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lunes, 29 de junio de 2015

Sala Constitucional acuerda celebrar una audiencia pública para resolver una petición de revisión de una sentencia dictada en 1996, a los fines de tutelar "el derecho a investigar la paternidad" y garantizar el derecho a conocer la identidad biológica" del solicitante. Se acuerda oír a dos testigos expertos del IVIC






EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 12-0493

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 3 de mayo de 2012, el ciudadano Jean Paul Alfonso Salazar, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n.° 19.603.402, asistido por los abogados Alfonso Albornoz y Yudith Salazar Oca, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 18.235 y 11.053, respectivamente; solicitó, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión constitucional de la decisión dictada por el extinto Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita de Caracas el 17 de mayo de 1996, que: 1) declaró con lugar la apelación; 2) revocó la sentencia apelada; y 3) declaró sin lugar la demanda de inquisición de paternidad intentada por la ciudadana Judith Salazar Oca en representación del hoy solicitante por ser para entonces menor de edad contra el ciudadano Moisés Rojas Rossi.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 11 de febrero de 2013, la abogada Judith Salazar solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 14 de febrero de 2013, esta Sala, a tenor de lo dispuesto en el único aparte del artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó oficiar al Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, al cual le correspondió conocer las causas del extinto Juzgado Octavo de Familia y Menores del Área Metropolitana de Caracas, para que remitiera a esta Sala Constitucional el expediente completo signado con el número 911835 (llevado por el referido Juzgado de Familia y Menores), actualmente AP51-V-2012-004705.

Consideraciones sobre la desposesión de bienes en el proceso en general y en especial en el proceso penal. Precisiones sobre el pago por concepto de depósito y cuándo no podrá cobrarse emolumento alguno o ejercerse derecho de retención sobre los bienes depositados (Sala Constitucional)



Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de las apelaciones ejercidas contra la sentencia del 29 de julio de 2002, dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Carabobo. En tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de las mismas, y así se declara.

Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, al respecto, observa:

La presente acción de amparo constitucional ha sido ejercida contra la decisión del Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, que decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Munir Amado Alhamad Lugo, por la comisión del delito de contrabando y ordenó la entrega de la mercancía a su legítimo propietario, una vez pagada la liquidación definitiva que al efecto elabore la Aduana de Puerto Cabello, la cual se encontraba en depósito en la Almacenadora El Recreo C.A., actuando ésta en funciones de depositaria judicial.

A juicio de la parte accionante, la orden de entrega de la mercancía que se encontraba en sus almacenes en calidad de depósito, obviando los derechos que tiene de exigir la cancelación de los gastos por este concepto, perjudica sus intereses, ya que actuó en calidad de depositaria judicial por más de tres años, en virtud de una orden emanada de un tribunal, manteniendo la custodia y conservación de la mercancía, lo cual erogó gastos por el orden de ciento cinco millones de bolívares, y sin embargo, el Juzgado de Control no sustanció el procedimiento especial previsto en la Ley de Depósito Judicial, incurriendo en violación del derecho a la tutela judicial efectiva que se concreta en la garantía del debido proceso, reconocida por el artículo 49 de la Constitución.

domingo, 28 de junio de 2015

Consideraciones acerca de la devolución de vehículos en el proceso penal. En los casos en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, se favorecerá la condición del poseedor y el fallo que ordene su entrega servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente (Sala Constitucional)





MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 31 de agosto de 2004, la abogada JEANNA MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 92.749, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ELÍAS JONATHAN MEDINA VERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 13.657.899, “debidamente asistida para este acto por el abogado LUIS RAFAEL VIDAL HERNÁNDEZ (sic)”, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la decisión del 6 de julio de 2004, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, lesiva, a su juicio, de la tutela judicial efectiva, del debido proceso y del derecho de propiedad.
En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Por diligencias de 1 de febrero de 2005 y 5 de abril del mismo año, la parte actora solicitó pronunciamiento.
Realizado el estudio del expediente se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Alegó la apoderada judicial del accionante, lo siguiente:
1.- Que, el 26 de julio de 2003, su representado denunció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el hurto del vehículo de su propiedad marca chrevolet, modelo silverado, año 1992, placas, 643-XFJ.
2.- Que en el mes de octubre de 2003, por noticias de prensa se enteró de la recuperación de varios vehículos, entre ellos, una camioneta con las características de la que le había hurtada.
3.- Que remitidas las actuaciones policiales a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Estado Bolívar, su representado solicitó la entrega del vehículo de conformidad con lo establecido en losartículos 1 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores y 311 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo dicha solicitud negada el 12 de noviembre de 2003, en virtud de que los seriales del señalado vehículo se encontraban adulterados, razón por la cual solicitó al Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, acordara la entrega del vehículo,
4.- Que, luego de una serie de incidencias procesales, el referido Juzgado Segundo de Control fijó para el 13 de enero de 2004, la celebración de la audiencia al respecto.
5.- Que, a la audiencia señalada, asistió el ciudadano Alejandro Liendo, quien igualmente arguyó ser el propietario del vehículo reclamado, motivo por el cual el Juzgado Segundo de Control acordó no hacer entrega del vehículo, por cuanto era necesario ahondar en la investigación respectiva, por lo cual remitió las actuaciones a la Fiscalía Primera del Ministerio Público.
6.- Que, el 6 de abril de 2004, su representado solicitó de nuevo al Juzgado Segundo de Control del Estado Bolívar, la entrega del vehículo de su propiedad, acordando el referido Juzgado de Control la fijación de una audiencia para el 31 de mayo de 2004.
7.- Que, el 31 de mayo de 2004, una vez oídas las partes presentes en la audiencia –su representado, el Ministerio Público y el ciudadano Alejandro Liendo-, el Juzgado Segundo de Control acordóentregar a su representado  –en calidad de depósito- el vehículo en reclamación.
8.- Que contra dicha decisión ejerció recurso de apelación el ciudadano Alejandro Liendo, el cual fue resuelto el 6 de julio de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, declarándolo parcialmente con lugar; y, por ende, revocando la decisión impugnada.
9.- Que en la decisión proferida por la Corte de Apelaciones –impugnada por vía de amparo- no se realizó el análisis del expediente y la motivación correspondiente, a fin de constatar que su representado era el legítimo propietario del vehículo, en razón de lo cual la recurrida adolece del vicio de inmotivación, toda vez que no señaló los fundamentos de hecho y derecho en los cuales fundó su pronunciamiento.

viernes, 26 de junio de 2015

"Los Funcionarios del Resguardo Nacional son militares efectivos que prestan un servicio a la República y como órganos auxiliares apoyan al Ministerio Público y al SENIAT, bajo sus instrucciones y directrices, no pudiendo actuar como tales de forma autónoma". Nulidad de actuaciones. Avocamiento Con Lugar (Sala de Casación Penal)




CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Afirma la defensa en su solicitud que la situación expuesta, representa un retardo procesal en la causa, que afecta los derechos de su representada, quien hasta la fecha, ya con más de dos años de haber presentado su solicitud de nulidad, no ha obtenido una debida respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales a los cuales les ha correspondido conocer de la solicitud de nulidad, constituyendo en su entender una situación que afecta la imagen del Poder Judicial, al estar en un círculo de acciones y respuestas que, en su criterio, no tienen una pronta solución lo que motivo la formulación de la presente solicitud de avocamiento.
En efecto, de la revisión de las actuaciones de la presente causa, la Sala constató que el 21 de agosto de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, dictó decisión declarando Sin Lugar la solicitud de nulidad efectuada por el defensor de la imputada, respecto a las órdenes de allanamiento de fechas 11 y 12 de abril de 2012, emanadas del Juzgado Quinto y Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara y de la  audiencia de presentación celebrada el 13 de abril de 2012, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara.
Asimismo, el 22 de agosto de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, dictó decisión mediante la cual negó la revisión de la medida  de coerción personal solicitada por la defensa técnica de la imputada.
El 31 de agosto de 2012, los defensores privados de la ciudadana AMYRIS LEONOR CHÁVEZ DE PAZ interpusieron recuso de apelación contra la decisión dictada el 21 de agosto de 2012, por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara.
El 6 de noviembre de 2012, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal estado Lara, declaró la nulidad de oficio de la decisión dictada el 21 de agosto de 2012, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control de ese Circuito Judicial Penal, ordenando la remisión del presente asunto, con carácter de urgencia, a un Juez de Control distinto al que dictó la decisión objeto de apelación, a los fines de que realice el respectivo pronunciamiento de ley.

jueves, 25 de junio de 2015

"El transcurrir del tiempo en el desarrollo del proceso, no es una condición modificativa o de mutación de las circunstancias que dan soporte a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar" (Sala Constitucional)





CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala examinar los requisitos de la admisión de la acción propuesta, y, en tal sentido, se aprecia que el amparo interpuesto cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los establecidos en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 eiusdem, por lo que resulta admisible.
No obstante, es necesario hacer una revisión exhaustiva sobre la procedencia de la pretensión, a fin de evitar que se de apertura de manera innecesaria a un contradictorio cuando in limine litis se puede verificar su improcedencia, pues lo contrario atentaría no sólo contra la celeridad y economía procesal sino contra la tutela judicial efectiva.
Sobre este particular, la Sala ha señalado en múltiples decisiones, que acciones como la presente constituyen un mecanismo procesal de impugnación con peculiares características que las diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para el ataque de los actos que emanen de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual, se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación.
En tal sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala que procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
Así tenemos que esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 2339, del 2001, recaída en el caso: Jesús Pérez Marcano, en cuanto a este punto señaló lo siguiente:

Procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República: Inadmisibilidad de la demanda por falta de correspondencia entre lo solicitado en sede administrativa y lo demandado en sede judicial. (Sala Político Administrativa)


Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de los defectos de procedimiento y de forma alegados por los apoderados judiciales del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda (IAPEM) y del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda (IACBEM) en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 27 de marzo de 2014.
De la revisión del expediente se aprecia que los representantes judiciales de ambos entes demandados, alegaron simultáneamente a su favor el incumplimiento de la obligación de la demandante de agotar el procedimiento administrativo previo a las demandas de contenido patrimonial contra la República, establecido en los artículos 56 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República -a su decir, prerrogativa de sus mandantes-, así como también alegaron el defecto de forma de la demanda por no haber sido especificadas las cantidades de dinero supuestamente adeudadas por cada uno de los codemandados. Por tratarse de los mismos alegatos, la Sala pasará a analizar en forma conjunta los defectos de procedimiento invocados por los codemandados.
Procedimiento previo a las demandas de contenido patrimonial
Conforme a lo previsto en el artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008, quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República, deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. Asimismo, en la mencionada norma se advierte que se debe dar recibo al interesado de la presentación del escrito y hacer constar su recepción en el cuerpo del escrito.
Tal disposición está en el Capítulo relativo al “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA”, también denominado antejuicio administrativo, cuyo objeto es poner en conocimiento a la República -o a los entes que gozan de este privilegio- de las pretensiones que pudieran ser alegadas en su contra y sus fundamentos, para entonces, de ser procedente, admitirlas -con lo que se lograría evitar potenciales litigios- o desecharlas. En ambos casos, el antejuicio administrativo se constituye como un elemento de garantía para la Administración, en tanto que le permite saber exactamente las reclamaciones que serán deducidas por el particular, luego del antejuicio, en vía jurisdiccional (Vid. sentencia de esta Sala Nº 01403 del 26 de octubre de 2011).

Privilegios procesales: No procede la condena en costas contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (Sala Constitucional)



MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, la Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud de revisión sometida a su conocimiento y, al efecto, observa:
La revisión a que hace referencia el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional entrar al análisis de los fallos sometidos a su conocimiento. Ello es así, por cuanto la facultad de revisión no puede ser entendida como una nueva instancia, ya que sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la Ley y, en tal razón, tienen la condición de definitivamente firmes (vid. sentencias del 2 de marzo de 2000 caso: Francia Josefina Rondón Astor, del 13 de julio de 2000 caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda). 
De tal manera, que la Sala se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.
Ahora bien, aprecia la Sala que en el presente caso, se pretende la revisión de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2012 por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar las apelaciones ejercidas por las partes, por cuanto a criterio de la solicitante, la sentencia aplicó erradamente lo estipulado en la II Convención Colectiva de Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura 2005-2007, al considerar que el ciudadano Luis Enrique Quintero Chong, siendo personal contratado gozaba de los beneficios de la mencionada Convención, así como la violación de normas de orden público al condenar en costas a la República al establecer el pago de los expertos contables a la demandada.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y luego de un cuidadoso análisis de los alegatos esgrimidos en la solicitud de revisión planteada, esta Sala observa que el ejercicio de este excepcional medio constitucional va dirigido a objetar la valoración realizada por el Juzgado Superior, sobre la interpretación que le confirió a lo dispuesto a las cláusulas de la Convención Colectiva, que lo llevó a determinar que el peticionante gozaba de los beneficios establecidos en dicha Convención,  y que en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral y de la progresividad de estos derechos, le corresponden al demandante, pese a ser un contratado.

"El trabajador puede acudir al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, a la Inspectoría ó Sub Inspectoría del Trabajo sin necesidad de estar acompañado por un abogado". Sala Constitucional





Esta Sala, una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, observa lo siguiente:

Es criterio reiterado de esta máxima instancia que la revisión a que hace referencia el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los cardinales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con su doctrina vinculante, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional revisar los fallos sometidos a ésta con ese fin.

Asimismo, la sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”) señaló que la facultad de revisión es “una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional”; por ello,“en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”; así, “la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’”.

En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

En el caso bajo examen, el defensor público del solicitante denunció la violación de los derechos constitucionales previstos en los artículos 26, 49, 87, 89 y 93, puesto que el Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al conocer del recurso de apelación interpuesto (por el hoy solicitante y el mencionado instituto) contra la sentencia que resolvió la demanda de nulidad ejercida contra la providencia administrativa dictada en el procedimiento de calificación de faltas celebrado el 3 de noviembre de 2009 ante la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, sede Caracas Sur, no atendió que el hoy solicitante, durante la celebración del mencionado procedimiento de calificación de faltas no contó con la asistencia de un abogado para resguardar su derecho e interés y garantías constitucionales, por lo que -a su decir- la mencionada Inspectoría no debió admitir tal solicitud ni mucho menos declararla con lugar. Asimismo, esgrimió que el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) sí contó con asistencia técnica jurídica, en razón de la cual se vulneró además el principio de igualdad procesal.

Sala Constitucional admite a trámite demanda de nulidad planteada contra los artículos 394 y 395 del Código Penal -delito de adulterio-





Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
 Consta en autos que, el 14 de abril de 2015, la ciudadana ENID BEATRIZ MÉNDEZ RÍOS, titular de la cédula de identidad n.° 6.362.525, con la representación del abogado Héctor Del Valle Centeno Guzmán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 36.278, respectivamente, presentó ante esta Sala demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad, contra el artículo 394 del Código Penal Venezolano.
El 22 de abril de 2015, se dio cuenta el Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
                                                      I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
La parte actora fundamentó su demanda de nulidad en los siguientes argumentos:
Que “…en fecha 26 de noviembre de 2010, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación y Mediación del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictó auto admitiendo demanda de Divorcio Contencioso, incoada por el cónyuge de la accionante, ciudadano ANDRÉS ARTURO ÁLVAREZ HERRERA, fundamentada en la causal segunda y tercera (2° y 3°) del artículo 185 del Código Civil, expediente N°: AP5I-V-2010-01 9142; dicho ciudadano a los fines de lograr su pretensión, solicitó unos medios de pruebas. El tribunal, una vez admitida la solicitud de las pruebas requeridas por el demandante, proveyó ordenando la práctica de un Informe Técnico Integral, según lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, practicándose visita a los domicilios de los cónyuges. En virtud de ello, el tribunal se trasladó al domicilio del cónyuge demandado, accionante en la presente acción, ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, practicándosele entrevista por parte del psiquiatra, trabajador social y del abogado, de conformidad a lo requerido, pasando a formar parte del Informe Técnico Integral; la misma gestión, se practicó en el domicilio del cónyuge demandante, ubicado en sector Santa Ana, calle Guanipa, sector Lomas de Maturín, quinta La Canoa, urbanización El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda, oportunidad en la que el ciudadano, expresó a los funcionarios que practicaron la visita, que él vivía en ese lugar con la ciudadana Ana María Caroli Marín, que estaban esperando un hijo, que la ciudadana tenía 7 meses de embarazo, igualmente informó a los funcionarios acerca de la data de esa relación así como también su decisión de contraer matrimonio con ella una vez terminado el divorcio. Toda esta información pasó a formar parte del Informe Técnico Integral de fecha 10 de enero de 2012, solicitado por este ciudadano, cuya copia certificada anexamos marcada ‘B’”.

Sala Constitucional declara Ha Lugar a revisión solicitada por Toyota de Venezuela. Violación de la confianza legítima y expectativa plaúsible por cambio de criterio acerca de los beneficios sociales de carácter no remunerativo





MOTIVACIÓN PARA LA DECISION

En el caso sub examine se pretende la revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Social n.° 01185 del 12 de agosto de 2014 y sus aclaratorias contenidas en los actos de juzgamientos números 1.472 y 1.654 del 16 de octubre y 13 de noviembre de 2014, respectivamente, mediante la primera se declaró con lugar el recurso de casación que anunció y formalizó la representación judicial de la parte demandante contra el fallo que pronunció el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, el 17 de octubre de 2012, en el que se había confirmado el acto decisorio que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo el 26 de julio de 2012, que desestimó la pretensión de cobro de acreencias laborales que incoaron Albert Rivero y Robinson Fajardo contra la solicitante de revisión; con la segunda (1472/16.10.2014), se declaró la improcedencia de la solicitud de aclaratoria que hizo la representación judicial de la solicitante de revisión; y, con la última (1654/13.11.2014), por un lado, se desestimó, por extemporánea, la solicitud de aclaratoria que había interpuesto la parte actora y, por el otro, se corrigió la decisión objeto de aclaratoria.
Ahora bien, la revisión contenida en el artículo 336.10 constitucional, constituye una facultad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional que posee esta Sala Constitucional con la finalidad objetiva de resguardo de la integridad del texto constitucional con la vigilancia o control del acatamiento de las interpretaciones vinculantes que hubiese hecho, por parte del resto de los tribunales del país con inclusión de las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, para el mantenimiento de una interpretación uniforme de sus normas y principios jurídicos fundamentales, lo cual conlleva a la seguridad jurídica, de allí que se cuestione y deba impedirse que la misma se emplee como sucedáneo de los medios o recursos de impugnación o gravamen, como si con ella fuese posible el replanteamiento y juzgamiento sobre el mérito de lo debatido, con una nueva instancia del proceso, al que debió ponérsele fin con el acto de juzgamiento cuestionado, con el sólo propósito del restablecimiento de la situación jurídica supuestamente lesionada, es decir, con un claro interés jurídico subjetivo que abiertamente colide con la finalidad objetiva de dicho instrumento o medio de protección del texto constitucional.
Dada la referida naturaleza extraordinaria y excepcional de la revisión, esta Sala fijó claros supuestos de procedencia (s. S.C. n.° 93 del 6 de febrero de 2001; caso: “Corpoturismo”), los cuales fueron recogidos en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25, numerales 10 y 11), con el propósito de evitar su empleo indiscriminado y exagerado con fundamento en el sólo interés en el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva supuestamente lesionada, en clara colisión con su verdadera finalidad.

"No es dable a los trabajadores cuestionar, a través de un amparo constitucional, la supuesta legitimación de la persona que lo despide en nombre del patrono" (Sala Constitucional)





"...esta Sala advierte que el acto decisorio sometido a revisión lo constituye el pronunciamiento dictado el 17 de enero de 2014, por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los hoy solicitantes contra el fallo dictado el 3 de octubre de 2013, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de juicio de referida Circunscripción Judicial y, confirmó el fallo recurrido, que a su vez declaró con lugar la acción de amparo ejercida por los ciudadanos José Manuel Sira Escalona y María Alejandra López Angulo, titulares de la cédula de identidad núm. 6.839.851 y 12.346.408, respectivamente, contra los hoy peticionarios.
Por su parte, el apoderado judicial de los solicitantes sustentó su pretensión de revisión constitucional argumentando que dicha decisión violó los derechos de sus representados, a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a ser oído y el principio de expectativa legítima, al declarar con lugar un amparo que era inadmisible porque contaba con vías ordinarias a las cuales acudir.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente sub exámine, advierte esta Sala que el abogado Claudio Antonio Bárcenas Vielma, dice interponer la solicitud de revisión actuando como apoderado judicial de los  ciudadanos María Eugenia Cedillo de Castillo, Alcides Monsalve Cedillo y Luis Martínez Martínez, actuando la primera “…en su condición de Presidenta de la Sociedad de Comercio ‘EDICIONES OCCIDENTE C.A’; sin embargo, constata la Sala que el poder que cursa en autos al folio 3 y su vuelto, del anexo (01), fue otorgado por los referidos ciudadanos actuando en su propio nombre y representación.
En este sentido, se estima que el poder otorgado por la ciudadana María Eugenia Cedillo de Castillo fue conferido de manera insuficiente, toda vez que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, esta Sala no acepta su representación para actuar en nombre de Ediciones Occidente C.A. en el presente proceso; no obstante lo anterior, dado que la referida ciudadana posee un claro interés en las resultas del tema debatido, esta Sala acepta su participación como persona natural.

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