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domingo, 31 de julio de 2016

Publicaciones de interés JUNIO-JULIO 2016







DEONTOLOGÍA JURÍDICA










DERECHO ARRENDATICIO

ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS: EL “VENCIMIENTO DE LA MENSUALIDAD” COMO PUNTO DE PARTIDA DEL LAPSO PARA LA CONSIGNACIÓN DEL CANON ANTE UN TRIBUNAL DE MUNICIPIO ES, EN PRIMER LUGAR, EL VENCIMIENTO QUE HUBIERE SIDO CONVENCIONALMENTE FIJADO Y, EN SU DEFECTO, EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES. INTERPRETACIÓN DEL ART. 51 DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS (SALA CONSTITUCIONAL)









DERECHO CIVIL











sábado, 30 de julio de 2016

IV CONGRESO DE DERECHO PROCESAL: REFORMA, REALIDAD Y PERSPECTIVAS, en homenaje al Dr. EDGAR NUNEZ ALCÁNTARA, a realizarse en Valle de la pascua, Estado Guarico, durante los días 28 y 29 de octubre de 2016





“IV CONGRESO DE DERECHO PROCESAL: Reforma, realidad y perspectivas”
Homenaje al “Dr. Edgar Núñez Alcántara”
Valle de la pascua, 28 y 29 de Octubre 2.016
Lugar: Cámara de Comercio y Producción
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    Dr. Edgar Núñez Alcántara: (Abogado en ejercicio. Profesor de pre y post grado de la UC – Autor de diversas obras – Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal). “Propuestas de reforma al proceso Jurisdiccional para la Venezuela de la segunda década del siglo XXI”.
-      
     Dra. Cecilia Sosa Gómez: (Ex Magistrada Presidente de la CSJ.  Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales). “La Oralidad garantiza la Tutela Judicial Efectiva?”.
-      
    Dra. Blanca Rosa Mármol de León: (Ex Magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ – Miembro del Bloque Constitucional de Venezuela). “El Indulto”.  
-     
     Dr. Román J. Duque Corredor: (Ex Magistrado de la CSJ – Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales). “Una agenda para la Constitucionalizacion del país”.
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     Dr. Pedro Rondón Haaz: (Ex Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ). “Las Medidas Cautelares en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil”.
-     
     Dr. Jorge Rosell: (Profesor de post grado UC, LUZ y UCAB. Ex Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ). “Derechos Humanos, Constitución y Derecho Penal”.
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    Dr. Rodrigo Rivera Morales. (Presidente del Instituto Colombo – Venezolano de Derecho Procesal. Miembro Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal). “Una reforma probatoria para una auténtica reforma del Código de Procedimiento Civil”.   
-      
    Dr. Julio Elías Mayaudon (Ex Magistrado Sala Penal de la CSJ. Profesor de pre y post grado UC). “Restitución del Sistema Acusatorio en el Proceso Penal Venezolano”.  
-   
    Dr. Juan Carlos Apitz: (Ex Magistrado Corte Contencioso Administrativa – Profesor de post grado UCV). “El nuevo Juicio Civil Oral en Venezuela”.
-   
     Dr. Salvador Yannuzzi Rodríguez: (Decano de la Facultad de Derecho UCAB). “Las modificaciones al régimen probatorio en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil”.
-      
    Dr. Iván Pérez Rueda: (Profesor de post grado de UC – UCV – Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal) “Flexibilidad de la Carga de la Prueba. (Dinámica Probatoria)”.
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   Dr. Miguel Ángel Martín Tartabu: (Profesor de post grado en Derecho Constitucional y Procesal en UCAB – UCV – UC. Experto en Resolución de Conflictos. Ex Juez Superior en lo Civil y Mercantil. “La inconstitucionalidad del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil”.
-   
    Dr. Ramsis Ghazzaoui: (Profesor post grado de Derecho Administrativo – UCAB). “Incidencias de la reforma del Proceso Civil en el Contencioso Administrativo”.
-     
     Dr. Humberto Angrisano: (Profesor de post grado UCV – Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal). “Tendencias procesales en América, modernidad y reforma Procesal Civil Venezolana”.
-  
   Dr. Álvaro Badell Madrid: (Especialista en Derecho Procesal – UCAB. Presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje). “El nuevo procedimiento a la luz de la reforma del Código de Procedimiento Civil”.
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  Dr. Argenis Flores: (Profesor de pre y post grado.  UC - UCAB. “Jurisprudencia del TSJ y Jurisprudencia de Instancia: sometimiento o uniformidad?”.
-      
    Dr. Marcos Solís Saldivia: (Abogado en ejercicio. Profesor post grado UCAB. Miembro Instituto Colombo – Venezolano de Derecho Procesal e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal). “La humanización del proceso y su concreción en el establecimiento de límites legales, procesales, politico, económico y sociales a la Ejecución de la Sentencia”.
-     
     Dr. Eustoquio Martínez Vargas: (Abogado en ejercicio. Profesor de post grado UCAB – Yacambu. Miembro del Instituto Colombo – Venezolano de Derecho Procesal e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal). “El Juzgamiento de los hechos y sus efectos procesales en relación a la Cosa Juzgada”.
-   
   Dra. Mariana Isoles Camero Hernández: (Abogado en ejercicio. UNERG. Miembro del Instituto Colombo – Venezolano de Derecho Procesal. Ex semillero. Conferencista nacional e internacional). “El Estado de Derecho hoy en Venezuela”.

Directores Generales del Congreso: Dr. Carlos E. Camero C – Dr. Adolfo Molina B – Dr. Iván González M
(0414/3350060 – 0416/5470986 – 0414/943994 – 0414/4651265 – 0414/4447012 (cejuprog@gmail.comicvdpcapituloloslosllanos@gmail.com - dr.carlosc.camero@gmail.commolbriz@gmail.com)


Auspicia:

Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal (Capitulo Los Llanos)
Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Organiza:

Centro de Estudios Jurídicos Procesales del Estado Guarico (CEJUPROG)









Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios (2016)





(Gaceta Oficial N° 6.240 Extraordinario del 15 de julio de 2016)

ASAMBLEA NACIONAL

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TELEFONÍA CELULAR Y LA INTERNET EN EL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Exposición de Motivos

Internacionalmente la utilización de telefonía celular y del servicio de internet o de cualquier servicio de voz y datos distintas a las establecidas legalmente dentro de las instalaciones penitenciarias, generan condiciones propicias para la comisión de diversos delitos tales como extorsiones, secuestros virtuales, trata de blancas, operaciones de narcotráfico, cobros de secuestros, sicariatos, extorsiones, cobros indebidos por la recuperación de vehículos robados o hurtados, entre otros graves delitos.

El Código Orgánico Penitenciario, ley de la República vigente desde diciembre 2015, establece en su Capítulo V "Del Régimen de Comunicación" artículos 106 al 108 inclusive, aspectos generales sobre la regulación de las comunicaciones en cuanto a voz y data en los recintos penitenciarios, no obstante, se considera necesario un instrumento legal que desarrolle con mayor especificidad y precisión los aspectos, legales y técnicos, garantizando además los derechos fundamentales a los privados de libertad y a la población en general.

Esta nueva legislación está destinada a prevenir la planificación, dirección y comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, además establece los pasos y las condiciones para que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario continúe avanzando en la instalación de equipos encargados de bloquear, anular o inhibir la señal de la telefonía celular, la internet y, en general, todos los servicios de voz y data en las cárceles, centros para procesados y procesadas judiciales y penitenciarías que existen en el territorio nacional, lo cual deberá realizarse sin afectar de ninguna manera a las comunidades aledañas. La República ha suscrito diversos convenios de cooperación y transferencia tecnológica con países ampliamente desarrollados, tal es el caso del Convenio China-Venezuela y la aplicación ya en marcha del SISTEMA DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD PENITENCIARIA (SITESEP), que abarca todo el sistema penitenciario del país en los recintos donde se implementa el nuevo régimen, alcanzando a la fecha una ejecución del 68% y estimando alcanzar el 100% para el mes de marzo 2017. Además con países pertenecientes a la unión europea, la República implementó y tiene en funcionamiento al 100% un proyecto de tecnología y seguridad en voz y data en un recinto penitenciario especifico.

La entrada en vigencia de esta Ley no supone la supresión del derecho a la comunicación externa de los privados de libertad, previsto en el artículo 37 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, por cuanto, además de las vías establecidas en esta norma, el mismo podrá ejercerse a través de una central telefónica pública que deberá ser colocada en las cárceles y penitenciarias a través del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el cual deberá monitorear y controlar el uso de esta plataforma tecnológica.

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública (2015)






(Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015)

República Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional

Caracas - Venezuela

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la última reforma de la Ley Orgánica de la Ley de Defensa Pública, se regularon todos los aspectos relacionados con esta institución, sin embargo, se observa que de manera genérica se prevé la remoción del Defensor Público General o Defensora Pública General, por lo que se hace necesario una reforma para subsanar el vacío legal vigente en la norma y que podría generar conflictos futuros a la hora de su interpretación.

En este sentido, esta reforma plantea un desarrollo de lo establecido en el artículo 11 de la norma vigente, incorporando las causales de remoción, y las autoridades involucradas en el procedimiento para la remoción del Defensor Público General o Defensora Pública General.

Como basamento constitucional es necesario señalar que la Defensa Pública, forma parte del Sistema de Justicia venezolano, conjuntamente con otras instituciones, tal y como lo dispone el artículo 253; siendo potestad del Tribunal Supremo de Justicia, la inspección y vigilancia de las defensorías públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 267 de nuestra Constitución, por lo que es pertinente incluir en el procedimiento de remoción del Defensor Público General o Defensora Pública General, al Máximo Tribunal de la República, como garante del desempeño de la primera autoridad de la Defensoría Pública, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo que se propone incorporar. Por las razones antes expuestas y de acuerdo con la iniciativa parlamentaria prevista en el artículo 204 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se presenta esta propuesta de Reforma de Ley con el objeto de solventar el procedimiento y establecer las causales para la remoción del Defensor Público General o Defensora Pública General, a la luz de garantizar mayor seguridad al ejercicio de las importantes atribuciones encomendadas a esta institución, encargada de brindar un servicio eficaz al pueblo venezolano en el acceso a los órganos de administración de justicia, y el derecho a la defensa en cualquier proceso judicial y administrativo.

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (2015)





Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

(Gaceta Oficial Nº 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015)

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Procuraduría General de la República es un Organismo de rango constitucional, que no puede permanecer ajeno a las efectivas transformaciones, tanto orgánicas como normativas de la Administración Pública, las cuales ameritan que la Institución se mantenga en constante actualización a los fines de la adecuación a una nueva concepción de nuestro ordenamiento jurídico y el perfeccionamiento de las competencias atribuidas a este Organismo, que día a día debe desplegar con firmeza la doble función que le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la representación y defensa judicial y extrajudicial y el rol de órgano superior de consulta de la Administración Pública.

Así, la institución debe afianzar el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela o el derecho de nuestro pueblo a la libre determinación, ya que este derecho tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1.966, y en muchos otros tratados internacionales, así pues se regula la posibilidad de que la Procuraduría extienda su rol como garante de los intereses de la República a través de sus servidores quienes con ocasión de su gestión pudieran ser afectados por acciones injerencistas de Poderes Extranjeros. Es por ello que puede afirmarse que el derecho de los pueblos a la autodeterminación constituye la base fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo; sin embargo, es frecuente observar cómo los principios democráticos y los derechos humanos son vaciados de contenido por la promoción y la puesta en práctica de un orden económico injusto y desigual, derivado de la privatización y la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida, en detrimento de la soberanía por excelencia de los Estados, menoscabando el derecho a la defensa de sus intereses, entre ellos los intereses patrimoniales.

A fin de rehabilitar el derecho a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, y sus riquezas, componente esencial del derecho a la autodeterminación; se considera entonces que siendo deber constitucional de la Procuraduría General de la República asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, ésta debe velar por la protección de la soberanía y de esta manera evitar que gobierno extranjero alguno pueda intervenir en el libre y soberano ejercicio de ese derecho fundamental.

De esta manera, uno de los objetivos de este Decreto Ley es garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el refuerzo de la actuación frente a acciones o amenazas injerencistas de estados o poder extranjeros, siendo el deber de la Procuraduría General de la República velar por la protección de estos derechos, y como consecuencia de ello, incidir en el reconocimiento expreso de su carácter constitucional de representante exclusivo judicial y extrajudicial, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Se instituye entonces, en este Decreto Ley, de manera formal, el deber de la Procuraduría General de la República de velar por el derecho a la soberanía del pueblo y su autodeterminación, pudiendo actuar de oficio o a instancias de las máximas autoridades en pro de ese derecho; incluyéndose además, un Capítulo que tiende a facilitar aún más, la actuación judicial de este organismo a nivel internacional, a través de la posibilidad de convertir recursos en divisas para sufragar los gastos asociados a la representación de la República cuando trascienda las fronteras patrias.

Por otra parte, se regula lo relativo a las faltas del Procurador o Procuradora General de la República, clasificando las faltas en absolutas, temporales y accidentales, estableciendo en forma legal y expresa, la suplencia de las faltas temporales e interinarías a cargo del Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, esto como necesaria garantía a la permanente protección de los intereses de la República.

jueves, 28 de julio de 2016

La prescripción judicial o extraordinaria no es susceptible de ser interrumpida, es de orden público e irrenunciable, debiendo comenzar a computarse desde el día de la perpetración del hecho (Sala de Casación Penal)




Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Se dio inicio al presente proceso en virtud de los hechos ocurridos, en fecha catorce (14) de septiembre del año 1989, en la Clínica Santiago de León, ubicada en la Avenida Libertador de la ciudad de Caracas, dejándose constancia en “Transcripción de Novedad” por parte del funcionario adscrito a la Sub Delegación Simón Rodríguez del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de lo siguiente:       

 “… se informa que en la Clínica Santiago de León, ubicada en la Av. Libertador, se ha cometido un delito Contra Las Personas, en perjuicio de BARAJAS PARADA Ana Francia (…) se presume la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio, se acuerda abrir la correspondiente averiguación sumaria…”.

martes, 26 de julio de 2016

Admisión de hechos y el error en la calificación jurídica (Sala de Casación Penal)




Así tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal, establece el procedimiento especial de admisión de los hechos, el cual  de acuerdo a lo establecido por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en su decisión N° 565 del 22 de abril de 2005, es una de las formas de autocomposición procesal que a pesar de no estar incluido dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el Título IV del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, cumple la misma función: pone fin al proceso.

El referido procedimiento está contemplado en el Título IV del Libro Tercero, artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, previsto por el legislador para que de una manera especial tenga lugar la terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del acusado.

Resulta importante señalar que el procedimiento especial por admisión de los hechos según lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal “tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas”

Es en la fase intermedia donde se realiza por parte del juez, el examen preliminar de los medios de prueba, es decir, depura el procedimiento y ejerce el control sobre la acusación, en ese sentido la Sala, en su decisión N° 469, de fecha 3 de agosto de 2007, ha establecido:

“Siendo que, es en la fase intermedia del proceso cuando el acusado puede admitir los hechos, el Juez como director del proceso debe cumplir con la función que le confiere la ley en esta etapa, la de filtro purificador o de decantación del escrito de acusación fiscal o de la acusación particular propia, que como acto formal debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal vigente), y es al órgano jurisdiccional -Juez de Control en la Audiencia Preliminar- a quien corresponde ejercer el control efectivo de la misma. (Resaltado de la decisión)
El Juez de Control en la audiencia preliminar es garante que la acusación se perfeccione bajo las actas de investigación ejecutadas, preservando el derecho a la defensa e igualdad entre las partes y ello sólo puede alcanzarse a través del examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público, y determinar si el pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado.
El Juez no es simple tramitador o validador de la acusación fiscal o del querellante, tal es la función del Juez como contralor de los requisitos del escrito de acusación (artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal [artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente]), que le está permitido cambiar la calificación fiscal a que se contrae el escrito de acusación, pero ello no obedece al azar o a una simple intuición sino que es producto del examen de los elementos de investigación recabados en la etapa preparatoria, contenidos en el escrito de acusación fiscal.

Caso Daka: Avocamiento Con Lugar por vulneración del principio de unidad del proceso penal (Sala de Casación Penal)



La solicitud de avocamiento bajo análisis, se fundamentó en la presunta ocurrencia de una serie de actos procesales que denotan un grave desorden procesal sucedido durante la tramitación de las causas seguidas en contra de los ciudadanos FALLES RAMADAN DAGGAK MUJAMAD MAHMOUD DAGGAK y AMAL HASAN ABDILHADI, ante los Tribunales de los Circuitos Judiciales Penales de los Estados Falcón y Carabobo. Situación que a juicio de la proponente ha devenido en el quebrantamiento de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 76 del Código Orgánico Procesal Penal.

                Concretamente, se denunció que ante dos tribunales de diferente competencia territorial, se siguen dos procesos penales por una misma identidad de hechos y delitos, no habiéndose obtenido una debida respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales, a pesar de haberse ejercido los recursos ordinarios correspondientes.

                Y en efecto, del estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, la Sala de Casación Penal observa que le asiste la razón a la solicitante, pues  durante la tramitación de las causas IP11-P-2013-013050 que cursa ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo y GP01-P-2013-019051 seguida ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, respectivamente, se ha incurrido en desorden procesal por transgresión de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherentes a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como del artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la Unidad del Proceso Penal.

                Dichos dispositivos normativos señalan:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

"Es deber del juez precisar la fecha de la indexación frente a la solicitud de la parte en juicio" y podrá establecerla inclusive de oficio indicando como fecha de inicio "la fecha en que fue admitida la demanda y como fecha de término en que quede definitivamente firme la decisión del superior".








En el presente caso, el formalizante sostiene que el juez de alzada en relación a la indexación decidió improcedente porque no se indico la fecha inicial hasta cuándo será la fecha final, este argumento no puede ser mas desfasado, porque no tiene sentido y se aleja del prudente arbitrio que debe tener un juez cuando se aplican normas elementales como el sentido común, un principio ético y elemental del derecho, que en resumen son las máximas de experiencia, aquí en el presente caso al justiciable solo se le dejo cobrar una cuota parte de su dinero 11 años después, sin obtener el beneficio de la indexación que por derecho y justica, le corresponden, así lo denuncio y espero que sea acordado en 


la sentencia, que, en criterio del denunciante, se aplica cuando sea necesario determinar la manera de calcular la indexación.

En ese sentido, resulta necesario precisar lo siguiente: 

En primer término, cabe destacar que las máximas de experiencias, constituyen conocimientos, conceptos o definiciones de un grupo de personas en un espacio determinado, procedentes de la experiencia y empleadas a discreción del juez, a hechos concretos, sin que ello implique que esa aplicación necesariamente tenga validez para otros casos semejantes, con lo cual queda desvirtuado el argumento del recurrente, según el cual, existe una máxima de experiencia predeterminada que se utiliza para establecer la manera de calcular la indexación.

En segundo término, puede evidenciarse que lo cuestionado por el formalizante es que el juzgador lo (sic) considera improcedente porque no se indicó la fecha inicial hasta cuándo será la fecha final, este argumento no puede ser mas desfasado, porque no tiene sentido y se aleja del prudente arbitrio que debe tener un juez cuando se aplican normas elementales como el sentido común, un principio ético y elemental del derecho, que en resumen son las máximas de experiencia, aquí en el presente caso al justiciable solo se le dejó cobrar una cuota parte de su dinero 11 años después, sin obtener el beneficio de la indexación que por derecho y justica, le corresponden, así lo denuncio y espero que sea acordado en la sentencia,

Al respecto se puede evidenciar que el formalizante mas que denunciar la infracción de una máxima de experiencia, en realidad lo que se alega es que el juez de alzada menoscabó el derecho a la defensa de la parte actora, pues con esa manera de decidir la indexación solicitada en el libelo de la demanda, es decir, cuando expresó: ”…En cuanto a la pretensión de que la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) demandada le sea aplicada la corrección monetaria de acuerdo al índice inflacionario que arroje el Banco Central de Venezuela, “al momento de la total cancelación de la deuda existente”, (comilla del Tribunal), este Juzgador declara IMPROCEDENTE la misma, por cuanto no señaló a partir de qué momento solicita la aplicación de la misma, ni hasta cuándo se ha de aplicar ésta, ya que él se limitó a indicar que el índice inflacionario a ser aplicado sería el indicado por el Banco Central de Venezuela al momento de la cancelación de la deuda, referencia ésta que tampoco es admisible, por cuanto al pagarse la deuda o el monto condenado a pagar, pues legalmente no existe posibilidad procesal de la incidencia alguna para ordenar un nuevo pago, ya que la experticia complementaria del fallo, sólo se ha de hacer hasta la fecha en que se declare definitivamente firme la sentencia. Y así se decide…”. En realidad, lo que hizo el ad quem es exigir una carga al accionante que no le corresponde, pues es deber del juez precisar la fecha de la indexación frente a la solicitud de la parte en juicio. (Negrillas de la Sala).

En consecuencia y de acuerdo a lo antes expuesto, y en virtud de los postulados constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los principios de la tutela judicial efectiva, de evitar formalismos inútiles, y evidenciando que el formalizante lo que quiso denunciar es un menoscabo del derecho a la defensa, y siendo esta una cuestión de orden público, la Sala pasa a extremar sus facultades y entra a analizar la presente denuncia en ese sentido, en los siguientes términos:

Al respecto, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, se pasa a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida:

“…D) En cuanto a la pretensión de que la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) demandada le sea aplicada la corrección monetaria de acuerdo al índice inflacionario que arroje el Banco Central de Venezuela, “al momento de la total cancelación de la deuda existente”, (comilla del Tribunal), este Juzgador declara IMPROCEDENTE la misma, por cuanto no señaló a partir de qué momento solicita la aplicación de la misma, ni hasta cuándo se ha de aplicar ésta, ya que él se limitó a indicar que el índice inflacionario a ser aplicado sería el indicado por el Banco Central de Venezuela al momento de la cancelación de la deuda, referencia ésta que tampoco es admisible, por cuanto al pagarse la deuda o el monto condenado a pagar, pues legalmente no existe posibilidad procesal de la incidencia alguna para ordenar un nuevo pago, ya que la experticia complementaria del fallo, sólo se ha de hacer hasta la fecha en que se declare definitivamente firme la sentencia. Y así se decide…”.


De la precedente transcripción se desprende que efectivamente tal y como lo alegó el formalizante, el ad quem declaró inadmisible la indexación solicitada por la parte actora con fundamento en que ésta no precisó las fechas para la indexación.

Al respecto la Sala de Casación Civil en decisión de fecha 8 de mayo de 2009, caso: ANTONIO DIPRIZIO SALIANO, contra los ciudadanos VICTORIANO SANTOS yBLADIMIR URBINA, sentencia N°252, expresó lo siguiente:

“…En las demandas de sumas de dinero, la solicitud de indexación judicial en la demanda representa el correctivo inflacionario, pues evita el perjuicio causado por la desvalorización de la moneda durante el transcurso del juicio. A tal efecto, el juez en su decisión debe determinar de forma precisa cuales son los límites de dicha operación para que los expertos puedan determinar la cantidad a indexar, siendo la fecha de inicio para el cálculo la admisión de la demanda
…En tal sentido, esta Sala de Casación Civil mediante Sentencia Nº 00023, del 4 de febrero de 2009, caso: Julio César Trujillo Sanoja c/ María Elena Salas Salas, Exp. Nº 2008-000473, indicó, lo siguiente: 
“…A propósito de la fecha elegida por el juez de Alzada para el inicio del cálculo de la citada indexación, esta Sala considera oportuno destacar el criterio sentado en la sentencia de fecha 29 de octubre de 2008, caso: Cargill de Venezuela C.A., contra Granjas Roly, C.A., entre otras, respecto a la correspondencia que debe existir entre la fecha de inicio del cálculo de la indexación acordada por el juez y la admisión de la demanda. Al respecto, la mencionada decisión estableció lo siguiente: 
“…esta Sala en sentencia N° 714 del 27 de julio de 2004, se pronunció respecto los parámetros de la  indexación judicial, señalando lo siguiente:
“...La Sala de Casación Civil, ha establecido que la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal, por tanto, éste correctivo se concede desde el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda.
En tal sentido, la Sala en sentencia N° 0134 de fecha 7 de marzo de 2002, en el juicio Marisela Machado de Hernández y otras contra Banco Popular de los Andes, C.A., expediente N° 00-517, en cuanto al lapso que comprende la indexación, estableció lo siguiente:
‘...En otras palabras, no puede acordarse la indexación en los términos solicitados por el formalizante, pues el correctivo inflacionario que el Juez concede es a los efectos de evitar el perjuicio por la desvalorización del signo monetario durante el transcurso del proceso, siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca su inicio, y por ende, el de la indexación judicial. Así se decide...’. 
Asimismo, en sentencia N° 5 de fecha 27 de febrero 2003, en el juicio Nicola Consentino Lelpo y otros contra Seguros Sud América S.A., expediente N° 01-554, estableció lo siguiente:
‘...La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.
La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar... 
Ahora bien, en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio...”. 
En virtud de lo antes expuesto, el juzgador ad quem al declarar con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra venta, y condenar al demandado al pago de lo adeudado, ordenó la corrección monetaria desde el mes de mayo de 1999, fecha que no se indicó en el libelo para la indexación sino para los intereses moratorios, sin tomar en cuenta que la fecha de inicio de tal correctivo es desde que se admite la demanda, tal como lo dispone las jurisprudencias transcritas, que en el caso de autos la admisión fue el 28 de enero de 2000, tal como se evidencia del folio 15 de la primera pieza del expediente...’. (Negrillas del texto).
Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se observa que la solicitud de corrección monetaria o indexación en la demanda de sumas de dinero, representa el correctivo inflacionario idóneo, en virtud de la pérdida del valor de la moneda sufrido por la parte durante el transcurso de un tiempo, siendo la admisión del libelo de demanda el momento que determina su inicio…”. (Negrillas de la decisión).



De la jurisprudencia precedentemente transcrita, se desprende que en los casos en los que el actor no indique la fecha de inicio de la indexación del monto demandado, el juez podrá establecerlo inclusive de oficio indicando como fecha de inicio, la fecha en que fue admitida la demanda y como fecha de término en que quede definitivamente firme la decisión del superior.

En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, aplicados al caso de autos, se evidencia que cuando el juez de alzada declara sin lugar la indexación con fundamento en que la parte actora no indicó el lapso correspondiente para tal concepto, incurrió en menoscabo del derecho a la defensa de la parte accionante, pues le exigió una carga que no le correspondía, ya que sólo bastaba con que solicitara la indexación como ocurrió en el caso de autos, para que el juez de alzada al momento de acordarla indicara el lapso correspondiente para su cálculo, razón por la cual con tal proceder el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículo 12, 15, y 208 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara procedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide. 

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en los escritos de formalización de los recursos de casación que fueran presentados, conforme a lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandante FRANKLIN RAMÓN PIÑANGO contra la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de laCircunscripción judicial del estado Lara.

Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas, de conformidad con la ley. 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Lara. Particípese dicha remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en   Caracas,  a los trece (13)  días del mes de julio de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

Presidente de la Sala,


____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,


______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ   

Magistrada Ponente


__________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Magistrada,


_________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ




http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/189012-RC.000461-13716-2016-13-570.HTML



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