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viernes, 31 de julio de 2015

Ausencia de antijuridicidad en demanda por abuso de derecho: No produce acción que la demandada haya señalado que la contraparte "fabricó pruebas en su contra" pues hacia referencia al principio de alteridad de la prueba (Sala de Casación Civil)




DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY
ÚNICA

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, en el segundo  de los escritos de formalización -de contenido análogo al primero-, se acusa infracción de los artículos 1185 y 1361 del Código Civil “por error de juzgamiento en la valoración de la prueba”, y del artículo 1196 del citado Código  y 60 de la Constitución Nacional, por falta de aplicación.

En apoyo de su denuncia, el recurrente alega:

“…Al amparo  del numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción de los artículos 1185 y 1361 del Código Civil venezolano, por error de juzgamiento en la valoración de la prueba y el artículo  1196 eiusdem y el artículo 60 de la Constitución  por falta de aplicación.
I
La sentencia recurrida sostiene lo siguiente:
(…omissis…)
III
En este orden de ideas, observo a la Sala que no estoy de acuerdo con la valoración que hizo el juez de la recurrida de la prueba del daño moral que, en el caso sub iudice, viene referido a la imputación  formulado (sic) por la representación de la parte demandada en su escrito de observaciones a los informes presentado en el juicio antiguamente llevado por ante el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, actuaciones contenidas en el expediente N° 2010-000258 de la nomenclatura del citado tribunal, en el cual ésta afirma lo siguiente:
“Las cinco (5) presuntas fotografías de la ciudadana LINA CLAVIJO, no tienen ninguna eficacia probatoria por carecer de manera absoluta de autenticidad y violar el principio de alteridad la prueba (sic); se trata de una prueba fabricada por la propia parte actora”.
Esta imputación que hace la parte demandada de que mi defendida fabricó una prueba en su propio beneficio, proferido ante un tribunal, si (sic) constituye un exceso en el ejercicio del derecho a la defensa. El ejercicio de las vías legales debe materializarse en forma honesta y prudente (sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 30 de abril de 2002, Nº 0240, exp. 01-007, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez).
Para mayor abundamiento observo a la Sala lo siguiente:
(…omissis…)
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de febrero de 2000, exp. Nº 97-1971, caso: Procter & Gamble de Venezuela C.A., con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, sostuvo lo siguiente:
(…omissis…)
El Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, dictó sentencia el 12 de agosto de 1993, en el cual estableció la procedencia de daños morales por expresiones vertidas por una de las partes en un proceso, reiterando a su vez el criterio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de marzo de 1971, publicada en la Jurisprudencia de Ramírez y Garay, páginas 430-432, Primer Trimestre de 1971, Tomo 29 (Almacenes Triple A contra SearsRoebuck de Venezuela C.A.), en los siguientes términos:
(…omissis…)
IV
El juez de la recurrida al señalar que no quedó demostrada que se le haya causado un daño psicológico en su reputación y moralidad, así como tampoco constaba en autos detrimento alguno en la condición socio económica de la actora, así como tampoco la relación de causalidad entre uno y otros, incurrió en la violación de una norma jurídica expresa que regula la valoración del documento privado, que en el caso sub iudice, viene dado por el artículo 1361 del Código Civil venezolano, documento éste en el cual se le hace la imputación a mi representada de haber fabricado su propia prueba. Por otra parte, es criterio reiterado de la Sala que el daño moral no es en sí susceptible de prueba sino el hecho ilícito que lo origina, que en el caso subiudice, viene dado por la imputación temeraria que le hace la parte demandada a mi defendida cuando señala que ésta “fabricó su propia prueba” en el escrito de observaciones presentado en el juicio antiguamente llevado por ante el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, actuaciones contenidas en el expediente Nº 2010-000258 de la nomenclatura del citado tribunal, que constituye un error de interpretación respecto al contenido y alcance del artículo 1185 del Código Civil venezolano.
V
A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, señalo que las normas jurídicas que el juez de la sentencia recurrida ha debido aplicar y no aplicó es el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a los jueces a dictar sentencia conforme a lo alegado y probado en autos, en el caso sub iudice, el hecho ilícito quedó probado con el documento en el cual consta la imputación que le hace la parte demandada a mi representada y que a diferencia de lo que sostiene la recurrida si constituye plena prueba de los hechos deducidos en el presente juicio. Así mismo, el primer aparte del artículo 1185 del Código Civil, que consagra el abuso de derecho y en este sentido, para que proceda, lo que tiene que demostrar la parte actora es el hecho ilícito que lo origina y no el daño moral propiamente dicho, que en sí no es susceptible de prueba, a diferencia de lo que sostiene el juez de la recurrida cuando sostiene que no quedó plenamente demostrado mediante prueba fehaciente que llevara a la convicción a esta alzada de que las ofensas habrían causado un daño al honor, reputación y moralidad de la hoy demandante. En sintonía con lo previsto en el artículo 1196 del Código Civil que consagra la obligación de reparación a todo daño moral causado por el acto ilícito. Y por último, el artículo 60 de la Constitución, que señala el derecho que tiene toda persona a la protección de su honor y reputación. Este criterio resultó determinante en el dispositivo del fallo para declararla sin lugar, ya que si hubiera acogido la doctrina de esta Sala en materia de daño moral la sentencia hubiera sido declarada con lugar.
VI
CONCLUSIONES
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 16 de febrero de 2001, caso: MOURAD KALOUSTIAN y MARIE DE KALOUSTIAN contra CRUZ MARCANO DE MATOS, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, exp. Nº 99-688, sostuvo lo siguiente: ‘el derecho de las personas comienza donde termina el derecho de los demás’. En este orden de ideas, el acceso a la administración de justicia por parte de los justiciables no puede transformarse en un campo de batalla donde una de las partes le endilga a la otra cualquier clase de improperios o de acusaciones infundadas. El derecho a la defensa debe ser ejercido sin abuso de derecho, sino dentro de los límites fijados por la buena fe y el objeto con el cual fue conferido ese derecho, y así pido se declare…”. (Resaltado y mayúsculas del texto original).

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente estar en desacuerdo con la valoración que dio la recurrida  a la prueba del daño moral, referida “a la imputación formulado (sic) por la representación de la parte demandada en su escrito de observaciones a los informes presentados en el juicio antiguamente llevado  por ante el Juzgado Superior Marítimo…”.
Delata que esa imputación, proferida ante un tribunal, sí constituye un exceso en el ejercicio del derecho a la defensa, pues el ejercicio de las vías legales debe materializarse en forma honesta y prudente.

Asevera que al señalar la recurrida que no quedó demostrado que se le haya causado un daño psicológico en su reputación y moralidad, ni constar en autos detrimento alguno de su condición socio económica, ni la relación de causalidad entre uno y otro, incurrió en violación de norma jurídica expresa que regula la valoración del documento privado, contentivo, en el sub judice, de la imputación de haber fabricado su propia prueba.

Casación de oficio por infracción de la garantía constitucional del juez natural. Materia de derecho civil -personas- conocido por un Tribunal Superior con competencia en derecho civil -bienes- (Sala de Casación Civil)




En el juicio por resarcimiento de daño moral, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por el ciudadano PRISCILIANO CIRO GARCÍA CABRERA, representado judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión María del Carmen López Linares, Rosemary Thomas Rivas y Alfonso Graterol Jatar, contra la ciudadana MILAGROS JUDITH ACOSTA PÉREZ, patrocinada judicialmente por el ciudadano abogado en libre ejercicio de su profesión Jorge Acosta Pérez; el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona del estado Anzoátegui, dictó sentencia definitiva en fecha 11 de octubre de 2013, mediante la cual declaró lo siguiente:
“…PRIMEROCON LUGAR la apelación ejercida por el abogado JORGE ACOSTA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Anzoátegui, en fecha 11 de junio de 2.012.- Y así se decide.

SEGUNDO: REVOCA, la decisión dictada por el Juzgado A-quo, en fecha 11 de junio de 2.012, en el juicio que por Daño (sic) Moral; (sic) intentara el ciudadano PRISCILIANO CIRO GARCÍA CABRERA; contra la ciudadana MILAGROS JUDITH ACOSTA, todos ya identificados.

TERCERO: Se condena en costas a la parte actora.- Y así también se decide.

CUARTO: Notifíquese a las partes de la presente decisión y una vez que consten en autos las mismas bájese a su Tribunal (sic) de origen en su debida oportunidad…” (Destacados del texto transcrito).

Contra la referida decisión de alzada, la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
En fecha 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
-I-
CASACIÓN DE OFICIO
En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia N° 22, de fecha 24 de febrero del 2000, Exp. N° 1999-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia..."., tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

lunes, 27 de julio de 2015

Consideraciones acerca de la Seguridad jurídica, expectativa pláusible y la validez de los cambios de criterio jurisprudenciales (Sala Constitucional)




Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y luego de un detenido y minucioso análisis de los alegatos esgrimidos en la solicitud de revisión planteada, esta Sala observa que el accionante fundamenta su pretensión en la supuesta violación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, eventualmente menoscabados a consecuencia de: 1) la aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial a un caso incoado bajo el imperio del criterio abandonado en el propio caso concreto; 2) la extralimitación en el ejercicio de la potestad de autotutela, en violación del principio de juridicidad a que se refiere el artículo 137 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, sobre la base de que, la posibilidad que tiene la Administración de revocar un acto que haya reconocido derechos a su destinatario, está circunscrita a los casos en que dicho acto se encuentra viciado de nulidad absoluta; 3) la violación de la doctrina de esta Sala sobre la cosa decidida administrativa, según la cual, los actos administrativos que la adquieren únicamente pueden ser revisados en vía judicial. Finalmente, los solicitantes alegaron la violación de los principios de necesidad, pertinencia y carga de la prueba, sobre la base que la sentencia bajo análisis habría exigido que se probara un hecho que constaba en autos y que, en consecuencia, no ameritaba prueba.
Ello así, esta Sala ha señalado, en reiteradas oportunidades (vid. sentencia N° 3180, dictada el 15 de diciembre de 2004, caso: Tecnoagrícola Los Pinos Tecpica, C.A.), que los principios de seguridad jurídica y confianza legítima constituyen axiomas fundamentales del Estado Social de Derecho y de Justicia, que se encuentra referido a:

…la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.
Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.
Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad…

jueves, 23 de julio de 2015

Jurisdicción voluntaria y medidas cautelares contra terceros en asuntos no contenciosos en la LOPPNNA. (Sala Constitucional)



Observa esta Sala que la presente causa fue enviada a este Alto Tribunal para que conozca del recurso de apelación ejercido por el abogado Salvador Rubén Yannuzzi Rodríguez, actuando como apoderado judicial de las ciudadanas Doris Perdomo De Ponce, Doris Mariela Ponce Perdomo, Jeanny Rebeca Ponce Perdomo, María Gabriela Ponce Perdomo y Michelle Carolina Ponce Perdomo, contra la decisión pronunciada por el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 4 de abril de 2013, que declaró la “INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA” de la acción de amparo constitucional interpuesta por las referidas  ciudadanas contra lasentencia dictada, el 19 de febrero de 2013, por el Tribunal Décimo (10) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Como punto previo es preciso señalar que el abogado Salvador Rubén Yannuzzi Rodríguez, actuando con el expresado carácter, intentó el recurso de apelación, el 9 de abril de 2013, contra la decisión dictada el 4 de abril de 2013, ello dentro del lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de lo cual esta Sala considera que dicho recurso fue ejercido tempestivamente. Así se declara.
Por otra parte, esta Sala observa que el escrito de fundamentación de la apelación fue presentado por la parte apelante, el 4 de junio de 2013, luego de que se diera entrada y cuenta en Sala del expediente, el 13 de mayo de 2013, de allí que resulta evidente que dicho escrito se introdujo dentro del lapso de 30 días que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para la resolución de la segunda instancia del proceso de amparo constitucional, razón por la cual debe ser estimado (vid., entre otras (Vid. Fallo N° 442 del 04-04-01. Caso: Estación de Servicios Los Pinos S.R.L). Así se decide.
Revisadas las actas del expediente advierte la Sala que el procedimiento en el que tuvo lugar la actuación judicial señalada como lesiva consistió en una autorización judicial para vender efectuada por la ciudadana Patricia Martínez de La Riva Walker, a favor de su hijo menor de edad, sobre la cuota parte de la herencia que le correspondió a éste, con ocasión del fallecimiento de su padre, siendo relevante destacar que durante su ínterin no hubo objeción u oposición de ningún tipo por parte del representante del Ministerio Público, por lo que el tribunal de la causa procedió a otorgar dicha autorización mediante decisión del 21 de mayo de 2012, a tal punto que se llevaron a cabo varias ventas, cuyos documentos debidamente autenticados y protocolizados fueron consignados a los autos, a satisfacción del mencionado juzgado, de lo cual se dejó constancia expresa mediante auto de fecha 16 de julio de 2012, no siendo recurrido el mismo ni por la progenitora solicitante ni por el representante del Ministerio Público.

"La víctima podrá intervenir en el acto de apertura del juicio oral y público, cuando se haya querellado o haya presentado acusación propia, es decir, cuando hubiere expresado, a través de tales actuaciones, su interés en intervenir de forma reforzada en el proceso" (Sala Constitucional)



El ciudadano Jonathan Christopher Uzcátegui intentó ante la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasdemanda de amparo constitucional contra el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en función de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, por cuanto dicho órgano jurisdiccional no le permitió su participación activa como víctima en el acto de apertura al juicio que se le sigue a los funcionarios de la Policía Nacional, ciudadanos Juan Carlos Zambrano Cardona, Enderson Manuel Coronel e Yñaky Llanpiel Subero, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de arma orgánica, trato cruel y quebrantamiento de principios y tratados internacionales, al primero de ellos y a los dos segundos por trato cruel y quebrantamiento de principios y tratados internacionales, toda vez que considera dicha actuación como lesiva de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y de petición.
La Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró improcedente in limine litis la demanda de amparo, ya que estimó que no hubo violación de los derechos denunciados.  
Como punto previo, la Sala debe pronunciarse respecto de la tempestividad de la apelación interpuesta contra el fallo dictado el 10 de septiembre de 2014, por la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, se advierte que el miércoles 10 de septiembre de 2014, se dictó la decisión objeto de impugnación, el viernes 12 de septiembre de 2015, fueron notificados los apoderados judiciales del ciudadano Jonathan Christopher Uzcátegui (ver folio 43) y el miércoles 17 de septiembre de ese mismo año, la parte demandante apeló de la referida decisión, por lo que ejerció el recurso de apelación dentro del lapso de tres (3) días que preceptúa el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, la apelación resulta tempestiva.

La Corte de Apelaciones no puede: 1) Modificar ni alterar los hechos objeto de la acusación fiscal. 2) Establecer los hechos del proceso. 3) Valorar las pruebas con criterios propios. Se reitera que es en la fase intermedia donde se realiza el efectivo control de la acusación fiscal. Revisión Con Lugar (Sala Constitucional)


Corresponde a la Sala pronunciarse respecto a la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos José Rafael Vargas Rincón y Ney Molero Martínez, contra la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2013, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano Juan José González Pinto, en su condición de víctima, contra la decisión dictada el 19 de agosto del mismo año, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que a su vez había declarado inadmisible la acusación fiscal y el sobreseimiento de la causa penal seguida contra los mencionados ciudadanos por la presunta comisión del delito de apropiación indebida calificada (desestimando la acusación por el delito de peculado doloso propio), en consecuencia, decretó la nulidad absoluta de la referida decisión y repuso la causa al estado en que un órgano subjetivo distinto celebre una nueva audiencia preliminar.

En el presente caso, los actores, ciudadanos José Rafael Vargas Rincón y Ney Molero Martínez, quienes para la época de la comisión de los hechos calificados como punibles desempeñaban los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, de la empresa Depositaria Judicial Maracaibo, C.A., alegaron en la audiencia constitucional la presunta vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, ambos recogidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la inobservancia del valor justicia como fin último del proceso, propugnada por el artículo 257 del mismo Texto Fundamental, por cuanto el fallo dictado por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia: (i) No dio preeminencia a la ley especial para juzgar situaciones que corresponden a su específico ámbito de aplicación, al haber encuadrado los hechos a situaciones previstas en la Ley Contra la Corrupción vigente, ante los supuestos específicos de responsabilidad penal contenidos en la Ley sobre Depósito Judicial; (ii) No atendió a la obligación que tienen los jueces penales, ejerciendo funciones de control de la acusación dentro de la fase intermedia del proceso, de enmarcarse dentro de los hechos concretamente alegados en el acto acusatorio, y de no innovar respecto de los hechos que no fueron determinados en la acusación y que, por consiguiente, no fueron alegados para integrar la premisa fáctica de aplicación de la norma con fundamento a la cual se incriminó a los imputados, y (iii) Tampoco atendió a la obligación que tienen los jueces de no incurrir en prejuzgamiento ni proferir condenas anticipadas en la etapa intermedia del proceso penal, soslayando el derecho de defensa del imputado cuyo concreto ejercicio se sitúa a tal fin en la etapa de juicio, con prescindencia total de los medios probatorios que en la fase intermedia del proceso penal aún se encuentran pendientes de evacuación y sin control de las partes, conllevando ello, en su criterio,“una ostensible y execrable conducta judicial que denota extralimitación de atribuciones y abuso de poder”.

Principio constitucional de participación en los asuntos públicos, contraloría social y libertad de expresión (Sala Constitucional)




Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la presente solicitud, no sin antes reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en sentencia del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”), ratificado en el fallo del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia.
           
            Por otra parte, esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).

En el presente caso, se somete a la revisión de esta Sala Constitucional el fallo número 2011-0878 dictado el 8 de agosto de 2011, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró:(i) su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Ada Urdaneta, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Canalizaciones, así como del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Ninoska Meléndez, Rannefer Valbuena, Julián Inciarte, Joaquín Soto, Marilyn Navas y Favio Rivas, asistidos por la abogada Eurídice Lira, quienes manifestaron actuar con el carácter de miembros de la Junta Directiva del Sindicato Autónomo de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Canalizaciones (SAEPINC), contra la decisión dictada el 31 de mayo de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; (ii) sin lugar los recursos de apelaciones incoados y (iii) confirmó el fallo apelado, que declaró la nulidad absoluta de las Providencias Administrativas signadas con los Nros. DSP-80, DSP-81 y DSP-82, notificadas mediante oficios Nros. 1868, 1869 y 1870 de fecha 29 de diciembre de 2005, dictadas en el procedimiento disciplinario Nº 031; ordenó al Instituto Nacional de Canalizaciones la reincorporación de los ciudadanos Fernando José Hevia Araujo, Rubén Darío Navarro Reyes y Alberto Enrique Molero Valbuena, en los cargos de los cuales fueron destituidos y el respeto a la condición de Directivos Sindicales que ostentaban con todos los beneficios de ley y, a título de indemnización, ordenó al Instituto Nacional de Canalizaciones pagar a los querellantes los salarios caídos, con los correspondientes aumentos decretados, aguinaldos, primas, bonos, aportes al fondo de ahorro, fondo de pensiones y jubilaciones, Ley de Política Habitacional, intereses sobre prestaciones sociales y cualquier otro concepto que pudiera corresponderle como funcionarios públicos de carrera del Instituto Nacional de Canalizaciones, con excepción de aquellos conceptos laborales que requirieran la prestación efectiva del servicio, desde la fecha de su retiro hasta la fecha de publicación de esa decisión.

Para arribar a su decisión el citado órgano jurisdiccional ponderó la naturaleza de las violaciones alegadas por los querellantes, concretadas en supuestas violaciones a la actividad sindical, falta de investigación de hechos denunciados en distintos medios de comunicación social y la actuación presuntamente arbitraria e inmotivada en la cual habría incurrido la máxima autoridad del ente administrativo que los sancionó.

Sala Constitucional revisa sentencia dictada hace 44 años





El 5 de agosto de 2014, los ciudadanos JUAN CARLOS TABARES HERNÁNDEZ, ELVIS JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA, HÉCTOR ALVARADO MILLÁN, ARMANDO SAAVEDRA CASTILLO, Fiscal Trigésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, Fiscal Octogésimo a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, Fiscal Auxiliar Trigésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Centésimo Vigésimo Quinto del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales del MINISTERIO PÚBLICO, respectivamente, con fundamento en lo previsto en el artículo 336.10 de la Constitución y en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, interpusieron solicitud de revisión de la decisión dictada el 25 de mayo de 1971 por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, que declaró terminada la averiguación sumarial instruida con motivo de  las lesiones y muerte del ciudadano que en vida se llamara Santos Martiarena, por considerar que los hechos no revisten carácter punible, de conformidad con lo previsto en el artículo 206.2 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable según el artículo 20 del Código de Justicia Militar; la cual fue confirmada en consulta por el Consejo de Guerra Permanente de Maturín, mediante sentencia del 11 de junio de 1971.

El 6 de agosto de 2014,  se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 11 de febrero de 2015, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, y esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.

martes, 21 de julio de 2015

NUEVO Criterio vinculante de la Sala Constitucional que establece que en materia de cobro de los honorarios profesionales comprendidos en las costas procesales, se aplicará la prescripción del ordinal 2° del artículo 1.982 del Código Civil



En el presente caso se pretende la revisión de la sentencia emanada del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, el 29 de noviembre de 2013, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Empresa de Inspección de Control de Venezuela C.A. (EICV C.A.), y, en consecuencia, sin lugar la demanda que, por estimación e intimación de honorarios profesionales, incoara la parte solicitante contra el ciudadano Manuel Yánez Fernández.
Tal juzgamiento, a juicio de la parte recurrente, violentó el derecho a la tutela judicial efectiva a la vez que incurrió en incongruencia omisiva cuando confundió la acción de cobro de costas procesales con la acción de intimación de honorarios profesionales y le aplicó erradamente la prescripción contenida en el artículo 1.982 del Código Civil, sin efectuar pronunciamiento en cuanto a su alegato respecto a la aplicación del artículo 1.977 eiusdem.

Planteada así la controversia, pasa esta Sala a pronunciarse respecto a las denuncias delatadas, para lo cual considera necesario efectuar las consideraciones siguientes:

Los abogados Gonzalo Pérez Salazar y Gustavo Domínguez Florido presentaron, el 30 de abril de 2012, ante el Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, escrito mediante el cual actuando como apoderados judiciales de la empresa de Inspección de Control de Venezuela C.A. (EICV C.A.), demandaron el cobro de costas procesales contra el ciudadano Manuel Yánez Fernández. A tal efecto, alegaron que su pretensión se derivaba de la demanda que, por reclamación de prestaciones sociales, incoó el ciudadano antes mencionado contra su representada, en la cual la empresa de Inspección de Control de Venezuela C.A. (EICV C.A.), resultó victoriosa en primera y segunda instancia y, por último en casación, siendo condenada en costas la parte perdidosa. En ese sentido arguyeron que su representada se vio en la necesidad de contratar un equipo de abogados para la asesoría y defensa pertinente, para lo cual confirió poder a los abogados Juan José Ávila, Gerardo Fernández y María Fernanda Pulido Febres. Ello así, atendiendo al artículo 23 de la Ley de Abogados y artículo 24 de su Reglamento y a la doctrina vinculante emanada de la sentencia dictada en el expediente N° 11-0670 del 25 de julio de 2011, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es por lo que procedían a la determinación de las costas objeto de la reclamación, conformadas única y exclusivamente por las actuaciones vinculadas en el referido juicio desplegadas indistintamente por los abogados, las cuales ascendían a la suma de doscientos sesenta un mil trescientos bolívares (Bs. 261.300,oo), tales como, redacción de poder, comparecencia a la audiencia preliminar y sus prolongaciones, redacción y presentación de varias diligencias ante el tribunal de la causa, redacción y consignación del escrito de pruebas, entre otros.

Procedencia de la acción de amparo contra la decisión que inmotivadamente niegue las excepciones al término de la audiencia preliminar (Sala Constitucional)



Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa:

1. El núcleo de la línea argumentativa del recurrente, estriba en que acción de amparo interpuesta era inadmisible, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que el accionante hizo uso de la vía judicial ordinaria, a saber, el recurso de apelación, a fin de enervar los efectos de la misma decisión que impugnó por vía de amparo.

Al respecto, esta Sala debe puntualizar que no cabe recurso de apelación contra la decisión mediante la cual el Juzgado de Control declara sin lugar las excepciones al término de la audiencia preliminar, ello por mandato expreso del Código Orgánico Procesal Penal (Sentencia nro. 328, del 7 de mayo de 2010, de esta Sala).

Así, el numeral 2 del artículo 439 de dicha ley adjetiva penal establece que serán recurribles las decisiones que “… resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuestas nuevamente en la fase de juicio”.

Por su parte, el numeral 3 del artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:

“Artículo 32. Durante la fase de juicio oral, las partes sólo podrán oponer las siguientes excepciones:
(…)
3. Las que hayan sido declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control al término de la audiencia preliminar”.

De la interpretación sistemática de ambas disposiciones legales, se deduce con meridiana claridad que la ley penal adjetiva ha restringido -legítimamente- el ejercicio del recurso de apelación de autos contra la decisión que declare sin lugar los referidos medios de defensa (excepciones), toda vez que éstos, a pesar de haber sido objeto de desestimación en la fase intermedia, podrán hacerse valer nuevamente en una etapa procesal ulterior, a saber, en la fase de juicio, la cual constituye la fase más garantista del proceso penal, de allí que no tenga sentido alguno ejercer un medio recursivo contra tal resolución judicial (Sentencia nro. 328, del 7 de mayo de 2010, de esta Sala).

La consignación de la certificación de reenganche no es requisito para la admisión del recurso o la demanda sino para la continuación del proceso de nulidad contra Providencias Administrativas que ordenen el reenganche del trabajador (Sala Constitucional)



El fallo cuya revisión fue solicitada es  la decisión dictada, el 15 de mayo de 2014, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la demanda de nulidad interpuesta, contra la Providencia Administrativa N° 0095-2012, dictada, el 8 de junio de 2012, por la Inspectoría del Trabajo “PEDRO ORTEGA DIAZ”, al considerar que la parte accionante no consignó la certificación del reenganche emanada de la Inspectoría del Trabajo (que es requerida por el artículo 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, para dar curso a los recursos contenciosos administrativos de nulidad interpuestos contra Providencias Administrativas que ordenen el reenganche del trabajador) incumpliendo con la carga de acompañar su demanda con los documentos indispensables para verificar la admisibilidad.

En ese sentido, se advierte que el análisis de normas que regulan derechos constitucionales, como el de acceso a la justicia, no puede formularse olvidando la unidad del sistema normativo y la situación fáctica vinculada al caso concreto, ya que el desconocimiento de tales circunstancias pueden llevar al juez a conclusiones erróneas, en detrimento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y de la coherencia del sistema jurídico en un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.
Sobre el particular, esta Sala debe señalar, como en otras ocasiones (vid. Sentencia número 258 del 5 de abril de 2013), lo siguiente:

Sala de Casación Penal radica en Caracas el conocimiento del proceso penal seguido por el homicidio de Adriana Urquiola





Con fecha veintidós (22) de junio de 2015, fue recibida en la Secretaria de la Sala de Casación Penal, SOLICITUD DE RADICACIÓN suscrita por el abogado FRANCISCO JAVIER GRAJAL PEREJO, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Quincuagésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena.

Actuación relacionada con la causa penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa);HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZPOSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad; existiendo un concurso real de delitos de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Penal.   

Solicitud de radicación a la cual se le dio entrada el veinticinco (25) de junio de 2015, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2015-000253, siendo que, en esa misma fecha se designó como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Por otra parte, en esta misma fecha (veinticinco (25) de junio 2015), se recibió por ante la Secretaría de esta Sala, SOLICITUD DE RADICACIÓN, interpuesta por la ciudadanaMANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, madre de la hoy occisa,  asistida por sus apoderados abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 144751 y 144652, respectivamente.

Solicitud a la cual se le dio entrada el veintiséis (26) de junio de 2015, asignándosele la nomenclatura AA30-P-2015-000255;  dándose cuenta en Sala el veintinueve (29) de junio de 2015 y se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.

Actuaciones relacionadas con la causa penal número 6C-14.690-14 cursante en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), seguida contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, en virtud de la presunta perpetración de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZPOSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad.
   
Ahora bien, la Sala de Casación Penal mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 2015, decidió acumular las solicitudes de radicación de las causas AA30-P-2015-000253 y AA30-P-2015-000255, resolviendo:

“… De lo expuesto se evidencia que, las mencionadas solicitudes de radicación guardan relación entre sí, por cuanto ambas versan sobre la misma causa signada con el alfanumérico 6C-14.690-14, seguida ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ (occisa) Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble en Grado de Frustración, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, por lo que existe identidad del proceso sobre el cual se requieren las radicaciones), imputado, delitos y víctimas. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículo 70 y 76 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda la acumulación de los expedientes, manteniéndose identificado con el alfanumérico AA30-P-2015-000253, conservando como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ. Cúmplase lo ordenado”.

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud de radicación, se resuelve en los términos siguientes:

I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA.

Consta en las actas, que los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKALFRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, solicitaron  a  esta  Sala  de  Casación  Penal   la   radicación  de  la  causa  penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques),argumentando lo siguiente:

“… Los hechos anteriormente narrados causan alarma colectiva por el hecho de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se ha hecho pasar en reiteradas oportunidades como asesor de distintos entes públicos, según lo que afirman los testigos, todo lo cual origina igualmente como lo hemos mencionado, sanción y escándalo público, y nos encontramos en presencia de un delito grave, el más grave de los delitos como lo es el delito de Homicidio, el homicidio de la periodista de veintiocho años de edad, ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, quien además se encontraba embarazada (…) La radicación es un fenómeno procesal, como bien conoce la Sala, que tiene sustento en causales taxativas señaladas en la Ley y procede en consecuencia, cuando en los casos de delitos graves, cuya perpetración causen alarma, sensación o escándalo público, puedan perturbar la recta administración de justicia en el circuito judicial penal en donde el juicio se ventila, como en efecto ocurre en el presente caso; pues existe la imposibilidad de llevar a cabo un proceso judicial en una jurisdicción determinada por estar en presencia de hechos que causen alarma, conmoción y en fin de alguna manera compromete la imparcialidad y subjetividad de los juzgadores que han de conocer del asunto. Las corporaciones judiciales en el ámbito de su competencia territorial pueden determinar que un proceso sea radicado a otro circuito judicial penal, habiéndose por supuesto, determinado algunas de las circunstancias especiales como en este caso concreto han ocurrido, capaz de impedir que la justicia prevalezca y se materialice el poder punitivo del Estado, logrando así un proceso judicial claro, transparente con todas las garantías procesales para el imputado y para la víctima, en el que no interfieran factores exógenos que puedan comprometer la imparcialidad de un juzgador que tendrá la responsabilidad de declarar culpable o inocente al sujeto activo en el HOMICIDIO de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ…”.

II
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

Consta también en las actas bajo estudio, que la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, a través de la solicitud de radicación recibida ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal el veinticinco (25) de junio 2015, requirió que la misma fuese declarada  ha lugar, indicando:

“… En el caso en particular ciudadanos Magistrados (…) nos encontramos en presencia de un delito grave, y es que el acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se encuentra imputado por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivos Innoble, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal vigente, en perjuicio de Adriana Grissel Urquiola PérezPosesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, ambos previstos y sancionados en los artículos 111 y 112 respectivamente de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, se hace necesario mencionar, que estos hechos delictivos ocurrieron en el marco de las protestas violentas y los focos aislados de alteración del orden público que acaecieron en el país a principios del año pasado; teniendo que hacer obligatoria referencia a la condición de la víctima Adriana Grissel Urquiola Pérez, como persona pública de reconocida honorabilidad y reputación, tanto en su lugar de trabajo un conocido medio de comunicación, como en toda la comunidad mirandina; aunado al hecho de que la misma se encontraba en estado de gravidez al momento del hecho lesivo que ocasionó su muerte, lo que derivó en la sensibilización nacional y muy especialmente en el Estado Miranda y la ciudad de Los Teques (…) Aunado a lo anterior que pudiésemos catalogarlos como elementos subjetivos, las circunstancias de carácter objetivas que rodearon el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, la saña con la que actuó su presunto agresor el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, al accionar en catorce oportunidades un arma de fuego hacia una turba de personas y hacia los transeúntes en general; para posteriormente emprender huida, con la intensión de volver al lugar del suceso con una condición simulada de funcionario policial con la única finalidad de verificar si alguien lo había identificado. Así como los conocidos nexos que el hoy imputado tiene con redes del crimen organizado trasnacional y posibles vinculaciones con grupos paramilitares que operan en el territorio nacional, de acuerdo a lo manifestado por funcionarios del Poder Ejecutivo; todos estos elementos han creado en torno a este proceso un evidente clima de zozobra y alarma en la comunidad de la ciudad de Los Teques, resultando un hecho público, comunicacional y notorio que durante la audiencia para oír al imputado celebrada el día 19 de junio de 2015, grupos de personas se trasladaron a la sede del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Los Teques, a los fines de manifestar su deseo en que se haga justicia por el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, permaneciendo a las afueras de dicha sede judicial hasta altas horas de la noche, produciéndose un verdadero clima de tensión al momento de trasladar al imputado a su lugar de reclusión (…) Como referimos anteriormente, todas estas circunstancias han generado una situación de alarma y escándalo público suficiente en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, lo que ha sumergido a su población en una condición de zozobra e intranquilidad ante la celebración del proceso…”.   

III
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
                                                                 
La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de las solicitudes de radicación materializadas en los procesos penales en curso, se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone:

“Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:…3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre las solicitudes de radicación propuestas primeramente por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKALFRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y una segunda interpuesta por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados, abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA. Así se declara.

IV
DE LOS HECHOS PLASMADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
         
            Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación penal fueron señaladas en la presente solicitud de radicación, propuesta por la Fiscalía Quincuagésima Novena a Nivel Nacional con Competencia Plena, así:

“… Se inicia la presente investigación en virtud de los hechos acaecidos en fecha 23 de marzo del año 2014, momento en el cual la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ de RUÍZ, quien se encontraba en estado de gestación, y su esposo ALEX RUÍZ, así como la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ de GONZÁLEZ, y su esposo RAÚL GONZÁLEZ, entre otras personas, se trasladaban en un vehículo de transporte público en dirección a la Urbanización Los Nuevos Teques. Ahora bien, siendo aproximadamente las siete y media de la noche, al encontrarse con una manifestación que obstruía la libre circulación por la artería vial que conduce a la referida urbanización, lo cual impedía que el vehículo donde se trasladaban pasara por la mencionada zona, conminó a que los pasajeros de dicha unidad se vieran en la obligación de bajarse y pasar la barricada a pie; bajándose del mismo los ciudadanos ut supra mencionados; en el instante en el cual se disponían a pasar a pie para superar dicho obstáculo, se escucharon unas detonaciones las cuales fueron efectuadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien se trasladaba a bordo de un vehículo (…) portando un arma de fuego tipo pistola de color plateada, se detuvo con ocasión a la barricada desenfundado su arma y efectuando disparos en contra de la humanidad de quien en vida respondiera al nombre de ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, la cual se encontraba en estado de gestación e hiriendo a la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, situación que fue observada por el esposo de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, el ciudadano ALEX RUIZ, quien vió cuando cayó al suelo la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, adyacente a la Estación de Servicios BP y solicitó auxilio debido a una herida que presentaba en la cabeza; específicamente en el occipital izquierdo y así mismo, resultó herida en el hombro izquierdo la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, es por lo que, comisiones adscritas a la Policía del estado Miranda, trasladan a las víctimas al Hospital Victorino Santaella Ruiz, donde la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, llega sin signos vitales…”.

V
DE LOS HECHOS REFERIDOS POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

De las actas que conforman la solicitud de radicación presentada por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, dimanan las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas de la manera siguiente:

Es el caso ciudadanos Magistrados, que en fecha 23 de marzo de 2014 los ciudadanos Alex Ruíz y la hoy occisa ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, se encontraban transitando a bordo de una unidad de transporte público por la Carretera Panamericana en el Estado Miranda, específicamente por el Kilómetro 24 de la misma, sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de obstáculos y barricadas que impedían el libre tránsito por la referida arteria vial, siendo que personas no identificadas incineraban objetos en manera de protesta violenta de las comúnmente llamadas “guarimbas”. Al ocurrir esta situación el conductor de la unidad de transporte, les manifestó que no podía continuar su recorrido, solicitándole al ciudadano Alex Ruiz, cónyuge de la hoy fallecida, que descendiese del vehículo y colaborase deteniendo el tránsito para de esta forma poder girar y retirarse del lugar. Al éste bajar y demorarse en las labores encomendadas, se produjo en la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez una condición de nerviosismo y temor, comunicándose con su cónyuge por vía telefónica y requiriéndole que volviese al vehículo cuanto antes, una vez allí la pareja procedió a descender del mismo, trasladándose peatonalmente hasta el sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de catorce detonaciones de un arma de fuego dirigidas hacia el conglomerado que se encontraba protestando, y hacia las personas que transitaban peatonalmente tratando de huir del lugar de los acontecimientos violentos, impactando uno de estos proyectiles en la humanidad de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, específicamente en la región cefálica en su occipital derecho, ocasionándole la muerte prácticamente de manera instantánea. Dichas detonaciones fueron realizadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ (…)  quien se trasladaba a bordo de un vehículo rustico, por la misma arteria vial en dirección a la ciudad de San Antonio de Los Altos, y quien al ver el obstáculo en la vía, aparentemente trató de dispersar a los manifestantes o arremeter en contra de quienes transitaban por el sector. Una vez que efectuó dichas detonaciones, procedió a retirarse del sitio del suceso hacia su domicilio utilizando una vía alterna. Una vez en su residencia ubicada en la ciudad de San Antonio de los Altos, procedió a modificar su vestimenta, y asumiendo una condición simulada de funcionario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, solicitó el apoyo de una comisión de dicho órgano de seguridad, quienes lo trasladaron al sitio del suceso, teniendo el mismo acceso a testigos presenciales, a los que interrogó y al saberse seguro porque aparentemente los mismos no le habían reconocido ni a él ni a su vehículo procedió a retirarse del lugar de los acontecimientos, en compañía de los funcionarios policiales quienes lo trasladaron. Ahora bien, ante estas situaciones dantescas y evidentemente delictivas el Ministerio Público, logró la individualización de ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, lo que devino en que en fecha 27 de marzo de 2014, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda. Extensión Los Teques, librase (…)  Orden de Aprehensión. Posteriormente y ante las informaciones obtenidas tanto por el Ministerio Público como por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de que el hoy imputado se encontraba en territorio de la República de Colombia, es que el despacho Fiscal que instruía la investigación, solicitó ante este mismo órgano jurisdiccional se emitiese la correspondiente (…) orden de aprehensión internacional, o llamada comúnmente “alerta roja”, ordenándose su inclusión en el sistema de información policial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Produciéndose finalmente su captura en fecha 11 de junio de 2015, por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la República de Colombia, quienes efectuaron su aprehensión en la ciudad de Barranquilla en dicho país…”.

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De tal manera que esta Sala, tras realizar un análisis exegético de las solicitudes de radicación, obtiene la certeza de que ambas guardan relación entre sí, en consecuencia pasa a decidirlas conjuntamente.  
           
            Como principio general que rige el proceso penal, la competencia de un tribunal para el juzgamiento de un hecho punible está determinada por el territorio. Por ello, el conocimiento del proceso penal corresponderá al tribunal del lugar donde el delito se haya consumado.

Sin embargo, la radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, que consiste en excluir el conocimiento del juicio a un tribunal con potestad jurisdiccional limitada por el territorio, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía, pero en un circuito judicial penal de diferente área geográfica, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.

Bajo este aspecto, la radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.

Formalmente, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal limita los supuestos para la procedencia de la radicación, enmarcándolos en: 1) cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; y 2) cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

Por consiguiente, la radicación de una causa penal se justifica solo en el caso de delitos graves, determinados  por el perjuicio ocasionado a la colectividad o al individuo  y por factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, cuya perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, producto de una inquietud o impresión por un peligro, o como causa de una conmoción por un hecho.

Por tal motivo, la interposición de la solicitud de radicación exige la clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conjuntamente con el señalamiento de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, la identificación de la instancia y el estado actual del proceso, acompañadas de las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del juicio en el circuito judicial penal donde se desarrolla.

Debiendo destacar que la solicitud de radicación es de derecho estricto, limitada por las formalidades de ley. Por consiguiente, su procedencia se restringe al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, procurándose garantizar el debido proceso y la tutela judicial de los y las justiciables.

En el caso particular, los argumentos expuestos en ambas solicitudes de radicación, se circunscriben en señalar que las informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social (con influencia nacional y regional) detallan características particulares del hecho criminal y como presunto responsable al ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ.

A juicio de los representantes del Ministerio Público, las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, se desarrollaron durante protestas violentas acaecidas en la ciudad de Los Teques en el estado Miranda, donde un nutrido grupo de la población de dicha entidad obstaculizaba la vía pública con motivo de una manifestación, lo cual produjo la reacción violenta del imputado de marras, quien provisto de un arma de fuego accionó la misma sin medir el peligro inminente en el cual colocaba a todos los presentes.

Según los solicitantes, el aludido sujeto incurrió en varios delitos en perjuicio de diversas víctimas; en particular de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUÍZ, a quien describen como una persona de honorabilidad y reputación tanto en el medio donde laboraba, así como, en la comunidad mirandina, quien además se encontraba en período de gestación, todos estos incidentes han generado en Los Teques, estado Miranda, no solo la conmoción sino también un alarma y escándalo público.  

En este orden de ideas, pasa la Sala a verificar los recaudos consignados por los peticionantes, quienes dicen que son suficientes para radicar el presente caso, pues, agregan que estos conllevan a determinar con certeza que el hecho en cuestión ha causado un impacto en el ánimo de la comunidad de Los Teques, estado Miranda. Asimismo, se observan las siguientes:

RESEÑAS PERIODÍSTICAS:

“1. Publicación en el Diario La Verdad, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘MATAN A EMBARAZADA EN UNA PROTESTA EN MIRANDA’ (…) 2. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 19 de junio del año 2015, ‘ORDENAN PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CONTRA DE YONNY BOLÍVAR’ (…) 3. Publicación en el diario digital Contrapunto.com, de fecha 21 de junio del año 2015, ‘YONNY BOLÍVAR: LA HISTORIA DETRÁS DEL PISTOLERO DE LOS TEQUES’ (…) 4. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 5. Publicación en el Periódico, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PASÓ UN AÑO Y TRES MESES PARA LA CAPTURA DE YONNY BOLÍVAR, PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 6. Publicación en el diario digital Maduradas.com, de fecha 22 de marzo del año 2015, ‘¡JUSTICIA INSERVIBLE! MADRE DE ADRIANA URQUIOLA: NECESITO QUE YONNY BOLÍVAR SEA ENJUICIADO’ (…) 7. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MP INVESTIGA MUERTE DE MUJER EMBARAZADA DURANTE PROTESTAS EN MIRANDA (…) 8. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MADURO ENVIÓ SUS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 9. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘INTERROGATORIO A DUEÑO DE 4RUNNER’ (…) 10. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘UNA MUJER MUERTA Y OTRA HERIDA EN TIROTEO EN LOS TEQUES’ (…) 11. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘HOMICIDAS DE ADRIANA URQUIOLA HUYERON’ (…) 12. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘SOLICITAN APREHENSIÓN DE UNA PERSONA POR EL ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ 13. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘FAMILIARES Y AMIGO DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR’ (…) 14. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘SOLICITAN EMISIÓN DE ALERTA ROJA A INTERPOL CONTRA HOMICIDA DE URQUIOLA’ (…) 15. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 12 de junio del año 2015, ‘EVA GOLINGER PIDE LA PENA MAXIMA PARA YONNY BOLÍVAR’ (…) 16. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA’ (…) 17. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 6 de abril del año 2014, ‘LA VIDA PÚBLICA DEL ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 18. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de abril del año 2014, ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO’ (…) 19.  Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 25 de julio del año 2014, ‘ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA ESTARÍA VICULADO A HUGO CARVAJAL’ (…) 20. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 12 de marzo del año 2015, ‘PRESUNTO HOMICIDA DE ADRIANA URQUIOLA AMENAZÓ DE MUERTE A PERIODISTA JENNY OROPEZA’ (…) 21. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA FUE CAPTURADO EN COLOMBIA…”.

PORTALES WEB:

“1. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo, titulada: Asesinan de dos disparos a Adriana Urquiola, del Noticiero Venevisión (…) 2. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo de 2014, titulada: Hacen levantamiento planimetrito en sitio del homicidio de Adriana Urquiola (…) 3. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 26 de marzo de 2014, titulada: Hallan camioneta presuntamente implicada en caso de Adriana Urquiola (…) 4. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Noticias 24, de fecha 1 de abril de 2014, titulada: Activan alerta roja de INTERPOL para detener al ‘Capitán Bolívar’, el asesino de Urquiola (…) 5. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 27 de enero de 2015, titulada: Tarek William Saab aseguró que está confirmada la solicitud de aprehensión contra Yonny Bolívar (…) 6. Nota de prensa tomada de la página web del diario El nacional, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Presunto asesino de Urquiola fue capturado en Colombia (…) 7. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Contrapunto, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Ministro González López, confirma captura de Yonny Bolívar (…) 8. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Globovisión, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar ya se encuentra en territorio venezolano (…) 9. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 21 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar fue imputado por el MP y permanecerá recluido en el Sebin (…) 10. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 19 de junio de 2015, titulada: Abuchearon a Yonny Bolívar cuando llegó a tribunales en Los Teques (…) 11. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Avance, de fecha 20 de junio de 2015, titulada: Dictan privativa de libertad para Yonny Bolívar (…) 12. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital La Iguana, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: En las próximas horas Maduro revelará nexos que poseía Yonny Bolívar con mafia criminal y política (…) 13. Nota de Prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Maduro asegura que asesino de Urquiola tenía nexos con ‘mafias políticas’…”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en esta ocasión los hechos narrados en la solicitud, la muestra de abundantes recaudos periodísticos y soportes de páginas de internet, se configura  el primero de los supuestos indicados en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se prevé el cambio de radicación o sede del proceso,  “… cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público…”.

Efectivamente, ante la situación acaecida el veintitrés (23) de marzo de 2014, y vista la solicitud realizada por el Ministerio Público, se destaca que, el día veintisiete (27) de marzo de 2014, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Los Teques, librase una orden de aprehensión en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien está siendo señalado de haber sido el autor material de los hechos por la presunta comisión de los delitos deHOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZPOSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad;  lo que indudablemente impactó en el ánimo de la población, por la forma en que se habría perpetrado el crimen, sumado a la gran difusión que a través de los medios de comunicación se reseño del suceso.

Siendo necesario distinguir, que tales hechos versan sobre delitos graves todos ellos en contra de la comunidad del Estado Miranda, lo que va mas allá de las víctimas conocidas, toda vez que existía un grupo de personas en el lugar de los hechos que igualmente se sintieron agredidas.

 Específicamente se procesan cuatro (4) figuras delictivas en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, razón por la cual el Ministerio Público le atribuyó la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, e igualmente el HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE  EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el numeral 1 del artículo 406 en concordancia con el artículo 80 ambos del Código Penal. En efecto, el homicidio es de gran influencia dentro del derecho penal, debido a su relativa simplicidad y a su particular gravedad, como lo demuestra, respecto a esta última el bien jurídico protegido, la vida humana independiente, derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que constituye el soporte ontológico del resto de los derechos fundamentales de la persona.

 Por otro lado, tenemos la POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Con relación a estos delitos por los cuales está siendo procesado el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se le causa un perjuicio al orden público el cual se ve afectado no en cuanto al bien jurídico tutelado de manera tangible, sino en cuanto a la persecución que tiene la acción trasgresora del agente, sobre el colectivo social de frente a la noción de protección y seguridad que esperan respecto del Estado.

Para Grisanti Aveledo citando a Eusebio Gómez, referente al Orden Publico ha sostenido al respecto  que: “… En verdad, los delitos que entran en la categoría de que hablamos, ofenden al orden público, no en uno de sus especiales aspectos, sino en si aminorándolo en su esencia: en ellos difícilmente será dado advertir una objetividad jurídica inmediata y distinta del peligro social que ocasionan: la lesión en el orden público en otros términos, no es consecuencia de otras particulares violaciones del ordenamiento jurídico; se presenta como un efecto por si estante que ataca directa y exclusivamente a la paz pública (…) son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, se le reprime no porque lesione ese ideal orden publico a que se hace referencia. Se le reprime porque, al producir su efecto, que es la alarma colectiva, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen…“. (Manual de Derecho Penal Parte Especial, Vigésima Quinta Edición).

Como segundo item, se requiere de un acontecimiento que haya causado alarma, sensación o escándalo público, lo cual se encuentra acreditado en el caso que nos ocupa, pues a raíz de las informaciones noticiosas divulgadas por los distintos medios de comunicación regional y nacional de forma impresa y digital, como por ejemplo, entre ellas, las publicadas en prensa por el diario  El Nacional, el día primero (1) de abril de 2014, donde se tituló que: “ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA”, para titular días después específicamente el veintitrés 23 de abril de ese mismo mes: “ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO”, se tiene a toda una opinión pública del Estado Miranda, en un estado de conmoción; amén, al hecho cierto de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, luego de su extradición desde la República de Colombia y decretada medida de privación preventiva de libertad en territorio nacional, se han incrementado las informaciones periodísticas relativas al caso.

En sintonía con lo anterior,  la alarma es la señal, el signo o advertencia que sugiere la proximidad cierta de un peligro que se cierne sobre la administración de justicia; mientras que la sensación, está orientada más bien al sensacionalismo como un vocablo periodístico despectivo, que delata la manipulación informativa tendente a producir  emoción, excitación o impresión en la sociedad con relación a un determinado hecho social.

Y el escándalo público es un incidente ampliamente publicitado que contiene y encierra inculpaciones de proceder inexacto, incorrecto, desatinado, humillación o  deshonestidad. Un escándalo puede fundarse en hechos o sucesos reales, ser producto de imputaciones falsas o una combinación o conjunto de ambas.

Destacando también que los titulares y reseñas periodísticas acompañadas a la pretensión, deben ser consistentes y de esta manera poderse establecer lo previsto en el artículo 64 (numeral 1) del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual se ha verificado en el caso bajo análisis, ya que en su texto relatan el sentimiento de reproche de la sociedad perteneciente a la ciudad de Los Teques Estado Miranda.

Y para ejemplificar aquello,  se tiene un sin número de notas de prensa, entre las que pueden citarse las publicadas en el diario El Nacional, el veintinueve (29) de marzo de 2014,  donde se indicó “PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA”, y “FAMILIARES Y AMIGOS DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR”, por lo que es explicable, entendible y justificable, ya que se pretende la atención de la sociedad ante el acontecimiento de un hecho repudiable.

Apreciadas estas solicitudes y los aportes de diversas fuentes adjuntos, la Sala verifica el escándalo público, manifestado por la inquietud,  sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprime y afecta sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en éste deben resguardarse, tal como se desprende de las referencias periodísticas, lo que directamente conlleva a deducir neutralmente que en  la jurisdicción del lugar donde se cometió el hecho, los intervinientes    (imputado, defensa, representantes del ministerio público,  jueces) en el proceso, estarán sometidos a imponderables situaciones que dificultaran su actividad ante la pérdida de los parámetros mínimos de sosiego y objetividad.

En razón a lo expuesto, la Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKALFRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y a su vez, por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, por encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

VII
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKALFRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJOCÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena y por la ciudadanaMANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA.

SEGUNDO: Se ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCEROSe ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la remisión inmediata del expediente original a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará conociendo del presente caso.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2015. Años 205°de la Independencia y 156° de la Federación.


El Magistrado Presidente,


MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
(Ponente)
   La Magistrada Vicepresidenta,


FRANCIA COELLO GONZÁLEZ 
La Magistrada,


DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
                        El Magistrado,
 
HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

La Magistrada,


ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Secretaria, (E)

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA



Exp. No. 2015-253
MJMP










http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/179775-502-17715-2015-R15-253.HTML






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