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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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miércoles, 31 de mayo de 2017

Sala Constitucional admite demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio BARINAS del Estado BARINAS y acuerda amparo cautelar.




La parte actora en su escrito, alegó:
Que, son habitantes del Municipio Barinas, del Estado Barinas, donde han sido víctimas las últimas semanas de la “barbarie terrorista”, por los hechos de violencia acontecidos en su comunidad, perpetrada por grupos de manifestantes violentos que obstruyen las vías públicas arrojando y quemando basura, destruyendo el alumbrado público, la propiedad privada, incendiando instituciones públicas, destruyendo las paradas de transporte público, montando barricadas, impidiendo el abastecimiento de productos de primera necesidad, que los niños, niñas y adolescentes asistan a sus respectivos colegios y liceos, trayendo como consecuencia el incumplimiento del cronograma escolar, impidiendo igualmente el traslado a los sitios de trabajo.

Sala Constitucional admite demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui y acuerda amparo cautelar



La parte actora alegó:

Que, “…[son] habitantes de las comunidades que conforman el prenombrado Municipio, donde se [les] ha presentado la situación de hechos de violencia y terrorismo en su comunidad, fomentada por pequeños grupos de vecinos que habitan en este Municipio y de otros grupos sedicentes venidas de otros Municipio, (sic) tienen alrededor de 55 días, dándose a la tarea diaria de trancar las vías de tránsito vehicular arrojando basura, destruyendo el alumbrado público, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, impidiendo que los niños asistan al colegio, donde incumplen su cronograma escolar, que los padres no pueden llegar a sus sitios de trabajo, chatarra de todo tipo, troncos, árboles cortados ilegalmente, cauchos en desuso, han removido alcantarillas han dañado patrimonio público del Municipio, han realizado el cierre total de vías de transito (sic) impidiendo que las personas que [viven] en el Municipio [puedan]  entrar o salir de [sus] viviendas, a trabajar, estudiar, hacer compra de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad u obligación que requiera que [salgan] de [sus] [se] dirijan a ellos, afectando fundamentalmente a los adultos mayores, los servidores que prestan atención en los centros de salud, clínicas, ambulatorios, que no pueden llegar a cumplir sus jornadas laborales, generándoles inestabilidad laboral”.

Sala Constitucional "considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado".





DEMANDA DE INTERPRETACIÓN

El abogado Leopoldo Pita Martínez demandó la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las siguientes consideraciones:

            Indicó que el artículo 347 de nuestra Carta Magna establece que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

lunes, 29 de mayo de 2017

Revisión constitucional: "En los supuestos que se alegue la violación del principio de la expectativa plausible, corresponderá al solicitante de la revisión alegar, probar y evidenciar el cambio jurisprudencial alegado y deberá probarse que el criterio sostenido en forma reiterada no fue aplicado al caso particular". (Sala Constitucional)





En primer lugar, de la revisión de las actas procesales que integran el expediente, se observa que las solicitantes actúan representadas por los abogados Juan Carlos Pró-Rísquez y Esther Cecilia Blondet Serfaty, según poder que consta al folio treinta y dos (32) de la pieza principal del expediente y que consignó copia certificada (Cfr. folio 27 y siguientes de la misma) del fallo cuya revisión se solicita.

Falta de motivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones. Casación Con Lugar (Sala de Casación Penal)




DEL RECURSO DE CASACIÓN EJERCIDO
DE LA ÚNICA DENUNCIA ADMITIDA
Con base en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 448, segundo aparte, en relación con el artículo 157 del señalado texto adjetivo penal, por considerar que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al haber desestimado las cuatro denuncias del recurso de apelación sin “adentrarse a resolver concretamente los puntos planteados”.

Inadmisible solicitud de interpretación de los artículos los artículos 33, 35 y 36 de los estatutos de la Federación Venezolana de Futbol (F.V.F), así como del artículo 36 del Reglamento Electoral de la Federación Venezolana de Fútbol (Sala Electoral)





Declarada la competencia de esta Sala para el conocimiento y decisión del recurso de interpretación propuesto, se procede a verificar los requisitos de admisibilidad conforme a lo establecido en el cardinal 5 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido que la solicitud de interpretación verse sobre un texto legal y que no comporte la sustitución del mecanismo, medio o recurso que disponga la ley para dirimir la situación de que se trate, de acuerdo con los criterios desarrollados por la Sala Político Administrativa de este Tribunal, acogidos por esta Sala (Vid.Sentencias número 103 de fecha 7 de julio de 2008 y N° 128 del 1° de julio de 2015), y que  consisten en:

sábado, 27 de mayo de 2017

Sala de Casación Penal niega extradición activa de ciudadana argentina por prescripción de la acción penal



Esta Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa de la ciudadana Mercedes Bonett Semenas; y, al respecto, observa:

viernes, 26 de mayo de 2017

Admisión de demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio CAMPO ELÍAS del Estado Mérida (Sala Constitucional)


De la lectura del escrito contentivo de esta pretensión de amparo cautelar y de los documentos acompañados a ésta se desprende fundamentalmente que, en el caso de autos, se denunció la presunta omisión a cumplir con las competencias previstas en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; específicamente en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y los artículos 52, 56, 75, 76, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y los artículos 1, 4, 6, 7.d, 8, 12, 15, 31, 32, 39, 53, 63 y 91 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por parte del ciudadano OMAR ADOLFO DE JESÚS LARES SÁNCHEZ, en su condición de Alcalde del Municipio Campo Elías del Estado Mérida, el cual se señala los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Admisión de demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio LIBERTADOR del Estado MÉRIDA (Sala Constitucional)



La parte actora en su escrito alegó, lo siguiente:
Que el 19 de abril de 2017, sucedió en la ciudad de Mérida, Municipio Libertador de esa entidad, una concentración y marcha de los ciudadanos de la oposición convocada por el ciudadano Carlos García, Alcalde de Mérida, la cual terminó en disturbios generalizados en toda la ciudad, avenida Las Américas, avenida Andrés Bello sector carrizal, Víaducto Campo Elías, Residencias Cardenal Quintero, Urbanización El Campito, Residencias El Rodeo, “con la consecuencia de la vandalización de la propiedad pública y privada, cierre de vías, obstaculización del tránsito vehicular y peatonal con todo tipo de escombros, amedrentamiento de la población con utilización de megáfonos y lanzamiento de morteros, piedras, levantamiento de las alcantarillas públicas, destrucción y derribo de postes de semáforos, derribo de vallas publicitarias, colocación de barricadas, quema de cauchos y otros objetos inflamables, derribo ilegal de árboles, todo ello con consecuencias gravosas para toda la ciudadanía, el amedrentamiento psicológico, el terror y el miedo … acciones desarrolladas por terroristas que conllevan a la violación de una serie de derechos y garantías constitucionales para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en el Municipio Libertador del estado Mérida”.

Admisión de Demanda por Derechos Colectivos y Difusos contra el Alcalde del Municipio ALBERTO ADRIANI de Mérida (Sala Constitucional)





La parte actora alegó:

Que, en donde residen, desde hace aproximadamente cuarenta (40) días, en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, en sus distintas Parroquias, como: La Pulido Méndez, Presidente Páez, Rómulo Gallegos, Héctor Amable Mora, Presidente Betancourt, han acontecido hechos violentos que están causando graves e incuantificables daños a personas, a bienes públicos o privados y al Ambiente en sí mismo.

Admisión de demanda por Derechos Colectivos y Difusos contra el Alcalde del Municipio LOS SALÍAS del Estado Miranda. Amparo Cautelar. (Sala Constitucional)




Los actores alegaron en el escrito presentado ante esta Sala, lo siguiente:
Que, son habitantes de la comunidad de San Antonio de los Altos, Municipio Los Salías, “donde se nos han presentado la situación de hechos de violencia y terrorismo en nuestra comunidad, fomentada por pequeños grupos de vecinos que habitan en este Municipio, teniendo alrededor de 40 días, dándose a la tarea diaria de trancar las vías de tránsito vehicular arrojando basura, destruyendo el alumbrado público, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, impidiendo que los niños asistan al colegio, donde incumplen su cronograma escolar, que los padres no puedan llegar a sus sitios de trabajo, chatarra de todo tipo, troncos, árboles cortados ilegalmente, cauchos, han quitado alcantarillas, han dañado, patrimonio público del Municipio, han realizado el cierre total de las vías de tránsito impidiendo que las personas que vivimos en el municipio podamos entrar o salir de nuestras viviendas, a trabajar, estudiar, hacer compra de alimentos, recibir atención médica, o cualquier otra necesidad que requiera que salgamos de nuestros hogares o nos dirijamos a ellos, afectando fundamentalmente a los adultos mayores, los servidores que prestan atención en los centros de salud, clínicas, ambulatorios, que no pueden llegar a cumplir su jornada laboral, teniendo profesionales técnicos que no pueden cumplir sus jornadas laborales, generándose inestabilidad laboral”.

Admisión de demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio SUCRE. Amparo cautelar (Sala Constitucional)






DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

Alegaron que son habitantes del Municipio Sucre y que han sido víctimas las últimas semanas de la “barbarie terrorista”, por hechos de violencia y “terrorismo” en su comunidad, fomentada por pequeños grupos de vecinos que habitan en el Municipio, que “tienen alrededor de cincuenta y dos (52) días, dándose a la tarea diaria de trancar las vías de tránsito vehicular, arrojando basura, destruyendo el alumbrado público, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad

jueves, 25 de mayo de 2017

Decreto N° 2.878, mediante el cual se establecen las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente





Decreto N° 2.878, mediante el cual se establecen las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente

(Gaceta Oficial Nº 41.156 del 23 de mayo de 2017)

Decreto Nº 2.878 23 de mayo de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

miércoles, 24 de mayo de 2017

Constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica dictado por la Presidencia de la República en fecha 13 de mayo de 2017. Se reitera que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato (Sala Constitucional)




El 17 de mayo de 2017 fue recibido por la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio de la misma fecha, suscrito por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, anexo al cual remitió el Decreto n.° 2.849 del 13 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.928 de esa misma fecha,mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Admisión de demanda por intereses colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio CHACAO del Estado Miranda. Se decreta amparo cautelar y se le conmina a cumplirlo inmediantamente so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Sala Constitucional)


Alegaron que son habitantes del Municipio Chacao del Estado Miranda y que han sido víctimas las últimas semanas de la “barbarie terrorista”, por hechos de violencia y “terrorismo” en su comunidad, fomentada por grupos de manifestantes de la “protesta pacífica”, dándose a la tarea diaria de obstruir las vías públicas, arrojando y quemando basura, destruyendo el alumbrado público, la propiedad privada, “destrucción de las paradas, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, que los niños asistan al colegio, donde incumplen su cronograma escolar, han dañado el patrimonio público del Municipio y del Estado Venezolano, cerrando las vías de tránsito lo que imposibilita que las personas que viven en el Municipio puedan entrar o salir de sus viviendas, ir a trabajar, estudiar, hacer compra[s] de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad, afectando fundamentalmente adultos mayores, los servidores que prestan atención en los centros de salud, clínicas y ambulatorios, los cuales no pueden llegar a cumplir su jornada laboral, (…) generándole[s] inestabilidad laboral (…)”.

Admisión de demanda por intereses colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio EL HATILLO del Estado Miranda. Se decreta amparo cautelar y se le conmina a cumplirlo inmediantamente so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Sala Constitucional)




Alegaron que son habitantes del Municipio El Hatillo del Estado Miranda y que han sido víctimas las últimas semanas de la “barbarie terrorista”, por hechos de violencia y “terrorismo” en su comunidad, fomentada por grupos de manifestantes de la “protesta pacífica”, dándose a la tarea diaria de obstruir las vías públicas, arrojando y quemando basura, destruyendo el alumbrado público, la propiedad privada, “destrucción de las paradas, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, que los niños asistan al colegio, donde incumplen su cronograma escolar, han dañado el patrimonio público del Municipio y del Estado Venezolano, cerrando las vías de tránsito lo que imposibilita que las personas que viven en el Municipio puedan entrar o salir de sus viviendas, ir a trabajar, estudiar, hacer compra[s] de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad, afectando fundamentalmente adultos mayores, los servidores que prestan atención en los centros de salud, clínicas y ambulatorios, los cuales no pueden llegar a cumplir su jornada laboral, (…) generándole[s] inestabilidad laboral (…)”.

Admisión de demanda por intereses colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio CARRIZAL del Estado Miranda. Se decreta amparo cautelar y se le conmina a cumplirlo inmediantamente so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Sala Constitucional)



La parte actora alegó:
Que “(p)equeños grupos de persona en actitud violenta han trancado las vías de tránsito vehicular nacionales y/o municipales de forma discrecional desde 06 de abril de 2017 hasta la presente fecha arrojando basura, chatarra de todo tipo, troncos, árboles cortados ilegalmente, cauchos, han quitado alcantarillas, ha movido separadores viales, han dispersado aceite en las calles y han dañado el patrimonio municipal realizando grafitis, quemando pasarelas y alterando el orden público impidiendo que las personas que vivimos en estos Municipios podamos entrar o salir de nuestras viviendas, a trabajar, estudiar, hacer compra de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad que requiera el salir de nuestros hogares o nos dirijamos a ellos”.

Admisión de demanda por intereses colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio Baruta. Se decreta amparo cautelar y se le conmina a cumplirlo inmediantamente so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Sala Constitucional)





La parte actora alegó:

Que, son habitantes del Municipio Baruta y que tienen una situación de que pequeños grupos de vecinos que habitan en ese Municipio, tienen cuarenta y cuatro (44) días, dándose a la tarea diaria de trancar las vías de tránsito vehicular arrojando basura, chatarra de todo tipo, troncos, árboles cortados ilegalmente, cauchos, destruyendo el alumbrado público, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, impidiendo que los niños asistan al colegio y haciendo que incumplan su cronograma escolar, que los padres no pueden llegar a sus sitios de trabajo, así como también, han quitado alcantarillas, han colocado guayas para evitar el paso de motorizados, han dañado el patrimonio del Municipio, así como el cierre total de las vías de tránsito impidiendo que las personas que viven en dicho Municipio puedan entrar y salir de sus viviendas, bien sea a trabajar, estudiar, hacer compras de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad que requieran, afectando fundamentalmente a los adultos mayores, los servicios que prestan atención en los centros de salud, clínicas, ambulatorios, los cuales no pueden cumplir con su jornada laboral generándoles inestabilidad.

jueves, 18 de mayo de 2017

Declaración de coimputado incorporada por sentencia como prueba documental. Intrascendencia de la falta de valoración de la prueba no concluyente para declarar la nulidad. Revisión Ha Lugar (Sala Constitucional)


Establecida la competencia, pasa esta Sala Constitucional a pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 5 de octubre de 2015, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y al efecto, se estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

"El recurso de hecho resulta improponible, en aquellos casos en los cuales le corresponda al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la apelación que se intente contra una decisión dictada en la primera instancia del procedimiento de amparo en materia penal". (Sala Constitucional)




En el caso sub examine, la parte actora propuso recurso de hecho contra el fallo que emitió el 15 de junio de 2015, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró inadmisible por falta de representación, la apelación que fue ejercida por los abogado Jaimero José Araguren Piñuela y Robert Alexander Alvarado López, como defensores privados de la ciudadana Pierina del Valle Villarroel, contra la decisión dictada, el 5 de mayo de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal.

Sobre los deberes del defensor ad litem. Amparo Con Lugar. (Sala Constitucional)



Corresponde a esta Sala emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión deducida, y en tal sentido, observa que la denuncia principal a la que se refiere la apoderada judicial del ciudadano Holguer López Toscano, hoy accionante en amparo, es la actitud desplegada por la defensora ad litem, ciudadana (...), en la cual denuncia que la misma realizó una contestación de manera genérica, sin desconocer la firma del señor Rafael López Omaña, en virtud de que el documento de venta autenticado adolecía de múltiples errores, motivos suficientes para temer que el señor Rafael López Omaña no había firmado ese documento de venta. Aunado a todo lo anterior, denuncia que la defensora ad litem era colitigante en otros juicios de los apoderados de la parte demandante, razón por la cual era la persona menos idónea para ser designada como defensora ad litem, ya que dejaba una duda razonable en cuanto al poco o ningún interés de defender a los herederos desconocidos del ciudadano Rafael López Omaña, para así poder ejercer una defensa plena. 

Sin Lugar la demanda de nulidad por inconstitucionalidad ejercida contra la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (Sala Constitucional)



Establecidas las pretensiones de nulidad esgrimidas contra la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (G.O. Ext. 6.015 del 28.12.2010), esta Sala, en forma previa, considera necesario delimitar un orden de prelación que permita analizar cada uno de los argumentos presentados con respecto a la validez y eficacia de la normativa impugnada.
En primer orden, deben estimarse las denuncias vinculadas a la nulidad de todo el articulado del texto legal y comprendidas por los señalamientos presentados por la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Miranda, respecto al incumplimiento de la consulta pública que alude el artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre el cual, alegan el quebrantamiento del procedimiento de formación de las leyes. Asimismo, subsecuente a este punto, deben considerarse los argumentos presentados por los abogados del Municipio Baruta, quienes sostienen que dicha Ley estaría tratando de implementar legalmente materias que fueron rechazadas en el referendo al que se le sometió la propuesta de reforma constitucional llevada a cabo en el año 2007.

martes, 16 de mayo de 2017

Sala Constitucional, reitera: "ante la imputación de alguno de los delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas especializados en materia de violencia contra la mujer, así concurra con la imputación de delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas penales ordinarios, la competencia de la causa corresponderá exclusiva y excluyentemente a los juzgados con competencia en materia de violencia de género; todo ello por cuanto al ser la competencia por la materia de estricto orden público, deben garantizarse los derechos al debido proceso y al juez natural".



Como se precisó al momento de admitirse la presente acción de tutela constitucional, la demanda de amparo autos fue interpuesta contra la decisión dictada, el 2 de abril de 2014, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica del ciudadano Jonathan José Méndez Rojas y confirmó la decisión dictada, el 4 de noviembre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, igualmente de la Extensión Barlovento, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta intentada por los abogados del quejoso, la cual tiene como basamento una errónea aplicación de procedimiento penal en la causa originaria.

El "reconocimiento formal del contenido y firma extendidas en documento privado de cesión de acciones" no le corresponde a la competencia agraria sino a la civil cuando este "nada tiene que ver con la actividad propia de la sociedad mercantil que realiza actividades agrarias". (Sala Constitucional)



Ahora bien, en el presente caso, tal y como se expresó, se pretende impugnar por esta vía una sentencia que, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada-apelante (hoy accionante) contra la decisión dictada el 7 de abril de 2016, por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la cual declaró con lugar la demanda de reconocimiento de contenido y firma incoada por el ciudadano Eduardo Enrique Hernández Quintero contra la sociedad mercantil AGROPROCESADOS DE MI FINCA, C.A.; confirmó la decisión dictada por el a quo y condenó en costas a la parte demandada-apelante.

lunes, 15 de mayo de 2017

"La justicia militar es de naturaleza especial, es decir, que su campo de aplicación está delimitado sólo a las infracciones de naturaleza militar". (Sala de Casación Penal)




Este juicio se inició con los hechos ocurridos el 19 de junio de 2002, cuando el ciudadano Coronel (GN) (R) HIDALGO VALERO BRICEÑO dio una rueda de prensa y convocó a una marcha que denominó “Por la Meritocracia Militar” y utilizó el uniforme militar que es parte de su dotación cuando era militar activo. El 20 de junio de 2002 se realizó la referida marcha y fue aprehendido por una comisión de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), vestido con el referido uniforme.

La Fiscal Militar Tercera ante la Jurisdicción del Consejo de Guerra Permanente de Caracas, Teniente de Navío ANIOLE INFANTE BEBERAGGI, le formuló cargos al ciudadano Coronel (GN) (R) HIDALGO VALERO BRICEÑO por  la presunta comisión del  delito de USO INDEBIDO DE UNIFORMES, INSIGNIAS, CONDECORACIONES y TÍTULOS MILITARES, previsto en el artículo 566 del Código Orgánico de Justicia Militar. Así mismo solicitó al Juzgado Militar Tercero de Primera Instancia Permanente de Caracas la aplicación de la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente solicitó que se aplicara el procedimiento ordinario previsto en el artículo 280 “eiusdem” y según lo establecido en el cuarto aparte del artículo 373 del citado código.

A solicitud de la Fiscal General Militar, Sala de Casación Penal acuerda radicar proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de espionaje.



De acuerdo con el contenido del artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, la competencia territorial en materia penal, para los delitos consumados, se determina por el lugar donde se produjo el delito.
Sin embargo, el artículo 64 eiusdem, establece la radicación, como una excepción a dicha regla de competencia territorial, consistente en excluir el conocimiento del juicio a un tribunal con potestad jurisdiccional limitada por el territorio, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía, pero en un circuito judicial penal de diferente área geográfica, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal.

Propiedad Horizontal: Acerca de la representación en juicio de la comunidad de propietarios. Revisión Ha Lugar. (Sala Constitucional)





En el presente caso, el apoderado judicial del ciudadano Clemente Salama Hollando, sometió a consideración de esta Sala la revisión de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2015 por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial que, conociendo en apelación, confirmó con motivación diferente, la decisión dictada por el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 12 de agosto de 2015, en el juicio de nulidad de asamblea de condominio intentada por las ciudadanas Concepción Mila Vallejo Cacciari y María Gabriela Targa de Kalen, en contra de la Junta de Condominio del Edificio “Mansión Chivacoa”.

jueves, 11 de mayo de 2017

Casación de oficio: Inadmisibilidad de la demanda por la falta de cualidad de la actora. (Sala de Casación Civil)




CASACIÓN DE OFICIO

En resguardo de los legítimos derechos que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrados en los artículos 49, numeral 1°, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia Nº 22, de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José del Milagro Padilla Silva, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, según el cual “…el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia…”, tiene la prerrogativa de casar la sentencia recurrida, cuando en ella detecte infracciones de orden público y constitucionales, aunque no se les haya denunciado.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Amparo Procedente In Limine: La Corte de Apelaciones infringió el debido proceso y la tutela judicial efectiva al resolver un recurso de apelación sin "realizar un análisis pormenorizado de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público ni de las actas procesales". (Sala Constitucional)






DE LA PROCEDENCIA IN LIMINE LITIS


Sobre la procedencia in limine litis de la acción de amparo, esta Sala Constitucional mediante sentencia N° 993/2013, caso: “Daniel Guédez Hernández y otros, declaró que:

“(…) la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. 
(…)

"PUPÚTOV": Más que una gracia.






Ley Penal del Ambiente:

Artículo 102. Manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos.

Serán sancionadas con prisión de cuatro a seis años y multa de cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T) a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), las personas naturales o jurídicas que en contravención a las disposiciones de la reglamentación técnica sobre la materia:

martes, 9 de mayo de 2017

Resolución Conjunta sobre la suspensión del Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas en Venezuela



Resolución Conjunta Nº 098 y Nº 018762, mediante la cual se suspende el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la seguridad ciudadana, la paz, el orden interno y el resguardo de la integridad física de las personas dentro del Estado Venezolano

(Gaceta Oficial Nº 41.141 del 2 de mayo de 2017)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ N° 098

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA N° 018762

207°, 158°, 18°

RESOLUCION CONJUNTA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Decreto Nº 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.957, de la misma fecha; y el Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto Nº 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de la misma fecha, ambos ratificados en sus cargos mediante Decreto Nº 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que les confiere lo dispuesto en el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de

domingo, 7 de mayo de 2017

Fuero de atracción de la competencia penal ordinaria cuando concurren delitos comunes y militares (Sala de Casación Penal)




NULIDAD DE OFICIO


Esta Sala haciendo uso de la potestad de revisión, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 13, 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, al examinar las actas que conforman el presente expediente ha verificado la existencia de un vicio que hace procedente declarar la nulidad de oficio del juicio seguido al acusado JOEL ALFONSO ROJAS RINCÓNal habérsele violado los principios referidos al debido proceso, al derecho a la defensa, al juez natural, establecidos en los artículos 49, numerales 1 y 4 de la Constitución Nacional y los artículos 1º, 7 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, por la falta de aplicación de los artículos 31, 32 y 346 del referido Código Procesal Penal, en virtud de que el Tribunal Militar Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar con Sede en San Cristóbal, Estado Táchira, celebró el juicio y condenó al acusado al no haber resuelto en su oportunidad (Audiencia del Juicio Oral) la excepción opuesta por la defensa del acusado, referida a su incompetencia, o haberla declarado de oficio en la referida Audiencia del Juicio Oral y Público.

"El elemento definidor de la competencia entre los tribunales ordinarios y militares, lo constituye la naturaleza del delito. De esta manera, la competencia para el juzgamiento de los delitos comunes u ordinarios, corresponde a los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones o delitos de naturaleza exclusivamente militar". (Sala de Casación Penal)



El presente conflicto de competencia negativo, se planteó entre dos Tribunales de Primera Instancia, uno en Función de Juicio con competencia en materia penal militar y otro en Función de Control con competencia en materia penal ordinaria, para conocer de la causa seguida a los ciudadanos Sargento Mayor FERRER MADRID YONNI RAFAEL, Sargento Primero JIMÉNEZ ROJAS JESÚS, Sargento Primero LANZA CAMPOS ROGERS y Sargento Segundo TERÁN TRUJILLO JHONNY AGUSTÍN, por encontrarse presuntamente incursos en la comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD, DESOBEDIENCIA, ABANDONO DE FUNCIONES y NEGLIGENCIA, previstos y sancionados en los artículos 509 numeral 1, 519 en concordancia con el 520, 537 en correspondencia con el 534 y 538 en relación con el 541, respectivamente, todos del Código Orgánico de Justicia Militar y a la ciudadana civil RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ DAISY CAROLINA, por la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 509 numeral 1 del Código Orgánico de Justicia Militar, en calidad de encubridor, con base a lo establecido en los artículos 389 y 392 numeral 1 del mismo código.

Tenemos que el Consejo de Guerra de Maturín del Circuito Judicial Penal Militar, una vez iniciado el juicio oral y público y finalizada la recepción de todas las pruebas, dictó pronunciamiento mediante el cual se declaró INCOMPETENTE para seguir conociendo de la presente causa, toda vez que considera que del escrito de Acusación Fiscal debatido en  la Sala de Audiencias, los hechos no constituyen la comisión de delito militar alguno, sino que considera que los hechos merecen la calificación de un delito de naturaleza ordinaria, de los previstos en el Título X del Código Penal, por tal razón ordenó la remisión de las actuaciones a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.

Sala de Casación Penal reitera que "La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.




Corresponde a esta Sala determinar cuál de los Tribunales en conflicto, tiene asignada legalmente la competencia para conocer de la causa iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2004, en los cuales resultó gravemente lesionado el Infante de Marina REMMY DIEGO AMUNDARAY SALAZAR.

Aprecia la Sala que el Tribunal Penal ordinario, se atribuye la competencia, al considerar que fue cometido un delito común y es la naturaleza de ese delito lo determinante para establecer su competencia, de acuerdo al texto constitucional. Por su parte, el Juzgado Penal Militar, expresa que fueron cometidos delitos militares, por funcionarios militares, en instalaciones militares, de allí que considere plenamente aplicable el artículo 123 del Código de Justicia Militar, que dispone: “La jurisdicción penal militar comprende:… 2.- Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente; 3.- Los delitos comunes cometidos por militares en unidades, cuarteles, guarniciones, institutos educativos, establecimientos militares o en instalaciones de entes descentralizados de las Fuerzas Armadas, en funciones militares, en actos de servicios, en comisiones o con ocasión de ellas…”.

Código Orgánico de Justicia Militar (1998)



Código Orgánico de Justicia Militar

(Gaceta Oficial Nº 5.263 Extraordinario del 17 de septiembre de 1998)


EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

La siguiente,

LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Artículo 1
Se modifica el título del Código de Justicia Militar vigente, de la manera siguiente:

“CÓDIGO ORGÁNICO DE JUSTICIA MILITAR”

Artículo 2

"La justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento". (Sala Constitucional)








Señala el accionante en amparo,  lo siguiente:

            - Que, la sentencia impugnada lo condena a cumplir la pena de cuatro años de prisión, más las accesorias de ley, por haber sido encontrado culpable del delito de SUSTRACCIÓN DE FONDOS PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS, previsto y sancionado en el artículo 570, ordinal 1º, del Código de Justicia Militar, desconociendo el juzgador que el patrimonio público es uno solo y que todo ilícito penal que lo vulnere, debe ser regulado de acuerdo a las previsiones de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por ser esta una ley especial destinada a proteger el patrimonio del Estado.

            - Que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 261 establece la competencia de los tribunales militares limitada al conocimiento de los delitos militares.

Supremacia de la jurisdicción penal ordinaria ante la jurisdicción penal militar cuando se esté en presencia de 1) Investigación de delitos en donde aparezcan involucrados civiles. 2) Cuando el mismo hecho se encuentre tipificado como delito en la legislación penal ordinaria y en la legislación penal militar. Se reitera doctrina. (Sala de Casación Penal)





Consta en autos que en fecha 4 de enero del año 2001, el Ministro de la Defensa, General de División ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE,  ordenó al ciudadano Fiscal General Militar, de conformidad con el ordinal 2° del artículo 163 del Código Orgánico de Justicia Militar, la apertura de la averiguación, con motivo de un artículo de prensa publicado por el Diario “El Nacional”, en fecha 2 de enero de 2001, donde presuntamente el ciudadano PABLO PARQUET AURE SANCHEZ, ofende, injuria y menosprecia a la Fuerza Armada Nacional.

En fecha 8 de enero del año 2001, el Fiscal Militar Superior Encargado, ordena a la ciudadana Fiscal Militar Tercera de la jurisdicción del Consejo de Guerra Permanente de Caracas, iniciar la investigación penal, solicitada por el ciudadano Ministro de la Defensa.

Acerca del juzgamiento de ciudadanos civiles ante la jurisdicción penal militar: "Siendo que en el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la jurisdicción penal militar, es por lo que en resguardo de las partes intervinientes en la presente causa, y en cumplimiento de la aplicación de la justicia responsable y expedita, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho, es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria". Avocamiento de Oficio. (Sala de Casación Penal)




El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Asimismo, el avocamiento procede de oficio o a instancia de parte, solo cuando no existe otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática; debiendo ser ejercido con suma prudencia, lo cual está contemplado, tanto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, transcrito en el capítulo referido a la competencia, como en los artículos 107, 108 y 109 de la referida ley, los cuales, respectivamente, establecen:

Jurisdicción penal militar: Competencia para conocer acerca del delito de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional (Sala Constitucional)




En tal sentido, la Sala, estima necesario realizar un análisis de las normas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico de Justicia Militar, respecto a la determinación de la competencia para conocer de los delitos de naturaleza militar, y a tal efecto, observa:
El artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que forma parte integrante del Poder Judicial la Jurisdicción Penal Militar y que su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento, se regirán por el sistema acusatorio y, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. Asimismo dispone esta norma Constitucional, que la comisión de los delitos comunes, serán juzgados por los Tribunales Ordinarios, y que: “...La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. (Subrayado de la Sala).

Incompetencia de los Tribunales Penales Ordinarios para conocer sobre delitos militares (Sala Constitucional)





Así las cosas, debe analizarse la competencia de los jueces que se pronunciaron en la referida causa penal contra el accionante.

En primer término, de la revisión de las actas del expediente y de lo alegado por las partes en la audiencia constitucional, no existe ningún elemento que indique los motivos por los cuales fue radicada la causa a los tribunales penales ordinarios del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, no ha debido declinarse la competencia en dichos tribunales. Así se declara.

            Establecido lo anterior, conviene analizar las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos que conllevaron a la imputación –y posterior acusación, del hoy accionante. Así, de la revisión de las actas del expediente y de lo alegado por las partes en la audiencia constitucional tenemos que, al momento de ocurrir los hechos el ciudadano MIGUEL ÁNGEL VEGA PÉREZ:

Algunas consideraciones acerca de la jurisdicción penal militar (Sala Constitucional)




En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce el recurso de apelación, ha sido dictada en primera instancia constitucional por la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela. Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer del mismo, y así se declara.

    Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y al respecto observa:

  Cuestionaron los apoderados actores -por vía de amparo constitucional- la supuesta actuación lesiva del Fiscal General Militar, quien –a su juicio- pretende sin estar legitimado ni constitucional ni legalmente para ello, dirigir actos de investigación de carácter penal en contra de su representado.
           

sábado, 6 de mayo de 2017

Competencia de los Tribunales Militares: "los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo". (Sala Constitucional)






Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la presente consulta y al respecto  observa:
En el caso que nos ocupa el accionante denunció la violación del artículo 261 de la Constitución por considerar que el delito común de homicidio culposo, por el cual fue acusado el ciudadano Cabo Segundo (GN) José Obdulio Méndez Criollo, debía ser conocido por la jurisdicción penal ordinaria y no por la jurisdicción militar.
La Corte Marcial en el fallo consultado no se pronunció respecto al referido alegato por considerar que debía ser analizado en su oportunidad por el juez de control que conoce del proceso.

jueves, 4 de mayo de 2017

ONU: Protocolo de Minnesota (1991)



MANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EFICACES DE LAS EJECUCIONES EXTRALEGALES, ARBITRARIAS O SUMARIAS

NACIONES UNIDAS, Nueva York, 1991
INTRODUCCIÓN
En muchos países del orbe hay casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias que no constan ni se descubren. Entre ellos figuran: a) asesinatos políticos; b) muertes resultantes de torturas o malos tratos infligidos en los centros de prisión o detención; c) muertes debidas a "desapariciones" forzadas; d) muertes ocasionadas por uso excesivo de fuerza por los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley; e) ejecuciones sin previo juicio; y f) actos de genocidio. La falta de detección y de publicidad de esas ejecuciones ante la comunidad internacional es el principal obstáculo para juzgar ejecuciones pasadas y prevenir ejecuciones futuras.
El presente Manual es la culminación de varios años de análisis; investigación y redacción como respuesta a las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias perpetradas en diversas partes del mundo. Tiende a complementar los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", aprobados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65/ de 24 de mayo de 1989, a recomendación del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia/ aprobada en su 10º período de sesiones, celebrado en Viena, del 5 al 16 de febrero de 1990.
Coincidió la elaboración de los Principios con una labor concertada de organizaciones no gubernamentales para prestar orientación suplementaria en la esfera de la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, ofreciendo asesoramiento técnico sobre la aplicación efectiva de los Principios.

miércoles, 3 de mayo de 2017

Decreto de Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente 2017 (Presidencia de la República)









DECRETO No. 2830

01 de mayo de 2017



NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República



En uso de la facultad que me confiere el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 347 ejusdem; con la bendición de Dios Todopoderoso, e inspirado en la grandiosa herencia histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas independentistas, en cuya cúspide está el Padre de la Patria, El Libertador Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional, considero un deber histórico ineludible convocar una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, tomando como fundamento el proceso popular constituyente, Legado del Comandante Hugo Chávez, y la Constitución pionera y fundacional de 1999, para que nuestro pueblo, como Poder Constituyente Originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados, y que durante mi mandato he luchado por sostener y profundizar. Por lo que propongo como objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente:

1.       La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el proceso constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo y de una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos, como garantía del pleno funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, superando el actual clima de impunidad.

martes, 2 de mayo de 2017

Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares (2014)





Gaceta Oficial No.  40.571 del 30 de diciembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

Caracas - Venezuela

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON VIH O SIDA Y SUS FAMILIARES

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se inició en nuestro país con el reporte del primer caso en el año 1982; desde entonces, hasta la fecha se han notificado 131.512 casos de VIH; cada año se infectan 6.600 nuevas personas con VIH y mueren alrededor de 1.800 personas por Sida todos los años. Según las estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el VIH y Sida (ONUSIDA) de julio de 2013, la prevalencia de VIH en nuestro país es de 0,6 %, lo que implica que el número estimado de personas adultas viviendo con VIH se encuentra entre 74.000 y 160.000.


La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales no protegidas, por lo que deben tomarse en cuenta las expresiones diversas de la sexualidad de la población y los contextos de vulnerabilidad en los que ésta se ejerce. Las relaciones desiguales de género y entre grupos de edad, las diferencias socioeconómicas y culturales, así como las orientaciones e identidades sexuales individuales, al asociarse con factores de riesgo, propician situaciones que incrementan la vulnerabilidad a la infección por VIH.

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