¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas, destinadas a las Importaciones Productivas (Providencia 121 CADIVI)



(Gaceta Oficial Nº 40.311 del 9 de diciembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

AVISO OFICIAL

Por cuanto en la Providencia N° 121 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a las Importaciones Productivas, de fecha 30 de Octubre de 2013, por error material se identificó como Providencia N° 120 la Publicación íntegra de la Providencia, se procede, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniéndose el número y fecha de la Providencia N° 121.

Dado en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil trece.

Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación,

Comuníquese y publíquese,

José Khan F.

Presidente

Julio Viloria S.

Vicepresidente Ejecutivo

Maigualida Angulo C.

Representante del Banco Central de Venezuela (BCV) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)

William R. Fariñas.

Félix Osorio G.

Américo Mata G.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.313 (Miércoles 11 de diciembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Resoluciones Nros 029-13 y 030-13, mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este organismo. (Ada Fernández, Directora de Administración de Personal E y Héctor Silva, Director General de desarrollo Humano de la Asamblea General)

Presidencia de la República

Decreto N° 664, mediante el cual se declara Monumento Nacional la obra arquitectónica denominada «Parque Recreacional Sur-Plaza Monumental», ubicada en la Parroquia Santa Rosa, del Municipio Valencia del estado Carabobo, el cual tiene una superficie que en él se indica. (656.692,68 m2)

Decreto N° 665, mediante el cual se atribuye al Ministerio del Poder Popular para la Cultura la custodia, protección y administración de la obra arquitectónica denominada «Teatro Municipal de Valencia», ubicada en la dirección que en él se señala. (Calle Colombia, cruce de la calle Carabobo, al lado de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, Municipio Valencia, Edo. Carabobo)

Decreto N° 666, mediante el cual se crea la Autoridad Única de Área para el estado Carabobo en el cual se desarrollará la «Ciudad Hugo Chávez», que atenderá a las parroquias que en él se indican, del Municipio Valencia del estado Carabobo, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. (Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Miguel Peña).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.312 (Martes 10 de diciembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo del Sensible Fallecimiento de Nelson Mandela, Líder Humanista y Forjador de Dignidad de los Pueblos.

Acuerdo en Reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Pueblo Venezolano por la Ratificación de la Democracia Venezolana en las Elecciones Municipales celebradas el 8 de diciembre de 2013.

Acuerdo con motivo del Júbilo del Pueblo Venezolano por la Declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la «Parranda de San Pedro», celebrada en las poblaciones de Guarenas y Guatire.

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se indican, de la Vicepresidencia de la República y al Gobierno del Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se especifican. (MPP para las Comunas y Movimientos Sociales Bs. 58.460.500,00; MPP para la Defensa Bs. 266.583.588,30; Distrito Capital Bs. 359.408.599,00, entre otros).

Fuero maternal de la funcionaria de libre nombramiento y remoción: "...la inamovilidad producto del estado de gravidez de una funcionaria de libre nombramiento y remoción, sólo le da el beneficio de permanecer en la función durante el lapso previsto en la ley, pudiendo ser sometida al traslado bajo ciertas condiciones. Siendo un beneficio temporal, la funcionaria de libre nombramiento y remoción puede ser retirada del servicio cuando se haya vencido el referido lapso..." (Sala Constitucional)



Ahora bien, para una mejor comprensión del caso, se considera prudente reiterar que la causa originaria surgió en virtud del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial de la ciudadana Magdalena Coromoto Símbolo Alizo De Gil, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por órgano del Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Escuque, Urdaneta, San Rafael de Carvajal y Motatán del Estado Trujillo, en virtud del acto administrativo, Nº 07 del 7 de marzo de 2002 emanado del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Escuque, Urdaneta, San Rafael de Carvajal y Motatán de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Trujillo por medio del cual la actora fue removida del cargo de Secretaria Titular de dicho Tribunal.

El 10 de noviembre de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y ordenó“(...) a la Dirección Administrativa (sic) de la Magistratura, reincorpore a la recurrente ciudadana MAGDALENA COROMOTO SIMBOLO ALIZO DE GIL, a su cargo de Secretaria del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Escuque, Urdaneta, San Rafael de Carvajal y Motatán de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, u otro de igual o superior jerarquía, ordenando igualmente a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cancele a la recurrente a titulo de indemnización de conformidad con lo previsto por el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia los salarios caídos aumentados en la misma forma que ha aumentado el cargo desde la fecha de su retiro hasta la fecha en que quede firme la presente decisión para lo cual, este juzgador ordena, que el monto en cuestión sea determinado por una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido por el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al contencioso administrativo por reenvío expreso del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Consideraciones acerca de la orden de aprehensión en el proceso penal. Revisión de oficio (Sala Constitucional)


Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que la finalidad del avocamiento excede lo particular, debiéndose demostrar que la situación jurídica existente en el expediente constituya graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática (vid. artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia); por cuanto el uso indiscriminado de la potestad excepcional de avocamiento se traduciría en un desconocimiento sistemático a los derechos y garantías constitucionales, como lo son, el juez natural, el debido proceso y la preservación de los recursos ordinarios y extraordinarios para impugnar los posibles vicios o desacuerdos que las partes tengan en la tramitación o resolución de un asunto estrictamente entre particulares, más aún en materia penal donde se establece a favor de las partes, el principio de la doble instancia judicial como garantía de derechos humanos.
La Sala debe insistir en que la potestad del avocamiento no constituye un recurso o medio procesal al que puedan recurrir las partes para hacer valer su desacuerdo con los criterios jurídicos contenidos en decisiones o actuaciones judiciales, sino que debe ser ejercida con suma prudencia como lo indica el referido artículo 107 eiusdem, puesto que en tanto potestad excepcional implica un trastorno válido de las competencias legalmente atribuidas, de allí que su ejercicio debe estar sujeto a los estrictos parámetros establecidos en la ley y en la jurisprudencia de esta Sala, a los fines de justificar suficientemente su procedencia.
Aunado a ello, cuando se establece que deben existir razones de interés público o social que justifiquen la potestad de avocamiento, ello quiere decir que el objeto del mismo debe rebasar el interés privado involucrado. Se trata de casos que puedan crear confusión y desasosiego en la colectividad, afectar la paz social, la seguridad jurídica, trabar el normal desempeño de la actividad pública o afectar de manera directa y ostensible el orden público y social, pues, no basta la existencia de un trastorno procesal grave, es necesario que el asunto revista particular relevancia, es decir, cuando en forma excepcional el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones a ser dictadas influyan sobre un considerable número de personas (cuantitativo) o afecten los intereses tutelados por el ordenamiento jurídico (cualitativo).

martes, 10 de diciembre de 2013

Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2013)



(Gaceta Oficial Nº 40.311 del 9 de diciembre de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente,

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

PRIMERO. Se modifica el artículo 178, en la forma siguiente:

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.311 (Lunes 9 de diciembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Presidencia de la República

Decreto N° 640, mediante el cual se autoriza la Creación de una Fundación del Estado que se denominará «Fundación la Flor de Venezuela», con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Decreto N° 641, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), creada por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Decreto N° 642, mediante el cual se nombra Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, al ciudadano Ernesto Emilio Villegas Poljak.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución N° 430, mediante la cual se establece el Proceso Excepcional de Ajuste al Rango Superior que les corresponde a los Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación Penal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Sala de Casación Civil: "...la juez de la recurrida al haber ordenado la apertura de una articulación probatoria en el juicio de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil y declarar disuelto el vínculo matrimonial, violentó el debido proceso, ya que tal articulación probatoria no está contemplada en dicha norma, siendo lo correcto ante la negativa por parte de la demandada de la ruptura conyugal por más de cinco (5) años, dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo del expediente". (Avocamiento Con Lugar)


El matrimonio es la base fundamental de la familia, ya que un hombre y una mujer se asocian con obligaciones recíprocas, siendo su objeto esencial la creación de la familia.
A su vez, la familia es la base fundamental de la sociedad, razón por la cual el Estado debe proteger al matrimonio y a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 77 de nuestra Carta Magna.
        Ahora bien, el vínculo matrimonial puede disolverse por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, siendo las causales únicas del divorcio las establecidas en los artículos 185 y 185-A del Código Civil, las cuales son: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, y la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común.
        En el mismo orden de ideas, el artículo 185-A del mismo Código, establece lo siguiente:

Incompetencia de los juzgados civiles para conocer de la acción mero declarativa de concubinato cuando se encuentren vinculados derechos e intereses de niños y/o adolescentes (Sala de Casación Civil)

En la presente denuncia el recurrente señala, que la decisión proferida por el Juzgado Superior infringió los artículos 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los artículos 3°, 9° y 206 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la sentencia recurrida quebrantó formas sustanciales del proceso por incompetencia por la materia.
La pretensión de la parte actora en este proceso, se refiere a la acción mero declarativa de unión concubinaria que habría existido entre ésta y el ciudadano Zenen Abdón Llanos Mancera, demanda incoada en fecha 5 de octubre de 2010, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, el cual dictó sentencia definitiva en fecha 17 de julio de 2012, la cual fue apelada por el demandado, correspondiendo el conocimiento al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, el cual en fecha 2 de mayo de 2013, dictó sentencia, la cual se recurre en casación.
Ahora bien, en el libelo de demanda, la actora, entre otros argumentos, adujo que en la unión concubinaria se procrearon dos (2) hijos, cuyas certificaciones de actas de partidas de nacimiento rielan a los folios 6 y 7, de la pieza 1 de 2 del expediente, en cuyo texto se expresa que fueron presentados como hijos de la pareja, Jesús Alberto en fecha 31 de enero de 1996 y en fecha 20 de junio de 1994, Julián Alberto, de las cuales se desprende que para la fecha de la interposición de la demanda (fecha 5 de octubre de 2010)contaban 14 y 16 años de edad, respectivamente.

Resolución N° 430, mediante la cual se establece el Proceso Excepcional de Ajuste al Rango Superior que les corresponde a los Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación Penal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz)



(Gaceta Oficial Nº 40.311 del 9 de diciembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL MINISTRO

203º, 154º y 14º

Nº 430

Fecha: 9 de diciembre de 2013

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 77 numerales 2, 12 y 19 del Decreto N° 6.217 de fecha 15 de Julio de 2013 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo establecido en el artículo 7, numerales 2 y 10 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en el artículo 3, numerales 2, 10 y 18 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; de conformidad con lo establecido en los artículos 20, numeral 4 del Decreto Nº 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, de fecha 15 de Junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.079 Extraordinario de la misma fecha y el Artículo 18 numeral 3, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de fecha 15 de Junio de 2012,

CONSIDERANDO

Que el proceso de ubicación de rangos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación Penal del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, debe responder a procedimientos transparentes, imparciales, no discriminatorios, que reconozcan la profesionalización eficiente e integral, conforme a los lineamientos del nuevo modelo policial de investigación venezolano,

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.310 (Viernes 6 de diciembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se declara la Responsabilidad Política, al ciudadano y a las ciudadanas que en él se mencionan. (Henri Falcón; Danela Romero; Ileana Guarenas; Migdalia Barreto, entre otros).

Presidencia de la República

Decreto N° 635, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial para la Simplificación de Trámites Administrativos, con carácter permanente, multidisciplinario e Interinstitucional, dependiente de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Decreto N° 639, mediante el cual se establece la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resoluciones Nros. 037-13 y 061-13, mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.-(se reimprime por fallas en los originales). (José Jardines, Director General de la Oficina de RRHH y Alexis Toyo, Director E de la Dirección General de Información).

viernes, 6 de diciembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.305 (Jueves 5 de diciembre de 2013)



Sumario

Presidencia de la República

Decreto Nº 638, mediante el cual se declara tres (03) días de duelo nacional los días 05, 06, 07 y 08 de diciembre de 2013, por el lamentable y penoso fallecimiento del Líder Sudafricano Nelson Rolihlahla Mandela, como manifestación de dolor por tan lamentable pérdida de un insigne líder en la lucha por la emancipación de los pueblos.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/262, mediante la cual se ordena publicar el «Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China para la Exención Mutua de Visas para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Pasaportes de Servicio y Pasaportes de Asuntos Públicos».

Resolución Nº DM/263, mediante la cual se ordena la publicación del Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 suscrito entre los Gobiernos de los países que en ella se indican, Estados Partes del Mercosur, países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Resolución Nº DM/264, mediante la cual se ordena la publicación del «Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba».

jueves, 5 de diciembre de 2013

Decreto Nº 625, mediante el cual se establece el régimen de producción de vehículos automotores ensamblados y comercializados en el país, así como el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos por personas naturales con divisas propias (Presidencia de la República)



(Gaceta Oficial N° 6.117 Extraordinario del 4 de diciembre de 2013)

Decreto N° 625 2 de diciembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las Condiciones Morales y Éticas Bolivarianas, que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en los numerales 11, 12 y 15 del artículo 156 y artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con lo dispuesto en los numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem, en Consejo de Ministros.

DECRETO

Artículo 1°. El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen de producción de vehículos automotores ensamblados y comercializados en el país, así como el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos por personas naturales con divisas propias.

Artículo 2°. A los efectos de este Decreto se establecen las siguientes definiciones:

A). Vehículos: todos aquellos automotores terrestres para el transporte de pasajeros, de carga y para el transporte público, las motocicletas, los tractores y motocultores agrícolas, los remolques y semi-remolques.

B) Empresas Ensambladoras: persona jurídica con capacidad de ejecutar en el país un proceso productivo para fabricar y/o ensamblar vehículos, bien en sus propias instalaciones o en las de terceros.

c) Empresa Comercializadora de Vehículos: persona jurídica dedicada a la venta de vehículos, que posee la infraestructura necesaria, equipos, garantía de repuestos, y personal capacitado, requeridos para prestar el debido servicio técnico y mantenimiento, durante la vida útil del vehículo. 

Artículo 3

Vehículos Producidos y Ensamblados en Venezuela

Los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y para Industrias, conjuntamente con el Organismo encargado de la Regulación de Costos y Precios, definirán con las Empresas Ensambladoras de vehículos, los precios justos de referencia de los vehículos producidos y ensamblados en el país en un plazo no mayor de 20 días.

Los precios serán el resultado del estudio de las estructuras de costos y el establecimiento de una ganancia razonable, resultando el "Precio de los vehículos a puerta de Fábrica", este precio no podrá tener ningún tipo de carga adicional distinta a las establecidas en el presente Decreto y en la legislación vigente.

Artículo 4°. A partir del Precio de los vehículos a puerta de Fábrica, se establecerá un margen de comercialización para las Concesionarias y Comercializadora de vehículos, que se calculará sobre la base de su estructura de costos y ganancia razonable.

Artículo 5

Las Concesionarias y Comercializadoras de vehículos no podrán condicionar la venta a ninguna tasa, ni preferencia de Empresa Aseguradora de vehículos, ni por ningún otro concepto.

Artículo 6

El Estado diseñará un Programa Especial de Promoción de Exportaciones en el sector automotriz al que podrán acceder las Ensambladores de vehículos.

Artículo 7

El Estado destinará un porcentaje de la Cartera de Crédito de la Banca a la Manufactura, a una tasa especial, para la promoción y crecimiento del Sector Autopartista, con el objetivo de fomentar gradualmente el porcentaje de incorporación de autopartes producidas en el país en los vehículos de producción nacional.

Artículo 8

Las Empresas Ensambladores de vehículos deberán reportar a los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y para Industrias su producción semanal de vehículos, así como el destino de los mismos. Las Concesionarias y Comercializadoras de vehículos deberán reportar a los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y para Industrias, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, su venta semanal de vehículos.

Artículo 9

Los vehículos automotores usados que se comercialicen en el mercado secundario no podrán exceder el precio de los vehículos nuevos a puerta de Fábrica. Los Medios de Comunicación, incluidos los electrónicos deberán incorporar para la publicidad correspondiente los precios justos a los que se refiere el presente Decreto

Artículo 10

Los vehículos producidos por las Ensambladores irán directamente al sistema de comercialización, no pudiendo existir preferencias que se antepongan a la satisfacción de las necesidades de la población.

Artículo 11

Los modelos de vehículos ensamblados o producidos en el país deberán permanecer vigentes por un lapso de al menos 5 años, con el propósito de proteger al sector Autopartista nacional, el cual podrá recuperar, en este lapso de tiempo, la inversión realizada en la fabricación de autopartes de los modelos de vehículos comercializados en el país.

Cuando la Empresa Ensambladora desee ensamblar un nuevo modelo de vehículo en el país, dicho vehículo deberá incorporar al menos 35% de partes y piezas fabricadas en la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de potenciar el crecimiento del Sector Autopartista nacional. El Ministerio del Poder Popular para Industrias regularizará anualmente, las metas de incorporación de partes y piezas de acuerdo a los objetivos del desarrollo de la industria nacional Automotriz.

Artículo 12

Los vehículos producidos y comercializados por el Estado a precios justos no podrán ser vendidos por un lapso de 3 años. 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE PERSONAS NATURALES QUE POSEAN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA EN LOS BANCOS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 13

La importación de vehículos automotores requerirá de Licencia de Importación de Vehículos emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, a solicitud de la parte interesada.

Artículo 14

Sólo las personas naturales residentes en el Territorio Nacional que posean cuentas en moneda extranjera en los Bancos Públicos de la República Bolivariana de Venezuela podrán solicitar la Licencia de Importación de Vehículos.

La Licencia de Importación de Vehículos que se expida para autorizar la operación de importación de vehículos, será emitida exclusivamente a nombre del titular de la cuenta a la que hace referencia el presente artículo.

Artículo 15

Las personas naturales sólo podrán solicitar una Licencia de Importación de Vehículos, y si fuere el caso, una licencia para la importación de motocicleta.

Artículo 16

La emisión de Licencia de Importación de Vehículos no eximirá el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Aduanas; así como lo previsto en la Nota Complementaria N° 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela, Decreto N° 9.430 de fecha 19 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.097 Extraordinario de fecha 25 de marzo de 2013, por lo que sólo podrán ingresar a Territorio Nacional, vehículos nuevos y sin uso de cualquier marca y modelo, siempre que el año modelo que asigne el fabricante o el año de fabricación coincida con el año en que se realice la importación o con el año subsiguiente. 

Artículo 17

El Vehículo, adquirido de acuerdo a lo establecido al presente Decreto, no podrá ser comercializado por un período de 36 meses contados a partir de su ingreso en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 18

El trámite para obtener la Licencia de Importación de Vehículos a la que refiere el presente Decreto, se realizará ante el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Artículo 19

Las personas naturales a que se refiere el presente Decreto sólo podrán adquirir los vehículos una vez obtenida la Licencia de Importación de Vehículos a través de la empresa estatal Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA), la cual forma parte del Conglomerado de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A., en consecuencia los interesados entregarán a SUVINCA el monto en moneda extranjera para la compra del vehículo, así como el pago por el servicio realizado por dicha empresa del Estado.

Artículo 20

El periodo para solicitar la Licencia de Importación de Vehículos a la que se refiere el Artículo 14 tendrá una vigencia de seis (06) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 21

Se deroga parcialmente la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas N° 1951; Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio N° 310 y Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo N° S/N de fecha 31 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.800 de fecha 31 de octubre de 2007, en lo relativo a la solicitud de licencias de importación de vehículos con divisas propias.

Artículo 22

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los dos días del mes de diciembre de dos mil trece. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese,

(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ELÍAS JAUA MILANO

El Ministro del Poder Popular de Planificación, JORGE GIORDANI

El Ministro del Poder Popular de Finanzas, NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ

La Ministra del Poder Popular para la Defensa, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

El Ministro del Poder Popular para el Comercio, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

El Ministro del Poder Popular para Industrias, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, YVÁN EDUARDO GIL PINTO

El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, PEDRO ENRIQUE CALZADILLA

La Ministra del Poder Popular para la Educación, MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

El Ministro del Poder Popular para la Salud, FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS

El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, MIGUEL LEONARDO TADEO RODRÍGUEZ

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FIDEL ERNESTO BÁRBARITO HERNÁNDEZ

La Ministra del Poder Popular para el Deporte, ALEJANDRA BENÍTEZ ROMERO

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

El Ministro del Poder Popular para la Juventud, HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL

El Ministro de Estado para la Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental, ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos, NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares, MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI


El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral los Andes, CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA




Decreto Nº 636, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (Presidencia de la República)




(Gaceta Oficial N° 6.117 del 4 de diciembre de 2013)

Decreto N° 636 03 de diciembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, literales "c" y "f" en el ámbito de la lucha contra la corrupción y en el literal "e" en el ámbito de la defensa de la economía de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS

Decreto que establece el régimen transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de actividades comerciales, industriales o de producción (Presidencia de la República)



(Gaceta Oficial Nº 40.305 del 29 de noviembre de 2013)

Decreto N° 602 29 de noviembre de 2013

NICOLAS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,

CONSIDERANDO

Que durante los últimos días el Gobierno Bolivariano ha emprendido una serie de actividades de fiscalización y control a los fines de detectar conductas irregulares en los distintos sectores y eslabones de la cadena productiva y de comercialización que perturban el normal desenvolvimiento de la economía nacional y, en particular, imponen circunstancias excepcionales para promover el encarecimiento de los bienes y servicios que el pueblo venezolano adquiere para su bienestar,

CONSIDERANDO

Que de la revisión de la estructura de costos de una gran cantidad de bienes y servicios comercializados a lo largo de todo el territorio nacional se ha determinado que el valor de los arrendamientos inmobiliarios de carácter comercial tienen una importante incidencia en el alza de los precios, en razón de la alta proporción que destinan los comerciantes e industriales al pago de los contratos de arrendamientos sobre los inmuebles en los cuales realizan sus actividades,

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.308 (Miércoles 4 de diciembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas sus partes y para que surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.- (Véase N° 6.118 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Presidencia de la República

Decreto Nº 625, mediante el cual se establece el régimen de producción de vehículos automotores ensamblados y comercializados en el país, así como el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos por personas naturales con divisas propias.- (Véase N° 6.117 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Decreto Nº 636, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.- (Véase N° 6.117 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha).

Decreto Nº 637, mediante el cual se nombra al ciudadano Amador Antonio Hidalgo Rivero, Viceministro de Economía Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Sala Constitucional revisa sentencia dictada por la Sala de Casación Civil y declara Sin Lugar e Inadmisible dos recursos de casación anunciados y formalizados




1. Esta Sala se pronunciará en primer lugar sobre el primero de los fallos publicados, esto es, la decisión RC.292/2013 del 5 de junio de 2013, lo cual hace en los siguientes términos:
En dicha decisión la Sala de Casación Civil conoció de tres recursos de casación anunciados tanto por la demandante en el juicio principal por uso indebido de marca y daños y perjuicios como por las codemandadas, contra la decisión del 10 de agosto de 2011, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso de apelación intentado por Vale Canjeable Ticketven, C.A., revocó dicho fallo, declaró parcialmente con lugar la demanda que por uso indebido de marca intentara dicha sociedad mercantil contra Todoticket 2004, C.A. y Visa International Service Association, y sin lugar la pretensión de indemnización por daños y perjuicios materiales y morales.
En este sentido, la Sala de Casación Civil en primer lugar declaró perecido el recurso de casación anunciado pero no formalizado por la demandante Vale Canjeable Ticketven, C.A. y procedió al examen de las denuncias formalizadas por la codemandada Visa International Service Association, declarando improcedentes todas las denuncias delatadas salvo la denuncia por infracción de ley con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, de infracción por parte de la recurrida del 3 de la Ley de Propiedad Industrial y 154 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación; declarando improcedentes las denuncias conjuntamente delatas de infracción por parte de la recurrida de los artículos 2, 6 y 7 de la Ley sobre el Derecho de Autor, por falsa aplicación; y 98 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por error de interpretación.
Posteriormente, la Sala de Casación Civil conoció de las denunciadas formalizadas por Todoticket 2004, C.A., desestimando por falta de técnica la denuncia por infracción de ley con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, por parte de la recurrida del artículo 1.422 del Código Civil, por falsa aplicación; los artículos 395 y 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación y los artículos 4 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil, por “no sentenciar conforme a lo alegado y probado en autos”. Sin embargo, declaró con lugar la denuncia por infracción de ley, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por parte de la recurrida, de los artículos 33 ordinal 9° de la Ley de Propiedad Industrial y 135 literal “F” de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina del Acuerdo de Cartagena, por interpretación errónea.

Resolución Conjunta Nº 423 y 003086, mediante la cual se suspende de manera temporal el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de las Elecciones Municipales 2013, desde el día jueves cinco (5) de diciembre de 2013, a las 18:00 horas (06:00 p.m.), hasta el día lunes nueve (09) de diciembre de 2013, a las 18:00 horas (06:00 p.m.) (Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa)



(Gaceta Oficial Nº 40.307 del 3 de diciembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Nº 423

DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA N° 003086

203°, 154° y 14°

Fecha: 03 de diciembre de 2013

RESOLUCIÓN CONJUNTA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha y la Ministra del Poder Popular para la Defensa, designada según Decreto Nº 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 62, 156 numerales 2, 7 y 33; 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 77 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; artículos 16, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; artículos 17 y 18 numerales 1, 2 y 14 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, artículo 5, de la Ley de Transporte Terrestre; artículo 48, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuestos al Alcohol y Especies Alcohólicas; artículos 1, 2, 5, 15, 16, 26, 58, 75, 78, 82 y 83 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; artículo 3 numerales 1, 2, 3, 13 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (actualmente Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011; de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 9.086 de fecha 10 de julio de 2012, mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.961 de la misma fecha,

CONSIDERANDO

Que el Estado Venezolano tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana, la paz y el orden interno, así como el bienestar de las personas, sus derechos y propiedades, sean éstos nacionales o extranjeros, en los distintos ámbitos políticos territoriales de la Nación; por lo cual es de suma importancia formular las políticas públicas, estrategias y directrices que sean pertinentes, en aras de regular y coordinar la actuación de los distintos Cuerpos de Policía y demás Organismos de Seguridad Ciudadana en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y dentro de las políticas del Plan Patria Segura,

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.307 (Martes 3 de diciembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y al Gobierno del Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se indican. (MPP del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión del Gobierno, Bs. 28.000.000,00 y Dtto. Capital Bs. 116.841.657,93).

Presidencia de la República

Decreto N° 628, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial, con carácter temporal, denominada Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por Parte del Estado Venezolano y su Correcto Uso.

Decreto Nº 629, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (Bs. 1.090.234,00).

Decreto N° 630, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se indica, correspondiente a recursos ordinarios del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs. 1.138.300,00).

martes, 3 de diciembre de 2013

Tribunal de Municipio declara improcedente el reconocimiento judicial de una unión estable de hecho solicitada por una pareja del mismo sexo


El presente procedimiento fue iniciado mediante escrito presentado por los ciudadanos de sexo masculino JOSÉ RAMÓN MERENTES CORREA y GIOVANNI ROBERTO TARULLO DI GIACOMO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, solteros y titulares de la Cédula de Identidad números V- 9.225.100 y V- 6.841.710, en el mismo orden, asistidos por el abogado Jordy Enrique Moncada, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 130.097, en el que expusieron lo siguiente:

Que durante dieciséis (16) años han convivido como pareja estable de hecho, profesándose socorro, apoyo mutuo, soporte emocional y manteniendo exclusividad en sus relaciones íntimas; que han compartido gastos proporcionales a la capacidad económica de cada uno de ellos y mantienen dos (2) cuentas conjuntas; que la motivación principal de esa convivencia es el afecto y los sentimientos de compromiso emocional que se profesan mutuamente, en una relación que cabría calificar de “conyugal”.

Citaron e invocaron los artículos 2, 19, 21, 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; parte de la sentencia Nº 190 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 28 de febrero de 2008; jurisprudencia y doctrina de organismos y autores internacionales. Señalaron que creían que la solución al petitorio presentado encuentra fundamento legal en los artículos 14 (principio de no discriminación) y 15 (principio de favorabilidad o aplicación preferente de los Derechos Humanos), 151 (inserción de actos vinculados al estado civil de las personas) y 152 (inserción en los libros de las sentencias judiciales relativas al estado civil de las personas), todos de la Ley Orgánica de Registro Civil.

Finalmente solicitaron lo siguiente:

Prórroga extraordinaria de la investigación penal prevista en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Sala Constitucional)


De un análisis exhaustivo de las actas que componen el presente expediente, de la exposición de la parte demandante y del Ministerio Público, en la audiencia constitucional, esta Sala observa que:
La ciudadana Judith Yecenia Marchán  Ramos, intentó demanda de amparo constitucional contra el fallo dictado el 9 de junio de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la referida ciudadana, contra la decisión dictada el 25 de enero de 2011 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, que a su vez declaró inadmisible la acusación formulada contra el ciudadano Ronald Antonio Abou Rouhana, por la presunta comisión de los delitos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza y violencia física agravada, en perjuicio de la referida ciudadana y decretó el archivo judicial de las actuaciones, toda vez que consideró dicha decisión era violatoria de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de las víctimas, así como los principios de expectativa plausible, seguridad jurídica y confianza legítima.
La parte demandante circunscribió la solicitud de tutela constitucional al hecho de que los jueces agraviantes erraron al realizar el cómputo de la prórroga extraordinaria por omisión fiscal, que establece el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues el lapso de diez días que preceptúa la referida norma debe ser computado desde la notificación de la comisión.
Sobre el particular el Fiscal Tercero del Ministerio Público ante la Sala Plena y Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, abogado Tutankamen Hernández Rojas, indicó que, la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar presentó el escrito de acusación en tiempo hábil, pues la notificación de la comisión fue recibida por la referida Fiscalía comisionada el 21 de diciembre de 2010.
Ahora bien, aprecia esta Sala, tal como se señalara supra, que la demanda de amparo está dirigida contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la referida ciudadana, contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz, que a su vez declaró inadmisible la acusación formulada contra el ciudadano Ronald Antonio Abou Rouhana por extemporánea y decretó el archivo judicial de las actuaciones.
Así, advierte esta Sala que el fallo cuestionado efectivamente vulneró los derechos constitucionales delatados a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, porque la Corte de Apelaciones partió de un falso supuesto al momento de computar el lapso de diez días para presentar la respectiva acusación fiscal.
Dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente:
Artículo 103. Si vencidos todos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará dicha omisión a el o la Fiscal Superior, quien dentro de los dos días siguientes deberá comisionar un nuevo o una nueva Fiscal para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso que no excederá de diez días continuos contados a partir de la notificación de la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que sean aplicables a el o a la Fiscal omisivo u omisiva.
Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación por parte del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal”. (Subrayado añadido)

Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 1632 del 21 de noviembre de 2011, señaló lo siguiente:
“Al respecto, debe afirmarse que en los procesos penales tramitados a la luz de las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los límites temporales de la fase de investigación se encuentran establecidos en los artículos 79 y 103 de la referida ley orgánica, los cuales establecen lo siguiente:
(…)
Entonces, de la interpretación armónica del contenido de las normas antes transcritas, se deduce que en las causas penales juzgadas de conformidad con la mencionada ley orgánica, y en las cuales no se haya decretado la privación de libertad contra el imputado o imputada (tal como ha ocurrido en el caso de autos), la investigación estará conformada de la siguiente forma:
1. Por un plazo inicial cuya duración es de hasta cuatro (4) meses, con una prórroga adicional que puede ir de quince (15) a noventa (90) días, previa la solicitud del Fiscal y la declaratoria respectiva del Juez.
2. Por una prórroga extraordinaria, cuya extensión no podrá exceder los diez (10) días continuos, contados a partir de la notificación de la comisión del nuevo Fiscal del Ministerio Público, efectuada por el Fiscal Superior. Es el caso, que esta prórroga opera, en los supuestos en que vencidos el plazo inicial o éste y su prórroga adicional, no se haya presentado el correspondiente acto conclusivo”.
De la norma que se citó, se desprende claramente que el lapso de diez (10) días de prorroga extraordinaria por omisión fiscal, otorgados para que se presente el respectivo acto conclusivo debe ser computado desde la oportunidad que el nuevo Fiscal comisionado es efectivamente notificado de la comisión por parte del Fiscal Superior.
De allí que, es evidente para esta Sala que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar partió de un falso supuesto al considerar que la fecha en que fue suscrito y consignado ante el Juzgado de Control “…el memo N° FS-10-2661, (la) fiscalía Superior procedió a comisionar y notificar a la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público”, pues aunque la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, efectivamente comisionó a un nuevo Fiscal el 16 de diciembre de 2010, no fue sino hasta el 21 de diciembre de 2010, cuando la Fiscalía Décimo Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar recibió la comisión que le fue asignada.
            De lo anterior se colige, que la Corte de Apelaciones agraviante actuó fuera de su competencia (sustancial) y se extralimitó en sus funciones, según lo que preceptúa el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al apartarse del contenido de la norma, que expresamente señala que el Fiscal comisionado tiene “…diez días continuos contados a partir de la notificación de la comisión…” para la presentación del acto conclusivo que corresponda. Asimismo, esta Sala aprecia que en el mismo equívoco incurrió el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz, por cuanto realizó el cómputo del lapso de prórroga excepcional, bajo la misma errónea interpretación.
En virtud de lo anterior, se estima que la acusación consignada por la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar el 30 de diciembre de 2010, fue presentada de manera tempestiva, ya que se hizo dentro del lapso de diez (10) días que establece el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, razón por la cual, esta Sala considera que la misma fue presentada válidamente. Así se decide.
Es por ello, que esta Sala concluye que la pretensión de tutela constitucional que se invocó contra la decisión que dictó el 9 de junio de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, debe declararse con lugar y consecuentemente anularse la referida decisión, así expresamente se declarará en la parte dispositiva de este fallo.
Así mismo, estima esta Sala que con el objeto de garantizar la celeridad procesal y la justicia sin dilaciones indebidas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, anula la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz del 25 de enero de 2011, que declaró inadmisible la acusación formulada y decretó el archivo judicial de las actuaciones, en consecuencia se ordena al Juzgado de Control que convoque la audiencia preliminar, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de ViolenciaAsí, igualmente, se decide.

V
DECISIÓN
De las actas del expediente y de las exposiciones de la parte accionante y del representante del Ministerio Público, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana JUDITH YECENIA MARCHÁN RAMOS, asistida por el abogado Trino Moisés Odreman, contra el fallo dictado el 9 de junio de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar;
SEGUNDO: se ANULAN, la antes mencionada decisión, así como la dictada el 25 de enero de 2011 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz;
TERCERO: DECLARA tempestiva y válidamente presentada la acusación consignada por la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar el 30 de diciembre de 2010; y
CUARTO: se ORDENA al Juez de Control que corresponda, convocar la celebración de la audiencia preliminar.
Regístrese, publíquese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar y al Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los                                                          días del mes de                                                     de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,





Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites