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viernes, 28 de agosto de 2015

Sentencia VINCULANTE que establece que el lapso para apelar de las sentencias interlocutorias, de cualquier carácter, en materia mercantil, es de cinco (5) días. (Sala Constitucional)



En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° RC. 000472, definitivamente firme, del 19 de octubre de 2011, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la parte demandada, ciudadanos Víctor Segundo Hernández Graterol, Dalia Mercedes Hernández -viuda de Castro-, Dumelis Hernández de Burgos y CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LOS LLANOS, C.A., en el juicio que, por simulación, interpuso la ciudadana Norelis Saa de Hernández, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil,  Mercantil, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado del Estado Portuguesa, el 03 de octubre de 2005; y sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por los codemandados contra la sentencia definitiva dictada, el 19 de octubre de 2010, por el mencionado Juzgado Superior.
Delimitada la competencia de esta Sala, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales; o, (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.
 Ahora, esta Sala aprecia, según se desprende de las actas, que la sentencia sometida a revisión tiene el carácter de definitivamente firme, y, en tal sentido, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que la apoderada judicial del solicitante, como antes se apuntó, denunció la violación de los derechos de su representado a la defensa, de petición, al debido proceso, igualdad y a la tutela judicial efectiva, y a los principios de la confianza legítima y seguridad jurídica, y de certeza y expectativa plausible, desconociendo los precedentes dictados por la Sala Constitucional, al abstenerse de conocer, examinar y decidir la falta de cualidad e interés alegada por su representado en el escrito de contestación de la demanda, por considerar que la misma es extemporánea por tardía, desatendiendo, en su criterio, que la falta de cualidad e interés puede obrar contra el derecho de acción, y que, incluso, puede ser suplida o advertida de oficio por el juez. Por lo que afirmó, que la Sala de Casación Civil violó la disposición consagrada en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no declarar la falta de conformación pasiva de la litis por falta de cualidad de su representado al no demandarse a INVERSIONES LLANO ALTO, C.A. (INLLACA).
Por otra parte, la apoderada judicial del solicitante denunció que la Sala de Casación Civil no mantuvo el criterio que en ella imperaba sostenido en la sentencia del 11 de febrero de 2011, caso:Bancaribe Curacao Bank, N.V., respecto a que el lapso para apelar previsto en el artículo 1.114 del Código de Comercio, es de cinco (05) días y no de tres (03), por lo que consideró que al apartarse de su propia doctrina, sin explicación alguna, violó el principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

lunes, 24 de agosto de 2015

Nueva sentencia VINCULANTE: "En los casos en los cuales existan dilaciones excesivas que generen incertidumbre respecto de la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el artículo 489-F de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante la Sala de Casación Social en materia de niños, niñas y adolescentes se deberá notificar a las partes para la reanudación del juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”




Delimitada como ha sido la competencia para conocer de la presente solicitud de revisión, esta Sala pasa a decidir y, para ello, observa lo siguiente:
La vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (Vid. sentencia n.° 1760, del 25 de septiembre de 2001, caso: Antonio Volpe), lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia o no.
En efecto, la propia Sala dejó sentado en la sentencia n.° 93 del 6 de febrero de 2001, (caso: Corporación Turismo de Venezuela CORPOTURISMO), que la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede ser ejercida de manera discrecional; por lo tanto, la misma no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes.
En el caso de autos, el fallo judicial sometido a revisión de esta Sala es el n.° 2004 dictado el 17 de diciembre de 2014, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual declaró desistido el recurso de casación  propuesto por la representación judicial de la ciudadana María Elena Covian Díaz.
Al respecto, la parte solicitante en revisión alegó que la sentencia referida, declaró desistido el recurso de casación, en detrimento de la transparencia en la administración de justicia y la seguridad jurídica, previstas en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues las partes no estaban a derecho, y fue “…luego de varias solicitudes y de haber transcurrido un año, tres meses y veinte días, que la Sala de Casación Social fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia, sin garantizar su participación en la misma”. También denunció que incurrió en incongruencia omisiva toda vez que no le dio el tratamiento procesal debido al mismo. Así como, a objeto de fundamentar la presente solicitud de revisión citó el criterio contenido en la sentencia n.° 1857, caso: Miguel Ángel De Donato Quintero, dictada el 18 de diciembre de 2014, por esta Sala Constitucional, atinente a la estadía a derecho de las partes en sede de casación laboral.
En tal sentido, esta Sala aprecia, tanto de los alegatos expuestos por la parte solicitante así como de la revisión efectuada de las actas consignadas en el expediente, lo siguiente:
El abogado José Salcedo actuando en representación de la ciudadana María Elena Covian Díaz, presentó ante la Sala de Casación Social escrito de formalización del recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el 24 de mayo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Circuito de Protección del Niños, Niñas y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 07 de enero de 2013, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial que declaró con lugar la demanda que por simulación fue interpuesta por la ciudadana María Alexandra Pérez-Vera Herrera, contra la sucesión del ciudadano Claudio di Pietro Calangelo.
Dicho recurso de casación fue admitido ante la Sala de Casación Social por auto dictado el 13 de junio de 2013, para darse cuenta en dicha Sala y designar ponente, el 16 de julio del mismo año.
Luego, el 06 de noviembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dicha Sala fijó la audiencia oral, pública y contradictoria para el 09 de diciembre de 2014 y llegada la oportunidad de la celebración de la audiencia en virtud de la incomparecencia de la parte demandada-recurrente se declaró desistido el recurso de casación interpuesto, en el fallo objeto de revisión. 
Ahora bien, de lo antes expuesto esta Sala aprecia que habiendo la parte demandada recurrente formalizado su recurso de casación a tenor de lo dispuesto en el artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, le correspondía a la Sala de Casación Social “transcurrido el lapso de veinte (20) días consecutivos” fijar la oportunidad para la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria.
Al respecto, esta Sala aprecia que dicha norma dispone lo siguiente:

Transcurrido el lapso de veinte días consecutivos establecidos en el artículo anterior, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia debe dictar un auto, fijando el día y la hora para la realización de la audiencia, en donde las partes deben formular sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria. Puede promoverse prueba únicamente cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma cómo se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia; la promoción se hará en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar.
La audiencia podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de despacho, hasta que se agotare el debate, con la aprobación de los magistrados y magistradas. En todo caso, si no fuere suficiente a audiencia fijada para agotar completamente el debate, éste debe continuar el día siguiente y así cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo.
Si la parte recurrente no compareciere a la audiencia, se debe declarar desistido el recurso de casación y el expediente será remitido al Tribunal correspondiente Resaltado de esta decisión.


Al efecto, esta Sala considera preciso advertir que esta disposición establece el lapso de veinte días consecutivos para que la Sala de Casación Social dicte el auto mediante el cual fija la oportunidad, es decir, el día y la hora en que se llevará a cabo la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria, basado ello sobre la premisa de que las partes se encuentran a derecho, lo cual no sucedió en el presente caso, pues resulta más que evidente que desde el 16 de julio de 2013, cuando la Sala de Casación Social dio cuenta del asunto y se designó la ponencia hasta el 06 de noviembre de 2014, cuando se dictó el referido auto mediante el cual se fijó la audiencia pública y contradictoria, prevista en el artículo previamente transcrito había transcurrido más de un año, al no haberse producido el acto, por lo que se entiende que la causa estuvo paralizada, por lo cual, necesariamente deben ser notificadas las partes para su continuación, en aras de resguardar la seguridad jurídica respecto de la capacidad subjetiva de las partes.
En tal sentido, esta Sala en sentencia n.°  956 del 01 de junio de 2001, caso: Frank Valero González y otro, precisó:

(…) Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
Ese es el criterio que gobierna al artículo 257 eiusdem. Las partes se encuentran a derecho mientras en el proceso corren los plazos para sentenciar, pero transcurridos estos términos sin fallo alguno, ellas dejan de estar a derecho, por lo que deberán ser notificados, a fin que corran los lapsos para interponer los recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente. Tal notificación se ordena de oficio, debido al carácter de director del proceso que tiene el juez, ya que es a él a quien es atribuible la dilación (negrita propia del fallo).

Por otro lado, en sintonía con lo anterior esta Sala Constitucional con el fin de garantizar el derecho a la defensa de las partes dictó criterio vinculante en cuanto a la estadía a derecho de las partes en sede de casación laboral, en la sentencia número 1857 del 18 de diciembre de 2014, caso: Miguel Ángel de Donato Quintero y citado por la parte solicitante donde al respecto, sostuvo lo siguiente:

(…) Sin embargo, casos como el que aquí nos ocupa han hecho a esta Sala reflexionar sobre la postura que hasta la fecha ha mantenido respecto a que la estadía a derecho de las partes en sede de casación laboral hace innecesaria su notificación para la celebración de la audiencia pública y contradictoria, pues existen determinadas circunstancias no imputables a las partes, que originan dilaciones excesivas e interrumpen esa estadía a derecho que, en definitiva, incide en el ejercicio de los derechos a la defensa a la tutela judicial efectiva.
Así las cosas, teniendo como norte el principio teleológico contemplado en la norma constitucional contenida en el artículo 257, según el cual el proceso debe ser instrumentalizado para la consecución de la justicia; esta Sala Constitucional considera necesario reexaminar el criterio según el cual, en sede de casación laboral, las partes se encuentran a derecho y por tanto no es necesaria su notificación, pues existen situaciones que generan una evidente paralización de las causa que ameritan la notificación de las partes para su reanudación.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala exceptúa de la aplicación del anterior criterio, a aquellos casos en los cuales en la Sala de Casación Social existan dilaciones excesivas en la fijación de la oportunidad en que se celebrará la audiencia oral y pública, además se asigne el conocimiento del asunto a Salas distintas a la natural que genere inseguridad jurídica por violación del principio de la confianza legítima, con eventual afectación al derecho a la defensa de los justiciables y adicionalmente se hayan alegado el menoscabo de la salud, como ocurrió en el presente caso, por lo que, en tales circunstancias, se debe notificar a las partes para la reanudación del juicio.
En este sentido, la regla general de que las partes están a derecho tiene su excepción cuando dispone -salvo los casos expresamente señalados en esta Ley- ; de lo cual se deriva que ante una evidente paralización de la causa, debe observarse lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que permite aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, que en el caso en concreto serían las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que regula en su artículo 14, lo concerniente a la prosecución de las causas en aquellos casos en los cuales, por cualquier motivo se paralicen(…).

Al respecto, esta Sala observa que en las actas que conforman el  presente expediente se pudo constatar que dicho recurso fue tramitado bajo el expediente n.° 13-945 de la nomenclatura de la Sala de Casación Social, el cual fue admitido por auto dictado el 13 de junio de 2013, para darse cuenta en dicha Sala y designar ponente, el 16 de julio del mismo año. Siendo hasta el 06 de noviembre de 2014, cuando se dictó el referido auto mediante el cual se fijó la audiencia pública y contradictoria, para ser declarado desistido el mismo el 09 de diciembre de 2014, en sentencia n.° 2004, del 17 de diciembre de 2014, dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera que en el presente caso la Sala de Casación Social no estaba obligada a aplicar el criterio vinculante contenido en la sentencia n° 1857 del 18 de diciembre de 2014, caso: Miguel Ángel de Donato Quintero, por cuanto el mismo está circunscrito a la materia laboral; sin embargo, en el fallo impugnado se infringió el debido proceso y la seguridad jurídica, pues se inadvirtió lo que ha sostenido esta Sala Constitucional, como máxima cúspide de la jurisdicción constitucional, respecto a la necesidad de notificación de las partes cuando se produce la ruptura a derecho de las mismas en el proceso, como sucedió en el caso de autos, máxime en una materia de especial relevancia, por tratarse de asunto donde están involucrados los derechos sociales y de la familia.
Al efecto esta Sala aprecia que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece los principios del nuevo proceso en materia de niños, niñas y adolescentes, desatancándose la oralidad, la uniformidad, la sencillez, la brevedad, la promoción de medios alternativos de resolución de conflicto entre otros. Nutriéndose de la excelente experiencia de la referida Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pero corrigiendo sus pequeños vacíos y errores, con cambios novedosos dirigidos a crear un nuevo proceso especializado en materia de niños, niñas y adolescentes, con estricta sujeción a lo previsto en el artículo 78 de nuestra Carta Magna, en aras de garantizar que las partes encuentren una verdadera respuesta oportuna en un tiempo breve sin mayores complicaciones, es decir, es una apuesta por hacer efectivo el acceso a la Justicia de todos con prioridad absoluta de atención en los niños, niñas y adolescentes.
Siendo ello así, esta Sala plantea como bien lo hizo en el citado criterio vinculante, que los casos de las audiencias orales, públicas y contradictorias que dispone el antes transcrito artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, merecen especial atención cuando luego de haber transcurrido un lapso tan prolongado, la consecuencia eventual es la incomparecencia de alguna de las partes, trayendo consigo una sanción para la parte recurrente de declarar desistido el recurso de casación. Cuando efectivamente hubo el rompimiento de la estadía a derecho de las partes como bien lo explicó la sentencia n.° 956, antes citada que al respecto señala: “…Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes”; trayendo consigo la obligación por parte del sentenciador, en este caso de la Sala de Casación Social de notificar a las partes para la reanudación del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
  Esta Sala Constitucional advierte, que en principio mantiene el criterio según el cual para la sustanciación del recurso de casación no se requiere de nueva notificación de las partes, en virtud de que la Ley especial que rige la materia sólo exige en su artículo 489-F, que “…Transcurrido el lapso de veinte días consecutivos” se dicte un auto, fijando el día y la hora para la realización de la audiencia, en donde las partes deberán formular sus alegatos y defensas, ello así en sintonía con lo previsto en el artículo 78 de nuestra Carta Magna, en aras de garantizar que las partes encuentren una verdadera respuesta oportuna en un tiempo breve sin mayores complicaciones.
Por lo tanto, casos como el decidido en sede de casación laboral y ahora en el presente caso, hacen reflexionar a esta Sala Constitucional sobre la postura que ha tenido hasta la fecha en cuanto a la estadía a derecho de las partes en sede de casación de niños, niñas y adolescentes, respecto de la innecesaria notificación para la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria, pues existen circunstancias no imputables a los involucrados, que originan dilaciones excesivas e interrumpen esa estadía a derecho de las partes, que en definitiva atentan contra el ejercicio de los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.
Así las cosas, teniendo como norte el principio teleológico contemplado en la norma constitucional contenida en el artículo 257, según el cual el proceso debe ser instrumento fundamental para la realización de la justicia; esta Sala Constitucional considera necesario reexaminar el criterio, según el cual en sede de casación de niños, niñas y adolescentes, las partes se encuentran a derecho y por tanto, no requieren de nueva notificación, esta Sala considera que existen situaciones capaces de generar una evidente paralización de la causa lo que ameritan la notificación de las partes para su reanudación y consecuente, prosecución. 
En este sentido, la regla general prevista en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil que estipula que las partes están a derecho tiene su excepción cuando expresamente dispone-salvo los casos expresamente señalados en esta Ley-; de lo cual deriva que ante una evidente paralización de la causa, debe observarse lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, que permite aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, que en el caso en concreto serían las contenidas en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, que regula lo concerniente a la reanudación de la causa en aquellos casos en los cuales, por cualquier motivo se paralicen.
Ello así esta Sala Constitucional considera que la Sala de Casación Social debió tomar en cuenta que la causa se paralizó por lo que hubo el rompimiento de estadía a derecho de las partes, en consecuencia, debió notificar a las partes de la oportunidad en la cual se fijaría la celebración de la audiencia oral o en su defecto de la notificación de las partes de la fijación efectuada de la celebración de la audiencia oral, por cuanto la estadía a derecho de las partes, no es por tiempo indeterminado, resultando con ello violatorio de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a una tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, de la parte que solicitó la presente revisión constitucional.
Partiendo de todo lo antes expuesto, esta Sala Constitucional declara HA LUGAR  la presente solicitud de revisión de la sentencia n.° 2004 dictada el  09 de diciembre de 2014 y publicado su extenso el 17 del mismo mes y año, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró desistido el recurso de casación ejercido contra la sentencia definitiva dictada el 24 de mayo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Circuito de Protección del Niños, Niñas y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 07 de enero de 2013, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial que declaró con lugar la demanda que por simulación fue interpuesta por la ciudadana María Alexandra Pérez-Vera Herrera, contra la sucesión del ciudadano Claudio di Pietro Calangelo.
Conforme al criterio contenido en la presente decisión, esta Sala Constitucional ANULA la sentencia n.° 2004 dictada el  09 de diciembre de 2014 y publicado su extenso el 17 del mismo mes y año, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia y, en consecuencia, REPONE la causa que dio origen a la presente solicitud al estado de que, se fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria que se refiere el artículo 489-F de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, previa notificación de las partes de la reanudación de la causa. Así se decide.
Por tanto, atendiendo a ello, y en casos como el analizado, esta Sala Constitucional estima pertinente establecer, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República, lo siguiente: respecto del citado artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que:
“En los casos en los cuales existan dilaciones excesivas que generen incertidumbre respecto de la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el artículo 489-F de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante la Sala de Casación Social en materia de niños, niñas y adolescentes se deberá notificar a las partes para la reanudación del juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.  Así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1.  HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso el abogado José Salcedo Vivas, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA ELENA COVIAN DÍAZ, de la sentencia n.° RC. 2004, que dictó, el 09 de diciembre de 2014 y publicó su extenso el 17 del mismo mes y año, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ANULA. En consecuencia, se REPONE la causa al estado en que se fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, previa notificación a las partes de la reanudación de la causa.
2. ORDENA remitir copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
3Se REMITE copia de la presente decisión a la Imprenta Nacional para su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con la siguiente indicación: “Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se establece:
“En los casos en los cuales existan dilaciones excesivas que generen incertidumbre respecto de la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el artículo 489-F de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante la Sala de Casación Social en materia de niños, niñas y adolescentes se deberá notificar a las partes para la reanudación del juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.
4.  Igualmente, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,                                                         

























http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/181132-1134-14815-2015-15-0667.HTML














Acerca de los presupuestos para dictar una medida privativa de libertad: "el solo hecho que el delito imputado merezca pena privativa de libertad igual o mayor a 10 años, no implica per se que el juez deba acordar la medida privativa" (Sala Constitucional)




Conoce la Sala de la acción de amparo constitucional ejercida contra el fallo dictado el 19 de enero de 2015, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante el cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Público, revocó la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal el 19 de diciembre de 2014, que había acordado a favor del ciudadano Justo Álvaro Valera, medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad y en tal sentido, se ordenó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad que le había sido dictada en la audiencia de presentación, ello en el marco del proceso penal que se le sigue al mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito contrabando de extracción.

Respecto a la admisibilidad de la presente acción de amparo, se observa que la misma cumple, prima facie, con todas las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, no se desprende de autos que la misma se encuentre incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 eiusdem, ni en las que contiene el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, conforme a los principios de economía y celeridad procesal, se estima pertinente realizar un análisis previo respecto a la procedencia de la solicitud de tutela constitucional, para lo cual se observa lo siguiente.

En el caso sub lite, la parte accionante expuso que “(…) SE OPONEN a la decisión tomada por la Sala Tercera de Apelación, porque aun estando fallos los cuadernillos enviados por ese Tribunal Tercero de Control con relación la decisión N° 1.779-2014, la sala tercera (sic) de la Corte de Apelación (sic) se pronunció y admite el Recurso de Apelación interpuesta (sic) por el abogado ROBERT GODOY MARTINEZ (sic), Fiscal Titular XVI del Ministerio Público Extensión Santa Bárbara de (sic) Zulia, y desestima la contestación de la apelación consignada por estas (sic) defensas privada, dado (sic) por admitido lo solicitado en el Recurso de Apelación interpuesto por la Vindicta Pública y ordenó la aprensión (sic)a nuestro defendido”.

Siendo el objeto de la acción de amparo interpuesta una decisión judicial, es oportuno verificar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece:

Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

De la norma que subyace en este precepto legal, se deduce que será procedente esta modalidad de acción de amparo constitucional en aquellos casos en los que un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional (Vid. Sentencia N° 3.102 del 20 de octubre de 2005).

Ello así, observa la Sala que en el caso de autos la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en ejercicio de la potestad que le confiere el Código Orgánico Procesal Penal, de conocer las apelaciones de autos (artículos 439), se pronunció sobre la apelación y, actuando en el marco de su arbitrio jurisdiccional, previa valoración de las circunstancias de hecho y de derecho en ese caso, estimó soberanamente que la decisión recurrida no se encontraba ajustada a derecho en lo que se refiere a la sustitución de la medida privativa de libertad que se otorgó al quejoso de auto.

Ciertamente, la referida Corte de Apelaciones estimó que  “(…) en el caso sub examine, el Juez de Control efectivamente no estableció si los motivos o circunstancias que fundamentaron la medida de coerción personal (privativa de libertad) habían variado o si habían surgido nuevas circunstancias que así lo justificaran, sólo se limitó a transcribir lo expuesto por la defensa en su solicitud para luego ordenar la inmediata libertad del ciudadano JUSTO ÁLVARO VALERA, no siendo esto un fundamento suficiente para proceder a sustituir la medida de privación de libertad”. Es decir, producto de su propia actividad juzgadora, realizó una análisis respecto al fundamento y motivación que efectuó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, para acordar la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad del quejoso en amparo, fijando la errónea interpretación de las disposiciones legales que regula dicha materia, en que habría incurrido dicho órgano judicial.

Al respecto, debe destacarse que esta Sala, en la sentencia N°  492 del 1 de abril de 2008, caso: “Diana Carolina Mora Herrera”, estableció lo siguiente:

“…esta Sala debe reiterar que al Juez Constitucional no le corresponde determinar en cada caso si concurren o no los presupuestos contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la adopción -o mantenimiento- de la medida de privación judicial preventiva de libertad, toda vez que tal facultad le corresponde exclusivamente a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, dado el papel nuclear que posee el derecho fundamental a la libertad personal en el modelo de Estado consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la medida de coerción personal antes indicada debe ser dictada con todas las garantías, de manera razonada y sometida al control de las Cortes de Apelaciones, siendo que éstas deberán revisar si la medida resultó o no inadecuada o desproporcionada. De igual forma, advierte esta Sala que la vía por la cual la alzada penal efectuará tal revisión es fundamentalmente el recurso de apelación (sentencia n° 1.998/2006, de 22 de noviembre)…”.

Al respecto, debe acotarse que tal como lo ha establecido esta Sala, la actividad que realiza el juzgador al decidir, si bien debe ajustarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes, al resolver una controversia, le confiere un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual puede interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole manifiestamente derechos o principios constitucionales, lo cual no ocurre en el presente proceso (vid. Sentencia N° 3.278 del 26 de noviembre de 2003, entre otras).
En este orden de ideas, en sentencia N° 897 del 2 de agosto de 2000, esta Sala señaló lo siguiente:

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que la acción de amparo procede cuando exista una violación o una amenaza de violación de cualquiera de los derechos o de las garantías constitucionales; sin embargo, existen casos en los cuales la particular situación esbozada por sí misma demuestra que no es violatoria del derecho o la garantía protegidos por la Carta Magna, por lo cual, la acción es a todas luces improcedente, por lo que carecería de todo sentido admitirla y realizar todo un procedimiento judicial cuando la misma extraña el motivo de su protección.
De presentarse tal circunstancia y procederse igualmente a admitir la solicitud, por la dificultad de no poder fundamentar la inadmisibilidad de dicha acción en alguno de los numerales del artículo 6, sería tan perjudicial y nocivo como inadmitir sin haber analizado por separado cada una de dichas causales.

Como corolario de lo anterior, la Sala considera que no concurren en el presente caso los requisitos de procedencia de la acción de amparo, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por tanto, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, es deber de esta Sala declarar improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

Por último, la Sala estima necesario precisar que la presunción de peligro de fuga contenida en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un presupuesto procesal conforme al cual los “hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”, genera una presunción de peligro de fuga del imputado. No obstante ello, debe aclararse que, tal circunstancia por sí sola no resulta suficiente para que el juez acuerde la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el Ministerio Público, pues para ello es necesario “que concurran las circunstancias del artículo 236” del Código Orgánico Procesal Penal, de modo tal que el solo hecho que el delito imputado merezca pena privativa de libertad igual o mayor a 10 años, no implica per se que el juez deba acordar la medida privativa judicial preventiva de libertad. Por ello, la Sala hace un llamado a los jueces para que previo a acordar una medida de privación judicial preventiva de libertad u otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad ajusten su actuación a lo establecido en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y al jurisprudencia de esta Sala (vid. Sentencia N° 492/08), los cuales deben aplicarse de forma armónica para el fiel cumplimiento de su finalidad que no es otra que la debida administración de justicia.

V
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declaraIMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida por las abogadas Adrealy Pernía y Yeisy Orozco, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 205.663 y 121.781, respectivamente, en su carácter de defensoras privadas del ciudadano JUSTO ÁLVARO VARELA, titular de la cédula de identidad N° 15.235.687, contra el fallo dictado el 19 de enero de 2015, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante el cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Público, revocó la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal el 19 de diciembre de 2014, que había acordado a favor del referido ciudadano medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad y en tal sentido, se ordenó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad que le había sido dictada en la audiencia de presentación, ello en el marco del proceso penal que se le sigue al mencionado ciudadano por la presunta comisión del delito de contrabando de extracción.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.







http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/181102-1115-14815-2015-15-0774.HTML















viernes, 21 de agosto de 2015

Consideraciones sobre la distribución de las apelaciones en materia de Niños y Adolescentes (Sala Constitucional)



"Sala exhorta Constitucional exhorta a los Circuitos Judiciales de los Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que desistan de la inconveniente práctica de librar dos (2) oficios a un mismo tenor; en ese sentido, será suficiente que el oficio se dirija o bien al encargado de la Unidad o bien al Superior, según lo estimen conveniente, con el propósito de no hacer incurrir en error a las partes ni distorsionar el manejo del expediente. Asimismo, la conveniencia de informar en el sistema la existencia de uno o varios cuadernos separados en el expediente."


martes, 18 de agosto de 2015

Sala Constitucional prohíbe "...el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros en el Municipio Libertador de Mérida, Estado Bolivariano Mérida”



"...Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional, el 18 de febrero de 2015, los ciudadanos DAVID PALIS FUENTES, JAVIER ANTONIO LÓPEZ CERRADA, LUCELIA CASTELLANOS, LAURIE ANNIE MENESES SIFONTES, ENEIDA FERNANDEZ y CARMEN CRISTINA ODREMAN MARTÍNEZ, venezolanos, mayor de edad, inscritos e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 26.023, 84.543, 145.484, 181.135, 79.059 y 161.030, respectivamente, el primero en su condición de Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, tal como se evidencia de la Resolución N°DdP-2015-005, y el resto como defensores y defensoras adscritos y adscritas a la referida Dirección General, según consta en las Resoluciones nros. DdP-2015-020, DdP-2015-027, DdP-2015-026, DdP 2015-024 y DdP-2015-022, en su orden, publicadas en las Gacetas Oficiales N° 40.577, de fecha 9 de enero de 2015 y N° 40.582, de fecha 16 de enero de 2015, respectivamente, actuando en representación del ciudadano Tarek Willians Saab, en su carácter de DEFENSOR DEL PUEBLO de la República Bolivariana de Venezuela, según consta de la designación publicada en la Gaceta Oficial N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, ocurrieron a esta Sala, a los fines de interponer “RECURSO DE NULIDAD POR RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR contra el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida, publicada en Gaceta Oficial Municipal Extraordinaria Nro. 03, Año II, de fecha 22 de enero de 2015”, según alegan, “por constituir una amenaza al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes del Municipio Libertador del estado [Bolivariano de] Mérida, consagrado en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y atentar contra el principio del interés superior del niño, niña y adolescentes contenido en el articulo 78 eiusdem, el cual se ha vulnerado con las disposiciones contenidas en la ordenanza objeto de la acción que nos ocupa”.
El 18 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
El 17 de marzo de 2015, se reasignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada Dra. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión. 
         El 18 de marzo mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, mediante la cual la abogada ENEIDA FERNÁNDES DA SILVA, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, solicita pronunciamiento en cuanto a la admisión de la presente causa.

I
DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La disposición cuya constitucionalidad se cuestiona ante esta Sala, es la contenida en el artículo 2 de la “Ordenanza Taurina de Mérida”, cuyo tenor es el siguiente: 
Artículo 2.- A los fines de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la interdependencia e indivisibilidad de los derechos así como el ejercicio progresivo, libre desarrollo de la personalidad; derechos a la integridad personal y la protección de un entorno sano de los niños, niñas y adolescentes, se garantizará el acceso de los niños y niñas de menos de doce (12) de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Igualmente se garantizará el acceso de los adolescentes de doce (12) años a menos de catorce (14) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Del mismo modo se garantizará el acceso de los adolescentes de catorce (14) años a menos de dieciocho (18) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros «Román Eduardo Sandia”, sin la compañía de sus padres o representantes legales”.
Al respecto, alega el solicitante de autos lo siguiente:
Que “el artículo transcrito, corresponde a la regulación del ingreso de las personas a los espectáculos taurinos, por lo cual se concedió a los niños, niñas y adolescentes la facultad para asistir a los espectáculos taurinos que se realicen en ese Municipio, dependiendo de la edad, en compañía y bajo la supervisión de sus padres o responsables, en virtud de que a consideración de los redactores de la norma constituye una forma de garantizar el desarrollo progresivo de sus derechos y su formación integral”.
Que “en la Exposición de motivos de la Ordenanza impugnada se sostiene que “se legisla de manera exhaustiva sobre los derechos de los aficionados tomando como base el derecho humano a la Cultura consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela extendido a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la vigente Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (…)” razón por la cual, a su criterio existe afinidad y concordancia de los preceptos enunciados en dicha Ordenanza con la Carta Magna y la Ley Especial que rige la materia de niños, niñas y adolescentes; pudiéndose desprender de ello, que los legisladores locales pretenden aseverar que la normativa impugnada procura el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y constituye un instrumento que promueve valores culturales necesarios para la adecuada y óptima formación de éstos”.
Que “al asumirse como valores superiores del Estado la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos, se asume como guía del actuar de éste la inclusión y protección de los grupos más vulnerables de la sociedad en el marco de los derechos humanos y del respeto a su dignidad, a objeto de equilibrar las condiciones y oportunidades para que todos los miembros de la sociedad puedan alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad y disfrutar de una vida en paz y felicidad.”
Que “en consecuencia, esta nueva visión de Estado trajo consigo un nuevo enfoque de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, incorporando de forma sistemática la doctrina de protección integral para éstos, para lo cual la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció en el artículo 78 que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, y por ende el Estado, la sociedad, la familia deben tenerlos como personas plenas, debiendo respetarlos, no vulnerando sus derechos, sino por el contrario garantizando su desarrollo íntegro, es decir, físico, psíquico y moral”.
Que “en consonancia con lo anterior, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 8, protege el disfrute pleno de sus derechos y garantías. En consecuencia, el Estado, la sociedad y la familia deben brindar una protección integral, de allí que cualquier conducta contraria al interés superior del niño, niña y adolescente es vulnerar sus derechos humanos.”

IMPORTANTE: Sala Constitucional suspende las ejecuciones de desalojos forzosos en causas inquilinarias y dicta otras medidas cautelares





“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que suspende las ejecuciones de desalojos forzosos en causas inquilinarias hasta que proceda a la reubicación del inquilino, y en el caso de viviendas propiedad de multiarrendadores que tengan más de veinte años dedicadas al arrendamiento, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta. Se suspende también las ejecuciones de desalojos en todos aquellos procesos iniciados a solicitud del SUNAVI. Se constituyen una mesa regionales que rindan informe a la Sala de los aspectos señalados en la decisión.




"...Respecto de la legitimación de los demandantes, la Sala aprecia que la legitimación para el ejercicio de la demanda de amparo por intereses colectivos, “además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo. Tanto particulares como personas jurídicas cuyo objeto sea la protección de tales intereses.(s. S.C. n.º 656 del 30 de junio de 2000, caso: Dilia Parra Guillén)Criterio que se ratificó en el fallo 3648 del 19 de diciembre de 2003 (caso: Fernando Asenjo Rosillo y otros)en los siguientes términos:
LEGITIMACIÓN PARA INOCAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos.
Ahora bien, en materia de indemnizaciones por intereses colectivos, ellas sólo pueden ser pedidas por las personas jurídicas para sus miembros constituidos conforme a derecho, y los particulares para ellos mismos, al patentizar su derecho subjetivo, sin que otras personas puedan beneficiarse de ellas; pero en lo referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento de una situación común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifestaren.
En ambos casos (derechos o intereses difusos y derechos o intereses colectivos) el número de personas reclamantes no es importante, sino la existencia del derecho o interés invocado.
En el caso bajo análisis los demandantes afirmaron ser inquilinos e inquilinas en riesgo de ser desalojados y/o en ocupación de un inmueble con más de veinte años de arrendado y lo demostraron mediante la consignación de copia simple de los expedientes de los juicios inquilinarios en que figuran como demandados y la Asociación Civil demandante consignó en los autos copia certificada de sus estatutos sociales en los que constan que dicho ente tiene por objeto “la participación protagónica como poder popular en el diseño e implementación de políticas revolucionarias, socialistas y autogestionarias en el campo de la vivienda y el hábitat en especial en materia arrendaticia”, razón por la cual puede afirmarse que los demandantes forman parte del colectivo afectado, y tienen legitimación para demandar el amparo en defensa de los intereses colectivos de los arrendatarios y arrendatarias. Así se declara.
Además de ello, la Sala aprecia que la presente acción, en fin, no está incursa en causal alguna de inadmisibilidad. Así se declara.
En consecuencia, se admite la demanda bajo análisis. Así se decide.
IV
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del Capítulo II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, inscrito en el Título XI, denominado“Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su seno.
Lo anterior permite traer a colación lo expuesto en la sentencia n° 1.025 del 26 de octubre de 2010 (caso: “Constitución del Estado Táchira”)que estableció, respecto de los proveimientos cautelares dictados con fundamento en dicho artículo que:
“La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta.
Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.
Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público”.
En relación con el pedimento cautelar de autos la Sala aprecia que con la sentencia del n.° 1213, del 3 de octubre de 2014, tal como puede advertirse, partió del supuesto de que la SUNAVI, en una materia tan sensible, está obligada a emitir pronunciamiento y no debe obviar las oportunas gestiones reubicatorias a arrendatarios de vivienda que así lo requieran.
De igual manera, a través de ese pronunciamiento, esta Sala pretendió tutelar los derechos fundamentales de las personas sobre las cuales recae sentencia de desalojo y del resto de los sujetos procesales, a través del establecimiento de un lapso perentorio para que la SUNAVI, dispusiera la provisión de al menos un refugio para aquellas personas, y, a su vez, para poder proteger los derechos de los sujetos a favor de los cuales se inclinó, en un momento determinado, la balanza de la justicia, conforme a las previsiones constitucionales y legales correspondientes, sin dejar de mencionar el derecho del pueblo venezolano a una administración de justicia que realmente haga garantizar el cumplimiento de las decisiones que dicte.
Se advierte que, el lapso dispuesto para la ejecución del desalojo es referencial, y sólo aplicaría en aquellos casos en que la SUNAVI no diera respuesta al Juez, y aun en el supuesto de que no se obtenga respuesta para la reubicación habitacional del arrendatario, señala que el proceso se llevará a cabo “sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional”.
Aunado a ello, la referida sentencia contiene otros criterios que aseguran el cumplimiento de las garantías que evitan los desalojos arbitrarios, en plena correspondencia con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y demás previsiones jurídicas. Concretamente, la sentencia hizo varios razonamientos a favor de las garantías que protegen a los arrendatarios de desalojos arbitrarios:
1.- En general sobre la materia “antidesalojos arbitrarios”:
1.1.- Prevalece en el Estado de Derecho y de Justicia, el valor de solidaridad:
“…el fundamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas obedeció a una medida de gobierno dada la situación de emergencia que se presentó en el país por las fuertes lluvias acaecidas durante el último trimestre del año 2010, que ocasionaron severos daños a la infraestructura habitacional existente, dejando un número considerable de familias damnificadas, lo que provocó una crisis inmobiliaria que de una forma u otra ha impedido que los sectores más vulnerables de la población tengan acceso a una vivienda digna, razón por la cual, el Estado erigió políticas tendentes a la construcción y dotación de viviendas a la clase media y a personas en situación de pobreza relativa y pobreza crítica. Tales razones, obligan a hacer prevalecer en el estado de Derecho y de Justicia el valor de solidaridad que promulga el Preámbulo de nuestra Constitución.
1.2.- Se reconoce el régimen de protección de la vivienda contra hostigamientos, amenazas y desalojos arbitrarios en la relación de arrendamiento:
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (Gaceta Oficial n.° 39.668 del 6 de mayo de 2011) establece un régimen especial de protección de la vivienda como valor social, tendente a evitar hostigamientos, amenazas y ejecuciones de desalojos arbitrarios en perjuicio de las personas ocupantes de los inmuebles y a garantizar el derecho a la defensa; ello como expresión del Estado como garante del disfrute pleno de los derechos fundamentales; y lógicamente quien sin demostrar condiciones de necesidad y acredite la propiedad de un inmueble no podría invocar en su beneficio las disposiciones establecidas en el referido instrumento legal”.
1.3.- Referencia al procedimiento administrativo de primer grado para la ejecución de las decisiones:
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas instituye un procedimiento administrativo de primer grado para la ejecución de las decisiones que comporten la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, que se inicia ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, por órgano de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, con el objeto de instar a las partes involucradas a una conciliación para la resolución de la controversia”.
1.4.- Suspensión legal del curso de la causa:
“Conforme al artículo 13 del referido cuerpo normativo, la ejecución de las decisiones que ordenan el desalojo de un inmueble precederá de una suspensión legal del curso de la causa (de 90 a 180 días hábiles), lapso durante el cual el funcionario judicial notificará al afectado por el desalojo y verificará que haya contado con la debida asistencia jurídica; asimismo, remitirá al Ministerio competente en materia de hábitat y vivienda una solicitud para la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva por el desalojo y su grupo familiar, si este manifestare no tener lugar donde habitar”.
1.5.- Lapso indeterminado, sin solución segura y efectiva para los sujetos procesales, para el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales (que se dictan en cumplimiento de la Constitución y de la Ley), para el aseguramiento de la respuesta efectiva por parte de la jurisdicción, ni para el correcto funcionamiento de la administración de justicia, por lo que, precisamente, en tutela de los intereses de todos los justiciables, integró el derecho, como un esfuerzo oportuno y necesario para procurar la resolución eficaz de una problemática coyuntural y especialmente sensible para la Justicia:
Ahora bien, esta Sala observa que la disposición en comento establece una prohibición expresa de la ejecución forzosa, hasta tanto se garantice el destino habitacional de la parte afectada, sin establecer un lapso determinado para ello, lo cual ha originado que en la práctica forense se susciten casos donde las ejecuciones de los fallos se dilaten por este motivo, situación que evidentemente contraría los postulados de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas que el artículo 26 del Texto Fundamental propende a proteger”.
En tal sentido, y tomando en consideración que los procesos judiciales deben resolverse en un plazo razonable y sin demora causada por la arbitrariedad e injustificada pasividad del juzgador o por la indebida influencia de terceros, esta Sala estima necesario armonizar el régimen administrativo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas con la ejecución de sentencia, ambas expresiones de derechos constitucionales. A tal efecto, tratándose de una actuación administrativa la Sala entiende necesario fijar un plazo perentorio vencido el cual el Tribunal se encuentre habilitado para ejecutar su decisión. Siendo así, en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone un lapso de 4 meses para que el ente administrativo, es decir, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda emita un pronunciamiento, más una prórroga de dos (2) meses si media un acto expreso que la declare, ha de ser ese el lapso racional y suficiente para que la ejecución de un fallo definitivamente firme que ordene el desalojo esté a la espera de que la autoridad administrativa garantice el destino habitacional del arrendatario. Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento expreso de la Administración, el juez entonces quedará habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia; sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional”.
Ahora, por las afirmaciones de los demandantes y por varias causas vinculadas que cursan ante diversos tribunales, incluso, ante este Máximo Tribunal de la República, en ejecuciones de desalojos se han remitido solicitudes de asignación de refugio, recibidas por el órgano correspondientes, antes de la publicación de la sentencia n.° 1213/2014, que no fueron resueltas después de siete meses de haber sido recibidas (tiempo que, inclusive, ha trascendido el lapso que estableció la referida sentencia), generándose algunas dilaciones que deben ser y que pretendieron ser evitadas por esta Sala, a través de la mencionada decisión.
No obstante, tal circunstancia la Sala advierte que, aún cuando el referido criterio asentado en sentencia n.° 1213/2014, determinó un impulso en la garantía de los derechos de todas las personas, probamente por la complejidad del asunto, a pesar de los inéditos esfuerzos del Estado venezolano, durante los últimos tres lustros, para construir y entregar viviendas a quienes las necesiten, y, en fin, tutelar ejemplarmente el derecho a la vivienda, llegando a sustituir, en gran medida, los desalojos por las reubicaciones (para quienes las necesiten), como elemento cardinal de un Estado Social de Justicia, entre otros atributos constitucionales, aún existen algunos casos en los que no se ha dado la respuesta oportuna a las personas que requieren de la intervención del máximo organismo inquilinario, -concretamente esta Sala conoce por notoriedad judicial que en el expediente n.° 15-0018 de la numeración de esta Sala se solicitó la reubicación en junio de 2014 y a la fecha de expedición de las copias certificadas del expediente incorporado a los autos, el 7 de enero de 2015, la SUNAVI, pasados los seis meses de a que se refiere el fallo n.° 1213 no había dado respuesta-, para seguir sustituyendo, en la praxis, la figura de los desalojos por la de las reubicaciones, es decir, para continuar profundizando el cambio de paradigma que implica pasar de la afectación del derecho a la vivienda de unos, para garantizar a otros tal derecho, por el de la garantía de ese derecho a todos, aun cuando el orden jurídico estime, en algunos casos, que deben devolver el bien arrendado.
En virtud de ese cambio de paradigma, en caso de que se determine que el afectado por la ejecución no tiene una vivienda, el Estado ha asumido, desde la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la tarea de proveerle de una solución habitacional.
Obviamente, tal circunstancia exige una nueva respuesta por parte de esta Sala, encaminada a continuar procurando la garantía integral de los derechos de todos los sujetos procesales, con énfasis primario en la tutela del derecho a la vivienda.
Por tal razón, esta Sala, consciente de la complejidad de la garantía del derecho a la vivienda, con el objeto de continuar su tutela eficaz, decreta de oficio, en aras de la conceptualización concluyente del plazo razonable en el que pudiera proveerse de refugio digno o solución habitacional a las personas sobre las que, de acuerdo con la legislación vigente, deban ser reubicadas por decisión judicial, se ordena al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda, que en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos contados a partir de la publicación del presente fallo, constituya una mesa de trabajo entre la SUNAVI, los movimientos sociales en defensa de los inquilinos y de los propietarios, el Ejecutivo Nacional, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial a través del representante que designe la Junta Directiva de esta Máximo Tribunal y cualquier otra entidad vinculada con ese asunto a conformar la mesa nacional, en cuyo seno los participantes podrán designar representantes en el ámbito estadal, a objeto de elaborar y aplicar un protocolo de actuación conjunta y corresponsable que permita revisar y brindar solución integral en todas las causas que se encuentren en estado de ejecución, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para efectuar las reubicaciones de los inquilinos afectados por medidas de desalojo, y, por ende, produzca un informe preliminar sobre tales aspectos, que deberá ser consignado ante esta Sala, en plazo de tres (3) meses contados a partir del vencimiento del lapso de treinta (30) días antes establecido, luego de lo cual iniciará el lapso de tres (3) meses adicionales para la presentación del informe definitivo en el que consten las resultas de esa mesa de trabajo nacional (y de las regionales si se constituyeren como órganos de apoyo de la mesa principal), a objeto de un pronunciamiento definitorio de este Máximo Tribunal, y, por ende, todos los casos que a esa fecha ya estén resueltos con las reubicaciones efectivas, en trabajo jurídicamente compartido y corresponsable, cómo única forma temporal, para la solución de los conflictos interpersonales que determinaron, en cumplimiento de la ley, las ordenes de devolución de los inmuebles destinados a vivienda y la consiguiente reubicación de los arrendatarios que la requieran. Así se decide.
Respecto de la segunda medida preventiva que se solicita, la Sala aprecia que los demandantes denuncian la circunstancia de que una cantidad de inquilinos e inquilinas, pese a tener el derecho que se les ofrezca en venta el inmueble que habitan de acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, están a la espera de ser desalojados sin que el arrendador hubiese cumplido con la obligación de ofrecerles en venta el inmueble.
Ahora bien, esta Sala, consciente de que en materia de cumplimiento, resolución contractual y desalojo, la obligación a que se refiere la Disposición Transitoria Quinta no es parte del tema de decisión, pero la pérdida de la ocupación del inmueble producto de la desocupación forzosa  pudiera vulnerar a los inquilinos el derecho de adquisición, si lo tuvieren conforme al orden jurídico, considera necesario suspender preventivamente, y hasta tanto se resuelva esta acción en la definitiva, los desalojos forzosos, hasta tanto el SUNAVI no haya proveído refugio o solución habitacional o se determine que el arrendatario tiene un lugar donde habitar. No podrá procederse al desalojo en aquellos casos en que el inmueble sea propiedad de multiarrendadores, tal como los define el artículo 7 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, sin que el propietario hubiese cumplido con la obligación a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta. Así se decide.
En este particular se ordena a la mesa nacional, y a las regionales si se constituyeren, el levantamiento de una base de datos sobre todos los inmuebles constituidos en propiedad horizontal pertenecientes en su mayoría a un solo propietario, que tienen más de veinte años dedicados al arrendamiento; y de aquellos inmuebles que sin estar destinados a propiedad horizontal están compuestos por diversas unidades de vivienda susceptibles de aprovechamiento independiente que tengan salida a la vía pública directamente o a través de un determinado espacio común” (primer aparte del artículo 1° de la Ley de Propiedad Horizontal) que tengan más de veinte años dedicados al arrendamiento y determinar, respecto de éstos, las dificultades en torno constitución del condominio que permita la venta de las unidades. En ambos casos se establecerá la identidad tanto del propietario como del arrendador y la circunstancia de estar o no pendiente la ejecución de un desalojo en alguna de las unidades de vivienda. En orden a determinar cuáles son las dificultades y retos para el ofrecimiento en venta de los inmuebles antes descritos, su adquisición por los inquilinos y el establecimiento de vías claras para la consecución del objetivo planteado por la Disposición Transitoria Quinta, se ordena la convocatoria a la Mesa de Trabajo Nacional al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la Asociación Bancaria Nacional, a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, a las Alcaldías que componen el Área Metropolitana de Caracas, a la Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter civil y al Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos, para que en su seno establezca una metodología que permita i) la venta en el término más breve posible de los inmuebles a los que se refiere la mencionada disposición transitoria con las facilidades de financiamiento y precio que establecen la normas especiales en materia de vivienda; ii) el registro de documentos de condominio que permita la venta de los inmuebles a los que se refiere la Disposición Transitoria Quinta con las facilidades de financiamiento y precio que establecen la normas especiales en materia de vivienda; iii) en aquellos casos que la circunstancias determinen la imposibilidad de la venta en propiedad horizontal, el establecimiento de otras formas de adquisición de la propiedad que permita a los inquilinos el acceso a una solución habitacional definitiva con las facilidades de precio y financiamiento que establece la ley inquilinaria de viviendas.
En el caso de crearse mesas regionales, se incorporará a éstas a las Alcaldías de cada estado, el Cuerpo de Bomberos de la entidad y el representante que en cada región designe el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la Asociación Bancaria Nacional y a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Así se decide.
Por otra parte, se advierte que este Tribunal conoce por notoriedad judicial (s. Sala Plena n.° 8 del 30 de enero de 2014, caso: SUNAVI y n.° 14 del 15 de enero de 2015, caso: SUNAVI) que en ciertos casos la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda ha solicitado a los tribunales el desalojo como consecuencia de las resultas del procedimiento previo a la demandas a que se refieren los artículos 7 al 10 de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, por remisión del artículo 95 de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, casos en los que se ha designado a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas como competentes para la ejecución, en este contexto, la Sala considera necesario establecer que, en aquellos procesos en los que el desalojo se tramite a solicitud de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, también deberá suspender preventivamente tanto aquellas causas actualmente en trámite como en las que se propongan durante el curso de este juicio y hasta tanto se resuelva este amparo en la definitiva. Así se decide.
Finalmente, la Sala reitera que las medidas acordadas no representan un juicio definitivo sobre el caso, sino una presunción de buen derecho -fumus boni iuris- que obra en beneficio de los accionantes y del colectivo de inquilinos que se encuentran bajo los supuestos que dan lugar a la presente acción, la cual debe ser tutelada cautelarmente para evitar la concreción de un daño irreparable hasta tanto se defina el alcance de la obligación a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda y lo establecido en la parte final del artículo 13 de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda. Así se decide.
Por último, en aras de evitar que ocurran desalojos por vías de hecho o situaciones violentas, se ordena a los Cuerpos de policiales, nacionales, estadales y municipales competentes atender cualquier denuncia de hostigamiento contra los inquilinos, en especial aquellos casos en que se pretenda el desalojo por vías de hecho o las circunstancias sean propicias para dar lugar a hechos de violencia. Así se decide.


V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara:
1.- COMPETENTE y ADMITE la presente acción de protección de derechos e intereses colectivos y difusos.
2.- ACUERDA las siguientes medidas cautelares:
2.1 Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda, que en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos contados a partir de la publicación del presente fallo, constituya una mesa de trabajo entre la SUNAVI, los movimientos sociales en defensa de los inquilinos y de los propietarios, el Ejecutivo Nacional, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial a través del representante que designe la Junta Directiva de esta Máximo Tribunal y cualquier otra entidad vinculada con ese asunto a conformar la mesa nacional, en cuyo seno los participantes podrán designar representantes en el ámbito estadal, a objeto de elaborar y aplicar un protocolo de actuación conjunta y corresponsable que permita revisar y brindar solución integral en todas las causas que se encuentren en estado de ejecución, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para efectuar las reubicaciones de los inquilinos afectados por medidas de desalojo, y, por ende, produzca un informe preliminar sobre tales aspectos, que deberá ser consignado ante esta Sala, en plazo de tres (3) meses contados a partir del vencimiento del lapso de treinta (30) días antes establecido, luego de lo cual iniciará el lapso de tres (3) meses adicionales para la presentación del informe definitivo en el que consten las resultas de esa mesa de trabajo nacional (y de las regionales si se constituyeren como órganos de apoyo de la mesa principal), a objeto de un pronunciamiento definitorio de este Máximo Tribunal y, por ende, todos los casos que a esa fecha ya estén resueltos con las reubicaciones efectivas, en trabajo jurídicamente compartido y corresponsable, cómo única forma temporal, para la solución de los conflictos interpersonales que determinaron, en cumplimiento de la ley, las ordenes de devolución de los inmuebles destinados a vivienda y la consiguiente reubicación de los arrendatarios que la requieran.
2.2. SUSPENDE hasta tanto se resuelva esta acción en la definitiva, los desalojos forzosos, mientras la SUNAVI provea refugio o solución habitacional o se determine que el arrendatario tiene un lugar donde habitar. No podrá procederse al desalojo en aquellos casos en que el inmueble sea propiedad de multiarrendadores, sin que el propietario hubiese cumplido con la obligación a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda.
2.3 SUSPENDE las ejecuciones de desalojos derivadas de procesos administrativos realizados por la SUNAVI, tanto en aquellas causas actualmente en trámite, como en aquellas que se propongan durante el curso de este juicio y hasta que se dicte el fallo definitivo.
2.4 ORDENA a la Mesa Nacional y a las regionales, cuya constitución se implementó en este fallo, el levantamiento de una base de datos sobre todos los inmuebles constituidos en propiedad horizontal, que tienen más de veinte años dedicados al arrendamiento; y de aquellos inmuebles que sin estar destinados a propiedad horizontal están compuestos por “diversas unidades o locales susceptible aprovechamiento independiente que tengan salida a la vía pública directamente o a través de un determinado espacio común” que tengan más de veinte años dedicados al arrendamiento y determinar respecto de éstos las dificultades en torno a la constitución del condominio que permita la venta de las unidades en caso de ser requerido. En ambos casos se establecerá la identidad tanto del propietario y/o del arrendador y los inquilinos, así como la circunstancia de estar pendiente la ejecución de un desalojo en alguna de las unidades de vivienda.
2.5 ORDENA a la Mesa Nacional la convocatoria a dicha instancia al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la Asociación Bancaria Nacional, a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, a las Alcaldías que componen el Área Metropolitana de Caracas, a la Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter civil y al Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos para que en su seno establezca una metodología que permita i) la venta en el término más breve posible de los inmuebles a los que se refiere la mencionada disposición transitoria con las facilidades de financiamiento y precio que establecen la normas especiales en materia de vivienda; ii) el registro de documentos de condominio que permita la venta de los inmuebles a los que se refiere la Disposición Transitoria Quinta con las facilidades de financiamiento y precio que establecen la normas especiales en materia de vivienda; iii) en aquellos casos que la circunstancias determinen la imposibilidad de la venta en propiedad horizontal, el establecimiento de otras formas de adquisición de la propiedad que permita a los inquilinos el acceso a una solución habitacional definitiva con las facilidades de precio y financiamiento que establece la ley inquilinaria de viviendas. Se ORDENA además la incorporación a las mesas regionales, si se constituyeren, de las Alcaldías de cada estado, el Cuerpo de Bomberos de la entidad y el representante que en cada región designen el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la Asociación Bancaria Nacional y a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario.
3.- ORDENA se notifique mediante copia certificada de la demanda, la cual contendrá la orden de comparecencia al pié de página, a los presidentes de la CAMARA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN; LA CAMARA INMOBILIARIA DE VENEZUELA; y LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS (APIUR); así como al SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI).
4.- ORDENA notificar al Ministerio del Poder Popular con competencia de materia de Vivienda, de las medidas aquí dictadas, y que una vez que conste en autos la correspondiente notificación, comenzara a transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos para la constitución de la mesa de trabajo.
5.- ORDENA notificar, con copia certificada de este fallo, a las Rectorías de las Circunscripciones Judiciales en al ámbito nacional para que hagan del conocimiento de todos los Juzgados con competencia civil de su Circunscripción de la emisión de este fallo.
6.- ORDENA Notificar a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo de la existencia de este proceso, a los fines de que participen o no como terceros coadyuvantes, si lo estimaren conveniente.
7.- ORDENA notificar de esta demanda a la Procuraduría General de la República
8.- ORDENA a los Cuerpos de policiales, nacionales, estadales y municipales competentes, atender cualquier denuncia de hostigamiento contra los inquilinos, en especial aquellos casos en que se pretenda el desalojo por vías de hecho o estén en desarrollo circunstancias propicias para dar lugar a hechos de violencia
9.- ORDENA la publicación del texto íntegro del presente fallo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial en, cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que suspende las ejecuciones de desalojos forzosos en causas inquilinarias hasta que proceda a la reubicación del inquilino, y en el caso de viviendas propiedad de multiarrendadores que tengan más de veinte años dedicadas al arrendamiento, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta. Se suspende también las ejecuciones de desalojos en todos aquellos procesos iniciados a solicitud del SUNAVI. Se constituyen una mesa regionales que rindan informe a la Sala de los aspectos señalados en la decisión.
Luego de que conste en autos las correspondientes notificaciones, esta Sala proveerá lo concerniente a la sustanciación de la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de agosto de dos mil quince (2015). Años: 205º dela Independencia y 156º de la Federación.


La Presidenta






GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente


El Vicepresidente,






ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES


Los Magistrados,







FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

…/


…/




LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO








MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN






CARMEN ZULETA DE MERCHÁN








JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER


El Secretario,







                    JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

GMGA.
Expediente n.° 15-0484.











http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/181169-1171-17815-2015-15-0484.HTML











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