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lunes, 30 de noviembre de 2015

Procedencia de la revisión constitucional ejercida con poder presentado en copia a la vista de su original. Se corrige "error material" y se conoce del fondo de la solicitud. Subversión del procedimiento monitorio





Mediante sentencia del 20 de mayo de 2015, esta Sala declaró inadmisible la presente solicitud de revisión, al observar que solo constaba en el expediente copia simple del poder que le otorgaron los representantes legales de la empresa Mammoet Venezuela C.A. a los abogados Mario Castillo Serrano, Ricardo Castillo Serrano, Ana Capafons Miranda, Cherry Jackelines Maza Perdomo, José Gabriel Galvis Barveri y Pablo Albornet Salazar.

Ahora bien, es el caso que el 24 de septiembre de 2015, la abogada Betty Lara Mora, en su carácter de apoderada de la empresa Mammoet Venezuela C.A., según consta en sustitución del poder agregado al expediente en original, solicitó a esta Sala “(…) que se pronunciara sobre el fondo de la presente causa, en virtud, [de] que en autos se encuentra inserto documento Poder que acredita la representación de los recurrentes (…)”.

Al respecto, esta Sala procedió a constatar la certeza del señalamiento efectuado por la referida abogada, y observó que aun cuando no constaba el poder original o copia certificada del mismo en el expediente para el momento en que se formuló la solicitud, se percató que había incurrido en un error material, pues no se advirtió la nota estampada por el Secretario de este órgano en el vuelto del último folio de la solicitud (folio 7), en el que se “deja constancia de la presentación ad effectum videndi y previo cotejo con el original, certifica la autenticidad del poder presentado en este acto”. Por tal razón se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

Por una parte, es menester precisar y reiterar que la doctrina de esta Sala ha establecido que para dar trámite a este tipo de solicitudes, es imprescindible que se anexe junto con la misma una copia certificada del fallo cuyo examen pretende y el original o la copia certificada del poder(vid. sentencia números 157/05; 406/05; 1137/05; 2613/05; 2620/05; 3726/05; 1972/06; 257/08; 47/10; 1520/11; 1125/12; 1254/12; 1255/12; 400/13 y 1245/13) [destacado de la presente sentencia], obligación que deriva del artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se prevé que “(…) el demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad… En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará sobre su inadmisión (…)”; sin embargo, atendiendo al principio pro actioneresulta plenamente válido la presentación ad efectum videndi del documento –en original o copia certificada- que acredite la cualidad que dice ostentar el abogado (ya que ello implica la certificación que expide el Secretario del órgano jurisdiccional de su original), mas no así con la sentencia cuya revisión constitucional se pretende.

Por otra parte, de una interpretación del artículo 334 del Texto Fundamental, esta Sala ha establecido la posibilidad de corregir los errores materiales en que incurren los jueces, mediante la anulación del auto o la sentencia que contiene el error advertido por resultar írrita desde el punto de vista constitucional o cuando quebrante leyes de orden público (vid. sentencias números 115/2003 del 6 de febrero, caso: Productos Alimenticios 1000 C.A.; 2231/2003 del 18 de agosto, caso: Said José Mijova Juarez; 779/2012 del 5 de junio, caso: Yisel Soares Padrón).

En tal sentido, se hace pertinente traer a colación el artículo 334 del Texto Fundamental, que dispone lo siguiente:

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”.

La norma transcrita, conforme a los precedentes de esta Sala, permite establecer claramente que la potestad del juez “(…) no sólo supone la potestad… para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino además expresa la obligación en que aquél se encuentra (…)” (criterio expuesto en los fallos números 2231/2003 del 18 de agosto, caso: Said José Mijova Juarez y 779/2012 del 5 de junio, caso: Yisel Soares Padrón).

De igual modo, es pertinente aludir al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil,  el cual  establece la obligación que tienen los jueces de procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, lo cual procede cuando así lo permita la ley o cuando el acto no haya cumplido una formalidad esencial para su validez; así como al artículo 212 eiusdem, que permite la nulidad de un acto del proceso, de oficio, cuando quebrante leyes de orden público.

Sala Constitucional se avoca de oficio a proceso penal






DEL AVOCAMIENTO DE OFICIO
Ahora bien, de la lectura de la totalidad de la copia certificada del expediente enviado a esta máxima instancia constitucional, la Sala constata que existen motivos que hacen presumir que en la causa penal primigenia se encuentre comprometido el orden público constitucional, lo cual obliga a la Sala, de oficio, a utilizar su potestad de avocarse al conocimiento de ese proceso penal, conforme con el contenido de los artículos 25.16 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevén:
Artículo 25.16:
“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
16. Avocar las causas en las que se presume la violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

Artículo 108:
“La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

Así pues, la Sala, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las partes involucradas en la causa penal, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta lo asentado en la decisión N° 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), que estableció igualmente como motivos del ejercicio de la potestad del avocamiento que en las causas primigenias pudieran existir manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia; considera necesario avocarse en el proceso penal incoado contra la ciudadana Fátima María Coelho de Parra, que conoce actualmente en segunda instancia la Sala N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En tal sentido, esta Sala precisa que la abogada Fátima María Coelho de Parra le hace saber a esta Sala Constitucional que el proceso penal incoado en su contra, que conoció el Juzgado Vigésimo Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue culminado mediante una sentencia absolutoria que dictó, el 23 de enero de 2006, ese tribunal penal, la cual, a su entender, se extiende al abogado Julio César Araujo Parra y que la misma ostenta el carácter de definitivamente firme, por cuanto se interpuso recurso de apelación contra ese pronunciamiento ante un Juzgado Penal distinto al que dictó ese fallo.

Extralimitación de funciones de la Corte de Apelaciones: Por valorar pruebas como en "debate contradictorio" y "arribar a conclusiones propias de la investigación". Amparo Con Lugar. (Sala Constitucional)



Las Fiscales Provisorias Vigésimo Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas con Competencia en materia Contra las Drogas, ejercieron acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2014 por la la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por considerar que la misma se subrogó en funciones propias del Ministerio Público; asimismo,  comparó y valoró pruebas de la investigación, lo que no le está dado por corresponder a la fase de juicio oral y público, con lo que considera que le vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del Ministerio Público.

Precisado lo anterior, de las actas del expediente esta Sala observa que la demanda de amparo cumple con los requisitos de forma previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; asimismo, constata que no está incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 6 eiusdem y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual, se admite la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

V
DE LA PROCEDENCIA IN LIMINE LITIS

Ahora bien, admitida como ha sido la presente demanda de amparo interpuesta por las abogadas Yemina Carolina Marcano Rigual y Jeylan Sandoval Sánchez, en su carácter de Fiscal Provisorio Vigésima Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Provisorio Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas con Competencia en materia contra las Drogas, respectivamente, la Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:

La Sala ha sostenido -con carácter vinculante- la posibilidad de resolver el amparo -sin efectuar la audiencia oral- cuando el aspecto controvertido fuere de mero derecho; en tal sentido, en sentencia N° 993 del 16 de julio de 2013 (caso: Daniel Guédez Hernández y otros), se indicó lo siguiente:

Con lugar acción de amparo contra decisión que declaró sin lugar una recusación. Motivación contradictoria. (Sala Constitucional)




"La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada el 11 de mayo de 2015, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró sin lugar la recusación planteada por el ciudadano Jonhys Altagracia Silva Torres, contra la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la misma Circunscripción Judicial -abogada Ana Cecilia Acosta-, al considerar que “… la recusación formulada, fundamentada en las causales establecidas en los ordinales 15° y 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, carecen (sic) de fundamentación objetiva para que proceda, por no existir elementos suficientes que demuestren los dichos alegados por el recusante, así como tampoco aportaron pruebas que lleven a esta operadora de justicia a la convicción que el juez recusado se encuentre incurso en las causales bajo análisis…”.
Aprecia esta Sala Constitucional, que a pesar de que en la sentencia accionada expuso la jueza, de manera motivada, las razones por las que consideró no procedía la recusación interpuesta, en el desarrollo de su argumentación incurrió en una contradicción significativa, toda vez que a pesar de advertir irregularidades en la actuación de la jueza de la causa, las cuales afectaron directamente el derecho a la igualdad de las partes, obvió, sin fundamento alguno, que las mismas, constituyeron indefensión puesto que se afectó ostensiblemente el contenido del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, cuando en la sentencia accionada, dictada por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 11 de mayo de 2015, se concluye por una parte que, por lo tanto, a juicio de quien suscribe, los alegatos esgrimidos por el ciudadano Jonhys Altagracia Silva Torres, no han quedado demostrados, por cuanto se considera que lo dicho por él en su escrito de recusación en nada compromete a la recusada en el sentido que sea manifiesta su parcialidad con alguna de las partes”, y seguidamente afirma:
Por otra parte, se considera necesario hacer mención a la obligación que tienen los Jueces de proveer lo solicitado por las partes, la obligación de emitir pronunciamiento oportuno, sea negando o acordando las peticiones que surjan en el proceso, en el lapso señalado o en caso de no haber sido establecido un lapso en particular aplicando el artículo 10 del código de Procedimiento Civil, pues de no hacerlo se incurre en un mal (sic) administración de justicia, entorpeciendo la misma, por lo que se hace el llamado a la ciudadana Jueza que en posteriores oportunidades no incurra en este tipo de omisiones, que mal podrían ser entendidas por los justiciables.        

Carácter mercantil y forma de cómputo de la prescripción de la acción por cobro de bolívares de la participación en las utilidades netas de la empresa (Sala de Casación Civil)




El formalizante expone su denuncia de la siguiente manera:
“Al amparo del motivo de casación consagrado en el artículo 313, ordinal 2°, del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con el artículo 320 eiusdem, sindico  (sic) la infracción de los artículos 14 del Código Civil; 131 y 132 del Código de Comercio, por falta de aplicación; y 1.980 del Código Civil y  del Código de Comercio, por falsa aplicación, porque la recurrida declaró impropiamente la prescripción breve de tres años contemplada en la ley para las obligaciones que deban “pagarse por años o por plazos periódicos más cortos”, en lugar de aplicar la prescripción ordinaria en materia mercantil de diez (10) años.
De la cuestión jurídica previa
1.1.2. Interesa al mejor planteamiento y comprensión de esta denuncia puntualizar que la formalización está consciente de la doctrina de esa Sala sobre la carga procesal de combatir con toda preferencia las infracciones destinadas a derrumbar el pronunciamiento sobre la prescripción, que constituye una cuestión jurídica previa según la reiterada doctrina de esa Sala que tiene proclamado que “cuando el juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales” (Cfr. Sentencias: N° 176, de 25-05-2000; N° 66, de 5-04-2001; N° 935, de 13-12-2007; y N° 184, de 13-04-2015).
1.1.3. Con el propósito de fundamentar apropiadamente las infracciones delatadas, conviene ahora transcribir la parte pertinente del petitorio de la demanda, así:”
…omissis…
1.1.4. Asimismo interesa al correcto planteamiento de la presente denuncia, trasladar in extenso los pronunciamientos de la recurrida, a saber:”
…omissis…
1.1.5. Al contrastar el petitorio de la demanda con los transcritos pronunciamientos de la recurrida, se pone de manifiesto su evidente equivocación al aplicar a la situación particular la prescripción breve tres años establecida en el artículo 1.980 del Código Civil, en lugar de haber observado que dicho precepto solo contempla tres hipótesis de prescripción trienal para las obligaciones de “pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen y, en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos”, cuyas tres hipótesis no coinciden con la situación de autos que versó – como ya se alegó- sobre el cobro de “mi participación en las utilidades netas de la empresa después de impuesto con ocasión del desempeño que como Director Principal en la Junta Directiva de la empresa ejercí para los períodos de los años 2001 al 2007, respectivamente”, como se reclamó en el particular primero del petitorio de la demanda, con la primera observación que para cobrar tal participación estaba condicionado a la efectiva  producción de utilidades por la demandada y a su ulterior aprobación por la asamblea ordinaria de accionistas, lo que descartaba de plano la configuración de una obligación de pagar una suma fija anual, y también impedía “el riesgo de acumulación de la deuda y de un final aplastamiento del deudor” (Cfr. Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Tratado Practico de Derecho Civil Francés. T.7°. p.669. Cultural, S.A. La Habana, 1945), o “de impedir la ruina del deudor” que es la característica que distingue con especial énfasis a la prescripción trienal, porque el decreto de dividendos y la subsiguiente aprobación y pago de las utilidades de una compañía anónima hablan por sí solos de su bonanza económica lo que impediría “el aplastamiento del deudor”, y entonces resultaba claramente inaplicable el artículo 1.980 del Código Civil, que resultó vulnerado por falsa aplicación.

Sala Constitucional admite amparo sin agotar el ejercicio del control de legalidad por tratarse del derecho a la identidad e identificación



El 05 de marzo de 2015, las abogadas Estella Ruíz Corrales y Vasyury Vásquez Yendys, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 10.728 y 66.855, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana ISABELLA MAGUAL BRAVO, titular de la cédula de identidad número V-10.337.499, quien a su vez es “representante legal” de la niña cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, presentaron ante esta Sala escrito contentivo de acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 10 de febrero de 2015, por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Francois Daniel Guerin; se anuló la decisión apelada dictada el 09 de diciembre de 2014, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del mismo Circuito Judicial de Protección, mediante la cual se concedió autorización a la referida ciudadana, a fin de que realizara los trámites pertinentes ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), para la tramitación del Pasaporte de la niña; y, se suspendió “la decisión hasta tanto se resuelva la Medida de Protección” incoada por el referido ciudadano en el “asunto N.° AP51-V-2014-015785”.
El 10 de marzo de 2015, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 26 de mayo de 2015, la parte actora mediante diligencia consignó copia simple de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de fecha 03 de febrero de 2015, contentiva de la medida cautelar mediante la cual se dejó sin efecto el Acta de Nacimiento N.° 239, expedida por ante la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda de fecha 18 de noviembre de 2014, “hasta tanto se decida el fondo de la (…) causa”.
          El 18 de junio de 2015, mediante decisión N° 734, esta Sala solicitó al mencionado Tribunal Quinto de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección, remita a esta Sala Constitucional copia certificada del expediente contentivo del asunto principal signado con el n.° AP51-V-2014-015785.

Consideraciones acerca del derecho a la prueba, nulidad de actos de investigación, inviolabilidad del domicilio y el sitio del suceso (Sala Constitucional)







"...El numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa” (Resaltado del presente fallo).

En anteriores oportunidades, esta Sala ha señalado que la citada disposición constitucional arropa, entre otros, al derecho a la prueba, cuyo contenido se traduce en el poder jurídico de las partes, de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del Juez, sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso.

Visto desde esta perspectiva, el derecho a la prueba, ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho a la defensa, consiste en que las pruebas lícitas, necesarias, pertinentes y tempestivas sean admitidas y practicadas por el Juez, no pudiendo éste en forma alguna desconocer u obstaculizar el contenido esencial de tal derecho (Sentencia nro. 707 del 2 de junio de 2009). En el caso del Ministerio Público, el derecho a la prueba implica, entre otras, la facultad de probar los hechos narrados en la acusación.

En este orden de ideas, esta Sala también ha señalado que uno de los supuestos en que se produce indefensión, es aquel en el cual se le priva ilegítimamente a una de las partes, de la posibilidad de usar los medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes para sustentar su pretensión, o cuando se le impone un obstáculo que entorpezca la materialización de dicha facultad procesal (Sentencia nro. 3.021 del 14 de octubre de 2005). En este contexto, hay indefensión cuando al justiciable se le impide desplegar actividades probatorias. Pero debe acotarse que el derecho a la prueba, el cual, por ser manifestación de un derecho constitucional común a todas las partes del proceso (derecho a la defensa), corresponde no sólo al imputado o acusado, sino también a la parte acusadora (Sentencias 3.255 del 13 de diciembre de 2002; 1.737 del 25 de junio de 2003; y 3.021 del 14 de octubre de 2005), que en el caso de autos es el Ministerio Público.

Resolución Conjunta mediante la cual se suspende de manera temporal: 1) El Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas; 2) el expendio y distribución de bebidas alcohólicas; 3) las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar. Se prohíbe la circulación de vehículos de carga con el peso bruto que en ella se menciona, en todo el Territorio Nacional.



(Gaceta Oficial Nº 40.798 del 27 de noviembre de 2015)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Nro.179

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Nro. 012245

Fecha 20 de noviembre de 2015

205°, 156°, 16°

RESOLUCIÓN CONJUNTA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Decreto N° 1.644 de fecha 9 de marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.616, de la misma fecha; y el Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 62, 156 numerales 2, 6, 7 y 33, 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las competencias que les confiere lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 14 del artículo 18 de la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y el numeral 6 del artículo 4º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 33 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y los artí culos 16 y 26 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana, la paz, el orden interno, el disfrute de las garantías y el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la formulación de las políticas públicas, estrategias y directrices necesarias,



viernes, 13 de noviembre de 2015

El allanamiento de morada y sus requisitos. Nulidad dictada por la Sala de Casación Penal. Sentencias Líderes. (Caso Enrique Tejerá Paris)




            2. No obstante la fundamentación legal de la improcedencia del conflicto, la  Sala ha revisado las actuaciones enviadas por los jueces competidores, de conformidad con los artículos 257  de la Constitución y 13  del Código Orgánico Procesal Penal y advierte la presencia de un error  esencial de procedimiento, al cual pasa a referirse en los siguientes términos:
         
La institución del allanamiento de morada,  si bien inserta dentro de  las actuaciones propias de la etapa preparatoria del proceso, no se corresponde con los actos de mero impulso procesal sino con los de investigación propiamente dicha. Vale decir, los orientados al descubrimiento de los  hechos delictivos y a la participación de las personas que hayan intervenido en su ejecución con el carácter de autores o partícipes. En estos casos, en los términos del artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, es entonces cuando ya puede hablarse de imputado, o sea, la persona que presente una relación inferencial con los hechos punibles objeto de la investigación. De allí surge el requerimiento legal de que, en el allanamiento, la persona objeto del mismo sea provista de la asistencia de abogado.  Así lo reconoce expresamente el artículo 210  ejusdem  al admitir en el acto la presencia del imputado y su defensor.
La disposición últimamente señalada, tomando en cuenta los motivos de viabilidad del  proceso, establece que la orden de registro debe emanar de  un juez de control, previa solicitud del Ministerio Público, expedida mediante escrito debidamente fundado y motivado. Esto, claro está, salvo las excepciones recogidas taxativamente en el  penúltimo aparte, numerales 1 y 2, del citado artículo.

La falta de una actividad investigativa de cierta significación, previa a la orden de registro, tendiente a demostrar los elementos de verosimilitud en que se fundamenta, la previsión sucinta de la identificación del procedimiento de que se trata, la determinación precisa e indubitable del lugar a ser registrado, el motivo fundado del allanamiento, “con indicación exacta de los objetos y personas buscadas” (artículo 211, numeral 4, del citado Código), son exigencias legales tendientes a obviar la discrecionalidad y subjetividad en la práctica de la medida y a evitar registros  arbitrarios e irracionales que conllevan la afectación de garantías de rango  constitucional, tales  como la inviolabilidad del  hogar doméstico (artículo 47), el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 49) e, incluso, llegar a constituir delito (artículo 184 del Código Penal).

Del contexto de  lo anteriormente señalado se infiere la necesidad del examen y valoración previa de los  elementos de convicción que justifican el allanamiento decretado  contra la persona individualizada en la investigación (imputado).  En el presente caso se advierte una  contraditio in terminis por parte de los promoventes del conflicto, al pretender que,  con la sola orden de allanamiento, sin  otro respaldo fáctico  y con violación del debido proceso y el derecho a la defensa, se  puede  ab initio abrir la etapa preparatoria del proceso y señalar subjetivamente a la persona  objeto de tal medida a quien, por el simple acto de registro, se le dio erroneamente el carácter de imputado, lo cual resulta a todas luces ilegal.


Convención de Viena sobre Relaciones Consulares

CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES,
24 de abril de 1963

Entró en vigor el 19 de marzo de 1967.

Los Estados Parte en la presente Convención,

Teniendo presente que han existido relaciones consulares entre los pueblos desde hace siglos,

Teniendo en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones,

Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, abierta a la firma de los Estados el 18 de abril de 1961,

Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social,

Conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos,

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las materias que no hayan sido expresamente reguladas por las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido lo siguiente:

 Artículo 1

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961




Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961

Entró en vigor el 24 de abril de 1964.

Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos,

Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones,

Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social,

Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados,

Afirmando que las normas del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención:

martes, 10 de noviembre de 2015

NUEVA Ley Orgánica de Precios Justos 2015 (Decreto Ley)





Ley Orgánica de Precios Justos

(Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinario del 8 de noviembre de 2015)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS

El Gobierno revolucionario se encuentra impulsando la continuidad de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, como alternativa al sistema capitalista y para ello tiene como premisa fundamental asegurar la reivindicación del contenido social de la democracia, lo cual ha dado pasos decisivos con la aplicación de la política en materia de Precios Justos. Así, debe enfatizarse que es necesario hacer frente a las fluctuaciones de la economía y buscar siempre el interés de proteger y defender a los usuarios, aun cuando se han presentado ondas especulativas y explotadoras que pudieran arruinar las posibilidades adquisitivas de nuestro pueblo, y de esta manera desmejorar su calidad de vida.

Esta situación debe evitarse y es por ello que el Gobierno revolucionario, ha detectado como terminar con los abusos flagrantes e impunes del poder monopólico de muchos sectores de la economía, que han estado en el centro de un sistema perverso de acumulación del capital, y en el que sobresalen los elevados márgenes de ganancia, así como el alza constante e injustificada de los precios. De allí la necesidad de romper los eslabones de la cadena monopólica generadora de escasez artificial y los efectos perversos de un esquema mercantilista e injusto, que durante muchos años ha sido la regla de la llamada "mano invisible del mercado".

Ahora bien, se ha dicho que así funcionó durante décadas la simbiosis entre los gobiernos irresponsables y los "empresarios" apátridas, que en medio de la cultura especulativa, fueron incapaces de abrir espacios a la producción nacional, al trabajo productivo, diversificar la economía y generar confianza en el pueblo consumidor. Sin embargo, la política de precios justos adoptada y puesta en marcho por nuestro Comandante Hugo Chávez ha funcionado, haciendo frente a las actitudes de estos agentes de la dinámica económica. En tal sentido, se presenta incluir en la normativa de precios justos aún más fórmulas de esta nueva política regulativa de precios justos, la cual está destinada a enfrentar la especulación, como principal causa de la inflación en Venezuela y que resulta en el aumento exagerado en los precios de los productos, como se observa comparando los costos de los rubros de la cesta básica venezolana, desde su salida en el lugar de origen hasta los centros de acopio y su destino final.


Revisión Constitucional por subversión del procedimiento monitoreo. Procedencia de la presentación en revisión del poder en copias simples con vista a su original. Revisión previamente declarada inadmisible en el mismo expediente





http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/182658-1357-91115-2015-13-1027.HTML



Mediante sentencia del 20 de mayo de 2015, esta Sala declaró inadmisible la presente solicitud de revisión, al observar que solo constaba en el expediente copia simple del poder que le otorgaron los representantes legales de la empresa Mammoet Venezuela C.A. a los abogados Mario Castillo Serrano, Ricardo Castillo Serrano, Ana Capafons Miranda, Cherry Jackelines Maza Perdomo, José Gabriel Galvis Barveri y Pablo Albornet Salazar.

Ahora bien, es el caso que el 24 de septiembre de 2015, la abogada Betty Lara Mora, en su carácter de apoderada de la empresa Mammoet Venezuela C.A., según consta en sustitución del poder agregado al expediente en original, solicitó a esta Sala “(…) que se pronunciara sobre el fondo de la presente causa, en virtud, [de] que en autos se encuentra inserto documento Poder que acredita la representación de los recurrentes (…)”.

Al respecto, esta Sala procedió a constatar la certeza del señalamiento efectuado por la referida abogada, y observó que aun cuando no constaba el poder original o copia certificada del mismo en el expediente para el momento en que se formuló la solicitud, se percató que habíaincurrido en un error material, pues no se advirtió la nota estampada por el Secretario de este órgano en el vuelto del último folio de la solicitud (folio 7), en el que se “deja constancia de la presentación ad effectum videndi y previo cotejo con el original, certifica la autenticidad del poder presentado en este acto”. Por tal razón se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

Por una parte, es menester precisar y reiterar que la doctrina de esta Sala ha establecido que para dar trámite a este tipo de solicitudes, es imprescindible que se anexe junto con la misma una copia certificada del fallo cuyo examen pretende y el original o la copia certificada del poder (vid. sentencia números 157/05; 406/05; 1137/05; 2613/05; 2620/05; 3726/05; 1972/06; 257/08; 47/10; 1520/11; 1125/12; 1254/12; 1255/12; 400/13 y 1245/13) [destacado de la presente sentencia], obligación que deriva del artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se prevé que “(…) el demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad… En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará sobre su inadmisión (…)”; sin embargo, atendiendo al principio pro actione resulta plenamente válido la presentación ad efectum videndi del documento –en original o copia certificada- que acredite la cualidad que dice ostentar el abogado (ya que ello implica la certificación que expide el Secretario del órgano jurisdiccional de su original), mas no así con la sentencia cuya revisión constitucional se pretende.

Por otra parte, de una interpretación del artículo 334 del Texto Fundamental, esta Sala ha establecido la posibilidad de corregir los errores materiales en que incurren los jueces, mediante la anulación del auto o la sentencia que contiene el error advertido por resultar írrita desde el punto de vista constitucional o cuando quebrante leyes de orden público (vid. sentencias números 115/2003 del 6 de febrero, caso: Productos Alimenticios 1000 C.A.; 2231/2003 del 18 de agosto, caso: Said José Mijova Juarez; 779/2012 del 5 de junio, caso: Yisel Soares Padrón).

En tal sentido, se hace pertinente traer a colación el artículo 334 del Texto Fundamental, que dispone lo siguiente:

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”.

domingo, 8 de noviembre de 2015

Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados (2015)







FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGLAMENTO INTERNO NACIONAL DE
HONORARIOS MÍNIMOS -
Barquisimeto, 31 de Octubre de 2.015
El Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de la facultad que le confieren los artículos 1, 8 y 50 en concordancia con los ordinales 1º, 8º y 12º del artículo 42 y ordinal 5º del artículo 46 de la Ley de Abogados y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano:
DICTA EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO NACIONAL DE HONORARIOS MÍNIMOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento regirá con carácter obligatorio para los abogados o abogadas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO 2º: Los honorarios a percibir en virtud de la prestación de los servicios profesionales, en ningún caso podrán ser inferiores a los establecidos en este Reglamento.
ARTÍCULO 3º: Para la estimación de honorarios superiores a los establecidos en este Reglamento, los abogados o abogadas deberán tomar en consideración:
a) La importancia del (los) asunto (s) y/o los servicios prestados.
b) La cuantía del asunto.
c) La novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos.
d) Su experiencia o reputación.
e) La situación socioeconómica del cliente.
f) La posibilidad que el abogado quede impedido de patrocinar otros asuntos.
g) Si los servicios son eventuales, fijos o permanentes.
h) La responsabilidad que deriva para el abogado el asunto encomendado.
i) El tiempo requerido.
j) El grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto.
k) Si el abogado o abogada ha procedido como asesor, consultor o apoderado.
l) El lugar de la prestación de los servicios según sea, el domicilio del abogado o fuera de él.
m) El índice inflacionario de acuerdo a las indicaciones del Banco Central de Venezuela. 


sábado, 7 de noviembre de 2015

Por graves desórdenes procesales, imputaciones y procedimientos incompatibles, Sala de Casación Penal se avoca y repone a la fase de investigación (Caso Magistrada Queipo)






De la revisión exhaustiva de las actuaciones se pudo evidenciar que la presente causa se inició mediante denuncia interpuesta por la ciudadana Nesma Josefina Queipo Briceño, ante el Ministerio Público, en contra de los ciudadanos Lidisay Pastora Galeno Aular y José David Crespo González, por ser los médicos que el 3 de septiembre de 2012 practicaron resección de cicatriz de ambas mamas y liposucción Vaser a la ciudadana Ninoska Beatriz Queipo Briceño, en la Unidad Quirúrgica 57 C.A (conocida comercialmente como Clínica Platinum), quien presentó complicaciones post operatorias presumiblemente producto de una sepsis severa, siendo por ello trasladada de emergencia el 4 de septiembre de 2012 a la Clínica Leopoldo Aguerrevere, en la que permaneció hasta el 1° de octubre de 2012, fecha en la que fue trasladada al Hospital de Clínicas Caracas, donde fallece el 11 de octubre del mismo año a consecuencia de un edema cerebral severo por shock séptico de punto de partida abdominal y piel como complicación de cirugía plástica (Lipoescultura), según se desprende del protocolo de autopsia núm. 136-152544 del 17 de octubre de 2012, practicado por la Dra. Yanuacelis Cruz, médico anatomopatólogo, adscrita a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.      

De igual forma se observa que el mismo día del fallecimiento de la ciudadana Ninoska Beatriz Queipo Briceño, es decir, el 11 de octubre de 2012, los ciudadanos Richard Monasterios y Alejandro Corser Forteza, Fiscal Décimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Trigésimo Octavo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron una orden de aprehensión en contra de la ciudadana Lidisay Pastora Galeno Aular, por estar presuntamente incursa en la comisión del delito de Homicidio Intencional a título de dolo eventual, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, relacionado con la jurisprudencia de carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 12 de abril de 2011.

En esa misma fecha, el 11 de octubre de 2012, el Tribunal Trigésimo Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordó la orden de aprehensión solicitada; motivo por el cual la ciudadana Lidisay Pastora Galeno Aular fue aprehendida el día 12 de octubre de 2012, y puesta a la orden del órgano jurisdiccional correspondiente.

Cabe destacar que el 16 de octubre de 2012, el mencionado Tribunal celebró la Audiencia de Presentación de la ciudadana Lidisay Pastora Galeno Aular, oportunidad en la cual además de haberse admitido la precalificación jurídica dada a los hechos por parte del Ministerio Público, específicamente por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional a título de dolo eventual, se acordó la imposición de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de la ciudadana Lidisay Pastora Galeno Aular, así como la solicitud de la Vindicta Pública de continuar la investigación a través del procedimiento ordinario, de conformidad con lo pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece, en su primer párrafo, lo siguiente:

viernes, 6 de noviembre de 2015

La prescripción de la acción penal es una institución de orden público y amerita pronunciamiento incluso en el curso de una solicitud de Avocamiento (Sala de Casación Penal)






            En el caso sometido a la consideración de la Sala, se observa que el abogado NELSON DELGADO CARVAJALdefensor de los ciudadanos JUVENAL GOUVEIA RODÍGUEZ MANO y TERESA GONCALVES GOUVEIA DE RODRIGUES, consignó y ratificó escrito ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal mediante el cual alegó la prescripción de la acción penal, aspecto no expresado en la pretensión de avocamiento admitida, pero que por tratarse de una institución de orden público en el ámbito del proceso penal, supone el deber de la Sala de verificarla antes de pronunciarse respecto de la referida pretensión avocatoria, ya que en caso de ser comprobada, no sería posible revisar el fondo del asunto bajo análisis.

Siendo necesario destacar que la prescripción conforme al ordenamiento jurídico patrio, constituye una extinción de la responsabilidad, dado el transcurso del tiempo fijado por el legislador para perseguir el delito. Y a su vez, puede definirse como la pérdida del derecho del Estado de ejercer la pretensión punitiva o la limitación del Poder Estatal de sancionar a quien delinca, como consecuencia de haber operado el término previsto en la ley, siendo para este último, un medio jurídico para liberarse, por razones temporales, de las consecuencias penales del hecho punible.

 En tal sentido, la ley sustantiva penal contempla la prescripción ordinaria en el artículo 108, cuyo curso puede ser interrumpido, estableciendo que se reiniciará su cómputo desde el día de la interrupción, conforme a los términos previstos en el citado artículo.

Previendo también la prescripción extraordinaria o judicial que se encuentra desarrollada en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 eiusdem, la cual se verifica por el transcurso de determinado periodo, constituido por el término de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, siempre y cuando la prolongación del juicio por ese tiempo se haya producido sin culpa del reo, no siendo susceptible de interrupción, a diferencia de lo ocurre con la prescripción ordinaria, lo que la convierte en un verdadero término de caducidad.

            De ahí que, en los casos donde se materializa alguno de los actos previstos en el artículo 110 del Código Penal, se interrumpe el curso de la prescripción ordinaria, y a partir de esa fecha se comienza a contar de nuevo la prescripción, pero ello solo procede para la prescripción ordinaria de la acción penal, ya que tales actos interruptores no surten efecto cuando se dan los supuestos de la denominada prescripción judicial, que se configura "si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo".

Sala Constitucional acuerda hacer del conocimiento de la Asamblea Nacional "la necesidad de una reforma integral de la Legislación sobre honorarios profesionales de los abogados y abogadas, y se proponga la adopción de un procedimiento único, sencillo, diáfano, breve, oral y público, mediante el cual se ventile con celeridad, eficacia y eficiencia el cobro de los honorarios de los abogados, tanto por actuaciones judiciales como extrajudiciales".






Celebrada como fue la audiencia constitucional, vistos los alegatos de las partes y analizados los elementos que constan en el expediente se comprueba que, tal como lo aseveró el representante del Ministerio Público, con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo, y más concretamente en fecha 27 de octubre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, dictó sentencia en el juicio por estimación e intimación de honorarios (causa originaria) en la que declaró:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado EFRAIN (sic) ANTONIO ALVAREZ (sic) apoderado judicial de la parte demandada CAJA DE AHORROS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO APURE, contra la sentencia de fecha 20 de febrero del 2013, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
SEGUNDO: SE ANULAN TODAS LAS ACTUACIONES desde el folio 195 hasta el folio 606 ambos inclusive en virtud del desorden procesal existente en la presente causa.
TERCERO: SE ORDENA al Tribunal Segundo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure dictar nueva sentencia declarativa siguiendo los parámetros establecidos para dicho fallo.
(…Omissis…)”

Dicha decisión se fundamentó en las siguientes razones:
i) “…la Juez Aquo, (sic) primero dicta una sentencia declarativa, en fecha 02-08-2012, de la cual el abogado Marcos Castillo con el carácter de autos solicitó ampliación de la misma, no siendo ampliada en su oportunidad legal sino en fecha 20 de febrero de 2013, es decir, aproximadamente seis meses después, la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia Civil de esta Circunscripción Judicial abogada Auri Torres, primero anula todas las actuaciones desde el folio 206 en adelante, es decir, que en esa anulación incluye la sentencia dictada por el Tribunal Superior Civil de esta misma Circunscripción Judicial de fecha 17-01-2013, que corre inserta a los folios del 224 al 231 ambos inclusive y posteriormente, hace la aclaratoria solicitada”.
  ii) “…al quedar anulada la sentencia del Tribunal Superior en lo Civil de esta Circunscripción Judicial, no existe sentencia en fase ejecutiva y en la sentencia en fase declarativa de fecha 02-08-2012, no se estableció el monto que el abogado Marcos Castillo debía cobrar por sus honorarios profesionales, cosa que pudo ser aclarado en su oportunidad legal cuando fue solicitada la aclaratoria de la primera sentencia (…)”, por lo que “…de no ser ejercida la retasa, dicha sentencia resultaría inejecutable”.
En tal virtud, dicho tribunal estimó procedente “…anular de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, todas las actuaciones desde el folio 195 hasta el folio 606 ambos inclusive y reponer la causa al estado de que el Tribunal Segundo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial dicte nueva sentencia declarativa siguiendo los parámetros establecidos para dicho fallo…”.
Declarado lo anterior, advierte esta Sala que no consta en autos copia certificada de todo el expediente correspondiente al juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, lo que dificulta determinar con exactitud las actuaciones procesales anuladas por la sentencia de reposición de fecha 27 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, antes mencionada, en la que se señala como tales aquellas que cursan “desde el folio 195 hasta el folio 606 ambos inclusive”, y con el objeto de indagar cuáles son los actos procesales 

Sobre la prescripción extraordinaria del procedimiento administrativo fundada en el art. 110 del Código Penal. (Sala Constitucional)





"En cuanto al tercer alegato, referente a que la Sala Político-Administrativa desestimó el argumento relacionado con la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, advierte esta Sala que en el presente caso, la alegada prescripción de la acción sancionatoria, tanto para el momento en el cual se produjo el hecho generador de responsabilidad, como para cuando el recurrente cesó en su cargo, regía la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, bajo cuya vigencia la  prescripción era regulada supletoriamente por lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982, cuyo tenor es el siguiente:
“…Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente Ley, prescribirán por cinco años, los cuales se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función…”. Destacado de la Sala.

Por su parte, el artículo 110 del Código Penal, establece los modos de interrupción de la prescripción para intentar acciones penales, aplicables supletoriamente, según se ha sentado doctrinaria y jurisprudencialmente, a los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio; en efecto, reza la citada norma:
“…Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare.
Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
(…)
La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción…”. Destacado de la Sala.

Así lo dejó establecido la Sala Político-Administrativa en sentencia n.° 02042, del 11 de diciembre de 2007, caso: Luís Alberto Velásquez, al decidir un caso similar al de autos:
“…Respecto a la denunciada prescripción de la acción, alega el recurrente que los hechos imputados ocurrieron entre el 15 de marzo y 28 de agosto de 1984, y que el auto confirmatorio de la declaratoria de responsabilidad administrativa se dictó el día 4 de agosto de 1987, siendo que desde esta última fecha, hasta la notificación del referido acto, el 13 de junio de 1994, transcurrió más del tiempo requerido para que operase la prescripción.

Violación del debido proceso por no tramitar demanda conforme al procedimiento dispuesto en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial (Sala Constitucional)





http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/182091-1208-261015-2015-15-0736.HTML


Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. 15-0736
  
El 25 de junio de 2015, el abogado José Antonio Anzola Crespo, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 29.566, en su carácter de apoderado judicial de EL PUNTO IMPORT, C.A., registrada el 08 de octubre de 2008, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el n.° 30, Tomo 66-A, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 22 de mayo de 2015,  por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el juicio que por desalojo de local comercial, interpuso la sociedad mercantil Inversiones H. A. Milenium, C.A. en contra de la aquí accionante.
            El 03 de julio de 2015, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
            Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes: 

I
ANTECEDENTES

            El 08 de noviembre de 2013, el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, admitió la demanda que, por desalojo de local comercial por falta de pago, interpuso la sociedad mercantil Inversiones H.A. Milenium, C.A. contra El Punto Import, C.A., por los trámites del juicio breve.
            El 28 de enero de 2015, el abogado José Nayib Abraham Anzola, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 131.343, se dio por citado de la demanda en su condición de liquidador de la sociedad mercantil El Punto Import, C.A.
            El 30 de enero de 2015, el abogado José Nayib Abraham Anzola, en su carácter de liquidador de El Punto Import, C.A. dio contestación a la demanda, y como punto previo solicitó la reposición de la causa al estado de nueva admisión y la aplicación de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial. Asimismo, opuso la cuestión previa de defecto de forma del libelo de la demanda; alegó la falta de cualidad e interés activa; y solicitó la citación de la sociedad mercantil Inversiones Inmobiliaria y Transporte Delta, C.A., como tercera en el juicio.

jueves, 5 de noviembre de 2015

Consideraciones sobre los delitos de legitimación de capitales y de asociación ilícita o para delinquir (Sala de Casación Penal)




En ese orden de ideas, encuentra la Sala que los hechos que se pretenden enjuiciar en la presente causa, constituyen delitos graves, como lo es la Legitimación de Capitales y el de Asociación.

En primer término, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en su artículo 35, tipifica el delito de legitimación de capitales, así:

“… Quien por sí o por interpuesta persona sea propietarios o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: - La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.- El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. - La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. - El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados.”

En tal sentido, cabe destacar que es común en las organizaciones dedicadas al crimen, con esta actividad de legitimar capitales, incorporar bienes y riquezas obtenidos producto del mismo, en el sistema financiero.

Al hacer algunas consideraciones sobre esta actividad, EDUARDO FABIÁN CAPARRÓS señalo en la obra “Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial”. Pág. 84, lo siguiente:

“La irrupción de las asociaciones criminales ha sido la razón principal que ha hecho que el beneficio económico procedente del delito, encuentre otras actividades al autoconsumo. Por una parte la riqueza ilícita constituye una suerte de ‘colchón financiero’ con los que hacer frente a los gastos derivados de la empresa criminal. Por otra, la organización puede optar por invertir parte de esas ganancias, tratando con ello de potenciar al máximo la productividad de la empresa…”.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Constitucionalidad del Estado de Excepción en el municipio Atures del Estado Amazonas. (Sala Constitucional)



Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, y estando dentro de la oportunidad para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.071, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.773 del 23 de octubre de 2015, el cual se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
En un principio es pertinente realizar un desglose del contenido de dicho decreto, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:
En su encabezamiento se establecen los fundamentos jurídicos, basados en normas constitucionales y legales en que se sustentan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236, Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas.
El cuerpo del decreto, que luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en el municipio Atures del Estado Amazonas, por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.

VINCULANTE: Procedimiento para imponer las sanciones de multa o arresto -en defecto de pago- previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2009)





"Visto ello, esta Sala considera, y así lo establece con carácter vinculante, que las sanciones previstas en los artículos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constituyen manifestaciones de la potestad ordenatoria del Juez (específicamente de la potestad sancionatoria), y, en fin, manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional, por lo cual pueden considerarse órdenes judiciales en los términos del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuestión que las hace compatibles con lo dispuesto en esa disposición constitucional que, al no restringir ni el juez que puede dictar el arresto, ni el tipo, ni dimensión de jurisdicción en la que puede ordenarse, determina asimismo la compatibilidad de las referidas normas denunciadas con el derecho de la persona a ser juzgado por sus jueces naturales, previsto en el artículo 49.1 eiusdem. La jurisdicción, que es de orden público, tiene rango constitucional y la potestad de administrar justicia que emana de los ciudadanos y ciudadanas, corresponde a los órganos del Poder Judicial mediante lo determinado en la ley para hacer eficaz el derecho, y en el cuadro normativo se insertan los arrestos. Es la garantía de la jurisdicción como su carácter distintivo en términos de Calamandrei. Así se declara.

Así pues, los arrestos derivados del incumplimiento de las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son producto del ejercicio de la potestad jurisdiccional, específicamente de su dimensión ordenatoria y, por ende, constituyen órdenes judiciales, las cuales representan excepciones legítimas al derecho a la libertad personal en el ámbito del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En razón de ello, esta Sala considera que los actos que se derivan del poder procesal reconocido en las normas sancionadoras contenidas en los precitados artículos, son de naturaleza jurisdiccional, y no administrativa, razón por la que esta Sala cambia expresamente el criterio adoptado, entre otras decisiones, en la sentencia N° 1212 del 23 de junio de 2004, caso Carlos Palli, en la que se afirmaron, ente otras cosas, que “Tal potestad disciplinaria está comprendida dentro de los poderes generales del juez, aun cuando no tiene naturaleza estrictamente jurisdiccional, y de allí que la doctrina procesalista, la cual comparte esta Sala, la entienda como un poder procesal, inherente a la condición del Juez en tanto director del proceso (…) poder procesal que se ejerce mediante actos cuya naturaleza jurídica analizó ya esta Sala en anteriores oportunidades, en las que señaló que se trata de actos administrativos de efectos particulares…”.

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