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viernes, 19 de diciembre de 2014

Sala Constitucional revisa de oficio los procesos judiciales seguidos contra el ciudadano Hany Kauan y toma decisiones de fondo: Nulidades de contratos, Sin Lugar la Demanda civil, Anula sentencia penal de reposición y confirma el sobreseimiento, entre otros pronunciamientos


Mediante decisión n° 1213 del 14 de agosto de 2012, esta Sala decidió lo siguiente:
1.- Se AVOCA de oficio al conocimiento del la (i) demanda por resolución de contrato interpuesta por la sociedad mercantil Cenit Records, C.A., contra el ciudadano Hany Elías Khawam Rabat, contenido en el expediente N° AH1.M2006-000023 del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y; (ii) el juicio por la presunta comisión del delito de comunicación pública no autorizada de obras musicales en el grado de continuidad, tipificado en el artículo 119 de la Ley sobre Derecho de Autor, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal que cursaría ante el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

2.- Se ORDENA a los fines de garantizar el principio de celeridad procesal, requerir tanto al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como al Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la inmediata remisión de las referidas causas respectivamente o realicen las gestiones necesarias para su ubicación y remisión a esta Sala, así como la inmediata suspensión de la misma y la prohibición de realización de cualquier actuación procesal, so pena de nulidad de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

3.- Se ORDENA a la Secretaria de la Sala abrir los correspondiente expedientes a los fines de tramitar los avocamientos acordados.


El 14 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.

El 19 de septiembre de 2012, la abogada Yraima Rodríguez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 64.597, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CENIT RECORDS, C.A., presentó escrito en el cual solicitó se declare improcedente al avocamiento, en virtud de que “existe una sentencia definitivamente firme y ejecutoriada”, y anexó copia extraída de la página de internet de este Alto Tribunal, contentiva de la sentencia recaída en el expediente n° 10-0655.
En fecha 27 de septiembre de 2012, se dejó constancia del recibo del oficio emanado del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, remitiendo el expediente N° AH1C-M-2008-000023 de la nomenclatura de ese Juzgado, contentivo de la demanda de resolución de contrato antes señalada.
El 19 de marzo de 2013 se reasignó la ponencia al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Consideraciones acerca del delito de falsa atestación ante funcionario público y de la procedencia de la acción penal entre cónyuges separados legalmente (Sala Constitucional)


La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en decisión de fecha 12 de junio de 2014, entre otros pronunciamientos, dispuso: “Se ANULA LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPIA, interpuesta por el abogado Javier Enrique Rojas Aguado en su condición de representante legal de la ciudadana Laura Bozzetto; en fecha 17/10/2011, por no poseer esta última la cualidad de víctima, de conformidad con lo previsto en los artículos 174, 364, 444.2.5 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal”; pronunciamiento éste que la Sala considera errado, toda vez que en el proceso penal que motivó el amparo de autos por la comisión del delito de falsa atestación ante el funcionario público, la prenombrada ciudadana sí ostentaba la condición de víctima; y a tal respecto, la Sala debe precisar lo siguiente:
El delito de falsa atestación ante funcionario público se encuentra previsto en el artículo 320 del Código Penal, cuyo texto se transcribe al tenor siguiente:
El que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, su identidad o estado o la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares, será castigado con prisión de tres a nueve meses.
           
En igual pena incurre el que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, otros hechos cuya autenticidad compruebe el acto mientras no sea destruida su fuerza probatoria, mediante tacha o impugnación de falsedad, siempre que de ello pueda resultar un perjuicio al público o a los particulares.           

Si se trata de un acto del estado civil o de la autoridad Judicial, la pena será de seis a dieciocho meses de prisión.
           
El que en títulos o efectos de comercio ateste falsamente su propia identidad o la de un tercero, será castigado con prisión de tres a seis meses” (Subrayado de la Sala).

Del contenido de la anterior disposición normativa, se desprenden tres acciones a saber: a) Atestación falsa de la propia identidad o del propio estado, b) Atestación falsa de la identidad o del propio estado de un tercero y, c) Atestación falsa de cualquier otro hecho distinto de los mencionados, cuya autenticidad haya de comprobar el acto, de lo cual se infiere que para se configure el tipo penal comentado, referido a la falta atestación ante el funcionario público.

Sala Constitucional acuerda revisar de oficio sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Agropecuaria El Maizal)


Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por notoriedad judicial, advirtió en su Página Web que la Sala de Casación Social dictó sentencia N° 1609, el 3 de noviembre de 2014, en la cual declaró:
PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil AGROPECUARIA EL MAIZAL, S.A, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Cuarto (sic) Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 22 de febrero 2010. SEGUNDO: REVOCA, la precitada decisión; TERCERO: Nulo el acto administrativo de fecha 25 de febrero 2009, sesión N° 225-09, punto de cuenta N° 003, dictado por el Instituto Nacional de Tierras’, ‘que acordó declaratoria de tierras ociosas e inculta (sic),inicio del procedimiento de rescate, acuerdo (sic) de medida cautelar de aseguramiento de la tierra e improcedencia de la solicitud de certificación de finca productiva, sobre un lote de terreno denominado ‘EL MAIZAL’, ubicado en el sector La Miel, parroquia Gustavo Vega León, municipio Simón Planas, estado Lara, constante de una superficie de Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco Hectáreas con Ocho Mil Metros Cuadrados aproximadamente (2.235 has con 8000 m2)”.
Al respecto, observa esta Sala que el contenido y alcance de esa sentencia no sólo está directamente vinculado a aspectos de orden legal y a criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Social y de la Sala Político-Administrativa, que son señalados en la parte motiva de la misma, sino también, ante todo, a valores, principios, normas, derechos y garantías constitucionales, tales como, en general, la seguridad y soberanía agroalimentaria, desarrollo rural integral, rescate de tierras con vocación agrícola, derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, responsabilidad social, Estado Social de Derecho y de Justicia, prosperidad y bienestar del Pueblo, sociedad justa y amante de la paz, entre otras reflejadas en la misma y en el proceso que le dio lugar al fallo sub examine (vid. arts. 1, 2, 3, 26, 49, 257, 305, 306 y 307 del Texto Fundamental), las cuales han sido objeto de interpretación por parte de la jurisprudencia de esta Sala Constitucional.

La Corte Disciplinaria Judicial carece de competencia para ordenar el pago de cantidades de dinero y ordenar el trámite de la jubilación de los jueces. Revisión Con Lugar. (Sala Constitucional)


Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y luego de un cuidadoso análisis de los alegatos esgrimidos en la solicitud de revisión planteada, esta Sala para decidir observa que el ejercicio de este excepcional medio constitucional va dirigido a denunciar la supuesta extralimitación de funciones en la que habría incurrido la Corte Disciplinaria Judicial, al ordenar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que instruyera a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a los fines de tramitar y otorgar la jubilación ordinaria de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres.

            Al respecto, el artículo 137 del Texto Fundamental dispone lo siguiente:
Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

            La citada disposición reconoce al principio de juridicidad y, con él, al principio de competencia, como uno de los axiomas del Estado constitucional de derecho y de justicia, según el cual, las actuaciones del Estado deben desarrollarse conforme al denominado bloque de la legalidad.

            Se trata así, de un instrumento jurídico formal que sujeta el obrar público a las reglas del ordenamiento jurídico positivo y, con ello, a los límites materiales, temporales y espaciales que establecen las normas para las figuras subjetivas del Estado que deben actuar conforme a sus disposiciones.

            De acuerdo a lo expuesto, es un efecto de la institucionalización del Poder cuya violación acarrea la nulidad del acto dictado en usurpación de competencias, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es del siguiente tenor:

jueves, 18 de diciembre de 2014

Sala Constitucional rechaza avocarse al proceso penal seguido a Iván Simonovis




Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el 26 de marzo de 2014, la abogada MARÍA DEL PILAR PERTIÑEZ HEIDENREICH, titular de la cédula de identidad nro. 5.887.437 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 35.462, asistida por el abogado JOSÉ LUIS TAMAYO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad nro. 5.135.050 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 17.744, actuando ambos con el carácter de defensores técnicos del ciudadano IVÁN ANTONIO SIMONOVIS ARANGUREN, titular de la cédula de identidad nro. 5.968.260, solicitaron a esta Sala, de conformidad con el artículo 25.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se avoque, en primer lugar, en la causa penal seguida al mencionado ciudadano, por la comisión de los delitos de “Cómplice necesario en el delito de Homicidio Calificado, Cómplice necesario en el delito de Homicidio Frustrado, Cómplice necesario en el delito de Lesiones Personales Graves en grado de Complicidad Correspectiva y Lesiones Personales Leves …”, la cual cursa en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y en la que se solicitó una medida humanitaria -o al menos un arresto domiciliario- a favor del referido ciudadano, y en segundo lugar, en el proceso de amparo que se ventila ante la Sala nro. 144 de la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal, instaurado contra la presunta omisión de pronunciamiento del mencionado juzgado de ejecución, respecto a la procedencia de la medida humanitaria peticionada, siendo que en dicho proceso de amparo, según alegaron los solicitantes, tampoco se ha emitido decisión alguna sobre la demanda de tutela constitucional propuesta.
El 31 de marzo de 2014, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 27 de mayo de 2014, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional la abogada María del Pilar Pertiñez Heidenreich, asistida por el abogado José Luis Tamayo Rodríguez, actuando ambos con el carácter de defensores técnicos del ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren, a fin de ratificar la presente solicitud de avocamiento.

Sala Constitucional admite amparo, por intereses colectivos y difusos, ejercido contra las Juntas Directivas y Tribunales Disciplinarios de varios Colegios de Odontólogos del páis



El 1° de diciembre de 2014, los ciudadanos ROTCEH DEL VALLE HERNÁNDEZ PERNÍAMIGDALIS JACKELÍN UZCÁTEGUI OLIVARREINA AMADA OCHOA BIZAEZ,OCTAVIO ADOLFO MUÑOZ GIL, y Héctor JULIÁN ARIAS ÁLVAREZ, titulares de las cédulas de identidad n.ros 13.968.142, 16.066.332, 4.360.967, 11.666.170 y 15.701.245, actuando en su condición de odontólogos debidamente inscritos en el Colegio de Odontólogos de Venezuela, bajo los n.ros 25.684, 25.747, 9.030, 15.307 y 27.478, respectivamente, asistidos por los abogados Luis Miguel Labrador Hernández y Francisco Ramón Morillo Fermín, inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los n.ros 59.329 y 170.718, interpusieron acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada para la protección de sus derechos constitucionales, así como los intereses y derechos colectivos de los profesionales de la odontología, miembros de los Colegios de Odontólogos de los Estados: Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Capital, contra las Juntas Directivas y Tribunales Disciplinarios de esos Colegios de Odontólogos, por cuanto, habiendo finalizado con creces los períodos para los cuáles los titulares de los órganos mencionados fueron electos, hasta la fecha no han convocado elecciones y continúan desempeñando las funciones de dichos cargos, en menoscabo de los derechos a la participación política, que comporta el control periódico de la gestión de los elegidos, ejercida por sus representados, a la alternabilidad, el derecho al sufragio, mediante el cual se les garantiza la facultad de tener representantes legítimamente electos, la garantía de ser juzgados por jueces naturales en los procesos disciplinarios, consagrados desde su preámbulo y especialmente en los artículos 62, 63, 49, cardinal 4 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 2 de diciembre de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. 
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

La parte actora presentó solicitud de amparo, con fundamento en los siguientes alegatos:
Que “… [l]a declaratoria con lugar de la presente acción, permitirá restablecer la situación jurídica infringida, toda vez que la situación actual, mediante la cual las Directivas actuales no convocan a las Asambleas Regionales que deben elegir las Comisiones Electorales encargadas de organizar y celebrar los procesos electorales para la renovación de autoridades; y el desarrollo de las actuaciones ilegítimas por partes de las Juntas Directivas y Tribunales Disciplinarios, viola nuestros derechos y los de todos los demás odontólogos inscritos en los Colegios de Odontólogos de los estados: Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Capital, a la participación política, a ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, al control de la gestión de las autoridades gremiales, al debido procedimiento con relación al Juez Natural, garantías todas susceptibles de reparación por parte de esta Sala Constitucional, en aras de establecer la situación jurídica infringida, así quedó sentado en sentencia del 24 de mayo de 2000, caso Gustavo Mora”. (Corchetes de la Sala).
Que “… no existe en nuestro ordenamiento jurídico adjetivo, una vía procesal distinta al amparo constitucional por derechos colectivos que nos otorgue, así como al resto de los odontólogos agrupados en los Colegios de Odontólogos Regionales de los estados: Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Capital, la tutela judicial efectiva, a efectos de restablecer con certeza y en forma inmediata la situación jurídica infringida, generada por el ejercicio abusivo del poder desplegado por quienes detenten ilegítimamente las Directivas y Tribunales Disciplinarios de los señalados Colegios de Odontólogos al omitir convocar y realizar los eventos electorales que conlleven a elegir las nuevas Juntas Directivas y Tribunales Disciplinarios”.

Sentencia de la Sala Constitucional la cual establece como criterio vinculante que: En los casos en los cuales existan dilaciones excesivas que generen inseguridad respecto a la celebración de la audiencia oral y pública ante la Sala de Casación Social, se debe notificar a las partes para la reanudación del juicio, tomando en consideración lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil”.



El solicitante fundamentó la solicitud de revisión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:

           
Que, con ocasión a la demanda incoada por su representado contra las sociedades mercantiles Rudy Emport, C.A., Rudy Logistic Group, C.A., y Servicios Aéreos C.A. (SERVIAEREO), el 23 de marzo de 2011, fue admitido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 10 de marzo de 2011, del cual se dio cuenta en Sala el 12 de abril de 2011 y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi G.

Que, el 25 de abril de 2011, se presentó escrito de formalización del recurso, por lo cual se abrió el lapso de 20 días continuos para que la contraparte consignara su escrito de impugnación. Dicho lapso venció el 26 de abril de 2011, sin que se presentara escrito alguno.

Que conforme a lo anterior, desde el 27 de abril de 2011, en atención a lo establecido en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala de Casación Social debía fijar auto fijando la oportunidad para la realización de la audiencia oral.

Que, a tal efecto, el 1° de agosto de 2011, se solicitó a la Sala de Casación Social procediera a fijar la oportunidad para que se realizara la audiencia oral.

Que dicha solicitud fue ratificada mediante diligencias presentadas el 23 de enero de 2012, el 17 de septiembre de 2012 y el 19 de marzo de 2014.

Que, el 11 de abril de 2014, la Sala de Casación Social dictó un auto mediante el cual se le asignó a la Sala Especial Primera de la mencionada Sala, el conocimiento del recurso de casación, información ésta que no fue publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en el enlace “cuentas” del indicado día, además de que no hubo despacho desde los días 13 de abril al 20 de abril de 2014, ambos inclusive.

“Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, la posibilidad de conceder a los imputados y penados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena, y a los condenados por el delito de tráfico de drogas de mayor cuantía se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando el recluso haya cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la misma, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico”.





"...Ahora, esta Sala, atendiendo la doctrina y la jurisprudencia anteriormente señalada, aprecia que, en el presente caso, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no efectuó un auténtico control de la constitucionalidad de una norma legal, toda vez que en el fallo hoy sometido a revisión procedió a desaplicar una decisión emitida por un juzgado superior, respecto de la cual, en derecho, solo correspondía su cumplimiento efectivo, circunstancia que, a criterio de esta Sala, supondría una especie “muy particular” de dicho control; que si se quiere podría denominársele como “control sui generis” de la constitucionalidad.
En efecto, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del señalado Circuito Judicial Penal, respecto de la apelación que ejerció la defensa del ciudadano Aldrim Joshua Castillo Lovera, contra la negativa del referido Juzgado de Ejecución de concederle la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena consistente en destacamento de trabajo, declaró con lugar dicha apelación y, en consecuencia, acordó la fórmula alternativa solicitada.
Sin embargo, dicho Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución, sobre la base de la desaplicación “por control difuso de la constitucionalidad” de la referida sentencia de la alzada, negó nuevamente la solicitud de otorgamiento del destacamento de trabajo.
De esta manera, esta Sala, con fundamento en las razones anteriormente expuestas, estima contraria a derecho la desaplicación que hiciera el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de la decisión dictada, el 13 de mayo de 2011, por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del señalado Circuito Judicial Penal, y, en consecuencia, por orden público constitucional, y en aras de la garantía del juez natural y del principio de la doble instancia, de igual modo debería forzosamente declarar la nulidad de los actos jurisdiccionales cumplidos en contravención con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, ordenar la reposición del proceso de ejecución de la sentencia condenatoria del ciudadano Aldrim Joshua Castillo Lovera, al estado de un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud formulada a su favor respecto de la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena consistente en destacamento de trabajo.
Sin embargo, como quiera que en las actas certificadas que conforman el presente proceso (Vid. folio 220, pieza 01 del expediente), cursa el cómputo de la pena impuesta al prenombrado ciudadano, en la cual consta que la misma la terminaría de cumplir el 01 de septiembre de 2014, esta Sala, en aras del derecho a la tutela judicial efectiva y con el único propósito de evitar una justicia sin dilaciones indebidas y reposiciones inútiles, prohibida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 257 “eiusdem”, estima que, para este caso en concreto, la reposición del proceso de ejecución en cuestión sería una formalidad no esencial por cuanto, en definitiva, se ratificarían las consideraciones realizadas en el presente fallo.
Finalmente, es deber de esta Sala, para preservar los principios que informan el proceso constitucional y la prevalencia del orden jurisdiccional, en razón de las distintas interpretaciones que los jueces y juezas de la República han dado al criterio de esta Sala conforme al cual “el delito de tráfico de estupefacientes, (…) debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad” (Vid. sentencia n.° 1712, del 12 de septiembre de 2001, caso: Rita Alcira Coy y otros), adecuar dicho criterio atendiendo el carácter judicial de la ejecución de la pena, el principio de proporcionalidad y los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, y sobre la base de la distinción establecida en la reforma del Código Orgánico Procesal de 2012 (Vid. artículos 38, 43, 374, 375, 430, parágrafo único, y 488), entre tráfico de drogas de mayor y menor cuantía, lo cual permita que se le conceda a los imputados y penados de esta última categoría de delito, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena, y, de esta manera, permitir que el Estado cumpla con las estrategias de transversalidad humanista que apuntan hacia una reinserción social, razón por la cual queda entendido que las fórmulas señaladas no constituyen beneficios procesales ni conllevan a la impunidad.

Admisión de amparo por intereses difusos. Se le prohíbe a Semanario publicar cualquier ejemplar que contenga imágenes que "sugieran o incitan a la excitación sexual " y retirar cualquier ejemplar con contenido pornográfico distribuido con posterioridad al presente fallo (Sala Constitucional)



El 18 de noviembre de 2014, las ciudadanas EGLIMS PEÑUELA LOVERA e IRAMA ROSAL, titulares de las cédulas de identidad números 19.218.536 y 10.634.707, respectivamente, asistidas por las abogadas Helgat Cedeño y Mariam Baritto León, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 151.023 y 155.223, en su orden, interpusieron acción de amparo constitucional por intereses difusos “contra las PUBLICACIONES PORNOGRÁFICAS DEL SEMANARIO DEPORTIVO EL HERALDO, por considerarlas “de alto contenido sexual” que generan un daño moral a los niños, niñas y adolescentes.
El 20 de noviembre de 2014 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 9 de diciembre de 2014, las accionantes mediante diligencia señalaron que el Semanario Deportivo El Heraldo pertenece al periódico 6° Poder 60, C.A.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

viernes, 5 de diciembre de 2014

Forma de computar el plazo de 90 días para formular nueva demanda luego de declarada la perención de la instancia (Sala Constitucional)




Previo a cualquier consideración, esta Sala observa lo siguiente:
En sentencia n.° 7, del 1° de febrero de 2000, caso: José Amando Mejía, esta Sala ajustó a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el procedimiento de amparo constitucional. Posteriormente, en sentencia n.° 993, del 16 de julio de 2013, caso: Daniel Guédez Hernández, sentó criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de aquellos casos de acciones de amparo constitucional interpuesta contra decisión judicial, cuando el asunto fuere de mero derecho, en los términos siguientes:


(…) Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: [t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.
(… Omissis…)
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de pruebafehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
            En ese sentido, el fallo que se comenta señaló que existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional, que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Consideraciones acerca del principio de legalidad y su vinculación con la potestad sancionatoria en materia administrativa. Revisión Con Lugar. (Sala Constitucional)




Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la presente solicitud, no sin antes reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en sentencia del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”), ratificado en el fallo del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia.
           
Por otra parte, esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).

El apoderado judicial de la solicitante denunció que el procedimiento administrativo sancionatorio está fuera de los parámetros establecidos en el artículo 63 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, es decir, denuncia la violación de la garantía de reserva legal en materia sancionatoria, pero enfocada hacia la ausencia de un reglamento interno de procedimientos administrativos que discipline lo relativo a la exclusión de los asociados. También alega que la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal no tomó en consideración los escritos de informes y un “complemento” de ellos, presentados en el decurso del juicio de nulidad, los días 3 y 20 de marzo de 2013, y que, en virtud de ello, la sentencia sometida a revisión se encuentra viciada de incongruencia omisiva. Asimismo, sostuvo, en favor de la legalidad de la decisión adoptada por el entonces Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas –juzgada por la Sala Político Administrativa˗, que no se había verificado el vicio de falso supuesto de hecho del acto administrativo. Por último, denunció la trasgresión del principio non bis in idem, reconocido por el artículo 49.7 Constitucional, por cuanto, “… como se desprende de los autos que conforman el expediente administrativo de CAUNA, el primer procedimiento administrativo disciplinario que se le siguió a [su]representada, que consta en el Acta de Asamblea del 21 de julio de 2008, quedó sin efecto cuando SUDECA declaró improcedente la protocolización de esa Acta, mediante comunicación del 07-08-2009, Oficio SCA-OAL-2781, dirigida por el Superintendente (…) a los ciudadanos Néstor Castillo y Doris Martínez, porque no se ajustaba a las previsiones de de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, por lo que  ordenó la reincorporación de [su] representada a su cargo, con el goce de todos sus deberes, derechos y beneficios …”. (Destacado del texto citado).

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Con Lugar el Antejuicio de mérito ejercido contra el Diputado Caldera. Validez de la autodefensa del imputado en el proceso penal (Sala Plena)



El 20 de mayo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad número 11.033.858, por la presunta comisión de los delitos de Suposición de Valimiento y Legitimación de Capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley Contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, todo ello en virtud de la denuncia interpuesta por los ciudadanos Elenitza Guevara Ríos, Maurizio Cirrottola y Carlos Hurtado, entre otros, titulares de las cédulas de identidad números 10.926.900, 11.734.740 y 10.544.337 respectivamente, en su condición de miembros de las diversas comunidades que integran el estado Miranda.
Mediante diligencia de fecha 28 de mayo de 2013, suscrita por el ciudadano Juan Carlos Caldera López, actuando en nombre propio, solicitó copia de las actas procesales que conforman el expediente.
En fecha 20 de junio de 2013 se designó ponente al Magistrado FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA, con el fin de resolver lo que fuere conducente.
Mediante sentencia número 62 de fecha 17 de octubre de 2013, esta Sala se declaró competente para conocer de la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, ciudadano Juan Carlos Caldera López, se admitió cuanto ha lugar en derecho a aludida solicitud de antejuicio de mérito y se acordó convocar a una audiencia oral y pública, para el quinto (5°) día de despacho siguiente, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), después que conste en autos la última notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 379 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 29 de octubre de 2013 el ciudadano Juan Carlos Caldera López, solicitó la “REFIJACIÓN de la audiencia pública convocada…”. En esa misma fecha la representación del Ministerio Público manifestó que “…no se opone a la solicitud de fijación de nueva fecha para la realización de la audiencia…”.
Por auto número 71 del 30 de octubre de 2013, esta Sala acordó diferir la audiencia oral y pública prevista para esa misma fecha y fijó su celebración para el día 6 de noviembre de 2013, a las diez de la mañana (10:00 am).

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) (Reimpresión)



(Gaceta Oficial Nº 40.551 del 28 de noviembre de 2014)


República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Caracas-Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En uso de sus atribuciones, en concordancia con lo establecido en los artículos 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, ordena nuevamente la reimpresión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y su reforma parcial, sancionada por la Asamblea Nacional en Sesión Ordinaria del día 14 de agosto del presente año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.548 de fecha 25 de noviembre de 2014.

DONDE DICE:

Reincidencia
Artículo 61
Se considerará que hay reincidencia cuando después de una sentencia condenatoria definitivamente firme o luego de haberse extinguido la condena, la persona cometiere un nuevo hecho punible de los previstos en esta Ley.


Capítulo VII
De la responsabilidad civil

Indemnización
Artículo 61
Todos los hechos de violencia previstos en esta Ley, acarrearán el pago de una indemnización a las mujeres víctimas de violencia o a sus herederos y herederas en caso de que la mujer haya fallecido como resultado de esos delitos, el monto de dicha indemnización habrá de ser fijado por el órgano jurisdiccional especializado competente, sin perjuicio de la obligación de pagar el tratamiento médico o psicológico que necesitare la víctima.

Reparación
Artículo 62
Quien resultare condenado por los hechos punibles previstos en esta Ley, que haya ocasionado daños patrimoniales en los bienes muebles e inmuebles de las mujeres víctimas de violencia, estará obligado a repararlos con pago de los deterioros que hayan sufrido, los cuales serán determinados por el órgano jurisdiccional especializado competente. Cuando no sea posible su reparación, se indemnizará su pérdida pagándose el valor de mercado de dichos bienes.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Noviembre 2014)




(Gaceta Oficial N° 6.150 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)


Decreto N° 1.403              13 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL
RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS


Capítulo I
Disposiciones Generales

Obligatoriedad de la notificación al Síndico Procurador Municipal (Sala Constitucional)




En el presente caso la abogada accionante en su carácter de apoderada del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión N° 2012-2562dictada, el 7 de diciembre de 2012, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró desistida la apelación interpuesta por dicho municipio contra el fallo dictado, el 26 de junio de 2012, por el Juzgado Superior  en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, que declaró con lugar el recurso contencioso funcionarial, interpuesto por el ciudadano Francisco Espín Larez, contra la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, por reajuste de pensión de jubilación y, en consecuencia, acordó el pago del incremento del veinte por ciento (20%) sobre la pensión de jubilación y bono de fin de año, con sus respectivos intereses desde el 1° de mayo de 2000 hasta la fecha de ejecución de la decisión.

Alega que, el 30 de octubre de 2012, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo le dio entrada al recurso de apelación ejercido, fijó el lapso para fundamentar el mismo y designó el ponente; sin embargo, no notificó de dicha decisión a la Síndica Procuradora Municipal, tal como lo dispone el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, razón por la cual declaró desistido el recurso, al no fundamentarse el mismo, lesionando los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso del municipio.

Observa esta Sala que la decisión accionada dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, entre sus antecedentes señaló lo que sigue:

“En fecha 30 de octubre de 2012, se dio cuenta a la Corte, y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Asimismo, se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza, se concedió cuatro (4) días continuos correspondientes al término de la distancia y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante debía presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentaba la apelación interpuesta.
El 21 de noviembre de 2012, se dictó auto mediante el cual se ordenó practicar por Secretaría, el cómputo de los días de despacho, transcurridos para la fundamentación de la apelación. […].

En esa misma fecha, la Secretaria Accidental de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo certificó que: ‘(…) desde el día cinco (5) de noviembre de dos mil doce (2012), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19 y 20 de noviembre de 2012. Asimismo, se deja constancia que transcurrieron cuatro (4) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 31 de octubre de 2012 y 1º, 2 y 3 de noviembre de 2012 (…)’.

CURSO PRÁCTICO SOBRE TÉCNICAS DE LITIGACIÓN

CURSO PRÁCTICO SOBRE TÉCNICAS DE LITIGACIÓN
(CUPOS LIMITADOS)
SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2014
LUGAR: Av. Principal de la Castellana, CENTRO LETONIA, PISO 5, SALÓN EPSILON.
HORARIO: 8:30 AM – 1:00 PM
ORGANIZA Y ACREDITA: ALIANZA JURÍDICA, en el marco de las réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA - CHILE)
TEMARIO:
-         LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN APLICADAS A LOS PROCESOS ORALES EN VENEZUELA.
-         LA TEORÍA DEL CASO.
-         CÓMO DISEÑAR LOS ALEGATOS PARA AUDIENCIAS Y LOS ALEGATOS PARA JUICIO
-         CÓMO DISEÑAR LA RÉPLICA Y LA CONTRARRÉPLICA A LOS ALEGATOS.
-         ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON MESAS DE TRABAJO Y PROYECCIÓN DE VIDEOS SOBRE LITIGACIÓN.
EXPOSITORA: DRA. NANCY GRANADILLO – EGRESADA DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA – CHILE) CON CURSO AVANZADO EN DESTREZAS DE LITIGACIÓN.  EGRESADA DE LA ACADEMIA DE DESTREZAS DE LITIGACIÓN (CALIFORNIA – ESTADOS UNIDOS); AUTORA DEL LIBRO: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN PARA JUECES, FISCALES Y DEFENSORES (EDITORIAL VADELL), ACTUALMENTE 5° EDICIÓN; ENTRE OTRAS 9 PUBLICACIONES DE SU AUTORÍA.
INSCRIPCIONES: Valor de la inversión BSF. 900 por persona.
INCLUYE: - Certificado de Participación. - Reservación de asientos numerados. - Material de Apoyo -  Refrigerios. 
(DIRIGIDO A JUECES, FISCALES, DEFENSORES, FUNCIONARIOS Y ABOGADOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD Y ESTUDIANTES DE DERECHO)




Depósitos o Transferencias en la Cuenta Corriente Banco BANESCO N° 0134-1010-19-0001000605 a nombre de ALIANZA JURIDICA, RIF. V.15178406-9. Una vez efectuado el pago, enviar los datos de la Inscripción al email LITIGACIONVENEZUELA@GMAIL.COM, indicando el nombre del participante, número de cédula, número de voucher o transferencia, teléfonos de contacto y correo electrónico, a los fines de asignarle el NÚMERO de asiento. Cualquier información adicional o para inscripciones, por los teléfonos 0212-319.78.49 / 0426.220.37.32 / 0424.147.81.37.

Cómite Olímpico Venezolano, Tribunal de Arbitraje Deportivo y la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano (Sala Electoral)





SALA ELECTORAL


MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO VEGAS TORREALBA
EXPEDIENTE N° AA70-E-2014-000005

En fecha 29 de enero de 2014, el ciudadano MANUEL ANTONIO RONDÓN NIEVES, titular de la cédula de identidad número 8.909.192, actuando con el carácter de“…Elector Pasivo miembro integrante de la Plancha N° 01 para el proceso de elección de las nuevas autoridades del Comité Olímpico Venezolano…”, asistido por la abogada Ingrid Reyes Centeno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.158, presentó ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra “…las actuaciones materiales y vías de hecho del órgano de la COMISIÓN ELECTORAL del COV que rige el proceso electoral de sus nuevas autoridades para el período 2014-2018…”.
En la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala solicitó el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho así como los antecedentes administrativos relacionados con el caso. Igualmente se designó ponente al Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, a los fines de la decisión correspondiente a la admisión del recurso y a la solicitud de amparo cautelar.
Por decisión número 3 de fecha 30 de enero de 2014, esta Sala Electoral se declaró competente para decidir la acción propuesta, admitió el recurso y declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar ejercida.
Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2014, el abogado Antonio Quintero Viloria, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.633, actuando como representante judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano, opuso “…las cuestiones previas, previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil…”.
En la misma fecha, el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves otorgó poder apud acta a la abogada Ingrid Reyes Centeno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.158.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Revisión constitucional con lugar por vicio de motivación acogida (Sala Constitucional)




Esta Sala, una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, observa que la presente solicitud de revisión recae sobre la decisión dictada, el 13 de febrero de 2013, por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, hoy solicitante, contra la sentencia dictada, el 12 de noviembre de 2012, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial; confirmó el fallo apelado y condenó en costas a la parte recurrente, todo ello con ocasión de la impugnación surgida con motivo de la persistencia en el despido planteada en el juicio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos presentó el ciudadano Jorge Orangel Martínez Medina contra la hoy peticionaria de revisión.
En este sentido, advierte la Sala que la solicitante de revisión principalmente alegó que el referido Juzgado Tercero Superior no se pronunció respecto de los fundamentos de la apelación, esto es, acerca de su argumento de que el trabajador devengaba un salario variable que en su totalidad era mayor que el salario mínimo nacional, tampoco analizó la solicitud relativa a la aplicación del criterio vertido, en un caso análogo, por el Tribunal Superior Sexto del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial; ni se pronunció sobre la denuncia del error cometido al calcular la incidencia de comisiones en los días feriados, ni de la forma de calcular la prestación de antigüedad, vacaciones, entre otros; sino que, por el contrario, se limitó a transcribir íntegramente la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia en el juicio originario.

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