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jueves, 31 de marzo de 2016

Consideraciones sobre el Derecho a la Salud: Destitución de fiscal del Ministerio Público que se encontraba en reposo médico; régimen legal más favorable por incapacidad; estres laboral como enfermedad ocupacional (Sala Constitucional)




PUNTO PREVIO
Visto que, el 18 de junio de 2015, tuvo lugar la audiencia constitucional en el presente caso, ocasión en la que se dejó constancia de la presencia del abogado Alí Daniels, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Karin del Valle Ochoa Simancas; de los abogados Zoraida Plaza La Cruz y Jesús Alexander Salazar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 51.346 y 80.351, respectivamente, en representación del Ministerio Público, y de las abogadas Eneida Fernandes y Laurie Meneses, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 79.059 y 181.135, respectivamente, en representación de la Defensoría del Pueblo; así como de la incomparecencia del Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Visto que, esta Sala declaró, al finalizar la celebración de la audiencia constitucional, CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Alí Daniels, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Karin Del Valle Ochoa Simancas, contra la sentencia N° 2013-1071 dictada el 13 de junio de 2013 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; se anuló esa sentencia y se ordenó a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que emita una nueva decisión respecto al recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, “conforme a lo que se establecerá en el extenso del presente fallo”.

Acerca de la notificación de la sentencia de condena y el cómputo del plazo para apelar en el proceso penal (Sala de Casación Penal)




"...En este caso en concreto, del análisis del expediente en cuestión, se puede apreciar que se dictó sentencia a través del procedimiento especial por admisión de los hechos, en la audiencia preliminar ante el referido Tribunal de Control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 375). Asimismo se puede observar que la redacción del texto íntegro de la sentencia se realizó por separado, por un lado se dictó el dispositivo de la misma y por el otro lado el texto íntegro de la sentencia sin la presencia de las partes, constatándose además que no aparece en acta la fecha cierta de su publicación, ordenando en ella la notificación de las partes, no verificándose el cumplimiento de las referidas notificaciones. (folios 84 al 88 de la pza. 1, del expediente).

En este sentido, el lapso para la interposición del recurso de apelación debe comenzar a computarse a partir de la fecha en que la sentencia fue dictada. Si el Tribunal difiere la redacción de la sentencia, el lapso para la interposición del recurso debe computarse a partir de la publicación del texto íntegro del fallo. Si la
publicación del fallo se realiza fuera del lapso el Tribunal estará en la obligación de notificar a las partes de dicha publicación. No obstante, si el Tribunal publicó
la sentencia dentro del lapso y por error notifica a las partes, resulta que el lapso para la interposición del recurso de apelación deberá computarse a partir de la última notificación. (Sentencias Nros. 624 y 5063 de fechas 3/11/2005 y 15/12/2005, Sala Constitucional, con carácter vinculante).

Lo que indica que el Tribunal Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del mencionado Circuito Judicial Penal, al ordenar las notificaciones de la publicación del texto íntegro y al mismo tiempo omitir realizar las notificaciones a las partes a pesar de ser ordenadas por éste en la redacción definitiva del fallo, consideró erróneamente que la sentencia condenatoria había quedado definitivamente firme por no haberse ejercido recurso de apelación, ordenando la remisión del expediente al correspondiente tribunal de ejecución, infringiendo el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues creó una expectativa de derecho para las partes en el proceso penal, sin dar cumplimiento a lo que previamente había ordenado, motivo por el cual no pudo haber transcurrido el lapso para la presentación del recurso de apelación y menos la extemporaneidad alegada por la recurrida.

Acerca de la licitud del vaciado de contenido de teléfono móvil celular sin orden judicial (Sala de Casación Penal)





"...Como se aprecia, no le asiste la razón a los recurrentes, pues tal como se evidencia de la transcripción parcial de la decisión impugnada la Sala Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, claramente indicó que la experticia de reconocimiento físico y vaciado de contenido N° 9700-242-DEZ-DC-1705, era una prueba lícita toda vez que no solo había sido admitida por el Tribunal en Funciones de Control, sino además ratificada en la correspondiente audiencia del juicio oral por la funcionaria Taire Vento, quien en su declaración había señalado que su persona estableció los seriales de los teléfonos y en cuyo peritaje el margen de error solo era de un diez por ciento (10%) humano y tecnológico, lo cual, adminiculado a la apreciación de la relación de telefonía celular emanada de la empresa “MOVISTAR”, confirmó la veracidad del contenido de los mensajes y de las llamadas entrantes y salientes de cada uno de los teléfonos móviles, todo lo cual llevó a que la jueza de primera instancia le diera pleno valor probatorio a dicha prueba.
            Asimismo, en cuanto a la alegación de los recurrentes de la presunta obtención ilícita de la mencionada experticia, en razón de que, según su dicho, había sido practicada sin orden judicial ni fiscal, la alzada señaló que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas efectuó la incautación de los teléfonos celulares por estar relacionados con la comisión de un hecho punible como parte de una “gestión investigativa” urgente y necesaria, para resguardar y evitar que desaparecieran futuros elementos de convicción, informando, posteriormente, al Ministerio Público de la práctica de dicha diligencia, tal como lo estipula la ley penal adjetiva, en razón de lo cual arribó a la conclusión de que la misma no se encontraba viciada ni emanó de un procedimiento ilícito, lo que conllevó a su valoración  por el Tribunal a quo para fundar la sentencia condenatoria.
De allí, que para esta Sala de Casación Penal la sentencia recurrida no incurrió en el vicio alegado, sino que, por el contrario, lo que se evidencia es la inconformidad de los recurrentes con los fundamentos expuestos por la Sala Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para declarar sin lugar la denuncia planteada en el recurso de apelación, toda vez que la recurrida lejos de incurrir en inmotivación, por el contario, expresamente señaló las razones por las cuales la prueba pericial cuestionada fue debidamente incorporada al proceso penal y valorada por el tribunal de primera instancia.
Por las razones expuestas, la Sala de Casación Penal declara sin lugar la tercera denuncia del recurso de casación propuesto, de conformidad con el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que la recurrida no incurrió en el vicio que se le atribuyeAsí se decide..."




Nueva aclaratoria sobre la suspensión de artículos del Código de Ética del Juez Venezolano (Sala Constitucional)






SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA RESUELTA LA SOLICITUD DE ACLARATORIA Y AMPLIACIÓN DE LA SENTENCIA N° 6 DICTADA POR ESTA SALA EL 4 DE FEBRERO DE 2016; Y DECLARA QUE HASTA TANTO LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, SE MANTENDRÁN OCUPANDO PROVISIONALMENTE LOS MENCIONADOS CARGOS EN LA ENTONCES OFICINA DE SUSTANCIACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL,  LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN EL ACUERDO N° 04 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADO POR LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL, REALIZANDO ASIMISMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS CAUSAS DISCIPLINARIAS, Y ACONDICIONARLAS PARA EL CORRESPONDIENTE JUICIO ORAL Y PÚBLICO.




MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Visto que el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015; lo cual determinó que esta Sala Constitucional el 4 de febrero de 2016,  mediante decisión N° 6, dictara los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: COMPETENTE para continuar conociendo de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada interpuesta por la abogada Nancy Castro de Várvaro, actuando en nombre propio contra el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, hoy derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.
SEGUNDO: Se SUSPENDE de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el primer aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.
TERCERO: Se SUSPENDE de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el encabezado del artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015.
CUARTO: Se RATIFICA, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, la medida cautelar innominada dictada de oficio por esta Sala Constitucional en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, según la cual la Inspectoría General de Tribunales será el único órgano competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas de la República Bolivariana de Venezuela, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes, tendientes al esclarecimiento de los hechos.
QUINTO: Se RATIFICA, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causala medida cautelar innominada contenida en el dispositivo Noveno de la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la cual se suspendió de oficio “[…] el segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2, 3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de Sustanciación para realizar la ‘investigación preliminar’), todos del Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; así como el Manual de Normas y

Procedimientos para la Oficina de Sustanciación, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011”, el cual fue dictado con base en el artículo 45 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, hoy previsto en el artículo 41 del vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015. Por tanto, las denuncias que actualmente son tramitadas ante la Inspectoría General de Tribunales continuarán su curso para el esclarecimiento de los hechos según sus competencias, hasta que se dicte el acto conclusivo correspondiente, en cuyo caso el proceso continuará según lo previsto en el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
SEXTO: Se SUSPENDEN de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente caso, las Disposiciones Transitorias Segunda en su cardinales 1, 2, 3 y 4; Tercera, Cuarta y Quinta, en lo que respecta a la designación del director o directora del órgano investigador disciplinario, las cuales se encuentran previstas en el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.

De oficio: Juzgado Superior Agrario declara procedente la repatriación de la piedra "Kueka"


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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO CON COMPETENCIA TRANSITORIA EN LOS ESTADOS NUEVA ESPARTA, SUCRE, ANZOATEGUI Y BOLIVAR

Maturín, 27 de noviembre de 2015.

205º y 156º

Conoce de la presente Medida autónoma y/o anticipada innominada, sustanciada de Oficio, conforme a lo ordenado en decisión interlocutoria del 12/02/2015, por éste JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO CON COMPETENCIA TRANSITORIA EN LOS ESTADOS NUEVA ESPARTA, SUCRE, ANZOATEGUI Y BOLIVAR, todo con ocasión, a la notoriedad comunicacional constatada por esta Instancia Superior y de la cual se infirió, que la Comunidad Indígena Pemón, que se encuentra asentada en Santa Cruz de Mapauri, Municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, denunció la alteración en su hábitat natural ancestral, generando detrimento en su producción de alimentos y desarrollo, motivado a la presunta sustracción (sic) ilegal (sic) en el año 1998, de una piedra de jaspe de treinta (30) toneladas, de índole sagrada según su cosmovisión, piedra ésta, la cual se encontraba en el Parque Nacional Canaima, a quien ellos por su cultura ancestral denominan “LA ABUELA KUEKA – PEMON”, y que se encuentra actualmente exhibida en el Parque Tiergarten, de la Ciudad de Berlín, Alemania, formando parte de una instalación escultórica del artista plástico Wolfang Von Schwarzenfeld, llamada “Global Stone”, (Cfr. paginas Web consultadas el 07/02/2015, 10/02/2015 y 12/02/2015:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/cdadbolivar/item/17151-piden-repstriacion-de-piedra-sagrada-delpueblo-pemon-en-gran-sabana; http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/03/pemones-reclaman-su-abuela-kueka-en-el-dia-nacional-de-patrimonio; http://www.mincultura.gob.ve./index.php/componet/content/article/11-prensaweb/actualidad/372-la-abuela-kueka-fundamenta-la-vida-y-existencia-del-pueblo-pemon, motivo por el cual de seguidas pasa esta Instancia Superior Especializada Agraria, hacer las siguientes consideraciones:

Nulidad de oficio de sentencia de condena dictada en juicio por falta de motivación (Sala de Casación Penal)






DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.

De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.

            En este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.

Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:

Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.

“Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.”.

En este contexto, se concluye que el recurso de casación sólo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, sólo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, con verificación de cada una de las exigencias previamente señaladas.

lunes, 28 de marzo de 2016

La obra de Kafka y el T.S.J. (Juriocidades)



  


La obra de Kafka y el T.S.J. (Juriocidades)


Por Francisco Santana Núñez



Sin duda el escritor Franz Kafka representa uno de los máximos exponentes de la literatura universal. Sus obras, mayormente publicadas luego de su muerte ocurrida en 1924, reflejan tramas psicológicas y burocráticas universales y tan sólo mencionar los nombres de “El Proceso”, “La Metamorfosis” o “Ante La Ley” basta para transportarnos a los angustiosos escenarios vividos por sus ficticios personajes.

Tal ha sido el calado de la obra de Kafka dentro del contexto global, que el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española acoge el adjetivo “kafkiano(a)” y lo define así:

kafkiano, na
1. adj. Perteneciente o relativo a Franz Kafka, escritor checo, o a su obra. Las novelas kafkianas.
2. adj. Que tiene rasgos característicos de la obra de Kafka. Una visión del mundo muy kafkiana.
3. adj. Dicho de una situación: Absurda, angustiosa.

lunes, 21 de marzo de 2016

Constitucionalidad de la prórroga del Decreto Ejecutivo de Emergencia Económica (Sala Constitucional)








 Mediante oficio s/n.° recibido por esta Sala en fecha 11 de marzo de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, remite el DECRETO N.° 2.270, MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRORROGA POR SESENTA (60) DÍAS, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N.° 2.184, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N.° 6.214 EXTRAORDINARIO DEL 14 DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016, con el objeto de que esta Sala Constitucional se pronuncie acerca de su constitucionalidad.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y ésta acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter, suscriben la presente decisión.
I
CONTENIDO DEL DECRETO N.° 2.270 DEL 11 DE MARZO DE 2016
El texto del Decreto remitido a los fines descritos, es el siguiente:
DECRETO N° 2.270, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA POR SESENTA (60) DÍAS EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 2.184, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016, DONDE SE DECRETÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO


domingo, 20 de marzo de 2016

Admisión de demanda de inconstitucionalidad contra el retracto legal de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios




EN SALA CONSTITUCIONAL

Expediente 15-0842

 

Magistrada Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson


El 21 de julio de 2015, los abogados TAORMINA CAPPELLO PAREDES y EDUARDO ULISES MARTÍNEZ DÍAZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.236.035 y 4.276.935, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 28.455 y 30.523, también respectivamente, actuando en su propio nombre, ejercieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 49 del Decreto N° 427 con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial N° 36.845 del 7 de diciembre de 1999.
El 23 de julio de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón.
El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
     En esa misma oportunidad, se reasignó la ponencia a la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
En el caso de autos se ejerce recurso de nulidad contra el artículo 49 del Decreto N° 427 con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial N° 36.845 del 7 de diciembre de 1999.

Inconstitucionalidad de la perencion después de vista la causa (Sala Constitucional)



            Pasa esta Sala, previo estudio de los alegatos esgrimidos en el presente recurso, a decidir sobre la pretensión anulatoria, para lo cual procede a analizar en primer término, lo referente a la nulidad del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, norma que establece la perención de la instancia después de vista la causa, de la manera siguiente:
           
Artículo 201: Toda Instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.


La norma transcrita no solo recoge uno de los medios de terminación anormal del proceso como es la perención, sino que además, establece la particularidad de su procedencia después de vista la causa, es decir, en estado de sentencia.
            Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 7 y 25 lo siguiente:

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
…omissis…
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
…omissis…
Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público”.

            Las citadas disposiciones, reconocen tres principios fundamentales del Estado de derecho y de justicia como son:

lunes, 14 de marzo de 2016

SC reitera que "la prórroga legal opera de pleno derecho aun cuando las partes no lo hayan establecido al momento de la celebración del contrato de arrendamiento"




"...Luego del examen del escrito contentivo de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que ella cumple con los mismos. Así se declara.
En lo concerniente a la admisibilidad de la pretensión de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisión que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se encuentra incursa en tales causales, por lo que aquella es admisible prima facie. Así se declara.
Ahora bien, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha establecido la posibilidad de la declaratoria de improcedencia in limine litis de las pretensiones de amparo (Cfr. ss.S.C. n.ros 2.453 del 28 de noviembre de 2001 y 1.659 de fecha 17 de febrero de 2002), bajo el argumento de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final posible es la declaratoria sin lugar.

La falta de cualidad es una defensa de fondo que puede ser opuesta o no por el demandado y "de no ser alegada, puede ser suplida o advertida de oficio por el Juez)




"...Por otra parte, considera necesario esta Sala Constitucional verificar  si se integró debidamente la relación jurídico procesal, al demandar las ciudadanas Odenys Gil, Yarely Eleditze Landaeta y Cirila Verónica Duarte González, en su carácter de representantes legales de la Organización Comunitaria de Vivienda y Hábitat O.C.V. “La Colina”, en el juicio de nulidad de transacción, únicamente al ciudadano Pedro Quintana, a pesar que la aludida transacción fue también suscrita por la ciudadana Keyla Galindo, en su carácter de apoderada judicial de la empresa Grupo DMJ C.A.
Al respecto dispone el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”.

Consideraciones sobre el contrato de transacción y quiénes pueden demandar su nulidad -partes e incluso terceros-. Nulidades absoluta y relativa. Nulidad de contrato de oficio. (Sala Constitucional)





"...Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse respecto de la solicitud de revisión constitucional, para lo cual observa lo siguiente:
La sentencia cuya revisión se solicita declaró sin lugar la demanda  de nulidad de transacción intentada por las ciudadanas Odenys Gil, Yarely Eleditze Landaeta y Cirila Verónica Duarte González, actuando como representantes legales de la Organización Comunitaria de Vivienda y Hábitat O.C.V. “La Colina”, por considerar el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que  las las ciudadanas Odenys Gil, Yarely Eleditze Landaeta y Cirila Verónica Duarte González, no tenían cualidad para demandar la nulidad de una transacción suscrita entre los ciudadanos Pedro Quintana y Keyla Galindo, actuando en su carácter de comprador y apoderada judicial de la empresa Grupo DMJ C.A., respectivamente, por no haber formado parte de dicha forma de autocomposición procesal.
Las solicitantes de la revisión denunciaron que el juez de la causa ha debido considerar que la transacción suscrita el 22 de julio de 2009, por los ciudadanos Pedro Quintana y Keila Galindo era nula, pues fue producto de un fraude procesal, dado que el poder otorgado el 26 de febrero de 2005 por el ciudadano Juan Carlos García como Director Principal de la empresa Grupo DMJ C.A., a la ciudadana Keyla Galindo, feneció en fecha 1° de diciembre de 2007, en virtud de la muerte del mandante,  razón por la cual consideran que es nula la transacción celebrada en el juicio que por cumplimiento de contrato siguió el ciudadano Pedro Quintana contra la empresa  Grupo DMJ C.A.,  así como los subsiguientes actos de remate y de adjudicación de inmuebles, pues se suscribió el medio de autocomposición procesal con un poder sin ningún efecto jurídico. De seguidas, sostienen que los  ciudadanos  Keyla Galindo y Pedro Quintana eran cercanos al difunto Juan Carlos García, a pesar de que el ciudadano Pedro Quintana hasta ese momento había dado apariencia de desconocer la situación de la empresa, incluso había manifestado en la contestación de la demanda que desconocía el fallecimiento de Juan Carlos García, sin tomar en cuenta que en el acta de defunción se hace constar que fue testigo del fallecimiento del referido ciudadano.

sábado, 12 de marzo de 2016

Convenio cambiario número 35









 
 
Convenio Cambiario N° 35, mediante el cual se establecen las Normas que regirán las operaciones del régimen administrado de divisas
 
(Gaceta Oficial N° 40.865 del 9 de marzo de 2016)


BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CONVENIO CAMBIARIO N° 35

El Ejecutivo Nacional, representado por los ciudadanos Rodolfo Medina del Río, en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, autorizado por Decreto N° 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente (E), José Salamat Khan Fernández, autorizado por el Directorio de ese Instituto en su sesión N° 4.875, celebrada el 17 de febrero de 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5, 7, numerales 2, 5 y 7, 21, numerales 16 y 17, 34, 122 y 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela; y 3 del Convenio Cambiario N° 1 del 5 de febrero de 2003, han convenido dictar las siguientes:

Normas que regirán las operaciones del régimen administrado de divisas

miércoles, 9 de marzo de 2016

Ante La Ley. Franz Kafka.




Franz Kafka
(Praga, 1883 - 1924)


ante la ley


      Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita  que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
      —Tal vez —dice el centinela— pero no por ahora.
      La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:
      —Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.
      El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene mas esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.


viernes, 4 de marzo de 2016

Control difuso conforme a derecho: Desaplicación del numeral 4 del art. 177 de la Ley Orgánica de Drogas (Sala Constitucional)





DE LA DESAPLICACIÓN EFECTUADA
En el presente caso, el 21 de enero de 2015, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, dictó sentencia en la cual desaplicó el numeral 4 del artículo 177 de la Ley Orgánica de Drogas, en los siguientes términos:

En acatamiento de la sentencia vinculante n.° 1859 de fecha 18 de diciembre de 2014, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Primera Instancia procede a la revisión de las presentes actuaciones a fin de adecuar el trámite de ejecución de la pena a los lineamientos en ella contenidos, y con ese propósito se formulan las siguientes consideraciones:
I.    HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE DECISIÓN.
1)   Mediante sentencia de fecha 21 de Julio (sic) de 2014 los ciudadanos ANTONIO JOSÉ CAÑIZALEZ OLIVA, de Nacionalidad Venezolana (sic), titular de la Cédula de Identidad N° V-19.572.648, natural de Guárico, Estado Lara, nacido en fecha 11 de Junio (sic) de 1976, de estado civil soltero, de ocupación obrero, residenciado en (omissis), Estado Portuguesa; y KEINER RAFAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, de Nacionalidad Venezolana (sic), titular de la Cédula de Identidad N° V-23.482.169, natural de Barquisimeto, Estado Lara, nacido en fecha 04 de junio de 1995, de estado civil soltero, de ocupación obrero, residenciado en (omissis), estado Portuguesa, fueron condenados a cumplir la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN por haber admitido los hechos en la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SEMILLAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Drogas;
2)   Estando la causa en esta fase de ejecución de penas y medidas de seguridad, mediante auto de fecha 27 de Agosto de 2014 se dictó el auto de ejecución y cómputo en el cual, en cumplimiento de la decisión Nº 875 de fecha 26 de Junio de 2012 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y con fundamento en el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordenó la reclusión de los penados en mención en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales, a fin de que cumplieran el tiempo de la pena pendiente, es decir, TRES AÑOS, SIETE MESES Y CATORCE DÍAS DE PRISIÓN.

jueves, 3 de marzo de 2016

Sentencia de la Sala Constitucional que establece con carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del artículo 34 (hoy 30) del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana





CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud de “aclaratoria y ampliación” del fallo N° 1756 del 21 de diciembre de 2015, y a tal efecto observa que:
Preliminarmente es necesario acotar que en el caso sub lite la solicitud de “aclaratoria y ampliación” versa sobre una decisión en ejercicio de la potestad prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, discrecionalidad que opera frente a la estimación de circunstancias limitadas constitucionalmente y definidas en el fallo Nº 93/2001, caso:CORPOTURISMO y en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y a fin de velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución, se efectuó una interpretación constitucionalizante sobre el sentido y alcance que debe dársele a la segunda parte del artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, para evitar así un desequilibrio en la aplicación de las sanciones.
La aclaratoria o ampliación de la sentencia está prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece:
Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.

Sobre el alcance de la disposición transcrita, esta Sala se ha pronunciado en sentencia del 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, S.R.L.), oportunidad en la cual señaló: “…que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar…” En lo que respecta a la oportunidad para realizar dicha solicitud, se indicó que: “…la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente…”

Cargos de libre nombramiento y remoción y el Registro de Información del Cargo (Sala Constitucional)





Previo a cualquier pronunciamiento, se observa que la revisión de sentencias definitivamente firmes es una facultad otorgada a esta Sala conforme al contenido del numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permite -en forma restringida y extraordinaria- quebrantar fundada y discrecionalmente la garantía de la cosa juzgada, razón por la cual, esa potestad revisora extraordinaria que ostenta esta Sala Constitucional debe interpretarse de forma irrestrictamente limitada. (Vid. Sentencia N° 93, de fecha 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo).
De modo que, la solicitud de revisión puede ser declarada ha lugar únicamente en casos donde a discreción de esta Sala la decisión objetada haya errado en el control de la constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o bien cuando haya incurrido de forma grotesca en un error de interpretación de las disposiciones constitucionales; u omitiendo completamente la interpretación de la normativa constitucional, o cuando se haya violentado igualmente de manera grotesca los derechos de ese mismo rango.
En este sentido, el apoderado judicial de la parte accionante alegó que la decisión dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo objeto de la presente solicitud de revisión incurre en la violación de “la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa”, por cuanto -a su decir- dicho fallo incurrió en una contradicción al establecer, por una parte, que no existía en el expediente el Manual Descriptivo del Cargo o el Registro de Información del Cargo de Jefe de Centro, el cual ostentaba el ciudadano querellante; y por la otra, que dicho cargo era de libre nombramiento y remoción, fundamentándose en unas documentales presuntamente insertas al expediente administrativo del ciudadano Carlos Eduardo Rodríguez Durand.
De igual forma, argumenta el apoderado judicial del actor que la decisión objeto de la presente solicitud de revisión se fundamentó en pruebas inexistentes “(…) o en su defecto atribuyó menciones que no contiene (…)”, concluyendo que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo incurrió en “(…) falso supuesto de hecho al dar por demostrado el carácter de confianza del cargo de mi representado con pruebas que no constan en los autos (…)”.

SPA inadmite demanda sobre derecho a la información porque "no fueron incorporados a los autos elementos suficientes que permitieran demostrar cómo la información requerida pueda serle de utilidad, o de qué manera pudiera influir en la mejora de la eficacia y eficiencia de la labor de la institución penitenciaria".




I
DE LA DEMANDA POR ABSTENCIÓN
Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 13 de agosto de 2015, la representación judicial de la Asociación Civil Espacio Público interpuso demanda por abstención conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la Ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Indicó que el 26 de enero de 2015, se realizó una petición de información a la mencionada Ministra, en la cual se solicitó específicamente que “1. Provea un listado de la cantidad de muertos y heridos en las penitenciarías de la nación desde el 2001 al 2014; informe de manera discriminada la cantidad de muertes y heridos según las penitenciarías de cada región del Estado Venezolano y de acuerdo con el sexo (…) 2. Provea la cantidad de médicos destinados a las penitenciarías del país para atender a los privados de libertad; indique de manera discriminada la cantidad de médicos según las penitenciarías de cada región del Estado venezolano” (Agregado de la Sala).
Manifestó que dicha petición “(…) no fue respondida en el lapso de veinte (20) días hábiles de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual se envió el día veinticinco (25) de marzo de 2015 una insistencia a la Ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, solicitando que respondiera a la petición de información antes mencionada. A la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de esta institución”.
Señaló que la información solicitada está vinculada a temas relacionados “al estado de salud en el cual se mantienen los reos en las penitenciarías, específicamente sobre la atención médica y sanitaria que estos reciben o puedan llegar a recibir dentro de las instalaciones donde se encuentren detenidos; lo que determina que ciertamente dentro de la petición de información se encuentra un componente inequívocamente relacionado a la calidad de vida, derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los reos y demás personas en los centros penitenciarios del país”.
Adujo que la abstención de la Ministra en otorgar oportuna respuesta a su petición, no sólo viola derechos de rango constitucional, sino que también lesiona el Derecho Internacional, debido a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue firmado y ratificado por Venezuela, consagra el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

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