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sábado, 29 de abril de 2017

Violación de la tutela judicial efectiva al declararse con lugar un recurso de invalidación y no reponerse el proceso al estado de interponer nuevamente la demanda (Sala Constitucional)



La revisión a que hace referencia el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional. En este sentido, se ha señalado reiteradamente que la potestad de revisión constitucional, debe ser ejercida de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, únicamente para uniformar criterios en la interpretación de principios y disposiciones constitucionales, ya que ella no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa. De ello se sigue que este órgano jurisdiccional, se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos cuya revisión se solicita, pero no de concederla ni de acordarla, por lo que su negativa no puede, en modo alguno, constituir una violación del derecho a la defensa ni del derecho al debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor).

Con base en tales premisas, se advierte que la parte actora sometió a revisión (i) la sentencia del 11 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara mediante la cual declaró con lugar el recurso de invalidación ejercido y ordenó remitir copia certificada de esa decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, sin necesidad de notificar a las partes por encontrarse a derecho, y (ii) el fallo del 11 de julio de 2016, proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda ejercida por el ciudadano Michell Eduardo Aguiar Rivero, contra la sociedad mercantil Douglas León Representaciones, C.A., la empresa Distleca, C.A., y el ciudadano Douglas Alfredo León González, condenándolos al pago de la prestación de antigüedad, los intereses devengados por ese concepto, vacaciones, bono vacacional y utilidades, así como al pago de las costas procesales.

Sobre el vicio de incongruencia omisiva: "se reitera que todo juez al momento de decidir la pretensión interpuesta debe pronunciarse respecto a todos los alegatos formulados por las partes, así como los elementos probatorios que se encuentren en el expediente, atendiendo a la globalidad de los mismos y no a la determinación específica de una individualidad, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes". (Sala Constitucional)




MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la solicitud interpuesta y, al efecto, observa lo siguiente:

Como premisa inicial, esta Sala Constitucional debe reiterar que en su sentencia Nº 93, del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “…una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional…”, por ello “…en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”, de tal manera que “…la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘…sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’…”.

En este sentido, la revisión constitucional no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, el recurso en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de esta Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

Expuesto lo anterior, se observa que la actora solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión con respecto a “la sentencia definitiva dictada [por] el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha 09 de julio de 2014 (…) en la que se declaró: ‘Sin (sic) lugar’ la apelación ejercida por la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 22 de enero de 2014 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Apure”.

Alcance de la decisión de la Corte de Apelaciones al resolver la apelación derivada de una medida privativa de libertad. Amparo procedente in limine litis.(Sala Constitucional)






Del estudio de las actas procesales se aprecia que la presente causa tiene su origen en el juicio penal incoado contra los ciudadanos Douglas Jesús Camacho Arocha, Lenin José Tovar Rodríguez, Heiner David Martínez, Juan Ignacio Gómez, Manuel Alberto Molina Hidalgo y Carlos Edgardo Ramírez Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica en perjuicio del ciudadano Alexander Pantoja Yépez y del Estado Venezolano. Con motivo de dicho proceso penal, el 20 de abril de 2016, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra los referidos ciudadanos.

Dicho fallo fue apelado por los diversos apoderados judiciales de los mencionados ciudadanos. Así, el 12 de julio de 2016la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracasdeclaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada de los ciudadanos Lenin José Tovar Rodríguez, Heiner David Martínez y Juan Ignacio Gómez. En tal sentido, confirmó la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra el ciudadano Lenin José Tovar Rodríguez y decretó la libertad plena y sin restricciones de los ciudadanos Heiner David Martínez y Juan Ignacio Gómez. De igual forma se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de los ciudadanos Douglas Jesús Camacho Arocha, Manuel Alberto Molina Hidalgo y Carlos Edgardo Ramírez Rodríguez e igualmente se acordó su libertad plena y sin restricciones.

El 4 de agosto de 2016, los abogados Eddmysalha Guillén Fiscal Provisoria Sexagésimo Segunda con Competencia Plena, Héctor Alvarado Fiscal Auxiliar Trigésimo Noveno comisionado en la Fiscalía Octogésima Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, José Gregorio Mendoza Fiscal Provisorio en la Fiscalía Octogésima Sexta del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales y Carmen Patrizia Ponte Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Octogésima Sexta del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, interpusieron la presente acción de amparo constitucional contra la aludida decisión dictada por la mencionada Corte de Apelaciones. 

Las denuncias centrales planteadas por los mencionados funcionarios se refieren fundamentalmente a la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la defensa, en la cual habría incurridola Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana  de Caracas, al actuar fuera de su competencia al pronunciarse en la alzada sobre hechos no acreditados y haciendo valoraciones y afirmaciones que no le son propias.

Juicio de partición: Los artículos 778-788 del CPC serán de aplicación supletoria en el procedimiento ordinario tramitado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sala Constitucional)




Sobre la base de la sentencia parcialmente transcrita, tratándose de una decisión interlocutoria cuya apelación sería diferida, tal recurso no restablecería de manera inmediata la situación jurídica presuntamente infringida, por ende no resultaba aplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 120/13). Tal como lo advirtió el a quo en su fallo. Así se declara.

Igualmente, se advierte del estudio de las actas procesales que conforman el expediente, que la acción de amparo fue interpuesta contra la decisión dictada el 30 de marzo de 2016, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que declaró inadmisible la oposición hecha por la parte hoy apelante, sobre las pruebas documentales promovidas por el demandado, ciudadano Nils Alfonso Hernández Bragado en la demanda de partición y liquidación de la comunidad conyugal, incoada por la hoy apelante ante el tribunal anteriormente señalado.

El apoderado judicial de la parte apelante fundamentó la acción de amparo constitucional alegando que se violaron derechos y garantías constitucionales a su representada, como lo son el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, indicando que las pruebas que fueron promovidas por el demandado no guardan relación con el hecho controvertido y no se relacionan con los bienes incluidos en el libelo de la demanda.

Supuestos en los cuales las víctimas tendrán participación activa en el proceso penal. (Sala Constitucional)


Al respecto, el apoderado judicial de la parte apelante indicó que “(…) la decisión que se recurre, vulnera Garantías (sic) Constitucionales (sic), y por ende el DEBIDO PROCESO, y ello como consecuencia de emitir un pronunciamiento en total desapego a las FORMALIDADES ESENCIALES, establecidas en la Ley especial de Amparo, y ello se evidencia ciudadano (sic) Magistrados, al tomar una decisión donde se IRRESPETO (sic) EL PROCEDIMIENTO establecido en la Ley Orgánica de Amparos (sic) sobre derechos (sic) y Garantías Constitucionales, DEBIO (sic) FIJAR LA CORRESPONDIENTE AUDIENCIA ORAL, donde se debatieron los argumentos correspondientes por las partes interesadas, y no esgrimir que como se trataba de ‘UN ASUNTO DE MERO DERECHO’, ellos vulnerarían el PROCEDIMIENTO establecido en la Ley Especial, aunado a que tampoco se trata de un ASUNTO DE MERO DERECHO, ya que existen  suficientes argumentos para debatir en la correspondiente AUDIENCIA ORAL, donde esta representación tiene como (sic) justificar la INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL JUCIO (sic) RAL (sic) Y PÚBLICO, BAJO LA INSTITUCIÓN DE LA ADHERENCIA A LA ACUSACIÓN, ya que los jueces de la recurrida, debieron analizar, que el PRONUNCIAMIENTO emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, está referido a la declaratoria de NULIDAD del procedimiento de la INADMISIBILIDAD DECRETADO como consecuencia de la presentación de la Acción de Amparo; Significando (sic) con ello, que los jueces de la Recurrida (sic), solo debieron resolver la ADMISIBILIDAD, y seguir con el PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY, es decir, fijar la AUDIENCIA y NOTIFICAR A LAS PARTES, a los efectos de que fueran a la audiencia, a dar sus ARGUMENTOS RESPECTIVOS (…)”. 

Indexación o corrección monetaria en materia laboral: "en los asuntos que se ventilan desde su inicio bajo los postulados normativos contenidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la indexación procedería en caso de incumplimiento voluntario y será calculada desde el decreto de ejecución hasta el pago efectivo". (Sala Constitucional)




MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia para emitir pronunciamiento sobre el presente asunto, la Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud de revisión sometida a su conocimiento para lo cual se estima pertinente realizar las consideraciones siguientes:

Aprecia la Sala que en el caso sub examine la parte solicitante pretende la revisión de la sentencia n. 377 dictada el 7 de mayo de 2013 y publicada el 7 de junio del mismo año, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Maersk Drilling de Venezuela, S.A. (actualmente Maersk Contractors Venezuela S.A.), contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por lo que se anuló el fallo recurrido y, conociendo del fondo de la controversia allí planteada, declaró parcialmente con lugar la demanda por concepto de cobro de diferencias de acreencias laborales, indemnización por enfermedad ocupacional y cumplimiento de acta convenio, incoada por el hoy solicitante de revisión, contra la mencionada entidad de trabajo.

En el presente caso, el apoderado judicial de la parte solicitante argumentó su requerimiento de revisión dado que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo “la negativa de otorgar la penalización que ordena la cláusula 69 numeral 11 de la convención colectiva petrolera y la omisión de la indexación y el cumplimiento de la cláusula 25 literal f de la convención colectiva vigente para el periodo (sic) 2007 al 2009 como es la jubilación a causa de una enfermedad ocupacional, por lo que, según su decir, la mencionada Sala “vulnero (sic) los derechos irrenunciables de [su] mandante establecidos en la constitución (sic) bolivariana (sic) de Venezuela en su artículo 89 numerales, 1, 2, 3, 4 y 24, 26, 92, 93, ejusdem, y violar el artículo 321 del código (sic) de procedimiento (sic) civil (sic) por mandato del artículo 168 y 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”

Admisión de acción de inconstitucionalidad ejercido en contra de la "parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (Sala Constitucional)




FUNDAMENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Señaló la parte demandante en nulidad, como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que, “(…) acudo ante su competente autoridad en mi propio nombre a fin de demandar la nulidad por INCONSTITUCIONALIDAD de lo previsto en la parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con lo previsto en los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 336 de la Constitución y lo previsto en el ordinal 1° del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)”
Que, “(…) [l]a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia en revisión, con ponencia del magistrado: Jesús Eduardo Cabrera Romero, exp. n° 05-2216, sostuvo lo siguiente:
´…omissis… Tomando en cuenta, que el Código de Procedimiento Civil desarrolla una etapa procesal de ejecución de la sentencia, y que la ejecución con el remate de los bienes del deudor equivale procesalmente al pago, la Sala reputa que el monto del pago se encuentra determinado por el monto de la ejecución, y que por lo tanto la indexación debe ser anterior a tal determinación, de manera que la ejecución de la sentencia la abarque.
La fase ejecutiva no se encuentra abierta indefinidamente para que dentro de ella se vayan articulando cobros. En esta fase se fija el monto a pagar, que es el del monto de la ejecución, el cual estará contenido en el decreto de ejecución (artículo 524 del Código de Procedimiento Civil), por lo que la indexación debe ser practicada y liquidada en su monto antes de que se ordene el cumplimiento voluntario. En consecuencia después de este auto no puede existir indexación, siendo a juicio de esta Sala, una falta de técnica procesal, el que existiendo ya en autos los montos del cumplimiento, se reabran lapso para indexarlos.
Corresponde a la sentencia determinar el monto líquido de la condena, de allí que si el juez considera procedente la indexación, deberá señalar en su fallo tal situación, no fuera de él (ya que ello no está previsto en el Código de Procedimiento Civil), y ordenar conforme a los artículos 249 del Código de Procedimiento Civil si fuera el caso, ó 527 eiusdem, liquidar el monto ejecutable. Sólo después de estas operaciones dentro del proceso donde surgió la condena con los respectivos dictámenes es que la sentencia ha quedado definitivamente firme y se decretará su ejecución si no hay recursos pendientes.´(fin de la cita) (negrillas nuestras)

Que, “(…) Ahora bien, la facultad que prevé la parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, de que una de las partes pueda reclamar contra la decisión de los expertos alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, y de lo determinado se admitirá apelación libremente, y eventualmente la casación si la estimación de la demanda lo permite, y si nos acogemos al criterio de la Sala Constitucional establecida en la sentencia de fecha 20 de marzo de 2006 ´in comento´, trae dos consecuencias:

"Los Tribunales Colegiados sólo pueden constatar si los Tribunales de Juicio analizaron las pruebas, atendiendo las previsiones del ordenamiento jurídico, si alguna de ellas es ilícita y si fueron valoradas con apego a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia del sentenciador de juicio, no pudiendo, y en ello insiste esta Sala, valorarlas para modificar los hechos fijados por el tribunal". Casación Con Lugar. (Sala de Casación Penal)




Ahora bien, del análisis de los argumentos expuestos por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia para declarar sin lugar las denuncias planteadas en el recurso de apelación por la defensa del ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, esta Sala de Casación Penal Accidental observa que dicha Sala de la Corte de Apelaciones, de manera reiterada, aseveró que la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal fue el resultado del análisis valorativo de las pruebas evacuadas en el debate en aplicación de los principios que rigen el proceso penal, es decir, la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; y con base en ello concluir que : “(…)  la jueza de instancia valoró adecuadamente de una forma clara precisa y lógica, las declaraciones antes mencionadas, concatenando las mismas con pruebas documentales, lo cual la llevó a la certeza que cada medio probatorio le brindaba, sin evidenciar esta alzada que exista ausencia en la motiva de estas declaraciones valoradas por la a quo, por el contrario la misma realizó un análisis de cada medio probatorio, expresando lo que cada medio de prueba determinó y probó, por lo tanto no encuentra esta Sala, que el argumento expuesto por la recurrente corresponda a la sentencia impugnada, por lo que se cumplió con una adecuada motivación, cumpliendo todas y cada una de las exigencias del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.
Sin embargo, en la resolución de la última denuncia del recurso de apelación ejercido por la defensa, aun cuando señaló que “(…) tal como sucedió en el punto anterior no precisa el recurrente cual ley se ha inobservado o se ha aplicado erróneamente (…)”, en aras de la garantía de la tutela judicial efectiva pasó a conocer de dicha denuncia en los términos siguientes:

viernes, 28 de abril de 2017

NUEVA Aclaratoria de la sentencia sobre la renovación de los partidos políticos (Sala Constitucional)




En sentencia n° 01 del 5 de enero de 2016, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el recurso de interpretación interpuesto por el abogado CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS, respecto del artículo 67 de la Constitución, y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
1.- El voto referencial respecto al uno por ciento de los votos emitidos a que se refiere en concreto el Parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, es el voto lista, por ser éste el que resulta de los candidatos postulados por determinado grupo u organización política, y ello no sólo propende a la lealtad dentro de las organizaciones políticas y a su equilibrio en la democracia interna sino a la pulcritud en el origen de los recursos para el financiamiento de las campañas que los mismos dispongan, porque se atiende al partido como grupo que presenta una lista de candidatos y no a una persona en particular.
2.- Hay renovación automática de un partido político, cuando se produzca el supuesto de hecho del parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, esto es, que el partido político haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados. Y en caso contrario, cuando no se obtenga ese porcentaje en ese número de entidades federales, el partido político deberá renovar la nómina de integrantes para su legitimidad, conforme lo señalado en la motiva de este fallo.
Esta renovación aplica también para los partidos regionales, la cual se producirá con motivo de las elecciones regionales (entiéndase elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos). Por lo que en el caso de que un partido regional decida ir en alianza con un partido nacional en elección nacional, su renovación deberá producirse luego en la elección regional.
3.- Cuando un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese grupo político carecerá de identidad; y por ende, no puede legitimar su voto lista que es el voto referencial a que se refiere este fallo al disipar la interrogante número 1 del recurrente. En consecuencia, el partido político deberá someterse a la renovación ante el órgano rector electoral en la forma establecida en el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los términos expuestos en la motiva de este fallo, y las consecuencias que su omisión apareja están previstas en la citada Ley.
4.- En la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin perder su existencia, y deberá correr con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores
5.- A los fines de aplicar el criterio expuesto en este fallo, el cual tiene carácter vinculante conforme al artículo 335 de la Constitución, y garantiza el ejercicio del derecho establecido en el artículo 67 eiusdem, a través de la legitimación real y efectiva de los partidos políticos constituidos en la República Bolivariana de Venezuela, se ordena al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de sesenta (60) días siguientes a la publicación del presente fallo, regule la verificación de la nómina de inscritos de cada partido político, para lo cual deberá adecuar las normas sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales
Posteriormente, en decisión n° 185 del 18 de marzo de 2016, esta Sala acordó oficiar al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de cinco (5) días siguientes al recibo del oficio que se acordó librar, remitiera las normas sobre renovación de los partidos políticos, ordenada en el fallo supra mencionado.

Acerca de la jubilación de los funcionarios del CICPC (Sala Constitucional)





MOTIVACIONES PARA DECIDIR


Establecida la competencia, pasa esta Sala Constitucional a pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 11 de noviembre de 2013, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y al efecto, se estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

Esta Sala Constitucional ha reiterado a lo largo de su jurisprudencia que la revisión de las sentencias prevista en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa, por ende, es discrecional entrar al análisis de los fallos sometidos a su conocimiento. Ello es así, por cuanto la facultad de revisión no puede ser entendida como una nueva instancia, ya que la misma sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la Ley y, en tal razón, tienen la condición de definitivamente firmes. (Vid. sentencias del 2 de marzo de 2000 caso: Francia Josefina Rondón Astor, del 13 de julio de 2000 caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda).

De tal manera, la Sala se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.

Así, esta Sala en sentencia del 6 de febrero de 2001, (caso: Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo)), sostuvo que la revisión viene a incorporar una facultad estrictamente excepcional, restringida y extraordinaria para la Sala Constitucional, que debe cohesionarse con la garantía constitucional de la cosa juzgada judicial, cuya interpretación debe realizarse de una manera estrictamente limitada, por lo que “esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere” incluso “sin motivación alguna, cuando en su criterio constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’.

Así pues, en el presente caso, la solicitante fundamentó su solicitud de revisión en la presunta violación de sus derechos laborales, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al debido proceso contra la decisión de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado, el 2 de noviembre de 2012, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el acto administrativo mediante el cual le fue otorgada la jubilación de oficio, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; bajo los siguientes argumentos:

Amparo constitucional y medios de prueba: Se exige que quien demande la tutela constitucional "debe expresar de qué forma la errónea valoración o la omisión en el análisis de la prueba se traduzca en una indefensión o resulte determinante para la decisión de la controversia en sentido distinto al que haya sido declarado". Sala Constitucional








CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para el juzgamiento, la Sala observa que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia que dictó, el 16 de junio de 2014, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante el cual declaró lo siguiente: (i) con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de octubre de 2013, por el abogado Ivor Ortega Franco, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Evlyn Yebaile Salas, Feres Yebaile Salas y Mounir Yebaile Salas, parte demandada en el juicio por fraude procesal, contra la sentencia dictada, el 4 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; (ii) sin lugar la demanda por fraude procesal incoada por el ciudadano Francesco Antonio Accettura Aceto, en su propio nombre y en representación de la sociedad mercantil TROCHA Y CROSS, C. A., contra los ciudadanos Evlyn Yebaile Salas, Feres Yebaile Salas y Mounir Yebaile Salas.
Por otra parte, se observa que la presente acción se encuentra dirigida a denunciar una presunta violación de los derechos constitucionales de los accionantes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, toda vez que calificó de ilegal el uso discrecional efectuado por la jueza de Primera Instancia, al haber ordenado a través de un auto para mejor proveer, la evacuación de una prueba sugerida, como fue la experticia para, según su criterio, aclarar una verdad elemental para el juicio de fraude, en donde se encuentra involucrado el orden público; con la cual se pretendió demostrar que para la fecha de la interposición de la demanda de desalojo, el inmueble objeto del supuesto contrato de arrendamiento no le pertenecía a los actores. Prueba que fue desechada por la jueza Superior, con fundamento en que fue sugerida y porque supuestamente violentó el derecho a la defensa de la contraparte, en desconocimiento, según alegaron los aquí accionantes, de las normas constitucionales y de los criterios jurisprudenciales vigentes en la valoración de una prueba.
Al respecto, esta Sala observa que, en el juicio primigenio, el Juzgado Superior, supuesto agraviante, no analizó el contenido de la prueba de experticia que fue promovida por la juez de la primera instancia de conformidad con el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en que dicha prueba no fue promovida por la parte actora en la oportunidad procesal y fue sugerida a la juzgadora de la primera instancia, y señaló, además, que la parte demandada tuvo limitado el ejercicio del derecho al control y contradicción del medio probatorio.
Ahora, la Sala constata de las actas del expediente que la juez del Juzgado de Primera Instancia estaba facultada por la ley para ordenar la práctica de la prueba de experticia a los fines de constatar la cualidad activa de la parte actora en el juicio de desalojo de los locales comerciales, sin tener relevancia que dicha prueba hubiese sido sugerida por la parte accionante en el juicio de fraude procesal.

jueves, 27 de abril de 2017

Sentencia de Amparo en Ejecución. Automotriz Latino, C.A., y El Centro Mercantil, C.A. Vs. General Motors Venezolana, C.A.





Exp. 39.484/bc 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
DECIDE: 
Una vez aprehendida esta Juzgadora de las actas que integran la presente querella de amparo constitucional, se observa que fueron presentados diversos escritos por las representaciones judiciales tanto de las sociedades mercantiles AUTOMOTRIZ LATINO, C.A. y EL CENTRO MERCANTIL, C.A. como de la empresa GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., con ocasión a las resultas de la comisión de la ejecución recibidas en este Despacho en fecha 15 de febrero de 2017 y remitidas por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En tal sentido, visto que los referidos escritos contienen pedimentos específicos, este órgano jurisdiccional actuando en sede constitucional y con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, además de la sumariedad por la que debe regirse este tipo de procedimientos, procede a analizar los mismos de forma conjunta en la presente resolución, a los efectos de garantizar la igualdad y el derecho de defensa de las partes. 

DE LA INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA. 

Solicita el abogado VICENTE RAFAEL PADRÓN, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2017, que sea analizado y resuelto por este Tribunal como punto previo, la inadmisibilidad sobrevenida del presente amparo constitucional, con fundamento en que la situación jurídica denunciada como infringida no puede reestablecerse, ya que no pueden retrotraerse las situaciones de hecho que motivaron y sirvieron de fundamento a la declaratoria de amparo a la condición que poseían antes de producirse la violación denunciada. 
Aduce que es evidente la situación irreparable en la presente causa, ya que para el momento en el que fue declarado con lugar el amparo y se produjo el respectivo mandamiento de ejecución, los contratos de concesión y franquicia suscritos por los accionantes de amparo con su representada, se desarrollaban bajo la política oficial vigente para entonces en el sector automotriz, entre las cuales se encontraban los planes denominados “Plan Familiar” y “Plan Venezuela Móvil”; y en vista de que dichos planes dejaron de tener aplicación y operatividad a partir del año 2015, por el cambio de la política económica del país, encontrándose vigente en la actualidad el “Plan de Reactivación del Sector Automotriz”, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y las distintas ensambladores de vehículos, el cual regula un nuevo esquema jurídico dentro del cual se deben desarrollar las relaciones entre la ensambladora y sus concesionarios, quedando sin efecto las condiciones establecidas por los planes anteriores. 

lunes, 24 de abril de 2017

¿Puede el Juez de Control decretar alguna medida privativa o restrictiva de la libertad sin la previa petición del Ministerio Público? por Francisco Santana Núñez




¿Puede el Juez de Control decretar alguna medida privativa o restrictiva de la libertad sin la previa petición del Ministerio Público?

FRANCISCO SANTANA NÚÑEZ
“Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.
Cervantes.


1.    La solicitud de imposición de medidas de coerción personal como acto propio del Ministerio Público en los procedimientos por delitos perseguibles de oficio.

1.1.        Preliminares sobre las medidas de coerción personal.
La medida de privación judicial preventiva de la libertad es la más extrema y cruenta intervención legal autorizada al Estado en el ámbito de los Derechos Fundamentales de la persona[1], puesto que atenta contra el derecho humano de mayor peso después del derecho a la vida[2]. Por ello, su imposición en el proceso penal ha sido revestida de numerosas exigencias legales para asegurar, en la medida de lo posible, que no sea utilizada de forma abusiva o con fines distintos a los que guían a la justicia penal[3]. ROXIN señala que para llevar a cabo el proceso penal son indispensables “las inherencias en la esfera individual”, tanto para “asegurar el proceso de conocimiento” como para “asegurar la ejecución penal[4]”. Dentro de esos supuestos procesales de “aseguramiento” se encuentran las medidas cautelares de coerción personal reguladas en el Código Orgánico Procesal Penal. En este texto adjetivo penal tiene primacía el principio de afirmación de libertad[5], como aquel que estipula que durante el proceso penal el imputado se mantendrá en libertad y, que el uso de la medida judicial de privación de la libertad será excepcional, sólo aplicable fundadamente por la autoridad judicial cuando las otras medidas cautelares resulten insuficientes para asegurar los fines del proceso, bajo la orden de interpretación restrictiva y la ponderada proporcionalidad[6] con el delito objeto de procesamiento.

domingo, 23 de abril de 2017

Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012)





(Gaceta Oficial Nº 6.079 del 15 de junio de 2012)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES

Con el objeto de fortalecer las políticas del Estado venezolano, en el marco del sistema socialista y humanista y de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de garantizar la protección de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física, con el propósito de adoptar y regular el servicio de policía de investigación y de auxilio a la administración de la justicia penal, así como la organización y competencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, basados en la refundación, transformación y fortalecimiento del nuevo modelo policial venezolano, el Ejecutivo Nacional tiene a cargo la atención oportuna y adecuada de las políticas de investigación penales, seguridad ciudadana y el orden público, en virtud de lo cual se desarrollan estrategias encaminadas a garantizar y mejorar la calidad de vida de toda la población mediante la implementación de nuevos instrumentos normativos. Ahora bien, el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, fue acordado por el Ejecutivo Nacional a través del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y adelantado por el Consejo General de Policía y la Dirección General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el objeto de detectar y corregir debilidades y potenciar las fortalezas del cuerpo, centrado en su naturaleza jurídica de reconocimiento constitucional como parte integrante del sistema de justicia y del sistema de seguridad ciudadana para contribuir a la rectoría, organización y optimización de la función policial de Investigación penal que debe ejercer el cuerpo.

A través de un diagnóstico efectuado se propone la refundación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, buscando su adecuación a la función de policía especializada en investigación penal y órgano de seguridad ciudadana, sustentada en principios como el respeto y la preservación de los derechos fundamentales, la garantía a las normas del debido proceso, la lucha contra el delito, con la finalidad de cambiar la imagen institucional, dedicado a diseñar un nuevo modelo organizativo, funcional y de encuadramiento administrativo del cuerpo, entendiendo que el mismo debe ser un órgano de policía especializado, dedicado a la investigación criminal y la de apoyo al sistema de justicia, excluyéndose de las funciones de policía general, con un uso de la fuerza muy específico, limitado y estricto, dentro de la actividad judicial y de investigación y en algunos casos dentro de su actuación de seguridad ciudadana. Con el objeto de regular el servicio de policía de investigación y de apoyo a la administración de la justicia penal, este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley adscrito al ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana para atender y dar respuesta precisa y organizada a la fuerte demanda de fortalecimiento de la investigación criminal, como uno de los ejes indispensables a fin de mejorar y fortalecer el acceso al sistema de justicia penal y atacar el complejo problema de la impunidad.

Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a grandes rasgos establecerá la definición, funciones y carácter de la carrera de policía de investigación, sus fines, su naturaleza, los principios que regulan tal actividad, el órgano rector y sus atribuciones, el control sobre el desempeño policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

jueves, 20 de abril de 2017

Decreto N° 2.795, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional (Presidencia de la República)






(Gaceta Oficial Nº 41.125 del 30 de marzo de 2017)

Decreto Nº 2.795 30 de marzo de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto N° 2.667, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074, de fecha 13 de enero de 2017, prorrogado mediante Decreto N° 2.742 de fecha 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.112, de la misma fecha, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de diseñar y establecer una política integral para preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa e identidad nacional, que respete la diversidad, el ambiente y la pluriculturalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, de acuerdo con el desarrollo económico, social, cultural y la integración,

CONSIDERANDO

Que es necesario preservar las conquistas y los logros que junto al pueblo se han ido alcanzando en medio del asedio permanente de quienes adversan el proyecto bolivariano, y avanzar a una nueva etapa que nos permita la construcción de un nuevo modelo económico, tal como plantean la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana,

domingo, 16 de abril de 2017

TSJ. Resolución sobre la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de la Sala de Casación Penal (Sala de Casación Penal)






RESOLUCIÓN N° 2016-001

El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en Sala de Casación Penal, previamente convocada por su Presidente, el Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, en uso de la facultad conferida en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dicta la siguiente RESOLUCIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LAS AUDIENCIAS DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL.

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de toda persona de acceder “… a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…”, garantizando “… una justicia gratuita, accesible (…) idónea (…) y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos…”; lo que genera el deber del Estado de ofrecer nuevos medios para facilitar el ejercicio efectivo de tales derechos.

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional...”; de donde resalta el deber del Poder Público, y concretamente de los órganos jurisdiccionales, de valerse de los avances tecnológicos para su optimización.

CONSIDERANDO

Que el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que: “El Presidente o Presidenta de la Sala convocará a todos los Magistrados o Magistradas que constituyan la Sala respectiva (…) para adoptar las medidas que requieran la celeridad de los procesos y el normal y eficaz funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia”, por lo que la Sala de Casación Penal tiene la facultad de dictar resoluciones o adoptar cualquier otra medida necesaria para cumplir con tales fines garantizando su observancia.

CONSIDERANDO

Que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que: “… El Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus Salas favorecerá la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos”; de ahí que sea jurídicamente válido disponer de un sistema telemático para garantizar la participación de cualquier sujeto procesal en las audiencias que se celebren en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

TSJ. Resolución mediante la cual es dictado el Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales (Sala Plena)




Caracas, 14 de diciembre de 2016
206° y 157°


RESOLUCIÓN N° 2016-0022


Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estableció en su artículo 267 como atribución del Tribunal Supremo de Justicia “la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República y de las Defensorías Públicas”, potestad que es ejercida esencialmente a través de la Inspectoría General de Tribunales por órgano de la Sala Plena, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que es necesario regular las labores de inspección y vigilancia de los tribunales para uniformar su marco técnico normativo, maximizar los resultados derivados de su aplicación, promover la modernización de la administración y el mejoramiento de los procesos en la gestión y administración del Poder Judicial; todo ello con el fin de fortalecer el Sistema de Justicia.

CONSIDERANDO

Que la inspección y vigilancia son los medios idóneos para verificar la gestión judicial de los tribunales de la República y sus oficinas de apoyo, en apego a las disposiciones legales aplicables, dentro de los principios de economía y eficacia, debido proceso y tutela judicial efectiva.

CONSIDERANDO

Que la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, atiende a un interés general de la sociedad en la honesta y eficiente administración de justicia, cuya finalidad es garantizar la validación constante de la idoneidad y excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las juezas y jueces integrantes del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la labor de vigilar e inspeccionar exige de quienes la ejecutan virtudes y conductas éticas como fórmula para conocer con objetividad el desenvolvimiento y resultados de la administración de justicia.

TSJ. Resolución sobre las Normas de adecuación administrativa y tecnológica para regular los copiadores de sentencia y los libros de registros que lleven los Tribunales de los Circuitos en las sedes judiciales y las copias certificadas que éstos expidan (Sala Plena)







Caracas, 14 de diciembre de 2016
206° y 157°



RESOLUCIÓN N° 2016-0021


El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las que preceptúan los artículos 1, 2 y 36, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257 disponen el acceso a los órganos de administración de justicia como derecho que garantiza la tutela judicial efectiva, con la omisión de las formalidades no esenciales al proceso, así como, el derecho que tiene toda persona a obtener con prontitud, la decisión correspondiente, siendo deber del Estado garantizar que la justicia se administre de forma expedita y sin dilaciones indebidas;

CONSIDERANDO

Que la Ley de Infogobierno publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 40.274 del 17 de octubre de 2013, establece los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información, con el objeto de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan, impulsando la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como, la promoción del desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, a fin de garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación;





CONSIDERANDO

Que para garantizar el principio de la tutela judicial efectiva el Poder Judicial está obligado a transformar la forma como el Estado se relaciona con el Poder Popular y para ello, debe emplear las tecnologías de información, cuyo acelerado avance es un extraordinario potencial para el ejercicio honesto, participativo, rápido, eficaz, eficiente y transparente de la gestión pública y en especial el servicio de administrar Justicia;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son deberes y atribuciones de los secretarios llevar, además, los libros de Acuerdos y Decretos, el Copiador de Correspondencia, el de Conocimiento de Correspondencia y Expedientes, el de Juramento, el de Presentación, el índice de Expedientes y cualquier otro, necesario para la buena marcha del Tribunal, y que por Resolución No. 1475 de fecha 03 de octubre de 2003 emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, estableció en su artículo 8 literal e que los registros judiciales serán llevados en cada Circuito judicial y Coordinaciones del Trabajo de manera individual, en donde se asentarán todas las actuaciones procesales, administrativas y de cualquier índole;

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