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jueves, 28 de febrero de 2013

Normas Relativas a la Aplicación y Registro de los Beneficios Netos Originados por la Entrada en Vigencia del Convenio Cambiario N° 14, de fecha 8 de febrero de 2013



(Gaceta Oficial Nº 40.119 del 27 de febrero de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO

RESOLUCIÓN

NÚMERO: 018-13

CARACAS, 27 DE FEBRERO DE 2013

Visto que el 8 de febrero de 2013, el Ejecutivo Nacional representado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y por el Banco Central de Venezuela, emitió el Convenio Cambiario Nº 14, el cual fue publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.108, donde se establece, entre otros aspectos, que a partir del 9 de febrero de 2013 se fija el tipo de cambio en seis bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilésimas (Bs. 6.2842) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6,30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta.

Visto que el 13 de febrero de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.109, la Resolución Nº 13-02-02 del 8 de febrero del presente año, mediante la cual el Banco Central de Venezuela dispuso, entre otros aspectos, que la valoración y registro contable de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, se efectuará al tipo de cambio para la compra establecido en el Convenio Cambiario Nº 14 del 8 de febrero de 2013.

Visto que la actualización del tipo de cambio oficial aplicado en la valoración y registro contable de las posiciones activas y pasivas genera ganancias y/o pérdidas cambiarias por la conversión que reflejan dichas posiciones. Visto que los beneficios netos generados en las instituciones bancarias por la aplicación del tipo de cambio oficial a los títulos denominados en moneda extranjera, representan una ganancia circunstancial y no recurrente; lo que requiere criterios regulatorios particulares para su adecuada aplicación y/o administración.

Resolución Conjunta mediante la cual se crea el Protocolo para el decomiso, incautación y retención, así como la aplicación de los procedimientos para la cadena de custodia, inutilización y destrucción de las armas de fuego, municiones y sus accesorios directos e indirectos, encontradas en los establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional



(Gaceta Oficial Nº 40.119 del 27 de febrero de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO Nº 063

MINISTERIO DEL POFER POPULAR PARA LA DEFENSA

DESPACHO DEL MINISTRO Nº 000304

202º, 153º y 13º

Fecha: 26 de febrero de 2013

RESOLUCION CONJUNTA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 136, 156 numerales 2, 7 y 33; artículos 272 y 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 45 y numerales 1, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículo 4 numeral 16 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; en concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; artículos 3 y 4 numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en concordancia con los artículos 187, 188 y 265 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 2 y 6 de la Ley para el Desarme; lo previsto en el artículo 3 numerales 2, 16 y 19 del Decreto Nº 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de la misma fecha; lo previsto en el Decreto N° 9.806 de fecha 10 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de la misma fecha, mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela

CONSIDERANDO

Que la dinámica de la sociedad impone la necesidad de dictar medidas en materia de seguridad ciudadana necesarias para acelerar la ejecución de las políticas inmediatas de prevención y de control adoptadas en los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, dirigidas a disminuir la incidencia de hechos delictivos y así garantizar la paz, la tranquilidad de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la población en todo el territorio nacional,

CONSIDERANDO

Que el Poder Público Nacional, en sus distintos niveles, tiene la potestad exclusiva de diseñar, desarrollar e implementar los planes, estrategias y procedimientos preventivos, que permiten establecer y mantener el orden interno, la paz y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional,

CONSIDERANDO

Que son potestades para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la coordinación de políticas públicas, planes y acciones conjuntas a fines de garantizar la paz y la seguridad ciudadana,

Resolución Conjunta mediante la cual se suspende la tramitación de las solicitudes de concesión de nuevos permisos para portar armas de fuego en todo el territorio nacional, por el lapso de un (1) año



(Gaceta Oficial Nº 40.119 del 27 de febrero de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO Nº 061

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

DESPACHO DEL MINISTRO N° 000302

202°, 153° y 13°

Fecha: 27 de febrero de 2013

RESOLUCIÓN CONJUNTA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 55, 136, 156 numerales 2, 7 y 33; artículos 324 y 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 16, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; artículos 2, 4 y 5 de la Ley para el Desarme, artículo 4 numerales 16 y 11 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; artículo 3 numerales 2, 16 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de la misma fecha, lo previsto en el Decreto N° 9.806 de fecha 10 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de la misma fecha, mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, y de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 041 de fecha 29 de febrero de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.873 de la misma fecha. CONSIDERANDO

Que es deber del Ejecutivo Nacional garantizar el goce de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos y ciudadanas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes,

Revisión Con Lugar por vulneración de la tutela judicial efectiva (Sala Constitucional)


Solicitaron los actores a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia del 5 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declaró i) con lugar la apelación ejercida, ii) nula la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2010, por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; e iii) inadmisible la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por los accionantes contra el ciudadano José Gregorio De Sousa Da Silva.
Al respecto, la sentencia n.º 93 del 6 de febrero de 2001, antes citada, señaló que la facultad de revisión es “…una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional…”, por ello “…en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere…”, así “…la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’…”.
En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, el recurso en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.  

La atribución de uno o varios hechos en la audiencia de presentación constituye un acto de imputación (Sala Constitucional reafirma su doctrina)


Conoce la Sala de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Luisa Moreno, en su carácter de Fiscal (E) Cuadragésima Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra la decisión dictada el 16 de abril del 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra el fallo dictado el 13 de agosto del 2009, y en consecuencia, confirmó la decisión emitida por el Tribunal Tercero en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, que decretó la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada en contra del ciudadano Marcel Faas, en la causa penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de uso de permiso de residencia falso, contemplado en el artículo 326, numeral tercero del Código Penal Venezolano.

El Ministerio Público fundamentó la acción de amparo en la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ante la falta de motivación de la sentencia accionada, a la correcta administración de justicia y al debido proceso, en lo atinente a la declaratoria de nulidad absoluta de la acusación fiscal.

Ahora bien, del estudio de las actas procesales, observa la Sala que el 16 de enero de 2008, el ciudadano Marcel Faas fue presentado ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el cual admitió la solicitud del Ministerio Público de prosecución del proceso a través del procedimiento ordinario, conforme lo disponen los artículos 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y negó la medida de privación de libertad. En tal sentido, en el acta de audiencia se estableció:

“(…) comparece por ante este Despacho, previo traslado de la Oficina de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial, una persona que estando libre de prisión, coacción, apremio y sin juramento alguno, dijo ser y llamarse: MARCEL FAAS, de nacionalidad Holandesa, nacido en fecha 27/06/1974, natural de Ámsterdam-Holland, de 33 años de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio chofer de camiones, titular de la cédula de Identidad N° 84.372.169, hijo de Gonda Faas y Gerard Faas, residenciado en Kometenaurigel 197, Amsterdan-Holland; imputado en la presente causa y fue impuesta de sus garantías constitucionales, contempladas en los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 49 ordinal 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente fue impuesto de las Alternativas a la Prosecución del Proceso contempladas en el Capítulo III, Titulo 1, Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, El Principio de Oportunidad que es a requerimiento del Ministerio Público, Del Acuerdo Reparatorio y la Suspensión Condicional del Proceso. Del mismo modo se impone del Procedimiento Especial por Admisión de los hechos, contemplado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, todo esto a fin de dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 24 de Abril de 2003, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asistido por la Defensora Pública DRA. ELDA SALAZAR, estando presente el Juez Tercero de Control DRA. CELESTINA MÉNDEZ TEXEIRA, el secretario ABG. RAMON DIAMONT, la ciudadana Fiscal Tercera del Ministerio Público del Estado Vargas, DRA. LISBETH RODRIGUEZ y el ciudadano ANTONIO ACKAR, en su condición de intérprete para asistirlo en el idioma Inglés-Castellano.
…omissis…

La declaración judicial de pérdida de interés sólo procederá previa notificación de la actora para que manifieste si permanece su interés en la causa judicial (Sala Constitucional)


La presente solicitud de revisión constitucional tiene por argumento cuestionar la sentencia dictada el 10 de junio de 2010 por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la extinción por decaimiento del interés procesal en el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de SERVINAVE C.A. contra las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales emitida por la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de la Capitanía de Puerto de Maracaibo.
El fundamento principal de la pretensión se circunscribe a señalar que el mencionado Tribunal no procedió previamente a la notificación de la recurrente, como requisito previo antes de proceder a declarar la extinción del proceso.
Al respecto, la Sala observa de la narración del iter procedimental expuesto en el fallo cuestionado, las siguientes actuaciones:
Se inicia este proceso con el escrito y recaudos presentado [sic] en fecha 28 de mayo de 1998 (folios 01 al 50), por ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través del cual los ciudadanos HUMBERTO ROMERO MUCI y PEDRO LUIS MALAVÉ VELÁSQUEZ, titulares de las cédula de identidad Nros. 5.969.584 y 8.438.821, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.739 y 58.458, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente SERVINAVE C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 19 de octubre de 1973, bajo el No. 99, Tomo 10-A; interpusieron recurso contencioso tributario de anulación en contra de las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales, emitida por la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de la Capitanía de Puerto de Maracaibo, que se detallan a continuación:
(omissis)
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como repartidor único, asignó su conocimiento a este Tribunal Superior el 03-06-97, siendo recibido en fecha 06 de julio de 1997 (folio 51), y se le dio entrada mediante auto de fecha 09 de junio de 1997 (folio 52), ordenándose notificar a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y Director de Control de la Navegación Acuática del Ministerio del Transporte y Comunicación, que el décimo (10°) día de despacho siguiente a la consignación de la última de las boletas de notificación acordadas el Tribunal dictaría la decisión prevista en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario, respecto a la admisión o no del recurso.

Sala Consitucional revisa control difuso de la constitucionalidad ejercido por la Sala Político Administrativa y reafirma su criterio acerca de la exacción tributaria municipal en materia de hidrocarburos


Corresponde a esta Sala pronunciarse en revisión de la sentencia que acordó la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del “Código II Comercio 5. VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. 5.3. Distribuidores y Mayoristas de Combustible” contenido en la Ordenanza sobre Patente de Impuesto de Industria y Comercio, Servicios e Índole Similar del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, publicada en la Gaceta Municipal núm. 078 del 21 de diciembre de 2004.
Al respecto, la Sala Político Administrativa acordó la desaplicación de la referida norma con base en lo siguiente: (i) las normas constitucionales determinan que la competencia en materia de hidrocarburos le pertenece en su totalidad al Poder Nacional, incluyendo la potestad tributaria; (ii) la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, aunque no es aplicable para la causa objeto de estudio por razones de irretroactividad, confirma la posición asumida al prohibir de manera expresa en su artículo 211, la exacción de los impuestos tributarios sobre la venta de hidrocarburos que puedan realizar los particulares. Atendiendo ambas premisas, concluyó la imposibilidad de aplicar la exacción municipal a la actividad desempeñada por la sociedad mercantil.
Los aspectos considerados por la Sala Político Administrativa comprenden el objeto del presente estudio a los fines de verificar la pertinencia de la desaplicación. Para ello, esta Sala Constitucional circunscribirá su estudio sobre la base de los siguientes aspectos: (i) la temporalidad en que se dictó la sentencia que propuso la desaplicación y su comparación con los criterios dictados por esta Sala Constitucional, imperantes en su momento; (ii) La pertinencia de considerar el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal como orden normativo y la correlación de dicha norma con la posición asumida por esta Sala en la materia.
En lo concerniente al primer punto, vista la fecha en que se dictó el fallo por parte de la Sala Político Administrativa (7 de noviembre de 2007, publicada al día posterior), determina que dicho mandato debió vincularse con el lineamiento establecido en la sentencia número 1892 del 18 de octubre del 2007, dictada por esta Sala Constitucional, que asentó, con respecto a la exacción tributaria municipal en materia de hidrocarburos, lo siguiente:
“Para la Sala no cabe duda, con base en la Constitución, de que la tributación sobre la industria de los hidrocarburos está reservada al Poder Nacional. Ahora bien, esa reserva a favor de la República, tal como se dejó sentado en los dos apartados previos no deriva ni del artículo 12 ni del numeral 16 del artículo 156 de la Constitución. Además, y a ello se referirán los párrafos que siguen; tal exclusión del poder tributario estadal y local, sólo abarca el caso de las empresas que efectivamente se aprovechen económicamente de los hidrocarburos y no el caso de las empresas que actúen en tal sector, a través de la prestación de servicios, cualquiera que sea la relación jurídica que exista entre ellas y a quienes les preste el servicio.

Revisión de oficio: Inobservancia de las prerrogativas procesales de la República (Sala Constitucional)


Sin embargo, considera esta Sala que no puede permanecer indiferente ante la gravedad de los vicios advertidos en la sentencia objeto de revisión emanada del Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, donde se declaró la confesión ficta de la Oficina Subalterna del Municipio Autónomo Guanare del Estado Portuguesa.
De tal manera, de conformidad con el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 5 numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y congruente con los criterios expuestos en sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corpoturismo) y en sentencia del 24 de febrero de 2006 (Caso: Humberto Enrique Duque Colmenares), por cuanto se detectó la violación del orden público constitucional por ante el Juzgado a quien correspondió el conocimiento del proceso originario, en perjuicio grave de los derechos y prerrogativas de la República, esta Sala Constitucional, procede de oficio a revisar la sentencia dictada  el 6 de abril de 2010, por el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.
            Se considera necesario señalar, que el Registro Inmobiliario es un órgano que forma parte de la Administración Pública Nacional, a su vez, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado -hoy Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)-  el cual es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, que forma parte de la estructura organizativa de la República Bolivariana de Venezuela

Inepta acumulación de pretensiones como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional (Sala Constitucional)


El núcleo esencial del asunto aquí analizado, está configurado por la impugnación de la sentencia dictada, el 18 de junio de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, actuando como primera instancia constitucional, en la cual se declaró inadmisible una solicitud de tutela constitucional, incoada contra las actuaciones de dos (2) órganos del sistema penal, realizadas en el marco del proceso penal seguido al ciudadano Jadalla Charani

Concretamente, la parte actora señaló como agraviantes a los siguientes órganos:

1.- A la Fiscal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

2.- Al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa.

De lo anterior se desprende que la acción sometida a consideración del Tribunal a quo constitucional contenía pretensiones que no podían acumularse, en razón de que la competencia jurisdiccional difería para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes.

Jornada sobre la implementación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. (Organizada por la Caja de Ahorros y Préstamos de los Jueces de Venezuela)



Dirigido a: Jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos e Inspectores de Tribunales, abogados y estudiantes de derecho.

A celebrarse el viernes 1 de marzo de 2013.
Horario: 9:00 p.m. a 4:00 p.m.

Cupo LIMITADO a 50 participantes.

Sede: Av. Francisco de Miranda, edificio Parque Cristal, Torre Oeste, piso 15, oficina 15-3. Municipio Chacao, Estado Miranda.

Costo: Bs. 500,00 por participante. Deberán ser cancelados mediante depósito bancario -en efectivo- en la cuenta corriente de la Caja de Ahorros y Préstamos de los Jueces de Venezuela.

Persona contacto: Katherine López 0212 2857440 / 0414 2394369
Correo electrónico: jueces@cantv.net


PONENTES

Dr. PAUL APONTE RUEDA
Tema: El Juzgamiento del Contumaz de conformidad al Debido Proceso.

Dra. EVELINDA ARRÁIZ HÉRNANDEZ
Tema: Aspectos resaltantes en el Código Orgánico Procesal Penal.

Dr. RAMÓN GARCÍA UTRERA
Tema: Beneficios procesales y fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena.

Dr. FEDERICO FUENMAYOR
Tema: Fundamentos del Código Orgánico Procesal Penal del 2012: Orientación para su interpretación.

Dra. RITA HERNÁNDEZ TINEO
Tema: El juicio oral en el nuevo Código Orgánico Procesal Penal



Ley Aprobatoria del Convenio de Extradición entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa



(Gaceta Oficial Nº 40.118 del 26 de febrero de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY APROBATORIA DEL CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el "Convenio de Extradición entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa", suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 24 de noviembre de 2012.

CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa, en adelante denominados las "Partes".

Inspirados en los principios de Derecho Internacional y con el propósito de estrechar los lazos de cooperación penal, para prevenir y luchar contra el delito en todas sus modalidades;

Han convenido lo siguiente:

Resolución Nº 067, mediante la cual se designa a los ciudadanos que en ella se mencionan como Miembros de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia)



(Gaceta Oficial Nº 40.117 del 25 de febrero de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO

202º, 154º y 14º

Nº 067

CARACAS, 25 DE FEBRERO DE 2013

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto Nº 9.221 de fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.028 de fecha 15 de octubre de 2012, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, en concordancia con lo previsto en el artículo 2º del Decreto N° 7.710 de fecha 05 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.524 de la misma fecha, mediante el cual se transfiere la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles a este Ministerio, y por aprobación del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

RESUELVE

Resolución Nº 001-13, mediante la cual se crea, con carácter permanente, el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos de la Asamblea Nacional, bajo la modalidad de venta o permuta, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan (Asamblea Nacional)



(Gaceta Oficial Nº 40.117 del 25 de febrero de 2013)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

PRESIDENCIA

CARACAS-VENEZUELA

Nº 001-13

ASAMBLEA NACIONAL

El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado DIOSDADO CABELLO RONDÓN, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 27, numerales 1, 9 y 10 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.010 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.952 de fecha 26 de junio de 2012.

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Asamblea Nacional, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, ordenar la enajenación de los Bienes Públicos propiedad de la República que estén bajo su administración.

CONSIDERANDO

Que la enajenación de de los Bienes Públicos bajo la modalidad de venta o permuta, salvo las excepciones contempladas en la Ley, deberá realizarse a través de un procedimiento de Oferta Pública que hará el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos del Órgano o Ente que enajenará el bien. CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, contenidas en la Providencia Administrativa Nº 004-2012, con fecha 23 de octubre de 2012, dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, corresponde a las máximas autoridades de los Órganos y Entes del Sector Público, la creación y conformación del referido Comité de Licitaciones el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.119 correspondiente al día 27 de febrero 2013




Sumario

Asamblea Nacional

Resolución mediante la cual se juramenta la Comisión por la Justicia y la Verdad, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, en representación del Poder Público Nacional, así como el Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos durante el período 1958-1998.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

INE

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Saúl Soto Valdivieso, como Gerente Estadal (Encargado), adscrito a la Gerencia Estadal de Estadística Carabobo, de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Rubén de Jesús Pirela Rodríguez, como Coordinador Nacional de los Comisionados y Comisionadas responsables de los Comandos Estadales de Integración de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, en cada una de las jurisdicciones de cada estado del país.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como Comisionados y Comisionadas responsables de los Comandos Estadales de Integración de la Gran Misión A toda Vida Venezuela, en cada uno de los estados bajo su jurisdicción. (Duoglas Morillo G., Edo. Apure, Luis R. Fernández D., Dtto. Capital, Jairo E. Ramírez, Edo. Zulia, entre otros).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.118 correspondiente al día martes 26 de febrero de 2013




Sumario

Asamblea Nacional

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Comunicación e Información entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina.

Ley Aprobatoria del Acuerdo Complementario en Materia Energética al Acuerdo Marco para la Cooperación y el Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa.

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Consejo Monetario Regional del Sucre Relativos a su Sede, Inmunidades y Privilegios.

Ley Aprobatoria del Convenio de Extradición entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa.

Ley Aprobatoria del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Colaboración, el Intercambio y la Complementación de Experiencias entre el Plan Uruguayo «Ceibal» y el Proyecto Venezolano «Canaima Educativo».

Ley Aprobatoria del Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina en Materia de Salud.

Ley Aprobatoria del Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.117 correspondiente al día lunes 25 de febrero de 2013



Sumario

Asamblea Nacional

Resolución Nº 001-13, mediante la cual se crea, con carácter permanente, el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos de la Asamblea Nacional, bajo la modalidad de venta o permuta, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros principales y suplentes en las áreas Jurídica, técnica, económica financiera y secretario).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y Justicia

Resolución Nº 066, mediante la cual se designa al ciudadano Francisco Vilela Torre, como Director General Encargado de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a la Población, en caso de Emergencias o Desastres.

Resolución Nº 067, mediante la cual se designa a los ciudadanos que en ella se mencionan como Miembros de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. (Alejandro C Keleris B, Alejandro A Fleming C, José D Cabello R, entre otros).

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

ONAPRE

Providencia Nº 06, mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes a Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 600.000).

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

miércoles, 27 de febrero de 2013

Aclaratoria de la sentencia que desaplicó el artículo 314 del COPP 2009 en el caso de la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson (Sala Constitucional)




1.- El presente caso deviene y se circunscribe únicamente a una desaplicación por control difuso de una norma, efectuada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia exclusiva para conocer de los Delitos vinculados con el Terrorismo, Extorsión y Secuestro asociados a Paramilitares o Guerrilla a nivel nacional del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

2.- Cuando se efectúa el control difuso de la constitucionalidad, el juzgado en cuestión no remite todo el expediente a esta Sala, sino solo la sentencia para que resuelva el asunto de estricto derecho que implica el no haber aplicado una norma para que prevalezca la norma constitucional frente a la legal que la contraría, en aras de procurar que la norma constitucional haya sido correctamente interpretada.

3.- La competencia de esta Sala Constitucional en el caso de la desaplicación por control difuso, se limita a un análisis general y abstracto de la constitucionalidad de la norma previamente desaplicada y no de la constitucionalidad y legalidad de la sentencia como tal.

4.- En la revisión del control difuso, la Sala no conoce sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgadacomo tampoco de las medidas de coerción personal y de aseguramiento impuestas, de las pruebas y demás elementos propios del juicio ordinario que corresponde a la jurisdicción penal 

Declarada Sin Lugar demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa sobre una Ley Orgánica de Salud (Sala Constitucional)

"...En primer lugar, visto lo pautado en el artículo 140, último aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la petición efectuada por la parte accionante el 14 de octubre de 2010, declara la presente causa de mero derecho y pasa a emitir sentencia definitiva.

Al efecto, se aprecia que la parte actora fundamentó la presente omisión constitucional en el deber que tenía la Asamblea Nacional, en dictar la normativa necesaria para dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Sexta, que estableció -a su criterio- la obligación de la Asamblea Nacional de legislar en un lapso no mayor de dos años, la salud como un derecho humano, a través de la Ley Orgánica de Salud.

Así las cosas, debe indicarse que en el año 1999, se inició el proceso constituyente, donde luego de las discusiones llevadas a cabo en el seno de la Asamblea Constituyente, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453, Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así, se le dio a Venezuela, una nueva Constitución, que efectivamente es la base de todo el ordenamiento jurídico y, en tal condición, resume en trescientos cincuenta (350) artículos, las disposiciones que sirven para la organización del Estado y para los derechos y garantías fundamentales.

Dentro de este marco, las nuevas premisas constitucionales apuntan hacia un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia dedicado al progreso integral de los venezolanos, con miras a alcanzar el desarrollo humano que les garantice una calidad de vida digna a todos por igual, sobre la base de valores superiores que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e inspiran todo el ordenamiento jurídico.

lunes, 25 de febrero de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.116 correspondiente al día viernes 22 de febrero de 2013




Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 065, mediante la cual se designa al ciudadano Leoncio Enrique Guerra Molina, como Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, de este Ministerio, en calidad de Encargado.

Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela

Providencia Nº JD-002-2012, mediante la cual se delega en la ciudadana María de los Ángeles Lucic Morales, en su carácter de Presidenta de esta Fundación, la firma de los actos y documentos que en ella se indican. (Traspasos presupuestarios hasta por el 10% entre partidas cedentes o receptoras de un mismo o distinto proyecto o categoría equivalente a proyectos o acciones centralizadas).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº ORC.030, mediante la cual se otorga el consentimiento para la supresión del Consulado Honorario del Estado Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de Mérida.

Resolución Nº ORC.031, mediante la cual se da por terminadas las funciones del señor Marcelo Nava Coronel, como Cónsul Honorario del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado Mérida.

viernes, 22 de febrero de 2013

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.115 correspondiente al día jueves 21 de febrero de 2013




Sumario

Asamblea Nacional

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la «Ley sobre el Régimen, Administración y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Distrito Capital», aprobada en sesión del día dieciséis de diciembre de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.868, de fecha 22 de febrero de 2012. (Reimpresión G.O. 39.868 por incurrir en error en el artículo 14).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y Justicia

Resolución mediante la cual se establece la Constitución Formal de Comités Ciudadanos de Control Policial a Nivel Estadal y Municipal.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

SENIAT

Providencias mediante las cuales se declara la nulidad de los Actos Administrativos que en ellas se mencionan, se revocan parcialmente y se ratifican los contenidos de las Resoluciones que en ellas se señalan. (Declarar la Nulidad Absoluta del Administrativo de las Providencias Nros. SNAT/INA/GRA/DAA/2012-006254, SNAT/INA/GRA/DAA/2011-00010508, SNAT/INA/GRA/DAA/2012-00010513, entre otras).

Ministerio del Poder Popular para Industrias

Resolución Nº 009, mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 008, de fecha 31 de enero de 2013, en los términos que en ella se indican. (Reimpresión G.O. 40.103 por incurrir en error en los artículos 1 y 2, referente a la designación de Rose Melkon y la delegación de atribuciones y firmas de actos y documentos).

jueves, 21 de febrero de 2013

Acerca de la técnica de fundamentación del recurso de casación penal (Sala de Casación Penal) (Contiene dos sentencias)


    El recurrente acertadamente apoya la primera denuncia de su recurso, en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal reformado, hoy artículo 452 “eiusdem”, denunciando la infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 173 ejusdem, por parte de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al decidir la apelación hecha contra la sentencia del Juzgado; sin embargo, comete un error al impugnar simultáneamente la sentencia dictada por el tribunal de juicio que condenó al ciudadano OTTO DEL VALLE MARTÍNEZ RAMÍREZ, y la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que al resolver la apelación, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa únicamente en lo que respecta a la falta de aplicación de la atenuante de minoridad, prevista en el numeral 1 del artículo 74 del Código Penal, sin percatarse de que el recurso extraordinario sólo procede en contra de esta última decisión, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresa lo siguiente:

“Artículo 451. Decisiones Recurribles. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral…” (Subrayado de la Sala)

            Por otra parte, la Sala de Casación Penal observa que la presente denuncia, además de estar planteada fundamentalmente en los mismos términos que la formulada ante la Corte de Apelaciones con motivo de la interposición del recurso de apelación, lo cual llama la atención; se dirige a insistir en cuestiones que ya fueron objeto del contradictorio, mediante el análisis de las pruebas.

            Acorde con lo anterior la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia reiterada, ha precisado:

Sala de Casación Penal reitera doctrina sobre la labor de los jueces de segunda instancia y su imposibilidad de analizar, comparar y valorar las pruebas evacuadas durante el juicio oral


Ahora bien, la Sala Penal advierte que la apreciación de las pruebas es un procedimiento procesal que le corresponde al tribunal de juicio, ya que es en el debate oral, donde se obtendrá un exacto conocimiento de las mismas, cumpliéndose de esta forma con los principios de oralidad, publicidad e inmediación. Tal infracción denunciada no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, toda vez que dicha instancia judicial no aprecia ni valora las pruebas evacuadas durante el juicio oral, pues esta es una función exclusiva – como se dijo - de los jueces de juicio, y en base a ellas hará el establecimiento de los hechos.

Al respecto la Sala de Casación Penal en sentencia N°239 de fecha 4 de julio de 2012, señaló lo siguiente:

“… Una vez revisada la motivación de la Corte de Apelaciones, esta Sala estima conveniente insistir, primeramente, en la función que le corresponde cumplir a dicha instancia, en el entendido de que a la misma no le es dable valorar los medios probatorios evacuados durante el juicio, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia pacífica emanada de esta Sala de Casación Penal, pues, la labor de la segunda instancia, consiste en constatar si el razonamiento utilizado por el juzgador de juicio, para emitir tanto un dictamen condenatorio como absolutorio, se corresponde a las reglas de valoración contempladas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. De tal manera, que al no atribuírseles a las Corte de Apelaciones la inmediación respecto de la prueba debatida en juicio, mal puede valorar dichas pruebas con criterios que le sean propios, ni establecer o modificar los hechos probados por la primera instancia…”. (Resaltado de la Sala Penal).

En efecto las Cortes de Apelaciones al resolver el recurso de apelación, deben verificar los alegatos fundados en errores de Derecho cometidos por la primera instancia, por lo que en ninguna circunstancia, pueden analizar, comparar ni valorar pruebas, pues la determinación y análisis de los hechos que se estimen acreditados, le corresponde al Juez de Juicio.
En consonancia con lo anterior, la Sala de Casación Penal en reiterada jurisprudencia ha establecido lo siguiente:
“… las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, las cuales deberán revisar las sentencias de juicio, sólo sobre aquellos aspectos sometidos a su consideración en el recurso de apelación (artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal) y, cuyos efectos de la declaratoria con lugar, señala el artículo 457 ejusdem. Así al conocer del fondo del mismo, la Corte de Apelaciones podrá anular la sentencia impugnada y ordenar la realización de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto al que la pronunció (en el caso de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452 ibídem). En los demás casos, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el caso, con base a las comprobaciones de hecho fijadas por el tribunal de primera instancia, siempre que por exigencias de los principios de inmediación y contradicción no se haga necesario la realización de un nuevo juicio oral y público sobre los hechos. Asimismo podrán rectificar la pena en caso de error en la especie o cantidad de la misma y finalmente, ordenar la libertad del acusado, cuando por efecto del recurso deba cesar la privación de libertad del mismo (artículo 458)…”.

De lo antes expuesto, la Sala de Casación Penal estima que las denuncias interpuestas por el recurrente no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que los vicios atribuidos por el impugnante se refieren a situaciones propias del juicio oral y público, y no a la resolución de la Corte de Apelaciones, situación que infringe el artículo antes mencionado, conforme al cual el recurso de casación se interpondrá en contra de las decisiones de las cortes de apelaciones, en los casos expresamente previstos en dicha disposición, por lo que únicamente se puede denunciar en casación vicios atribuidos al tribunal de alzada.

No obstante, en el presente caso el recurrente no explicó por qué en su criterio la Corte de Apelaciones incurrió en errónea interpretación de los artículos 557 y 586 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente ni cuál es la obscuridad o ambigüedad de la norma que hagan presumir la errónea interpretación de los señalados artículos antes mencionados; por consiguiente la Sala considera que lo procedente es desestimar por manifiestamente infundado, el recurso de casación interpuesto por el ciudadano ALFONSO BALLESTAS LOAIZA en su carácter de Defensor Privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide


http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Febrero/033-14213-2013-C12-382.html


Reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que crea contribución especial por precios extraordinarios y precios exhorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos


(Gaceta Oficial Nº 40.114 del 20 de febrero de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO Nº 8.807 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY QUE CREA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR PRECIOS EXTRAORDINARIOS Y PRECIOS EXORBITANTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS

PRIMERO. Se modifica la denominación del Decreto Nº 8.807 con Rango, Valor y Fuerza de Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos en la forma siguiente:

LEY QUE CREA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR PRECIOS EXTRAORDINARIOS Y PRECIOS EXORBITANTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS

SEGUNDO. Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:

Artículo 2

Finalidad

Los recursos derivados de las contribuciones especiales previstas en la presente Ley se utilizarán, preferentemente, para garantizar el financiamiento de las grandes misiones creadas por el Ejecutivo Nacional, así como en proyectos de infraestructura, vialidad, salud, educación, comunicaciones, agricultura, alimentos y en general para el desarrollo del sector productivo nacional, entre otros.

TERCERO. Se modifica el artículo 3 en la forma siguiente:

Artículo 3

Definición de precios extraordinarios

A los efectos de esta Ley, se entenderá que son precios extraordinarios aquellos cuyo promedio mensual de las cotizaciones internacionales de la cesta de hidrocarburos líquidos venezolanos, sea mayor al precio establecido en la Ley de Presupuesto del respectivo ejercicio fiscal, pero igual o inferior a ochenta dólares por barril (80 US$/b).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.114 correspondiente al día miércoles 20 de febrero de 2013



 Sumario

Asamblea Nacional

Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.807, con Rango, Valor y Fuerza de Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos.

Acuerdo en reconocimiento a la Victoria del Pueblo Ecuatoriano por la reelección del Camarada Presidente de la República del Ecuador y Líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado, en las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo 17 de febrero de 2013.

Acuerdo en Respaldo a las Medidas Económicas Adoptadas por el Ejecutivo Nacional.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/207-11, mediante la cual se designa al ciudadano Jonathan Delfi Velasco Ramírez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Irak, responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica. (Nº 44111).

Resolución Nº DM/207-18, mediante la cual se designa a la ciudadana Olga Margarita Díaz Martínez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Surinam, responsable de la Unidad Administradora que en ella se señala. (Nº 41110).

Resolución Nº DM/207-24, mediante la cual se designa al ciudadano Rómulo Camilo Henríquez González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de San Cristóbal y Nieves, responsable de la Unidad Administradora que en ella se menciona. (Nº 41317).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.113 correspondiente al día martes 19 de febrero de 2013



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se señalan. (MPP para la Energía Eléctrica, Bs. 953.148.000,00 y Bs. 726.906.177,01; MPP para la Cultura, Bs. 48.000.000,00; MPP para Ciencia, Tecnología e Innovación, Bs. 92.167.856,00 y Bs. 29.320.000,00).

Presidencia de la República

Decreto N° 9.389, mediante el cual se adopta el Estándar de Televisión Digital Japonés identificado como ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial, por sus siglas en inglés), con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil y las que hubieren al momento de su implementación definitiva, para el establecimiento de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la República Bolivariana de Venezuela.

Decreto N° 9.390, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se menciona, correspondiente a recursos ordinarios del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs. 17.249.918,00).

Decreto N° 9.391, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs. 92.167.856,00).

Decreto N° 9.392, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs. 29.320.000,00).

martes, 19 de febrero de 2013

Sala Constitucional declara conforme a la derecho la desaplicación, por control difuso de la constitucionalidad, del artículo 30 de la Ordenanza sobre Patentes de Industria, Comercio, Servicios y Similares del Municipio Maracaibo del Estado Zulia


"...Como premisa del análisis subsiguiente, esta Sala debe reiterar que, tal y como se estableció en sentencia n.º 3.067 del 14 de octubre de 2005, caso: Ernesto Coromoto Altahona”, el artículo 334 de la Constitución atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad del Texto Fundamental, siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo. Dicho mandato se traduce en el deber de ejercer, aún de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver, por esta vía, las disconformidades que puedan generarse en cualquier proceso, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones del Texto Constitucional, debiéndose aplicar preferentemente, ante tal supuesto, las últimas.
En tal sentido, la revisión de las sentencias definitivamente firmes en las cuales se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, conlleva a una mayor protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales, o bien, la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional (Cfr. Sentencia de esta Sala n.° 701 del 18 de abril de 2005, caso: “Wendy Coromoto Galvis Ramos”).
En el presente caso, tenemos que la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, conociendo en apelación, confirmó la sentencia n.° 339-2010 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana el 30 de noviembre de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa Corimon Punturas, C.A., contra la citada Resolución n.° IMT-0041-2005 del 10 de enero 2005, dictada por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (SAMAT). En efecto, la Sala Político Administrativa a través de la decisión objeto de revisión, declaró firme la referida sentencia emanada del Tribunal Superior in comento, en cuanto a la desaplicación que efectuara por control difuso de la constitucionalidad del artículo 30 de la Ordenanza sobre Patentes de Industria, Comercio, Servicios y Similares del citado ente político territorial, que prevé el pago de una contribución especial al Cuerpo de Bomberos de esa municipalidad del cinco por ciento (5%) del monto causado en concepto del tributo sobre actividades económicas ejercidas en el mencionado Municipio.

Reforma Parcial del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras.



(Gaceta Oficial Nº 40.112 del 18 de febrero de 2013)

Decreto Nº 9.386 18 de febrero de 2013

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 10 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros.

NICOLÁS MADURO MOROS

Vicepresidente Ejecutivo de la República

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías Según Decreto N° 9.315 de fecha 09 de Diciembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.077 de fecha 21 de Diciembre 2012, reimpreso en la Gaceta Oficial Nº 40.078 de fecha 26 de diciembre de 2012.

DICTA

La siguiente,

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.112 correspondiente al día lunes 18 de febrero de 2013




Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 9.386, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras. (G.O. Nº 39.713, se modifica el artículo 5, referente a la Empresa de Servicio Especializada).

Decreto N° 9.387, mediante el cual se acuerda una rectificación, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos 2013 de la Vicepresidencia de la República. (Bs. 2.582.438,73).

Decreto N° 9.388, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente a la ejecución del Proyecto «Consolidación de la Capacidad Industrial del Sector Público de Envases Diversos para el Pueblo Venezolano».

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución Nº 007-13, mediante la cual se designa a la ciudadana Rosalina Guerrero Villamarín, como Directora General (E) de Asistencia Social de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 059, mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Alicia Rangel, como Notaria, adscrita a la Notaría Publica Quinta del Municipio Baruta del estado Miranda, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

lunes, 18 de febrero de 2013

Acerca de la comparecencia personal del imputado para nombrar defensor (Sala Constitucional)


"...Observa esta Sala, que la decisión que se impugnó estuvo ajustada a derecho y fue pronunciada por una Corte de Apelaciones con competencia penal, la cual en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales y en actuación dentro de los límites de su competencia, declaró inadmisible la apelación que incoaron los apoderados del ciudadano Gonzalo José Tirado Yépez, contra el fallo que dictó el Juez Sexto de Primera Instancia en funciones de de Control con Competencia Exclusiva en Materia de Terrorismo, Extorsión y Secuestro Asociados Paramilitares o Guerrillas a Nivel Nacional del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto, los apoderados no poseen legitimación activa para recurrir en apelación, ya que no han sido debidamente juramentados ante el tribunal competente, de conformidad con el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de que, para su juramentación como defensores, es necesaria la comparecencia del imputado Gonzalo José Tirado Yépez ante el Tribunal de Primera Instancia; pronunciamiento que, si bien fue contrario a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías constitucionales hoy denunciadas, al tiempo que de los argumentos contenidos en el escrito de amparo sólo se desprende la disconformidad de los accionantes con la decisión impugnada.
Esta Sala Constitucional, en reciente sentencia n.° 578 de 14 de mayo de 2012, caso: Pedro José Torres Ciliberto y otro, en una situación similar a la del presente caso, reiteró su criterio respecto de la necesidad de la presencia del imputado en la oportunidad de la juramentación de sus defensores y, al respecto, expresó:

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