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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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sábado, 20 de febrero de 2016

Convenio Cambiario No. 34 (18-02-2015)





Convenio Cambiario Nº 34, mediante el cual se establece que las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas

(Gaceta Oficial Nº 40.851 del 18 de febrero de 2016)


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CONVENIO CAMBIARIO Nº 34

El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Rodolfo Medina Del Río, en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, autorizado por el Decreto N° 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, ciudadano Nelson J. Merentes D., autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión Nº 4.874, celebrada el 11 de febrero de 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 y 7, numerales 2, 5 y 7; 21 numeral 16; 34; 122 y 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas, en razón de exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora, distintos a la deuda financiera, lo que incluye los insumos para la producción del bien o servicio exportado, así como el conjunto de erogaciones realizadas en moneda extranjera por el exportador en las diversas fases de su actividad productiva que permita la oferta exportable; a los fines previstos en el artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 20 del 14 de junio de 2012 y a los efectos de colocar oferta en los mercados a los que se contrae el Convenio Cambiario Nº 33 de fecha 10 de febrero de 2015.

El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio de referencia previsto en el artículo 24 del Convenio Cambiario 33 del 10 de febrero de 2015, que rija para la fecha de la respectiva operación, reducido en un cero coma veinticinco por ciento (0,25%). Dicha venta deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes a la acreditación del pago de la exportación.

lunes, 15 de febrero de 2016

Discurso pronunciado por el Libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819








Señor. ¡dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación.

Al transmitir a los representantes del pueblo el Poder Supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobia, como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso cargo de Dictador Jefe Supremo de la República. ¡Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social! No ha sido la época de la República, que he presidido, una nueva tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular, ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores: ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre ¡y un hombre como yo! ¿qué diques podría oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal; fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos; atribuirmelos no sería justo, y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela; examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero; observad los primeros actos del gobierno republicano la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables; apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela; sin embargo, mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. ¡Representantes! vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; ya he dicho cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de Libertador que me dio Venezuela, al de Pacíficador que me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar.

jueves, 11 de febrero de 2016

Sala Constitucional declara la vigencia y validez del Decreto Ejecutivo de Emergencia Económica



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Los demandantes, identificados como miembros de distintos Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales de organización popular, solicitan a esta Sala Constitucional, la interpretación de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001); la cual surge en el marco de la actual situación económica que existe en el país y, según señalan, los afecta como integrantes del pueblo venezolano.

Al respecto, en síntesis, los demandantes de autos plantean las siguientes pretensiones hermenéuticas, relacionadas con las precitadas normas:

Que “…La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se solucionen las necesidades primarias del pueblo?...”.

Asimismo, los recurrentes se plantearon lo siguiente:


viernes, 5 de febrero de 2016

Sala Electoral acuerda abrir una articulación probatoria de tres días, incluyendo en el cómputo el día del auto, en el procedimiento de oposición a la suspensión de la proclamación de los Diputados electos en Amazonas el pasado 6 de diciembre





N° SENTENCIA: 122

N° EXPEDIENTE: 2016-X-000003

Procedimiento: Auto que acuerda abrir una articulación probatoria
Partes: Los ciudadanos JULIO YGARZA, ROMEL GUZAMANA, NIRMA GUARULLA, ROSA PETIT, JAVIER LINARES y MAULIGMER BALOA, titulares de las cédulas de identidad N° 12.173.417, 13.325.572, 1.569.032, 8.947.877, 15.512.592 y 13.964.768, respectivamente, invocando la condición de diputados electos por el estado Amazonas y por los ciudadanos HERNÁN GARCIA, HILDA ESTRADA, JOSÉ DIAZ, PETRA PEREZ, PEDRO MEJÍAS, ORFILIA FERNÁNDEZ y PORFIRIO JIMÉNEZ y Otros, titulares de la cédula de identidad N° 10.924.511, 12.173.837, 12.451.917, 12.628.799, 13.325.039, 13.714.631 y 13.964.128, quienes invocaron la condición de electores del estado Amazonas mediante los cuales presentaron oposición al amparo cautelar decretado por esta Sala mediante Sentencia N° 260 de fecha 30 de diciembre de 2016, y los ciudadanos HENRY RAMOS ALLUP, ENRIQUE OCTAVIO MÁRQUEZ PÉREZ y JOSÉ SIMÓN CALZADILLA, titulares de las cédulas de identidad números 1.364.990, 7.761.751 y 6.196.129, respectivamente, en su carácter de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se oponen a la medida de amparo cautelar acordada por esta Sala mediante Sentencia N° 260, de fecha 30 de diciembre del año 2015.
Decisión: Se abrió articulación probatoria de tres (03) días de despacho, contados a partir de la presente fecha, inclusive, para que los interesados promuevan y evacuen las pruebas que consideren pertinentes.
Ponente: Juzgado de Sustanciación

Ver Sentencia


DE OFICIO: Sala Constitucional nuevamente suspende los efectos de varias normas del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; entre éstas, aquellas referidas a los Magistrados del TSJ.



SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE 1) SUSPENDE DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA RESPECTO AL MÉRITO DE LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD: LA PARTE IN FINE DEL  ARTÍCULO 1, DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 2 DEL MISMO CÓDIGO; 2) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA: LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DICTADA DE OFICIO EN LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, SEGÚN LA CUAL LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES SERÁ EL COMPETENTE PARA INICIAR DE OFICIO O POR DENUNCIA LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS JUECES O JUEZAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ADMITIR LA DENUNCIA Y PRACTICAR LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES, TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS; 3) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA, LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA CONTENIDA EN EL DISPOSITIVO NOVENO DE LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL SUSPENDIÓ DE OFICIO “[…] EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 Y LOS CARDINALES 2, 3, 5, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 37 (RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN PARA REALIZAR LA ‘INVESTIGACIÓN PRELIMINAR’), TODOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA Y JUDICIAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.750 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011; ASÍ COMO EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.797 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011’. Y 4) SE SUSPENDEN DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PRESENTE CASO, LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA EN SUS CARDINALES 1, 2, 3 Y 4; TERCERA, CUARTA Y QUINTA, EN LO QUE RESPECTA A LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL ÓRGANO INVESTIGADOR DISCIPLINARIO DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.


martes, 2 de febrero de 2016

Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Vigente)





Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar

(Gaceta Oficial N° 40.599 del 10 de febrero de 2015)

Decreto N° 1.605 10 de febrero de 2015

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza LeyOrgánica de Seguridad de la Nación, el numeral 8 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en virtud a lo preceptuado en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Del Objeto


Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones (1991)





(Gaceta Oficial Nº 34.863 del 16 de diciembre de 1991)

REPÚBLICA DE VENEZUELA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY SOBRE PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas.

Artículo 2

El que arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre personas, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años.

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