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viernes, 25 de noviembre de 2016

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"







CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCION DE BELEM DO PARA" 
 LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, 
 RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; 
 AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 
 PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 
 RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; 


 CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 
 CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, 
 HAN CONVENIDO en lo siguiente: 
 CAPITULO I 
 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 
 Artículo 1 
 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 Artículo 2 
 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 
 CAPITULO II 
 DERECHOS PROTEGIDOS 
 Artículo 3 
 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 Artículo 4 
 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
 a. el derecho a que se respete su vida; 
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 
 h. el derecho a libertad de asociación; 
 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 Artículo 5 
 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
 Artículo 6 
 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
 CAPITULO III 
 DEBERES DE LOS ESTADOS 
 Artículo 7 
 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 
 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 
 Artículo 8 
 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 
 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; 
 c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 
 d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; 
 e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
 f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; 
 g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 
 h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y 
 i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 
 Artículo 9 
 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 
 CAPITULO IV 
 MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION 
 Artículo 10 
 Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 
 Artículo 11 
 Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 
 Artículo 12 
 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 CAPITULO V 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 Artículo 13 
 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
 Artículo 14 
 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema. 
 Artículo 15 
 La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. 
 Artículo 16 
 La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
 Artículo 17 
 La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
 Artículo 18 
 Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 
 a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; 
 b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. 
 Artículo 19 
 Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención. 
 Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 
 Artículo 20 
 Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. 
 Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención.  Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 
 Artículo 21 
 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.  Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
 Artículo 22 
 El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 
 Artículo 23 
 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. 
 Artículo 24 
 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 
 Artículo 25 
 El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". 
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.






jueves, 24 de noviembre de 2016

Constitucionalidad de la nueva prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica en Venezuela. Se exhorta a la Asamblea Nacional para que desincorpore "formalmente" a los Diputados de Amazonas (Sala Constitucional)



Como ha podido apreciarse, esta Sala ya se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, y ahora corresponde emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o no del Decreto n.° 2.548, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.272 Extraordinario del 13 de noviembre de 2016; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el referido Decreto n.° 2.452.
Al respecto, como punto previo, esta Sala debe pronunciarse respecto del escrito de alegatos presentado el 18 de noviembre de 2016 por el ciudadano Julio Alejandro Pérez Graterol, ya identificado en autos, en el cual plantea argumentos para que esta Sala declare la inconstitucionalidad del Decreto objeto de control constitucional.
En tal sentido, se observa que el escrito en cuestión no aporta elementos de convicción ni pruebas que sirvan de fundamento a los alegatos formulados en el mismo, como por ejemplo, el hecho de que, según alega, cesó la situación fáctica que da origen a la aplicación del decreto que declara el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional; circunstancia que incide negativamente en su valoración, a los efectos de  su admisibilidad, conforme a lo previsto en los artículos  35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y 133.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (ver sentencias nros. 1.520 del 11 de octubre de 2011 y 1.255 del 14 de agosto de 2012, reiterado en la sentencia 1173/2015); razón por la que se declara inadmisible el referido escrito.  Así se decide.
En tal sentido y como ha podido advertirse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto de los estados de excepción, prevé las siguientes disposiciones:
Sección segunda: de las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
(…)
7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
(…)
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
(…)

sábado, 19 de noviembre de 2016

No le corresponde al Secretario la imposición de la sentencia de condena dictada contra el acusado privado de libertad. Nulidad de Oficio. (Sala de Casación Penal)







Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En fecha 28 de mayo de 2012, la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo presentó escrito de acusación contra el ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS, fijando los hechos siguientes:

“… El día 21 de Abril (sic) de 2010, fue el último día que el ciudadano Pedro Antonio Gutiérrez, abusó sexualmente de su sobrina la adolescente … de 14 años de edad, estos abusos ocurrían en el Barrio La Tigrera Calle (sic) Mariño casa N° 50, Guacara Estado Carabobo, donde Vivian (sic) alquilados, la primera vez fue de noche, en el año 2006, cuando los padres de la adolescente estaban durmiendo, su tío le puso una película pornográfica y la violó, amenazándola que no dijera nada, porque sino su papá podía ir preso por su reacción, en ese entonces ella tenía 11 años y desde allí en adelante, por tres años consecutivos el tío paterno de la adolescente Pedro Gutiérrez la ha venido violando de manera continua, siendo la adolescente amenazada y chantajeada emocionalmente … “.

viernes, 18 de noviembre de 2016

No causa lesión al debido proceso la presentación, por una de las partes, de dos escritos de pruebas en fechas diferentes, siempre que sean ofrecidos dentro del lapso de promoción. Diferencias entre términos y lapsos. (Sala de Casación Civil)






FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA
DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-

         De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 206 y 208 eiusdem en concordancia con el artículo 396 ibídem, por incurrir el ad quem en un vicio por defecto de actividad en menoscabo del derecho a la defensa.
         La formalizante alegó:
“…De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de los articulo 15, 206 y 208 ejusdem, en concordancia con el artículo 396 ibídem, por adolecer la recurrida de un vicio por defecto de actividad en monoscabo del derecho a la defensa.
En efecto la recurrida establece:
(…Omissis…)
Del extracto en cuestión, se desprende que en la oportunidad de promoción de pruebas de acuerdo al juicio sustanciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mientras la representación judicial de la parte demandada, UNISEGUROS, ejerció la debida promoción de 

Sala Electoral rechaza amparo en contra de la suspensión de la colección de firmas para convocar el referendo revocatorio









El 21 de octubre de 2016, el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, inscrito en el Inpreabogado con el número 78.826, actuando en su condición de elector “y con interés de participar en el proceso electoral en el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad previstos para el 26, 27 y 28 de octubre”, interpone acción de amparo constitucional contra  EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), máximo órgano del Poder Electoral”.
En 24 de octubre de 2016, se reasignó la ponencia a la Magistrada INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Analizadas las actas procesales, esta Sala Electoral se pronuncia previas las consideraciones siguientes:

jueves, 17 de noviembre de 2016

"La indexación judicial o corrección monetaria permite al afectado obtener una reparación real, actual y objetiva del daño sufrido, al ajustar el valor monetario a fin de impedir un mayor perjuicio al acreedor, en virtud de la inflación y el retardo procesal generado en el desenvolvimiento del juicio, institución esta aplicable a todas las obligaciones pecuniarias". (Sala de Casación Civil)




A los fines de constatar si la recurrida está inficionada del vicio de inmotivación delatado, la Sala se permite transcribir el contenido pertinente, el cual es del tenor siguiente:
“…CUARTO.- De la indexación solicitada.
La representación judicial de la parte demandante exige, que la cantidad mensual requerida en la presente demanda (Bs. 25.000,00), sea ajustada anualmente de acuerdo al índice inflacionario nacional establecido por el Banco Central de Venezuela; asimismo, que sea indexada la totalidad del monto que haya de serle cancelado a su representada, desde la fecha en que debió entregársele la mensualidad a su mandante, hasta que la referida sentencia quede definitivamente firme.
En este sentido, juzga quien decide, que tal como quedó señalado en el punto que precede, las partes suscribieron un convenio en el acto conciliatorio que se llevó a cabo el 8 de abril del 2014, en sede del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el que acordaron: “…Convenimos en que se nombre un Administrador (sic), a fin de que determine los bienes que existen en la comunidad, es todo”. Por otro lado, el demandado Francisco Pablo Nicolas (sic) Scardio (sic), acepta en seguir pasando a la actora Marión Christine Carvallo, a partir del día de mañana 09 de abril del año en curso, la mensualidad que le venía pasando hasta el día en que fue presentada la demanda, y por su parte, la demandante, se compromete a no presionar y quedarse tranquila hasta tanto el administrador que se designara (sic) al efecto indique cual (sic) es el patrimonio que existen en la comunidad conyugal existente entre ambos. En este sentido, el Tribunal (sic) lo acuerda lo cual se hará por auto separado…”. (Folios 312 y 31, pieza I).
De dicho convenio se desprende, que las partes contendientes en juicio, nada acordaron respecto a que la cantidad que se comprometió a pasar el ciudadano FRANCISCO PABLO NICOLÁS SCARDINO a su cónyuge, ciudadana MARIÓN CHRISTINE CARVALLO de SCARDINO, debía ser indexada, al contrario, sólo se limitaron a convenir en que se nombrara un administrador a fin de determinar los bienes que existen en la comunidad conyugal (petición que por diligencia del 21 de abril del 2015, el co-apoderado actor RODRIGO KRENTZIEN, pidió que se abstuviera de designarlo el a quo requiriendo que sobre ese se (sic) punto se pronunciara en la definitiva folios 314 y 315); y, el demandado FRANCISCO PABLO NICOLÁS SCARDINO, aceptó en seguir pasando a la actora MARIÓN CHRISTINE CARVALLO, la mensualidad que le venía pasando hasta el día en que fue presentada la demanda, comprometiéndose ésta última a no presionar y quedarse tranquila hasta tanto el administrador que se designara al efecto indicara cuál era el patrimonio existente en la comunidad conyugal formada por ellos; motivo por el cual, esta alzada, niega el ajuste anual requerido en el petitorio de la demanda sobre la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) mensuales. Asimismo, se niega la indexación solicitada por la parte actora sobre la totalidad del monto que haya de serle cancelado, desde la fecha en que debió entregársele la mensualidad hasta que la sentencia quede firme. Así se establece…”.

El juez de la segunda instancia negó el pedimento de ajuste anual pedido por la actora en el libelo de demanda, fundado en que en el acto conciliatorio celebrado el 8 de abril de 2014 por las partes, estas nada acordaron respecto a la “…cantidad que se comprometió a pasar el ciudadano FRANCISCO PABLO NICOLÁS SCARDINO  a su cónyuge, ciudadana MARIÓN CHRISTINE CARVALLO de SCARDINO…”.

martes, 15 de noviembre de 2016

Sala Constitucional dicta amparo cautelar a favor del Presidente de la Republica




http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/192486-948-151116-2016-16-1085.HTML



MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN


1.- DEL DESACATO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Como puede apreciarse, la presente demanda de tutela constitucional evidencia que en los hechos que delata están involucrados valores constitucionales fundamentales, derechos y garantías constitucionales, bienes e intereses, incluso patrimoniales, de la República, la estabilidad de la Nación y, por ende, el orden público constitucional, razón por la cual entra a examinar el presente asunto, sobre la base de las consideraciones que se exponen a continuación. Así se declara. 


La representación de la Procuraduría General de la República interpone demanda de protección constitucional contra actuaciones emanadas de la Asamblea Nacional, fundamentalmente, contra  el denominado  “Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación”, del 25 de octubre 2016.


jueves, 10 de noviembre de 2016

Decreto Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014)






Decreto Nº 1.411, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

(Gaceta Oficial Nº 6.151 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 1.411 13 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el literal "a", numeral 2, del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Artículo 1º. Se modifica el artículo 24, en la forma siguiente:

"Del manejo de los recursos

Artículo 24. El Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), ente adscrito a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, es el responsable de la administración, recaudación, control, fiscalización, verificación y determinación cuantitativa y cualitativa de los aportes para ciencia, tecnología, Innovación y sus aplicaciones."

Artículo 2º. Se modifica el artículo 26, en la forma siguiente:

"Proporción de los aportes

Artículo 26. Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional, aportarán anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos efectivamente devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior, por cualquier actividad que realicen, de la siguiente manera:

1. Dos por ciento (2%) cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco.

martes, 8 de noviembre de 2016

Principio de autosuficiencia del fallo y el vicio de indeterminación objetiva. Casación laboral Con Lugar (Sala de Casación Social)




RECURSO DE CASACIÓN
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo incurriendo en indeterminación objetiva.
Señala que la alzada, aun cuando en su dispositivo declaró parcialmente con lugar la apelación de la parte actora y modificó el fallo apelado, omitió indicar el objeto de la condena.
Considera que la recurrida no indicó de forma alguna cuáles conceptos condenó a pagar y cómo habría de ser determinada su cuantía, infringiendo así el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Alega que con la lectura de la sentencia no es posible conocer qué fue lo condenado, lo cual es indispensable para entender la decisión y poder controlar la legalidad del fallo, en armonía con el principio de que la sentencia debe bastarse a sí misma, más aun en este caso en el que no fue confirmada la sentencia de primer grado, por lo que no resulta aplicable el criterio de la Sala Constitucional contenido en las sentencias N° 3350/2003 y 885/2007, ya que ni el juez de ejecución ni el experto pueden recurrir a la sentencia de primera instancia, ni pueden suplir su deber jurisdiccional, quien no acató el principio de autosuficiencia del fallo.
Concluye que la recurrida es una sentencia “sin límites” a los efectos de una ejecución, y esa falta de límites incita a la arbitrariedad, contrariando así el deber de los jueces de mantener la seguridad jurídica.

Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela (2006)





Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela

(Gaceta Oficial N° 38.394 del 9 de marzo de 2006)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY DE BANDERA NACIONAL, HIMNO NACIONAL Y ESCUDO DE ARMAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Capítulo I 

De los Símbolos de la Patria

Artículo 1

La Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela son los símbolos de la Patria y deben ser venerados por todos los venezolanos y venezolanas, y respetados por los ciudadanos y ciudadanas de los demás países.

Artículo 2

Salvo lo dispuesto en leyes y reglamentos especiales, al ser izada o arriada la Bandera Nacional, al paso de ésta, o al ser interpretado el Himno Nacional en actos oficiales o públicos, toda persona debe estar de pie, inmóvil y descubierta la cabeza.

Capítulo II 

De la Bandera Nacional

Artículo 3

La Bandera Nacional se inspira en la que adoptó el Congreso de la República en 1811. Esta formada por los colores amarillo, azul y rojo, en franjas unidas, iguales y horizontales en el orden que queda expresado, de superior a inferior y, en el medio del azul, ocho estrellas blancas de cinco puntas, colocadas en arco de círculo con la convexidad hacia arriba. La Bandera Nacional que usen la Presidencia de la República y la Fuerza Armada Nacional, así como la que se enarbole en los edificios públicos nacionales, estadales y municipales, deberá llevar el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela en el extremo de la franja amarilla cercano al asta. La Bandera Nacional usada por la Marina Mercante sólo llevará las ocho estrellas.

Normas que Regulan el uso de la Bandera Nacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela (Resolución)







Normas que Regulan el uso de la Bandera Nacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela

(Gaceta Oficial Nº 41.019 del 28 de octubre de 2016)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL MINISTRO

206°, 157° y 17°

N° 143

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2016

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias conferidas en los numerales 1, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con la competencia atribuida en materia de política interior, prevista en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016; y en ejercicio de la autorización conferida en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.394, de fecha 9 de marzo de 2006; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4 numeral 2, artículos 5, 6 y 7 eiusdem,

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la Bandera Nacional, el Himno Nacional Gloria al Bravo Pueblo y el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, como Símbolos de la Patria, que deben ser venerados por todos los venezolanos y venezolanas, y respetados por todas las personas de los demás países,

CONSIDERANDO

Que el fortalecimiento de la conciencia e identidad nacional ha sido y sigue siendo un tema de profundo interés para la educación del pueblo venezolano, la cual debe fundamentarse en el respeto y veneración por los Símbolos de la Patria, que resumen la historia nacional y constituyen elementos representativos de los valores culturales de todos los venezolanos y venezolanas y de sus ideales de paz, de trabajo y de progreso,

CONSIDERANDO

Que se hace necesario consolidar la fuerza y el orgullo de la Identidad Nacional, mediante lineamientos formales y uniformes sobre el uso de los Símbolos Patrios, en acatamiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente, a fin de enaltecer el legado de nuestros antepasados, y que las generaciones presentes y futuras exalten los valores nacionales y de este modo hacer sentir en el espíritu de venezolanos y venezolanas las tradiciones patrióticas de unión, libertad y justicia, dentro y fuera de las fronteras de la Patria,

Nueva Reforma del Reglamento Orgánico del SEBIN (Presidencia de la República)





Reglamento Orgánico del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)

(Gaceta Oficial Nº 41.021 del 1 de noviembre de 2016)

Decreto N° 2.524 01 de noviembre de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 20 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 46 y 61 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo previsto en los artículos 4º y 53 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DICTO

La siguiente,

REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)

Artículo 1º. Se modifica el artículo 3º, en los siguientes términos:

"Naturaleza y finalidad

Artículo 3º. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es un órgano desconcentrado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de seguridad de Estado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera y ordenadora de pagos. Tiene por finalidad la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia civil para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado Venezolano, independientemente de que las mismas sean internas o externas".

Artículo 2º. Se modifica el artículo 4º, de la forma siguiente:

"Competencias

Artículo 4º. Son competencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, las siguientes:

1. Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas en materia de seguridad y defensa de la Nación.

2. Prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza interna o externa que atente contra la seguridad de la Nación.

3. Dirigir y ejecutar las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia en el área civil a fin de contribuir a la estabilidad y seguridad de la Nación.

4. Realizar el seguimiento, evaluación e información oportuna y efectiva de las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Nacional.

5. Contribuir con otros órganos y entes encargados de la defensa integral de la Nación en el enfrentamiento de la actividad enemiga en las diferentes modalidades de delincuencia organizada y corrupción.

6. Contribuir con la seguridad integral de los principales dignatarios del Estado Venezolano; así como, de los dignatarios extranjeros invitados o acreditados en nuestro país.

7. Contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades de la delincuencia organizada de mayor significación.

8. Garantizar la seguridad e integridad de los funcionarios y funcionarias de este Servicio, a través de la protección, clasificación de reserva y confidencialidad de sus identidades, datos, documentos y operaciones.

Decreto que crea la Oficina Nacional para la Atención Integral de Víctimas de la Violencia (Presidencia de la República)





Decreto N° 2.531, mediante el cual se crea la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

(Gaceta Oficial Nº 41.023 del 3 de noviembre de 2016)

Decreto N° 2.531 03 de noviembre de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 20 del artículo 236 eiusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 15, 46 y 61 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como preámbulo y principios fundamentales de la República, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos, constituyendo un compromiso irrestricto del Estado en fortalecer el enfoque y actuación de las políticas públicas con una visión transformadora,

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, así como también indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios, para lo cual deben impulsarse con firmeza mecanismos que permitan la atención integral a las víctimas de delitos que se generan producto de distintas formas de violencia grave intencional, y a los familiares de las víctimas fallecidas o con lesiones incapacitantes, o que requieran de largos tratamientos para rehabilitación, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos,

domingo, 6 de noviembre de 2016

Consideraciones sobre la desestimación de la denuncia. El pronunciamiento acerca de la desestimación de la denuncia deberá ser realizado por el tribunal de control sin audiencia (Sala Constitucional)




En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue dirigida contra la decisión del 12 de noviembre de 2004 dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de octubre del mismo año –que había declarado con lugar la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público y ordenado la devolución de las actuaciones a éste organismo a los fines de su archivo- y mandó remitir las actuaciones a dicho Juzgado a los fines de que se celebrara una audiencia para oír a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, antes de decidir sobre la solicitud fiscal.
Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, desestimar es entendido como “denegar o no recoger un juez o un tribunal las peticiones de una o ambas partes”. (Editorial Heliasta, 1999, p. 245).
El Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 301 y 302, contempló dicha figura bajo los mismos lineamientos del término arriba indicado, al señalar:
“Artículo 301. Desestimación. El Ministerio Público, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitará al juez de control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada”.
“Artículo 302. Efectos. La decisión que ordena la desestimación, cuando se fundamente en la existencia de un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, no podrá ser modificada mientras que el mismo se mantenga. El juez, al aceptar la desestimación, devolverá las actuaciones al Ministerio Público, quien las archivará.
Si el juez rechaza la desestimación ordenará que prosiga la investigación.
La decisión que declare con lugar la desestimación será apelable por la víctima, se haya o no querellado, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la decisión”.

            Debe señalarse que conforme a la ley y de acuerdo a las exigencias de la lógica del proceso, la denuncia por la supuesta comisión de un delito deberá ser “desestimada” y, por consiguiente, no habrá lugar al inicio de la investigación ni a la “actividad penal” en que ésta consiste, cuando el hecho “no revista carácter penal” o cuando la acción esté “evidentemente prescrita” o cuando exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
            Un hecho no reviste carácter penal, entre otros supuestos, cuando no está previsto en la ley como delito por carecer de los caracteres propios de la res iudicanda y, en consecuencia, sin necesidad de actividad probatoria y a la solicitud del Ministerio Público, conforme al artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal el Juez de Control emitirá un pronunciamiento in iure en el que establecerá que la situación de hecho propuesta como denuncia no resultaría idónea para constituirse en materia de proceso; lo mismo sucede con la prescripción, que es otro de los supuestos de  extinción de la acción, en el cual –en atención a las citadas normas de la ley-, puede ser apreciada de oficio y declarada por el Juez de Control a instancia del Ministerio Público.

sábado, 29 de octubre de 2016

SPA niega medidas cautelares a favor de la protección del Arco Minero del Orinoco






CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud de “medidas cautelares” requeridas por la parte actora en el marco de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por los abogados Freddy Gutiérrez Trejo y Freddy Castillo Castellano, actuando cada uno en su nombre y en representación de los ciudadanos Ana Elisa Osorio Granado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Héctor Augusto Navarro Díaz, Gustavo Adolfo Márquez Marín, Juan José García Viloria, Ramón Rosales Linares, César Alejandro Romero Del Giudice, Santiago Teodomiro Arconada Rodríguez, Leonardo Simón Domínguez Sánchez y Edgardo Lander Larralde, todos previamente identificados, contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nro. 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 40.855 de esa misma fecha, mediante el cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”. Al respecto, se observa:

En reiteradas oportunidades ha advertido la Sala, que la garantía de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se considera agotada con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino que dicha garantía abarca también la protección anticipada de intereses y derechos, siempre que estos últimos se encuentren apegados a la legalidad (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 160 del 9 de febrero de 2011 y 1032 del 14 de agosto de 2012).

De allí que nuestro ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón.
Al efecto, resulta oportuno aludir al contenido del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece:
 “Requisitos de procedibilidad
Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.

De la norma transcrita, se desprende que el juez contencioso administrativo puede, a petición de parte, acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes con el objeto de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos, a los intereses públicos, y garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas; pudiendo exigir garantías suficientes al solicitante de la medida, cuando se trate de causas de contenido patrimonial. 
La medida que se acuerde debe tener como finalidad “resguardar la apariencia de buen derecho” y “garantizar las resultas del juicio”.
Ahora bien, de una lectura del escrito libelar se observa que la parte actora pidió específicamente el otorgamiento de las siguientes medidas cautelares:
“1.      Que se ordene al Poder Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero del Orinoco.
2.      Que se ordene al Poder Ejecutivo integrar una comisión técnica e imparcial que lleve a cabo la consulta previa e informada en sus respectivos idiomas, a las diferentes etnias que habitan en el espacio acotado como Arco Minero del Orinoco.
3.      Que se ordene al Poder Ejecutivo la integración de una comisión calificada para llevar a efecto la realización de una consulta previa e informada a la población venezolana o no venezolana que habita en todo el territorio nacional, toda vez que la ejecución de actividades como las previstas en el Decreto 2248 tendría efectos ambientales y de servicios públicos en la tierra venezolana y los niños jóvenes y adultos que habitan estos espacios.
4.      Que se ordene la realización de estudios científicos realizados por personas o instituciones de la mayor solvencia, a los efectos de conocer el impacto ambiental que tendría la ejecución del Decreto al que nos hemos estado refiriendo.
5.      Que se ordene la realización de estudios científico-antropológicos por personas de la mayor solvencia, que nos permitan conocer el impacto en las poblaciones indígenas que hacen vida en el espacio que el Decreto califica como Arco Minero del Orinoco.
6.      Que se ordene la elaboración de estudios que nos permitan saber con certeza los efectos de todo orden, haciendo énfasis en los servicios de agua y electricidad, que tendría la ejecución del Decreto en la población venezolana, o que habita en nuestro territorio.
7.      Que se ordene la realización poruna (sic) comisión técnica académicamente solvente, para efectuar estudios económicos que nos permitan aproximarnos a los beneficios o perjuicios que podrían causarse a la República Bolivariana de Venezuela, y la certidumbre de que ese proyecto permitiría el tránsito de una economía rentista a una economía productiva, tal como está previsto en el Decreto” (sic).
Con la primera de las medidas señaladas, atinente a que se ordene al Poder Ejecutivo “la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero del Orinoco”, entiende esta Máxima Instancia que lo que se pretende es una medida cautelar de suspensión de efectos, para que el acto administrativo hoy impugnado no sea ejecutado mientras se decida el fondo de la controversia.
Por su parte, con las medidas cautelares requeridas de los números 2 al 7, se observa que lo que se pide es: i) que se ordene al Poder Ejecutivo la conformación de comisiones técnicas que lleven a cabo consultas previas tanto a las diferentes etnias que habitan en la zona objeto de controversia, como al resto de la población venezolana y no venezolana que vive en el país, en virtud de los presuntos efectos ambientales que tienen las actividades desarrolladas dentro del “Arco Minero del Orinoco”, así como los “servicios públicos” involucrados en el asunto; y ii) que se ordene la realización de estudios científicos, antropológicos y económicos que demuestren el impacto ambiental y en la población indígena que tendría la ejecución del Decreto recurrido, los efectos que acarrearía en los servicios de agua y electricidad suministrada tanto a la zona en cuestión como al resto del territorio nacional, y los beneficios o perjuicios económicos que devendrían del mismo, ya que supuestamente “ese proyecto permitiría el tránsito de una economía rentista a una economía productiva”; con lo que en definitiva entiende este órgano jurisdiccional que se trata de diversas medidas cautelares innominadas.
Siendo así, la pretensión cautelar está enmarcada en una (1) solicitud de suspensión de efectos y otras seis (6) medidas cautelares innominadas.
Particularmente, en cuanto a la medida cautelar de suspensión de efectos, la Sala ha sostenido que constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad de la cual está investido el mismo; y que a través de ella se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación por la ejecución de una decisión administrativa que eventualmente resultare anulada. Por tanto, la suspensión de efectos, al igual que las demás medidas preventivas, procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican (referidos en el citado artículo 104), esto es: (i) que pueda presumirse que la pretensión procesal principal resultará favorable (fumus boni iuris), y (ii) que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables, de difícil reparación, o que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia de mérito (periculum in mora); a lo que debe agregarse, conforme a lo dispuesto en el antes mencionado artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”.
Respecto al primero de los enunciados requisitos, cabe puntualizar que el fumus boni iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, sin prejuzgar de manera definitiva en cuanto al mérito del asunto, por lo que la decisión del Juez debe fundamentarse en el análisis de la argumentación y de los elementos aportados por los interesados en función de la existencia del derecho que reclama o invoca.
En cuanto a la comprobación del periculum in mora, se exige que el recurrente acompañe elementos dirigidos a acreditar la irreparabilidad o la difícil reparación de los daños que le causaría la ejecución del acto impugnado, de tal manera que en el ánimo del sentenciador surja una presunción grave respecto de la producción de tales perjuicios para el caso de no suspenderse los efectos del acto administrativo cuestionado.
Precisado lo anterior, pasa la Sala a verificar si en el caso bajo examen dichos requisitos se encuentran o no cumplidos, a cuyo fin se observa:
Los apoderados judiciales de la parte actora, al momento de realizar la solicitud de medidas cautelares en su escrito libelar, pasaron a enumerar taxativamente las siete (7) pretensiones anteriormente mencionadas, sin explicar el sustento de las mismas.
Únicamente, se hizo referencia a la “Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, la cual consagró el Principio Precautorio” según el cual “(…) al presentarse una duda en la interpretación de una norma aplicable en un caso concreto, el juzgador debe inclinarse por favorecer el criterio que impida una lesión real o potencial que pudiera causar la naturaleza del daño irreparable o de difícil reparación”.
Más allá de ello, no realizó la parte demandante ninguna consideración atinente a las razones por las que debía otorgarse la pretensión preventiva, siendo que en todo caso, las denuncias esbozadas en el libelo están referidas directamente al fondo de la controversia, que como ha sido reiterado suficientemente por esta Sala, no pueden ser dilucidadas aún en esta fase cautelar, porque ello podría suponer prejuzgar de manera definitiva en cuanto al mérito del asunto.
Posteriormente, mediante escrito presentado ante el Juzgado de Sustanciación de esta Sala en fecha 27 de septiembre de 2016, la parte actora pidió “que se adopten con la urgencia que el caso amerita, las Medidas Cautelares que fueron solicitadas en la demanda (…)”, reiterando que las mismas “deben adoptarse con urgencia, ya que está probado con evidencias públicas, notorias y comunicacionales, que cualquier demora puede significar daños irreversibles de todo orden que la República puede sufrir, de hecho, se están celebrando acuerdos, en colisión abierta a expresas disposiciones constitucionales, y legales tanto nacionales como internacionales”.

Nótese que en ningún momento se deja claro cuáles son esas evidencias públicas, notorias y comunicacionales, ni tampoco cuáles son los daños irreversibles que la República puede sufrir.

Siendo así, y ya haciendo referencia específicamente al requisito del periculum in mora, en el cual –como se mencionó anteriormente– se exige que los recurrentes incorporen a los autos elementos dirigidos a acreditar la irreparabilidad o la difícil reparación de los daños que le causaría la ejecución del acto impugnado, se advierte que tampoco se anexó con el aludido libelo alguna prueba, documento o instrumento que permitan crear en este órgano jurisdiccional, al menos en esta fase cautelar, la convicción de que efectivamente, los hechos o circunstancias advertidas como perjudiciales producirían un daño inminente de difícil o imposible reparación.
De hecho, con la demanda contencioso administrativa de nulidad sólo se presentó el acto administrativo hoy impugnado, es decir, original del Decreto Nro. 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.855 de esa misma fecha, mediante el cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
De manera que no cumplió la parte actora con el requisito fundamental para demostrar la existencia del periculum in mora, como lo es el aportar a los autos todos los elementos necesarios que permitan surgir en el ánimo del sentenciador la presunción grave respecto de la producción de los presuntos perjuicios que se causarían de no suspenderse los efectos del acto administrativo cuestionado o denegarse las medidas cautelares innominadas.
En otras palabras, no se evidencia de las actas con las que se acompañó el escrito contentivo de la solicitud de medida cautelar cuál es el presunto daño ocasionado, ni los instrumentos conducentes a demostrar la irreparabilidad de algún perjuicio que presuntamente pudiera producir el acto recurrido. 
Es por ello que, resulta pertinente reiterar el criterio establecido por esta Sala según el cual “la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva, para lo cual se debe, por una parte, explicar con claridad en qué consiste esos daños y, por la otra, traer a los autos prueba suficiente de tal situación”, lo cual en el presente caso no sucedió. (Subrayados de la Sala) (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 01398 y 00825 del 31 de mayo de 2006 y 11 de agosto de 2010, respectivamente).
En efecto, no basta la simple solicitud de la medida ni la sola indicación o referencia a algún tipo de daño presuntamente irreparable, para que el órgano jurisdiccional pueda concluir objetivamente en la necesidad de acordarla de forma inmediata. (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 01277 y 00599 del 23 de octubre de 2008 y 13 de mayo de 2009, respectivamente). 
Cabe destacar además que en este caso particular, el cual resulta de vital trascendencia para la Nación, los interesados debían exponer y probar con claridad la necesidad del otorgamiento de las medidas cautelares requeridas, explicando con detalle la forma cómo –en su criterio– se configuraba en el presente asunto el periculum in mora, con argumentos que fuesen propios de esta fase previa y cautelar.
Siendo así, era deber de la parte actora traer a los autos todas las pruebas necesarias para demostrar la existencia del aludido requisito, pues no podía pretender que se suspendieran los efectos o se decretaran medidas cautelares innominadas sobre un acto administrativo que crea una zona de desarrollo estratégico nacional, para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país, fundamentado en criterios de soberanía y sustentabilidad, y dictado –según se indica en el Decreto impugnado– de conformidad con las atribuciones constitucionales del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, sin la debida existencia de elementos de los cuales se evidenciara palmariamente la irreparabilidad o la difícil reparación de los daños que le causaría la ejecución del acto impugnado.
 En virtud de lo anterior, visto que en el caso de autos no se demostró la configuración del periculum in mora, esta Sala declara improcedentes la medida cautelar de suspensión de efectos así como las otras seis (6) innominadas requeridas por la parte actora, en el marco de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nro. 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.855 de esa misma fecha, mediante el cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, sin entrar a emitir pronunciamiento respecto del fumus boni iuris, dada la necesaria concurrencia de tales requisitos para otorgar la protección cautelar requerida por los accionantes. Así se decide.
V
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político­-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTES la medida cautelar de suspensión de efectos así como las otras seis (6) innominadas requeridas por la parte actora, en el marco de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por los abogados Freddy Gutiérrez Trejo y Freddy Castillo Castellano, actuando en sus nombres y en representación de los ciudadanos Ana Elisa Osorio Granado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Héctor Augusto Navarro Díaz, Gustavo Adolfo Márquez Marín, Juan José García Viloria, Ramón Rosales Linares, César Alejandro Romero Del Giudice, Santiago Teodomiro Arconada Rodríguez, Leonardo Simón Domínguez Sánchez y Edgardo Lander Larralde, todos previamente identificados, contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nro. 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.855 de esa misma fecha, mediante el cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada  y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
                                
La Presidenta 
MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL






La Vicepresidenta 
EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
La Magistrada,
BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO






El Magistrado
INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA
El Magistrado
MARCO ANTONIO MEDINA SALAS





La Secretaria,
YRMA ROSENDO MONASTERIO



http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/191565-01140-271016-2016-2016-0358.HTML

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