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miércoles, 30 de abril de 2014

Sumarios de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 28, 29 y 30 de abril de 2014




Número 40.402 Ordinario. Caracas, miércoles 30 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se corrige por error material el acuerdo s/n de fecha 25 de marzo de 2014. (G.O. 40.379 del 25/03/2014).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 165, mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Iván Vargas Pineda, como Registrador, en el Registro Mercantil Primero del estado Táchira, adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

Resoluciones mediante las cuales se confiere la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan. (1ra. Clase Eumelia Hernández, Guedez Ingrid N.; 1ra. Clase Alfredo Maneiro, Calzadilla José J., Meza S. Pedro. J., entre otros).

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre

Resolución mediante la cual se encomienda a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCSUCRE), el suministro «Optimización Vial (importación de ojos de gatos, defensas, señalización, puentes metálicos y maquinarias) dentro del Plan Nacional de Obras de Vialidad 2014», por el monto que en ella se indica. (Bs. $36.889.308,50).

Encomienda convenida entre este Ministerio y la Gobernación del estado Nueva Esparta.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación, al ciudadano y ciudadanas que en ellas se señalan.

Acta. (Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Puertos del Alba, S.A.).

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se mencionan.

Red de Transmisiones de Venezuela, C.A.

Providencia mediante la cual se ratifica la Comisión de Contrataciones Públicas de este Organismo, manteniéndose como Miembros Principales y Suplentes a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. (Jurídica Principal: Eduardo Cordero; Suplente: Rodolfo González, Financiera Principal: Alejandra Estrella; Suplente: Nancy Martínez; entre otros).

FUNVISIS

Providencia mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican.

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Asociación Civil Compañía Anónima Nacional de Teatro

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de este Organismo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. (Jurídica Principal: Jonatan F. Aceituno, Suplente: Mónica Lugo M.; Técnica Principal: Emy G. Rodríguez, Suplente: José E. Martínez; entre otros.).

Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yrma Ysabel Betancourt Goldone, Consultora Jurídica de este Instituto.

Providencias Nros. 005-2014 y 006-2014, mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ella se indican, en los cargos que en ellas se señalan. (Pedro Montenegro, Gerente de Relaciones Institucionales y María Alejandra Rojas Sánchez, Gerente Agencia Literaria).
                                                             
Instituto del Patrimonio Cultural

Providencia mediante la cual se otorga reconocimiento post mortem a la ciudadana Petra Rafaela González, quien se desempeñó como Primera Capataz de la Cofradía de los Diablos Danzantes del Corpus Christi de Yare del estado Miranda por tan importante aporte al Pueblo Venezolano.

Fundación Teatro Teresa Carreña


Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones permanente de esta Fundación, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. (Jurídica Principal: María A. de la Torre; Suplente: Grazia Delgado, Técnica Principal Jimmy Rico, Suplente: Zaida Rojas; entre otros).




Número 40.401. Caracas, martes 29 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 818, mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social por la del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

Decreto N° 932, mediante el cual se nombra Presidenta de la Fundación Madres del Barrio «Josefa Joaquina Sánchez», a la ciudadana Magaly Vidia Newton Carrera.

Decreto N° 933, mediante el cual se nombra Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), en calidad de Encargada, a la ciudadana Isabel Yekuana Martínez López.

Decreto N° 934, mediante el cual se confiere la «Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela» Post-Mortem, Primera Clase «Espada», al ciudadano Eliezer Otaiza.

Decreto N° 935, mediante el cual se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. (Bs. 4.251,40).

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos 2014 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.- (Se reimprime por fallas en los originales). (Reimpresión G.O. Nº 40.289, Bs. 2.462.241.080,19).

Consejo Federal de Gobierno

Resolución N° 001, mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este Organismo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Técnica, Económica Financiera y Secretaria).

SEBIN

Providencia mediante el cual se crea el Comité de Licitaciones de este Organismo, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan ? (Se reimprime por error de Imprenta). (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Técnica, Económica, Financiera y Secretaria).

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

SENIAT

Providencia N° SNAT-2014-0016, mediante la cual se designa al ciudadano Rafael Eduardo Blanco Rodríguez, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, en calidad de Titular.

Providencia N° SNAT-2014-0017, mediante la cual se designa al ciudadano Ricardo Alí Rodríguez, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Guayana, en calidad de Titular.

Providencia N° SNAT-2014-0018, mediante la cual se designa al ciudadano Rafael Eduardo Fernández Adrián, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Insular, en calidad de Titular.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

CAVIM

Providencia Nº 000572, mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones perteneciente a la Empresa del Estado «Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares» (CAVIM), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Técnica, Económica-Financiera y Secretario).

Providencia mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Públicos pertenecientes a la Empresa del Estado «Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares» (CAVIM), integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Técnica, Económica-Financiera y Secretario).

Ministerio del Poder Popular para Industrias

Acta. (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Corporación Socialista del cemento, S.A.).

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Económica-Financiera, Técnica y Secretaria).

Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Económica-Financiera, Técnica y Secretaria).

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Resoluciones Nros. DM/043, DM/045 y DM/046, mediante las cuales se designa al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. (Emilio Figueroa, Secretario de la Junta Administradora del IPAS-ME; Zoraida Coello, Directora de Línea E y Moraima Cazola, Directora General E de Educación Especial).

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Resolución Nº 200, mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro José Valero Ovalles, como Coordinador de Administración de la Maternidad Concepción Palacios, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, dependiente de este Ministerio.

Resolución Nº 202, mediante la cual se designa a la ciudadana Pasqualina Curcio Curcio, como Directora General de Programas de Salud, adscrita al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Salud Colectiva de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Resolución Nº 000030, mediante la cual se ordena la publicación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho (28) de enero de 2014, de la Empresa Estatal denominada «CA Hidrológica Venezolana (HIDROVEN)».

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Resolución Nº 093, mediante la cual se delega en la ciudadana Tatiana Villegas, en su condición de Directora General del Despacho de este Ministerio, la facultad de firmar los actos y documentos que en ella se especifican. (Trámites relacionado con las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, la remisión del cierre del ejercicio fiscal del Ministerio y sus entes adscritos, entre otros).

Procuraduría General de la República

Resolución mediante la cual se confiere las «Medallas Honor al Mérito» y «Botón al Mérito», a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. (Mary Zabala, Morella Veliz, María Alcántara, Ana Vegas, entre otros).

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de la Jubilación a la ciudadana Carmen Isabel Hernández de García.

Tribunal Supremo de Justicia

Sala Constitucional

Decisión mediante la cual se declara Ha Lugar la solicitud de revisión interpuesta por el Abogado Amílcar Antequera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Rómulo Navas, de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005, anula el fallo dictado por el Juzgado Superior y ordena dictar una nueva Decisión, así como la publicación del presente fallo en la página web del TSJ.

Decisión mediante la cual se declara competente para conocer de la acción de interpretación constitucional del Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para conocer del recurso de interpretación de los Artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, admite el recurso de interpretación constitucional incoado por el ciudadano Gerardo Sánchez, se declara de mero derecho la causa.



Número 40.400. Caracas, lunes 28 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 930, mediante el cual se nombra al ciudadano Larrin José Rivero García, Viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Decreto N° 931, mediante el cual se nombra Jefa Distrital de la Autoridad Única Distrital del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia, a la ciudadana Xiomara Josefina Alfaro Montaño.

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 882, de fecha 08 de abril de 2014, en los términos que en él se indican.

martes, 29 de abril de 2014

Requisitos para la procedencia del concubinato putativo. Casación Con Lugar (Sala de Casación Civil)






Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción, por falta de aplicación, del artículo 767 del Código Civil y 77 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, bajo la siguiente fundamentación:

“…El artículo 77 constitucional establece “Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”, equiparando al matrimonio a las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, que cumplan con los requisitos de la ley.
Por su parte, el artículo 767 del Código Civil dispone: (…)
Esta norma constituye una norma de valoración o apreciación de los hechos que se denuncia infringida por parte del Juez de Alzada, quien dejó de aplicarla a los hechos que encuadran perfectamente en el supuesto de hecho previsto en esta norma.
El artículo 767 del Código Civil, objeto de análisis, contempla el concepto jurídico de concubinato, que tiene como característica el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común…
…Omissis…
…En el caso que nos ocupa, se alegó la existencia de la unión concubinaria entre el ciudadano Elías Bello Montoya y la ciudadana Yeseyi Josefina Lozano Caramauta desde el 2 de mayo de 2002 hasta el fallecimiento del ciudadano Elías Bello Montoya, el 28 de mayo de 2011, afirmándose la existencia entre ambos de una unión estable de hecho por un período de nueve (9) años.

lunes, 28 de abril de 2014

Sentencias líderes: Protección penal de la reputación de las personas jurídicas. (Sala de Casación Penal)







RECURSO DE FONDO
ÚNICA DENUNCIA

            “…Con fundamento en el artículo 331 ordinal (SIC) 11º del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado denuncia el formalizante la infracción de los artículos 444 del Código Penal y 59 de la Constitución de la República de 1961, derogada, ambos por errónea interpretación, y 206 ordinal 1º del Código de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación, porque la recurrida incurrió en violación de preceptos legales expresos…”.

El formalizante, en su escrito, expresa:

"...resulta que el juez de la sentencia recurrida, dio por establecido el hecho de que la empresa PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA C.A., es una persona jurídica. No obstante, al subsumir ese hecho en el Derecho, consideró que la expresión 'algún individuo', empleada en el tipo penal de la difamación, se refería sólo a los seres humanos, por lo cual, las personas jurídicas no podían ser sujetos pasivos del delito de difamación, en razón de lo cual declaró Terminada la Averiguación Sumaria, por no revestir carácter penal los hechos acusados, lo cual denunciamos en el presente recurso, ya que el artículo 444 del Código Penal no establece diferencia alguna entre las personas naturales y las jurídicas; en consecuencia, mal puede el juzgador realizar esa diferenciación, sin incurrir en un grave defecto de fondo al interpretar erróneamente esta norma jurídica sustantiva.

Sumario de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril de 2014




Número 40.399. Caracas, viernes 25 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Oficina de Auditoría Interna

Dirección de Determinación de Responsabilidades

Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Luis Alberto Escobar Camacaro, y se impone sanción de multa por la cantidad que en ella se indica.- (Se reimprime por fallas en los originales). (Bs. 41.800,00).

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Omar José Lozano Buelvas, como Director de Servicios Financieros, adscrito a la Oficina de Gestión Administrativa.

Superintendencia Nacional de Valores

Resolución mediante la cual se autoriza la extensión del plazo de la prórroga hasta el 30 de mayo de 2014, para iniciar la oferta pública de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones por el monto que en ella se señala, emitidas por la sociedad mercantil F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., la cual fue autorizada por esta Superintendencia. (Bs. 350.000.000,00).

Ministerio del Poder Popular para Industrias

Corporación Venezolana del Plástico, S.A.

Providencia mediante la cual se constituye, con carácter temporal, la Comisión de Contrataciones de esta Corporación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las áreas: Jurídica, Técnica, Económico Financiero y Secretario).

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Patricia Nataly Osio Mora, Directora (Encargada) de Ejecución y Seguimiento de Convenios, adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro.

Academia Nacional de la Historia

Aviso Oficial mediante el cual se declara vacante el Sillón Letra «Z» por el fallecimiento del Numerario don Santos Rodulfo Cortés.

Ministerio del Poder Popular para el Deporte

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Eliana Trinidad Cherubini Sánchez, en su carácter de Directora General del Despacho, en calidad de Encargada, de este Ministerio, las atribuciones que en ella se especifican. (Certificar copias, suscribir toda la documentación y actos administrativos, autorizar todo acto de administración y disposición cuya cuantía no acceda a 5.000 UT, entre otros).

Tribunal Supremo de Justicia

Corte Disciplinaria Judicial

Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, y se Revoca Parcialmente la Decisión N° TDJ-SD-201 3-137, en la cual se absolvió de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Cristina Helena Agostini Cancino.

Tribunal Disciplinario Judicial

Decisión mediante la cual se Absuelve de Responsabilidad Disciplinaria Judicial al ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en su condición de Juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con Sede en Caracas.


Número 40.398. Caracas, jueves 24 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Asamblea Nacional

Aviso Oficial mediante el cual se corrige nuevamente por error material el Acuerdo S/N de fecha 24 de abril de 2014, donde se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la cantidad que en él se menciona. (Reimpresión G.O. N° 40.391, Bs.2.462.241.080,19)

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Oficina de Auditoría Interna Dirección de Determinación de Responsabilidades

Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Luis Alberto Escobar Camacaro, y se le impone sanción de multa, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 41.800,00)

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

SENIAT

Providencia Nº SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2013-E-004045, mediante la cual se autoriza a la ciudadana Yenny Josefina Villegas Martínez, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, en las operaciones que en ella se señalan. (Importación, exportación y tránsito ante la Gerencia Aduana Principal de Puerto Cabello).

Providencia mediante la cual se prorroga la vigencia de la Providencia Administrativa N° SNAT/2012/0038, de fecha 28 de junio de 2012. (G.O. N° 39.954, mediante la cual se delega en los Gerentes de Aduanas Principales las competencias que en ellas se señalan.).

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Freddy Antonio Leal, como Miembro Principal del Consejo Directivo de la Fundación Misión Barrio Adentro.- (Se reimprime por error de Imprenta).(Reimpresión G.O. N° 40.360)

Resoluciones mediante las cuales se crea los Colectivos de Dirección de los Hospitales que en ellas se mencionan, integrados por trabajadoras y trabajadores del hospital, una vocería del Poder Popular y representantes de otras instituciones públicas del Estado - (Se reimprime por error de Imprenta). (Reimpresión G.O. N° 40.395).

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Instituto de las Artes Escénicas y Musicales


Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Mariella Karina Rodríguez Blanco, como Responsable Patrimonial y Encargada de los Bienes Públicos, adscrita a la Oficina de Administración y Servicios de este Instituto.



Número 40.397. Caracas, miércoles 23 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 905, mediante el cual se declara una insubsistencia al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, por la cantidad que en él se indica. (Bs. 380.000.000,00).

Decreto N° 906, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, por la cantidad que en él se señala. (Bs. 380.000.000,00).

Decreto N° 907, mediante el cual se declara una insubsistencia al Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Vicepresidencia de la República, por la cantidad que en él se menciona. (Bs. 20.000.000,00).

Decreto N° 908, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se especifica, imputado al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. (Bs. 20.000.000).

domingo, 27 de abril de 2014

Las manifestaciones pacíficas según la Sala Constitucional. Requisitos, restricciones y responsabilidades. (Sentencia interpretativa vinculante)





El recurrente solicitó la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos  41, 43, 44, 46 y 50 de Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones,  con base en las siguientes consideraciones:

En primer término, adujo que acude “…ante la presente Sala  ostentando el carácter de Alcalde del Municipio Guacara del estado Carabobo en virtud de la necesidad que [tiene], como primera autoridad civil del municipio, en tener una absoluta claridad en cuanto a (su) actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio Guacara. Por ello conjuntamente con razón de derecho, existen hechos públicos notorios y comunicacionales que motivan la presente solicitud interpretativa y que están representados por la necesidad de tener claridad en la acción administrativa entorno(sic) a las manifestaciones políticas que actualmente se desarrollan en la entidad federal carabobense y que no en pocos casos resultan ser violentas y trasgresoras del ordenamiento jurídico nacional…”.

Señaló que, en el presente caso, se encuentra “…con la inminente necesidad de obtener Seguridad Jurídica mediante una declaración de certeza que permita esclarecer el alcance de las normativas objeto de este recurso (…); para así tener claridad en relación a la debida actuación que deben desplegar los organismos públicos (específicamente [él] en [su] condición de Alcalde), que deben emitir algún pronunciamiento o actuar en el marco de las manifestaciones, en cuanto a:

• ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los términos previstos en el artículo 68 constitucional, debe el o los manifestantes solicitar autorización?

• ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un requisito  legal o limitación legal al derecho [a] manifestar al que hace referencia tanto el artículo 68 de la  CRBV (sic) como el artículo 41 de la LPPRPM (sic), respectivamente?   

Breves consideraciones sobre el delito de invasión y su carácter permanente




Francisco Santana Núñez



Establece el artículo 471-A del Código Penal reformado en el año 2005[2] un nuevo tipo penal surgido por las múltiples afectaciones a la propiedad privada ocurridas en nuestro país desde inicios de la primera década del siglo XXI, que llevaron al legislador histórico a reforzar el derecho de propiedad de los bienes inmuebles, terrenos e incluso bienhechurías, a través de la amenaza penal (prevención general negativa) creando un nuevo supuesto de hecho típico sancionado con una elevada pena privativa de libertad. Al pie de la letra, dicho artículo sanciona a:

“Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T) a doscientas unidades tributarias (200 U.T). El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte.

La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.

Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia en primera instancia o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima.” (Resaltados añadidos)


Lamentablemente la práctica forense venezolana no ha sabido (o no ha querido) explotar las bondades derivadas del alcance del referido tipo penal, que podrían llevar a contrarrestar la impunidad de tales delitos, o, cuando menos, ayudarían a restablecer los derechos de propiedad pertenecientes al sujeto pasivo, restituyéndosele la posesión de su inmueble, terreno o bienhechuría, lamentablemente invadidos ante la mirada cómplice de las autoridades encargadas de la persecución penal, quienes muchas veces alegan la imposibilidad de materializar dicha restitución, ante: i) la supuesta inexistencia de delito flagrante legitimador de la inmediata aprehensión de los autores o partícipes del delito de invasión, quedándose la víctima a expensas de una larga investigación penal que no le garantiza ni la sanción definitiva ni la posibilidad de recuperar el inmueble, terreno o bienhechuría invadido; y/o, ii) se le dice a la víctima que para el momento de la ocurrencia de los hechos que dieron inicio a la invasión, el tipo penal invocado no se encontraba vigente, por lo cual se debe respetar el principio de legalidad sustantiva dispuesto en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución Nacional y en el artículo 1 del Código Penal y sobreseer el proceso por una supuesta atipicidad penal[3].

Si le damos una mirada un poco más acuciosa al tipo penal de invasión podríamos observar que tales conclusiones no son del todo ciertas y en ambos casos la prosecución activa de la investigación penal no encuentra impedimento alguno en la legislación nacional, tanto sustantiva como adjetiva.

Así las cosas debemos precisar la categoría jurídica del delito previsto en el artículo 471-A del Código Penal vigente, dentro de aquellas establecidas por la Doctrina Penal Dominante dándole un vistazo a su estructura típica.

El artículo 471-A del Código Penal, sanciona la conducta de la persona que para obtener un provecho ilícito invada terreno, inmueble o bienhechurías, ajeno.

El verbo “invadir” supone tanto la irrupción forzada en un lugar, como también la posterior ocupación irregular de ese espacio, específicamente delimitado en el tipo penal arriba copiado como terreno, inmueble o bienhechuría.  Así lo encontramos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[4][5], cuando indica como principales significados de este verbo, las siguientes acepciones:

“Invadir.
(Del lat. invadĕre).

1. tr. Irrumpir, entrar por la fuerza.
2. tr. Ocupar anormal o irregularmente un lugar.” (Resaltados añadidos)

Siendo así, la acción de “invadir” evidentemente significa, tanto el irrumpir forzadamente en un inmueble, terreno o bienhechuría, con o sin el uso de  medios violentos contra los bienes o las personas,  resultando punible la posterior ocupación irregular de un terreno, inmueble o bienhechuría pues esa circunstancia también se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma integrando el tipo objetivo.

Así las cosas, la consumación del delito y la lesión antijurídica del derecho de propiedad NO CESARÁ mientras el inmueble, terreno o bienhechuría se mantengan en posesión de quienes hayan irrumpido y posteriormente ocupen irregularmente dichos bienes, y esa constante consumación del delito (ocupación irregular de bien inmueble ajeno como acepción aceptada del verbo invadir) supone su permanencia antijurídica a la sola voluntad del autor, y en consecuencia debe reputarse el delito de invasión como un DELITO PERMANENTE, lo cual posee unas notables implicaciones en la práctica que legitimaría:

A) La inmediata aprehensión de los sujetos activos invasores (autores y partícipes), incluso por “cualquier persona” pues mientras no haya cesado la permanencia de delito la flagrancia será procedente, acorde con el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución Nacional y el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

B) La exigencia de responsabilidad penal por la ocupación irregular  de tales bienes desde la entrada en vigencia del Código Penal del año 2005 y por todo el tiempo que dure, a pesar que la irrupción forzada en el inmueble, terreno o bienhechuría haya ocurrido antes de la publicación en Gaceta Oficial del nuevo tipo penal descrito; la irrupción lógicamente quedaría impune respetando el principio de legalidad sustantiva, pero no así la ocupación irregular del objeto pasivo del delito  cuando no haya cesado para el momento en que fue puesto en vigencia el referido tipo penal.

C) Esta concepción también tiene una notable implicación en el lapso de la prescripción de la acción penal, que no empezará a correr hasta que cese “la continuación o permanencia del hecho” al amparo del artículo 109 del Código Penal.

Las conclusiones expuestas no sólo podemos extraerlas del verbo rector del delito de invasión, sino además, dentro del propio artículo bajo comentarios, se denota el reconocimiento del legislador histórico sobre el carácter permanente del nuevo tipo penal, pues de qué otra manera se puede interpretar la atenuante específica de la pena expresamente prevista en la norma cuando las penas señaladas en sus incisos se rebajarán hasta las dos terceras partes, en el caso que antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, “CESEN LOS ACTOS DE INVASIÓN Y SE PRODUZCA EL DESALOJO TOTAL DE LOS TERRENOS Y EDIFICACIONES DE LOS TERRENOS QUE HUBIEREN SIDO INVADIDOS”.

Sólo puede cesar la permanencia de la ocupación irregular, y esa ocupación irregular nuestro Código Penal, tomando las acepciones de la definición del verbo “invadir”, la equipara a uno de los ACTOS DE INVASIÓN, cuya antijuridicidad  por la lesión del derecho de propiedad perdurará hasta el TOTAL DESALOJO o DESOCUPACIÓN  de los terrenos o edificaciones invadidos. Es decir, que la ocupación irregular constituye una conducta susceptible de encuadrar dentro del ámbito de aplicación de la norma penal, capaz de crear un riesgo jurídicamente desaprobado por el tipo objetivo de delito de invasión.

Delito permanente es aquel “cuya misma consumación se prolonga en el tiempo de forma estable[6]”, y ese estado de permanencia del delito según la Doctrina Patria, se distingue entre la eventualmente permanente y la necesariamente permanente. En la primera, el tipo penal admite que la prolongación del delito en el tiempo, sin que la ley lo exija, queda a la voluntad del delincuente, tomando como ejemplo el delito de secuestro, en donde la privación de la libertad de la persona se mantendrá y perdurará en el tiempo a voluntad del sujeto activo, mientras que, en la segunda, el propio tipo penal exige la permanencia como un elemento del tipo objetivo.

Mutatis mutandis, el delito de invasión es un delito eventualmente permanente (siguiendo la tesis del Dr. Sosa Chacín) pues el mantenimiento en el tiempo del estado antijurídico consistente en la irrupción y ocupación de un terreno, inmueble o bienhechuría ajena, perdurará por la voluntad unilateral del o de los sujetos activos, lo que debe ser ponderado caso por caso.

Por su parte Claus Roxin, define los delitos permanentes como “aquellos hechos en los que el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad del autor, tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo" (Roxin, 1997)

En relación al delito permanente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado:

“Así, de acuerdo a la doctrina penal, los delitos de conducta permanente “son aquellos tipos en los que la conducta del sujeto activo se prolonga en el tiempo, de tal manera que su proceso consumativo perdura mientras no se le ponga fin por propia determinación del agente, como resultado de maniobra de la víctima o en razón de las circunstancias ajenas a los protagonistas de la acción” (Reyes Echandía, Alfonso. “Tipicidad”. Editorial Temis S.A. Bogotá, Colombia. 1999. página 140)”.

El delito permanente “supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor (…); dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica” (Mir Puig, Santiago. “Derecho Penal. Parte General”. Editorial PPU. Barcelona, España. 1990. página 216)[7].”

Pues bien, sólo queda concluir que al categorizar al delito de invasión como  un delito permanente, fundamentados en el alcance del tipo penal del artículo 471-A del Código Penal, la doctrina y la jurisprudencia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y los órganos de investigación penal, actuarían no sólo ajustados a la legalidad penal sustantiva y adjetiva, sino que la víctima tendría mayores posibilidades de ver restituida la lesión patrimonial padecida y el Derecho efectivamente sería utilizado como instrumento de la Paz Social al no dejar impune una conducta altamente lesiva, no sólo a los intereses personales de los afectados, sino a los intereses de toda la colectividad.




[1] Abogado (USM) Especializaciones en Derecho Penal (USM), Derecho Procesal, mención Derecho Procesal Penal (UCV) y Criminalística (IUPOLC). Cursante de la Especialización en Derecho Constitucional (UCV). Socio de PS&A Despacho de Abogados.
[2] Cabe destacar que la estructura típica de este nuevo delito resulta casi idéntica a la establecida en el Código Penal de Colombia (Ley 599 del año 2000), donde se reguló en el artículo 263 de la siguiente manera:  “El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión. El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural. Parágrafo.- Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos.”
[3] Al respecto véase las siguientes decisiones: http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2007/junio/422-25-1As-1410-07-.html, En sentido contrario: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2008/septiembre/1021-23-FP01-R-2008-000270-FG012008000602.html, http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2009/junio/621-1-KP01-P-2009-001750-.html, http://cfr.tsj.gov.ve/decisiones/2010/marzo/349-16-JP01-R-2009-119-24.html, http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2009/julio/588-16-VP02-R-2009-000600-297-09.html
[5] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Tomado de la página web www.rae.es .
[6] Sosa Chacín, Jorge. Teoría General de la Ley Penal. Segunda Edición Corregida. Editorial Venezolana, p. 248. 2000.
[7] Sentencia número 1747 del 10 de agosto del 2007. Ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán

Originalmente publicado en TecnoIuris, mayo de 2010

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/hemeroteca/derecho/penal/2394-breves-consideraciones-sobre-el-delito-de-invasion-y-su-caracter-permanente



jueves, 24 de abril de 2014

Sumarios de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de abril de 2014



Número 40.394. Caracas, martes 15 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VII

Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 904, mediante el cual se nombra a los Miembros de la Junta Supresora de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en él se mencionan. (Alejandro Fleming, Presidente, Juan Trevijano, Germán Pérez, Moraima Ruiz Directores Principales, entre otros).

Vicepresidencia de la República

Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental

Resolución N° REOCCI/005/2014, mediante la cual se designa al ciudadano Augusto César Peña Campos, como Coordinador de la Oficina de Gestión Interna de este Organismo, con carácter de Encargado.

CORPOLARA

Providencia N° 012/2014, mediante la cual se designa a la ciudadana Leidy Roxana Nelo, como Asistente del Presidente, de esta Corporación.

domingo, 20 de abril de 2014

"Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder". Por Gustavo Eduardo Aboso




"Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Semblanza de esta crítica forma de autoría mediata y las propuestas alternativas formuladas en la dogmática penal para el tratamiento de la criminalidad de los aparatos de poder".
  
Por Gustavo Eduardo Aboso

Profesor de las Universidades Nacional de Buenos Aires y de Belgrano.



§ 1. Introducción

La autoría mediata ocupa desde hace tiempo un papel preponderante en el estudio de las formas de participación en general, a poco que se juzgue la cantidad de trabajos científicos empeñados en la ardua tarea de perfilar su contenido y alcance.

Pero, sin duda, la especie de autoría mediata a la que seguidamente nos vamos a referir, esto es, la autoría mediata a través de un aparato organizado de poder, representa el pináculo del esfuerzo para fundamentar una manifestación de autoría que lejos está de amoldarse a los presupuestos básicos exigidos para su configuración.

sábado, 19 de abril de 2014

Sentencias lideres: Hecho notorio comunicacional (Sala Constitucional)



En el derecho medieval existía el principio “notoria non egent probatione”, que exoneraba de prueba al hecho notorio.  La conceptualización de que debe entenderse por dicho hecho, ha sido discutido por diferentes autores, siendo la definición del tratadista italiano Piero Calamandrei, en su obra Definición del Hecho Notorio (Estudios Sobre El Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina 1945), tal vez la de mayor aceptación.  El maestro Calamandrei lo definía así: “se consideran notorios aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”.  El principio de que lo notorio no requiere prueba fue acogido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, así como por el artículo 215 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se trata de un principio que informa al proceso en general.
La necesidad que el hecho notorio formara parte de la cultura de un grupo social, se hacía impretermitible en épocas donde la transmisión del conocimiento sobre los hechos tenía una difusión lenta, sin uniformidad con respecto a la sociedad que los recibía, y tal requisito sigue vigente con relación a los hechos pasados o a los hechos que pierden vigencia para la colectividad, a pesar que en un momento determinado eran conocidos como trascendentales por la mayoría de la población.  Dichos hechos no se podrán proyectar hacia el futuro, para adquirir allí relevancia probatoria, si no se incorporan a la cultura y por ello la Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia  en fallo de 21 de julio de 1993, acotó que la sola publicación por algún medio de comunicación social, sin la certeza de que el hecho fuere “conocido y sabido por el común de la gente en una época determinada”, no convertía al hecho en notorio, concepto que comparte esta Sala, ya que la noticia aislada no se incorpora a la cultura.
Ceñidos a la definición de Calamandrei, puede decirse que la concepción clásica del hecho notorio, requiere, por la necesidad de la incorporación del hecho a la cultura, que el, por su importancia, se integre a la memoria colectiva, con lo que adquiere connotación de referencia en el hablar cotidiano, o forma parte de los refranes, o de los ejemplos o recuerdos, de lo que se conversa en un círculo social. Por ello son hechos notorios sucesos como el desastre de Tacoa, la caída de un sector del puente sobre el lago de Maracaibo, los eventos de octubre de 1945, la segunda guerra mundial, etc.

viernes, 11 de abril de 2014

Desacato a mandamiento cautelar de amparo. Sentencia dictada contra el Alcalde Daniel Ceballos (Sala Constitucional)



Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2014, el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández, titular de la cédula de identidad n.14.689.864 e inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 105.578, actuando en su propio nombre, intentó ante esta Sala Constitucional “DEMANDA DE PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…), conjuntamente con medida cautelar innominada, para cuya fundamentación denunció el incumplimiento por parte de los mencionados alcaldes del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.

El 6 de marzo de 2014, se dio cuenta en Sala.

            El 12 de marzo de 2014, esta Sala se declaró competente para conocer y admitió la presente demanda por intereses colectivos, así como dictó amparo constitucional cautelar dirigido a los alcaldes de los Municipios Baruta y El Hatillo del Estado Miranda.

El 14 de marzo de 2014, los abogados JULIO CÉSAR LATTAN, FRANCISCO MORILLO, REYES RAMÓN RUÍZ y ENEIDA VILLANUEVA, titulares de las cédulas de identidad n.° 8.452.139, 8.400.047, 5.341.371 y 5.622.140, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 37.429, 170.718,138.964 y 69.974, en ese orden, actuando en nombre propio y en su condición de Presidente –el primero de los prenombrados– y Coordinadores Nacionales –los restantes– de la ASOCIACIÓN CIVIL FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS BOLIVARIANOS, asistidos por el abogado José Gregorio Mendoza G., inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 37.157, solicitan, mediante escrito presentado, “(…) en su carácter de Terceros Coadyuvantes de la parte accionante (…)”, “(…) LA APLICACIÓN POR EFECTOS EXTENSIVOS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR ACORDADO EN LA SENTENCIA UT-SUPRA INDICADA [n.° 135 del 12 de marzo de 2014, dictada por esta Sala] A LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS: CHACAO Y SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, RAMÓN MUCHACHO Y CARLOS OCARIZ; MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DANIEL CEBALLOS; MUNICIPIO DIEGO BAUTISTA URBANEJA (LECHERÍAS) DEL ESTADO ANZOATEGUI, GUSTAVO MARCANO; VALENCIA Y NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO, MICHELLE COCCHIOLA Y ALEJANDRO FEO LA CRUZ (…)”.

miércoles, 9 de abril de 2014

Sentencia de condena dictada por la Sala Constitucional contra el Alcalde Scarano (Interpretación vinculante acerca de la figura del desacato al mandamiento de amparo)




PONENCIA CONJUNTA


Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2014, los ciudadanos Osmer Castillo, titular de la cédula de identidad n.° 11.745.348, en su condición de representante legal de SALAS & AGENTES ADUANEROS ASOCIADOS, C.A., Nelson Marcano, titular de la cédula de identidad n.° 3.808.271, en su condición de representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA NEL MAR, R.L., Julio Faría, titular de la cédula de identidad n.° 3.512.090, en su condición de representante legal de SERVITRANS ADUANA, C.A., Marcos Lacava, titular de la cédula de identidad n.° 7.174.791, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA GRANELCA, R.L., José Simón Méndez Torres, titular de la cédula de identidad n.° 8.193.608, en su condición de representante de la COOPERATIVA EL VARADERO DE MORÓN R.L., Lesbia Miquilarena, titular de la cédula de identidad n.° 14.167.317, en su condición de representante de TRANSPORTE ROMERO, C.A, Blanca Aída Gómez de Aguilar, titular de la cédula de identidad n.° 4.092.801, en su condición de representante legal de TRANSPORTE LOS ALMENDROS, C.A., Daniel Tiago Da Silva Pita, titular de la cédula de identidad n.° 7.064.182, en su condición de representante legal de TRANSPORTE FÁTIMA, C.A., Alfonso Antonio Nava Romero, titular de la cédula de identidad n.° 5.812.638, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA REVOLUCIONARIA MIRANDINA DEL ZULIA, RS., Manuela Goncalves, titular de la cédula de identidad n.° 16.184.331, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA GM Y ASOCIADOS, R.L., Jesús Vergara, titular de la cédula de identidad n.° 17.006.593, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA APUSHUNA EVENTOS, R.S., George Ramón Haroun, venezolano, titular de la cédula de identidad n.° 7.407.535, en su condición de representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA TRANSPORTE LA GRAN PROMESA, R.S., Omar Enrique Rodríguez Noroño, titular de la cédula de identidad n.° 4.477.389, en su condición de representante legal de TRANSPORTE FERTICARGAS 2021, C.A., todos asistidos del abogado Oscar Johny Martínez Sarmiento, titular de la cédula de identidad n.° 11.527.112, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 133.753, domiciliado en Tocuyito, Municipio Libertador del Estado Carabobo, interponen ante esta Sala, “acción autónoma de AMPARO CONSTITUCIONAL para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos de la población venezolana”, contra el ciudadano VICENCIO SCARANO SPISSO, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y el ciudadano SALVATORE LUCCHESE SCALETTA en su condición de Director General de la Policía Municipal de San Diego del estado Carabobo, acción que [ejercen] de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) en concordancia con los artículos 1, 2, y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (en lo sucesivo LOA) y el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (por lo que respecta a la competencia), por omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del Municipio San Diego del Estado Carabobo, específicamente en el Distribuidor de San Diego y en las urbanizaciones cercanas, lo que ha generado la patente de corso para que personas violentas realicen trancas y cierres que conllevaron a que se haya atentado y se siga atentando contra el derecho que [tienen] de transitar libremente por las vías del estado Carabobo, [dedicarse] a una actividad económica libremente como lo es el transporte de personas y carga, derecho a la vida, a gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos”.
            Mediante sentencia N° 136, del 12 de marzo de 2014, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para conocer la acción ejercida, la admitió, acordó amparo constitucional cautelar

Acerca de la remuneración por productividad. Triple identidad para que proceda la excepción de cosa juzgada (Sala de Casación Social)


Alega el formalizante que en la sentencia recurrida se declaró sin lugar la demanda por revestir el carácter de cosa juzgada la decisión dictada por el Juzgado Ejecutor en fecha 01/09/04, que acogió la experticia rendida en fecha 14 de mayo de 2003, infringiendo el juzgador de alzada, con tal pronunciamiento, el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que si bien establece la prohibición de resolver una controversia ya decidida, prevé dos excepciones, entre las que se encuentra, que la Ley expresamente lo permita, siendo que en el presente caso, la Sala Político Administrativa, en sentencia N° 5.122, de fecha 27 de julio de 2005, recaída en el mismo proceso en el que se profirió el fallo ya mencionado del Tribunal Ejecutor, estableció que “SE DECLARA TERMINADA la fase de ejecución del presente proceso y expresamente se dejan a salvo los derechos de todos aquellos trabajadores, de reclamar en un juicio separado y por ante los tribunales competentes, las cantidades que estimen les siguen siendo adeudadas por la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela C.A.”, según lo cual no podía ignorar el sentenciador que esa última decisión dejó a salvo el derecho de reclamar nuevamente en juicios separados.

Por otra parte, señala el formalizante que en el presente caso no se presenta la triple identidad que exige el ordinal 3° y la parte in fine del artículo 1.395 del Código Civil, puesto que la decisión que se indica que causa la cosa juzgada, recayó en un juicio de naturaleza distinta a éste, pues se inició por demanda de nulidad de actos administrativos, mientras que éste comenzó por demanda laboral, la causa objetiva del primero, fue el despido, mientras que en éste fueron sentencias de este Máximo Tribunal, la causa subjetiva en el primero fue la inamovilidad laboral y en éste fue la homologación de salarios y pago de diferencias, en el primero la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) actuó como demandante y en éste como demandada, mientras que los trabajadores en éste actúan como demandantes.

Para poder verificar lo aseverado por el formalizante resulta necesario realizar una síntesis de los antecedentes del presente caso.

lunes, 7 de abril de 2014

Sumarios de las Gacetas Oficiales correspondientes a los días 31 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril de 2014



Número 40.387. Caracas, viernes 4 de abril de 2014
AÑO CXLI - MES VI


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución mediante la cual se otorga la Condecoración «Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela» en su Tercera Clase «Flecha» (Post-Mortem), a los funcionarios de Poli-Baruta, José Alejandro Palma Álvarez y Wilfredo Gregorio González Tovar.

Oficina de Auditoría Interna Dirección de Determinación de Responsabilidades

Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa, Responsabilidad Civil y Multa, por la cantidad que en ella se menciona, al ciudadano Carlos Ernesto Gámez Ortega. (550 U.T.).

Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración Interpuesto por el ciudadano Carlos Ernesto Gámez Ortega, en contra de la decisión pronunciada por este Órgano.

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes del Directorio Ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). (Simón Zerpa, Henry Galvis, Juan Rodríguez, entre otros).

Resolución N° 039, mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 036, de fecha 31 de marzo de 2014. (Reimpresión G.O. No. 40.383, mediante la cual se designó a Ramón Campos como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa).

jueves, 3 de abril de 2014

Acerca de la perención de la instancia en el procedimiento de separación de cuerpos (Sala de Casación Civil)



De la anterior transcripción, puede evidenciarse que el sentenciador de alzada, apoyándose en jurisprudencia de la Sala de Casación Social N° 0294 del 10 de abril de 2012, indicó que la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no puede decretarse en la fase voluntaria de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, al entender que en esa fase, las partes no tienen la carga de desplegar ninguna conducta cuya omisión sea capaz de ocasionar la perención.
Que en la segunda fase, la cual se inicia con la solicitud de conversión en divorcio, al ser contenciosa, sí resulta aplicable la perención de instancia.
Concluyó la recurrida indicando que, desde el 4 de noviembre de 2004, fecha en que se solicitó la conversión en divorcio, y el 6 de diciembre de 2010, oportunidad en que el cónyuge solicitante pidió se libren los carteles, pasó más de un año, lo que evidenció la falta de interés en impulsar el proceso, justificándose la declaratoria de la perención.
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que “…toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”.

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