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lunes, 30 de septiembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.260 (Viernes 27 de septiembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 423, mediante el cual se crea la Micromisión para la intervención y reestructuración de las Empresas del Estado Industrias Diana, C.A., Palmera Diana del Lago, C.A., Indugram, C.A., y Productos La Fina, C.A.

Decreto N° 424, mediante el cual se nombra al ciudadano Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, como Secretario Permanente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano, en calidad de Encargado.

Decreto N° 425, mediante el cual se nombra al ciudadano Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Secretario Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A, en calidad de Encargado.

Decreto N° 426, mediante el cual se nombra al ciudadano Gustavo José Hernández Jiménez, para que asuma el cargo de Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).

Decreto N° 427, mediante el cual se nombra a la ciudadana María Elisa Domínguez Velasco, para que asuma el cargo de Jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Decreto N° 428, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Erick Malpica Flores, para que asuma el cargo de Tesorero Nacional.

viernes, 27 de septiembre de 2013

Providencia número 119, mediante la cual se Reforma Parcialmente la Providencia en la cual se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a las importaciones (Planificación y Finanzas / CADIVI)



(Gaceta Oficial Nº 40.259 del 26 de septiembre de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS

(CADIVI)

Caracas, 24 de septiembre de 2013

Año 203° y 154°

Providencia N° 119

De conformidad con lo establecido en los artículo 2 y 26 del Convenio Cambiario N° 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003 y en el Convenio Cambiario N° 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.790 de fecha 06 de octubre de 2003, en concordancia con los artículos 2 y 5 del Decreto N° 2.320 de fecha 27 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.644 de fecha 06 de marzo de 2003, mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para la Distribución de Divisas a ser destinadas al Mercado Cambiario y el artículo 3 del Decreto N° 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 del 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto N° 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.644 de la misma fecha, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dicta la siguiente: PROVIDENCIA POR LA CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS IMPORTACIONES

Artículo 1. Se modifica la redacción del artículo 23 de la Providencia N° 108 quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 23

De la Verificación de los Bienes Importados

El usuario deberá solicitar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a través de la Oficina de Verificación Aduanal respectiva, la verificación física de los bienes importados antes de su despacho de la zona primaria de la aduana; y a tales efectos, consignará los siguientes recaudos:

"Criminalidad cambiaria" Por Fernando M. Fernández

Criminalidad cambiaria

Los expedientes seguirán abiertos hasta decisión final. ¡Alerta empresas y gerentes!

FERNANDO M. FERNÁNDEZ |  EL UNIVERSAL
viernes 27 de septiembre de 2013  12:00 AM
Los casos por ilícitos cambiarios han sobrepasado lo imaginable. Son demasiados los que deben atender los tribunales. No se dan abasto, junto con los casos de drogas y homicidios. La cifra oculta de los delitos cambiarios es infinita. El mercado negro es inconmensurable: no pueden procesarse todos los casos. La razón ha sido la criminalización del comercio cambiario.

Los efectos de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (LCIC) han sido peores que los de la Ley sobre Régimen Cambiario. No solo ha crecido la ilicitud, sino que hoy día se encuentra colapsada la economía. Las cárceles están rebasadas. Se ha demostrado, nuevamente, que los asuntos financieros no se resuelven con leyes penales ni prisiones.

La prohibición de mencionar el precio de las divisas en el mercado negro ha generado todo tipo de chistes para decirlo todo sin decir nada.

Pero, lo más llamativo es que un delito que solo existe en Venezuela y unos pocos países, sin importancia en la economía globalizada, se tramita ante la justicia penal como si fuera un caso de delincuencia organizada. El ilícito cambiario se imputa conjuntamente con legitimación de capitales (así se llama en Venezuela al blanqueo de activos), asociación para delinquir y cualquier otro delito.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.259 (Jueves 26 de septiembre de 2013)






Sumario

Presidencia de la República

Decreto Nº 419 mediante el cual se nombra al ciudadano Raúl Ernesto Pacheco Salazar, como Viceministro de Planificación y Políticas Industriales del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Decreto Nº 420, mediante el cual se nombra al ciudadano Chung-Kai Chen, como Presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA).

Decreto N° 421, mediante el cual se nombra como Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, así como el Distrito Capital, al ciudadano Luis Alfredo Motta Domínguez.

Decreto N° 422, mediante el cual se incorpora la Estructura Orgánica del Ministerio del Poder Popular para el Deporte la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM 113, mediante la cual se designa al ciudadano Faustino Torella Ambrosini como Cónsul General, Jefe Titular de la República Bolivariana de Venezuela en Manaos, República Federativa del Brasil, responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica. (N° 41149).

jueves, 26 de septiembre de 2013

Estructura Básica del Derecho Penal I. Eugenio Raúl Zaffaroni (Video)



Constitucionalidad del carácter orgánico del Código Orgánico Penitenciario (Sala Constitucional)


Examinado el contenido del identificado instrumento legislativo remitido a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, se observa que se trata de un Código cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, “…impulsar, promover, regular y desarrollar la organización, administración, funcionamiento y control del sistema penitenciario, de conformidad con las normas, principios y valores consagrados en la Constitución, así como en los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos, a los fines de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral, progresiva y el respeto a sus derechos humanos, posibilitando su transformación y su reinserción social…”.
Dicho cuerpo normativo ha delimitado en su artículo 2, su ámbito de aplicación en tres renglones, a saber:
1.- El órgano con competencia en materia penitenciaria y sus entes adscritos.
2.- Las personas privadas de libertad o sujetas a alguna medida restrictiva de la libertad, que se encuentren bajo la custodia del servicio penitenciario.
3.- Cualquier otra persona, órgano o ente del Poder Público Nacional, regional, municipal o comunal que intervenga en forma interrelacionada con el servicio penitenciario, en cuanto le fuere aplicable.
Este instrumento legal consta de diez (10) títulos, los cuales a su vez están compuestos de la siguiente forma:
El Título I, contiene las “Disposiciones Generales”, a través de las cuales se definen el objeto y el ámbito de aplicación a los que antes se hizo mención y; el glosario de definiciones a los efectos de su contenido. De igual modo se ubica el Capítulo I “Principios rectores del Sistema Penitenciario y del Servicio Penitenciario”, contentivo de normas alusivas al respeto a los derechos humanos; progresividad; eficiencia; igualdad; eficacia; transparencia; participación; confidencialidad; colaboración; objetividad y proporcionalidad y; nuevas tecnologías. En el Capítulo II “De los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de las personas privadas de libertad”, se sitúan las reglas sobre tales enunciados.
El Título II, intitulado “De la organización del Servicio Penitenciario”, se divide en: Capítulo I “Del
Sistema Penitenciario”
, que refiere los preceptos sobre este Sistema; el órgano rector; sus funciones y competencias; los establecimientos penitenciarios y la dirección de éstos. Capítulo II “De los funcionarios y funcionarias del servicio penitenciario”, en el que se señalan los deberes y requisitos de éstos, así como la formación continua y la prohibición de interrupción del servicio penitenciario.

Declarada la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Cultura (Sala Constitucional)


Ello así, la Sala ha querido hacer notar que, en atención al rol que el propio Texto Fundamental confiere a estos calificados textos normativos, la mención de una ley como orgánica adquiere especial relevancia de cara a su influencia dentro del sistema de jerarquía de las leyes y, en tal virtud, es menester señalar que la inclusión de tal expresión implica necesariamente el reconocimiento de su posición preeminente frente a otros textos normativos, asunto que no queda sujeto a la plena discreción del cuerpo legislador, sino sometido a los criterios técnicos o materiales que la misma Constitución dispuso (Vid. Sentencia n.º 2573 del 16 de octubre de 2002, caso: “Ley Orgánica contra la Corrupción”).
Esta Sala insiste en que los subtipos de ley orgánica introducidos por la Constitución de 1999, desde el punto de vista sustantivo, llevan implícito un contenido, que es aquel que el Constituyente estimó conveniente regular mediante una ley reforzada, dotada de mayor rigidez que la ordinaria en cuanto regule materias de especial repercusión que han sido reservadas a la ley orgánica, “…las cuales requieren de mayores niveles de discusión, participación, deliberación y consensos, así como de mayor estabilidad y permanencia en el tiempo…” (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 34 del 26 de enero de 2004).
Por tanto, ha aclarado esta Sala que la noción constitucional de las leyes orgánicas impone expandir los puntos de vista hacia un enfoque material restrictivo, que da lugar a la prohibición de que se pueda calificar de orgánicas a las leyes que regulen materias distintas a las contempladas en los supuestos constitucionales antes identificados o bien aquéllas que tengan una finalidad distinta a la allí expresada (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1.159 del 22 de junio de 2007, caso: “Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico”).
Ahora bien, en el caso de autos, la Ley sometida al control previo de esta Sala tiene como objeto desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia; fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, la preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, bien irrenunciable y legado universal, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica; respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas, de conformidad con su artículo 1.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.257 (Martes 24 de septiembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a su Presupuesto de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se señalan y del Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se indican. (Gobierno del Dtto. Capital, Bs. 115.676.321; MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Bs. 286.869.308,19 y Bs. 108.221.902,50 y MPP para la Comunicación y la Información, Bs. 47.179.579,98).

Presidencia de la República

Decreto Nº 410, mediante el cual se adscriben a la Empresa del Estado Lácteos Los Andes, C.A., las empresas que en él se señalan. (Leche Los Andes, C.A., Compañía Servicios Horizonte, C.A., Transporte Milaca, C.A., Receptorías de Leche Catatumbo, C.A., Leche La Villa, C.A., Leche La Fría, C.A., Leche Socopó, C.A., entre otros).

Decreto Nº 411, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, para ser transferido a la Gobernación del Estado Trujillo. (Bs. 108.221.902,50).

Decreto Nº 412, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se especifica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (Bs. 286.869.308,19).

Decreto Nº 413, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional por la cantidad que en él se índica, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. (Bs. 47.179.579,98).

Decreto Nº 414, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (Bs. 3.793,49).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.258 (Miércoles 25 de septiembre de 2013)



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo en Salutación y Reconocimiento al Gobierno Revolucionario, a los Educadores, Educadoras y las Familias Venezolanas por el inicio del Año Escolar 2013-2014.

Acuerdo de Reconocimiento a la Armada Bolivariana de Venezuela por la Defensa y Resguardo de la Soberanía Nacional de Isla de Aves.

Vicepresidencia de la República

Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares

Resolución N° REDIMI 000018, mediante la cual se designa al ciudadano Millard Antonio Laguado Rosales, como Coordinador (E) de la Oficina de Evaluación de Proyectos, de esta Región.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Dirección de Determinación de Responsabilidades

Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos que en ella se mencionan, y se impone sanción pecuniaria de multa, por la cantidad que en ella se indica. (José A. González M., Bs. 129.433,49 y Bs. 49.500,00 y Marcos A. Ávila A., Bs. 49.500,00).

martes, 24 de septiembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.256 (Lunes 23 de septiembre de 2013)



Consejo Federal de Gobierno

Fondo de Compensación Interterritorial

Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, en los estados que en ellas se señalan, de este organismo. (Yangel Y. González M, Coordinador, Región Occidental 1; Juan C. Hernández F., Región Llanos 2; entre otros.).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Hernán Eduardo Zamora Ludovic, en su carácter de Presidente Encargado de esta Fundación, autorice y firme los traspasos presupuestarios hasta por la cantidad que en ella se señala. (Hasta 10%).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución N° DM/117, mediante la cual cesa en sus funciones el ciudadano Jesús Arnaldo Pérez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa.

Resolución N° DM-148-2, mediante la cual cesa en sus funciones el ciudadano Héctor Michel Mujica Ricardo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Argelina Democrática y Popular.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.255 (Viernes 20 de septiembre de 2013)


Presidencia de la República

Decreto N° 409, mediante el cual se nombra al ciudadano Joaquín Alejandro Liñayo Rivero, Viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Vicepresidencia de la República

Resolución N° 049, mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de la Vicepresidencia de la República, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. (Principales: Área Legal: Génesis E. Acosta R; Técnica, Iván J. Jiménez S.; Suplentes: María P. C. López; entre otros).

Región Estratégica Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares

Resoluciones mediante las cuales se corrige por errores materiales, las Resoluciones que en ellas se indican, de las fechas que en ellas se especifican. (Res. 000006 y 000008 designación de Lourdes C. Baltodano y Herminia M. Higuera C., G.O. 40.232).

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Providencias Nros. FSAA-2-2-002475, FSAA-2-2-002514, FSAA-2-2-003371 y FSAA-2-2-003380, mediante las cuales se sanciona a las Empresas que en ellas se indican, con multas por las cantidades que en ellas se señalan. (Seguros Nuevo Mundo Bs.F. 114.000,00; Aseguradora Nnal. Unida Uniseguros, Bs.F. 195.000,00); Seguros Caracas Liberty Mutual Bs.F. 171.000,00).

domingo, 22 de septiembre de 2013

Consideraciones sobre la reformatio in peius, la admisión de hechos en la reforma y la "violencia femicida íntima" (Sala de Casación Penal)


En el caso sometido a la consideración de la Sala, el primer vicio que denuncia la defensora pública es la indebida aplicación del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal (ahora 433), pues para ésta, la Corte de Apelaciones debió haberle dado la oportunidad al procesado de manifestar si se acogía o no a la admisión de los hechos “porque es solo al imputado a quien se le otorga esta facultad…y decidir formalmente si asume la pena que se le impondrá”, tal como lo prevé el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 375).

Y en el presente caso, el recurrente en apelación fue el Ministerio Público, “por lo que al aplicar esta disposición para imponer la pena máxima, se crea una situación procesal que disminuye y coloca en condiciones de desigualdad al procesado ante la ley”.

A los fines de resolver esta denuncia, la Sala observa que el contenido del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable de inmediato por disposición del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es:

“Cuando la decisión sólo haya sido impugnada por el imputado o imputada, o su defensor o defensora, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado o imputada”.

La norma transcrita se refiere a la prohibición de reforma en perjuicio, esto es, en desmejorar la situación del único apelante, como lo ha venido entendiendo la Sala en las sentencias números 648 del dieciséis (16) de diciembre de 2009 y 525 del seis (6) de diciembre de 2010, entre otras.

Debiendo precisar que quien apela en la causa bajo estudio, fue el Ministerio Público por considerar que el cómputo de la pena impuesta al acusado no era correcto, puesto que el tribunal de control omitió la prohibición del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para entonces, de sancionar con una pena menor del límite mínimo previsto en la ley adjetiva penal.

"Cuando el homicidio es cometido en la ejecución del robo de un vehículo automotor no puede aplicársele al sujeto activo la pena como si se tratare de un concurso real de delitos, toda vez que el legislador ha considerado tal circunstancia como una calificante del delito de homicidio" (Sala de Casación Penal)


De lo antes transcrito se evidencia que los hechos dados por probados en la sentencia del Tribunal de Juicio, ratificados por el fallo emitido por el Tribunal de Alzada, se desprende que la acusada, en compañía de otras personas, constriñeron al conductor de un taxi que habían abordado para que se los entregara, y que  luego de pasar por un punto de control, fueron perseguidos por los  funcionarios policiales, momento en el cual los tripulantes del taxi accionan un arma de fuego ocasionándole  una herida al taxista, colisionaron y salieron del vehículo, siendo estos capturados y el vehículo recuperado. 
El Tribunal de Juicio para condenar a la acusada de autos, estimó la aplicación de un concurso real de delitos, acogiendo así la regla prevista en el artículo 84 ordinal 1° del Código Penal, y en ese sentido la  condenó a cumplir la pena de doce (12) años y ocho (8) meses de presidio por encontrarla culpable y responsable en la comisión del delito como Coautora en el Robo Agravado de Vehículo Automotor, previsto y sancionado  en el artículo 6, numerales 1, 2, 3, 6 y 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, y Cómplice No Necesario en el delito de Homicidio Intencional en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con los artículos 80 y 82 eiusdem, en relación con el artículo 84, numeral 1 ibidem.
Sin embargo, de los hechos dados por probados, igualmente se estableció lo siguiente: “…al momento de ir llegando, le dicen estás atracado, montándose otras dos personas, hombre y mujer, tomando uno de ellos el volante del vehículo, embarcándose la acusada y la otra mujer en el cojín trasero del vehículo, llevándolo hasta la Concepción donde se encontraba un punto de control, se regresan, existiendo más adelante otro punto de control, decidiendo el ciudadano Hendrick Henrry Villalobos, forcejear para tratar de salvar su vida, manifestando la acusada Yohana Yuglé Rios Chacín, a uno de los sujetos que iba en el puesto delantero del vehículo, que le diera un tiro al ciudadano Hendrick Henrry Villalobos, accionando uno de los sujetos que iba en el puesto delantero del vehículo, un arma de fuego, disparándola, ocasionándole al ciudadano Hendrick Henrry Villalobos herida en región infraumbilical, poniendo en peligro la vida…”.
Ahora bien, en el presente caso la defensa alegó la falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, pues según su criterio en el caso en estudio existe “tentativa de robo”.

La exigencia de la motivación no amerita que sea extensa, sino suficiente (Sala de Casación Penal)


De lo anterior, se verificó que efectivamente no le asiste la razón a la defensa, al haber obtenido por parte del tribunal de alzada una respuesta debida sobre los alegatos del recurso de apelación.

Contrario a lo expuesto por el denunciante en el recurso de casación, la Corte de Apelaciones dio una respuesta debidamente motivada, al explicar que el juzgador de primera instancia desestimó las testimoniales de los ciudadanos IRENE GISELA MORALES VILLAROEL e IRVIC RAYNIHER JOSÉ RAUSEO MORALES señalando que las mismas sólo contenían elementos referenciales sobre los hechos.

Aunado a que dichas testimoniales por sí solas no aportaron ningún elemento en relación con la responsabilidad penal del acusado en los hechos imputados, ni lograron desvirtuar el cúmulo probatorio evacuado en el juicio, el cual permitió demostrar la comisión del delito de VIOLENCIA SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN, en forma continuada, perpetrado por el ciudadanoVÍCTOR EDUARDO ACEVEDO MORALES.   

Diferencias entre la apelación civil y la apelación penal. Las Cortes de Apelaciones no pueden emplear la institución de la nulidad de oficio para "subsanar los escritos recursivos que presenten las partes e incumplan los requisitos legales ni para revisar la validez de sentencias apeladas por causas distintas a aquellas en virtud de las cuales se ejerce la impugnación". (Sala de Casación Penal)


De lo transcrito se advierte que la alzada, para resolver el fondo del recurso de apelación, invocó normas constitucionales además de acudir a la institución de las nulidades procesales, ya que el recurso de apelación sometido a su conocimiento no cumplía con las formas exigidas en el texto adjetivo penal, y no lo hizo, como explica la misma instancia superior, porque la Sala Constitucional decidió con posterioridad a la interposición de dicho recurso que debía tramitarse conforme a las normas del Código Orgánico Procesal Penal.

            Por ello, el órgano jurisdiccional de alzada consideró que para conocer el fondo del recurso debía anular de oficio la sentencia recurrida, al no encontrarse dicha actuación adaptada a las exigencias del Código Orgánico Procesal Penal.

Enfatizándose que, contrario al criterio de la corte de apelaciones, el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 435 del Código vigente para entonces) prevé el derecho a recurrir “con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”.

Constituyendo la razón de tal exigencia que la corte de apelaciones debe pronunciarse respecto de las denuncias planteadas, por cuanto los puntos impugnados son los que generan inconformidad en el recurrente, y lo legitiman para impugnar un fallo que le desfavorece.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.253 (Miércoles 18 de septiembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 383, mediante el cual se aprueba el «Plan Excepcional de Contrataciones para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa».

Decreto Nº 404, mediante el cual se aprueba el «II Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela».

Decreto N° 405, mediante el cual se establece la Escala de Sueldo para los Funcionarios y Funcionarias Públicos que laboran como Médicos y Médicas al Servicio de la Administración Pública Nacional.

Decreto 406, mediante el cual se nombra al ciudadano Herick Sael Goicochea Gámez, Presidente de la Fundación «Centro de Estudio Biológico Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana» (FUNDACREDESA).

Decreto N° 407, mediante el cual se autoriza la creación de una Comisión Interministerial que se encargará de evaluar y analizar las implicaciones jurídicas de los procesos productivos; los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, así como cualquier otro aspecto que podría generarse con la transferencia de los bienes asociados a los proyectos que en él se mencionan, a la sociedad mercantil «Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (CIEE)».

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.252 (Martes 17 de septiembre de 2013)


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Jhony Fredy Balza Arismendi, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Gobierno de la República Unida de Tanzania, con sede en Nairobi, República de Kenia.

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Héctor Michel Mujica Ricardo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Gobierno de la República Francesa.

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Diego Molero Bellavia, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Jhony Fredy Balza Arismendi, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Gobierno de la República de Ruanda, con sede en Nairobi, República de Kenia.

martes, 17 de septiembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial 40.251 (Lunes 16 de septiembre de 2013)


Sumario

Vicepresidencia de la República

Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Región Guayana

Resolución N° REDIGU 001-2013, mediante la cual se nombra al ciudadano Samuel Alfredo Galvis Buitrago, Coordinador de la Oficina de Gestión Interna de esta Región, así como Cuentadante responsable de la Unidad Central de este Órgano Superior.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resoluciones Nros. 350 y 351, mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, en el Registro Público de los Estados que en ellas se señalan, adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). (Yulice Roldan, Registradora. Edo Portuguesa y Maritza Morales Notaria, Distrito Capital).

Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela

Providencia N° 004-2013, mediante la cual se designa la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros principales y suplentes en las áreas económico-financiera, legal, técnica y secretaria).

lunes, 16 de septiembre de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.250 (Viernes 13 de septiembre de 2013)


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resoluciones Nros. DM/DP 160, DM/DP 161 y DM/DP 162, mediante las cuales se otorga el consentimiento para que las Embajadas que en ellas se mencionan, vendan los inmuebles que en ellas se señalan, construidos en las direcciones que en ellas se especifican. (Embajada del Reino de Bélgica, Urb. Altamira; Country Club y la Embajada del Reino de Noruega en Valle Arriba).

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

SENIAT

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Miguelángel García Fermín, como Gerente de la Aduana Principal de Carúpano, en calidad de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

Acta. (Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Residencias Anauco Suites, C.A).

Decreto número 387, mediante el cual se establece la Escala Especial de Sueldo, aplicable a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Presidencia de la República)


(Gaceta Oficial Nº 40.249 del 12 de septiembre de 2013)

Decreto N° 387 10 de septiembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas Bolivarianas, que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 147 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de la atribución que me confiere, el numeral 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 17, 50 y 66 de la Ley del Estatuto de la Función Policial y el artículo 180 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional con el objeto de garantizar una remuneración justa a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su núcleo familiar las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, propenderá a mejorar progresivamente, su esquema remunerativo, mediante la revisión y actualización del Manual Descriptivo de Cargos y Escala Especial de Sueldos acorde con la labor que prestan,

CONSIDERANDO

Que el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, es un órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que cuenta con un valioso recurso humano que garantizan la calidad, objetividad y transparencia del servicio de policía,

Decreto número 386, mediante el cual se establece la Escala Especial de Sueldo, aplicable a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Presidencia de la República)



(Gaceta Oficial Nº 40.249 del 12 de septiembre de 2013)

Decreto Nº 386 10 de septiembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas Bolivarianas, que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 147 y 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 47, 62, 63 y 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación; y el artículo 180 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional con el objeto de garantizar una remuneración justa a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su núcleo familiar las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, propenderá a mejorar progresivamente su esquema remunerativo, mediante la revisión y actualización del Manual Descriptivo de Cargos y Escala Especial de Sueldos acorde con la labor que prestan,

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.249 (Jueves 12 de septiembre de 2013)


Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 385, mediante el cual se nombra a la ciudadana y al ciudadano que en él se mencionan, como Viceministros de las Áreas que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.- (se reimprime por fallas en los originales). (Mercedes Chacín, Viceministra de Estrategia Comunicacional y Felipe Salvidia, Viceministro de Gestión Comunicacional).

Decreto N° 386, mediante el cual se establece la Escala Especial de Sueldo, aplicable a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Decreto N° 387, mediante el cual se establece la Escala Especial de Sueldo, aplicable a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 311, de fecha 13 de agosto de 2013.-(se reimprime por error de imprenta). (Reimpresión G.O Nº 40.227, mediante el cual se acuerda un crédito adicional.).
CORPOZULIA

jueves, 12 de septiembre de 2013

Comunicado de un grupo de abogados penalistas del Estado Nueva Esparta en relación a la reciente detención de dos profesionales del derecho



(Fuente: www.reporteconfidencial.info)

LA ASUNCION 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013


ASOCIACION DE ABOGADOS PENALISTAS LITIGANTES DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (ASOCAPLENE)

A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

CONSIDERANDO QUE LOS ABOGADOS EN EJERCICIO FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 253 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

CONSIDERANDO QUE EL GREMIO DE ABOGADOS DE ESTA ENTIDAD SE HA VISTO AFECTADO POR LA SITUACION QUE SE HA PRESENTADO CON OCASION A LA DETENCION Y POSTERIOR PRIVACION DE LIBERTAD DE LOS ABOGADOS EFRAIN JESUS MORENO NEGRIN Y HEBERT AISTIGUETA LEMUS.

CONSIDERANDO QUE HABIENDOSE EVALUADO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA DETENCION Y POSTERIOR PRIVACION DE LIBERTAD DE LOS ABOGADOS EFRAIN JESUS MORENO NEGRIN Y HEBERT AISTIGUETA LEMUS SE HA DETERMINADO QUE LAS MISMAS NO SE ENCUENTRAN AJUSTADAS A LA LEY Y AL DERECHO POR ESTAR PLAGADAS DE UNA SERIE DE VICIOS E IRREGULARIDADES QUE DENOTAN UN VIL MONTAJE EN CONTRA DE LOS PRENOMBRADOS PROFESIONALES DEL DERECHO.

CONSIDERANDO QUE DE IGUAL MANERA SE HA DETERMINADO QUE LAS DETENCIONES Y PRIVACIONES DE LIBERTAD DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO ANTES MENCIONADOS OBEDECEN AL SIMPLE CAPRICHO DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO QUIENES EN NINGUN MOMENTO HICIERON USO DE LAS VIAS O CANALES REGULARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD RECURSIVA.

CONSIDERANDO QUE LOS HECHOS ANTES NARRADOS OBECEDEN A LAS CONSTANTES AMENAZAS PUBLICAS REALIZADAS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA, POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO A LOS JUECES, CUANDO ACTUANDO EN APEGO A LAS DISPOCIONES LEGALES Y EN ESTRICTA OBSERVACIA DE LA AUTONOMIA QUE LES DEBE CARACTERIZAR, LOS MISMOS NO SON COMPLACIENTES CON DICHOS FUNCIONARIOS

CONSIDERANDO QUE ESTE TIPO DE CONDUCTA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO HACIA LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA CONSTITUYE A TODAS LUCES UN  EVIDENTE ACTO DE TERRORISMO JUDICIAL LO CUAL INCIDE NOTORIAMENTE DENTRO DE LO QUE CONSTITUYE LAS GARANTIAS ORGANICAS DEL PROCESO PENAL DE LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES.

CONSIDERANDO QUE LA ACTUACION DEL ABOGADO EFRAIN MORENO NEGRIN OBEDECIA AL EJERCICIO LEGITIMO DE LA DEFENSA EN PRO DE SU DEFENDIDO CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 49 DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 1 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, EN EL SENTIDO QUE LA DEFENSA ES INVIOLABLE EN TODO ESTADO Y GRADO DE LA CAUSA, Y QUE LA ACTUACION DEL ABOGADO HEBERT AISTIGUETA LEMUS COMO JUEZ ITINERANTE DE JUICIO OBEDECIO AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION, ASI COMO A LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y A LA OBLIGACION DE DECIDIR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DE LA 26 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y A LOS ARTICULOS 2, 4, Y 6 DE L CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, TODO LO CUAL DENOTA  LA LEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES.

EN FUNDAMENTO A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORMENTE ESTABLECIDOS LA ASOCIACION DE ABOGADOS PENALISTAS LITIGANTES DEL ESTADO NUEVA ESPARTA CONJUNTAMENTE CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA ENTIDAD, LA FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS Y LA DELEGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS REPRESENTADA POR EL DELEGADO REYES MAITA; HEMOS DECIDIDO DECLARARNOS EN EMERGENCIA PERMANENTE EN PRO DE LA DEFENSA DEL GREMIO DE ABOGADOS. EN CONSECUENCIA CONVOCAMOS A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ABOGADOS A LOS SIGUIENTES FINES.

1.-FIJAR POSICION EN CUANTO A LA SITUACION JURIDICA POR LA CUAL SE ENCUENTRAN ATRAVEZANDO LOS PROFESIONALES DEL DERECHO ABOGADOS EFRAIN MORENO NEGRIN  Y HEBERT ARISTIGUETA LEMUS, LA CUAL NOS EFECTA A TODOS LOS AGREMIADOS EN GENERAL

2.-DAR A CONOCER A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL SIN SESGO DE NINGUNA NATURALEZA LA VERDADERA SITUACION JURIDICA REINANTE EN EL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, Y EN ESPECIAL A LA SITUACION ENFRENTADA POR LOS REFERIDOS PROFESIONALES DEL DERECHO, A QUIENES DAMOS NUESTRO TOTAL APOYO Y SOLIDARIDAD.

3.-SOMETER A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LAS PUBLICACIONES DE PRENSA EMITIDAS IRRESPONSABLEMENTE, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL, EN RELACION AL CASO DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EFRAIN MORENO NEGRIN Y HEBERT ARISTIGUETA LEMUS.

EN CUANTO AL PRIMER PUNTO LA ASAMBLEA  DE ABOGADOS  RESOLVIO DE MANERA UNANIME RECHAZAR Y REPUDIAR LA PRIVACION DE LIBERTAD DE LA QUE HAN SIDO OBJETO LOS ABOGADOS EFRAIN MORENO NEGRIN Y HEBERT AISTIGUETA LEMUS, YA QUE LA MISMA ES PRODUCTO DE UN FRAUDE PROCESAL ORQUESTADO POR FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN LA REGION INSULAR EN DETRIMENTO DE LAS NORMAS Y GARANTIAS TANTO DE CARACTER CONSTITUCIONAL COMO LEGALES PROPIAS DEL ESTADO DE DERECHO QUE DEBE PREVALECER EN LA APLICACION DEL DERECHO Y  LA JUSTICIA.

EN CUANTO AL SEGUNDO PUNTO, LA ASAMBLEA DE ABOGADOS RESOLVIO RECHAZAR Y REPUDIAR DE MANERA CATEGORICA, LA INTROMISION ARBITRARIA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES.      

EN CUANTO AL TERCER PUNTO LA ASAMBLEA DE ABOGADOS ACORDO DE MANERA UNANIME RECHAZAR CATEGORICAMENTE LA OPINION MEDIATICA SESGADA, MANEJADA Y MANIPULADA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, TANTO REGIONAL COMO NACIONAL, CON LO QUE TAN SOLO SE BUSCA ESTIGMATIZAR LA REPUTACION DE LOS INVOLUCRADOS, EXPONIENDOLOS AL ESCARNIO PUBLICO, VULNERANDOLES EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, SIN  HABERSE VALIDADO LA VERACIDAD DE LA INFORMACION.

FINALMENTE LA ASAMBLEA RESOLVIO POR UNANIMIDAD:

A) CONVOCAR PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 HORAS DE LA MAÑANA A UNA PROTESTA PUBLICA Y PACIFICA A REALIZARSE FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA CON SEDE EN LA AV. SIMON BOLIVAR DE LA ASUNCION, LA CUAL SE EXTENDERA HASTA LAS INSTALACIONES DEL GOBERNACION DEL ESTADO NUEVA ESPARTA DONDE SERA ENTONADO EL HIMNO NACIONAL Y SERA ENTREGADO UN EJEMPLAR DEL PRESENTE DOCUMENTO CONTENTIVO DE LOS CONSIDERANDO Y RESOLUCIONES DICTADAS.

B) SOLICITAR LA INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL, Y DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL REGIONAL EN SU TOTALIDAD DE MANERA INMEDIATA.

C)  ELEVAR ESTA NOTA DE PROTESTA AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASAMBLEA NACIONAL Y PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COMO ENTIDADES GARANTES DE LA LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO.

D) CREAR COMISIONES EN PRO DE LA DEFENSA A LA LIBERTAD DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EFRAIN MORENO NEGRIN Y HEBERT ARISTIGUETA LEMUS, ASI COMO PARA ORGANIZAR, PROGRAMAR Y PLANIFICAR EL USO DEL DERECHO ALTERNATIVO A TRAVES DE PROTESTAS, PANCARTAS, ASISTENCIA A MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS, RADIALES Y AUDIOVISUALES ENTRE OTROS.

E) CONVOCAR A LA CELEBRACION DE UNA MISA EN HONOR A LA APLICACION DE LA JUSTICIA, ABOGANDO ANTE DIOS, NUESTRO JUSTO JUEZ, POR LA LIBERTAD DE NUESTROS COLEGAS.

F) Y TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE SEAN UTILES Y NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DE LO AQUI RESUELTO.

SE ANEXA A LA PRESENTE LISTADOS DE FIRMAS DE AGREMIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE ABOGADOS CONVOCADA, EN RESPALDO DEL PRESENTE RESUELTO, LAS CUALES QUEDAN EN DEPOSITO.       


Sumario de la Gaceta Oficial número 40.248 (Miércoles 11 de septiembre de 2013)


Presidencia de la República

Decreto Nº 385, mediante el cual se nombra a la ciudadana y al ciudadano que en él se mencionan, como Viceministros de las Áreas que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. (Mercedes Chacín, Viceministra de Estrategia Comunicacional y Felipe Salvidia, Viceministro de Gestión Comunicacional).

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 311, de fecha 13 de agosto de 2013. (Reimpresión G.O Nº 40.227 mediante el cual se decretó un crédito adicional al Presupuesto de Gastos vigente de la Asamblea Nacional, por Bs. 1.256.860.573,00).

Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares

Resoluciones Nros. 000013, 000014 y 000015, mediante las cuales se designa al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. (Luis Marcano, Tibisay Hung y Ángeles Hernández).

miércoles, 11 de septiembre de 2013

CURSO: "XIII Congreso Venezolano de Medicina Forense. Dra. Antonietta De Dominicis M." Universidad Santa María, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2013


Sumario de la Gaceta Oficial número 40.247 (Martes 10 de septiembre de 2013)


Sumario


Asamblea Nacional

Pronunciamiento en memoria del Forjador de la Patria Socialista, guariqueño y político ejemplar William Lara, a propósito de cumplirse el Tercer Aniversario de su sensible Fallecimiento.

Acuerdo en respaldo a la denuncia sobre la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

Acuerdo con motivo de cumplirse 40 años del Golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular del Compañero Presidente Salvador Allende y la Agresión Fascista al Pueblo de Chile.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Ernesto Graterol, como Responsable y Ordenador de Compromisos y Pagos de la Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se indica. (Parlamento Amazónico Código Nº 00010).

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar los Créditos Adicionales que en ellos se mencionan, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos de la Administración Pública, sus Entes adscritos, al Gobierno del Distrito Capital, a los Organismos y Ministerios que en ellos se señalan, por las cantidades que en ellos se especifican. (Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos de la Administración Pública y sus Entes Adscritos Bs. 2.954.512.496,83 y Bs. 3.408.168.500,58; Dtto Capital Bs. 92.542.972,00 y Bs. 278.950.387,00; CNE Bs. 359.500.574,00; TSJ Bs. 501.478.991,00, entre otros).

martes, 10 de septiembre de 2013

Venezuela, como Estado miembro de la OEA, seguirá sujeto a la jurisdicción de la CIDH (Nota de Prensa de la CIDH)

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente la entrada en vigor de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del Estado venezolano. El 10 de septiembre de 2012 el Secretario General de la OEA recibió la nota formal de denuncia, fechada el 6 de septiembre de 2012, por parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 de la Convención Americana, la denuncia surte efecto a partir del 10 de septiembre de 2013, cumplido el preaviso de un año previsto en dicho artículo.

La Comisión reitera su profunda preocupación por el efecto que produce la entrada en vigencia de la denuncia, esto es, que las violaciones a derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013, no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ello va en detrimento de la protección de los derechos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección de sus derechos humanos. La Comisión Interamericana hace un llamado a Venezuela a reconsiderar esta decisión.

Comisión seguirá teniendo competencia en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013

La denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela no afecta la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer asuntos relacionados con Venezuela.


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