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domingo, 23 de noviembre de 2014

Revisión constitucional con lugar por vicio de motivación acogida (Sala Constitucional)




Esta Sala, una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, observa que la presente solicitud de revisión recae sobre la decisión dictada, el 13 de febrero de 2013, por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, hoy solicitante, contra la sentencia dictada, el 12 de noviembre de 2012, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial; confirmó el fallo apelado y condenó en costas a la parte recurrente, todo ello con ocasión de la impugnación surgida con motivo de la persistencia en el despido planteada en el juicio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos presentó el ciudadano Jorge Orangel Martínez Medina contra la hoy peticionaria de revisión.
En este sentido, advierte la Sala que la solicitante de revisión principalmente alegó que el referido Juzgado Tercero Superior no se pronunció respecto de los fundamentos de la apelación, esto es, acerca de su argumento de que el trabajador devengaba un salario variable que en su totalidad era mayor que el salario mínimo nacional, tampoco analizó la solicitud relativa a la aplicación del criterio vertido, en un caso análogo, por el Tribunal Superior Sexto del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial; ni se pronunció sobre la denuncia del error cometido al calcular la incidencia de comisiones en los días feriados, ni de la forma de calcular la prestación de antigüedad, vacaciones, entre otros; sino que, por el contrario, se limitó a transcribir íntegramente la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia en el juicio originario.

Procedencia de la solicitud de separación de cuerpos tramitada por apoderados (Sala de Casación Civil)







En el procedimiento por solicitud de separación de cuerpos y bienes, iniciado ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los cónyuges MIRNA BERENICE DÍAZ CORNWAL y JOSÉ FRANCISCO ARATA IZQUIEL, asistida inicialmente la primera y representado judicialmente el segundo por los abogados en el libre ejercicio de su profesión Luis Manuel Valdivieso Rujana y Vitina Ardizzone Saladino, y posteriormente por Fabio Volpe León, Mario Eduardo Trivella, Simonette De Oliveira de Andrade y Joarnelle López Domínguez; y representada judicialmente la primera de las nombradas por los abogados María Alejandra Osorio Zabala, Katiuska Galindez Datica, Alicia Monrroy Carmona y Juan Carlos Anato Parra, y el segundo por los abogados Luis Manuel Valdivieso Rujana y Vitina Ardizzone Saladino; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la prenombrada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 12 de abril de 2013, en la cual anuló la decisión dictada en fecha 13 de noviembre de 2012, por el juzgado de la cognición “…que había declarado la conversión en divorcio de la separación de cuerpos y de bienes…”, repuso la causa “…al estado de que el tribunal que por distribución corresponda inste a ambas partes a que de manera personal y asistidas de abogados comparezcan, a los fines de presentar su solicitud de separación de cuerpos y de bienes, o en su defecto, a ratificar la petición primigenia subsanando los vicios detectados en el procedimiento y que fueron objeto de análisis en la sentencia de marras, debiendo posteriormente el Órgano Jurisdiccional respectivo dictar nueva decisión conforme a derecho, de acuerdo a lo pautado en los artículos 15, 183, 185, 208 y 762 del Código de Procedimiento Civil…”, y declaró con lugar la apelación intentada por la ciudadana Mirna Berenice Díaz.
        Contra la referida decisión de alzada la representación judicial del ciudadano José Francisco Arata Izquiel anunció recurso de casación el cual le fue negado. Ante tal negativa, ocurrió de hecho ante esta Sala de Casación Civil, la cual por decisión de fecha 15 de noviembre de 2013, declaró con lugar el recurso de hecho, admitiendo en consecuencia, el recurso de casación oportunamente anunciado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
        Cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a emitir el correspondiente pronunciamiento con ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que se exponen a continuación:

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA

        De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción de los artículos 15, 154, 183, 185, 206, 208, 211, 212, 213 y 214 del referido código, y 189, 1.687 y 1.688 del Código Civil así como del ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber incurrido la recurrida en el vicio de reposición indebida o mal decretada.

viernes, 31 de octubre de 2014

Avocamiento por resolución contradictoria de una misma regulación de competencia por dos Tribunales Superiores (Sala de Casación Civil)


Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia invocada ut supra, la Sala ha considerado para que se estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de avocamiento, que concurran los siguientes requisitos: 1) que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente por la ley al conocimiento de los tribunales; 2) que el asunto judicial curse ante otro tribunal de la República; 3) a.- Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, b.- o cuando a juicio de la Sala existan razones de interés público o social que justifiquen la medida, c.- o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo requiera en razón de su trascendencia e importancia; 4) que en el juicio cuya avocación se solicite, exista un desorden procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones; y, 5) que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos. (Ver sentencia Nº 188, del 10 de abril de 2012, caso: Mueblería El Metro S.R.L. e Inversiones Irne C.A., criterio que ratifica el fallo Nº 302, de fecha 3 de mayo de 2006, caso: Inversiones Montello S.A. y De Falco S.A.).

Asimismo, la Sala ha considerado respecto de las fases del avocamiento lo siguiente: En la primera etapa debe analizarse si se cumplen o no los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia para que se acuerde requerir el expediente cuyo avocamiento se solicita, verificando si las actuaciones acompañadas a dicha solicitud resultan suficientes para que la Sala se forme criterio sobre la situación planteada. En caso de procedencia, señaló la Sala que debía requerirse el expediente, ordenándose la suspensión de la causa en instancia, lo cual en el caso concreto fue cumplido, para darle paso a la segunda fase del avocamiento, en la cual, deberá conocerse la causa y resolver sobre el fondo del juicio. (Ver sentencia Nº 188, de 10 de abril de 2012, caso: Mueblería El Metro S.R.L. e Inversiones Irne C.A.).

Ahora bien, con la finalidad de comprobar la existencia de las subversiones procesales denunciadas por la empresa solicitante del avocamiento, esta Sala de Casación Civil, considera oportuno analizar las actas procesales que conforman las dos (2) piezas del expediente, por lo cual se pasa a realizar un recuento de aquellos hechos relevantes, de obligatoria y necesaria mención para determinar la existencia de lo alegado, y en tal sentido observa:

"Solamente cuando haya un desacato por parte del patrono que genere la violación de los derechos constitucionales del trabajador, es que se hace posible la vía del amparo constitucional” (Sala Constitucional)



"...el 30 de mayo de 2013, la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol, debidamente asistida por la abogada Judith Ortíz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 116.519, ante el incumplimiento de la orden de reenganche y pago de salarios caídos, presentó acción de amparo constitucional ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

El 6 de junio de 2013, el Juzgado Cuarto de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió el amparo ejercido, ordenando las respectivas notificaciones y, celebrada la audiencia constitucional, declaró inadmisible el amparo de conformidad con lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Contra dicha decisión, la representación judicial de la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Juzgado Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión dictada el 23 de septiembre de 2013, que declaró sin lugar la apelación interpuesta e inadmisible el amparo ejercido de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al estimar que “(…) en la actualidad fueron otorgadas facultades al Inspector de Trabajo para ejecutar las providencias por ellos emanadas” en virtud de lo dispuesto en el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, siendo éste el fallo del que se solicita la presente revisión constitucional.

En base a ello, alegó la representación judicial de la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol que “(…) los actos de ejecución del procedimiento ya se realizaron y fueron agotados totalmente bajo la vigencia de la anterior Ley”, por lo que ante el agotamiento del procedimiento de multa y la insatisfacción de la pretensión la parte interesada interpuso el amparo constitucional contra la empresa Brillo Servicios, C.A., el cual a su decir, no debió ser declarado inadmisible, ya que “(…) es absolutamente necesario el permiso (sic) en la utilización del Recurso de Amparo Constitucional para hacer valer las Providencias de Reenganches y Pago de Salarios Caídos, pues de lo contrario los Justiciables estarían atados para hacer efectivo su derecho constitucional y tal obstáculo se traduciría en una actitud cómplice del Estado en la violación del Derecho Constitucional al Trabajo (…)”.

jueves, 30 de octubre de 2014

Improcedencia de la representación sin poder en el proceso penal. Juramentación del defensor técnico de la empresa. Lapso de oposición a las medidas de protección (Sala Constitucional)




"...los accionantes han fundamentado su pretensión de amparo, esencialmente, en los siguientes argumentos medulares:

a)      Que la Sala nro. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia infringió el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no haber dictado una decisión expresa, positiva y precisa que resolviera todas las denuncias planteadas en la apelación.

b)      Que la mencionada alzada penal vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el artículo 49 del Texto Constitucional, toda vez que ratificó la validez de una medida de protección dictada durante las vacaciones judiciales, contrariando la Resolución nro. 2011-0043 de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 39.733.

c)      Que la presunta agraviante, en la sentencia hoy accionada en amparo, vulneró igualmente el derecho a la defensa y el debido proceso, toda vez que avaló la notificación que se le practicó -vía telefónica- a la sociedad mercantil 3M MANUFACTURERA VENEZUELA, mediante el cual se le comunicó a éste el contenido de la medida de protección acordada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Maracaibo.

d)     Que la alzada penal también vulneró el derecho a la defensa del hoy quejoso, al impedirle injustificadamente el ejercicio de una representación prevista en la ley.

e)      Que la Corte de Apelaciones accionada lesionó el derecho a la defensa, ya que no tomó en cuenta el término de la distancia a los efectos de la oposición a la medida de protección acordada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

Con base en dichos argumentos, la parte actora peticionó lo siguiente: a) La admisión de la presente acción de amparo constitucional y su declaratoria con lugar en la definitiva; b) La declaratoria de nulidad de la sentencia dictada, el 10 de enero de 2012, por la Sala nro. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; c) La nulidad de la decisión del 3 de octubre de 2011, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Maracaibo; d) La nulidad de la medida de protección acordada por dicho juzgado de control en fecha 23 de agosto de 2011.

Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia accionada en amparo se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa lo siguiente:

            1. Respecto a la primera denuncia planteada por la parte actora en su escrito de amparo, referida a que la Corte de Apelaciones accionada no dictó una decisión expresa, positiva y precisa que resolviera todas las denuncias planteadas en la apelación, esta Sala debe reiterar que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros aspectos, el derecho de los justiciables a obtener una decisión fundada en derecho, así como el derecho a conocer las razones de las decisiones judiciales, es decir, a una decisión motivada. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, el justiciable tiene la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado al caso concreto obedece a una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad (sentencias 4.370/2005, del 12 de diciembre; 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; y 153/2013, del 26 de marzo, todas de esta Sala).

miércoles, 29 de octubre de 2014

La validez de una Convención Colectiva comienza a partir de su depósito. Sobre el alcance de la cláusula de retroactividad (Sala de Casación Laboral)





"En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que siguen las ciudadanas GUILLERMINA DEL CARMEN HÉRCULES, ADELAIDA LÓPEZ VILLALBAy SUSANA ROMERO GÓMEZ, representadas por los abogados Milena Mariela Pérez Rueda, José Ricardo Aponte y Roberto Alí Colmenares, contra la sociedad mercantil LABORATORIOS VARGAS, S.A., representada por los abogados Juan Carlos Varela, Liliana Salazar Medina, Emma Neher, Deyanira Rojas, Ricardo Alonso, Valentina Mastropasqua, Diana Bellorín, José Ernesto Hernández Bizot, Ángel Francisco Mendoza Quintana, Vanessa Eduviges Mancini Gutiérrez, Hadilli Fuadi Gozzaoni Rodríguez, Evelyn Del Valle Pérez Rojas y Daniela Arévalo, el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por apelación de las dos partes, en sentencia publicada el 12 de noviembre de 2012, declaró parcialmente con lugar la apelación de la parte actora, parcialmente con lugar la apelación de la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, modificando la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 17 de abril de 2012, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra esta decisión, las dos partes anunciaron y formalizaron recurso de casación. Hubo contestación.
En fecha 14 de enero de 2013, se incorporaron a esta Sala previa convocatoria, el Magistrado Suplente Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Suplentes Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fueron designados los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 38 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, por lo que el 29 de enero de 2013 esta Sala de Casación Social ordena su incorporación quedando integrada por el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Presidente; Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Vicepresidenta; el Magistrado Octavio José Sisco Ricciardi y las Magistradas Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera.
En fecha 24 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala el expediente y correspondió la ponencia a la Magistrada Dra. SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS.
Mediante resolución N° 2014-0002, de fecha 13 de febrero de 2014, dictada por la Sala Plena de este Alto Tribunal, se crearon las Salas especiales de la Sala de Casación Social. En virtud de ello, se constituyó, para conocer la presente causa, la Sala Especial Cuarta, quedando integrada por la Magistrada Sonia Coromoto Arias Palacios, Presidenta y las Magistradas Accidentales Mónica Maylen Chávez Pérez y Bettys del Valle Luna Aguilera.
El 20 de octubre de 2014, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se celebró la audiencia oral, pública y contradictoria, todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

viernes, 24 de octubre de 2014

VINCULANTE: Sentencia que interpreta el derecho a la jubilación de los funcionarios públicos (Sala Constitucional)









Advierte esta Sala que la actual solicitud se encuadró en el supuesto de procedencia relativo a la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución, presuntamente cometidos en la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, cuya revisión se pretende, que según el solicitante habría vulnerado su derecho constitucional a la jubilación, en tanto que dicho órgano judicial habría interpretado una norma legal apartándose de la jurisprudencia vinculante emanada de esta Sala Constitucional, en cuanto a los principios hermenéuticos que impone el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia.
Ahora bien, esta Sala, mediante sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000 (Caso: Francia Josefina Rondón Astor) estableció que la revisión constitucional es una potestad discrecional que puede ser desestimada sin motivación alguna, “cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango”.
De tal manera, que la Sala se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa o al debido proceso de las partes.
Al respecto, es pertinente aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala esté facultada para desestimar cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.
Considera el solicitante que, en la sentencia cuya revisión se pretende, se hizo una interpretación inconstitucional del literal “a” del artículo 3 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, el cual establecía:
Artículo 3.- El derecho a la jubilación se adquiere mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Cuando el funcionario o funcionaria y empleado o empleada haya alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre, o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicios; o,
omissis…”
Siendo la actual redacción de dicha norma, en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de Los Municipios (publicada en la Gaceta Oficial N° 5..976 Extraordinario del 24 de mayo de 2010), la siguiente:

jueves, 23 de octubre de 2014

Consideraciones acerca del delito de calumnia (Sala Constitucional)




En primer lugar, es oportuno señalar que para el momento en que fue denunciado el accionante de autos por el delito de estafa, a saber, el 27 de marzo de 1996, el tipo de calumnia se encontraba previsto en el artículo 241 del Código Penal, y que, aun cuando en la última reforma de ese cuerpo legal efectuada en el 13 de abril de 2005 se alteró parte de la enumeración del articulado de ese instrumento legal, incluyendo la de ese delito, el cual, a partir de ese momento, se ubica en el artículo 240, no es menos cierto que el mismo ha mantenido idéntica redacción desde aquella oportunidad hasta la presente fecha y que está igualmente dispuesto entre los delitos contra la Administración de Justicia.

Actualmente, el artículo 240 del Código Penal, el cual se encuentra ubicado dentro del Capítulo III (“De la calumnia”), del Título IV (“De los delitos contra la Administración de Justicia”) del Libro Segundo del Código Penal, dispone lo siguiente:

“Artículo 240. El que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial, o ante un funcionario público que tenga la obligación de trasmitir la denuncia o querella, atribuyéndole un hecho punible, o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de seis a treinta meses de prisión.
El culpable será castigado con prisión por tiempo de dieciocho meses a cinco años en los casos siguientes:
1. Cuando el delito imputado merece pena corporal que exceda de treinta meses.
2. Cuando la inculpación mentirosa ha causado la condenación a pena corporal de menor duración.
Si la condena impuesta ha sido a pena de presidio, deberá imponerse al calumniante la pena de cinco años de prisión”.

Con relación a este delito, se ha afirmado que “...Para la elaboración del artículo 216 del Código Penal de 1897 [contentivo del tipo que hoy día se conoce en nuestro ordenamiento jurídico como calumnia]  el legislador tomó como fuente el artículo 212 del Código Penal italiano de 1889...” (Código Penal: Fuentes/evolución legislativa/proyectos de reforma/doctrina/ jurisprudencia. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, vol. IV, Caracas, 1995, p. 371).

             Al respecto, es lugar común en la doctrina patria reconocer la marcada influencia que tuvo el Código Penal italiano de 1889 (denominado también “Código Zanardelli”) en el Código Penal venezolano de 1897, la cual, a su vez, aun se ve reflejada, en considerable medida, en el Código Penal vigente, tal como efectivamente lo revela no sólo la estructura de este último, sino también, por ejemplo, la configuración del precitado tipo de calumnia, cuya ubicación dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, y cuya redacción, en líneas generales, guarda evidente similitud con aquella (en un sentido similar, Sosa Chacín, Jorge. Teoría General de la Ley Penal. Segunda edición, Liber, Caracas, 2000, p. 97, Mendoza Troconis, José. Curso de Derecho Penal Venezolano. Parte General. Librería Destino, s/f, p.123, entre otros).

martes, 21 de octubre de 2014

"Los funcionarios jubilables del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que todavía no lleguen al tiempo máximo de servicio para el retiro obligatorio pueden ser objeto de la jubilación, siempre y cuando se aplique en su totalidad la norma que prevé el régimen más favorable, esto es el pago del porcentaje máximo de la pensión". (Sala Constitucional)







El objeto de esta revisión constitucional es la sentencia núm. 2013-0841 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 15 de mayo de 2013. Esta decisión declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano Wilmer Enrique Uribe Guerrero contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por haberle otorgado, en contra de su voluntad, la jubilación de ese Cuerpo Policial, acto que cuestiona por pretender someterle obligatoriamente a recibir una pensión cuyo monto es el mínimo para los jubilables y, por considerar que puede culminar la totalidad del tiempo correspondiente al servicio activo para recibir, cabalmente, los beneficios correspondientes al personal retirado.
Para ello, como fundamento de la impugnación, el solicitante de la pretensión señala que el referido fallo quebrantó el principio de la seguridad jurídica al permitir que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pueda acordar de oficio las jubilaciones de sus funcionarios sobre la base de una serie de disposiciones normativas que solo permiten la aplicación de este beneficio si ha sido solicitado a instancia de parte interesada.    
Al respecto, se observa que los argumentos de la revisión se contraen al punto relacionado con la cuestionada potestad de si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) puede o no conferir jubilaciones de oficio, antes del tiempo máximo de servicios que pueden prestar los funcionarios, conforme lo dispone la normativa que rige a ese organismo.
Para ello, resulta pertinente analizar la normativa en cuestión sobre la cual se dictó el acto que acordó la jubilación, contenida en los artículos 7, 10, 11 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Gaceta Oficial núm. 34.149 del 1 de febrero de 1989), el cual prevé:
“Los artículos 7, 10, 11 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.149, de fecha 1º de febrero de 1989, señalan que:

´Artículo 7 El beneficio de jubilación podrá ser concedido de oficio o a solicitud de parte

(…omissis…)
Artículo 10 Se establece los siguientes tipos de jubilaciones y de pensiones:

a) Jubilaciones de retiro por tiempo mínimo de servicio.
b) Jubilaciones de retiro por edad y tiempo mínimo de servicio´.

Artículo 11: Los beneficios de jubilaciones y pensiones serán aprobados por el Consejo Directivo de IPSOPOL. A tales efectos, la Junta Superior del Cuerpo, previo estudio de los respectivos informes, presentará al Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial las recomendaciones pertinentes.

Artículo Nº 12: Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que hayan cumplido veinte (20) años de servicio podrán solicitar que se les conceda la jubilación.

Aquellos que cumplieron treinta (30) años de servicio, pasarán a situación de retiro y serán jubilados (…)”´.

            Estas disposiciones permiten entender como principio rector que la jubilación puede ser acordada de oficio o a instancia de parte (art. 7 del Reglamento), y las disposiciones que desarrollan este beneficio determinan dos supuestos: a) retiro luego de cumplido el tiempo mínimo de veinte (20) años de servicio, siendo un acto que solo puede dictarse a solicitud de parte del trabajador; b) el retiro y su consecuente jubilación luego de haber laborado treinta (30) años prestando servicios para el organismo, momento en que obligatoriamente debe cesar en sus actividades en cumplimiento de lo previsto en el respecto Reglamento.
En el presente caso se plantea si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPC) puede subrogarse en la voluntad del funcionario para acordar jubilaciones sin que haya mediado el tiempo máximo de treinta (30) años exigidos por el Reglamento. En criterio de esta Sala, tal subrogación por parte del patrono en la voluntad del trabajador no puede operar. Sin embargo,  debe estimarse la potestad que tiene el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  para jubilar a su personal cuando las razones operativas así lo ameriten. En este sentido, la normativa impone la obligación de retirar al personal luego de culminar el tiempo presuntivamente hábil de los treinta (30) años para ejercer la función policial; no obstante, esta Sala estima que no pueden limitarse la facultad que tienen los organismos públicos para acordar graciosamente las jubilaciones si existe una finalidad de gestión válida que así lo requiera, de ahí no pueden limitarse las políticas destinadas a la optimización de su funcionamiento, si las mismas pueden ser emplazadas correctamente y si no vulneran los derechos laborales de su personal.
La Sala considera que debe establecerse una ponderación entre la disponibilidad del derecho por parte del funcionario y la potestad que tienen los órganos y entes para ejercer la autonomía organizativa sobre su personal. Para ello, en ejercicio de su potestad como máximo intérprete en materia constitucional y en aplicación del indubio pro operario previsto en el artículo 89.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integralidad”; concluye que los funcionarios jubilables del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  que todavía no lleguen al tiempo máximo de servicio para el retiro obligatorio pueden ser objeto de la jubilación, siempre y cuando se aplique en su totalidad la norma que prevé el régimen más favorable, esto es el pago del porcentaje máximo de la pensión. Esta consideración se establece con el fin de garantizar el ejercicio integral del derecho del funcionario y la potestad organizativa que tiene el Estado en el manejo del personal, permitiendo una correcta optimización de la gestión pública en el manejo de los recursos humanos.
Asimismo, por razones de equidad, se procura evitar cualquier conflicto en que potencialmente colidan el derecho de jubilación y la potestad organizativa de los entes públicos. De esta manera, el ente patronal en el presente caso podrá acordar el retiro del funcionario por jubilación antes del cumplimiento del tiempo máximo de retiro si establece el pago máximo de la pensión según el ordenamiento aplicable de dicho organismo. Bajo esta modalidad se anticipan los efectos a título de cumplimiento del tiempo máximo de servicio, sin que ello afecte los derechos del funcionario y la potestad organizativa del órgano administrativo.
Vista la anterior consideración, se observa que en la decisión impugnada se está acordando de oficio la jubilación de un funcionario mediante la aplicación de una normativa que prevé sólo puede hacerse efectiva si ha mediado una manifestación de voluntad del funcionario de acogerse al beneficio, supuesto que no aconteció en el caso de autos por cuanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pretende aplicar la jubilación con una disposición de Reglamento que solo permite la instancia de parte,  luego de haber trabajado veinte (20) años de servicio pero sin asignar la totalidad de la pensión, existiendo una indebida subrogación contraria a los derechos del funcionario quien no ha manifestado su intención de acogerse al régimen de jubilaciones de ese Cuerpo Policial. La indebida aplicación de la normativa contenida en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, inficiona de nulidad la sentencia núm. 2013-0841 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 15 de mayo de 2013, tanto por desestimar los derechos fundamentales existentes para la materia laboral, como por contravenir el derecho a la tutela judicial efectiva por aplicar indebidamente una normativa para el otorgamiento de la jubilación de oficio para los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), bajo un supuesto distinto a los previstos.
En consecuencia, esta Sala revoca la decisión impugnada y ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por ser distinta a la que emitió el pronunciamiento, que proceda nuevamente a dictar nueva decisión, atendiendo a lo acordado en la jurisprudencia adoptada en esta decisión dictada por esta Sala Constitucional, respecto a la posibilidad de acordar de oficio la jubilación de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que se adecuen los montos de la pensión a la cantidad máxima prestada en función de los años de servicio. Así se decide.
V
DECISIÓN

Con fundamento en las consideraciones que preceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declaraHA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el ciudadano Wilmer Enrique Uribe Guerrero, asistido por el abogado Leonardo Rafael Hernández, respecto de la sentencia que dictó, el 15 de mayo de 2013, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa. En consecuencia, ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo proceda a dictar decisión en atención a lo dispuesto en este fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, para su nueva distribución. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de octubre de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
La Presidenta,


GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
                           Vicepresidente,        


FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,


LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO


MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN


CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
                    Ponente


ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES


JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,


JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.- 13-1227
CZdM/


















http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/169318-1230-31014-2014-13-1227.HTML




sábado, 18 de octubre de 2014

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad parcial del artículo 46 del Código Civil en la parte que establece: “la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón”, estableciendo que la inteligencia de la norma se refiere a que no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años. Se exhorta a la Asamblea Nacional a considerar la reforma del artículo 46 del Código Civil para contemplar que la edad válida para contraer matrimonio se adquiera a la mayoría de edad (18 años).








La Defensoría del Pueblo fundamentó su pretensión de nulidad en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que el presente recurso de nulidad se interpuso contra la disposición establecida en el artículo 46 del Código Civil al establecer “… una distinción respecto a la edad para contraer nupcias, consagrando como requisito sine qua nom que la mujer debe haber cumplido catorce (14) años de edad y el hombre haber alcanzado la edad de dieciséis (16) años, lo cual a todas luces lesiona el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
            Que dicha normativa “… infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 77 eiusdem”, pues según las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado ‘Protocolo de San Salvador’, tiene como principio esencial que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos, tomando en consideración que no todo trato diferenciado resulte de por si discriminatorio.
Que “[l]a existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”.

Sentencia de la Sala Constitucional que declara de orden público y con carácter vinculante que los jueces y juezas especializados en delitos de violencia contra la mujer conocerán del delito de trata de personas, tipificado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo cuando los sujetos pasivos del delito sean mujeres, niñas, niños y adolescentes (ambos sexos), pluralmente o concurriendo ambos sexos. En cambio, cuando la víctima del delito o sujetos pasivos sean solamente varones adultos (excluyéndose niños y adolescentes varones) conocerán del delito de trata de personas los jueces y juezas con competencia en materia penal ordinaria.




"...La parte actora alegó como motivo esencial de la interposición del amparo que la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuó fuera de su competencia al declinar “[…] el conocimiento de la causa a ese estado, para su posterior distribución, de conocer los Tribunales con competencia ordinaria, con lo que se estaría desvirtuando el espíritu, propósito y razón del legislador, que en la exposición de motivos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, señala que por tratarse de derechos humanos de las mujeres, recogen principios y tratados internacionales, los cuales deben prevalecer y no pueden los jueces ser permeables ante la violencia de género, y sus consecuencias recaer sobre las víctimas”; por lo tanto, consideraron que estaban en presencia de la violación al juez natural.
 Ahora bien, la Sala considera que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho y además de orden público, como lo es la competencia en razón de la materia, lo cual está directamente relacionado con el derecho constitucional que tiene toda persona de ser juzgado por sus jueces naturales, no siendo necesario entonces, a los fines de la resolución de fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, toda vez que lo señalado por las representantes del Ministerio Público en la solicitud de amparo y el contenido del expediente, constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie sobre el fondo de la presente controversia, y de efectuarse la audiencia oral no se aportarían datos nuevos que modifiquen el objeto controvertido, como lo es la competencia en razón de la materia. Así se declara.
VI
DE LA PROCEDENCIA IN LIMINE LITIS
I
Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto, observa:
Los hechos objeto del proceso que motivaron el amparo de autos, tal como lo refieren las representantes del Ministerio Público, accionantes, fueron los siguientes:

miércoles, 15 de octubre de 2014

Sala Constitucional decreta medida cautelar innominada contra el Alcalde del Municipio Sucre



Magistrado Ponente: MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Mediante escrito presentado el 23 de julio 2014, los ciudadanos YUSMELYS PATIÑOMARÍA COLLANTE, ALFREDO DUPLATS, JONATHAN CASTILLO, XIOMARA ROMERO, JOSÉ DANIEL MESA, NATACHA WILFRED, ROCÍO RODRÍGUEZ, ANTONIO BELLO, JOSÉ CASTELLANOS, KAREN PABÓN y SOLANGE MESA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-9.997.761, V.-9.159.512, V-3.973.437, V.-15.243.983, V-4.387.561, V-19.294.525, V-11.026.016, V-17.298.593, V-6.229.735, V-9.070.618, V-24.368.494, V-14.559.560, respectivamente, obrando en este acto en su condición de Voceros Comunales de las Parroquias Petare, La Dolorita, Leoncio Martínez y Caucagüita, asistidos en este acto por los abogados en ejercicio Juan Luís Núñez García y Lewis José Mayares García, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 35.774 y 99.833, respectivamente, intentaron ante esta Sala Constitucional “…DEMANDA DE PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS, CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en la persona del ciudadano CARLOS EDUARDO OCARIZ GUERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.668.571, en su condición de ALCALDE del aludido Municipio, por el incumplimiento de los deberes Municipales tendientes a lograr el respeto de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.
El 25 de julio de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 10 de octubre de 2014, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.    

 I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA


Los accionantes fundamentaron su pretensión en los siguientes argumentos:
Que “…el Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda es uno de los 21 Municipios que pertenecen al Estado Bolivariano de Miranda, cuenta con una superficie aproximada de Ciento Sesenta y Cuatro Kilómetros Cuadrados (164 Km2), que a su vez sirven de albergue para aproximadamente 669.288 habitantes, según datos que reposan en la página web del Consejo Nacional Electoral, tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2103, su territorio se aprecia dividido en 5 parroquias a saber: Petare, Leoncio Martínez, La Dolorita, Caucagüita  y Filas de Mariches, lo que hace de éste el Municipio más poblado del Estado Bolivariano de Miranda…”.

viernes, 10 de octubre de 2014

Sala Constitucional anula parcialmente el Art. 46 del COT, el cual vedaba la posibilidad de impugnar las negativas de prórrogas o demás facilidades de pago



Esta Sala en la decisión núm. 234 del 4 de marzo de 2011 ordenó el inicio del procedimiento relativo al control concentrado de constitucionalidad del artículo 46 del Código Orgánico Tributario el cual prevé:
“Las prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas podrán ser acordadas con carácter excepcional en casos particulares.

A tal fin, los interesados deberán presentar la solicitud al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago, y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio de la Administración Tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. La Administración Tributaria deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno. En ningún caso podrá interpretarse que la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria implica la concesión de la prórroga o facilidad solicitada.

(…omissis…)” [subrayado de este fallo].

Mediante dicha sentencia se cuestionó la imposibilidad de recurrir de los actos dictados por la Administración Tributaria en función de lo señalado en el citado artículo, al establecer “La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno”, lo cual impide que los recurrentes puedan impugnar los actos fiscales que nieguen prórrogas o demás facilidades para el pago de obligaciones impositivas.
En efecto, la posición que se asumió en ese momento fue la de desaplicar el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, por considerarse que: “Esta premisa de que el acto no pueda ser recurrido, negaría de plano los principios que sustentan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, según los cuales los derechos del ciudadano deben prevalecer dentro del marco de las competencias y atribuciones que tienen asignados los órganos del Poder Público, siempre orientados hacia el respeto del principio de legalidad y la justicia”.

jueves, 9 de octubre de 2014

Sala Constitucional ordena el cese de la ocupación temporal y parcial de Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela (Amparo constitucional procedente in limine)



El acto jurisdiccional denunciado como lesivo lo constituye el fallo Nro. 645 dictado, el 30 de abril de 2014, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró: “1.- PROCEDENTEla medida cautelar innominada de ocupación temporal y parcial solicitada por la parte actora en su escrito libelar, y en consecuencia, se ORDENA la ocupación temporal y parcial por parte del ‘Ministerio del Poder popular para la defensa, por órgano de la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente, 3era Compañía, Destacamento 57, con Sede en Ocumare del Tuy’, de la Planta de tratamiento y de la sección, Departamento o Unidad de elaboración de embutidos, de la empresa antes mencionada, durante el tiempo que dure la sustanciación, trámite y decisión del recurso de abstención aquí ejercido, y por tanto, queda el mencionado cuerpo castrense, habilitado para velar por la protección, preservación, conservación y salvaguarda del medio ambiente y de los espacios allí constituidos. 2.- Se ORDENAnotificar al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por órgano de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines que se dé cumplimiento inmediato de la presente decisión. 3.- Se ORDENA notificar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de la presente decisión”, ampliada a su vez por la Sentencia Nro. 780 del 10 de junio de 2014, dictada por la misma Corte.

Ahora bien, esta Sala observa que, la acción de amparo se intentó contra una decisión judicial, caso en el cual se ha señalado que este tipo de demandas constituye un mecanismo procesal de impugnación con peculiares características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para impugnar los actos que emanen de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual, a estas demandas -a las cuales se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- se les ha establecido especiales presupuestos de procedencia, en concreto, que el juez de la causa haya actuado fuera de su competencia, en extralimitación de funciones o en contravención de los derechos constitucionales de las partes.

Con relación a los requisitos de procedencia de las pretensiones de amparo contra decisiones judiciales, la Sala ha indicado que éstos deben entenderse como: i) la incompetencia del juez, en sentido constitucional, es decir, que haya actuado manifiestamente fuera de sus competencias constitucionales en usurpación de funciones o abuso de poder; y, ii) que el fallo objeto del amparo haya violado derechos constitucionales.

En este sentido, esta Sala observa que la parte accionante en amparo ejerció oposición a la medida cautelar dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que ordenó el cierre y paralización de la planta de alimentos procesados Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A., en virtud de las denuncias hechas por “la Contaminación Ambiental de gases con altísima presencia de ACIDO SULFHIDRICO (H2S), que proviene de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de dicha empresa”.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Nulidad de oficio por la falta de firma de uno de los jueces de la Corte de Apelaciones (Sala Constitucional)


De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala ha detectado un vicio de orden público y, a tal efecto, se constata que a los folios 142 al 148 del presente expediente, cursa el original de la sentencia apelada, dictada, el 11 de abril de 2014, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, mediante la cualdeclaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los defensores del ciudadano (...), de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, esta Sala constata que la misma no fue suscrita por una de las juezas que conformaron la Sala Accidental de la señalada Corte de Apelaciones, ni tampoco consta las razones por las cuales la jueza no estampó su rúbrica.
Ello así, esta Sala estima pertinente acotar que las sentencias dictadas por un órgano colegiado se forman tras su discusión y votación, la cual se verifica a puerta cerrada. En todo caso, es el magistrado ponente el encargado de proponer a la Sala de la Corte de Apelaciones respectiva, el proyecto de sentencia que se habrá de discutir y votar por mayoría de votos, y por último, se autentica el fallo con la firma de los jueces integrantes de la Sala, dejando constancia al pie del fallo, si alguno de los jueces que estuvo presente en la discusión no pudiera suscribirlo por motivos justificados. En este orden de ideas, la firma en la sentencia se debe estampar con pleno conocimiento del contenido de la decisión.
Los artículos 109, segundo párrafo, y 505, primer párrafo, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables al presente proceso de amparo en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disponen:

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