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viernes, 5 de febrero de 2016

Sala Electoral acuerda abrir una articulación probatoria de tres días, incluyendo en el cómputo el día del auto, en el procedimiento de oposición a la suspensión de la proclamación de los Diputados electos en Amazonas el pasado 6 de diciembre





N° SENTENCIA: 122

N° EXPEDIENTE: 2016-X-000003

Procedimiento: Auto que acuerda abrir una articulación probatoria
Partes: Los ciudadanos JULIO YGARZA, ROMEL GUZAMANA, NIRMA GUARULLA, ROSA PETIT, JAVIER LINARES y MAULIGMER BALOA, titulares de las cédulas de identidad N° 12.173.417, 13.325.572, 1.569.032, 8.947.877, 15.512.592 y 13.964.768, respectivamente, invocando la condición de diputados electos por el estado Amazonas y por los ciudadanos HERNÁN GARCIA, HILDA ESTRADA, JOSÉ DIAZ, PETRA PEREZ, PEDRO MEJÍAS, ORFILIA FERNÁNDEZ y PORFIRIO JIMÉNEZ y Otros, titulares de la cédula de identidad N° 10.924.511, 12.173.837, 12.451.917, 12.628.799, 13.325.039, 13.714.631 y 13.964.128, quienes invocaron la condición de electores del estado Amazonas mediante los cuales presentaron oposición al amparo cautelar decretado por esta Sala mediante Sentencia N° 260 de fecha 30 de diciembre de 2016, y los ciudadanos HENRY RAMOS ALLUP, ENRIQUE OCTAVIO MÁRQUEZ PÉREZ y JOSÉ SIMÓN CALZADILLA, titulares de las cédulas de identidad números 1.364.990, 7.761.751 y 6.196.129, respectivamente, en su carácter de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se oponen a la medida de amparo cautelar acordada por esta Sala mediante Sentencia N° 260, de fecha 30 de diciembre del año 2015.
Decisión: Se abrió articulación probatoria de tres (03) días de despacho, contados a partir de la presente fecha, inclusive, para que los interesados promuevan y evacuen las pruebas que consideren pertinentes.
Ponente: Juzgado de Sustanciación

Ver Sentencia


DE OFICIO: Sala Constitucional nuevamente suspende los efectos de varias normas del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; entre éstas, aquellas referidas a los Magistrados del TSJ.



SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE 1) SUSPENDE DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA RESPECTO AL MÉRITO DE LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD: LA PARTE IN FINE DEL  ARTÍCULO 1, DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 2 DEL MISMO CÓDIGO; 2) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA: LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DICTADA DE OFICIO EN LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, SEGÚN LA CUAL LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES SERÁ EL COMPETENTE PARA INICIAR DE OFICIO O POR DENUNCIA LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS JUECES O JUEZAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ADMITIR LA DENUNCIA Y PRACTICAR LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES, TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS; 3) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA, LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA CONTENIDA EN EL DISPOSITIVO NOVENO DE LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL SUSPENDIÓ DE OFICIO “[…] EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 Y LOS CARDINALES 2, 3, 5, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 37 (RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN PARA REALIZAR LA ‘INVESTIGACIÓN PRELIMINAR’), TODOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA Y JUDICIAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.750 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011; ASÍ COMO EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.797 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011’. Y 4) SE SUSPENDEN DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PRESENTE CASO, LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA EN SUS CARDINALES 1, 2, 3 Y 4; TERCERA, CUARTA Y QUINTA, EN LO QUE RESPECTA A LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL ÓRGANO INVESTIGADOR DISCIPLINARIO DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.


martes, 2 de febrero de 2016

Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Vigente)





Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar

(Gaceta Oficial N° 40.599 del 10 de febrero de 2015)

Decreto N° 1.605 10 de febrero de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza LeyOrgánica de Seguridad de la Nación, el numeral 8 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en virtud a lo preceptuado en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Del Objeto


Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones (1991)





(Gaceta Oficial Nº 34.863 del 16 de diciembre de 1991)

REPÚBLICA DE VENEZUELA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY SOBRE PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas.

Artículo 2

El que arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre personas, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años.

domingo, 31 de enero de 2016

II Jornada Sobre la Problemática actual en el Poder Judicial Venezolano, en Homenaje al Dr. José Luis Tamayo. Valera, 4 y 5 de marzo.

jueves, 21 de enero de 2016

LEYES DE AMNISTÍA EN VENEZUELA: Últimas leyes de Amnistía publicadas (Años 2000 y 2007)






1. RESPECTO A LOS HECHOS DERIVADOS DE LAS REBELIONES MILITARES DEL AÑO 1992.


LA COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA



En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 6° numeral 1 del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se establece el Régimen de Transición de poder Público, publicado en gaceta Oficial N° 36.859 de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve , en concordancia con el artículo único numeral 19 del Decreto mediante el cual se dispone la Ampliación de las Competencias de la Comisión Legislativa Nacional dictado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial No. 36.884 de fecha tres de febrero del año dos mil.

DECRETA

la siguiente,

LEY DE AMNISTIA POLITICA GENERAL




Artículo 1.- se concede amnistía política general y plena a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

miércoles, 20 de enero de 2016

Constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica (Sala Constitucional)






La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas.
El cuerpo del Decreto, luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene los aspectos en el marco de los cuales el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere necesarias; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
El artículo 4 prevé la posibilidad de que los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Economía y de Finanzas realicen las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela, a los fines de establecer límites máximos de ingresos o egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo, restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país para realizar dichas operaciones.
El artículo 5 dispone que los Poderes Públicos, los órganos de Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que se refiere el Decreto.

Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015)






(Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015)

República Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional

Caracas - Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA VENEZOLANA

Capítulo I

Disposiciones generales

Objeto

Artículo 1. El presente Código tiene por objeto establecer el régimen disciplinario y los principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela, confirmando que los jueces o juezas solo podrán ser removidos, removidas, suspendidos o suspendidas de sus cargos, mediante los procedimientos expresamente previstos en el presente Código, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia.

El presente Código igualmente rige la conducta de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y su control compete a los órganos señalados en el artículo 265 de la Constitución de la República.

martes, 19 de enero de 2016

Razones constitucionales y legales para que la Asamblea Nacional "impruebe" el Decreto de Emergencia Económica. Autor: Dr. José Peña Solís




RAZONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL “IMPRUEBE” EL DECRETO DE EMERGENCIA ECONOMICA

José Peña Solís
 Premisa introductoria. El denominado “estado de emergencia económica” es una modalidad de Estado de excepción introducida  “ex novo” en la Constitución de 1999,  siendo que la  validez de su declaratoria por el Presidente de la República está sujeta al  estricto cumplimiento  de los presusupuestos  generales previstos en el  artículo 337 constitucional, y particularmente del  específico enunciado  en el  artículo 338, primer aparte, ejusdem, así: “cuando se susciten circunstancias económicas, extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación”.  Pero lo más importante de destacar  es que dado el carácter excepcional del Decreto, toda la normativa que lo regula debe ser interpretada restrictivamente, en virtud de que su vigencia implica un  empoderamiento extraordinario  del Poder Ejecutivo Nacional para dictar medidas  con fuerza de ley a los fines de encarar la crisis  (mediante los cuales suspenden temporalmente leyes y actos normativos con fuerza de tales) en el ámbito de los  derechos fundamentales, cuyas garantías se restringen en dicho  Decreto, de tal manera  que como consecuencia del mismo  esas garantías se ven correlativamente disminuidas. 

lunes, 18 de enero de 2016

Asamblea Nacional: Resoluciones mediante las cuales se designan a los Directores de Despacho, Comunicaciones, Consultoría Jurídica, Seguridad y otros



(Gaceta Oficial Nº 40.828 del 14 de enero de 2016)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

PRESIDENCIA

CARACAS- VENEZUELA

RESOLUCIÓN Nº 002-16

ASAMBLEA NACIONAL

El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado HENRY LISANDRO RAMOS ALLUP, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 9 y 13 del artículo 27 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.014 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2.010

RESUELVE

Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Presidencia de la República)





Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, en los términos que en él se indican

(Gaceta Oficial Nº 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016)


Decreto N° 2.184            14 de enero de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 Y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que con ocasión de la muerte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes' a desestabilizar la economía del país, debilitar sus instituciones legítimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo constitucional, sobre la base de un malestar social inducido por dichos sectores,

CONSIDERANDO

Que en el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en los ciudadanos y ciudadanas, dificultando el ejercicio de su derecho a disponer y acceder libremente a bienes y servicios esenciales, en detrimento de sus derechos constitucionales a la salud y a la alimentación,


miércoles, 13 de enero de 2016

La Asamblea Nacional y el Ajedrez político-juridico







Sin duda alguna la victoria política obtenida el pasado 6 de diciembre por la MUD, como coalición de los partidos de la oposición vene‎zolana, le ha movido el piso al partido de gobierno (mal)acostumbrado a hacer y deshacer a sus anchas durante más de tres lustros en el país y las consecuencias de la ausencia de controles (pesos y contrapesos) en el ejercicio del Poder Ejecutivo hoy en día nadie puede negarlas, pues a todos nos afectan en los aspectos sensibles y esenciales de la convivencia en sociedad: salud, seguridad, alimentación, fuentes de trabajo, educación, divisas, poder adquisitivo y un largo etc.

Empero, las primeras jugadas de la oposición en el tablero del ajedrez político-jurídico luego de haber‎ instalado a la Asamblea Nacional y electo una nueva Junta Directiva, ya por todos conocida,  demuestran que le han dado preeminencia al discurso político, olvidando que éste, para ser eficaz dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho, debe mantener la mayor -por no decir toda-  sintonía posible con el ordenamiento jurídico constituido y vigente al cual se sometieron durante la contienda electoral y que juraron además respetar y hacer cumplir, aun cuando se conocía de antemano que los restantes Poderes Nacionales, en posesión de sus antagonistas políticos, iban a ser utilizados para obtener el mayor rédito posible ante cualquier error táctico que perciban y pretender así deslegitimar en el plano comunicacional, político o jurídico, a la mayoría de la Asamblea Nacional.

‎Es así que, ante la necesidad de la Asamblea Nacional de tomar posición respecto a la decisión cautelar emitida por la Sala Electoral del TSJ, el pasado 30 de diciembre de 2015, en el marco de un procedimiento contencioso electoral -con cobertura legal- contra‎ los resultados del estado Amazonas el pasado 6D, donde se ordenó la suspensión de los efectos de "los actos de totalizacion, adjudicación y proclamacion" respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indigena, se optó en la AN por la decisión política de inobservar el mandato judicial y proceder a tomarle juramento a los ciudadanos que si bien ganaron la contienda electoral, no podían ser incorporados al Parlamento al haber sido "suspendidos los efectos" de la proclamación de sus triunfos.

martes, 12 de enero de 2016

Ley de Comunicación del Poder Popular (2015)







(Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015)

República Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional

Caracas - Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DE LA LEY DE LA COMUNICACIÓN DEL PODER POPULAR

"La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público." (Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

La comunicación es una de las actividades humanas de mayor importancia en la sociedad actual, de ella depende en gran medida nuestra conciencia políticosocial tanto individual como colectiva. Una mala praxis intencional se extendió globalmente a través de la apropiación privada de los medios de comunicación y la aplicación inclemente de la censura política, siendo utilizadas como arma para el beneficio de las minorías dominantes, desarrollando contenidos para la justificación ética y moral de la explotación de las grandes mayorías, lo que nos ha conducido al actual "mundo al revés", donde la tergiversación de la verdad y la manipulación de la información deforma la opinión pública en virtud de los intereses de explotación de las grandes transnacionales y de ejercer la dominación mundial con fines perversos.

Los mejores avances de la comunicación son apropiados bajo el imperio de las grandes cadenas de la desinformación que hacen pasar por un "logro moral" todas sus habilidades manipuladoras, y la gran impunidad de beneficiarse con el fruto de la propiedad humana colectiva: la producción de conocimientos -pensar y saberes-, elementos propios de la comunicación de los pueblos, de su cultura y de su trabajo, quedando tan solo como simples poderes de la creación humana puestos al vil servicio de una clase social burguesa que administra con violencia, saquea y destruye las fuerzas productivas de manera indiscriminada; todavía vemos con gran impotencia, como la comunicación pública y privada se ejercen a voluntad, placer, lujos y demás beneficios del lucro capitalista, combatiendo y callando el sentir, el pensar y la legítima voz de los pueblos oprimidos del mundo, que luchan por su libertad, autodeterminación y soberanía.

Para lograr una comunicación plena y libre debemos avanzar en la transformación de la sociedad, tomando como punto de partida la naturaleza cultural, comunicativa y lingüística del pueblo, caminando a la par de la transformación del Estado que condiciona objetivamente el desarrollo de las fuerzas productivas; por lo cual en una sociedad dividida en clases, el debate sobre la comunicación es un debate propio de la lucha de clases, escenificada entre unos pocos opresores con un gran poder mediático y una gran masa de oprimidos (indignados) con muy reducida posibilidad de comunicar y difundir masivamente sus angustias y reclamos.

La comunicación no es un acontecer abstracto que puede despegarse de las condiciones concretas y las necesidades colectivas, es parte del gran debate de las ideas, en el cual deben participar en igualdad de condiciones todos los sectores de la sociedad. La comunicación sólo se desarrollará sobre sus mejores conquistas dialéctica y colectivamente, cuando la sociedad misma logre su emancipación definitiva.

Ley de Semillas (2015)




Ley de Semillas

(Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015)

República Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional

Caracas - Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY DE SEMILLAS

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla, así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de la misma, desde una visión agroecológica socialista, privilegiando la producción nacional de semillas, haciendo especial énfasis en la valoración de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, contraria a las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla, prohibiendo la liberación, el uso, la multiplicación, la entrada al país y la producción nacional de semillas transgénicas con el fin de alcanzar y garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, el derecho a una alimentación sana y nutritiva, la conservación y protección de la diversidad biológica, así como la preservación de la vida en el planeta, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Esta Ley se aplica a todas las actividades de obtención, producción, investigación, innovación, abastecimiento, importación, distribución e intercambio que tengan por objeto el uso de semillas.

Finalidades

Artículo 3. Esta Ley tiene como finalidades:

1. Fomentar la transición de los sistemas de producción convencionales, basados en monocultivos y uso de agrotóxicos con semilla agroindustrial y/o corporativa de uso convencional, hacia la agroecología y la preservación del ambiente a corto, mediano y largo plazo, basados en la agrobiodiversidad.

2. Promover la producción de las semillas que se requieran para garantizar la producción nacional, con el fin de prescindir de la importación y alcanzar la soberanía alimentaria y tecnológica.

3. Promover una agricultura comunal y ecosocialista, así como proteger la agrobiodiversidad mediante la producción de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente.

4. Revalorizar y relegitimar los conocimientos, saberes, creencias y prácticas locales, tradicionales y ancestrales de las campesinas y los campesinos, indígenas y afrodescendientes y demás comunidades.

Ley Orgánica de Recreación (2015)





Ley Orgánica de Recreación

(Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015)

República Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional

Caracas - Venezuela

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LEY ORGÁNICA DE RECREACIÓN

En concordancia con el texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la refundación de la República, se presenta la Ley Orgánica de Recreación con el objetivo de garantizar y poner al alcance del pueblo venezolano la recreación como derecho humano y social, de profundo contenido ético y moral, así como de amplias y revolucionarias potencialidades expresadas en la Constitución vigente, en la que se establece:

". la organización juridicopolítica que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolano, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad."

"Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho, comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configura el concepto de Estado de Justicia." Exposición de Motivos Constitución 1999

lunes, 11 de enero de 2016

Sala Electoral declara que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional desacató su sentencia cautelar. Ordena la desincorporación de los Diputados juramentados, suspendidos por la cautelar del 30 de diciembre. Nulos todos los actos dictados o que se dicten por la Asamblea Nacional mientras se mantenga la incorporación como diputados de los ciudadanos sujetos al amparo cautelar.





El 7 de enero de 2016, se recibió en esta Sala Electoral solicitud presentada por la abogada Ligia Carolina Gorriño Castellar, inscrita en el Inpreabogado con el número 123.285, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO, titular del número de cédula de identidad V-10.606.581, en su condición de “(…) parte actora en el Recurso Contencioso Electoral conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto de votación de las elecciones parlamentarias del pasado 06 de diciembre de 2015 (…)”, a los fines de que “(…) sea acatado [el fallo dictado por la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015] y se inicie el procedimiento correspondiente, atendiendo al derecho de tutela judicial efectiva, preceptuado en el artículo 26 de la Constitución (…) así como también se pronuncie en forma inmediata sobre la inconstitucionalidad de la juramentación írrita efectuada en el hemiciclo legislativo el día 06 de enero de 2016” (corchetes de la Sala).

En esa misma fecha, los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, titulares del número de cédula de identidad V-12.173.417, V-1.569.032 y V-13.325.572 respectivamente, presentaron diligencia por la cual otorgaron poder apud-acta al abogado Ramón José Medina, inscrito en el Inpreabogado con el N° 11.614.

Asimismo, el ciudadano Leonardo Rodríguez, titular del número de cédula de identidad V-7.454.894, asistido por el abogado Andrés Álvarez, inscrito en el Inpreabogado con el N° 131.446, presentó diligencia mediante la cual se dio por notificado del presente asunto y señaló domicilio procesal.

En fecha 7 de enero de 2016, se recibió escrito presentado por los ciudadanos Pedro Carreño, Francisco Torrealba, Víctor Clark y Ramón Lobo, titulares de los números de cédulas de identidad V-8.142.392, V-10.548.619, V-15.980.609 y V-9.472.485  en ese orden, y otros,  en su condición de Diputados de la Asamblea Nacional, asistidos por la abogada Ligia Gorriño, por el cual solicitaron su intervención como terceros interesados en el proceso y se declare el desacato de la sentencia número 260 dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 7 de enero de 2016, se ordenó abrir el presente cuaderno separado y se designó ponente a la Magistrada INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE, a los fines del pronunciamiento correspondiente, quien junto a los demás Magistrados y Magistradas de esta Sala Electoral suscriben unánimemente la presente decisión.

Analizadas las actas procesales, esta Sala Electoral se pronuncia previas las siguientes consideraciones:

Decreto Ley de Mercado de Valores (2015)






Ley de Mercado de Valores

(Gaceta Oficial Nº 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015)

Decreto Nº 2.176 30 de diciembre de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del Artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que delega, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.178 Extraordinario de fecha 15 de marzo de 2015, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto y ámbito de aplicación

Decreto Ley de la Actividad Aseguradora (2015)





Ley de la Actividad Aseguradora

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 1999 el Estado venezolano cambió para nunca más volver a ser el mismo, emprendió un rumbo irreversible hacia la consecución de su definitiva independencia política y eco. Luego de 15 años, son muchos los avances en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, a pesar de incontables obstáculos y pérdidas irreparables, como por ejemplo la desaparición física de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. Esos avances y todo el legado inmarcesible del Líder de la Revolución deben permanecer ardiendo cual llama sagrada, con el fin de consolidar la independencia plena, para construir y fortalecer el Socialismo Bolivariano del siglo XXI y convertir a Venezuela en un País Potencia, contribuyendo esmeradamente en la creación de un mundo pluripolar y libre de amenazas ambientales.

El Estado venezolano en tiempos de Revolución ha sido atacado ferozmente por el modelo capitalista devastador y salvaje, usando para ello, cualquier mecanismo, por inhumano que sea; es el caso de la actual guerra económica que acecha a la Patria, caracterizada por introducir elementos desequilibrantes para el poder adquisitivo del venezolano, tales como: especulación, acaparamiento, boicot y contrabando entre otras prácticas, intentando generar desespero, desasosiego y desesperanza en el pueblo.

El Gobierno Bolivariano, firme en su ineludible tarea de garantizar la marcha eficiente y eficaz de los senderos de Patria ha dispuesto a través de la Ley Habilitante, otorgada por la Asamblea Nacional al Presidente Nicolás Maduro, derrotar la guerra económica. En este sentido, es necesario incorporar la actividad aseguradora como espacio para ejercer las acciones necesarias, ante algunas irregularidades que han venido aconteciendo y que contribuyen directa e indirectamente con el sabotaje económico. La actividad aseguradora en Venezuela en los últimos 30 años, ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, supeditados a los designios del imperio norteamericano, consistente en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales. Estos mecanismos han sido puestos en práctica en Venezuela con mayor contundencia, ejemplo evidente de ello, es la incorporación como "reivindicación y derecho laboral" de los seguros de salud privados (HCM), provocando en este periodo el desmantelamiento inducido del Sistema Público Nacional de Salud y el crecimiento sostenido de un sistema de salud privado caracterizado por la insaciabilidad capitali

sta, el desapego al humanismo y la auténtica mercantilización de la salud.

viernes, 8 de enero de 2016

Sentencia de la Sala Constitucional, en la cual se establece con carácter vinculante y con efectos ex tunc que la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, en las solicitudes de extradición pasiva efectuadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, deberá, según sea el caso, dejar constancia acerca de la existencia del compromiso de Estado requirente contraído en las cláusulas de inserción constitucional de que la extradición procederá siempre y cuando no se apliquen en la condena penal una ‘cadena perpetua’ o la ‘pena de muerte’, las cuales, por mandato de los artículos 23, 43 y 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están prohibidas en la legislación venezolana




EN SALA CONSTITUCIONAL
                                                                Exp. N° 15-0414

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 17 de abril de 2015, el abogado Saint Hylaire Louis XVI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 118.488, en su condición de defensor privado –según consta en autos- del ciudadano CHIRON SHARROLL FRANCIS, de nacionalidad estadounidense, natural de Houston, Texas, Estados Unidos de América, titular del Pasaporte N° 131155649, expedido por ese país, solicitó, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión de sentencia N° 73, dictada el 9 de marzo de 2015, por la Sala de Casación Penal de esta Máximo Tribunal, que declaró procedente la solicitud de extradición pasiva planteada por el Gobierno de los Estados Unidos de América del referido ciudadano, por la comisión del delito de homicidio, y ordenó mantener la medida privativa preventiva de libertad, dictada en su contra el 14 de junio de 2014, por el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, hasta tanto se haga efectiva la entrega del mencionado ciudadano al país requirente.
El 22 de abril de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la asume.
El 25 de mayo de 2015, el abogado del solicitante consignó copia certificada del fallo N° 73 dictado, el 9 de marzo de 2015, por la Sala de Casación Penal de este alto Tribunal, objeto de la presente solicitud de revisión, y pidió que esta Sala decrete una medida cautelar innominada suspendiendo los efectos del pronunciamiento que objeta.
El 17 de agosto de 2015, esta Sala, mediante decisión N° 1169, le solicitó al Presidente de la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia que remitiese el expediente original contentivo de la solicitud de extradición pasiva planteada por el Gobierno de los Estado Unidos de América en contra del ciudadano Chiron Sharroll Francis.
El 26 de octubre de 2015, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio N° 1565, del 23 de octubre de 2015, con el cual el Presidente de la Alto Tribunal remitió el expediente requerido por esta máxima instancia constitucional.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
El abogado Saint Hylaire Louis XVI, en su condición de defensor privado del ciudadano Chiron Sharroll Francis, fundamentó la solicitud de revisión constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Sentencia de la Sala Constitucional que reconoce la competencia de los Tribunales de Municipio, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal






EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 15-1085
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 24 de septiembre de 2015, la ciudadana MARIÓN CHRISTINE CARVALLO DE SCARDINO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 4.765.941, asistida por los abogados Antonio José Puppio González, Ramón Escovar León y Rodrigo Krentzien, portadores de las cédulas de identidad núms. 3.802.307, 3.187.551 y 11.310.694 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.730,10.594 y 75.176, respectivamente, compareció ante esta Sala Constitucional para solicitar la revisión constitucional de la sentencia número 523, dictada por la Sala de Casación Civil el 12 de agosto de 2015, que declaró sin lugar el recurso de casación intentado por la referida ciudadana contra la sentencia dictada, el 17 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a propósito del juicio de divorcio que instauró el ciudadano Francisco Pablo Nicolás Scardino Pelino contra la solicitante.
El 28 de septiembre de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
El 8 de octubre de 2015, el referido abogado, Rodrigo Krentzien, consignó instrumento poder.
El 22 de octubre de 2015, el abogado Álvaro Prada, titular de la cédula de identidad núm. 11.312.945  e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 65.692, en su carácter de apoderado judicial de Francisco Pablo Nicolás Scardino Pelino, titular de la cédula de identidad núm. 3.970.071, consignó escrito mediante el cual solicitó a esta Sala que se declare no ha lugar la presente solicitud de revisión.
Efectuado el estudio de la causa, esta Sala procede a dictar decisión, previas las siguientes consideraciones:

Sentencia de la Sala Electoral que ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.




http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/184227-260-301215-2015-2015-000146.HTML


Corresponde a esta Sala Electoral pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto contra “(…) el acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (…)”.

El artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala lo siguiente:

Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
1.      Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

Conforme a la norma citada se observa que el recurso contencioso electoral ha sido interpuesto contra el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elegir los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, siendo que los actos impugnados provienen del órgano rector del Poder Electoral con motivo del proceso para la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. En consecuencia, esta Sala Electoral se declara competente para conocer del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de suspensión de efectos. Así se decide.

De la admisibilidad
Declarada la competencia para conocer del presente asunto, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso interpuesto, de conformidad con el aparte único del artículo 185 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud que fue ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, en concordancia con el artículo 5, parágrafo único de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece lo siguiente:

jueves, 7 de enero de 2016

VINCULANTE Interpretación del art. 67 de la Constitución. Consideraciones sobre el Voto Lista, renovación de partidos y prohibición de la doble militancia.





http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/184234-0001-5116-2016-15-0638.HTML



Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El 1 de junio de 2015, el abogado CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS, titular de la cédula de identidad n° V 6.500.154, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 50.343, en su condición de ciudadano con derecho a asociarse con fines políticos y tener participación “…en la dinámica política de la Nación en cualesquiera de sus ámbitos…”, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de interpretación del artículo 67 de la Constitución, y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010.
El 8 de junio de 2015 se dio cuenta del expediente y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
Efectuada la lectura del expediente, se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

martes, 29 de diciembre de 2015

El acto de reconocimiento en rueda de personas resulta susceptible de ser atacado a través de la solicitud de nulidad (Sala Constitucional)














En el presente caso se interpone acción de amparo constitucional por la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de petición por la presunta negativa del Juez a cargo del Juzgado Noveno de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de no tramitar la acción de amparo sobrevenido que interpuso verbalmente en el momento de realizarse la audiencia de reconocimiento en rueda de individuos y con ello la suspensión de dicho acto, lo que, según se denuncia, conllevó a que éste actuara fuera de su competencia y con abuso de poder.

Asimismo, se pidió la nulidad del acta de reconocimiento en rueda de individuos, dado que dicho procedimiento se efectuó sin observar, supuestamente, ciertas formas que lesionaron el derecho la defensa y al debido proceso de sus defendidos.

Respecto a la denuncia efectuada de que el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no suspendió el acto de reconocimiento en rueda de individuos con ocasión del “amparo sobrevenido” interpuesto en dicho acto, la Sala observa:

La Sala 9 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, señaló que la parte actora tenía la “posibilidad de interponer recurso ordinario de apelación contra la resolución que en el acto dictó el Tribunal, antes transcrita por lo que no corresponde la interposición de tal acción ante el Tribunal de Alzada de nuevo, como si se estuviere interponiendo primigeniamente, toda vez que interpolada ante el Tribunal de la causa, la Juzgadora emitió una resolución judicial que en caso de no ser compartida por la parte demandante, debió ser recurrida dentro del lapso legal correspondiente, lo cual, de la revisión hecha a la causa original y al Cuaderno levantado con motivo de la incoación de la demanda, no se desprende haya hecho uso la parte actora de tal medio recursivo y tampoco lo expresa ésta en su escrito libelar [sic]”.

Improcedencia de la condenatoria en costas en los juicios de estimación e intimación de honorarios profesionales. Se reitera doctrina. (Sala Constitucional)







CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, de la lectura de la solicitud bajo estudio, aprecia esta Sala que, el presente caso se ajusta a las exigencias que contiene el artículo 18 la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que no se configuran las causales previstas en el artículo 6 eiusdem. Ahora bien, con vista a los alegatos del peticionante y a los recaudos que conforman el presente expediente, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

Del escrito contentivo de la pretensión constitucional, observa  la Sala que mediante el ejercicio de la presente acción, el solicitante cuestiona que, el juez superior actuó fuera del ámbito de sus competencias, incurrió en errónea y falsa aplicación de la ley y violentó el debido proceso, derivado de tres hechos concretos: en primer lugar, concedió el beneficio de pobreza a favor de su contraparte; en segundo lugar, ordenó al Colegio de Abogados del Estado Falcón, el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente con vista a las actuaciones ejecutadas por él en uno de los juicios en los que representó a los demandados y, finalmente, lo condenó en costas por resultar perdidoso en el juicio de intimación de honorarios profesionales que ejerció.

De lo aseverado por el abogado accionante, resulta claro que el punto controvertido es la forma como el juez superior que conoció de la causa, motivó el fallo accionado, reflejándose con claridad el desacuerdo del quejoso con los términos de dicha decisión, puesto que le desfavorece; ello así, se evidencia que la acción sub examine, se encuentra dirigida a cuestionar valores de juzgamiento.

Del estudio exhaustivo de los autos, y concretamente, de la lectura de la decisión accionada, resulta que el juez de alzada plasmó las consideraciones que según sus conocimientos, resuelven lo planteado en el asunto; en este sentido, con relación al beneficio de pobreza concedido a los ciudadanos Karina del Carmen Vargas Sánchez y Ricardo Antonio Arcila Cahuao, se asentó, entre otras consideraciones:

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