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miércoles, 31 de julio de 2013

Resolución que Suspende temporalmente el Permiso de Porte y Tenencia de Armas de Fuego y Armas blancas


(Gaceta Oficial Nº 40.217 del 30 de julio de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA YPAZ N° 275

DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER PARA LA DEFENSA N° 001743

203°, 154° Y 14°

FECHA: 30 DE JULIO DE 2013

RESOLUCIÓN CONJUNTA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la mima fecha y la Ministra del Poder Popular para la Defensa, designada según Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 62, 156 numerales 2, 7 y 33; 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 77 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; artículos 16, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; artículos 1, 2, 5, 15, 16, 26, 58, 75, 78, 82 y 83 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones: artículo 3 numerales 1, 2, 3, 13 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (actualmente Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011; de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 9.086 de fecha 10 de julio de 2012, mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de la misma fecha,

CONSIDERANDO

Que el Estado Venezolano tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana, la paz y el orden interno, así como el bienestar de las personas, sus derechos y propiedades, sean éstos nacionales o extranjeros, en los distintos ámbitos políticos territoriales de la Nación; por lo cual es de suma importancia formular las políticas públicas, estrategias y directrices que sean pertinentes, en aras de regular y coordinar la actuación de los distintos Cuerpos de Policía y demás Organismos de Seguridad Ciudadana en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y dentro de las, políticas del Plan Patria Segura,

Normas Sobre los Procesos de Habilitación, Intervención y Suspensión de los Cuerpos de Policía


(Gaceta Oficial N° 40.217 del 30 de julio de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL MINISTRO

203°, 154° y 14°

FECHA: 30 DE JULIO DE 2013

RESOLUCIÓN

N° 259

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 77 numerales 2, 12 y 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.980 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo establecido en el artículo 7, numerales 2 y 3 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en el artículo 3, numerales 2 y 3 del Decreto N° 8.121 de fecha 20 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (actualmente Relaciones Interiores, Justicia y Paz), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 30.644 de fecha 29 de marzo de 2011; de conformidad con lo previsto en el artículo 18 numerales 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16 y 17; y artículos 27, 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.940 Extraordinario de fecha 7 de diciembre de 2009,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado Venezolano garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, en los distintos Ámbitos polí tico territoriales, mediante la formulación de políticas públicas, estrategias y directrices, a fin de regular, supervisar, controlar y coordinar la actuación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de policías estadales y municipales.

Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR (2013)


(Gaceta Oficial Nº 40.217 del 30 de julio de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR

Artículo Único: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el 19 de enero de 2007

PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominadas "Estados Partes";

VISTO

El Tratado de Asunción, el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR y la Decisión CMC Nº 37/03 "Reglamento del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR".

CONSIDERANDO

Que son necesarias modificaciones al Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, de modo de adecuarlo a las futuras alteraciones en el número de los Estados Partes del MERCOSUR.

Que, para alcanzar el objetivo mencionado, se deberán modificar los artículos 18, 20 y 43 del Protocolo de Olivos y ajustar el Reglamento del Protocolo de Olivos (Decisión CMC Nº 37/03).

Que con el inicio del funcionamiento de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (ST), es necesario efectuar la transferencia a la ST de las tareas referentes a la solución de controversias en el ámbito del MERCOSUR atribuidas a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR por el Protocolo de Olivos.

ACUERDAN lo siguiente: Artículo 1º

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 18 del Protocolo de Olivos "Composición del Tribunal Permanente de Revisión", regirá con la siguiente redacción:

"1. El Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por un (1) árbitro designado por cada Estado Parte del MERCOSUR.

2. Cada Estado Parte del MERCOSUR designará un (1) árbitro titular y su suplente por un período de dos (2) años, renovable por un máximo de dos períodos consecutivos.

3. En la eventualidad de que el Tribunal Permanente de Revisión pase a estar integrado por un número par de árbitros titulares de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo, se designarán un (1) árbitro titular adicional y su suplente, que tendrán la nacionalidad de alguno de los Estados Partes del MERCOSUR, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4º de este artículo.

El árbitro adicional titular y su suplente serán elegidos por unanimidad de los Estados Partes, de una lista a ser conformada por dos (2) nombres indicados por cada Estado Parte en un plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Olivos para el nuevo miembro o a partir de la denuncia de un Estado Parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Protocolo de Olivos.

No lográndose unanimidad, la designación se hará por sorteo que realizará el Secretario de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión entre los integrantes de esa lista, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior.

El árbitro titular adicional y su suplente serán designados por un período de dos (2) años renovables por un máximo de dos (2) períodos consecutivos, a excepción del primer período cuya duración será igual a la duración restante del período de los demás árbitros que integran el Tribunal. Cuando el Tribunal Permanente de Revisión contara con la participación de un árbitro adicional y se produjera la adhesión de un nuevo Estado Parte al MERCOSUR o la denuncia de un Estado Parte, el árbitro adicional y su suplente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de este artículo, ejercerán sus mandatos hasta que sea designado el árbitro del nuevo Estado Parte o hasta que sea formalizada la denuncia del Estado Parte que se retira, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Tratado de Asunción.

4. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para la designación del árbitro adicional y de su suplente.

5. Por lo menos tres (3) meses antes del término del mandato de los árbitros, los Estados Partes deberán manifestarse respecto de su renovación o proponer nuevos candidatos.

6. En caso de que expire el período de actuación de un árbitro que se encuentra entendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en funciones hasta su conclusión.

7. Se aplicará, en lo pertinente, a los procedimientos descriptos en este artículo, lo dispuesto en el artículo 11.2".

Artículo 2°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 20 del Protocolo de Olivos "Funcionamiento del Tribunal" regirá con la siguiente redacción:

"1. Cuando la controversia involucre a dos (2) Estados Partes, el Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. Dos (2) árbitros serán nacionales de cada Estado Parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la Presidencia, se designará mediante sorteo a ser realizado por el Secretario de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, entre los árbitros restantes que no sean nacionales de los Estados Partes en la controversia, excluido el árbitro adicional eventual mente en ejercicio. La designación del Presidente se hará el día siguiente al de la interposición del recurso de revisión, fecha a partir de la cual quedará constituido el Tribunal a todos los efectos.

2. Cuando la controversia involucre a más de dos (2) Estados Partes, el Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por todos sus árbitros en los términos del artículo 18.

3. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para el funcionamiento del Tribunal establecido en este artículo."

Artículo 3º

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 43 del Protocolo de Olivos "Grupo de expertos" regirá con la siguiente redacción:

"1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 42.2 estará compuesto por tres (3) miembros designados por el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos, éstos serán elegidos por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de la lista de expertos a que se refiere el numeral 2º de este artículo. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunicará al Grupo Mercado Común el nombre del experto o de los expertos que hubieren recibido la mayor cantidad de votos. En este último caso, y salvo que el Grupo Mercado Común lo decida de otra manera, uno (1) de los expertos designados no podrá ser nacional del Estado contra el cual se formuló el reclamo, ni del Estado en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del artículo 40.

2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados Partes designará seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestiones que puedan ser objeto del reclamo. Dicha lista quedará registrada en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

3. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente involucradas en el reclamo,"

Artículo 4º

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, se incorpora al Protocolo de Olivos el siguiente texto como artículo 48 bis "Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión":

"El TPR contará con una secretaría denominada Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (ST) que estará a cargo de un Secretario que deberá ser nacional de cualquiera de los Estados Parles del MERCOSUR.

Las funciones de la ST serán reglamentadas por el Consejo del Mercado Común".

Artículo 5º

Las funciones atribuidas a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR por el Protocolo de Olivos en los Capítulos VI a IX y XII, con excepción de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el artículo 45, pasarán a ser cumplidas por la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión.

Artículo 6º

El Consejo del Mercado Común aprobará la adecuación del Reglamento del Protocolo de Olivos en un plazo de sesenta (60) días de la entrada en vigor del presente Protocolo Modificatorio.

Artículo 7º

El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.

La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo Modificatorio, su contenido pasará a ser parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados que en adelante adhieran al Tratado de Asunción, adherirán ipso jure al Protocolo de Olivos modificado por este instrumento. Artículo 8°

Disposición Transitoria

Las controversias iniciadas antes de la entrada en vigor del presente Protocolo Modificatorio continuarán rigiéndose hasta su conclusión por lo dispuesto en la versión original del Protocolo de Olivos, firmado el 18 de febrero de 2002.

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete, en un original en los idiomas portugués y español siendo ambos textos igualmente idénticos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

NÉSTOR KIRCHNER

JORGE TAIANA

POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

LUIZ INÁCIO LUIA DA SILVA

CELSO AMORIM

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

NICANOR DUARTE FRUTOS

RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

TABARE VÁZQUEZ

REINALDO GARGANO

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio dos mil trece. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

Presidente de la Asamblea Nacional

DARÍO VIVAS VELÁSCO

Primer Vicepresidente

BLANCA EECKHOUT

Segunda Vicepresidenta

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Secretario

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ L.

Subsecretario

Promulgación de la Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de julio de dos mil trece. Año 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,

(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ELÍAS JAUA MILANO




Ley Aprobatoria del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR (2013)


(Gaceta Oficial Nº 40.217 del 30 de julio de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Artículo Único: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el "Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay el 9 de diciembre de 2005.


Ley Orgánica del Servicio Exterior (2013)


(Gaceta Oficial Nº 40.217 del 30 de julio de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente,

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR

TÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1

Objeto

El objeto de la presente Ley es regular y organizar el funcionamiento del servicio exterior de la República, para asegurar su política y actuación internacional en función de la soberanía y de los intereses del pueblo; venezolano, con estricta sujeción a los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad.

Artículo 2

Fines

Son fines de la presente Ley, el fortalecimiento de la soberanía nacional promoviendo la conformación de un bloque geopolítica regional y de un mundo multipolar, mediante la di versificación de las relaciones políticas, económicas y culturales del Estado venezolano; de acuerdo con el establecimiento de áreas de interés geoestratégicas y la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos; el respeto a la libertad de pensamiento, religión y sujeción al principio de autodeterminación; desarrollando y fortaleciendo con carácter prioritario la integración latinoamericana y caribeña, con miras a avanzar hacia la creación y sostenimiento de una comunidad de naciones que procuren la defensa de los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.217 (Martes 30 de julio de 2013)

Sumario

Asamblea Nacional

Ley Orgánica del Servicio Exterior.

Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR.

Ley Aprobatoria del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.

Ley Aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR.

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos, Petroquímica y Minera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China.

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano Luis Alberto Crespo, como Embajador, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Acuerdo mediante el cual se levanta la Inmunidad al ciudadano diputado, Richard Miguel Mardo Mardo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y autorizar la continuación del enjuiciamiento con los efectos del Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.216 (Lunes 29 de julio de 2013)



Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 255, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado que se denominará «Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías», adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Decreto N° 256, mediante el cual se nombra al ciudadano Adán Chávez Frías, Presidente Encargado de la Fundación «Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías».

Consejo Federal de Gobierno

Fondo de Compensación Interterritorial

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Mirra Yulmar Coronado, quien se desempeña como Supervisora Regional, para realizar Ad Honorem las funciones de Coordinación en la Unidad Receptora Estadal Aragua, adscrita a la Oficina Técnica de la Región Central 1 de este Organismo.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

martes, 30 de julio de 2013

Procedencia de la norma más favorable en materia de responsabilidad administrativa. Sala Constitucional (Revisión Con Lugar, caso David Uzcáteguí)

La parte actora solicitó la revisión constitucional de la sentencia n° 00642 del 20 de mayo de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el expediente n° 2005-5478 de la nomenclatura de esa Sala, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano David Ricardo Uzcátegui Campins contra la Resolución N° 01-00-000190 del 3 de agosto de 2005, dictada por el Contralor General de la República, que a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-096 del 30 de marzo de 2005, contentiva de la sanción impuesta al recurrente, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco (5) años.

 En tal sentido, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha estatuido que la potestad de revisión es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, si ello contribuye a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”).

Del mismo modo, cabe enfatizar que la solicitud de revisión no se configura como la posibilidad de una nueva instancia de la cual disponen los ciudadanos para fundamentar la misma en los posibles errores de juzgamiento en que incurran los jueces, sino que la misma se constituye como un medio extraordinario y excepcional de control de la Sala sobre la interpretación de principios y normas constitucionales, que atenten de tal modo contra los derechos de los justiciables que hagan factible la revisión y posterior nulidad de la sentencia impugnada.

Efectivamente, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “…una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional…”; por ello, “…en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere…” “…la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘…sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’…”.

lunes, 29 de julio de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.215 (Viernes 26 de julio de 2013)

SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto N° 254, mediante el cual se designa a las ciudadanas que en él se señalan, como Viceministras en las Áreas que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. (Mariely V. Gonzáles, Viceministra de Asuntos Sociales y Mirelys Z. Contreras M., Viceministra de Atención al Privado y Privada de Libertad).

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Rolendio Alfonso Bracho, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, la atribución y firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. (La firma de los contratos de obras, de adquisición de bienes o prestación de servicios; la firma de convenios a suscribirse entre la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación; entre otras).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

INTT
Providencias mediante las cuales se procede al Ajuste del beneficio de Jubilación, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, de este Instituto.- (Véase N° 6.107 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

viernes, 26 de julio de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.214 (Jueves 25 de julio de 2013)



SUMARIO

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo de Celebrarse los 130°Años de la Inauguración del Teatro Baralt de Maracaibo.

Presidencia de la República

Decreto N° 251, mediante el cual se nombra Presidente Encargado de la Fundación «Pueblo Soberano», al ciudadano Antonio José Pérez Suárez.

Decreto N° 252, mediante el cual se nombra a la ciudadana Zulay del Valle Álvarez Piñango, Viceministra de Articulación Social, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Decreto N° 253, mediante el cual se designa a los ciudadanos que en él se mencionan, para ocupar los cargos de Viceministros de las áreas que en él se señalan. (Carlos Rodríguez, Viceministro para las Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Servicios Postales y Francisco Colmenares, Viceministro para el Fortalecimiento de la Ciencia y las Tecnologías).

Vicepresidencia de la República

Encomienda Convenida entre la Vicepresidencia de la República y el Gobierno de Distrito Capital para la Gestión y Administración del Complejo Parque Central de la Ciudad de Caracas.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

jueves, 25 de julio de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.213 (Martes 23 de julio de 2013)


SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto N° 237, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Decreto N° 250, mediante el cual se declara la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, como Capital de la República Bolivariana de Venezuela durante el día 24 de julio de 2013, a los fines de su constitución en Sede del Ejecutivo Nacional, en conmemoración de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resolución Nº 243, mediante la cual se designa al ciudadano Hernán Eduardo Zamora Ludovic, como Presidente (E) de la Junta Directiva de la Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

Resolución Nº 244, mediante la cual se designa a la ciudadana Jennis Arelis Mijares Elizondo, como Presidenta, Encargada del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía, adscrito a este Ministerio.

Resolución Nº 245, mediante la cual se designa a la ciudadana Alis Raquel Boscán de Baptista, como Directora General Ad Honorem de Prevención del Delito, de este Ministerio.

miércoles, 24 de julio de 2013

Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013 (2013)


(Gaceta Oficial Nº 40.212 del 22 de julio de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta

la siguiente,

LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO COMPLEMENTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto definir el monto de endeudamiento en bolívares, que la República podrá contraer mediante Operaciones de Crédito Público por encima del límite máximo previsto en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 2. Se autoriza al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Finanzas para que, durante el Ejercicio Fiscal 2013, ejecute la contratación de Operaciones de Crédito Público, por encima del monto máximo de endeudamiento anual para el Ejercicio Fiscal 2013, destinadas a cubrir las obligaciones por concepto de pago de pensiones y de prestaciones sociales, financiamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el refinanciamiento o reestructuración de la Deuda Pública Nacional, ejecutados por intermediación de órganos o entes que conforman el sector público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, hasta por la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.76.000.000.000,00), o su equivalente en divisas al tipo de cambio oficial que corresponda, de acuerdo con las reglas de registro establecidas en el artículo 16 de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013.

Artículo 3. Del total especificado en el artículo 2 de esta Ley, se contratará para atender las obligaciones relacionadas al pago de pensiones, hasta por la cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 41.264.000.000,00).

Artículo 4. Del total especificado en el artículo 2 de esta Ley, se contratará para el pago de prestaciones sociales, hasta por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.2.686.000.000, 00).

Artículo 5. Del total especificado en el artículo 2 de esta Ley, se contratará para la Gran Misión Vivienda Venezuela, hasta por la cantidad de DIEZ MIL MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 10.000.000.000,00).

Artículo 6. Del total especificado en el artículo 2 de esta Ley, se contratará para el refinanciamiento o reestructuración de la Deuda Pública Nacional, hasta por la cantidad de VEINTIDÓS MIL CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 22.050.000.000,00).

Artículo 7. Se autoriza al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Finanzas para que, durante el Ejercicio Fiscal 2013, ejecute el desembolso de las Operaciones de Crédito Público, para atender las obligaciones relacionadas al pago de pensiones y de prestaciones sociales, así como el financiamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela hasta por la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 53.950.000.000,00).

Artículo 8. La presente Ley no deroga, ni modifica la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, salvo lo referido al límite máximo de endeudamiento anual.

Artículo 9. Se autoriza un crédito adicional al presupuesto de gastos por el monto del desembolso autorizado de conformidad con el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 10. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de 2013. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. Ejecútese,

(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ELÍAS JAUA MILANO

El Ministro del Poder Popular de Planificación, JORGE GIORDANI

El Ministro del Poder Popular de Finanzas, NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ

La Ministra del Poder Popular para la Defensa, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

El Ministro del Poder Popular para el Comercio, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

El Ministro del Poder Popular para Industrias, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, YVÁN EDUARDO GIL PINTO

El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, PEDRO ENRIQUE CALZADILLA

La Ministra del Poder Popular para la Educación, MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

La Ministra del Poder Popular para la Salud, ISABEL ALICIA ITURRIA CAAMAÑO

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS

El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

El Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FIDEL ERNESTO BÁRBARITO HERNÁNDEZ

La Ministra del Poder Popular para el Deporte, ALEJANDRA BENÍTEZ ROMERO

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

El Ministro del Poder Popular para la Juventud, HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL

El Ministro de Estado para la Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, CARLOS ANTONIO ALCALÁ CORDONES

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental, ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos, NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares, CRISTÓBAL NICOLÁS FRANCISCO ORTIZ



La acción mero declarativa de unión concubinaria deberá ser conocida por la jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes cuando existan hijos comunes menores de edad (Sala Plena ratifica su criterio jurisprudencial)

Visto lo anterior, se impone dilucidar cuál es el Tribunal competente para conocer de la presente acción mero declarativa de unión concubinaria, ejercida por la parte actora.
Sobre ese particular, la jurisprudencia de este Máximo Tribunal contempló la competencia de los tribunales civiles para conocer de las acciones mero declarativas de unión concubinaria, cuando estas demandas se suscitaban entre adultos, por considerar que no se afectaban los derechos e intereses de los niños producto de esa relación, cuyo status seguiría siendo el mismo (ver fallos número 39, de fecha 02 de abril de 2008, publicado el 21 de mayo del mismo año y número 79, de fecha 23 de mayo de 2008, publicado el 10 de julio de ese año, ambos de la Sala Plena).
No obstante, ese criterio jurisprudencial fue superado por esta Sala Plena, tal como se aprecia del texto de la decisión número 34, publicada en fecha 7 de junio de 2012, en la cual se estableció lo siguiente:

martes, 23 de julio de 2013

Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (2013)


(Gaceta Oficial Nº 40.212 del 22 de julio de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY ESPECIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1

Objeto

La presente Ley tiene por objeto la prevención, tipificación, sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles,, inhumanos o degradantes, así como la reparación del daño a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos, promoviendo la participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas de estos delitos, en corresponsabilidad con los órganos y entes del Poder Público competentes, en la protección y defensa de los derechos humanos.

Artículo 2

Fundamento constitucional

La presente Ley desarrolla los principios constitucionales sobre el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el deber de toda persona de promover y defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social, y la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos, las funcionarias públicas y las personas naturales, atendiendo al principio de imprescriptibilidad de éstos y a su exclusión de todo beneficio procesal.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.212 (Lunes 22 de julio de 2013)


SUMARIO

Asamblea Nacional

Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013.

Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Richard Alexander Román Romero, Coordinador de Compras de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, en calidad de encargado.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Karelvis Josefina Castillo Torres, Coordinadora de Habilitaduría de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, en calidad ce encargada.

Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano General de Brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez, Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada «Guardia de Honor Presidencial», y se delega la atribución y firma de los actos y documentos que en ellas se señalan. (Unidad Administradora N° 00014, la firma de los contratos de obras, convenios, movimientos de personal, viáticos entre otros).

lunes, 22 de julio de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.211 (Viernes 19 de julio de 2013)


SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto N° 248, mediante el cual se nombra al ciudadano Pedro Alfonso González Salmerón, Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargado, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Decreto N° 249, mediante el cual se nombra al ciudadano Mayor General Luis Eduardo Quintero Machado, Viceministro de Educación para la Defensa, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Manuel Lugo Rivera, Director General de Actividades Presidenciales de este Ministerio, en calidad de encargado.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Leornardo Albornoz Bolívar, Director General de Protocolo Presidencial de este Ministerio, en calidad de encargado.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. (Alfredo B Pardo, Director General de DIGESERVISP y Gumercindo Piña, Director de la Oficina de Centros de Seguridad y Atención de Emergencias 171).

Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano Manuel Gregorio Bernal Martínez, como Presidente Encargado del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), adscrito a este Ministerio, y como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se indica, y se delega las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ellas se especifican. (Certificar copias de documentos, suscribir correspondencia postal, telegráfica y electrónica, aprobar y suscribir contratos, entre otros).

Resolución mediante la cual se designa como integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET), a los ciudadanos y ciudadana que en ella se mencionan. (Hernán Zamora, Presidente; Wendy González, Directora Ejecutiva, Douglas Camero, Director, entre otros).

jueves, 18 de julio de 2013

"Responsabilidad penal subliminal". Por Alberto Arteaga Sánchez


"El afán persecutorio a toda forma de disidencia, apelando a la justicia penal, ha llevado a recurrir a fórmulas de incriminación que conducen al peligroso expediente de pretender determinar la autoría o participación en hechos punibles bajo el alegato del ocultamiento de lo que se quiere y se expresa en palabras percibidas por los sentidos, pero con la referencia a mensajes que estarían dirigidos al subconsciente y que moverían a determinadas acciones criminales.

Lo que pretendería la Fiscalía es hacer posible la imputación a dirigentes políticos por hechos ocurridos el 14-A por llamados a protestar pacíficamente, cuando, a su juicio, o estaban instigando a la violencia o insertaron en su discurso mensajes no percibidos por la esfera consciente pero si por el subconsciente de sus destinatarios, movidos por ello a la acción.

Ya no se trata de imputar y de someter a juicio penal a un adversario por lo que ha ocurrido, en este caso en el ejercicio legítimo de un derecho, sino de pretender perseguirlo y encarcelarlo porque en realidad no dijo lo que dijo, sino que dijo otras cosas por las que debe responder como "ejecutor subliminal".

Se trata de ampliar el espectro de la arbitrariedad y de la sospecha por el hecho cierto de ser crítico a quien detenta el poder y el hecho incierto de haber condicionado el comportamiento de otro.

En materia penal, no responden solo quienes perpetran o ejecutan materialmente un hecho o realizan la conducta (autores materiales), sino que también responden quienes participan instigando al delito (instigadores o mal llamados "autores intelectuales"), pero para ello se requiere que una persona determine a otro a cometer el hecho o haga surgir en él la resolución de llevarlo a cabo, caso en el cual responde el determinador y quien lleva a cabo el hecho, en la medida en que se haya dado una instigación directa, perceptible y eficaz.

Pero según declaraciones del Ministerio Público, no se trataría de una instigación a cometer el hecho por parte de los dirigentes intervinientes, sino de una verdadera "ejecución subliminal" que llevaría a calificar como autores a quienes enviaron los pretendidos mensajes envenenados.

El solo hecho de plantear el alegato de la subliminalidad para hacer posible el juzgamiento de adversarios políticos que serían los autores de los delitos o sus instigadores, implica la responsabilidad por hechos ajenos y el castigo por el ejercicio del derecho a expresarse, en contraposición a la doctrina de la Sala Constitucional, con motivo de la desestimación de denuncias contra el presidente Chávez en razón de la dureza de su lenguaje contra los opositores, bajo el alegato de la libertad de expresión propia de un líder y la necesidad de permitir expresiones que no pueden ser evaluadas "con absoluta independencia del clima y del momento político".

El solo hecho de plantear el argumento de la subliminalidad o de los metamensajes como argumentos para fundamentar la responsabilidad penal del adversario es una desviación autoritaria que amenaza el libre juego democrático".

aas@arteagasanchez.com



 17/07/2013).-

También en el proceso penal ordinario la víctima puede presentar acusación particular propia en caso de omisión fiscal. Sala Constitucional reafirma doctrina del año 2003.

1.- Esta Sala, dentro de su función de exhaustividad constitucional y como garante de la administración de Justicia que es pilar fundamental de la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución, y sin que ello implique ninguna opinión sobre el fondo del asunto, considera propicio traer a colación el criterio establecido en la sentencia N° 3267/2003, según el cual ante la ausencia de acusación por parte del Fiscal, la víctima tiene la potestad de presentar directamente su acusación, criterio este que fue reiterado mediante sentencia vinculante N° 1268/2012.
En tal sentido, la sentencia N° 3267 del 20 de noviembre de 2003 (caso: Francesco Porco Gallina Pulice), estableció lo siguiente:
Ahora bien, en el nuevo proceso penal venezolano, la víctima del delito tiene extremo interés en las resultas del proceso debido a la lesión que recibe; en todo caso, debe dársele un trato igual que al imputado, sobre todo cuando la ley no lo prohíbe, sino que por el contrario lo establece como principio del proceso en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del derecho a la igualdad procesal de las partes como expresión del derecho a la defensa.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 21 y 49, los cuales se corresponden con los artículos 61, 68 y 69 de la derogada Constitución de la República, consagran el principio de igualdad de las partes ante la ley así como el derecho al debido proceso y a la defensa.
El principio de igualdad entre las partes aparece también consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica -aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional, por así disponerlo el artículo 23 del texto fundamental- establece en su artículo 8 lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
En correspondencia con el derecho a la igualdad como expresión del derecho a la defensa y el debido proceso coexiste el derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala, en la sentencia del 10 de mayo de 2001 (Caso: Juan Adolfo Guevara y otros), asentó:
“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles”(resaltado de la Sala).
De allí que, a juicio de la Sala, en el ámbito del derecho procesal penal, los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de los derechos de la víctima, dentro de los cuales se encuentran, tanto los derechos y garantías establecidos en el texto constitucional para todos los ciudadanos, como los derechos específicos que consagra a su favor la ley adjetiva penal, en varias de sus disposiciones normativas, las cuales, en todo caso, deben ser interpretadas de manera amplia y concordada a fin de que se logre la finalidad del proceso y, en definitiva, se garanticen los referidos derechos y garantías constitucionales.
En el presente caso, las víctimas del delito objeto de la investigación estiman violado el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la falta de diligencia del Ministerio Público en presentar el acto conclusivo.
Al respecto, observa la Sala que, el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, establece al Ministerio Público la obligación de procurar dar término a la fase preparatoria del proceso -fase de investigación- con la diligencia que el caso requiera.
Dicha falta de actividad, a tenor de lo previsto en el citado artículo 313, confiere al imputado la posibilidad de requerir al Juez de Control -pasados seis (6) meses de su individualización- la fijación de un plazo prudencial -no menor de treinta (30) ni mayor de ciento veinte (120) días- para la conclusión de la investigación, cuyo vencimiento o el de la prórroga de ser el caso, sin que el Fiscal del Ministerio Público presente la acusación o solicite el sobreseimiento, da lugar al decreto de archivo por parte del Juez de Control -archivo judicial-, el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado.
Ahora bien, no consagra la referida norma -ni ninguna otra disposición de la ley adjetiva penal- que la víctima, ante la inactividad del Ministerio Público de dar término a la investigación, pueda requerir al Juez de Control la fijación de plazo al Ministerio Público, menos aún la sanción en caso de vencimiento del lapso prudencial fijado.
Precisa la Sala que, la falta de previsión al respecto coloca a la víctima en una situación de desigualdad ante la ley y, por ende conculca su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
En efecto, en sentencia del 20 de junio de 2002 (Caso: Tulio Alberto Álvarez) la Sala asentó:
“El artículo 26 de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y a la tutela efectiva de los mismos.
El acceso a la justicia se le garantiza así directamente a toda persona natural o jurídica, mediante el ejercicio de su derecho de acción a través de la demanda, la cual, para ser admitida, debe cumplir determinados requisitos, pero la acción, como llave para mover la jurisdicción, la tienen todas las personas capaces que solicitan justicia, sin necesidad de utilizar intermediarios para ello, a menos que se garanticen una serie de derechos que obliguen al intermediario a actuar.
El artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, con exclusividad, otorgó la acción penal al Estado para que la ejerza a través del Ministerio Público, quien está obligado a ello, salvo las excepciones legales.
Tal exclusividad de ejercicio por parte del Ministerio Público en los delitos de acción pública, no puede desplazar el verdadero interés de la víctima para perseguir penalmente al victimario, lo que logra mediante una serie de mecanismos que le permiten instar y controlar el ejercicio de la acción por parte de su titular; y ello ha sido reconocido por esta Sala, en sentencia de 3 de agosto de 2001 (Caso: José Felipe Padilla). Caso que así no fuere, se estaría infringiendo el artículo 26 Constitucional”(resaltado de la Sala).
Por ello, a juicio de la Sala, dicha falta de previsión legal del Código Orgánico Procesal Penal -que es preconstitucional- estaría limitando los derechos constitucionales consagrados a las víctimas de delitos, a quienes igualmente debe tutelarse el derecho del ejercicio de la acción penal.
En tal sentido, la Sala, en aras de garantizar la vigencia plena de los derechos constitucionales de la víctima, dispone como mecanismo que le permite a la víctima instar y controlar el ejercicio de la acción por parte de su titular -el Ministerio Público- poder requerir al Juez de Control -sólo en los casos en que el Ministerio Público no procure dar término a la fase preparatoria del proceso con la diligencia que el asunto requiera- la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación. Para la fijación de dicho plazo el Juez de Control deberá oír al Ministerio Público y al imputado y tomará en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita garantizar los derechos de las partes. Vencido dicho plazo o la prórroga de ser el caso, la víctima -si se tratare de delitos de acción pública- podrá formular una acusación particular propia contra el imputado. Así se declara. (Resaltado y subrayado de este fallo).

Más recientemente, la referida Doctrina fue reiterada y extendida con carácter vinculante a los procesos iniciados con ocasión a los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante sentencia N° 1268/2012 del 14 de agosto, caso: Yaxmira Elvira Legrand, en la cual se estableció que la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar una acusación particular propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya concluido la investigación dentro de los lapsos establecidos en la ley especial para hacerlo.
Así, la Sala observa que el 24 de febrero de 2007, la víctima acompañada de su abogado, presentó ante el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, solicitud de conformidad con el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal –numeración que corresponde al texto adjetivo vigente para esa fecha- a los fines de que le fuera fijado al Ministerio Público un lapso prudencial para concluir la investigación. Sin embargo, de las copias certificadas consignadas por el accionante y de la diligencia presentada el 18 de diciembre de 2012 se desprende que, para esa fecha aún no se había presentado acto conclusivo ni se había celebrado la audiencia correspondiente para fijar el referido plazo razonable que fuera solicitado por la víctima en el año 2007; imposibilidad ésta que –como se señaló supra- en gran medida se ha debido a la inasistencia tanto del procesado como de su defensor.

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