observa lo siguiente:
El artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción prevé que los interesados podrán consignar dentro de los cinco días siguientes al recibo del decreto que declaró el estado de excepción en la Sala Constitucional, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo.
Al respecto, esta Sala verificó que el escrito fue presentado ante la Secretaría el 5 de septiembre de 2015, esto es, al cuarto día siguiente de haberse recibido el oficio proveniente del Ejecutivo Nacional. Por tanto, el mismo resulta tempestivo y será considerada su pertinencia o no a los efectos del presente fallo. Así se declara.
Ahora bien, visto que la remisión del Decreto n.° 1.969, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735 del 31 de agosto de 2015, se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
En un principio es pertinente realizar un desglose del contenido de dicho decreto, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:
En su encabezamiento se establecen los fundamentos jurídicos, basados en normas constitucionales y legales en que se sustentan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas.


martes, 8 de septiembre de 2015

Constitucionalidad del Estado de excepción de varios Municipios del estado Táchira (Sala Constitucional)






Verificada la competencia de esta Sala Constitucional respecto de la remisión tempestiva efectuada por el ciudadano Presidente de la República, y cumplidos los trámites correspondientes, estando dentro de la oportunidad para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015; siendo  aprobado de forma unánime por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional mediante Acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015.
Como punto previo, esta Sala debe pronunciarse respecto del escrito presentado el 26 de agosto de 2015, por los ciudadanos Javier Villamizar y Horacio González, quienes adujeron tener la condición de Presidente y miembro, respectivamente, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, lo cual no fue acreditado con documentación alguna.

Al respecto, se observa además que el escrito no aporta elementos de convicción que sirvan de fundamento a los exiguos alegatos formulados en el mismo; circunstancia que incide negativamente en la admisibilidad del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 133, numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio asentado entre otras, en sentencias nros. 1.520 del 11 de octubre de 2011 y 1.255 del 14 de agosto de 2012, reiterado en otras tantas decisiones, y según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, razón por la que forzosamente debe inadmitirse el aludido escrito, siendo en consecuencia inoficioso pronunciamiento alguno sobre la pretendida ampliación presentada el 27 de agosto del año que discurre. Así se declara.
Ahora bien, a los fines de iniciar las presentes consideraciones, estima esta Sala la pertinencia de sentar algunas nociones sobre la naturaleza de los estados de excepción, como uno de los regímenes del derecho constitucional de excepción que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente, puede ser declarado de manera facultativa por el Presidente de la República, y en virtud del cual éste queda investido de facultades excepcionales para conjurar los hechos que condujeron a su declaratoria, conforme a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es un acto con proyección política, reglado por ésta.
Interesa al análisis correspondiente, traer a colación el tratamiento en la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vinculadas con la institución del estado de excepción, como herramienta que adquirió pleno basamento constitucional con la entrada en vigencia de aquella en 1999, profundizando los mecanismos de protección del Texto Fundamental y el universo de derechos y garantías que esta propugna, lo que, entre otros motivos, deviene de la ubicación de las normas respectivas dentro del Título VIII, intitulado “De la protección de esta Constitución”. De ese modo, dichas motivaciones del constituyente patrio nos enseñan lo siguiente, a saber:
“Capítulo II
De los estados de excepción
El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos principios básicos rectores de los estados de excepción: el de estricta necesidad y el de temporalidad.
Se circunscriben tales situaciones jurídicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de las personas, de la Nación o de las instituciones, y que no puedan ser afrontadas mediante las facultades ordinarias de los órganos del Poder Público. Se destaca, igualmente, la temporalidad de esas situaciones.
Por otro lado, el precepto menciona los principales derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos durante los estados de excepción. Se trata de un listado meramente enunciativo, pues tampoco son susceptibles de suspensión o restricción los derechos señalados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Importa subrayar que entre los derechos intangibles se encuentran las garantías judiciales necesarias para la defensa de los derechos.


Resolución que dicta las Normas sobre Efemérides en el Calendario Escolar



Normas sobre Efemérides en el Calendario Escolar

(Gaceta Oficial Nº 40.739 del 4 de septiembre de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO

DM/N° 077

Caracas, 25 de agosto de 2015

205°, 156° y 16°

El Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Vicente Rodríguez Castro, designado mediante Decreto N° 729, de fecha 9 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de esa misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los numerales 1, 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 3, 6 numeral 1 literal e, numeral 3 literal g, y 49 de la Ley Orgánica de Educación, y a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional,

CONSIDERANDO

Que el Estado asume como proceso esencial y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica, el desarrollo del potencial creativo del ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad para aprehender, promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad,

CONSIDERANDO

Que el Estado garantiza la continuidad de las actividades educativas en cualquier tiempo y lugar, en las instituciones o centros educativos de todos los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica, además de planificar, ejecutar, coordinar políticas y programas de actualización permanente de los recursos didácticos de obligatoria aplicación y uso en este Subsistema,

CONSIDERANDO

Que en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, realizada en todo el territorio nacional, se constató en las comunidades y en diversos sectores de la sociedad, la necesidad de tener una formación para el conocimiento de la historia que consolide los valores y virtudes republicanas, asumiéndolas como propias,

NUEVA RESOLUCIÓN: Normas sobre el uniforme escolar (MPP para la Educación)



Normas sobre el Uniforme Escolar

(Gaceta Oficial Nº 40.739 del 4 de septiembre de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO

DM/N° 075

Caracas, 25 de agosto de 2015

205°, 156º y 16°

El Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Vicente Rodríguez Castro, designado mediante Decreto N° 729, de fecha 9 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de esa misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los artículos 63 y 65, numerales 1, 2, y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 1 literal a, f y k del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación, artículo 1 literal b numeral 12 del Decreto 2.304 de 5 de febrero de 2003, referente a los bienes y servicios de primera necesidad y de conformidad con lo establecido en el Plan de la Patria "Programa del Gobierno Bolivariano 2013 2019", en sus Objetivos Generales 2.2.1.35 y 2.2.12 contenidos en el Objetivo Nacional 2.2, incluido en el Gran Objetivo Histórico N° 2,

CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para la Educación como órgano rector del Subsistema de Educación Básica, y expresión del Estado Docente, garantiza, regula, supervisa, controla, planifica, ejecuta y coordina la organización y funcionamiento del Subsistema de Educación Básica para asegurar el pleno y efectivo disfrute del derecho constitucional a la educación, a objeto del cumplimiento y desarrollo del Plan de la Patria,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado normar el uso del uniforme escolar para garantizar los asuntos de máximo interés que garanticen el acceso al derecho a la educación en igualdad de condiciones, sin más restricciones de las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones,


Decreto N° 1.989, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia







Decreto N° 1.989, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia

(Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015)

Decreto Nº 1.989 07 de septiembre de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros. CONSIDERANDO

Que la situación presentada en los municipios fronterizos del estado Táchira que diera origen a la declaratoria de estado de excepción se hace presente en las mismas condiciones en los municipios Indígena Bolivariano, Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, haciendo necesario se tomen medidas de igual magnitud a los fines de restituir el orden público en dichas poblaciones,

CONSIDERANDO

Que en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,

CONSIDERANDO

Que a estas prácticas delictivas se han sumado los atentados cometidos contra la moneda venezolana y contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas o importadas por Venezuela, afectando gravemente la vida económica de la Nación,

CONSIDERANDO

Que es deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,

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