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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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lunes, 31 de julio de 2017

Interpretación del artículo 350 de la Constitución Nacional (Sala Constitucional)



DE LA PROCEDENCIA
1. La interpretación vinculante que hace esta Sala, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, puede estar referida, tal como la ha venido reconociendo desde su sentencia Nº 1077/2000, a los siguientes casos:
a) Al entendimiento de las normas constitucionales, cuando se alega que contradicen los principios constitucionales (como ha referido Bachof y han recogido tanto el Tribunal Federal Constitucional alemán y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica).

Sala de Casación Penal admite solicitud de avocamiento al asunto penal seguido contra los representantes de CREDICARD ante la competencia de delitos militares y ordena la suspensión del referido proceso.





DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

El Dr. Antonio J. Barrios Abad, quien alega actuar en su condición de defensor de los ciudadanos GERALDINE FRANCIS ABREU CUMARÍNBILBAO RANGEL LAURENTZI,JOSÉ MARÍA MONTAÑÉZ RODRÍGUEZVÍCTOR ALEJANDRO GAGO COUTY y CLARIÓN ADALBERTO SUÁREZ LÓPEZ, interpuso solicitud de avocamiento, en los siguientes términos:

“…a). De la incompetencia de los Tribunales Militares en razón del principio del Juez Natural (…) b). “Argumentos Jurídicos” esgrimidos por la Juez Militar para arroparse (sic) el conocimiento del caso (…) De los delitos. 1). Del delito de Traición a la Patria, previsto y sancionado en el Código (sic) de Justicia Militar (…) la imputación del delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, nace de un acta policial suscrita por un funcionario policial que NO SABE NADA DE TECNOLOGÍA NI DE SISTEMA y que llega a esa conclusión luego de haber leído un Manual; algo simplemente inconcebible. (…) b). Del delito de Sabotaje Electrónico. Señala el artículo 7 de la Ley

viernes, 28 de julio de 2017

Se dicta medida de prohibición de salida del país contra el Alcalde Carlos García y se convoca a audiencia constitucional (Sala Constitucional)





Visto que, el 7 de junio de 2017, la sentencia n° 371 del 24 de mayo de 2017 fue notificada al ciudadano Carlos García Odón, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida.

miércoles, 26 de julio de 2017

Solicitar el avocamiento y radicación en el mismo escrito produce su Inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones (Sala de Casación Penal)




Ahora bien, del escrito interpuesto por la defensa privada solicitante, se extrae que la misma invoca en el contenido de su escrito y finalmente en su petitorio, dos figuras procesales distintas, como lo son el avocamiento y la radicación, explicando lo siguiente: “…Se declare con lugar la Radicación de la Causa, por encontrarse llenos los extremos del artículo 63 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Proponiendo como sedes a radicar por la cercanía con el estado Zulia, los Circuitos Penales del Estado Lara o el de Falcón. 

martes, 25 de julio de 2017

Sala Constitucional decreta medida de prohibición de salida del pais al Alcalde Alfredo Ramos y acuerda celebrar audiencia constitucional




Visto que, el 7 de junio de 2017, la sentencia n° 400 del 1 del mismo mes y año fue notificada al ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara.
Visto que con ocasión de esa decisión, esta Sala Constitucional acordó requerir en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que practiquen en el Municipio Iribarren, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, dados los intereses colectivos tutelados.

Sala Constitucional declara la constitucionalidad de la nueva prórroga al Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica dictado por la Presidencia de la República. Igualmente declara nula cualquier actuación -no especificada, ni materializada a la fecha, de la Asamblea Nacional, destinada a desaprobar el Decreto, así como cualquier ley o acto de la Asamblea Nacional por mantenerse en desacato a las sentencias de la Sala Constitucional.




Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de la oportunidad que establece el artículo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n° 2.987 del 13 de julio de 2017 en el que se prorrogó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 2.849 del 13 de mayo de 2017), para lo cual se observa lo siguiente:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla varios extremos fundamentales de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales deben sujetarse los decretos mediante los cuales se declaran tales circunstancias extraordinarias (artículos 236, numeral 7, 337, 338 y 339).

jueves, 20 de julio de 2017

Se anula proceso de designación de Magistrados al TSJ adelantado por la Asamblea Nacional (Sala Constitucional)



5.- ADVIERTE a la Asamblea Nacional, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que se pretenda investir del cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, en abierta violación a las normas constitucionales y legales, que LA USURPACIÓN DE FUNCIONES está prevista como delito en el artículo 213 del Código Penal, y que los fallos son de obligatorio cumplimiento, so pena de las consecuencias jurídicas que el ordenamiento venezolano ha dispuesto para el respeto y mantenimiento del orden público constitucional y la preservación del sistema democrático.




abogado César Alexis Orta Lamon, en el escrito presentado ante esta Sala señaló lo siguiente:
Que, el 13 de junio de 2017, un grupo de diputados a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sin la aprobación de la mayoría calificada de los diputados y diputadas electos de dicha Asamblea, inició un procedimiento írrito para la designación de Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, procediéndose a la constitución y juramentación de un “comité de postulaciones judiciales, integrado por diputados y representantes de la Sociedad Civil”, cuya única finalidad radicó en sustituir a miembros de la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Sala Constitucional ordena que la CGR inicie una investigación administrativa por la aeronave que tenía asignada el Ministerio Público.




En el estado actual de la presente causa, esta Sala Constitucional atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26 y 257 del Texto Fundamental, que consagran la tutela judicial efectiva y que el proceso debe ser instrumento para el logro de la justicia, así como visto lo establecido en decisión N° 522 de esta Sala del 08 de junio de 2000 (Caso: Rafael Marante), en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estima necesario en el presente caso:

Ha lugar a revisión de sentencia de la Sala Penal por violacion de derechos de la víctima (Sala Constitucional)



La abogada solicitante fundamentó su pretensión en los siguientes términos:

Que solicita revisión constitucional “(…) de la sentencia firme dictada y publicada el 11 de abril de 2016, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a tenor de lo previsto en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

miércoles, 19 de julio de 2017

Sala Constitucional dicta prohibición de salida del país a Ramón Muchacho, Alcalde del Municipio Chacao y convoca a audiencia constitucional






Visto que, el 7 de junio de 2017, la sentencia n° 369 del 24 de mayo de 2017 fue notificada al ciudadano Ramón Alberto Muchacho Bracho, Alcalde del Municipio Chacao.

Sala Constitucional dicta prohibición de salida del país a Gustavo Marcano, Alcalde del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja






Transcurrido como ha sido el lapso para la realización de las inspecciones ordenadas, y dado que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no está contemplado procedimiento alguno para la valoración sobre el cumplimiento o el posible incumplimiento de un mandamiento de amparo como el decretado en la presente causa.

sábado, 15 de julio de 2017

Acerca de la estabilidad de los profesores contratados de la UCV. Se ordena a la UCV "velar por la protección de los derechos no solo al trabajo como hecho social, sino al honor, reputación, e integridad física del profesor JESUS MANUEL SILVA RIVAS, a los fines de que pueda en total armonía cumplir con sus horas académicas”. Avocamiento de la Sala Constitucional





La parte actora ejerció acción de amparo constitucional contra “(…) DECISIÓN del 3 de marzo de 2015 del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL a cargo de la JUEZA DEYANIRA MONTERO ZAMBRANO mediante la cual REVOCA AMPARO, asimismo contra AUTO del 18 de marzo de 2015 que falsamente declara INCOMPARECENCIA la (sic) parte actora; así como para restablecer el orden jurídico ante el EXTRAVÍO DE EXPEDIENTE número JSCA3-N-2014-0106 del mencionado 

viernes, 14 de julio de 2017

Auto que orden la práctica de prueba de poligrafo a la FGR, CGR y Defensor del Pueblo (Juz. Sust. Sala Plena)





El día martes 4 de julio de 2017, en estricto cumplimiento de los extremos legales aplicables al asunto, se celebró en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia, la audiencia oral y pública concerniente al procedimiento de antejuicio de mérito de conformidad con lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 379 del Código Orgánico Procesal Penal, con la presencia del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Dr. Maikel José Moreno Pérez y demás

Sala Plena declara inadmisible la solicitud de antejuicio de mérito propuesta contra los Magistrados y Magistradas de la Sala Constitucional




El trece (13) de junio de 2017, fue recibido en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud formal de DECLARATORIA DE HABER MÉRITO para iniciar causa penal, por vía del procedimiento ordinario, interpuesta  por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela en contra de los ciudadanos: Juan José Mendoza Jover; Arcadio Delgado Rosales; Carmen Zuleta de Merchán; Calixto Antonio Ortega Ríos; Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Magistrados y Magistradas Principales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como los Doctores Federico Sebastian Fuenmayor Gallo y René Alberto Degraves Almarza, Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal.

Sala Plena decreta medidas de coerción personal y real en contra de la Fiscal General de la República




Expediente  AA10-L-2017-000073
El 20 de junio de 2017, esta Sala Plena admitió la solicitud interpuesta por el ciudadano Pedro Carreño, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad N° V-8.142.392, actuando en su condición de Diputado de la Asamblea Nacional, con la finalidad de solicitar antejuicio de mérito contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los numerales 4, 5, 8 y 9  del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y como quiera que en dicha oportunidad se dictaminó fijar por auto separado la audiencia oral y pública, esta Sala Plena acuerda lo siguiente:

Sala Plena admite a trámite solicitud de antejuicio de mérito propuesta contra la Fiscal General de la República



El 16 de junio de 2017, se recibió formal denuncia interpuesta por el ciudadano Pedro Carreño, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad N° V-8.142.392, actuando en su condición de Diputado de la Asamblea Nacional, con la finalidad de solicitar antejuicio de mérito contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de las faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los numerales 4, 5, 8 y 9  del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Sala Plena declara que el ciudadano Gilber Caro, Diputado Suplente, "no goza de la inmunidad parlamentaria establecida en el art. 200 de la Constitución de la República ni de las prerrogativas del antejuicio de mérito y allanamiento por parte de la Asamblea Nacional".



La Sala observa que la petición planteada por la Fiscal General Militar, Capitana de Navío Siria Venero de Guerrero, está relacionada con los hechos acaecidos en fecha 11 de enero de 2017, cuando el ciudadano Gilber Alexander Caro Alfonzo y la ciudadana Steyci Briggite Escalona de Scheuber, fueron aprehendidos en flagrancia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Sector La Entrada, Municipio Naguanagua del Estado Carabobo.

miércoles, 12 de julio de 2017

Sala Constitucional acuerda cautelarmente y de oficio que el acto de imputación del Ministerio Público, en TODOS los casos, sólo podrá ser realizado ante el Juez de Control; y ,"sólo se adquiere la condición de imputado mediante acto formal ante el Juez de Primera Instancia en funciones de Control competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría". Además se suspenden los efectos del art. 305 COPP.




I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD

Los demandantes alegaron en su escrito lo siguiente:
Que el artículo 305 del Texto Adjetivo Penal “…viola y menoscaba las atribuciones conferidas al Poder Judicial por medio de nuestra Carta Magna, la cual en su 'Capítulo III' titulado 'Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia' en su 'Sección primera: Disposiciones Generales' en su artículo 253 establece lo siguiente…”.

Improcedencia del Antejuicio de mérito en caso de delito flagrante. Caso Wilmer Azuaje II: Se ordena mantenerlo en detención domiciliaria "hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria".




CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Asumida la competencia, esta Sala Plena pasa a decidir sobre la referida solicitud del ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director de Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público, y, para ello, observa:
El artículo 234 del Código Orgánico Procesal dispone expresamente que:

Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que el o ella es el autor o autora.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada.”

martes, 11 de julio de 2017

Sala Constitucional admite demanda por intereses colectivos y difusos contra la Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira





http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201018-536-11717-2017-17-0741.HTML

Los actores alegaron lo siguiente:
Que son habitantes del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, quienes han sido víctimas de los hechos que consideran delictuosos y terroristas por parte de grupos de personas los cuales se han dedicado a “…trancar las vías de tránsito vehicular, arrojando basura, destruyendo el alumbrado público impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, quemando unidades de transporte público y privado, restringiendo el transporte de combustible para las diversas estaciones de servicio y limitando el abastecimiento de gas a los habitantes [del referido Municipio]…”.

Sala Constitucional admite demanda por intereses colectivos y difusos contra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia





En su escrito, la parte actora alegó lo siguiente:

Que, “…es un hecho público, notorio y comunicacional los acontecimientos ocurridos en la ciudad Municipio Maracaibo del estado Zulia, llevados a cabo por pequeños grupos violentos a través de las denominadas "guarimbas", y de la colocación de "barricadas" "trincheras", así como de la omisión por parte de la ALCALDESA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, EVELING COROMOTO TREJO DE ROSALES, antes identificada; en cuanto al deber que tiene de cumplir con las competencias que constitucionalmente tiene asignadas; hechos estos DE TRASCENDENCIA NACIONAL conocidos a través de los distintos medios de comunicación social del país”. (Negritas, mayúsculas y subrayado del escrito).

lunes, 10 de julio de 2017

Sala Constitucional declara declara PROCEDENTE la autorización y aprobación a la constitución de la Empresa Mixta PETROSUR




Para decidir acerca de la solicitud de autorización formulada, esta Sala Constitucional estima necesaria la referencia a la sentencia n° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en la cual –expresamente- se dispuso en el dispositivo número 4.1, lo siguiente: “…esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución

Sala Plena ordena al CICPC realizar prueba Grafotécnica en el marco del antejuicio de mérito seguido a la FGR




En fecha cuatro (04) de julio de 2017, tuvo lugar la audiencia oral y pública fijada por esta Sala Plena mediante decisión N° 44, publicada en fecha 28 de junio de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 379 del Código Orgánico Procesal Penal, en el procedimiento de antejuicio de mérito intentado por el ciudadano Pedro Carreño, Diputado a la Asamblea Nacional, contra la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, por la presunta comisión de las faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y artículo 23, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue admitida en cuanto ha lugar en derecho mediante la sentencia N° 43 de esta Sala, publicada el 27 de junio de 2017.

Caso Leopoldo López: Avocamiento de oficio que ordena su detención domiciliaria (Sala de Casación Penal)



El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

sábado, 8 de julio de 2017

Celebrar el padecimiento y muerte del presidente Hugo Chavez como causal de despido justificado en las empresas Movilnet/Cantv. La falta de respeto incluso puede ocurrir fuera de la empresa o jornada de trabajo y produce la pérdida de confianza del empleador y "permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales". (Sala de Casación Laboral)


C

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte actora recurrente ciudadano José Antonio De Barros De Freitas, denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 5° y 12 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el juzgador de alzada incurrió en “incongruencia positiva”, al no decidir en forma expresa, precisa y positiva, con arreglo a lo planteado por la empresa accionada Telecomunicaciones Movilnet, C.A., en su escrito de contestación.

jueves, 6 de julio de 2017

Procedencia de la indexación o corrección monetaria DE OFICIO. La indexación en fase de ejecución forzosa de sentencia. NUEVO CRITERIO. ( Sala de Casación Civil)




De las transcripciones precedentes, se puede evidenciar que contrario a lo sostenido por el formalizante, el demandante en su escrito introductorio de la demanda solicitó expresamente, fuese acordada como consecuencia del fenómeno inflacionario la corrección de la cantidad que se condenare a pagar.

martes, 4 de julio de 2017

Por fraude procesal se anula proceso interdictal y venta de inmueble. (Sala Constitucional)




Luego de la revisión de las actas, y oída la solicitud de la representante del Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia oral, esta Sala constata que efectivamente, en el presente caso se encuentran dados los supuestos para la declaratoria de abandono de trámite por pérdida del interés, toda vez que, desde el 4 de julio de 2016,  oportunidad en la cual el apoderado judicial de la accionante solicitó se fijara oportunidad para la celebración de la audiencia, la causa estuvo paralizada por más de seis meses, sin que en dicho lapso, la parte accionante, por sí, o por interpuesta persona, hubiese instado la continuación del procedimiento.

Admisión de recurso de nulidad ejercido contra la Ley Orgánica de Aduanas (Sala Constitucional)




FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
                                
En el caso de autos se alega la nulidad de la totalidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas N.° 1.416, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, en particular de sus artículos 3.13, 66, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 101, 102.6, 111, 112, 113, 114, 115, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 178 y 182.   

"Con la muerte del arrendador o del arrendatario no se resuelve el contrato de arrendamiento sino que se produce una subrogación". (Sala Constitucional)




Ahora bien, en el presente caso, tal y como se expresó, se pretende impugnar por esta vía una decisión en la que, se declaró inadmisible la apelación interpuesta por los hoy actores; con lugar la apelación ejercida por la parte demandada sociedad mercantil Supermédica C.A.; indicó que los accionantes no tenían cualidad activa para intentar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento; sin lugar la demanda, y condenó en costas a los perdedores.

Auto que declara la nulidad de la autorización de la designación de Vice Fiscal General y designa, ante el desacato de la Asamblea Nacional, a nueva Vice Fiscal General de la República








Visto que hasta la presente fecha la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional se mantienen en desacato frente a las decisiones de este Máximo Tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer válidamente sus funciones mientras dure tal circunstancia, tal como lo ha señalado esta Sala en las decisiones: N.° 808 y 810 del 21 de septiembre de 2016, N.° 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016, N.° 1 del 06 de enero de 2017 y la N° 470 del 27 de junio de 2017, así como las sentencias de la Sala Electoral N.° 260 del 30 de diciembre 2015, N.°1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, razón por la cual se encuentra deslegitimada para el ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 187 constitucional.

lunes, 3 de julio de 2017

Con Lugar la acción de amparo presentada por el Gral. Benavides, Jefe de Gobierno del Distrito Capital en contra la FGR por haberlo convocado para ser imputado. Se declaran efectos extensivos de la referida decisión a "cualquiera" que se encuentra en situación similar.






DE LA ACCIÓN DE AMPARO

En el escrito presentado por el ciudadano ANTONIO JOSÉ BENAVIDES TORRES,militar en servicio activo, Jefe de Gobierno del Distrito Capital, asistido por el abogado HERMANN ESCARRÁ MALAVÉ,  contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida contra la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, indicó lo siguiente:

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