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miércoles, 25 de mayo de 2016

Sala Constitucional acuerda oficiar al C.N.E para que informe cuáles de los sesenta y dos (62) partidos no han participado en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional






El 5 de enero de 2016, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió el recurso de interpretación interpuesto por el abogado CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS, respecto al artículo 67 de la Constitución, y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
1.- El voto referencial respecto al uno por ciento de los votos emitidos a que se refiere en concreto el Parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, es el voto lista, por ser éste el que resulta de los candidatos postulados por determinado grupo u organización política, y ello no sólo propende a la lealtad dentro de las organizaciones políticas y a su equilibrio en la democracia interna sino a la pulcritud en el origen de los recursos para el financiamiento de las campañas que los mismos dispongan, porque se atiende al partido como grupo que presenta una lista de candidatos y no a una persona en particular.
2.- Hay renovación automática de un partido político, cuando se produzca el supuesto de hecho del parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, esto es, que el partido político haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados. Y en caso contrario, cuando no se obtenga ese porcentaje en ese número de entidades federales, el partido político deberá renovar la nómina de integrantes para su legitimidad, conforme lo señalado en la motiva de este fallo.

Esta renovación aplica también para los partidos regionales, la cual se producirá con motivo de las elecciones regionales (entiéndase elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos). Por lo que en el caso de que un partido regional decida ir en alianza con un partido nacional en elección nacional, su renovación deberá producirse luego en la elección regional.
3.- Cuando un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese grupo político carecerá de identidad; y por ende, no puede legitimar su voto lista que es el voto referencial a que se refiere este fallo al disipar la interrogante número 1 del recurrente. En consecuencia, el partido político deberá someterse a la renovación ante el órgano rector electoral en la forma establecida en el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los términos expuestos en la motiva de este fallo, y las consecuencias que su omisión apareja están previstas en la citada Ley.
4.- En la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin perder su existencia, y deberá correr con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores
5.- A los fines de aplicar el criterio expuesto en este fallo, el cual tiene carácter vinculante conforme al artículo 335 de la Constitución, y garantiza el ejercicio del derecho establecido en el artículo 67 eiusdem, a través de la legitimación real y efectiva de los partidos políticos constituidos en la República Bolivariana de Venezuela, se ordena al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de sesenta (60) días siguientes a la publicación del presente fallo, regule la verificación de la nómina de inscritos de cada partido político, para lo cual deberá adecuar las normas sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales



Libradas como fueron las notificaciones de dicho fallo, en fecha 1 de febrero de 2016, el abogado ALEXANDER JOSÉ RAMÍREZ ROJAS, actuando en su condición de adjunto al consultor jurídico, en nombre y representación del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno, solicitó copia certificada del fallo n° 1 de esta Sala de fecha 5 de enero de 2016.
En decisión n° 185 del 18 de marzo de 2016, esta Sala acordó oficiar al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de cinco (5) días siguientes al recibo del oficio que se acordó librar, remitiera las normas sobre renovación de los partidos  políticos, ordenada en el fallo supra mencionado.
Mediante escrito presentado el 6 de abril de 2016, los abogados MARÍA EUGENIA PEÑA VALERA y CARLOS CASTRO URDANETA, titulares de las cédulas de identidad nros. 11.025.023 y 14.833.996, e inscritos en el Inpreabogado bajos los nros. 52.044 y 90.583, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del Consejo Nacional Electoral, consignaron la Gaceta Electoral n° 801 de fecha 4 de marzo de 2016, donde aparecen publicadas las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a resolver, previo análisis de las consideraciones siguientes:
ÚNICO
En esta oportunidad, la Sala observa que en autos corre inserta Gaceta Electoral n° 801 del 4 de marzo de 2016, contentiva de las Normas  para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, en cuyo artículo 2 se lee, lo siguiente:
“Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las organizaciones con fines políticos nacionales que no obtuvieron el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las elecciones  nacionales celebradas el 06 de diciembre de 2015, así como aquellas organizaciones vigentes para la fase de postulación de candidatos para dichas elecciones y que no presentaron ofertas electorales a través de sus tarjetas electorales, deberán renovar sus nóminas de inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, a los fines de mantener su vigencia, de conformidad con la normativa legal.
Las organizaciones con fines políticos nacionales deberán presentar las nóminas de inscritas e inscritos en por lo menos doce (12) entidades federales, conforme al ordenamiento  jurídico que regula la materia”.
Visto, que dichas Normas fueron dictadas en ejecución de lo ordenado en el dispositivo número 5 de la sentencia n° 5/2016, y que en sus considerandos se lee, entre otros, los siguientes:
Que es competencia del Poder Electoral inscribir y registrar las organizaciones con fines políticos, así como decidir sobre las solicitudes de constitución, denominaciones provisionales, colores y símbolos, así como también, sobre su renovación, cancelación de registro de inscripción y sus autoridades legítimas.
…Omissis…
Que es obligación de las organizaciones con fines políticos nacionales que encuadren en el supuesto de hecho establecido en el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, renovar sus nóminas de inscritos en el transcurso  del primer año de cada período constitucional a los fines de mantener su vigencia.
Visto que en los dispositivos 3 y 4 de la sentencia n° 01 del 5 de enero de 2016, esta Sala dispuso:
3.- Cuando un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese grupo político carecerá de identidad; y por ende, no puede legitimar su voto lista que es el voto referencial a que se refiere este fallo al disipar la interrogante número 1 del recurrente. En consecuencia, el partido político deberá someterse a la renovación ante el órgano rector electoral en la forma establecida en el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los términos expuestos en la motiva de este fallo, y las consecuencias que su omisión apareja están previstas en la citada Ley.
4.- En la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin perder su existencia, y deberá correr con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores.
Visto lo que establece el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, cuyo tenor es el siguiente:
Capítulo V
De la cancelación del registro y disolución de los partidos políticos
Artículo 32. La inscripción de los partidos políticos se cancelará:
a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos.
b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste.
c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá cancelar su inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 y 20 de la presente Ley.
Ninguna revocatoria podrá acordarse sin la previa citación del partido afectado, en las personas que ejerzan su representación de conformidad con sus estatutos quienes podrán oponerse a ella promoviendo y evacuando las pruebas conducentes y exponiendo por escrito los alegatos que estimen procedentes. Este procedimiento deberá cumplirse dentro del término de treinta días computados a partir de la citación. Transcurrido este término sin que haya habido oposición, quedará definitivamente cancelado el registro y se publicará la decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Si hubiere habido oposición de la decisión recaída, podrá recurrirse ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma señalada para la negativa de inscripción, y en tanto no recaiga sentencia definitivamente firme el partido podrá continuar sus actividades ordinarias.
Y dado que entre los fundamentos en que se basa la motiva de dicho fallo, resaltan –en lo que respecta a la renovación de los partidos políticos- los siguientes:
Atendiendo al contenido expreso del encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, al comienzo de cada período constitucional se debe producir una renovación por ley de los partidos, para atender a las reglas propias de la democracia, que requieren que éstos posean credibilidad, legitimidad y liderazgo. Esa renovación es la que permite al órgano rector, ejercer la revisión de la situación de las organizaciones políticas y su concordancia con la normativa vigente, y así poder legitimar –en los casos en que sea procedente- su permanencia en el Registro de Organizaciones con fines políticos, y por tanto, su participación en los procesos electorales.
…Omissis…
Dicho lo anterior, esta Sala concluye que la renovación es una obligación legal y ética de los partidos políticos en general, y una responsabilidad del órgano competente su verificación, pues el Registro Electoral varía conforme al crecimiento poblacional en cada Estado, entiéndase electores inscritos, por lo que una vez producida una elección nacional y un cambio en el período constitucional, los protocolos electorales varían sustancialmente, bien sea por el crecimiento o decrecimiento de las nóminas de electores dentro de los partidos políticos.
…Omissis…
Efectivamente, cada partido político no sólo debe renovar al inicio de cada período constitucional su nómina de miembros, por cuanto debe legitimar su organización ante la autoridad electoral nacional frente al país, sino que también debe informar al órgano rector electoral de cualquier cambio o variación en la identidad gráfica y fonética que acompañó a su inscripción, con la claridad suficiente para evitar similitud con la identidad de otro partido político legítimamente constituido, en aras de que la ciudadanía se identifique con ella y pueda distinguir la organización de su preferencia.
…Omissis…
Es decir, si un partido político no presenta sus símbolos no tiene vida jurídica en el proceso electoral que esté planteado realizarse; pues esos símbolos son los que permiten que la multiplicidad de individuos que lo conforman se vean identificados en el grupo al que pertenecen sus ideas, en una sola identidad se reúne el espectro y gama dispersa de individuos que lo conforman, y los distinguen de los miembros de otro grupo político.
Como se revela el asunto de la identificación gráfica del partido, su simbología tiene real importancia en su presentación al público, lo cual debe estar controlado por el órgano rector electoral, ya que no puede haber similitud de nombres y de símbolos de los partidos políticos. Y en el caso, de acontecer lo planteado por el recurrente, esto es, de que un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese grupo político carecerá de identidad; y por ende, no puede legitimar su voto lista que es el voto referencial a que se refirió este fallo al disipar la interrogante número 1 del recurrente. En consecuencia, el partido político deberá someterse a la renovación ante el órgano rector electoral en la forma establecida en el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los términos expuestos en la motiva de este fallo, y las consecuencias que su omisión apareja están previstas en la citada Ley. Así se decide. (Resaltado y cursivas de este fallo).
Esta Sala Constitucional, teniendo en consideración lo antes apuntado, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 257 constitucional así como a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 145, con el fin de evitar se produzca alguna colisión con lo previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como con lo dispuesto por esta Sala en la sentencia n° 01 del 5 de enero de 2016, específicamente en su dispositivo 3 y 4, esto es evitar se renueve una organización política que se encuentre en las excepciones de ley, se acuerda oficiar al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de cinco (5) días siguientes al recibo del oficio que se acuerda librar, informe cuáles de los sesenta y dos (62) partidos que aparecen en la lista publicada en las Normas antes referidas, no han participado, en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente, en atención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y a lo dispuesto en el fallo n° 01 del 5 de enero de 2016.
            Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
En Caracas, a la fecha “ut supra” indicada.
La Presidenta de la Sala,                                                         

                                                                                                 

Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Vicepresidente,



                                                                                Arcadio Delgado Rosales


Los Magistrados,



Carmen Zuleta de Merchán



                                                                       





Juan José Mendoza Jover
                                                                                         Ponente



Calixto Ortega Ríos


                                                                    Luis Fernando Damiani Bustillos



Lourdes Benicia Suárez Anderson

                                                                    






 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187965-415-24516-2016-16-0638.HTML



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Improcedencia del daño moral reclamado por el ex representante judicial de una empresa, que habría sido erróneamente citado como imputado por el Ministerio Público (Sala de Casación Civil)




"...En la denuncia formulada, acusa el recurrente la comisión del vicio, toda vez que el juez de alzada, no se pronunció sobre distintos alegatos invocados en el libelo de demanda, los cuales estaban referidos a: 1) La presunta comisión del hurto de un equipo radiactivo propiedad de la empresa BJ Services de Venezuela, C.A.; 2) Omitió resolver sobre la consideración de la Fiscalía de que el accionante “…es responsable penalmente de los hechos denunciados, debido a que para la fecha de la comisión del ilícito penal, (…) era el Representante (sic) Legal (sic), de acuerdo con lo establecido en el Documento (sic) Constitutivo (sic) Estatutario (sic)”; 3) El alegato de que la empresa BJ SERVICES DE VENEZUELAno ha atendido los múltiples requerimientos hechos por el demandante, a los fines de que intervenga y lo libere de este proceso, toda vez que en ningún momento ha participado personalmente o activamente en la adquisición, traslado, uso, ocultamiento o detentación de la “Fuente o equipo Radioactivo (sic)”; 4) Omite toda decisión sobre “…Las omisiones de la empresa BJ, de manera directa, en contravención a la Ley 55 sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos, configuran una falla en el ejercicio de la Guarda (sic) y custodia, traslado y detentación que la empresa BJ, ha tenido de la Fuente (sic) Radiactiva (sic)…”; y 5) “…sobre la actualidad del daño, alegado por nuestro representado (...), hoy imputado, el que ha sufrido todos los daños materiales y morales que esta investigación penal iniciada desde el 10 de junio del 2006 ha producido y que hasta la fecha 26 de febrero de 2009 a pesar de haberse producido un SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte del juez, tomándose en garantía la libertad personal de mi representado…”.
Esta Sala ha indicado, que lo que caracteriza el vicio de incongruencia negativa, es la omisión en el pronunciamiento sobre lo alegado por las partes, no que este sea acertado o no, o que sea favorable o desfavorable a las pretensiones del recurrente (Sentencia N° 369 de fecha 30 de mayo 2012).
         De la sentencia recurrida, se desprende que el juzgador de alzada de conformidad con las pruebas evacuadas por ambas partes, determinó en el caso in comento que el demandante fungió como representante legal de la empresa demandada, desde el 29 de julio de 2002 hasta el 9 de julio de 2007, fecha esta cuando la empresa accionada en asamblea extraordinaria de socios aprobó nombrar a otro representante legal, recayendo en la persona de (...), por lo que, ante tal situación el juzgador concluyó que para el momento de iniciarse la investigación penal, el accionante era el representante legal de la demandada, mas no así para el momento de su citación, en el cual fue citado en calidad de imputado en representación de la empresa accionada, siendo que para dicha oportunidad ya había cesado su cargo.

Sala de Casación Civil reafirma que "la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda"



El artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, establece los presupuestos de admisión del recurso de casación. Esta norma es de orden público y su cumplimiento debe ser verificado por la Sala cuando observare de oficio o a petición de parte, que la admisión de dicho recurso extraordinario, se hizo violentando los preceptos que regulan la materia, caso en el cual la Sala podrá revocar el auto de admisión y, por vía de consecuencia, declarar la inadmisibilidad del recurso de casación.

Con respecto al requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, y los parámetros para su determinación, se ha establecido que en virtud del principio de la perpetuatio fori, previsto en el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil, la cuantía requerida para acceder a sede de casación, es aquella que se exigía para el momento en que se interpuso la demanda, pues la situación de hecho existente para el momento de la interposición de la demanda, es la que determina la jurisdicción y la competencia.

En efecto, esta Sala mediante sentencia N° 735, de fecha 10 de noviembre de 2005, caso: Jacques de San Cristóbal Sexton contra El Benemérito C.A., criterio ratificado en sentencia Nº 197, de fecha 2 de abril de 2014, caso: Porfi Jiménez y su Orquesta, C.A. contra Isabel María Agustina Moya Reyes, estableció en cuanto al requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, lo siguiente:

Triple identidad de la cosa juzgada (Sala de Casación Civil)





Para decidir la Sala observa:
El error de interpretación de una norma jurídica, comprende un vicio por infracción de ley, en específico de aquellas normas relativas a la resolución de la controversia, error que se produce cuando el juez no le da el verdadero sentido y alcance a la norma, que aún siendo correctamente elegida y aplicada para la solución de la controversia, hace derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa evidencia la Sala que el formalizante delata la infracción por error de interpretación de los artículos 272, 273 del Código de Procedimiento Civil y 1.395 del Código Civil, por cuanto el juez de la segunda instancia declaró la procedencia de la cosa juzgada, no obstante que los elementos de identidad para tal procedencia no están satisfechos.
         En este sentido, esta Sala se permite copiar la recurrida a fin de evidenciar lo decidido en ella:
“…Ahora bien, visto que la figura de la cosa juzgada trata de toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia definitivamente firme, cuyos efectos se sintetizan en la imposibilidad de impugnación, inmutabilidad e irreversibilidad del referido fallo, y que la misma viene dada por la existencia de la triple identidad de sujetos, objeto y causa, resulta primordial para esta Alzada (sic) establecer si en el caso sub especie litis se produce la presencia de dichos elementos para determinar la procedencia o no de la presente cuestión previa.
Que siguiendo el orden para el conocimiento del presente recurso, así como de los alegatos propuestos por el demandado y que fundamentaron la cuestión previa alegada, esta instancia detenidamente comienza en el conocimiento de las copias certificadas traídas a los autos de las sentencias que involucraron las partes, conocimiento este que también se verifico del sistema juris y que fue complementado con los informes presentados.
Así tenemos que:
La causa o fundamento en los que se centran los alegatos de la cosa juzgada corresponden a la causa KP02-V-2009-004828 con número de recurso KP02-R-2012-000189. Y expediente 2012-000516 de la Sala de Casación Civil. Este Tribunal (sic) verifica que los sujetos intervinientes, fueron: JOSE (sic) GUSTAVO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.392.818 y la empresa INVERSIONES LA COLINA DEL ESTE C.A., registrada en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado (sic) Lara, en fecha siete de septiembre del año dos mil cuatro (07-09-2004), anotado bajo el Nº 15, folios 77 al 87, protocolo primero, tomo décimo tercero. Titularidad que traída a la presente causa corresponde a las mismas partes; es decir JOSE (sic) GUSTAVO ALVARADO, y la empresa INVERSIONES LA COLINA DEL ESTE C.A., son también las mismas partes en la causa que se ventila. Así se decide.

sábado, 21 de mayo de 2016

Amparo cautelar que ordena adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del CNE y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir "los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional". (Corte de lo Contencioso Administrativo)

viernes, 20 de mayo de 2016

12 sentencias sobre Honorarios Profesionales de Abogado que debes conocer




NUEVO CRITERIO VINCULANTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE QUE EN MATERIA DE COBRO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS EN LAS COSTAS PROCESALES, SE APLICARÁ LA PRESCRIPCIÓN DEL ORDINAL 2° DEL ARTÍCULO 1.982 DEL CÓDIGO CIVIL






ACERCA DE LA ESTIMACIÓN E INTIMACION DE HONORARIOS EN EL PROCESO PENAL. NULIDAD DE OFICIO (SALA DE CASACIÓN PENAL)






INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA ACCIÓN MERO DECLARATIVA Y EL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS (SALA DE CASACIÓN CIVIL)






Consideraciones sobre las acciones de amparo interpuestas por los privados de libertad en nombre propio y sin asistencia de abogados (Sala Constitucional)




Ahora bien, se observa que en el presente asunto el Tribunal Sexto de Control de Primera Instancia Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, antes de pronunciarse sobre su incompetencia, debió aplicar el criterio vinculante establecido en la referida sentencia N° 993 del 28 de mayo de 2007, contentivo del procedimiento a seguir ante las acciones de amparo interpuestas mediante correo especial y ordenar por ende la ratificación por abogado o abogados (defensa pública o defensa privada) con facultad suficiente para intentar este tipo de acción en representación del privado de libertad y luego de ello pronunciarse en cuanto a su competencia.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que la ciudadana Elizabeth Sierra de Gutiérrez, consignó un extenso escrito presuntamente realizado por su hermano, Gustavo Sierra Guarín, quien tal como se señaló se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, del contenido del mismo, se evidencian afirmaciones tales como “…quien hoy solicita ser amparado, interpuso por sí mismo y a través de familiares, varias Acciones de Amparo Constitucional ante la CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, las cuales han sido sistemáticamente ignoradas, bien sea a través de una absoluta AUSENCIA DE RESPUESTA, o a través de NO QUERER ADMITIRLAS, o a través de declararlas SIN LUGAR por una supuesta ‘INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES O AGRAVIANTES’ que no contempla ni la Constitución Nacional ni la Ley Orgánica sobre Amparos y Garantías Constitucionales para resolver las Acciones de Amparo Constitucional”.
La Sala estima pertinente aclarar, que las amplias interpretaciones que se han hecho en materia de amparo constitucional, para permitir el acceso de los privados de libertar a esta vía excepcional, sin exigirles que la solicitud sea realizada o suscrita por una abogado, es sólo para poder presentar al juez constitucional situaciones fácticas que hayan sucedido durante el proceso penal que se sigue en su contra o aquellas situaciones de hecho que sin haber ocurrido en el proceso judicial afecten o puedan afectar su situación jurídica, sin embargo, esta facultad es sólo exponer los hechos al juez quien debe inmediatamente hacer lo conducente para que sea asistido de un profesional del derecho bien sea privado o un defensor público.

Constitucionalidad del procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras previsto en la L.O. del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Orden de prelación de las fuentes en los procedimientos administrativos laborales (Sala Constitucional)





En el caso de autos, se ha interpuesto un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad  contra el artículo 513 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012, el cual establece:


Procedimiento para atender reclamos
de trabajadores y trabajadoras
Artículo 513. El trabajador, trabajadora, o grupo de trabajadores y trabajadoras, podrán introducir reclamos sobre condiciones de trabajo, por ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo al siguiente procedimiento.
1.      Dentro de los tres días siguientes a haberse interpuesto el reclamo por el trabajador o trabajadora, la Inspectoría del Trabajo notificará al patrono o patrona para que comparezca a una audiencia de reclamo al segundo día hábil siguiente a haber sido notificado de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
2.      La audiencia de reclamo será en forma oral, privada y presidida por un funcionario o funcionaria del trabajo, con la asistencia obligatoria de las partes o sus representantes. Cuando se trate de un grupo de trabajadores y trabajadoras reclamantes, nombrarán una representación no mayor de cinco personas.
3.      Si el patrono o patrona, o su representante no asiste a la audiencia de reclamo se presumirá la admisión de los hechos alegados por el trabajador o trabajadora reclamante y el inspector o inspectora del trabajo decidirá conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante.
4.      En la audiencia de reclamo, el funcionario o funcionaria de trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones. Si la conciliación es positiva, el funcionario o funcionaria del trabajo dará por concluido el reclamo mediante un acta, homologando el acuerdo entre las partes.

Experticia complementaria del fallo: "Resulta labor de los expertos el tomar en consideración el texto íntegro del fallo para poder determinar los parámetros a utilizar en la elaboración de la experticia" (Sala Constitucional)





Ahora bien, de la lectura de la sentencia objeto de revisión se aprecia que el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital señaló “que en caso que la parte recurrente estuviese en desacuerdo con la decisión de los expertos, debió activar el procedimiento establecido en la parte in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de impugnar u oponerse a la decisión de éstos, cosa que tampoco sucedió en el presente caso (…). En todo caso, la inejecutabilidad de la decisión es resultado de la inactividad de la parte actora, al no ejercer los recursos ordinarios en forma oportuna…”.
En tal sentido, advierte esta Sala que cursa en el expediente (folio 203 del Anexo 1), escrito consignado el 9 de diciembre de 2009, por el abogado Raúl Daniel Quiñones Fernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual impugnó el informe presentado por los expertos, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por “incurrir en obstrucción de justicia”.
Así, aprecia esta Sala Constitucional que, contrario a lo señalado por la jueza del tribunal de alzada, la parte demandante sí ejerció el recurso de reclamo. No obstante, no se aplicó lo dispuesto en la parte in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a oír a dos nuevos expertos.
De allí que lo decidido por el juez de la causa y confirmado por el juez de la alzada, subvirtió el proceso legalmente establecido, debido a que no siguió el trámite previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, cuando alguna de las partes reclama la decisión de los expertos, vulnerando la tutela judicial efectiva y el debido proceso a que se refieren los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De esta forma, atendiendo a lo dispuesto en las mencionadas normas y en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, se concluye que el Tribunal de la causa infringió las reglas contenidas en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se afectó el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte demandada; y por cuanto su alzada omitió corregir ese vicio mediante la nulidad y reposición correspondiente, infringiendo a su vez lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, la Sala anula la sentencia objeto de la presente revisión. Así se decide.

jueves, 19 de mayo de 2016

TSJ declara la constitucionalidad del estado de excepción y emergencia económica. Señala que la Asamblea Nacional convalidó el Decreto al no discutirlo a tiempo (Sala Constitucional)




Expuesto lo anterior, esta Sala observa que ante las situaciones fácticas consideradas de índole climático, económico y político, que han afectado gravemente la vida económica de la Nación, el Ejecutivo Nacional, en ejercicio de sus funciones, ha decidido afrontar las mismas a través del Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, cumpliendo así con postulados constitucionales que imponen garantizar a la población el orden público constitucional. Entre ellos, se pueden mencionar los artículos 112, 117, 299 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Al respecto, los artículos 112 y 117 eiusdem, pautan lo que sigue:

Consideraciones sobre la ingeniería genética, reproducción asistida, fertilización in vitro y vientre subrogado (Inquisición de maternidad declarada Con Lugar)







PUNTO PREVIO
Antes de entrar a decidir el fondo del asunto planteado, es importante hacer una breve reseña del tratamiento que se ha dado a la Fertilización in vitro en otras legislaciones, la cual es aceptada mundialmente, pero su aplicación como técnica de reproducción asistida en todas sus variantes, trae graves consecuencias para la humanidad e impone grandes disyuntivas al ordenamiento legal, al provocar conflictos en las relaciones parento-filiares y sucesiones, resultando necesario la intervención de la bioética para dar solución científico-legal a estas problemáticas; así pues, la solución que han dado los distintos países, a nivel mundial ante esta disyuntiva la encontramos en el Derecho Comparado; de manera tal que, recurrir a un vientre en alquiler es ilegal en muchos países, como en España, por tal razón cientos de parejas cada año acuden a Estados Unidos a cumplir su deseo de ser padres, donde rentar un útero es totalmente legal.
En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de California establece la “teoría de la intención” para establecer la custodia de los bebés nacidos mediante vientres de alquiler, preguntándose: ¿quién es el verdadero interesado en tener un niño?, ¿Tenía deseos de quedarse embarazada la madre de alquiler previo pago de la pareja contratante?
Existen otros dos criterios jurisprudenciales como el de la “madre gestante” por el que se establece que la madre legal es la que da a luz, y el de la “contribución genética”, que considera como madre legal a aquella que aportó el óvulo. (subrayado del Tribunal)
Bajo estos presupuestos, en Estados Unidos se estable que:
Arizona, Utah, Nuevo México, Míchigan y Nueva York prohíben cualquier contrato de maternidad subrogada.
Florida, Nevada y Luisiana los consideran legales siempre que sean altruistas.
Arkansas, Tennessee, Virginia o California les otorgan validez legal tanto si se pacta o no remuneración.
Alaska o Texas aún no se han pronunciado sobre las surrogate mothers.

Así las cosas, en el derecho comparado se ha establecido que a nivel internacional existen tres enfoques jurídicos a la hora de considerar la legalidad o no de los vientres de alquiler:
- Ilegales: España, Francia, Portugal, China, Japón e Italia.
- Legales: (siempre que el contrato sea altruista): Canadá, México, Brasil, Bélgica, Reino Unido, Gracia, Australia, Holanda.
- Legales: (con o sin precio): Israel, Irán, Rumanía, Ucrania, Rusia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India.
Precisamente la India se está convirtiendo en los últimos años en el “vientre del planeta”. Allí acuden cada vez más parejas infértiles para encontrar una mujer que les dé un hijo. Ocurre lo mismo en Ucrania, se están convirtiendo en principales focos de alquiler debido a que los precios bajan considerablemente con respecto a los de Estados Unidos. (30 mil dólares Ucrania y 11 mil en la India).
TRATAMIENTO LEGAL DE LA INGENIERIA GENETICA:
Alemania
El Ministro Federal de Justicia y el Ministro Federal de Investigación y tecnología constituyeron, en 1984, una Comisión encargada de analizar los nuevos métodos de fertilización in vitro. Es interesante resaltar la importancia que, para este informe, presenta en el desarrollo del niño la íntima relación personal entre la embarazada y el nasciturus. En este sentido, según lo explican J.M. Martínez y Pereda Rodríguez, se plantea la circunstancia de que la madre gestante dispuesta por motivos económicos a llevar en su vientre un hijo fecundado extracorporalmente para otro, no se adapte a una forma de vida de abstención de alcohol y nicotina, como lo haría una mujer que pretendiera quedarse con su hijo. También podría ocurrir que naciera una criatura con defectos físicos o mentales y que ninguna de los contratantes quisiera hacerse cargo de ella. En vista de estas previsiones, el Congreso Médico alemán acordó que la maternidad de sustitución debía ser rechazada por los inconvenientes que presenta para el niño y el peligro de la comercialización.
Estas recomendaciones fueron volcadas a una ley cuya vigencia data de 1991. 

miércoles, 18 de mayo de 2016

Es válida la oferta de pago de las obligaciones contraídas en divisas que se hace en bolívares a la tasa de cambio vigente para el momento en que se presenta (Sala Constitucional)





En el caso de autos, la Sala de Casación Civil mediante decisión RC.000608 del 15 de octubre de 2015, declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por Mercantil Bank Curacao, N.V. (oferida en la causa ordinaria), con ocasión del procedimiento judicial de oferta real de pago planteado por la hoy solicitante, Hotelera Sol, C.A. y, en consecuencia, anuló la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado sin lugar el recurso de apelación y confirmado el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esa Circunscripción Judicial que declaró válida y procedente la oferta real.
Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad mercantil solicitante en revisión, denuncia que la Sala de Casación Civil, en su decisión del 15 de octubre de 2015, rompió el orden constitucional al dictar un fallo que –según alega- adolece del vicio de incongruencia omisiva, toda vez que “en la parte motiva de su decisión la Sala de Casación Civil obvió total y absolutamente los argumentos planteados por [su] representada tanto en la contestación de la formalización del recurso como en el escrito de contrarréplica, lo que conlleva a que dicha decisión contradiga abiertamente la interpretación constitucional sobre el vicio de incongruencia omisiva”.
Además, argumenta la representación de la solicitante, que dicho fallo desconoce la doctrina constitucional establecida por esta Sala respecto al vicio de incongruencia negativa, por cuanto la Sala de Casación Civil no valoró, al analizar la denuncia sobre el mencionado vicio, si lo alegado por la recurrente en casación realmente tenía un efecto invalidante u “omisión injustificada” que afectare la pretensión de la parte en juicio, fundamentándose –a  decir- en meros alegatos de defensa y no a los efectos del vicio.

Carácter no contradictorio del procedimiento para emitir la certificación de enfermedad ocupacional o accidente de trabajo (Sala de Casación Social)




Previo al pronunciamiento que debe efectuar esta Sala de Casación Social respecto del recurso de apelación interpuesto, se advierte que la representación judicial de la sociedad de comercio Bimbo de Venezuela, C.A., interpuso demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el “Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación identificada con el número 0107-12 (…) emitida en fecha 10 de julio de 2012 por (…) la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores ('DIRESAT') Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales ('INPSASEL') con motivo de la supuesta 'evaluación médica' realizada al ciudadano Sr. Elio José Sulbaran Quintero (…) titular de la cédula de identidad número 9.380.156 (…) al asistir a la consulta de medicina ocupacional de la DIRESAT Miranda del INPSASEL 'por haber sufrido un Accidente de Trabajo en fecha 25-10-2008 prestando sus servicios para la empresa, BIMBO DE VENEZUELA, C.A. (…) [y el] (…) Oficio No. 0905-2012 (…) dictado en fecha 13 de septiembre de 2012 por el Director Regional de la DIRESAT Miranda del INPSASEL con fundamento en la Certificación Impugnada, mediante el cual se calcula y fija en la cantidad de Bs. 290.886,22 el monto mínimo de la 'indemnización' que supuestamente le corresponde al Sr. Sulbaran por su supuesta discapacidad certificada por la DIRESAT Miranda del INPSASEL (…) que conjuntamente con la 'Certificación Impugnada', serán denominados los 'Actos Impugnados' (sic). (Agregado de este fallo).

En tal sentido, se advierte que respecto del Informe Pericial identificado con el N° 0905/2012 del 13 de septiembre de 2012, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo” del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), el mismo constituye un acto de trámite, por cuanto con este se emitió “el cálculo para la determinación del monto mínimo”, en caso de que las partes celebren una transacción en vía administrativa y para cuya validez se requiere de la homologación del Inspector (a) del Trabajo correspondiente.

Terminación de la relación de trabajo por causa ajena a la voluntad de las partes. (Sala de Casación Laboral)






De conformidad con el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte recurrente denunció la infracción del artículo 87 eiusdemporque la recurrida le negó la aplicación y vigencia a la norma jurídica señalada.

Arguye, que la infracción denunciada es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto la recurrida, además de absolver los pagos anteriores a la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, tuvo como cierta la liberación del pago de los conceptos de utilidades de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; sobre la base de las referidas documentales toda vez, que de haber aplicado la consecuencia del artículo 87eiusdem, ante la falta de cotejo, las mismas debieron quedar fuera del proceso.

Cuestiona el criterio utilizado por la jurisdicente al apreciar las documentales impugnadas en su contenido y firma para valorarlas, pese el argumento de que la demandada en el contradictorio, no solicitó la prueba de cotejo para insistir en su autenticidad.

Aduce que pese a los términos bajo los cuales se realizó el desconocimiento de las pruebas documentales en su contenido y firma, éstos fueron “ignorados”, al efectuar la valoración, violando flagrantemente su derecho a la defensa.

Para decidir, la Sala observa:

La denuncia de la recurrente se refiere a la  falta de aplicación de una norma jurídica, y en este sentido, esta Sala ha reiterado que tal vicio tiene lugar cuando el sentenciador no utiliza una disposición legal vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, vale decir, que el vicio se materializa cuando el sentenciador no emplea un imperativo legal vigente, aplicable a efectos de resolver el caso en cuestión.

lunes, 16 de mayo de 2016

Decreto de Estado de Excepción (Presidencia de la República)





Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional

(Gaceta Oficial Nº 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016)

Decreto Nº 2.323 13 de mayo de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, y en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que desde la partida física del Presidente Hugo Chávez Frías, ocurrida el 05 de marzo de 2013, algunos sectores políticos nacionales, aliados con intereses particulares extranjeros, arreciaron ataques contra la economía venezolana, con la finalidad de promover un descontento popular contra el Gobierno Nacional; creando un clima de incertidumbre en la población, con la intención de desestabilizar las Instituciones del Estado,

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