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martes, 29 de diciembre de 2015

El acto de reconocimiento en rueda de personas resulta susceptible de ser atacado a través de la solicitud de nulidad (Sala Constitucional)














En el presente caso se interpone acción de amparo constitucional por la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de petición por la presunta negativa del Juez a cargo del Juzgado Noveno de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de no tramitar la acción de amparo sobrevenido que interpuso verbalmente en el momento de realizarse la audiencia de reconocimiento en rueda de individuos y con ello la suspensión de dicho acto, lo que, según se denuncia, conllevó a que éste actuara fuera de su competencia y con abuso de poder.

Asimismo, se pidió la nulidad del acta de reconocimiento en rueda de individuos, dado que dicho procedimiento se efectuó sin observar, supuestamente, ciertas formas que lesionaron el derecho la defensa y al debido proceso de sus defendidos.

Respecto a la denuncia efectuada de que el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no suspendió el acto de reconocimiento en rueda de individuos con ocasión del “amparo sobrevenido” interpuesto en dicho acto, la Sala observa:

La Sala 9 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, señaló que la parte actora tenía la “posibilidad de interponer recurso ordinario de apelación contra la resolución que en el acto dictó el Tribunal, antes transcrita por lo que no corresponde la interposición de tal acción ante el Tribunal de Alzada de nuevo, como si se estuviere interponiendo primigeniamente, toda vez que interpolada ante el Tribunal de la causa, la Juzgadora emitió una resolución judicial que en caso de no ser compartida por la parte demandante, debió ser recurrida dentro del lapso legal correspondiente, lo cual, de la revisión hecha a la causa original y al Cuaderno levantado con motivo de la incoación de la demanda, no se desprende haya hecho uso la parte actora de tal medio recursivo y tampoco lo expresa ésta en su escrito libelar [sic]”.

Improcedencia de la condenatoria en costas en los juicios de estimación e intimación de honorarios profesionales. Se reitera doctrina. (Sala Constitucional)







CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, de la lectura de la solicitud bajo estudio, aprecia esta Sala que, el presente caso se ajusta a las exigencias que contiene el artículo 18 la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que no se configuran las causales previstas en el artículo 6 eiusdem. Ahora bien, con vista a los alegatos del peticionante y a los recaudos que conforman el presente expediente, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

Del escrito contentivo de la pretensión constitucional, observa  la Sala que mediante el ejercicio de la presente acción, el solicitante cuestiona que, el juez superior actuó fuera del ámbito de sus competencias, incurrió en errónea y falsa aplicación de la ley y violentó el debido proceso, derivado de tres hechos concretos: en primer lugar, concedió el beneficio de pobreza a favor de su contraparte; en segundo lugar, ordenó al Colegio de Abogados del Estado Falcón, el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente con vista a las actuaciones ejecutadas por él en uno de los juicios en los que representó a los demandados y, finalmente, lo condenó en costas por resultar perdidoso en el juicio de intimación de honorarios profesionales que ejerció.

De lo aseverado por el abogado accionante, resulta claro que el punto controvertido es la forma como el juez superior que conoció de la causa, motivó el fallo accionado, reflejándose con claridad el desacuerdo del quejoso con los términos de dicha decisión, puesto que le desfavorece; ello así, se evidencia que la acción sub examine, se encuentra dirigida a cuestionar valores de juzgamiento.

Del estudio exhaustivo de los autos, y concretamente, de la lectura de la decisión accionada, resulta que el juez de alzada plasmó las consideraciones que según sus conocimientos, resuelven lo planteado en el asunto; en este sentido, con relación al beneficio de pobreza concedido a los ciudadanos Karina del Carmen Vargas Sánchez y Ricardo Antonio Arcila Cahuao, se asentó, entre otras consideraciones:

Sala Constitucional dicta medida cautelar en proceso de revisión constitucional y admite "adhesión" a la revisión. Caso Makro Comercializadora.






Consta en autos que, el 22 de octubre de 2014, la sociedad MAKRO COMERCIALIZADORA S.A. (en adelante MAKRO) inscrita originariamente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de mayo de 1990, bajo el n.° 35, Tomo 57-A, siendo su última reforma estatutaria inscrita el 27 de febrero del año 2007, ante el Registro Mercantil Segundo de la citada Circunscripción Judicial, bajo el n.° 63, Tomo 106-A, Registro de Información Fiscal n.° J-00319235-0, mediante la representación del abogado Juan Vicente Ardila, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º 7.691, solicitó ante esta Sala, la revisión constitucional del fallo de Sala de Casación Civil n.° 497 del 5 de agosto de 2014, que declaró con lugar el recurso extraordinario de casación que interpuso Inmobiliaria Barreto C.A. (en adelante LA INMOBILIARIA) y sin lugar el recurso de la solicitante contra el fallo que emitió el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de junio de 2013, casó sin reenvío y declaró: “1) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de reivindicación intentada por INMOBILIARIA BARRETO, C.A. contra MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. 2) SE ORDENA a la parte demandada MAKRO COMERCIALIZADORA, C.A., restituir a la demandante INMOBILIARIA BARRETO, C.A., el área de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS (8.156,47 m2) (…) El área anteriormente deslindada corresponde a un área de mayor extensión de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS (9.181 m2) y a ella deberá restársele los UN MIL VENTICUATRO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS CUADRADOS (1024,53 m2) que la experticia evacuada en el presente juicio determinó que no le corresponden a INMOBILIARIA BARRETO, C.A, por estar fuera del área de superposición o solapamiento de ambas parcelas. Para ello, tal como se indicó en el punto primero de la sección 8.2 de la sentencia recurrida, se ordena, con base en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la realización de una experticia complementaria del fallo, a fin de que los expertos designados, apoyados en la experticia realizada en este proceso a instancia de la parte actora cuyas resultas cursan en los folios 395 al 404 de la primera pieza del expediente y, en particular, en el plano denominado LP que se confeccionó específicamente para este juicio y cursa en el folio 403 del expediente, resten del área demandada de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS (9.181 m2), los UN MIL VENTICUATRO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS CUADRADOS (1024,53 m2) que, según los expertos, no están comprendidos dentro del área de superposición o solapamiento de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS (8.156,47 m2) determinados por aquella experticia. Realizada dicha resta, los expertos determinarán los linderos particulares del área de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS (8.156,47 m2) objeto del solapamiento de ambas parcelas, y ésta área particular es la que deberá restituir MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. a INMOBILIARIA BARRETO, C.A.; 3) SIN LUGAR el derecho de retención solicitado por la parte demandada y en consecuencia la indemnización de las mejoras acordadas a favor de la demandada”, para cuya fundamentación denunció que el fallo objeto de revisión incurrió en incongruencia por omisión, error inexcusable, motivación acogida y suplió carga probatoria de la parte demandante, con lo que habría producido la violación a sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial eficaz y a la igualdad en la aplicación de la Ley y a la propiedad que reconocen los artículos 26, 49, 21 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la recepción del escrito, se dio cuenta en Sala por auto del 22 de octubre de 2014 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 9 de diciembre de 2014, la representación del Inmobiliaria Barreto C.A., consignó escrito pidiendo la declaratoria no ha lugar de la solicitud de revisión.
El 17 de diciembre de 2014, esta Sala Constitucional mediante auto n.° 1854, se declaró competente para el conocimiento de la solicitud y ordenó al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la remisión de copia certificada de todo el expediente con el alfanumérico AH1C-V-2007-000004 contentivo de la demanda interpuesta por Inmobiliaria Barreto C.A.,contra Makro Comercializadora S.A.
El 11 de febrero de 2015, fue designada la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y el 12 de febrero de 2015 tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
El 09 de febrero de 2015, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas recibió la notificación, y el 24 de febrero siguiente remitió las actuaciones requeridas.
El 10 de marzo de 2015, la representación de Inmobiliaria Barreto C.A., se adhirió a la solicitud de revisión pero con motivos diferentes, alegando la declaratoria no ha lugar de la petición.
El 4 de agosto de 2015, la representación de MAKRO alegó que los escritos de Inmobiliaria Barreto C.A. del 9 de diciembre de 2014 y 10 de marzo de 2015, deben ser desechados pues, no es admisible una adhesión a la solicitud de revisión.
I
DE LA MEDIDA CAUTELAR
Se observa de las siete (7) piezas que constituyen la copia del expediente remitido a esta Sala, que el juicio de reivindicación y accesión invertida que dio lugar a la solicitud bajo análisis se encuentra en fase de ejecución de la sentencia objeto de la petición, lo que implica que MAKRO restituya el terreno que sea individualizado mediante experticia complementaria del fallo, extensión en la que ejecuta su actividad comercial, poniendo en riesgo o dificultad el desenvolvimiento de sus actividades económicas, centradas en la distribución de, entre otros, alimentos y productos de primera necesidad, cuya interrupción en pudiera poner en riesgo la seguridad alimentaria de usuarios y usuarias, al afectarse la venta de los bienes allí comercializados.
Ello así, tal circunstancia constituye el periculum in damni que obra en perjuicio de la solicitante, que debe ser tutelado cautelarmente para evitar la concreción de un daño irreparable, por lo que, en aras de evitar la consumación de la ejecución y, en atención a la particularidad del caso en concreto, esta Sala considera prudente decretar de oficio medida cautelar innominada de suspensión de los actos de ejecución forzosa correspondiente al asunto AH15-V-2008-000029,de la nomenclatura del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, todo lo cual se dicta con carácter temporal y hasta tanto se emita la sentencia que resuelva el fondo de la revisión planteada, con base a lo preceptuado en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece:
En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”. (Resaltado de la Sala).

En virtud de lo anterior, esta Sala ordena al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suspenda la fase de ejecución en el momento previo a la entrega del inmueble, hasta tanto se decida el presente caso, y, de manera inmediata, deberá informar a esta Sala el estado actual en que se encuentra el mencionado trámite, remitiendo copia certificada de las actuaciones posteriores al 30 de enero de 2015. Y así se decide.
Se ordena que las notificaciones al Juzgado de la causa originaria y a las partes se realicen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:
“Artículo 91: Las notificaciones de las partes e interesados o interesadas podrán ser practicadas por cualesquiera de las siguientes formas:
1. Personalmente, entregándola con acuse de recibo que sea firmado por los destinatarios o destinatarias o por su representante legal.
2. Mediante boleta u oficio que sea dejada por el o la Alguacil en el domicilio procesal del sujeto de que se trate, luego de lo cual dicho funcionario dejará constancia escrita de haberla practicado. Dicha boleta contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia y clara advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. Al momento de librarse la boleta se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Mediante correspondencia postal que sea efectuada a través de correo público o privado.
4. Mediante boleta que sea enviada a través de sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares, en cuyo caso el Secretario dejará constancia en el expediente de haberla practicado. A tal efecto las partes indicarán su dirección de correo electrónico o número de fax, cuando se incorporen al proceso. Al momento de librarse la boleta se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia”.

II
DE LA ADHESIÓN A LA REVISIÓN
Por último, debe la Sala referirse al escrito de adhesión a la revisión presentado por el abogado Adolfo Hobaica en representación de Inmobiliaria Barreto C.A., en el que oponiéndose a la petición de la solicitante pide igualmente que se revise el fallo impugnado, alegando que dicho fallo viola la doctrina de esta Sala sobre el debido proceso y el vicio de falso supuesto de hecho, omitiendo analizar documentos públicos que probaban la mala fe de MAKRO, añadiendo además que el adecuado análisis de la Sala le hubiera llevado a la conclusión que no era necesaria la realización de la experticia complementaria del fallo y que no debió dispensarse a MAKRO del pago de una indemnización, pues sostiene la INMOBILIARIA que la mala fe de MAKRO era evidente. En ese sentido, pidió la revisión sin reenvío de la sentencia de la Sala de Casación Civil.
Al respecto, la Sala considera oportuno señalar que lo pretendido a través de la solicitud de revisión de una sentencia, es que se declare la nulidad de un fallo que viola principios constitucionales, desconoce doctrina vinculante emitida por esta Sala o que, en fin, su revisión contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales.
La Sala observa que, en el caso bajo análisis, el recurso de casación anunciado y formalizado por LA INMOBILIARIA, si bien fue declarado con lugar, lo fue sólo en virtud de la procedencia de una sola de las múltiples denuncias planteadas por ésta, por lo que puede afirmarse que tiene interés en la revisión del fallo de la Sala de Casación Civil. Por tanto, considera esta Sala que debe admitirse la adhesión de LA INMOBILIARIA, con la pretensión que ha planteado en autos. Así se declara.

III
DISPOSITIVA
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley:
1. DECRETA DE OFICIO MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA de suspensión de los actos de ejecución forzosa correspondiente al asunto AH15-V-2008-000029, de la nomenclatura del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, todo lo cual se dicta con carácter temporal y hasta tanto se emita la sentencia que resuelva el fondo de la revisión planteada,con base a lo preceptuado en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
2. ORDENA al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suspenda la fase de ejecución en el momento previo a la entrega del inmueble, hasta tanto se decida el presente caso, por lo que en un lapso de tres (3) días de despacho, contados a partir de su notificación, deberá informar el estado actual de la causa y remitir copia certificada de las actuaciones posteriores al 30 de enero de 2015.
3. Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, remita copia certificada de la presente decisión al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los medios establecidos en el artículo 91 de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4. ADMITE la adhesión a la revisión de Inmobiliaria Barreto C.A.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de  diciembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

La Presidenta,





GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente

El Vicepre…/

…/sidente,






ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,






FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ







LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO






MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN




CARMEN ZULETA DE MERCHÁN







JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,








                     JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.-
Expediente n.° 14-1076



















http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184119-1676-171215-2015-14-1076.HTML

Acerca del pronóstico real de condena para proseguir o no una investigación penal. Extralimitación de Corte de Apelaciones al anular acto conclusivo de sobreseimiento de manera genérica (Sala Constitucional)




Como punto previo, debe esta Sala emitir pronunciamiento respecto al exhorto realizado por la Jasmín Flores Valdez, en el sentido de solicitar que la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, se aparte del conocimiento de la presente causa.
Al respecto, es menester mencionar que en el procedimiento de amparo constitucional esta Sala en innumerables fallos ha sostenido que en los mismos no hay cabida a que las partes propongan incidencias, ello como consecuencia, de la naturaleza breve que caracteriza este tipo de procedimiento, tal como lo establece el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (vid. s. S. C. núms. 310/2001; 306/2002; 2261/2002; 2264/2002; 318/2003), en razón de ello, y siendo que es potestativo del Juez de amparo apartarse del conocimiento del mismo –si se encuentra en una causa legal para inhibirse, lo que no ocurre en el presente caso-, sin que las parte se lo impongan, evidencia la Sala que el exhorto planteado es totalmente temerario, motivo por el cual, se impone a la abogada  Jasmín Flores Valdez, la multa de cien unidades tributarias (100 U.T), conforme lo preceptuado en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y se desecha tal solicitud. Así se declara
Precisado lo anterior, esta Sala evidencia que la presente acción de amparo constitucional tiene por finalidad la restitución de las situaciones jurídicas supuestamente infringidas como consecuencia de la decisión que dictó, el 4 de diciembre de 2013, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró con lugar el recurso de apelación incoado, anulo la decisión que dictó el 26 de julio de 2013, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que había declarado con lugar la solicitud de sobreseimiento interpuesta como acto conclusivo por el Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300.2 del Código Orgánico Procesal Penal, anuló el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público y repuso la causa al estado de que el Ministerio Público continuase con la investigación.
Por su parte, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, al momento de resolver el recurso de apelación planteado, sostuvo, entre otras cosas, que el fallo que dictó el juzgado de control incurrió en el vicio de inmotivación aunado a que el Ministerio Público debía seguir realizando una investigación exhaustiva de los hechos practicando todos los actos correspondientes para luego presentar el respectivo acto conclusivo.
Al respecto, esta Sala mediante sentencia N° 1891 del 15 de diciembre de 2011, (caso: Francisco Bielsa García), sostuvo lo que a continuación se transcribe:
“…De acuerdo con lo que fue referido, tras la denuncia o recibida la querella el Ministerio Público debe dar inicio, sin pérdida de tiempo, a la investigación correspondiente, así como la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin embargo, tales diligencias no fueron llevadas a cabo por el Fiscal encargado del caso.
Así las cosas, y aun cuando era evidente la inactividad del Ministerio Público, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal resolvió acoger la solicitud fiscal de sobreseimiento de la causa que se le sigue al ciudadano Francisco Bielsa García por la presunta comisión del delito de hurto, así como también el archivo judicial de las actuaciones de la querella interpuesta por su cónyuge, por la supuesta comisión del delito de violencia patrimonial y económica.
La referida inactividad fue observada por la Sala Sexta Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por la representación judicial de las víctimas, lo que motivó el decreto de la nulidad absoluta del acto conclusivo, así como de la decisión dictada por el juzgado de control que lo acordó, ordenando la remisión de las actuaciones al tribunal de origen para que luego fuera enviado a la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, para que realizara las diligencias de investigación conforme en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal.
Es importante señalar que el acto conclusivo -acusación, sobreseimiento o archivo fiscal- debe ser precedido de una investigación. En consecuencia, es evidente que esta inactividad del Ministerio Público -tal y como fue declarado por la Corte de Apelaciones- violentó los derechos de la víctima dentro del proceso.
En tal sentido, esta Sala ha señalado, en reiteradas oportunidades, que las Cortes de Apelaciones pueden decretar de oficio la nulidad absoluta de un acto procesal cuando exista algún vicio que lo permita, los cuales son taxativos según lo establecido en las sentencias n.ros 2541/02 y 3242/02 (casos: Eduardo Semtei Alvarado y Gustavo Adolfo Gómez López), respectivamente. Pero la nulidad absoluta no debe ser decretada solamente cuando se evidencie la violación de un derecho constitucional del imputado, sino también cuando exista inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución y las leyes, en donde se incluye, evidentemente, los derechos constitucionales de las víctimas.
De manera que, al evidenciarse de actas violaciones de derechos constitucionales de las víctimas que alteran el orden público, es forzoso concluir que se encontraba ajustada a derecho la nulidad decretada por la Sala Sexta Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y cuya consecuencia es la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público con la finalidad de que se efectúe la investigación correspondiente.
En consecuencia, esta Sala observa que la recurrida no ocasionó lesión alguna a los derechos derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la defensa de la parte actora, por cuanto cumplió con su obligación de subsanar una violación flagrante a los derechos fundamentales de las víctimas dentro del proceso penal que motivó el amparo, cuando declaró la nulidad del acto conclusivo y ordenó practicar una investigación conforme lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo transcurso, la parte actora, podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa, para que el Ministerio Público arribe en un acto conclusivo con fundamento en la investigación realizada, conforme a las exigencias constitucionales y legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Así se decide…”.
De acuerdo al fallo parcialmente transcrito, se puede apreciar que las Cortes de Apelaciones pueden declarar la nulidad de la solicitud de sobreseimiento presentada como acto conclusivo por el Ministerio Público, cuando se verifique que en la investigación realizada haya ocurrido una inactividad por parte éste, quedando facultadas –las Corte de Apelaciones- de ordenar que se continúe con la investigación debiendo señalar cuáles hechos y qué actos debe continuar desarrollando el Ministerio Público para luego presentar el acto conclusivo a que haya lugar.

Sentencia de la SPA que interpretó varios artículos de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998




PUNTOS PREVIOS
            Primer Punto Previo: Acerca del estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Comisiones de la Verdad o por la Verdad en el mundo. 
            Empecemos por decir que las comisiones de la verdad tienen carácter oficial, temporal y su origen puede ser legal (creadas por leyes), administrativo (por acto administrativo del Ejecutivo) o por convenio. Son  organismos oficiales creados por los nuevos funcionarios de un Estado con el fin de investigar, identificar y castigar a los autores de violaciones antihumanistas del pasado reciente, quienes fueron funcionarios de gobiernos perpetradores de torturas y asesinatos (caso Venezuela), o grupos irregulares que violentaron derechos fundamentales (casos Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros). Esto implica que las comisiones de la verdad investigan un período histórico determinado, durante el cual se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de un grupo opresor contra un grupo oprimido.
            Suele ocurrir que estas comisiones son creadas e integradas por los otrora perseguidos, ahora en posición de poder. De allí que ellos –sus integrantes- deban cuidarse de mantener la altura ética suficiente para no convertirse en verdugos de sus perseguidores, sino en practicar sus indagaciones desde el justo medio, como aconsejaba Aristóteles al juzgador. Para conjurar este peligro, en algunos países como Ruanda (África) o Alemania (Europa), por ejemplo, sus comisiones y/o tribunales ad hoc fueron constituidos por extranjeros.   
            El estudio más conocido y reconocido en este campo es el de Louis JOINET, jurista francés que trabajó hasta hace pocos años para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), institución que lo comisionó para elaborar un informe sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, trabajo en el que lo acompañó otro jurista francoparlante, Hadji GUISSÉ.
            JOINET y GUISSÉ trabajaron desde 1985 en la elaboración del informe, que consistió en investigar las comisiones de la verdad existentes en el mundo hasta 1997.
            En 1994, después de recibir satisfactoriamente el informe preliminar de los autores, la subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió dividir en dos el estudio, confiando a Louis JOINET el tema de la violación de los derechos civiles y políticos y a GUISSÉ lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales.
            JOINET presentó su informe en la sesión de 1995 y la referida subcomisión le pidió que ampliara las consultas para que presentase en 1996 su versión final para la protección y promoción de los derechos humanos en pro de la lucha contra la impunidad. En la sesión de 1997, el informe  fue sometido y aprobado por la subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
            El informe desarrolló los siguientes principios y garantías:

Interpretación constitucionalizante del art. 34 del Código de Ética del Juez y Jueza (Sala Constitucional)




“Sentencia de la Sala Constitucional que establece con carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y, a tal efecto, debe entenderse que: “La renuncia del juez investigado o jueza investigada disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, la renuncia será considerada maliciosa y de pleno derecho dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años en atención a la gravedad de la falta cometida”.


"La vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (vid. sentencia N° 1760/2001), lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo su procedencia.
En efecto, la propia Sala estableció en la sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, que la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede ser ejercida de manera discrecional; debiendo insistirse en que la misma no debe entenderse como una nueva instancia.
Asimismo, resulta pertinente aclarar, una vez más, que esta Sala, al momento de ejercer su potestad de revisión, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga la facultad de desestimar cualquier pretensión como la de autos cuando, en su criterio, compruebe que la revisión solicitada en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud de su carácter limitado y excepcional.
Así tenemos que se solicitó la revisión de la sentencia N° 36 dictada el 14 de agosto de 2014 y publicada el 1° de octubre de 2014, por la Corte Disciplinaria Judicial mediante la cual se dictaron los siguientes pronunciamientos: “[…]PRIMERO: PERIMIDO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreína Ibarra de Carlo… en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia Nº TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013. SEGUNDO: ANULA de oficio el particular sexto de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. TERCEROSE INHABILITA a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN… para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 34 del Código 

Consideraciones sobre la contumacia, admisión de hechos, derecho a ser oído y juzgamiento penal en un plazo razonable (Sala Constitucional)




Ahora bien, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el control difuso que efectuó el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual se considera necesario recordar que el control de la constitucionalidad está dirigido a preservar la supremacía y estricta observancia de las disposiciones constitucionales respecto de las legales que contraríen el texto constitucional.Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico establece dos formas por las cuales los órganos jurisdiccionales pueden garantizar la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber el control concentrado, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 334 eiusdem, el cual es realizado únicamente por esta Sala Constitucional, y el control difuso que establece el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que puede ser ejercido por cualquier juez de la República.
Sobre, este último, el control difuso de la constitucionalidad, esta Sala en sentencia n.° 852 del 19 de junio de 2012, señaló lo siguiente:
“El control difuso de la constitucionalidad es un poder-deber de todos los jueces que consiste en la desaplicación de normas inconstitucionales que, en principio, son aplicables a casos concretos que le corresponde conocer y decidir, aplicando de manera preferente la Constitución. Dicho deber, al aplicar el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, es el de examinar la constitucionalidad de las leyes que va a aplicar en un caso concreto y de ser inconstitucional porque colide con la Carta Fundamental, su misión será la de su desaplicación, sin llegar por ello a decretar su nulidad, aun cuando la considere nula, por cuanto no puede el juez ordinario actuar como legislador negativo”.
En este sentido, la ley desaplicada, por inconstitucional, no solo tiene efectos entre las partes en relación con el caso sometido al conocimiento del juez, sino que, además, debe ser ejercido en un proceso donde la inconstitucionalidad de la ley o de la norma no es objeto de dicho proceso ni el asunto principal.
De esta manera, el control difuso de la constitucionalidad de las normas debe entenderse como la interpretación que llegan a realizar todos los jueces de la República de la ley que corresponde aplicar en un caso concreto sometido a su consideración y decisión. Este análisis o examen lo debe realizar ‘in abstracto’ a la luz de la norma fundamental, pero, sin llegar a sobrepasar sus poderes, imaginando el sentido de la misma y, en consecuencia, desaplicar, ya sea a instancia de parte o de oficio, aquella norma que no se adapte a la exigencias constitucionales, con efectos únicamente ‘inter partes’ y de aplicación inmediata al caso concreto.
De igual modo, la decisión en la cual se ejerza el control difuso de la constitucionalidad debe ser una decisión expresa y motivada, en la que se haga un examen de la norma legal y de las razones por las cuales se desaplica a un caso concreto, por lo que no es aceptable una especie de control difuso tácito de la constitucionalidad, por cuanto, en el momento en que el Juez desaplica una norma por inconstitucional, hace un examen exhaustivo de la misma”.
De allí que, es evidente para esta Sala que los jueces están investidos de la potestad de desaplicar una norma de rango legal para la aplicación preferente de la Constitución cuando aquélla colida con ésta. Sin embargo, puede darse el caso de que no exista colisión entre las normas de rango legal y constitucional, sino que en el caso concreto debe aplicarse de manera directa el Texto Fundamental.
De este modo, el control difuso sólo puede tener cimiento en la violación expresa del Texto Constitucional, ya que su fundamento no es otro que la facultad judicial de examinar la compatibilidad entre las normas jurídicas aplicables a un caso concreto y la Constitución.
En el presente asunto se ha sometido al juicio de la Sala, la constitucionalidad o no de la desaplicación parcial del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 310. Incomparecencia. Corresponderá al Juez o Jueza de Control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello. En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes reglas:
1. La inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar.
2. En caso de inasistencia de la defensa privada, se diferirá la audiencia, por una sola vez, salvo solicitud del imputado para que se le designe un defensor público, en cuyo caso se hará la designación de inmediato y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad.
De no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria, si fuere el caso, se tendrá por abandonada la defensa y se procederá a designar un defensor público de inmediato, y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad.
3. Ante la incomparecencia injustificada del imputado o imputada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el Juez o Jueza de Control, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar su comparecencia al acto, sin perjuicio de otorgar una vez realizada la audiencia, si lo estima necesario, una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad.
En caso que el imputado o imputada que se encuentre privado o privada de libertad en centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez o jueza, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni a acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto.
En caso de pluralidad de imputados o imputadas, se celebrará la audiencia con el o los imputados comparecientes; y con la defensa privada de quien no haya comparecido, o la defensa pública, según sea el caso.
4. Ante la incomparecencia injustificada, a la audiencia preliminar, del representante de la Defensa Pública Penal o del Fiscal del Ministerio Público, debidamente citados o citadas, el Juez o Jueza de Control notificará al Coordinador o Coordinadora de la Defensa Pública Penal del respectivo Circuito Judicial Penal o al Fiscal Superior correspondiente, según sea el caso, a los fines de garantizar su presencia en la nueva fecha fijada.

Sala Constitucional revisa sentencia dictada en 1996 y reconoce filiación del solicitante




Debe esta Sala referirse en primer lugar al alegato expuesto por la representación judicial del ciudadano Moisés Rojas Rossi, respecto a la necesidad de que la Sala analice la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la irretroactividad de las leyes para tramitar la presente solicitud.
En este sentido, es preciso señalar que, como es sabido, la potestad de revisión constitucional ejercida por esta Sala, con fundamento en las disposiciones jurídicas a que se refieren los artículos 334, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supone de suyo una excepción a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que rigen los procesos judiciales, salvedad que se justifica por la posibilidad de impedir que surta efectos en el mundo jurídico una sentencia que adolezca de un vicio significativo, incompatible con los postulados fundamentales contenidos en el referido instrumento normativo, en los términos de la doctrina a que hace referencia el fallo de esta Sala núm. 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo.
Observa esta Sala que si bien, tal como lo señaló en la sentencia núm. 829 del 29 de junio de 2015, dictada en el presente caso, existe una limitación ratione temporis a esta potestad, derivada de la oportunidad en que el fallo cuya revisión se solicita fue dictado, esto es, antes de la vigencia de la Constitución de 1999, la misma resulta subsanable, como se expuso en dicha ocasión, si se pondera la inmutabibilidad de la cosa juzgada, que se erige como absoluta ante una situación que comporta una negación de principios y garantía constitucionales, reconocidas incluso en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos, como es el caso del principio pro homine, al que se hará referencia con mayor detalle luego, y el principio de supremacía constitucional, que supone la necesidad de realizar una aplicación directa e inmediata de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales.
En este caso, como se expuso en el referido fallo núm. 829, el bien jurídico cuya tutela se pretende es de tal entidad, que exige una protección constitucional efectiva, que se expresa en la posibilidad y necesidad para las personas de conocer sus orígenes; la satisfacción de su derecho a investigar la paternidad y la garantía de su derecho a conocer su identidad biológica, dispuesto en el encabezamiento del artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, advierte la Sala que la protección del derecho que en definitiva se reclama ostenta una especial relevancia, desde el punto de vista ontológico, en consideración al principio pro homine, pues se trata de un bien jurídico de carácter abstracto e inherente a la persona humana, que atiende a sus valores y su dignidad, y a su especial condición de afectos y aptitudes frente a la sociedad, que puede definirse como el status del individuo frente al Estado y las demás personas; circunstancia ésta ponderada por este órgano jurisdiccional y considerada predominante a los efectos de proceder a la revisión de una sentencia o cualquier otro acto que menoscabe o disminuya su fuerza y eficacia.

Interpretación del artículo 220 de la Constitución Nacional (Sala Constitucional)




Consta en autos que mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2015, el ciudadano DIOSDADO CABELLO RONDÓN, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpuso ante la Secretaría de esta Sala Constitucional demanda de interpretación del contenido y alcance del artículo 220 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponencia conjunta de los Magistrados y Magistradas de esta Sala Constitucional, quienes suscriben unánimemente la presente decisión.
Efectuado el análisis correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
DE LA DEMANDA
El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela fundó su pretensión de interpretación constitucional sobre la base de los siguientes argumentos:
 Que “el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de agosto.
El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre”.

Que “como es sabido, la actual Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias, integrada por las diputadas y diputados, electas y electos respectivamente, el 26 de septiembre del año 2010, fue instalada el martes 05 de enero de 2011, por tanto, el último periodo anual de sesiones ordinarias para la misma, de acuerdo con lo preceptuado en la norma antes transcrita, culminaría el 15 de diciembre de 2015. Sin embargo, el artículo 220 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
Artículo 220. La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes”.

Que “de la lectura de esta norma se observa la posibilidad de que el Órgano Legislativo en referencia, pueda convocar a sesiones extraordinarias, tenidas legalmente como tales, conforme al artículo 58 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional ‘…las que se celebren fuera de los lapsos establecidos en el artículo 219 de la Constitución de la República”.

sábado, 19 de diciembre de 2015

“Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que interpretó los artículos 7 (numeral 12), 21 y 24 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998”.






            Corresponde a la Sala decidir el recurso de interpretación interpuesto por los Miembros Principales de la Comisión por la Justicia y la Verdad respecto a los artículos  7 (numeral 12), 21 y 24  de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, referidos “a la condición y declaratoria de víctima ‘muerto-desaparecido’ (…)”.
            El objeto de la interpretación se circunscribe a dilucidar los siguientes aspectos:


            1.- Potestad para declarar la ausencia de personas
            a.- “A los efectos de la Ley Contra el Olvido, ¿tiene la Comisión por la Justicia y la Verdad la potestad de declarar la ausencia de personas a través de actos administrativos?; o por el contrario, ¿Corresponde dicha declaratoria al juez en materia civil, de conformidad con los artículos 434 y 438 del Código Civil, por medio de resolución judicial?”  
b.- “¿Sustituye la declaración de persona ausente prevista en la Ley Contra el Olvido el trámite que al respecto consagra el Código Civil venezolano? (Resaltado del texto).
2.- Efectos de la declaratoria de “víctima muerto-desaparecido”
a.- “Una vez realizada la declaratoria de víctima, en el marco de la Ley Contra el Olvido, ¿la misma surte efectos de naturaleza civil o patrimonial?”              b.- ¿o sus efectos se limitan a los establecidos en la Ley Contra el Olvido, sin repercutir en ningún otro ámbito jurídico?”.  (Resaltado del texto).

“Sentencia que declara la validez jurídica de la pena de sujeción a vigilancia de la autoridad, en lo que respecta al deber de los penados a presidio y prisión a dar cuenta ante el juez de primera instancia en función de ejecución encargado de la causa en la cual se le impuso alguna de esa penas principales, sobre el lugar de residencia que tenga y cualquier cambio de residencia que efectúe hasta que culmine esa pena”






SOBRE EL ANÁLISIS JURÍDICO HISTÓRICO DE LA SUJECIÓN A VIGILANCIA
Al respecto, este Máximo Tribunal de la República estima pertinente efectuar de seguidas un análisis de jurídico-histórico, para comprender desde sus orígenes las normas objeto de la presente acción de nulidad, y, por ende, para resolverla con la mayor fundamentación y certeza constitucional posible.

En tal sentido, los antecedentes patrios de la sanción en cuestión se remontan al Código Penal de 1873, segundo instrumento penal sustantivo fundamental de la República, pues le antecedió el de 1863, antes del cual imperaban las leyes coloniales en esa materia.

En efecto, la referida consecuencia jurídica fue incluida dentro de aquel instrumento penal de influencia hispana, aprobado en 1873, dentro de las “penas no corporales” “accesorias” (artículos 49.7, 52 y 61), de forma similar a como se mantiene en la actualidad, pero con una mayor amplitud del contenido y obligaciones derivados de la misma.

Así, el artículo 61 disponía lo que se transcribe a continuación:

“La sujeción a la vigilancia de la autoridad produce en el penado las obligaciones siguientes:

Primera: Fijar su domicilio y dar cuenta de él a la autoridad encargada inmediatamente de su vigilancia, no pudiendo cambiarlo sin conocimiento y permiso de la misma autoridad, expedido por escrito.

Segunda: La de observar las reglas de inspección que ella le prefije.

Tercera: La de adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios y conocidos de subsistencia”.

Con relación a esa última condición, es pertinente señalar lo expresado por un sector de la doctrina penal argentina, respecto de una norma hasta cierto punto similar en ese país:

“Esta norma traduce el prejuicio positivista y disciplinante de asociar el crimen a la condición natural de rebeldía hacia el trabajo y su disciplina por parte de las clases marginales. Por otro lado, la disposición lesiona el principio de igualdad ante la ley, dado que el condenado sin recursos debe trabajar, en tanto que quien dispone de recursos puede terminar su pena en el ocio…” (Zaffaroni, Eugenio. Derecho Penal. Parte General. EDIAR, Buenos Aires, 2000, p. 919).

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