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martes, 26 de julio de 2016

Admisión de hechos y el error en la calificación jurídica (Sala de Casación Penal)




Así tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal, establece el procedimiento especial de admisión de los hechos, el cual  de acuerdo a lo establecido por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en su decisión N° 565 del 22 de abril de 2005, es una de las formas de autocomposición procesal que a pesar de no estar incluido dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el Título IV del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, cumple la misma función: pone fin al proceso.

El referido procedimiento está contemplado en el Título IV del Libro Tercero, artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, previsto por el legislador para que de una manera especial tenga lugar la terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del acusado.

Resulta importante señalar que el procedimiento especial por admisión de los hechos según lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal “tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas”

Es en la fase intermedia donde se realiza por parte del juez, el examen preliminar de los medios de prueba, es decir, depura el procedimiento y ejerce el control sobre la acusación, en ese sentido la Sala, en su decisión N° 469, de fecha 3 de agosto de 2007, ha establecido:

“Siendo que, es en la fase intermedia del proceso cuando el acusado puede admitir los hechos, el Juez como director del proceso debe cumplir con la función que le confiere la ley en esta etapa, la de filtro purificador o de decantación del escrito de acusación fiscal o de la acusación particular propia, que como acto formal debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal vigente), y es al órgano jurisdiccional -Juez de Control en la Audiencia Preliminar- a quien corresponde ejercer el control efectivo de la misma. (Resaltado de la decisión)
El Juez de Control en la audiencia preliminar es garante que la acusación se perfeccione bajo las actas de investigación ejecutadas, preservando el derecho a la defensa e igualdad entre las partes y ello sólo puede alcanzarse a través del examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público, y determinar si el pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado.
El Juez no es simple tramitador o validador de la acusación fiscal o del querellante, tal es la función del Juez como contralor de los requisitos del escrito de acusación (artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal [artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente]), que le está permitido cambiar la calificación fiscal a que se contrae el escrito de acusación, pero ello no obedece al azar o a una simple intuición sino que es producto del examen de los elementos de investigación recabados en la etapa preparatoria, contenidos en el escrito de acusación fiscal.

Caso Daka: Avocamiento Con Lugar por vulneración del principio de unidad del proceso penal (Sala de Casación Penal)



La solicitud de avocamiento bajo análisis, se fundamentó en la presunta ocurrencia de una serie de actos procesales que denotan un grave desorden procesal sucedido durante la tramitación de las causas seguidas en contra de los ciudadanos FALLES RAMADAN DAGGAK MUJAMAD MAHMOUD DAGGAK y AMAL HASAN ABDILHADI, ante los Tribunales de los Circuitos Judiciales Penales de los Estados Falcón y Carabobo. Situación que a juicio de la proponente ha devenido en el quebrantamiento de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 76 del Código Orgánico Procesal Penal.

                Concretamente, se denunció que ante dos tribunales de diferente competencia territorial, se siguen dos procesos penales por una misma identidad de hechos y delitos, no habiéndose obtenido una debida respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales, a pesar de haberse ejercido los recursos ordinarios correspondientes.

                Y en efecto, del estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, la Sala de Casación Penal observa que le asiste la razón a la solicitante, pues  durante la tramitación de las causas IP11-P-2013-013050 que cursa ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo y GP01-P-2013-019051 seguida ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, respectivamente, se ha incurrido en desorden procesal por transgresión de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherentes a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como del artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la Unidad del Proceso Penal.

                Dichos dispositivos normativos señalan:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

"Es deber del juez precisar la fecha de la indexación frente a la solicitud de la parte en juicio" y podrá establecerla inclusive de oficio indicando como fecha de inicio "la fecha en que fue admitida la demanda y como fecha de término en que quede definitivamente firme la decisión del superior".








En el presente caso, el formalizante sostiene que el juez de alzada en relación a la indexación decidió improcedente porque no se indico la fecha inicial hasta cuándo será la fecha final, este argumento no puede ser mas desfasado, porque no tiene sentido y se aleja del prudente arbitrio que debe tener un juez cuando se aplican normas elementales como el sentido común, un principio ético y elemental del derecho, que en resumen son las máximas de experiencia, aquí en el presente caso al justiciable solo se le dejo cobrar una cuota parte de su dinero 11 años después, sin obtener el beneficio de la indexación que por derecho y justica, le corresponden, así lo denuncio y espero que sea acordado en 


la sentencia, que, en criterio del denunciante, se aplica cuando sea necesario determinar la manera de calcular la indexación.

En ese sentido, resulta necesario precisar lo siguiente: 

En primer término, cabe destacar que las máximas de experiencias, constituyen conocimientos, conceptos o definiciones de un grupo de personas en un espacio determinado, procedentes de la experiencia y empleadas a discreción del juez, a hechos concretos, sin que ello implique que esa aplicación necesariamente tenga validez para otros casos semejantes, con lo cual queda desvirtuado el argumento del recurrente, según el cual, existe una máxima de experiencia predeterminada que se utiliza para establecer la manera de calcular la indexación.

En segundo término, puede evidenciarse que lo cuestionado por el formalizante es que el juzgador lo (sic) considera improcedente porque no se indicó la fecha inicial hasta cuándo será la fecha final, este argumento no puede ser mas desfasado, porque no tiene sentido y se aleja del prudente arbitrio que debe tener un juez cuando se aplican normas elementales como el sentido común, un principio ético y elemental del derecho, que en resumen son las máximas de experiencia, aquí en el presente caso al justiciable solo se le dejó cobrar una cuota parte de su dinero 11 años después, sin obtener el beneficio de la indexación que por derecho y justica, le corresponden, así lo denuncio y espero que sea acordado en la sentencia,

Al respecto se puede evidenciar que el formalizante mas que denunciar la infracción de una máxima de experiencia, en realidad lo que se alega es que el juez de alzada menoscabó el derecho a la defensa de la parte actora, pues con esa manera de decidir la indexación solicitada en el libelo de la demanda, es decir, cuando expresó: ”…En cuanto a la pretensión de que la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) demandada le sea aplicada la corrección monetaria de acuerdo al índice inflacionario que arroje el Banco Central de Venezuela, “al momento de la total cancelación de la deuda existente”, (comilla del Tribunal), este Juzgador declara IMPROCEDENTE la misma, por cuanto no señaló a partir de qué momento solicita la aplicación de la misma, ni hasta cuándo se ha de aplicar ésta, ya que él se limitó a indicar que el índice inflacionario a ser aplicado sería el indicado por el Banco Central de Venezuela al momento de la cancelación de la deuda, referencia ésta que tampoco es admisible, por cuanto al pagarse la deuda o el monto condenado a pagar, pues legalmente no existe posibilidad procesal de la incidencia alguna para ordenar un nuevo pago, ya que la experticia complementaria del fallo, sólo se ha de hacer hasta la fecha en que se declare definitivamente firme la sentencia. Y así se decide…”. En realidad, lo que hizo el ad quem es exigir una carga al accionante que no le corresponde, pues es deber del juez precisar la fecha de la indexación frente a la solicitud de la parte en juicio. (Negrillas de la Sala).

En consecuencia y de acuerdo a lo antes expuesto, y en virtud de los postulados constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los principios de la tutela judicial efectiva, de evitar formalismos inútiles, y evidenciando que el formalizante lo que quiso denunciar es un menoscabo del derecho a la defensa, y siendo esta una cuestión de orden público, la Sala pasa a extremar sus facultades y entra a analizar la presente denuncia en ese sentido, en los siguientes términos:

Al respecto, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, se pasa a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida:

“…D) En cuanto a la pretensión de que la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) demandada le sea aplicada la corrección monetaria de acuerdo al índice inflacionario que arroje el Banco Central de Venezuela, “al momento de la total cancelación de la deuda existente”, (comilla del Tribunal), este Juzgador declara IMPROCEDENTE la misma, por cuanto no señaló a partir de qué momento solicita la aplicación de la misma, ni hasta cuándo se ha de aplicar ésta, ya que él se limitó a indicar que el índice inflacionario a ser aplicado sería el indicado por el Banco Central de Venezuela al momento de la cancelación de la deuda, referencia ésta que tampoco es admisible, por cuanto al pagarse la deuda o el monto condenado a pagar, pues legalmente no existe posibilidad procesal de la incidencia alguna para ordenar un nuevo pago, ya que la experticia complementaria del fallo, sólo se ha de hacer hasta la fecha en que se declare definitivamente firme la sentencia. Y así se decide…”.


De la precedente transcripción se desprende que efectivamente tal y como lo alegó el formalizante, el ad quem declaró inadmisible la indexación solicitada por la parte actora con fundamento en que ésta no precisó las fechas para la indexación.

Al respecto la Sala de Casación Civil en decisión de fecha 8 de mayo de 2009, caso: ANTONIO DIPRIZIO SALIANO, contra los ciudadanos VICTORIANO SANTOS yBLADIMIR URBINA, sentencia N°252, expresó lo siguiente:

“…En las demandas de sumas de dinero, la solicitud de indexación judicial en la demanda representa el correctivo inflacionario, pues evita el perjuicio causado por la desvalorización de la moneda durante el transcurso del juicio. A tal efecto, el juez en su decisión debe determinar de forma precisa cuales son los límites de dicha operación para que los expertos puedan determinar la cantidad a indexar, siendo la fecha de inicio para el cálculo la admisión de la demanda
…En tal sentido, esta Sala de Casación Civil mediante Sentencia Nº 00023, del 4 de febrero de 2009, caso: Julio César Trujillo Sanoja c/ María Elena Salas Salas, Exp. Nº 2008-000473, indicó, lo siguiente: 
“…A propósito de la fecha elegida por el juez de Alzada para el inicio del cálculo de la citada indexación, esta Sala considera oportuno destacar el criterio sentado en la sentencia de fecha 29 de octubre de 2008, caso: Cargill de Venezuela C.A., contra Granjas Roly, C.A., entre otras, respecto a la correspondencia que debe existir entre la fecha de inicio del cálculo de la indexación acordada por el juez y la admisión de la demanda. Al respecto, la mencionada decisión estableció lo siguiente: 
“…esta Sala en sentencia N° 714 del 27 de julio de 2004, se pronunció respecto los parámetros de la  indexación judicial, señalando lo siguiente:
“...La Sala de Casación Civil, ha establecido que la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal, por tanto, éste correctivo se concede desde el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda.
En tal sentido, la Sala en sentencia N° 0134 de fecha 7 de marzo de 2002, en el juicio Marisela Machado de Hernández y otras contra Banco Popular de los Andes, C.A., expediente N° 00-517, en cuanto al lapso que comprende la indexación, estableció lo siguiente:
‘...En otras palabras, no puede acordarse la indexación en los términos solicitados por el formalizante, pues el correctivo inflacionario que el Juez concede es a los efectos de evitar el perjuicio por la desvalorización del signo monetario durante el transcurso del proceso, siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca su inicio, y por ende, el de la indexación judicial. Así se decide...’. 
Asimismo, en sentencia N° 5 de fecha 27 de febrero 2003, en el juicio Nicola Consentino Lelpo y otros contra Seguros Sud América S.A., expediente N° 01-554, estableció lo siguiente:
‘...La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.
La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar... 
Ahora bien, en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio...”. 
En virtud de lo antes expuesto, el juzgador ad quem al declarar con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra venta, y condenar al demandado al pago de lo adeudado, ordenó la corrección monetaria desde el mes de mayo de 1999, fecha que no se indicó en el libelo para la indexación sino para los intereses moratorios, sin tomar en cuenta que la fecha de inicio de tal correctivo es desde que se admite la demanda, tal como lo dispone las jurisprudencias transcritas, que en el caso de autos la admisión fue el 28 de enero de 2000, tal como se evidencia del folio 15 de la primera pieza del expediente...’. (Negrillas del texto).
Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se observa que la solicitud de corrección monetaria o indexación en la demanda de sumas de dinero, representa el correctivo inflacionario idóneo, en virtud de la pérdida del valor de la moneda sufrido por la parte durante el transcurso de un tiempo, siendo la admisión del libelo de demanda el momento que determina su inicio…”. (Negrillas de la decisión).



De la jurisprudencia precedentemente transcrita, se desprende que en los casos en los que el actor no indique la fecha de inicio de la indexación del monto demandado, el juez podrá establecerlo inclusive de oficio indicando como fecha de inicio, la fecha en que fue admitida la demanda y como fecha de término en que quede definitivamente firme la decisión del superior.

En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, aplicados al caso de autos, se evidencia que cuando el juez de alzada declara sin lugar la indexación con fundamento en que la parte actora no indicó el lapso correspondiente para tal concepto, incurrió en menoscabo del derecho a la defensa de la parte accionante, pues le exigió una carga que no le correspondía, ya que sólo bastaba con que solicitara la indexación como ocurrió en el caso de autos, para que el juez de alzada al momento de acordarla indicara el lapso correspondiente para su cálculo, razón por la cual con tal proceder el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículo 12, 15, y 208 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara procedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide. 

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en los escritos de formalización de los recursos de casación que fueran presentados, conforme a lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandante FRANKLIN RAMÓN PIÑANGO contra la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de laCircunscripción judicial del estado Lara.

Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas, de conformidad con la ley. 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Lara. Particípese dicha remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en   Caracas,  a los trece (13)  días del mes de julio de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

Presidente de la Sala,


____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,


______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ   

Magistrada Ponente


__________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Magistrada,


_________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ




http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/189012-RC.000461-13716-2016-13-570.HTML



Amparo Con Lugar por omisión de pronunciamiento (Sala Constitucional)




El abogado Carlos Brender actuando como apoderado judicial del ciudadano Emil Kizer fundamentó la acción de amparo conforme lo siguiente:
Identificó como presunto agraviante al abogado Emilio Alberto Cassasa Padrón en su condición de Juez Accidental del Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por daños materiales y morales fue interpuesto por su representado en contra de American Airlines, INC.
Que el 10 de mayo de 2012, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia número 297, casó de oficio la sentencia dictada el 30 de mayo de 2011, por el referido Juzgado Superior.
Que el 02 de diciembre de 2013, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia mediante Oficio número CJ-13-4639, notificó al ciudadano Emilio Alberto Cassasa Padrón de haberlo designado como Juez Accidental de la causa signada con el número 2010-000228, nomenclatura del Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la causa seguida por el ciudadano Emil  Kizer y la ciudadana Silvie Cohén en contra de American Airlines INC., por daños y perjuicio materiales y morales.
Que se llevó a cabo una inspección extrajudicial el 23 de septiembre de 2015, por medio de la cual se dejó constancia de la existencia de cinco puntos sobre los cuales se arrojó la siguiente conclusión:
(…) el Juez Accidental, esto es el ciudadano EMILIO ALBERTO CASSASA PADRÓN, designado y encargado de dictar sentencia definitiva en el juicio intentado por mis representados en contra de la empresa AMERICAN AIRLINEZ (sic) INC,  en el expediente signado con el N° 2010-000228 nomenclatura del citado tribunal, sólo ha dado despacho TREINTA (30) días de despecho de SEISCIENTOS DOS DÍAS (602) CONTÍNUOS que han transcurridos desde la fecha en que se abocó al conocimiento de la referida causa, esto es, el día 14 de enero de 2014 exclusive hasta el día en que se practicó la referida inspección extrajudicial, esto es, el día 24 de septiembre de 2015, inclusive sin que hasta la presente fecha haya dictado sentencia definitiva, constituyendo un abuso de poder y violando el derecho constitucional que tienen mis representados al debido proceso y a la tutela judicial efectiva a fin de obtener oportuna respuesta traducida en una sentencia definitiva en el juicio en intentado en contra de la empresa AMERICAN AIRLINEZ, INC., por daños materiales y morales.

Sala de Casación Civil abandona expresamente "el criterio mediante el cual se permitía el establecimiento de la existencia de una relación concubinaria mediante la prueba de confesión y establece, que a partir de la presente fecha, no procede la prueba de confesión en las acciones mero declarativas de unión estable de hecho".







Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia el vicio de silencio de pruebas y la consecuente infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con apoyo en lo dispuesto en el 313 ordinal 2° del mismo código, ya que la recurrida realizó únicamente “el análisis de manera parcial de la prueba de las posiciones juradas promovida en segunda instancia por nosotros” y que por haber incurrido en el referido vicio, infringió también los artículos 767 del Código Civil y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


jueves, 21 de julio de 2016

Admitida una nueva demanda de nulidad contra el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Sala Constitucional)




"En el caso de autos se ejerce recurso de nulidad contra “los artículos 13, numerales 2 y 3, 26 numerales 3, 4 y 10, 33 numerales 8, 9, 10 y 11, 27, numerales 11, 17 y 18, 33 numeral 8, 49, 56, 57, 66, 71, 75 numeral 2, 101, 103 y 135 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional”.
            La parte actora señala inicialmente que las normas contenidas en el Reglamento Parlamentario impugnado “son de la mayor importancias, pues, por un lado, organizan el funcionamiento del órgano supremo de una de las ramas del Poder Público Nacional haciendo posible que aquél cumpla con los fines que le son encomendados, y, por otro, determinan en atención a los principios democráticos, del pluralismo y de la seguridad jurídica, el procedimiento para la formación de la voluntad legislativa y de ejercicio de la función de control político sobre el Gobierno nacional”.
            Indica que “es en dicho Reglamento donde se fija el modo en que la mayoría ciudadana representada en el órgano legislativo nacional tendrá la posibilidad de incidir en forma decisiva en la orientación política de la legislación y el control político sobre el Gobierno nacional, pero siempre con respeto a los derechos de las minorías ciudadanas también representadas en el Parlamento”.
Afirma que “el Reglamento, más que un mero instrumento de organización interna, es una garantía institucional para el buen funcionamiento del régimen democrático y el ejercicio de los derechos políticos constitucionales, sin lo cual no existe verdadero pluralismo político”.
            En relación con la violación de disposiciones constitucionales hace las siguientes consideraciones, las cuales pasa esta Sala a narrar en el orden en que fueron expuestas en el recurso de nulidad:
            1.- Inconstitucionalidad del Reglamento por no establecer de forma adecuada mecanismos precisos que garanticen el acceso a la información, aseguren la rendición de cuentas (resultados de gestión) de los diputados y permitan una participación ciudadana eficaz en las consultas públicas.
            Al respecto, indica lo siguiente: 
Al ser el Reglamento el instrumento normativo principal de la actuación de la Asamblea Nacional, debe bastarse a sí mismo (tanto más porque no hay un ‘Reglamento’ del Reglamento, ni éste es desarrollo de una Ley nacional, en tanto que el Reglamento, como se explicó antes, es una suerte de Ley Orgánica de Organización de uno de los Poderes Públicos nacionales), es decir debe establecer de manera precisa todos los procedimientos que deban llevarse a cabo para que se cumpla todo lo que se pretende garantizar a través del mismo.
En este caso, debe establecer normas ciertas, con atribuciones y sanciones específicas, para que se garantice de manera efectiva la rendición de cuentas y el acceso a la información, para lo cual es necesario que se determinen detalladamente la forma, los plazos y los cargos o grupos de funcionarios del Parlamento encargados de hacer pública la información, junto con los correctivos y sanciones para quienes incumplan con tal deber.
Lo mismo ocurre con la participación ciudadana, ya que el Reglamento contiene meras alusiones al tema, exhortos prácticamente, que no establecen de manera ineficiente (sic) ni garantizan realmente tal participación.
En este caso, ni los numerales 2 y 3 del artículo 13, ni los numerales 3, 4 y 10 del artículo 26 del Reglamento establecen mecanismos precisos para que la consulta tenga lugar, y sobre todo, para que lo aportado por los ciudadanos durante la consulta sea en efecto analizado y acogido o rechazado, pero en forma razonada, pública, por el Parlamento o la Comisión respectiva, y se cumpla así el fin de la consulta, que es hacer parte de la decisión legislativa a la ciudadanía, y no limitar a ésta a concurrir como espectador que sólo consigna documentos, ideas o propuestas críticas que no serán nunca consideradas, pues no hay mecanismo coactivo que asegure esto último.
Por lo tanto, se incumple con lo establecido en los artículos 66, 108, 187 y 197 de la Constitución relativos a la participación ciudadana y acceso a la información que debería garantizar la Asamblea Nacional en lo que atañe a su gestión. En efecto, el numeral 4 del artículo 187 de la Constitución dispone que corresponde a la Asamblea Nacional ‘Organízar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia’, el artículo 197 constitucional establece que los Diputados deberán tener ‘una vinculación permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión’; por su parte, el artículo 66 de la Constitución señala como un derecho de los electores ‘a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión’ ” .
            2.- Inconstitucionalidad del Reglamento por no fijar un plazo cierto y permanente para la realización de las sesiones ordinarias, y en su lugar fijar un plazo de convocatoria de los diputados insuficiente que obstaculiza la participación de éstos en las sesiones ordinarias.
            Al respecto cuestiona el artículo 57 del Reglamento Parlamentario impugnado e indica lo siguiente:

miércoles, 20 de julio de 2016

El contrato de préstamo que suscribirá el BCV con el Fondo Latinoamericano de Reservas no será un contrato de interés público nacional sometido al control previo de la Asamblea Nacional. Ha lugar a recurso de interpretación (Sala Constitucional)






Ahora bien, con fundamento en los requisitos de admisibilidad expuestos, y una vez examinado el escrito y demás anexos que constan en autos, esta Sala advierte que la recurrente no acompañó su escrito con los documentos indispensables que permitan verificar si la demanda es admisible, por cuanto de autos no se desprende su legitimación para recurrir, al no poderse comprobar de forma alguna que tras la consulta realizada exista una duda que le afecte de forma actual o futura, pues no observa que se encuentre en una situación de hecho que manifieste su interés particular en la interpretación.
En tal sentido, esta Sala ha señalado reiteradamente que serán inadmisibles los recursos de interpretación que no persiguiesen los fines mencionados o cuando no se constate en el actor su interés jurídico personal y directo -o actual- toda

Constitucionalidad de la nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica (Sala Constitucional)



.

Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de la oportunidad que establece el artículo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.371, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.942; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto n.° 2.323, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, en el que se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional; decreto este cuya constitucionalidad fue declarada por esta Sala mediante sentencia n° 411 del 19 de mayo de 2016. 


Se declara la nulidad de la remoción de los Magistrados del TSJ realizada por la Asamblea Nacional y se ordena remitir la decisión al Ministerio Público (Sala Constitucional)





La presente solicitud de nulidad, planteada en esta oportunidad por los ciudadanos HÉCTOR RODRÍGUEZ, PEDRO CARREÑO, GILBERTO PINTO, FRANCISCO TORREALBA Y RICARDO MOLINA, ya identificados, quienes actúan en su condición de Diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistidos por el abogado Julio García, también ya identificado, se ejerce principalmente contra un acto parlamentario sin forma de ley, por medio del cual la Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría de diputados y diputadas, aprobó un informe final elaborado por la “Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia”, realizado en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de fecha 14 de julio de 2016, el cual, según señalan los solicitantes, subvierte lo establecido por esta Sala en la sentencia n.° 9 del 1 de marzo de 2016. 

martes, 19 de julio de 2016

Fundamentación y ejercicio del recurso de casación penal (Sala de Casación Penal)




En efecto, el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal establece de forma taxativa que el recurso de casación será interpuesto contra las decisiones dictadas por las Cortes de Apelaciones, no obstante, deberá ser presentado en estricto apego a los parámetros previstos en la ley adjetiva penal, ello en virtud de su carácter extraordinario.

En tal sentido, resulta necesario reiterar que el Recurso de Casación debe interponerse, tal como lo establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante escrito fundado, en el cual se indicarán en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideren violados (artículo 452 eiusdem) por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios, actuación que no ocurrió en el presente caso.

lunes, 18 de julio de 2016

Consideraciones sobre el desistimiento y la tentativa, en especial en el delito de tráfico de drogas. (Sala de Casación Penal)





Ha señalado el recurrente en su cuarta denuncia, que la recurrida infringió el artículo 81 del Código Penal, por falta de aplicación, argumentando que su defendido voluntariamente había desistido de continuar en la tentativa del delito de tráfico, ocultamiento y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Ciertamente asiste la razón al recurrente cuando ha denunciado la infracción del artículo 81 del Código Penal, pues la Corte de Apelaciones del Estado Mérida a quien correspondía resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de dicho Estado, expresó con relación a dicha denuncia lo siguiente:
“...En lo que se refiere a la séptima y octava denuncia (segunda parte, folio 253 y siguientes), esta Alzada observa que no hubo infracción de ninguna disposición y en especial del artículo 81 del Código Penal, ya que como se señaló en el cuerpo de la sentencia, en este tipo de delito no tiene cabida la tentativa ni la frustración, por disposición expresa del artículo 57 único aparte de la Ley Orgánica Sobre Sustancias estupefacientes y Psicotrópicas, así mismo la Corte observa que vale para esta última denuncia los mismos argumentos señalados en la segunda denuncia (folio 240) por lo que se hace inoficioso señalarlo nuevamente, aunado al hecho de que no hubo ninguna inobservancia de norma jurídica en la sentencia...”.
De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones de una manera rígida y formalista declara sin lugar la apelación en cuestión, aduciendo que no hubo inobservancia de norma jurídica alguna y que este tipo de delito -Tráfico, Ocultamiento, Distribución de Drogas- no admite la tentativa ni la frustración.
           

Acerca del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el decaimiento de la medida de coerción personal (Sala Constitucional)






"...Como precedentemente se señaló, el accionante alegó –entre otros-que su “causa comenzó el día 14-01-2002 y desde esa fecha me encuentro detenido (…) desde esa fecha ya ha transcurrido (…) DOS (2) AÑOS Y CINCO (5) MESES y a mi no se me ha llamado o trasladado del Penal para el juicio oral y público”, razón por la cual su defensa “ha solicitado al Tribunal de Juicio (21°) en varias oportunidades y en diferentes escritos mi libertad, aunque sea bajo presentación, pero aún permanezco detenido corriendo peligro mi vida y mi integridad personal y el Tribunal me ha negado cualquier oportunidad a ser procesado en libertad, con las garantías de todo ciudadano y es así como en fecha 29 de enero de este año, me otorgó una fianza de imposible cumplimiento”.
Por ello, la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas estimó con lugar la pretensión constitucional invocada, por cuanto la medida judicial privativa de libertad que pesaba sobre éste, al vencimiento de los dos años “decayó”, y “al serle impuesta una medida cautelar sustitutiva por la Juez accionada, a los efectos de asegurar los fines del proceso que por resultarle de imposible cumplimiento le mantiene aún privado de su libertad”.
Ahora bien, no comparte la Sala el criterio sustentado por el a quo, ya que si bien es cierto, y así lo ha sostenido reiteradamente la Sala, que cuando la medida de coerción personal (cualquiera que sea) sobrepasa el término establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente, sin que el señalado texto adjetivo prevea, para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, ya que el cese de la coerción –en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, so pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional. Ello es así en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, evitar dilaciones injustificadas y proteger a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria firme.
Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido.

viernes, 15 de julio de 2016

Núcleo duro del Derecho fundamental a la jubilación de los funcionarios públicos: tiempo de servicio y edad. La exigencia estatutaria de la permanencia mínima en una institución u organismo podría resultar contraria a la Constitución. In dubio pro operario. Revisión Ha Lugar (Sala Constitucional)





Ahora bien, en el caso sub examine, se pretende la revisión constitucional de la sentencia N° 2013-1195 del 27 de junio de 2013, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que conociendo en apelación declaró entre otros aspectos, sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Dilia Bernal Angarita contra la Asamblea Nacional, al considerar que la referida ciudadana no reunía los requisitos exigidos en el artículo 67 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, para el otorgamiento de la jubilación. 

Básicamente, la solicitante alegó que le era aplicable la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y no el Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, ya que este último es posterior a la fecha de su ingreso al referido órgano legislativo, por lo cual -según su criterio-, constituiría una aplicación retroactiva del mismo.

Por otro lado, indicó que “… los cambios políticos en Venezuela luego de ser electa la Asamblea Nacional Constituyente dieron nacimiento de la Constitución del año 1999, en dicha constitución (sic) se crea una estructura de poderes distinta a la contenida en la Constitución de 1961, la nueva constitución (sic) suprime, adecua, reforma e incluye

miércoles, 13 de julio de 2016

Sobre el deber del acusador privado de impulsar el proceso penal en los delitos dependientes de instancia de parte. Desistimiento de la acción. Abandono de la acusación. (Sala Constitucional)



"...Esta Sala ha sostenido como principio (ver sentencia del 1° de junio de 2001, Caso: Fran Valero González), que el incumplimiento de sus deberes y obligaciones por parte del órgano jurisdiccional, no puede perjudicar a la parte que ha cumplido oportunamente con sus cargas, haciéndole perder el efecto a la actuación. Un ejemplo de la aplicación de tal principio, lo ha dado la Sala en su fallo del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, donde declaró que después de vistos, no corre la perención de la instancia por el transcurso del tiempo sin actividad de las partes.
Por esta misma razón, obligatoriedad del juez de impulsar el proceso, la Sala ha sostenido que en el proceso penal no corre la perención de la instancia (ver. sent Nro. 1181 de 25-06-01, caso Rafael Alcántara).  Por ello el Código Orgánico Procesal Penal no contempla la perención, aunque en el proceso penal existen efectos derivados de la dilación judicial
            El principio antes expuesto pierde vigencia: 1) cuando la causa se encuentra paralizada y se mantiene en tal estado durante un término igual o superior al de la prescripción del derecho reclamado (artículo 110 del Código Penal), lo que corresponde a una pérdida de interés procesal que conduce a la extinción de la acción. 2) Cuando la ley exige a la parte el cumplimiento de una expresa actividad ante el incumplimiento del órgano jurisdiccional.
            En los delitos de acción dependiente de instancia de parte, el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 409) prevé la citación personal del acusado mediante boleta de citación. Practicada la citación, las partes quedan a derecho, tal como se desprende del propio artículo 409.
            La orden de citación personal corresponde al juez de la causa, una vez que ha admitido la acusación, la cual debe contener mención de la residencia del acusado, para que la acusación sea admisible (artículo 401.2 del Código Orgánico Procesal Penal), motivo por el cual en esa etapa del proceso no se requiere la instancia del acusador en ese sentido.
            De no lograrse la citación personal del acusado, el tribunal, previa petición del acusador, y a su costa, ordenará la citación mediante la publicación de carteles (artículo 410 del Código Orgánico Procesal Penal), los cuales –en número de tres- se publicarán en la prensa nacional, si la acusación se ha incoado en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, y de dos carteles en la prensa nacional y otro en la regional, si la acusación ha sido interpuesta en otra Circunscripción Judicial.

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