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jueves, 30 de junio de 2016

Sala Constitucional: "mal podría pretenderse la equiparación de uniones estables entre personas de un mismo sexo respecto del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando la Constitución no incluyó al matrimonio entre personas del mismo sexo en los términos del artículo 77 de su texto".




En el caso de autos se incoó solicitud de interpretación constitucional en relación con dos aspectos en concreto: de una parte, se peticionó la interpretación del artículo 21, cardinal 1, de la Constitución, en conexión con los artículos 19, 20 y 22 eiusdem, “...con respecto a si el principio de no discriminación abarca a la no discriminación por orientación sexual”. De otra, se planteó a la Sala la posible colisión entre los preceptos que recogen los artículos 21, cardinal 1, y 77 de la Constitución desde la perspectiva del principio de la no discriminación por orientación sexual, en el sentido de que el artículo 77 constitucional equipara las uniones de hecho entre hombre y mujer al matrimonio, y no así las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, lo que implicaría un tratamiento discriminatorio.
                        1.         En relación con la interpretación del artículo 21, cardinal 1, de la Constituciónla Sala considera necesaria la transcripción del texto de dicha norma:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1.                 No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha expuesto ya, en diversas ocasiones, cuál es el contenido y alcance de ese derecho fundamental. Así, en sentencia n.° 536 de 8-6-00 (casoMichelle Brionne) se estableció que el principio de igualdad ante la ley impone el otorgamiento de trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad, y trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad.
Asimismo, entre otras muchas, en decisión n.° 1197 de 17-10-00, -que fue reiterada en fallo 3242 de 18-11-03-, se dispuso que “…el derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación, es entendido como la obligación de los Poderes Públicos de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho, es decir, que este derecho supone, en principio, que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria, y se prohíbe por tanto, la discriminación”, y aclaró también que “no todo trato desigual es discriminatorio, sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas”.
La comparación del texto del artículo 21 de la Constitución vigente respecto del artículo 61 de la Constitución de 1961 revela que el Constituyente de 1999 pretendió reforzar este derecho, precisamente mediante la inclusión de una cláusula abierta que proscriba cualquier forma arbitraria de discriminación, en adición a las que expresamente señala la norma, esto es, raza, sexo, credo, o condición social. Así, el encabezado de dicho artículo 61 disponía:
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social.


El concubinato putativo ha de ser alegado en el libelo de demanda (Sala de Casación Civil)



En la presente denuncia el recurrente delata la supuesta infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4°) del Código de Procedimiento Civil, al incurrir –según sus dichos- en el vicio de inmotivación por contradicción entre de los motivos.
En relación a la contradicción entre los motivos y el dispositivo del fallo, la Sala, en sentencia N° 673 del 7 de noviembre de 2003, caso María Auxiliadora Zambrano Araque contra Inversora Riona, S.R.L., expediente N° 2002-000279, ratificada, entre otras, en sentencia N° 114 del 12 de marzo de 2009, caso Alberto Colucci Cardozo contra Iberia, Línea Aéreas de España, S.A., ambas con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:
“...En relación a la inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo del fallo, la Sala, en sentencia N° 149 del 7 de marzo de 2002, caso Luis Barranco Maeso contra Eduardo Arturo Gámez Espinoza, expediente N° 01-301, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:
Constituye inmotivación la absoluta contradicción lógica entre los motivos y el dispositivo, de manera tal que todas las razones que sustenten el fallo conduzcan a un resultado diferente a lo decidido por el juez; así la doctrina de la Sala, en sentencia Nº 576, de fecha 12 de agosto de 1999 en el juicio de Angel Delgado Medina contra Terrenos y Maquinarias Termaq C.A., expediente Nº 98-473, expresó:
“...b) Que igualmente, la contradicción entre los motivos y el dispositivo, no da lugar a la nulidad de la sentencia por el vicio de contradicción, sino por el de inmotivación, pues en este caso de lo que se trata realmente es de falta de fundamentos....”
En el caso que nos ocupa existe el vicio de inmotivación por contradicción lógica entre la motiva y la dispositiva. En efecto, el Juez de la recurrida en su parte motiva consideró que las sumas consignadas por los terceros interesados Eduardo Arturo Gámez y Aidee Josefina Espinoza de Gámez, eran imputables a los montos reclamados por concepto de capital e intereses vencidos calculados a la rata del uno por ciento (1%) mensual, desde la fecha en que se hizo exigible la obligación (7-5-1998) hasta el día de la consignación (28-09-1999), y dicho pago, según lo afirmó el propio sentenciador, extinguió la obligación objeto del presente proceso, contraida por el ciudadano Eduardo Gámez Espinoza, así claramente estableció el Juez, lo siguiente:

Resulta incompatible demandar la declaración de unión concubinaria con otras pretensiones sobre bienes de una comunidad aún no establecida. Casación de Oficio (Sala de Casación Civil)





CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Civil en fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, sentencia Nº 22, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, referido a que “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia…”, tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando a motu propio detecte la infracción de una norma de orden público y constitucional, “…aunque no se le haya denunciado…”.
Asimismo, la Sala de Casación Civil ha dejado sentado, entre otras, en decisión del 22 de mayo de 2001, Caso: Mortimer Ramón c/ Héctor José Florville Torrealba, que la acumulación debe obedecer a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contrarios o contradictorios en casos que, o bien son conexos, o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia.
En este sentido, ha sostenido que ella tiene como objetivo influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos. Sin embargo, debe verificarse si la acumulación se ajusta a derecho, esto es, que se trate de pretensiones compatibles, que no se contraríen o excluyan entre sí, y que puedan ser tramitadas en un mismo procedimiento.
En efecto, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda “...si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley...”. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa.
Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, expresamente prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación de pretensiones.
Se entiende, entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, a juicio de la Sala, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda.

Acción mero declarativa de concubinato: la publicación del edicto constituye un requisito de orden público. Revisión de oficio. (Sala Constitucional)




No obstante, lo anterior, visto que se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en la referida norma civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que esta Sala Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público.   

           Establecido lo anterior, esta Sala observa, de las actas cursantes al presente expediente, que efectivamente el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en el conocimiento de la causa contentiva de la acción mero declarativa de concubinato, interpuesta por el ciudadano Armando Gutiérrez Henao contra la hoy solicitante, admitió la demanda el 10 de junio de 2008, y el 07 de agosto del mismo año se ordenó la notificación de la demandada, la cual se practicó el 23 de octubre de 2008, siendo que, el 19 de noviembre del ese año, ella contestó la demanda; luego, el 13 de enero de 2009, se admitieron las pruebas promovidas por la demandada y, el 26 de mayo de 2009, se declaró parcialmente con lugar la demanda y, en consecuencia, declaró que existió una relación concubinaria -en la que se procrearon tres (3) hijos nacidos el 18 de octubre de 1991, el 28 de abril de 1994 y el 29 de septiembre de 1997.

          Asimismo, se observa que el ciudadano Armando Gutiérrez Henao, demandó por partición y liquidación de la comunidad concubinaria, a la ciudadana Zulay Josefina Viña, demanda que fue admitida el 1° de octubre de 2009, por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y el 24 de noviembre de 2013, se ordenó la partición en partes iguales entre el demandante y la demandado, de una casa con su parcela de terreno propio, distinguido con el numero 6-B de la Urbanización Vencedores de Araure, sector III, situada en la margen izquierda de la carretera Araure, vía Tapa de Piedra, en la ciudad de Araure, Municipio Araure del Estado Portuguesa, con una superficie de ciento veinte metros cuadrados (120 m2).

Uniones estables de hecho o concubinato: sentencia que interpreta el art. 77 de la Constitución Nacional sobre el alcance de su equiparación con el matrimonio civil (Sala Constitucional)




Corresponde a esta Sala decidir el fondo de la presente interpretación del artículo 77 de la Constitución, para lo cual se observa:
El artículo 77 constitucional reza “Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
Resulta interesante para la Sala resaltar que dicha norma use la voz “unión estable” entre el hombre y la mujer, y no la de concubino o concubina utilizada en el artículo 49.5 eiusdem; y ello es así porque unión estable es el género, tal como se desprende del artículo 146 del Código Orgánico Tributario, o del artículo 13-5 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, o del artículo 785 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, siendo el concubinato una de sus especies.
El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).
Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (artículo 767 eiusdem), el artículo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la existencia de la presunción pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia .
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77-el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara.

miércoles, 29 de junio de 2016

Sala de Casación Civil declara que es válido el escrito de formalización del recurso de casación consignado ante un Registro o Notaría para su autenticación




Es pacífica y consolidada la doctrina conforme con la cual las peticiones de reapertura de lapsos deben atender al contenido y alcance del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, al derecho a la defensa previsto en el artículo 49 del Texto Fundamental y al artículo 15 de la Ley Adjetiva Civil, que contempla el principio de igualdad procesal.
Al respecto, conviene señalar que el referido artículo 202 eiusdem, es el que sirve de pauta para conceder las prórrogas o reaperturas de los lapsos, según el caso, cuando el recurrente no pueda presentar la formalización dentro del lapso legal.
De esta norma es determinante concluir que legalmente se pueden prorrogar o reaperturar los lapsos “…en los casos expresamente determinados por la ley o por causa grave no imputable a la parte que lo solicite…”; pero, teniendo sumo cuidado en el análisis de cada caso en particular, pues, se pudiera abrir una brecha peligrosa que atentaría contra la seriedad de la administración de justicia, si se facilita la reapertura de lapsos por causas que ciertamente no lo justifiquen.
Teniendo presente la base legal de la solicitud formulada ante esta Sala, es preciso indicar que la solicitud de reapertura implica la concesión de un nuevo plazo, ya que solo se abre de nuevo lo que estaba cerrado, a diferencia de la solicitud de prórroga que se refiere a la necesidad de extender un término o lapso que todavía no ha culminado; por tanto, toda solicitud de prórroga debe hacerse antes del vencimiento del lapso, mientras que la solicitud de reapertura deberá formularse luego de vencido ya el lapso o término.
En el caso de autos, se constata del cómputo practicado por la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, que cursa al folio 229 del expediente, que el día siguiente al último de los diez (10) días que se conceden para anunciar el recurso de casación, fue el día 16 de enero de 2016, por tanto, desde tal fecha comenzó a correr el lapso de cuarenta (40) días más el término de distancia de cinco (5) días, que disponía la solicitante de la reapertura para formalizar el recurso de casación en el presente juicio y, en consecuencia, el día 29 de febrero del mismo año, venció el lapso para consignar ante la Secretaría de esta Sala el escrito de formalización.

Sobre la legitimación en juicio de la comunidad conyugal. Validez de la integración voluntaria del litis consorcio pasivo necesario (Sala de Casación Civil)






CASACIÓN DE OFICIO

En ejercicio de la facultad que confiere a esta Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, procede a efectuar las siguientes consideraciones:

En este sentido, esta Sala de Casación Civil ha sostenido que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento se encuentra íntimamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. De allí que no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, porque las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectivaincumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Ver, entre otras, sentencia N° 558 de fecha 25 de septiembre de 2013, caso: Joel de Jesús Silva contra Violeta Isolanda Gómez Ortega).

Igualmente, este Máximo Tribunal ha indicado que las formas procesales no deben entenderse como fórmulas caprichosas, que persiguen obstaculizar el procedimiento en perjuicio de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa.


Ciertamente, los actos procesales deben realizarse según las formas previstas en la ley procesal y en las leyes especiales, y sólo en caso excepcional, cuando dichas formas no estén previstas, podrá el juez establecer las que considere más idóneas. (Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil); por lo tanto las infracciones de aquellas normas que regulan la forma de efectuar los actos procesales, pueden traducirse en vicios, que siendo imputables al juez, pueden ocasionar a las partes transgresión de derechos constitucionales de vital importancia en el proceso, tales como el derecho a la defensa y al debido proceso.

Por lo tanto, la indefensión debe ser imputable al juez “…por haber quebrantado u omitido alguna forma procesal, lo que debe ser alegado en las instancias y deben ser agotados todos los recursos, salvo que esté interesado el orden público, como es el caso de la subversión de los trámites procesales...”. (Vid. sentencia N° 54 de fecha 5 de febrero de 2014, caso: Antonio Radamés Franco Castillo contra Seguros Alianza C.A., y otra).

Validez de la apelación ejercida de forma anticipada (Sala de Casación Civil)





De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 198 del Código de Procedimiento Civil y de la doctrina dela Sala Constitucional por error de interpretación.

El formalizante plantea su denuncia de la siguiente manera:


“... la recurrida infringe la Ley, cuando erróneamente interpreta el alcance y el contenido de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de este honorable Tribunal Supremo de Justicia, pues aplica la retroactividad de ella hacia al pasado, cuando esa honorable Sala Constitucional no existía, ya que no estaba vigente la actual Carta Magna.
En efecto, en fecha 08-01-98, por auto dictado por el Tribunal de la Primera Instancia, según consta al folio 315, se hizo pública la sentencia y establecido en dicho auto el lapso para interponer los recursos que  a bien tuvieran las partes en interponer. Y en esta misma fecha del auto del Tribunal de la Primera Instancia, de fecha 08-01-1998, auto que tienen en nuestra Doctrina y Jurisprudencia el nombre de Providencia-, en el apoderado de la parte demandada, en forma irregular y anticipada APELO DE LA REFERIDA SENTENCIA.
Sobre esta APELACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL DEMANDADO, mediante escrito debidamente fundamentado, EL APODERADO ACTOR solicitó SE DECLARARA DEFINITIVAMENTE FIRME LA DECISIÓN, en virtud de la extemporaneidad de la apelación con lo dispuesto en los artículos 12 y 198 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual consta en autos a los folios 320 al 324 inclusive
En este orden de ideas, la Sala de CASACIÓN CIVIL ha sostenido hasta la presente fecha de 2003, que LA APELACIÓN ANTICIPADA ES EXTEMPORÁNEA, y el Juez de la Segunda Instanciaasí también lo ratifica en el punto: IV.- FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN. – 1.- De la apelación, señalando que ‘... la apelación anticipada es extemporánea bajo el concepto de que los recursos deben ser interpuestos dentro de los lapsos establecidos legalmente, los cuales tienen carácter preclusivo ...’, continuando mas adelante con el siguiente concepto: ‘... bajo estos parámetros doctrinales de la Sala Constitucional, impuestos con carácter mandatario, y aún cuando este juzgador comparte el criterio de la Sala Civil ... debe, sin embargo, aplicar el criterio de la Sala Constitucional ...’
Si a todo esto, tomamos en cuenta que para la fecha en que SE PRODUJO LA APELACIÓN EXTEMPORÁNEA, es decir, el día 08-01-98, la Constitución que estaba vigente era la de 1961, así como también la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, y en consecuencia no existía la SALA CONSTITUCIONALla Jurisprudencia que debía ser tomada en cuenta por la recurrida era la pautada por la Sala de Casación Civil.- La extinta Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional de 1961 y el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 estaba conformada por la Sala Plena, Sala Político Administrativa, Sala de Casación Penal y Sala de Casación Civil.
Conforme a la Doctrina pacífica y continuada de la Sala de Casación Civil, en Sentencia N° 279 del 10-08-2000, se ratifica la Doctrina que ha seguirse en relación a la APELACIÓN Y LA TEMPESTIVIDAD, estableciendo que la APELACIÓN EJERCIDA ANTICIPADAMENTE, es extemporánea.
Mal podría tomarse como referencia la Doctrina actual de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en que no aplica esta jurisprudencia de la Tempestividad de la apelación, por cuanto, para la fecha en que fue publicada y apelada la sentencia de Primera Instancia, esa honorable Sala Constitucional NO EXISTIA...” (Mayúsculas, negritas y subrayado del formalizante).
La Sala observa:

El formalizante sostiene que el juez de alzada interpretó erróneamente el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil, porque declaró que la apelación ejercida el mismo día de la publicación del fallo no es extemporánea por anticipada, según el criterio de la Sala Constitucional.

Ahora bien, por cuanto lo alegado por el formalizante se refiere a la falta de aplicación del artículo 198 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, será en este contexto que la Sala analizará la denuncia.

La sentencia recurrida expresó lo siguiente:

El juramento del testigo persigue garantizar la veracidad del testimonio. Casación y nulidad de Oficio por falta de juramentación de testigos (Sala de Casación Civil)




La Sala ejerce la facultad de casar de oficio el fallo recurrido por haber encontrado una infracción de orden público no denunciada por el formalizante, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, observa:

                   La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento.

                   El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario y, en consecuencia, no es convencional; por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez.

                   Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.).

                   En ese orden de ideas, la Sala ha señalado que las normas en que está interesado el orden público, son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada.

                   Asimismo, ha establecido que “...la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra Banco Nacional de Descuento).

viernes, 24 de junio de 2016

Los 10 Mandamientos del Abogado (COUTURE)






10 Mandamientos del Abogado (o El Decálogo del Abogado)


1. ESTUDIA


El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

2. PIENSA


El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

3. TRABAJA


La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas.

4. PROCURA LA JUSTICIA


Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.


miércoles, 22 de junio de 2016

Juzgado de Sustanciación de la SPA admitió el recurso de nulidad ejercido por varios ex Ministros y ex dirigentes del partido de gobierno contra la creación del "Arco Minero del Orinoco"









Caracas, 21 de junio de 2016
206º y 157º

Recibido el presente expediente de la Sala, habiéndose dado cuenta el 14 de junio de 2016 y siendo tiempo hábil para ello, se pasa a emitir pronunciamientoacerca de la admisibilidad de la pretensión propuesta, en los términos siguientes:
En fecha 31 de mayo de 2016, los abogados Freddy Gutiérrez Trejo y Freddy Castillo Castellano, titulares de las cédulas de identidad Nros. 2.969.387 y 3.857.592 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 10.626 y 11.676, respectivamente, procediendo en su nombre y asistiendo a los ciudadanos Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro, Gustavo Márquez Marín, Juan García Viloria, Ramón Rosales Linares, César Romero, Santiago Arconada, Leonardo Simón Rodríguez y Edgardo Lander, titulares de las cédulas de identidad 

Sala Constitucional dicta medida cautelar y designa a los jueces y juezas integrantes de la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinario Judicial








MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante diligencia presentada el 16 de junio de 2016, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, los abogados TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.196.401 y 9.223.718 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 8.476 y 43.297, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron medida cautelar innominada “[…] a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”; todo ello con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad que conoce esta Sala del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.
En fecha 16 de junio de 2016, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por los mencionados abogados.
Cumplida la tramitación correspondiente esta Sala procede a resolver la solicitud cautelar presentada, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, venezolanos, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, para fundamentar la medida cautelar solicitada, expusieron los alegatos que siguen:
Que “[e] fecha 10 de junio de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 Actos Legislativos del 9 de junio de 2011, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, a los fines de que sea constituida la Jurisdicción Disciplinaria para el primer periodo de funcionamiento “011-2016, tal cual como lo estableciera el entonces Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana del año 2010 en sus artículos 41 y 43 que señalaba que el periodo de permanencia en los cargos de los jueces y jueza (sic) integrantes del Tribunal y de la Corte Disciplinaria Judicial es de cinco (5) años con posibilidad de reelección”.
Que “[…] con la entrada en vigencia del Código de Ética del año 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2015, ratificó efectivamente el periodo de cinco (5) años de permanencia en el cargo de los jueces y juezas de la  Jurisdicción Disciplinaria Judicial, tanto para el Tribunal como para la Corte, tal como lo señala (sic) los artículos 35 y 38 de dicho texto normativo relativo a la ética judicial”.
Que “[…] es de observar que la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética vigente in comento (sic), establece en su único aparte, que con relación a los jueces y juezas principales y suplentes del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial que actualmente se encuentran en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados”.
Que “[…] se hace necesario hacer del conocimiento de esta Magna Sala, que el periodo legal por el cual fuimos designados por la Asamblea Nacional –órgano competente de acuerdo al otrora Código de Ética del 2010, para designar a los jueces y juezas de esta Jurisdicción, y que ahora recae, de acuerdo al vigente Código, en el Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a la aludida Disposición Transitoria Primera- se venció el 14 de junio de hogaño, en virtud de que el acto de juramentación fue realizado en esa misma fecha pero en el año 2011, cumpliéndose el periodo de cinco (5) (sic) para el cual fuimos designados”.
Que “[…] visto el vencimiento del periodo legal para el cual fuimos designados tanto los jueces principales como los jueces suplentes de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, y visto que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia no ha designado los jueces y juezas del nuevo periodo legal en la Jurisdicción Disciplinaria Judicial; es por lo que acudimos ante esta Máxima Intérprete Constitucional a los fines de que dicte la medida cautelar que considere pertinente, a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Finalmente, la parte actora solicitó que se “[…] dicte una medida cautelar innominada, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de garantizar el servicio de administración de justicia disciplinaria y (sic) tutela judicial efectiva en los procesos disciplinarios que se ventilan en esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial”.  
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial y el Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial. 
Al respecto, observa que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone expresamente lo que sigue:
Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”.

En el caso examinado, los solicitantes fundamentan su pretensión en el hecho de que el periodo para el cual fueron designados los jueces y juezas (principales y suplentes) para el ejercicio de sus cargos en la Jurisdicción Disciplinaria se encuentra  actualmente vencido, al haber transcurrido el lapso de cinco (5) años previsto en el vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Al respecto, esta Sala observa que, mediante Gaceta Oficial Número 39.693 del 10 de junio de 2011, fueron publicados los actos legislativos dictados por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 43, 44, 46 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas principales y suplentes competentes en materia disciplinaria judicial.
Por su parte,  el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010 fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015, el cual establece en la Disposición Transitoria Primera lo siguiente:
Primera. Hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, el Tribunal Supremo de Justicia procederá a designar los jueces y juezas y los respectivos del: Juzgado de Sustanciación, Tribunal Disciplinario Judicial, la Corte Disciplinaria Judicial; así como el Director o Directora del órgano investigador disciplinario; en ambos casos, previa asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales.

Los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial, así como sus respectivos suplentes, que actualmente se encuentren en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados, con posibilidad de reelección”.

Como puede observarse de la transcrita Disposición Transitoria, el periodo de permanencia de los jueces y juezas, así como de su respectivos suplentes, con competencia en materia Disciplinaria Judicial, es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su designación, la cual en el caso de autos data, como ya se señaló, del 10 de junio de 2011; siendo evidente entonces que feneció el lapso de cinco (5) años para el ejercicio de los cargos de los mencionados funcionarios judiciales, sin que hasta la presente fecha se haya producido su nombramiento conforme lo prevé el encabezado de la Disposición Transitoria Primera del referido Código de Ética y sin que exista en el instrumento legal que rige la materia, un régimen de transición que permita extender dicho periodo para la continuación en el ejercicio de la función disciplinaria judicial.
Ahora bien, visto que esta Sala Constitucional es garante de los derechos constitucionales previstos en la Carta Magna, entre los que se encuentran, el de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; e igualmente de garantizar la continuidad en la tramitación de las causas disciplinarias que se encuentran en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial.
Visto igualmente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional tiene la potestad para decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado del proceso. 
Visto del mismo modo que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone expresamente que Ningún juez podrá separarse de su cargo antes de que su suplente o sustituto tome posesión de aquél, aun cuando haya finalizado su período”.
Visto asimismo que el régimen ordinario de elección de los jueces y juezas con competencia en materia disciplinaria judicial, y sus respectivos suplentes, a través de los Colegios Electorales, no se encuentra operativo por estar supeditado a la conformación de los colegios electorales judiciales; y visto que el propio Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana previó un régimen transitorio de designación, establecido en la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, hasta tanto se conformen los referidos Colegios Electorales.
Visto finalmente que mediante la sentencia de esta Sala Constitucional N° 1300/2005, caso: Lidia Teresa Pulgar y Guillermo Arana -aplicable al presente caso en lo que respecta a la salvaguarda en la continuidad de la prestación del servicio público-, se estableció que, ante la ausencia de un régimen de transición para la extensión en el ejercicio de un cargo público, el funcionario que se encuentre en ejercicio de sus funciones debe continuar en el cargo hasta tanto sea incorporado un nuevo funcionario, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.
Esta Sala Constitucional, a fin de garantizar la continuidad del ejercicio de la función disciplinaria judicial, dicta medida cautelar innominada y, en consecuencia, hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, conforme lo prevé el artículo 43 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del citado Código de Ética, esta Sala Constitucional declara que los jueces y juezas disciplinarios y sus respectivos suplentes, designados mediante los Actos Legislativos dictados por la Asamblea Nacional, publicados el 10 de junio de 2011, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693, se mantendrán provisionalmente ocupando sus respectivos cargos en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial, respectivamente, los cuales fueron designados en la forma siguiente:
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Adelso Acacio Guerrero Omaña

SUPLENTES
1.- Merly Jacqueline Morales Hernández
2.- Romer Abner Pacheco Morales
3.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh”.

Ahora bien, por notoriedad judicial (Vid. enlace: http://jdj.gob.ve/decisiones/desicionescorte2014/Sentencia%20N%C2%B0%202%20del%2005-02-2014%20exp%20R-2013-000013.pdf), esta Sala tiene conocimiento de que en la Corte Disciplinaria Judicial se produjo una vacante absoluta, con ocasión de la renuncia presentada el 4 de julio de 2013, ante la Asamblea Nacional, por el Juez Adelso Guerrero Omaña, miembro principal de la Corte Disciplinaria Judicial; lo cual trajo como consecuencia que en fecha 13 de agosto de 2013 se reconstituyera dicha Corte Disciplinaria, con la incorporación de la jueza Merly Jacqueline Morales H. (primer suplente),  quien el 17 de julio de 2013 aceptó la convocatoria efectuada para cubrir la vacante absoluta; quedando entonces conformada la Corte Disciplinaria Judicial de la siguiente manera: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández.
En consecuencia, la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario Judicial estarán constituidos en la forma siguiente:
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Merly Jacqueline Morales Hernández

SUPLENTES
1.- Romer Abner Pacheco Morales
2.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.

Con la medida cautelar innominada decretada en los términos expuestos en la presente decisión, se garantiza el principio de la continuidad en el servicio de la administración de justicia en la jurisdicción disciplinaria judicial, prevista en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; considerándose por lo tanto válidas todas las actuaciones desplegadas por los miembros del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial posteriores al vencimiento de su periodo. Así se decide.



III
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, decreta MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y, en consecuencia, declara que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, la Corte Disciplinaria Judicial estará constituida de la siguiente manera: Principales: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández; Suplentes: Romer Abner Pacheco Morales y María Alejandra Díaz Marín . Asimismo, el Tribunal Disciplinario Judicial estará constituido en la forma siguiente: Principales: Hernán Pacheco Alviárez (Presidente), Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y Carlos Alfredo Medina Rojas. Suplentes: Marianela Gil Rodríguez, Francisco Felipe Artigas Pérez y Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.
Asimismo, se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumarios se indicará textualmente lo siguiente:
SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA QUE HASTA TANTO SE CONFORMEN LOS COLEGIOS ELECTORALES JUDICIALES, O HASTA QUE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRINCIPALES: TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (PRESIDENTE), ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Y MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ; SUPLENTES: ROMER ABNER PACHECO MORALES Y MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN. ASIMISMO, EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: PRINCIPALES: HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ (PRESIDENTE), JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO Y CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS. SUPLENTES: MARIANELA GIL RODRÍGUEZ, FRANCISCO FELIPE ARTIGAS PÉREZ Y MARISOL DEL VALLE BAYEH BAYEH.

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión a los solicitantes y a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines legales consiguientes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (21) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta,


GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
                    
Vicepresidente,           

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,




CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
                    Ponente


                                                                 


JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER


CALIXTO ORTEGA RÍOS

     


LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                                                                     




LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON


El Secretario,



JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.- 09-1038

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