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viernes, 20 de marzo de 2015

Sala Constitucional otorga medida cautelar sustitutiva ante el riesgo para la salud e integridad psicológica del accionante en amparo (Amparo en apelación)





Consta en autos que, el 18 de febrero de 2015, el ciudadano CHRISTIAN RENÉ HOLDACK HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n.13.993.971, mediante la representación de los abogados Andrea Santacruz Salazar, Ahmed Salomón Quiñones y Rafael Quiñones Urbáez, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 136.655, 195.650 y 18.767, respectivamente, intentó ante la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasdemanda de amparo constitucional, contra la decisión del Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, del 6 de febrero de 2015, que declaró sin lugar la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad, para cuya fundamentación denunció la violación de los derechos a la igualdad; a la tutela judicial efectiva; a la integridad física, psíquica y moral; a la salud, a la petición y a la oportuna respuesta, y, en consecuencia, señalaron los artículos 21, 26, 46 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                                    El 26 de febrero de 2015, la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasjuzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró inadmisible.

                        El 3 de marzo de 2015, la parte actora presentó tempestivamente escrito de apelación.

El 5 de marzo de 2015, la Jueza Presidenta de la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional.

jueves, 19 de marzo de 2015

Consideraciones acerca de la motivación de la admisión de la prueba anticipada (Sala Constitucional)



Ahora bien, del estudio de las actas procesales aprecia la Sala que contrario a lo expuesto por los abogados accionantes, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, producto de su propia actividad juzgadora desestimó motivadamente, la apelación que efectuaran los referidos abogados contra la decisión dictada el 31 de julio de 2014, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de dejar sin efecto la realización de la prueba anticipada de testigos.

Efectivamente la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, avaló con argumentos de hecho y derecho la actuación del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, al expresar lo siguiente:

La prueba anticipada viene a ser aquella que se practica con anterioridad al juicio oral, que es la oportunidad legal fijada para que tenga lugar la producción de la prueba en el proceso penal, ante el temor que se pierda, haciendo imposible su aportación al proceso, además, el medio probatorio que se pretenda practicar debe cumplir los requisitos propios de toda prueba: licitud, legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad; siendo la finalidad básica de la prueba anticipada, impedir que la prueba se desvirtúe o pierda, o que con el transcurrir del tiempo se alteren las circunstancias de hecho que han de probarse o se dificulte su reconocimiento, o bien para conservar las cosas que posteriormente se deben probar en el proceso.

Consideraciones acerca de la oferta real de pago (Sala Constitucional)




En el caso sometido a consideración, se desprende, de la alegación de la requirente, que solicitó la revisión de la decisión en cuestión debido a que el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón vulneró sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, cuando: “declaró Con Lugar la apelación interpuesta por [sus] representantes judiciales, (…) paradójicamente desmejoró [su] condición, favoreciendo la condición de la parte que no apeló de la sentencia, incurriendo así en el vicio denominado REFORMATIO IN PEIUS, cuya prohibición ha sido catalogada por esta Honorable Sala como de orden público”, ello en virtud de que dicho órgano jurisdiccional desmejoró su situación jurídica cuando declaró la inexistencia de la novación, cuestión que no había sido denunciada en segunda instancia, con lo cual, según su decir, dicho juzgado incurrió en la violación de los principios dispositivo y, dentro de éste, de tantum devolutumquantum apellatum, inficionando el acto de juzgamiento cuestionado con el vicio de reformatio in peius.
En cuanto al referido vicio de reformatio in peius y su vinculación al orden público, esta Sala Constitucional estableció:

El principio de la non reformatio in peius o prohibición de reforma en perjuicio consiste en la interdicción, al juez de alzada, de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte e incluso, -agrega esta Sala-, cuando habiendo mediado apelación de ambas partes, se desmejore a una de ellas con respecto a algún punto específico del fallo que haya quedado excluido del recurso ejercido por su adversario, ello, de acuerdo con el principio tantum devolutum quantum appelatum, según el cual, el juez de alzada no puede conocer ni decidir sobre puntos de la sentencia apelada que no le hayan sido devueltos por la apelación, ya que, en los casos en que la apelación se limita o circunscribe a determinado punto, quedan fuera del debate aquellos con los que la parte se conformó a pesar de que le causaban gravamen, no pudiéndose empeorar la situación jurídica del otro apelante, por cuanto, tal omisión le favorece, no siendo, por tanto objeto de su recurso.

El juez de amparo no puede declarar inadmisible la acción de amparo sólo con la información suministrada por el Tribunal agraviante, sino que ha de verificar esa información con algún elemento probatorio documental (Sala Constitucional)





El ciudadano José Rafael Morales, intentó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacurodemanda de amparo constitucional contra la omisión de pronunciamiento que le atribuye al Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, por cuanto consideró que la misma lesionaba sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a petición y oportuna respuesta.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró inadmisible la demanda de amparo, a tenor de lo que preceptúa el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que determinó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, emitió el pronunciamiento correspondiente respecto de la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad el 18 de diciembre de 2014, negándola, según consta en el oficio n.° 2384-2014 suscrito por la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, abogada Mariana Marín Hernández.

"El cambio de domicilio surte efectos para atribuirle jurisdicción a un tribunal extranjero cuando la residencia habitual del cónyuge accionante fue establecida en dicho país después de cumplido un año desde que ocurrió el cambio". Revisión Con Lugar. Sala Constitucional





Al respecto, la parte solicitante requirió la revisión de la decisión en cuestión, por cuanto, en su criterio, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, habría incurrido en violación al principio de expectativa plausible o confianza legítima en su perjuicio, toda vez que aspiraba que dicha Sala respetara la unidad jurisprudencial, en el sentido de declarar la incompetencia del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, habida cuenta que el demandante no tenía el año exigido en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para que se le considerara domiciliado de manera habitual  y permanente en la República Bolivariana de Venezuela.
En atención a la denuncia efectuada en revisión por la parte solicitante, considera necesario esta Sala realizar una breve reseña de los antecedentes que rodearon el juicio que dio origen a la presente solicitud, según se desprende de autos, y a tal efecto se observa:
El juicio que dio origen a la presente solicitud se inició con ocasión a una demanda de divorcio incoada el 9 de julio de 2014, por el ciudadano Jaime José Gaya Araujo contra la ciudadana Aurora Haya Aja.
Asimismo, se desprende de las copias certificadas de la decisión objeto de revisión, que en la misma se hizo referencia a los alegatos expresados en el escrito libelar del juicio originario así:

La confianza legítima alcanza no sólo los criterios jurisprudenciales sino también los usos procesales. La inspección judicial realizada en día de no despacho no está prohibida por el ordenamiento jurídico (Sala Constitucional)





1. Como punto previo, la Sala observa que desde el 3 de diciembre de 2014, oportunidad cuando se dio cuenta en Sala de la recepción del expediente continente de la causa que motivó la apelación que aquí se decide, hasta el 9 de enero de 2014, cuando la tercero, ciudadana Mery Carolina de los Ríos Romero presentó el escrito de replica a la fundamentación de la apelación, al que se hizo referencia supra, transcurrieron más de treinta días continuos, por lo que dicho escrito devino en extemporáneo por tardío y, por ende, no se hará pronunciamiento alguno sobre los alegatos que allí plasmó la tercero. Ello conforme con la doctrina que, sobre el particular, estableció esta Sala, en sentencia n° 1232 del 7 de junio de 2002 (Caso: Terry J. Leon y Doménico Tirelli Marinelly), en la que se estableció:
“...esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia de 4 de abril de 2001, caso Estación Los Pinos, habiendo la ley establecido un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso….
Debe la Sala puntualizar que, dado el carácter de urgencia del amparo, los treinta días deben considerarse que son continuos (calendario), y así se declara”. (subrayado añadido).
En consecuencia la Sala emitirá su decisión sin revisar tales argumentos. Así se declara.
2. La parte actora denuncia la violación a sus derechos al control de la prueba y a la seguridad jurídica, pues, según señala, la inspección judicial objeto de amparo fue evacuada incumpliendo las costumbres y normas usuales según las cuales, previa a la práctica de la inspección judicial, se anuncia el acto por el Alguacilazgo en su sede, para posteriormente trasladarse al sitio de la evacuación, previa verificación de la presencia de las partes; incumplimiento, por parte del Juzgado, que le impidió el control de la prueba a la que tiene derecho. Añadió en su fundamentación que la evacuación de pruebas en días de no despacho está prohibida, por el criterio vinculante de esta Sala expresado en sentencia n.° 80/2001, en el que se interpretó el alcance del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, y está implícita en el principio de limitación de contacto entre los jueces y el público que contiene el artículo 4.2 de la resolución n.° 2011-0051, mediante la cual se crean los Circuitos Judiciales Civiles, Mercantiles y del Tránsito a nivel nacional, bajo la estructura organizacional de Circuito Judicial, con la utilización de un Sistema Automatizado de Gestión para optimizar el servicio de administración de justicia en los Tribunales Civiles, Mercantiles y del Tránsito del país.

"No es válida la designación de defensores por personas distintas al imputado, y tampoco es válida cuando el imputado no se encuentra a derecho". Sala Constitucional



Al respecto, los mencionados abogados alegan que se encuentran facultados para actuar en representación del ciudadano Ramón Raúl Poleo Andueza, con base a la designación realizada el 17 de octubre de 2014, ante el Juzgado Séptimo Estadal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por parte de la ciudadana Jennifer Moreno Prim, en su condición de esposa del prenombrado ciudadano, para que lo defendieran en el proceso penal que se le sigue, contenido en el expediente n.°1311-14 de la nomenclatura interna del referido Juzgado de Control.
Ante tal designación, el 21 de octubre de 2014, el Juzgado Séptimo Estadal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró un auto mediante el cual señaló lo siguiente: “… que si bien es cierto la designación y nombramiento del defensor o defensora no está sujeto a ningún formalismo, no es menos cierto que dicha designación debe ser realizada por el propio imputado(a), por cualquier medio, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Adjetiva Penal, es decir, es un acto personalísimo del imputado(a), aunado al caso que nos ocupa, pesa una orden de aprehensión en contra del ciudadano Ramón Raúl Poleo Andueza, siendo que el mismo no se a puesto a derecho ante este órgano jurisdiccional, es por lo que en consecuencia se considera que no es procedente ni ajustado a derecho la designación de defensa que realiza la ciudadana JENNIFER MORENO PRIM” –subrayado añadido- (folio 20).
Ante el recurso de apelación ejercido contra esa decisión, la Sala n.° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas lo declaró inadmisible a través del fallo objeto de la presente acción de amparo, en síntesis, bajo las siguientes razones:

“Sentencia que confirma el criterio según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer en materia de interdictos cuando se encuentre involucrado un organismo público” Sala Plena




Los apoderados judiciales del demandante alegaron en el escrito libelar que sus mandantes son propietarios de un inmueble constituido por la parcela Nº S-101 y una casa estilo quinta en ella construida, que lleva por nombre “BEBITA”, la cual colinda en su lindero sur, con la arteria de circulación vial Calle Chivacoa y parcelas a sus lados Nros. 99 y 100, y en su parte superior con áreas verdes de servicios públicos, que pertenecen al Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y el artículo 10 de la Ordenanza de Reforma Parcial de Áreas Verdes, publicada el 22 de noviembre de 2007, y que en el lindero oeste se encuentran las parcelas S-117 y S-118 que son adyacentes a la mencionada propiedad.
Que el presente interdicto por daño temido o fundado temor, va dirigido a proteger el inmueble de los propietarios con el propósito de evitar su ruina o destrucción íntegra, ya que el inmueble actualmente corre riesgo o peligro de ruina, por tal razón solicitó que por vía judicial se providencien las medidas urgentes que deban tomarse para colmar y mitigar el peligro y daño inminente, relatando como fundamento de tal pedimento que en el mes de noviembre del 2010, y luego en marzo del 2011, la zona verde que divide las parcelas Nros. S-101, S-117, S-118, comenzó a presentar inconvenientes de estabilidad al producirse deslaves y fallas tanto en las zonas verdes como en los inmuebles S-117 y S-118.

domingo, 8 de marzo de 2015

Interpretación sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución, en cuanto a la investigación y juzgamiento por los tribunales ordinarios de los delitos contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad (Sala Constitucional)



El Fiscal General de la República y los ciudadanos Pastor Heydra Rojas, Pedro Díaz Blum, Carlos Tablante Hidalgo, Luis Longart, Pedro Pablo Alcántara, César Pérez Vivas, Elías Matta, Enrique Márquez, Carlos Berrizbeitia Giliberti y Ernesto Alvarenga solicitaron a esta Sala Constitucional que fije el contenido y alcance del precepto constitucional contenido en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece, entre otras cosas, que los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios cuyo texto se trascribe de seguida:

“ El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinariosDichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía” (Resaltado de la Sala).

Delitos de Lesa Humanidad


El concepto de crímenes de lesa humanidad data de mediados del siglo XIX. Aunque la primera lista de tales crímenes se elaboró al final de la Primera Guerra Mundial, no quedaron recogidos en un instrumento internacional hasta que se redactó la Carta del Tribunal de Nuremberg en 1945. Los crímenes de lesa humanidad determinados en esta Carta fueron reconocidos al año siguiente como parte del derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se incluyeron en posteriores instrumentos internacionales, como los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Fueron definidos por primera vez en un tratado internacional cuando se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, el cual fue suscrito por Venezuela.

¿Que distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad?

El Estatuto distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales la Corte tiene competencia, sobre la base de los siguientes criterios:

1) Los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático. No obstante, el término “ataque” no denota una agresión militar, sino que se puede aplicar a leyes y medidas administrativas como la deportación o el traslado forzoso de población.

2) Deben afectar una población civil. Por lo tanto, quedan excluidos los actos aislados o cometidos de manera dispersa o al azar. La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil.

Las Juntas de Condominio no pueden suspender o interrumpir el servicio de agua por deudas de condominio (Sentencias líderes) (Sala Constitucional)




 En el caso de autos, se observa que la sentencia cuya revisión se pretende ha sido dictada en la segunda instancia de un proceso de amparo, que ha quedado definitivamente firme, y como de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 336.10 de la Constitución una de las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es “Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, la misma es competente para conocer del presente caso y así se decide.- 
Establecido lo anterior la Sala procede a decidir el fondo del asunto, para lo cual observa:
Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público y “contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”.
En el presente caso, se observa que la actuación presuntamente lesiva procede de una “Junta de Condominio”, ente subsumible en el supuesto previsto en la referida norma, representado por los miembros de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Las Islas, a quienes se les imputó una conducta antijurídica, consistente en la suspensión del servicio de agua a uno de los apartamentos que conforman el referido condominio, propiedad de la agraviada, acción que tiene su fundamento en el incumplimiento de la obligación de pago de una cuota de gastos del condominio por parte de la presunta agraviada.

lunes, 2 de marzo de 2015

Sumario de las Gacetas Oficiales correspondientes al mes de febrero de 2015





Número 40.610. Caracas, viernes 27 de febrero de 2015
AÑO CXLII - MES V

Sumario

Vicepresidencia de la República

Comisión Central de Planificación

Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano Carlos Junior Montes Mata, como Director del Registro Nacional de Contrataciones del Estado, de este Organismo.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

IDENNA

Providencia mediante la cual se designan Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas de este Instituto, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Luisaura Ravicini de C., Carlos g. Pereira Á., María E. Bernal V., Orlando C. Corros J., Astrid Luna, Julián Arrechedera y Dilicia M., Mendoza).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 044, mediante la cual se dejan sin efecto las designaciones contenidas en los Artículos que en ella se señalan, de la Resolución N° 042, de fecha 25 de febrero de 2015, y se designa a los ciudadanos que en ella se indican, para ocupar los cargos que en ella se especifican del Instituto Autónomo de Policía del municipio Maracaibo del estado Zulia. (Artículo 11 y 12, Designan a G/B GNB Rubén A. Ramírez C., como Director Encargado; Armando R. Soto L., Sub Director Encargado; y Cristian R. Barcelo, como Jefe de Operaciones).

domingo, 22 de febrero de 2015

Consideraciones acerca del testigo perito, el testimonio y el principio iura novit curia (Sala Constitucional)




Prueba promovida por la parte actora. Oposición a la prueba.
El 21 de marzo de 2013, el ciudadano Giorgio Di Muro Di Nunno, actuando en su carácter de Presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Eléctricos de Venezuela (ASUSELECTRIC DE VENEZUELA), asistido por la abogada Conny García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 49.522, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, promovió al ciudadano Marco Vinicio Arenas, titular de la cédula de identidad n.° 7.976.820, como “Testigo Pericial”“Graduado en Gestión Empresarial del Pacto Global y Graduado en Gestión ISO 26000”.
El demandante sostuvo que había promovido dicha prueba [c]on el objeto de demostrar el incumplimiento de la garantía y protección del derecho a la salud, a la vida y a un ambiente seguro de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, así como el ‘incumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, sancionado y remitido por la Plenaria de la Asamblea Nacional en el mes de marzo de 2006’, y la obligación del sector empresarial dedicado a la producción de productos derivados del tabaco, al cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado Venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco (…)”.
En fecha 9 de abril de 2013, la abogada María Verónica Bastos Pargas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo n.° 154.718, actuando en su carácter de representante judicial de C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., presentó escrito mediante el cual se opuso a la admisión de la prueba de perito testigo, promovido por la parte demandante.
Fundamentó su oposición en los siguientes argumentos:
Que “el asunto debatido es de mero derecho y en aplicación del principio ‘iura novit curia’, el derecho no es objeto de prueba”.

viernes, 20 de febrero de 2015

Sala Constitucional rechaza y desaplica en el país la "Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014” dictada por los Estados Unidos. Interpretación constitucional express




RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:
3.1.- Que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales.

miércoles, 18 de febrero de 2015

Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Presidencia de la República)





(Gaceta Oficial N° 40.599 del 10 de febrero de 2014)

Decreto N° 1.605 10 de febrero de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, el numeral 8 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en virtud a lo preceptuado en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Del Objeto

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización y funcionamiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Capítulo II

Convenio Cambiario N° 33, mediante el cual se dicta las normas que regirán las Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional




(Gaceta Oficial N° 6.171 del 10 de febrero de 2015)

CONVENIO CAMBIARIO Nº 33

El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, en su carácter de Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, autorizado por el Decreto Nº 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, Nelson J. Merentes D., autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión Nº 4.781 celebrada el 10 de febrero de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 33, 34, 52, 122 y 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela; y 3 del Convenio Cambiario Nº 1 del 05 de febrero de 2003, han convenido dictar las siguientes:

Normas que regirán las operaciones de divisas en el sistema financiero nacional

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La participación de las instituciones bancarias, casas de cambio, operadores de valores autorizados y de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como intermediarios cambiarios en cualquiera de los mercados de divisas y de títulos valores en moneda extranjera existentes o que se desarrollen, estará regulada en los respectivos Convenios Cambiarios, así como por las autorizaciones particulares que impartan de manera conjunta el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y el Banco Central de Venezuela. En todo caso, dicha participación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos, términos y condiciones que contempla la normativa sobre ejecución de la política cambiaria, debiendo tales operadores suministrar información diaria al Banco Central de Venezuela sobre las operaciones realizadas y su desempeño en tal actividad conforme a los mecanismos que sean dispuestos por ese Instituto a tales fines.

Los organismos supervisores de los sujetos a que se contrae el presente artículo dictarán la normativa prudencial que estimen necesaria para procurar la adecuada realización de las operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas conforme a la normativa aplicable, con especial énfasis en las medidas para la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y procurando la mayor transparencia en el proceso de recepción de solicitudes, posturas, órdenes o cotizaciones, así como en su procesamiento y ulterior asignación o liquidación de divisas.

domingo, 15 de febrero de 2015

"La responsabilidad de que testigos y expertos comparezcan al juicio recae en el Juez o Jueza como director o directora del juicio oral y público, incluso mediante el uso de la fuerza pública, toda vez que esa atribución no puede ser trasladada a la parte que promueve la prueba". (Sala de Casación Penal)




Cumpliendo con el deber jurisdiccional de dictar sentencia motivada, como garantía constitucional al debido proceso establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49 en su encabezamiento y en los numerales 4° y 8°, así como lo exige el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala debe dictar sentencia, expresando con  fundamento lógico y jurídico, las razones que sustentan la decisión,  para ello debe precisar inicialmente las hipótesis propuestas por el recurrente, a fin de verificar, si sus planteamientos resultan verdaderos o falsos y de allí constatar si la Alzada incurrió en los errores que aduce el recurrente, si procede la nulidad de las decisiones sujetas a la censura de la casación, o la sustitución reconstructiva de la recurrida, es decir, dictar una decisión propia, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.
A tal efecto se pronuncia esta Sala, verificando que los recurrentes aducen en la primera denuncia, que el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal sobre el Mandato de Conducción de testigos, fue erróneamente interpretado por la Corte de Apelaciones, quien consideró según los recurrentes “que quien estaba compelida a realizar las diligencias necesarias para hacer comparecer a los testigos y expertos era la Representante del Ministerio  Público.”
Afirman los recurrentes, que la Corte de Apelaciones erró en dar la razón al Tribunal de Juicio, respecto de la incomparecencia de los testigos Giovanni González, Jhonny Pérez, Jorge de Montijo, Delfín Ladrón, Morfi Infante y Alexander Gil, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Distrito Capital y Amazonas y de los testigos instrumentales David Chalet Guape y José Rafael Caballero Esqueda, este último quien según los recurrentes, se encontraba detenido en el estado Apure,  que el Tribunal A quo no ejerció su labor judicial para lograr la comparecencia de los testigos, sino que la endosó a la representación Fiscal.
Sobre la base del alegato propuesto, observa la Sala, que la hipótesis propuesta por los recurrentes, en términos breves, es la siguiente:
“La Alzada incurrió en errónea interpretación del artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, al afirmar que es deber del Ministerio Público agotar las vías para la comparecencia de los testigos, por lo tanto la consecuencia debe ser la nulidad del juicio y la celebración de nueva audiencia.”

jueves, 12 de febrero de 2015

Pronunciamiento en torno a la detención del abogado Tadeo Arriechi (Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital)



Suspensión temporal de portes de armas de fuego y blancas. Dispositivo Carnaval Seguro 2015



Resolución Conjunta N° 030 y N° 008929, mediante la cual se suspende de manera temporal el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de la implementación del «Dispositivo Carnaval Seguro 2015», para lo cual se establecen los días de restricción que en ella se indican

(Gaceta Oficial Nº 40.600 del 11 de febrero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ N° 030

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA N° 008929

204º, 155º y 16º

Fecha: 11 de febrero de 2015

RESOLUCIÓN CONJUNTA

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Decreto N° 1.345, de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha y el Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto N° 1.346, de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 62, 156 numerales 2, 7 y 33; 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en ejercicio de las competencias que les confiere lo dispuesto en el artículo 78 numerales 2, 17, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Decreto N° 1.439, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014; artículos 16, 18 y 20 del Decreto N° 1.473 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014; artículos 1, 2, 5, 15, 16, 26, 

miércoles, 11 de febrero de 2015

Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones (Resolución 8610)




(Gaceta Oficial N° 40.589 del 27 de enero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 23 de enero de 2015

204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN 008610

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 2,12 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, dicta las siguientes,

NORMAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO, LA PAZ SOCIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES

Resolución mediante la cual se crea Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador (2015)



Resolución Nº 350, mediante la cual se crea el Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador

(Gaceta Oficial N° 40.580 del 14 de enero de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO, HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO

CONSULTORÍA JURÍDICA

RESOLUCIÓN N° 350

CARACAS, 10 DE DICIEMBRE DE 2014 204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, cuya denominación fue modificada mediante Decreto 1.293 de fecha 03 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.511 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 1, 3 y 13 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

CONSIDERANDO

Que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, tal y como lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcado dentro del segundo Gran Objetivo Histórico, fundamentado en principios y valores socialistas, asegurando la mayor suma de felicidad y seguridad social posible, inspirado en el pensamiento del Padre Libertador Simón Bolívar y profundizado por nuestro líder de la Revolución, Comandante Eterno Hugo Chávez Frías,

Reglamento Interno del Consejo de Ministros (Presidencia de la República)





Reglamento Interno del Consejo de Ministros

(Gaceta Oficial Nº 40.580 del 14 de enero de 2014)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 1.528 12 de diciembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y los numerales 2 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE MINISTROS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1º. El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, en su vocación de servicio al pueblo con lealtad, eficacia política, eficiencia y calidad revolucionaria, en el cumplimiento de las políticas públicas.

Naturaleza jurídica y principios

Artículo 2º. El Consejo de Ministros, es el órgano superior de dirección política, estratégica y administrativa de la Administración Pública Nacional. Está al servicio de la construcción del socialismo como proyecto nacional de desarrollo. Su organización y funcionamiento está sometido plenamente a la Constitución y a la Ley y se fundamentará en los principios constitucionales de participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones, así como en el resto de los principios jurídicos que rigen la organización y funcionamiento de los órganos de la Administración Pública Nacional, privando en todos los casos las razones de fondo sin formalismos inútiles. 

martes, 10 de febrero de 2015

Sumario de las Gacetas Oficiales correspondientes al mes de enero de 2015




Número 40.592. Caracas, viernes 30 de enero de 2015
AÑO CXLII - MES IV

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 1.593, mediante el cual se nombra al ciudadano Sergio Alexis Rodríguez Adam, como Viceministro de Gestión Comercial, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio./MJA>

Decreto N° 1.594, mediante el cual se nombra a la ciudadana Marianny Albertina Rosado Prieto, como Viceministra (E) de Comercio Exterior, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Vicepresidencia de la República

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Larry Daniel Devoe Márquez, como Director General de la Dirección General de Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República, en calidad de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 024, mediante la cual se publica el listado de los Entes descentralizados de este Ministerio con indicación del monto de la participación accionaria de la Empresa del Estado, y de la conformación del patrimonio, en los casos de los institutos públicos, institutos autónomos y fundaciones del Estado.

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

SUDEBAN

Resolución Nº 010.15, mediante la cual se autoriza el cambio de denominación social de Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., a Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A.

jueves, 5 de febrero de 2015

Diferencias entre la caducidad y la prescripción. Actos capaces de interrumpir la prescripción penal, clases de prescripción, forma de cómputo. (Sala Constitucional)



"...Vista las actas del expediente y oídas las exposiciones de quienes comparecieron a la audiencia constitucional, la Sala observa:
Primero, que la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 25 de marzo de 1998 casó de oficio la decisión emanada del Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal, anulando totalmente dicho fallo, por lo que la revocatoria del auto de detención dictado al accionante el 12 de agosto de 1997, quedó sin efecto alguno, habiendo ordenado el fallo de la Sala de Casación Penal, al nuevo tribunal de reenvío, que se pronunciara sobre la responsabilidad de los indiciados. En consecuencia, cuando el fallo impugnado del 13 de septiembre de 1999, emanado del Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal dicta el auto de detención al impugnante, no está infringiendo cosa juzgada alguna a favor de Rafael Alcántara Van Nathan y, por lo tanto, la denuncia de violación de la cosa juzgada no es procedente, y así se declara.

Segundo, la decisión del 13 de septiembre de 1999 se limitó a aplicar un tipo penal previsto en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas, ley que no se encuentra derogada y, por lo tanto, no es cierta la denuncia que se haya aplicado para al auto de detención un procedimiento distinto al que correspondía al régimen de transición penal vigente para el año 1999. Por lo tanto, en cumplimiento de la orden de la Sala de Casación Penal, la juez de reenvío no podía aplicar las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, en base al artículo 502 eiusdem, ya que las normas de dicho Código se aplican en relación a los procesos que se inicien con la vigencia del Código, y el proceso donde se dictó la decisión del 13 de septiembre de 1999 existía con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

Tercero, con respecto a la denuncia del quejoso de que su juez natural era una Corte de Apelaciones y no un Tribunal de Reenvío, la Sala acota que, por mandato del fallo de Sala de Casación Penal del 25 de marzo de 1998, el proceso tenía que ser resuelto por un tribunal de reenvío como en efecto sucedió, por lo que no existió infracción constitucional de ningún tipo en tal designación, y así se declara.

Cuarto, con relación al alegato de que el delito imputado a Rafael Alcántara Van Nathan, estaba prescrito por haber transcurrido siete (7) años y ocho (8) meses desde la fecha en que comenzó el proceso (30/09/93), es criterio de esta Sala que, mientras un proceso se encuentra activo, la prescripción se ve sucesivamente interrumpida, a menos que se de el supuesto del artículo 110 del Código Penal, que no es el de una prescripción.

En respecto a la prescripción extintiva, debe la Sala acotar lo siguiente:

La mayoría de los derechos son susceptibles de perderse por la inacción de sus titulares durante el plazo fijado por la ley y, aunque el artículo 1952 del Código Civil, al definirla, se refiere a la liberación de obligaciones, otras normas se remiten a derechos (artículo 1979, por ejemplo), y otras a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una figura netamente procesal, como la acción, puede perderse por su falta de ejercicio dentro del plazo fijado por la ley.

martes, 20 de enero de 2015

Amparo cautelar Con Lugar: Sala Electoral ordena suspender las elecciones de la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares




"...Corresponde a esta Sala Electoral determinar, en primer término, su competencia para conocer el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, y al respecto observa que el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece lo siguiente:

“Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
 (…)
2. Conocer de las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y de otras organizaciones de la sociedad civil”.

Debe observarse, a la luz de la citada norma, que en el presente caso se ha interpuesto un recurso contencioso electoral “…contra el proceso de elección de la nueva Junta Directiva del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES SIDERÚRGICOS Y SIMILARES (…) para el período 2014-2016…”. En consecuencia, al impugnarse el proceso de escogencia de las autoridades de un sindicato, el conocimiento de la acción que cursa en autos es de la competencia material de esta Sala Electoral, razón por la cual este órgano jurisdiccional se declara competente para conocer de la presente demanda contencioso electoral interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Así se decide.

Ahora bien, las Disposiciones Transitorias de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecen en el Capítulo V, titulado “Del proceso contencioso electoral”, artículo 185, lo siguiente:

“Artículo 185. En caso en que la demanda no contenga solicitud de medida cautelar, la Sala remitirá al Juzgado de Sustanciación el informe y los antecedentes administrativos el mismo día en que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión dentro de los dos días de despacho siguientes.
Si la demanda contiene solicitud de medida cautelar se designará ponente a fin de que la Sala Electoral se pronuncie sobre la admisión de la demanda y la pretensión cautelar, lo cual podrá realizarse, atendiendo a la urgencia del caso, con prescindencia del informe y de los antecedentes administrativos a que se refiere el artículo anterior”.

Así las cosas, una vez asumida la competencia, y visto que no se observa la existencia de ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, parágrafo único, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este órgano judicial admite el recurso contencioso electoral con prescindencia del examen de la caducidad. Así se decide.

Corresponde entonces a este órgano judicial, en aras de preservar los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, pronunciarse acerca de la solicitud de amparo cautelar, para lo cual resulta oportuno destacar la posición de esta Sala acerca de los requisitos para la procedencia de toda solicitud de amparo cautelar, tal como se hizo en la sentencia número 40, del 31 de marzo de 2009, en la cual se señaló al respecto que:

Lineamientos de actuación procesal en cuanto a la notificación y práctica de las pruebas heredobiológicas (Sala de Casación Social)



La parte demandada recurrente, con fundamento en el artículo 489-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, denunció como infringido los artículos 49 ordinal 1, y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 480, 484 y 485 de la precitada ley.

En tal sentido, sostiene la parte recurrente que en la audiencia oral de pruebas, celebrada el 27 de septiembre de 2006, donde declararon como testigos los ciudadanos María Cristina Cortiñas de Schnell, Alvin Rafael Acevedo Trias e Ignacio Antonio Robles Mujica, no obstante sus testimonios no fueron tomados en consideración por lo que se violó el artículo 485 eiusdem, por cuanto la sentencia:

(…) no expreso (sic) los motivos de hecho ni tomó en consideración dichas declaraciones, incurriendo en una falta de motivación, que por vía de consecuencia conlleva la violación del derecho constitucional del debido proceso (…) y de la tutela judicial efectiva (…) porque no tomó en consideración las pruebas de testigos promovidas y evacuadas por mi mandante (…). Si hubiese analizado dichas pruebas de testigos, hubiese concluido que no existía la relación concubinaria invocada por la parte actora, ni la existencia de cohabitación de mi representado con la parte actora durante el período  de la concepcióny mucho menos la identidad del hijo concebido en dicho periodo (subrayado de esta Sala).

Esta Sala de Casación Social, a pesar de la falta de precisión en la denuncia formulada, entiende que la parte recurrente hizo valer el vicio inmotivación en su modalidad de silencio de prueba, en vista de que lo alegado versa sobre la omisión de consideración alguna sobre los testimoniales rendidos por los ciudadanos María Cristina Cortiñas de Schnell, Alvin Rafael Acevedo Trias e Ignacio Antonio Robles Mujica, lo cual en su parecer alteraría el dispositivo del fallo.

Esta Sala en forma reiterada y pacífica ha definido el vicio de inmotivación por silencio de prueba como el producido por los jueces cuando omiten el examen total o parcial de las pruebas promovidas, pues están quebrantando el deber de analizar todo material probatorio que consta en los autos, en los términos del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

A tal fin entre otras sentencias la n° 131 de 28 de febrero de 2002, y más recientemente la n° 305 de 16 de abril de 2012, de la cual se transcribe el siguiente extracto:

Queda inmotivada la sentencia por haberse incurrido en silencio de pruebas cuando el Juez omite cualquier mención sobre una prueba promovida y evacuada por las partes, que consta en las actas del expediente y cuando, a pesar de haberse mencionado su promoción y evacuación, el Juez se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a la misma o las razones para desestimarla, siendo importante, además, que las pruebas promovidas y evacuadas por la parte en la oportunidad legal correspondiente, de ser silenciadas parcialmente en la sentencia recurrida, para que sea declarado con lugar el vicio por silencio de la prueba, la o las mismas deben ser relevantes para la resolución de la controversia, con base en disposiciones constitucionales, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, o no hace imposible su eventual ejecución.

Al examinar minuciosamente las actas procesales se observa que la parte recurrente ciertamente promovió y evacuó los testimoniales de los ciudadanos María Cristina Cortiñas de Schnell, Alvin Rafael Acevedo Trias e Ignacio Antonio Robles Mujica, quienes rindieron declaración el 27 de septiembre de 2006, cuando se llevó a cabo el acto oral de evacuación de pruebas, tal cual como consta en el folio doscientos veintiocho (228) de la primera pieza del cuaderno principal.

Consideraciones acerca de la Restitución internacional de niños, niñas o adolescentes (Sala Constitucional)




EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 14-1002

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 3 de octubre de 2014, el abogado Francisco Alberto Castillo Matute, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 191.528,  apoderado judicial de la ciudadana FRANCYS DEL VALLE CASTILLO MATUTE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 16.339.155, presentó escrito por medio del cual solicitó la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción del Estado Aragua el 13 de mayo de 2013, que declaró: 1) con lugar el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales del ciudadano Juan Barquiel Gumbao, de nacionalidad española, pasaporte número AAG754729, contra el fallo dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del mismo circuito judicial el 12 de marzo de 2013, que declaró sin lugar la restitución de su hijo; 2) revocó la referida decisión y 3) declaró procedente la restitución internacional de su hijo de seis años de edad junto a su madre a España.
El 7 de octubre de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:


I
FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

El apoderado judicial de la ciudadana Francys del Valle Castillo Matute fundamentó la solicitud de revisión en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los cardinales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la presentó con base en los siguientes argumentos:
Que,  “En fecha Doce (12) de Julio (sic) del año Dos Mil Doce (12), se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua, solicitud del gobierno español, al gobierno central venezolano sobre restitución internacional del niño (…) hijo de mi representada con el ciudadano; Juan Barquiel Gumbao, de nacionalidad Española. Quien… permisó, el regreso de su hijo con Francys Castillo a Venezuela, egresando del país Vasco, donde residían mediante su firma, cónsono con la emisión del pasaporte del niño, en meses pasados, sin otro requisito adicional en la legislación española para la salida de Niños de territorio Español, lo cual para la normativa legal de España es autorización tácita si en el lapso de diez (10), el padre o deniega el permiso en forma expresamente ante las autoridades competentes. Así ha quedado asentado en el aparte CUARTO de la sentencia jurisdiccional sobre modificación de medidas…, esgrimida por el (Juzgado) de primera e instrucción n° 1 de Durando país Vasco, España, de fecha 11/06/2013… (consignada marzada C)”   

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