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sábado, 22 de diciembre de 2012

Jueces de Control Municipal designados por la D.E.M. (Listado de jueces "provisorios" y "suplentes")



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura hace saber a los ciudadanos que se nombran a continuación, que han sido designados para los siguientes cargos:

Aragua
MARISOL SANCHEZ CHOURIO   V-6748331          Temporal            EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE JUECES TEMPORALES PARA CUBRIR LAS FALTAS DE LOS JUECES Y JUEZAS CON MOTIVO DE PERMISOS REPOSOS VACACIONES INHIBICIONES Y RECUSACIONES              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

JUAN JOSE LOYO ALTUNA           V-14091503        Provisorio           EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION EN VIRTUD DE LA CREACION DEL REFERIDO TRIBUNAL SEGUN RESOLUCION DE LA SALA PLENA NUMERO 2012-0034 DE FECHA 12-12-2012          TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

PAMELA ANDREA RAMIREZ LONDOÑO                V-18554901        Temporal            EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE JUECES TEMPORALES PARA CUBRIR LAS FALTAS DE LOS JUECES Y JUEZAS CON MOTIVO DE PERMISOS REPOSOS VACACIONES INHIBICIONES Y RECUSACIONES                TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

YULEINY MARISELA ORTEGA AÑEZ         V-15610253        Provisorio           EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION EN VIRTUD DE LA CREACION DEL REFERIDO TRIBUNAL SEGUN RESOLUCION DE LA SALA PLENA NUMERO 2012-0034 DE FECHA 12-12-2012               TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

LIZ ROSSIEL PINEDA GUZMAN  V-16268588        Temporal            EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE JUECES TEMPORALES PARA CUBRIR LAS FALTAS DE LOS JUECES Y JUEZAS CON MOTIVO DE PERMISOS REPOSOS VACACIONES INHIBICIONES Y RECUSACIONES              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

DAYANA LISSETH PEREZ PORRAS             V-13530234        Temporal            EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE JUECES TEMPORALES PARA CUBRIR LAS FALTAS DE LOS JUECES Y JUEZAS CON MOTIVO DE PERMISOS REPOSOS VACACIONES INHIBICIONES Y RECUSACIONES                TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

YTZARINA DEL ROCIO PINTO DIAZ           V-9658222          Temporal            EN SESION DE FECHA 13-12-2012 LA COMISION JUDICIAL ACORDO SU DESIGNACION PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE JUECES TEMPORALES PARA CUBRIR LAS FALTAS DE LOS JUECES Y JUEZAS CON MOTIVO DE PERMISOS REPOSOS VACACIONES INHIBICIONES Y RECUSACIONES                TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL - ARAGUA

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.074 correspondiente al día martes 18 de diciembre de 2012



Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

Resolución mediante la cual se autoriza el Traspaso Interno del Crédito Presupuestario de este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 75.000,00).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Kenny José Valez Silva, como Directora General Encargada de la Dirección General de Agrosoporte Físico y Servicios de este Ministerio.

CIARA

Providencia mediante la cual se le otorga el beneficio de Jubilación por Derecho al ciudadano Ángel Alfonso Martínez Garrido.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Resolución N° 3819, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación en Historia, como el proceso mediante el cual se ejecuta el proyecto educativo que conduce al otorgamiento del título de Licenciada o Licenciado en Historia.

Resolución N° 3820, mediante la cual se reconoce los estudios conducentes al Título de Pregrado de Arquitecto, conferido por el Instituto Superior Politécnico «José Antonio Echeverría», en la República de Cuba, a la ciudadana Tatiana Bytchkova.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

Resolución N° 074, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el ejercicio económico financiero 2013.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.073 correspondiente al día lunes 17 de diciembre de 2012




Sumario

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Resolución Nº 057-12, mediante la cual se designa al ciudadano José Luis Lecuna Bello, Coordinador de Compras de la Dirección General de Administración de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resoluciones mediante las cuales se confiere la condecoración Orden Francisco de Miranda, en las clases que en ellas se especifican, a los ciudadanos que en ellas se indican. (Segunda Clase «Percusor» y Tercera Clase «Oficial»).

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

Resolución Nº 203-12, mediante la cual se acuerda la liquidación de la empresa Inversiones Credival, C.A.

SENIAT

Providencia Nº SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2012-E 014397, mediante la cual se autoriza al ciudadano Adonay Beltrán Torres, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa Truparca Aduanas y Transportes, C.A., en las operaciones que en ella se señalan. (Operaciones de Importación, Exportación y Tránsito).

Providencias Nros. SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015851, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015849, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-01584, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015848, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015847, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015846, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-015845, mediante las cuales se revoca la autorización a la Firma Personal y a las sociedades mercantiles que en ellas se mencionan, para actuar como Agentes de Aduanas en las operaciones que en ellas se indican. (Intercontinental Aduanera, S.A; Representaciones Carenero; Aduanera Grace, C.A. y Aduanera Blanchirre, C.A, entre otros)

lunes, 17 de diciembre de 2012

El juez al advertir un litisconsorcio pasivo necesario en la causa puede integrar de oficio la relación jurídico procesal. Nuevo criterio.(Sala de Casación Civil)


"...En el presente caso, la Sala evidencia el quebrantamiento de las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa de las partes, el cual se materializó por dos motivos: 1) haber declarado el juez de alzada inadmisible la demanda por no estar debidamente conformada la relación procesal, lo cual constituye un aspecto atinente a la forma y al trámite, el cual por ser el director del proceso está facultado para subsanar, y 2) por no haber sido dictado auto de admisión de la reconvención planteada en la contestación de la demanda, en lesión del derecho defensa del reconvenido.

En relación con el primer particular –acerca de la inadmisibilidad de la pretensión por no estar debidamente conformada la relación procesal- esta Sala estima necesario plantear una serie de reflexiones acerca de la institución de la legitimación a la luz de los derechos y principios fundamentales como lo son la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.

En cumplimiento de ello, esta Sala considera  imprescindible revisar algunos conceptos como lo son: i) la legitimación en los casos de litis-consorcio necesario, ii) criterios para distinguir entre cualidad en sentido amplio, esto es cuando se emplea como sinónimo de titularidad del derecho reclamado y cuando es una noción atinente al proceso, es decir que pertenece estrictamente al orden formal; iii) el alcance y los efectos de la expresión “inadmisibilidad de la pretensión”; iv) los principios constitucionales que informan la institución de la legitimación de la parte; y finalmente v) determinar si el juez puede ab initio advertir y corregir la debida integración de la relación jurídico procesal, esto a los fines de garantizar el adecuado desenvolvimiento del proceso hasta obtener una sentencia de mérito, conforme  lo exigen las normas constitucionales y legales.   

En este sentido, es preciso destacar que es una regla de aceptación general, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que cuando alguna parte en juicio, deba estar integrada por una pluralidad de sujetos, sea la parte actora o demandada, o se esté ante un supuesto de litis-consorcio necesario, bien activo o pasivo, la falta o ausencia en juicio de alguna de tales sujetos, genera una falta de legitimación de esa parte, que impedirá que se dicte una sentencia eficaz y por consiguiente desprovista de efectos jurídicos.

Ello es así, ya que ante tal supuesto, la sentencia no habría sido pronunciada frente a todos aquellos sujetos de derecho ante quienes necesariamente debe dictarse la decisión para producir eficazmente sus efectos jurídicos y, por otra parte, en vista de que se habría desconocido el derecho de defensa, de las personas ausentes que deben integrar el litis-consorcio necesario.

                   Lo cierto es que si no se atiende tal extremo, y no se integra debidamente el litis-consorcio, la sentencia que se dictara devendría “inutiliter data”, esto es, inoperante de efectos jurídicos.

                   Una vez mencionado lo anterior, es preciso estar atento de no confundir cualidad en sentido amplio susceptible de ser tratada como titularidad -esto en el plano sustantivo-, con la legitimidad como una noción atinente al proceso, es decir, cuando esta se inserta en el campo de este último.

 Efectivamente, tal distinción resulta fundamental, toda vez que cuando se está en presencia de la legitimidad en el terreno procesal, no puede tratarse unívocamente como un título de derecho, sino como lo sugiere el maestro Loreto, como un juicio de identidad lógica entre la persona que intenta o contra quien se intenta la acción, y aquella persona a quien por mera hipótesis o en sentido abstracto la Ley atribuye la facultad de estar en juicio, ya como actor o ya como demandado, para formular una pretensión mediante demanda.
   
La determinación en cada caso concreto, de la persona a quien la Ley atribuye esa facultad de estar en juicio “legítimamente” y frente a la cuales pueda ser dictada una sentencia, equivale a establecer la legitimación en la causa o cualidad.

Sala de Casación Civil advierte que en donde "...el juez observe que puedan resultar afectados los intereses de la República con motivo de un proceso judicial, no debe ser acordada la reposición en forma automática, pues lo procedente en derecho es decretar la suspensión de la causa, para ordenar la notificación del procurador para permitirle expresar su voluntad de intervenir o no en el proceso, y en correcta aplicación de los principios y postulados constitucionales y criterio jurisprudencial invocados, sólo podría ser acordada la reposición si ello fuese solicitado por el propio representante del Estado..." (Casación de Oficio)


"...Las formas procesales regulan la actuación del juez y de los intervinientes en el proceso, para mantener el equilibrio entre las partes y el legítimo ejercicio del derecho de defensa. El incumplimiento de estas formas da lugar a la reposición y renovación del acto, siempre que ello sea imputable al juez y hubiese ocasionado indefensión para las partes o alguna de ellas, lo que debe ser examinado en armonía con la nueva concepción del debido proceso consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe las reposiciones inútiles y el predominio de la consecución de la justicia sobre las formas que regulan el trámite procesal.

Sobre este particular, es oportuno indicar que será inútil o injustificada la reposición, cuando el acto, supuestamente írrito, alcance su fin; caso en el cual, la actuación del juez además de generar un desequilibrio en el proceso, ocasiona a un retardo procesal que contraría los principios de economía y celeridad procesal, perjuicios estos que en definitiva atentan contra el debido proceso.

En ese sentido, queda claro que siendo el juez el director del proceso, es su deber mantener y proteger los derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 49 de la Constitución, evitando extralimitaciones, desigualdades o incumplimiento de formalidades esenciales que puedan generar un estado de indefensión a las partes involucradas en el juicio, y tomando siempre en consideración los principios que rigenen materia de reposición y nulidad, acorde con la economía y celeridad procesal que debe reinar en los trámites procesales, en armonía con los cuales es consagrado el requisito de la utilidad de la reposición. Por consiguiente, es imprescindible para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad. (Vid. sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra).

Acorde con lo expuesto, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Los jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”.

En sintonía con ello, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, consagra la importancia del rol del juez como director del proceso, cuando destaca que “Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”.

Consideraciones acerca del archivo fiscal (Sala de Casación Penal)

"...En el asunto bajo examen, la ciudadana ANA MIGUELINA MUENTES DE SANTANA, impugnó a través del recurso de casación el dictamen de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda que resolvió sin lugar la apelación del auto emanado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, el cual determinó la improcedencia de su solicitud en cuanto a la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece el procedimiento a seguir cuando el Fiscal del Ministerio Público no proponga el acto conclusivo de su investigación en el lapso de cuatro (4) meses y su prórroga inicial, establecido en el artículo 79 de la citada ley.
       
         De la revisión de las actas, se plasma en el folio trece (13) de la pieza única del expediente, el decreto de archivo fiscal de la investigación número 15-F2-00548-11 llevada por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, realizado el treinta (30) de septiembre de 2011 dentro del lapso de prórroga inicial (sesenta días) acordado por el tribunal, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actuación fiscal que no constituye un acto definitivo, pues su materialización particularmente evidencia que el resultado de la investigación es insuficiente para presentar formal acusación o el sobreseimiento de la causa penal.

         Por otra parte, se precisa que el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, está enmarcado dentro del Libro Segundo (Del Procedimiento Ordinario), Título I (Fase Preparatoria), Capítulo IV (De los Actos Conclusivos), referido al archivo Fiscal. Indicando textualmente:

“Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada contra el imputado o imputada a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes.  Parágrafo Único: En los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del Estado, o intereses colectivos y difusos, el o la Fiscal del Ministerio Público deberá remitir a el o la Fiscal Superior correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su dictado. Si el o la Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro u otra fiscal a los fines de que prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar”.

         Distinguiéndose que en el ejercicio de  ius puniendi,  el Estado a través del Ministerio Público cuenta con funcionarios investidos de la autoridad de llevar a cabo la investigación, en cuya responsabilidad está la función del ejercicio de la acción penal, encontrándose legalmente facultados para decretar el archivo fiscal, solicitar el sobreseimiento y presentar la acusación respectiva.

Sala de Casación Penal anula de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó la condena del doctor Edmundo Chirinos, al verificar la falta de resolución de una denuncia de apelación



NULIDAD DE OFICIO
           
La Sala de Casación Penal procedió a la revisión pormenorizada del expediente, y observó:

El caso bajo análisis versa sobre el HOMICIDIO INTENCIONAL perpetrado por el ciudadano EDMUNDO JOSÉ CHIRINOS GARCÍA, en perjuicio de la ciudadana ROXANA VARGAS QUINTERO, cuando el sujeto activo del delito tenía más de setenta (70) años de edad.

Al respecto, el artículo 75 del Código Penal, desarrolla:

“Al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena de presidio, sino que, en lugar de ésta y de la de prisión, se aplicará la de arresto, que no excederá de cuatro años”.

            No obstante, esta norma fue desaplicada mediante control difuso de la constitucionalidad por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, alegando:

 “en el caso concreto, así como para cualquier otro en que el sujeto activo haya cometido delitos de violencia de género, los cuales ya hemos dicho equivalen a la vulneración de Derechos Humanos, y que al momento de su comisión el culpable sea mayor de setenta años, por mandato constitucional y en aplicación de los instrumentos internacionales ya citados que tienen el mismo rango, no resulta posible aplicar la regla contenida en el artículo 75 del Código Penal, pues ello comportaría el absurdo de no castigar adecuadamente la conducta lesiva, de cardinal trascendencia a la convivencia pacífica de la sociedad”. (Pieza 21, folio 416).

Sobre dicho planteamiento la defensa denunció en apelación la inobservancia de la norma legal desaplicada, argumentando la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que:

“la infracción denunciada no es susceptible de ser analizada al fondo, por este órgano colegiado, por cuanto…el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25, numeral 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia…atribuyen a la Sala Constitucional la competencia para revisar las sentencias definitivamente firmes dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo y los demás tribunales de la República, en las cuales se desapliquen normas por control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, así como su uniforme interpretación y aplicación. Por lo tanto entrar a examinar el punto de derecho sería invadir competencia no atribuible a esta Corte de Apelaciones y por ende incurrir en un error grave del proceso, limitándose así este Superior Despacho a indicar que el a quo estableció fundamentos en su desaplicación y que corresponde al Máximo Tribunal de la Justicia analizar tales argumentos, en consecuencia la presente denuncia debe ser desestimada por no corresponder a esta Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el conocimiento de la misma”. (Resaltado añadido).

Sala Constitucional "recalifica" solicitud de avocamiento a revisión y acuerda medida cautelar consistente en la suspensión de la orden impartida por la Sala Electoral del T.S.J. dirigida al Rector de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, mediante la sentencia N° 30 del 11 de mayo de 2011, en virtud de la cual “…Se ORDENA al Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que en un tiempo perentorio, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles de la Universidad, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a convocar al Consejo Universitario, para que ese órgano colegiado, dentro del lapso de treinta (30) días hábiles siguientes, reforme y publique el Reglamento Electoral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a fin de ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación..."

"...No obstante lo anterior y sin perjuicio de la existencia de sentencia definitivamente firme en el expediente objeto de la solicitud de avocamiento, esta Sala, en aras del principio pro actione y como garante del derecho de acceso a la justicia de la solicitante, recalifica la solicitud de avocamiento a una revisión constitucional y, conforme a lo establecido en el artículo 25, cardinal 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer de la solicitud. Así se decide.


III
AUTO PARA MEJOR PROVEER

Visto que esta Sala recondujo la solicitud de avocamiento a una de revisión constitucional, del análisis de las actas se observa que no se acompañó a la presente solicitud la totalidad de las actas que conforman el expediente que contiene el recurso contencioso electoral originalmente incoado, las cuales resultan indispensables para emitir el pronunciamiento correspondiente; se ORDENA a la Presidenta de la Sala Electoral de este Alto Tribunal que remita a esta Sala la copia certificada de la totalidad del expediente identificado con el alfanumérico AA70-E-2009-000080, que contiene el referido juicio, dentro del lapso de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto para mejor proveer, todo de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
IV

DE LA MEDIDA CAUTELAR



Finalmente, debe la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por la solicitante y, en tal sentido, advierte que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:

Artículo 130.- En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”.

Sala de Casación Penal rebaja condena, por acreditar el exceso en la defensa, a efectivos castrenses juzgados por el homicidio de mineros ilegales (Casación Con Lugar)


"...De lo cual se evidencia, que aún circunscribiendo los hechos al tipo penal de HOMICIDIO, lejos de la alevosía indicada por el tribunal de primera instancia, operó en realidad un exceso en la defensa por parte de los sujetos activos (miembros de la comisión militar).
Al respecto, debe reafirmarse que el derecho a la defensa y al debido proceso, comprenden la facultad de intervenir en el proceso penal, y a tener la oportunidad de llevar a cabo todas las actividades, diligencias y actuaciones procesales para oponerse a la persecución penal en las diferentes fases procesales. De ahí que, particularmente durante la fase investigativa, el Ministerio Público deberá formular la imputación, y la contraparte, vale decir el imputado, debe ostentar la oportunidad de declarar contra esta imputación, solicitar diligencias que la contradigan, e igualmente exponer y alegar lo concerniente a sus derechos e intereses, a sabiendas que existen evidencias que lo incriminan, las cuales necesitan su atención procesal.  

Y así, una vez culminada esta fase preparatoria, el Ministerio Público propondrá  acusación si obtuvo evidencias suficientes para proponerla, confiriéndosele al acusado en la fase intermedia la oportunidad de oponerse a este acto conclusivo, ante un juez o jueza que controlará dicha acusación desde el punto de vista de la “causa probable”, permitiendo predecir con ello, un inminente juicio oral y público.

Durante el debate se evacuarán las pruebas aportadas con la dirección del juez o jueza, quien regulará el juicio, extrayendo de su realización la verdad, delimitada sobre el fundamento de los elementos examinados y evaluados racionalmente.

En virtud de ello, la tutela judicial efectiva exige contar con jueces y juezas que sean capaces de subsumir los hechos a una norma penal sobre la base de la adminiculación de todos los elementos probatorios evacuados durante el debate oral y público, más allá de lo que se vislumbra como una simple verdad que termina siendo subjetiva.

Tomando como premisa que la prueba es una actividad destinada a revelar la realidad a través de la apreciación jurídica respectiva, distinguiéndose que la prueba penal es pesquisa, indagación en procura de lograr la verdad.

Resolución N° 2012-0034, mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento a nivel nacional, de manera progresiva, de los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control



(Gaceta Oficial N° 40.072 del 14 de diciembre de 2012)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Caracas, 12 de diciembre de 2012

202°y 153°

RESOLUCIÓN N° 2012-0034

El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinantes en la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propugna en nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable, a través del Poder Judicial, forjar la garantía plena de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; para todos sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que intervienen en el campo del conflicto con la ley penal, las víctimas y victimarios, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos en tan sensible materia, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial eficaz, efectiva y para la protección en la diversidad de sus derechos y la preservación de la seguridad jurídica. CONSIDERANDO

Que el 12 de junio de 2012, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, dictó Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, signado bajo el N° 9.042, cuyo texto íntegro fue publicado el 15 de junio de 2012, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el N° 6.078 Extraordinario, con vigencia anticipada de alguno de sus artículos y con vacatio legis en su gran mayoría, cobrando vigor pleno a partir del 01 de enero de 2013.

CONSIDERANDO

Que el mencionado instrumento adjetivo penal, crea los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, respecto de los cuales la creación de ese texto legal señaló en su Exposición de Motivos lo siguiente: "(.) constituye un cambio de fondo del Sistema de Justicia Penal, que se caracteriza por la aplicación de nuevas instancias jurisdiccionales y procedimientos para el conocimiento de los delitos menos graves, cuya pena en su límite superior no exceda de ocho (8) años de privación de libertad, excepto los delitos de mayor impacto social expresamente señalados (.)".

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.072 correspondiente al día viernes 14 de diciembre de 2012



Sumario

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

SENIAT

Providencias mediante las cuales se revoca la autorización a las sociedades mercantiles que en ellas se indican, para actuar como Agentes de Aduanas en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, con carácter permanente, por ante las aduanas en las cuales se encuentran habilitados para actuar. (Consignaciones Litoral C.A.; Aduanera Continental C.A. y Provisional Agente Aduanal C.A, entre otras)

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

INTI

Providencia N° INTi-1660, mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro Manuel Afonso Rodríguez, como Gerente, adscrito a la Oficina de Planificación Estratégica de este Instituto.

Providencia N° INTi-1664, mediante la cual se delega en el ciudadano César Gabriel Briceño Toro, en su carácter de Gerente General de este Instituto, la atribución y firma de los actos y documentos que en ella se indican. (Actualizar pagos de ayudas económicas hasta por 30.000mil Bolívares, dirigir y controlar la preparación del prepuesto anual, emitir y firmar en forma conjunta cheques y transferencias entre otras).

INSOPESCA

Providencia mediante la cual se crea el Comité de Importación y Exportación de Productos Pesqueros y Acuícolas «CIEPPA» permanente de este Instituto.

CVAL, S.A

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Maykell Bills Reyes Zerpa, como Presidente de las Empresas del Estado que en ella se especifican. (Andioriente C.A; Comercializadoras Piedras Blancas C.A; Compañía de Distribución Larense C.A, entre otras).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.071 correspondiente al día jueves 13 de diciembre de 2012



Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 311, mediante la cual se designa a la ciudadana Irma Elena Molero Lizarraga, como Directora General Encargada de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, de este Ministerio.

Resolución Nº 312, mediante la cual se designa al ciudadano Edgar David Delgado Merentes, como Comisionado responsable del Comando Estadal de Integración de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, en el estado Portuguesa.

Resolución Nº 313, mediante la cual se designa a la ciudadana María Virginia Mendoza Maldonado, como responsable de los Proyectos «Fortalecimiento del Servicio de Policía - FISPOL».

INTT

Providencia Nº 124, mediante la cual se delega en el ciudadano Elio Ramón Bellorín Delgado, en su carácter de Gerente (E) de la Gerencia de Registro de Tránsito de este Instituto, la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. (La firma de los documentos necesarios para tramitar la aprobación de solicitudes y entrega de placas identificadas de vehículos automotores, a través de la empresa Horizontes de Vías y Señales, C.A., entre otros).

Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y para la Defensa

Resolución Conjunta Nº 310 y 024967, mediante la cual se establece estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, vehículos y carga, por vía terrestre, con motivo de las Elecciones Regionales 2012, a efectuarse el día 16 de diciembre de 2012.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Resolución N° 152, mediante la cual se prohíbe el Uso de Aplicación de Sustancias de Relleno (Biopolímeros, Polímeros, Siliconas, Colágenos y otros), en tratamientos con fines estéticos. Las sustancias de rellenos que sí obtengan autorización sólo podrán ser utilizadas con fines terapéuticos


(Gaceta Oficial Nº 40.065 del 05 de diciembre de 2012)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Caracas, 29 de noviembre de 2012

202° y 153°

RESOLUCIÓN N° 152

En ejercicio de las atribuciones que son conferidas por el Decreto N° 7436 de fecha 24 de mayo de 2010, publicado en Gaceta Oficial N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial de fecha 09 de junio de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha y en uso de las facultades atribuidas en el artículo 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con los artículos 5, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Salud, artículo 1 de la Resolución SG-822-98 de fecha 27 de noviembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.591 de fecha 3 de diciembre de 1998, este Despacho Ministerial,

CONSIDERANDO

Que la salud es un derecho social fundamental que el Estado debe garantizar como parte del derecho a la vida, mediante la promoción y desarrollo de políticas y planes orientados a elevar la calidad de vida y mantener condiciones sanitarias y recursos asistenciales mínimos para lograr el bienestar colectivo y el acceso a los servicios de protección de la salud,

CONSIDERANDO

Que es deber del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) y del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", garantizar que los productos de uso y consumo humano, así como los establecimientos de salud cumplan con os requisitos necesarios a los fines, de prevenir riesgos a la salud de la población, y que los profesionales de la Salud esté n debidamente registrados en el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

CONSIDERANDO

Que en los establecimientos de salud públicos y privados, así como en Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza, Salones de Cosmetología, Gimnasio, Centros de Adelgazamiento, Centro de Masajes, Spas, Hoteles, ninguno de los productos aplicados como sustancias de relleno como geles o particulados, biopolímeros, polímeros, colágenos (de origen humano y animal), ácido hialúronico (de origen natural, biotecnológico o sintético con fines estéticos), ácido poliláctico, acrilamidas, poliacrilamidas, polimetilmetacrilatos y sus derivados, polivinilpirrilidona y/o sus derivados, parafina, hidroxiapatitas de calcio, silicona y siloxanos, polixiloxanos, dextrano, sephadex, y sus mezclas, entre otras, no han sido evaluados, ni autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), y el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), por lo cual no cuentan con Registro Sanitario en el país. CONSIDERANDO

jueves, 13 de diciembre de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.070 correspondiente al miércoles 12 de diciembre de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo por el sensible fallecimiento del Dr. Leandro Aristiguieta.

Acuerdo con motivo de Conmemorarse el Día Nacional de Guaicaipuro y de los Caciques y Cacicas de la Resistencia Indígena.

Acuerdo con motivo de Conmemorarse el Centésimo Nonagésimo Noveno Aniversario de la Batalla de Araure.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

ONAPRE

Providencias Nros. 291, 292, 293 y 300, mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de los Ministerios que en ellas se señalan, por las cantidades que en ellas se especifican. (MPP de Planificación y Finanzas, Bs. 3.238.217,00; MPP para Relaciones Exteriores, Bs. 4.274.000,00; MPP para Transporte Acuático y Aéreo, Bs. 5.384.741,00; MPP para la Energía Eléctrica, Bs. 13.021.274,00).

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

INTI

Providencias Nros. 1656 y 1659, mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Coordinadores Regionales de las Oficinas Regionales de Tierras de este Instituto, en los estados que en ellas se señalan. (Uriel J. Rodríguez A., en el Edo. Aragua y Jean C. De Sousa. D., Edo. Falcón).

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Resolución N° 155, mediante la cual se designa a la ciudadana Yennys Nahir Landaeta Carizo, como Coordinadora de Administración del Hospital «Dr. Ricardo Baquero González», adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.069 correspondiente al martes 11 de diciembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular de Industrias, por la cantidad que en él se indica. (Bs. 11.658.517,37).

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Gobierno del Distrito Capital para decretar los Créditos Adicionales a su Presupuesto de Gastos vigentes, por las cantidades que en ellos se señalan. (Bs. 48.122.960,80 y Bs. 181.995.251,63).

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para nombrar a las ciudadanas y ciudadanos que en ellos se mencionan, Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República Bolivariana de Venezuela ante los Gobiernos que en ellos se señalan. (José J. Arrúe de P., República de Nicaragua; Alberto E. Castellar P., República Dominicana; Olga M. Díaz M., República de Surinam; entre otros).

Acuerdo con motivo del sensible fallecimiento del Padre Jesuita Acacio Belandria Pulido.

Acuerdo en ocasión de celebrar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013.- (Véase N° 6.088 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 - (Véase N° 6.089 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Sala de Casación Civil admite a trámite solicitud de avocamiento relacionada con la omisión de notificación de la PGR


"...Es oportuno ahora determinar, en relación al cumplimiento del primer requisito para la procedencia de la primera fase del avocamiento, que el mismo es procedente, en razón que la naturaleza del juicio es eminentemente civil, por tratarse de una demanda de resolución por el incumplimiento de dos contratos y los daños y perjuicios, lo cual es materia eminentemente civil, por tanto, su conocimiento concierne a los tribunales ordinarios con competencia civil.
         Respecto al segundo de los requisitos, se observa que las diversas causas cursan ante tribunales de instancia, distintos y de rango inferior a esta Sala, y a las demás Salas de este Máximo Órgano de Justicia, por lo que el mismo se encuentra plenamente satisfecho.
         Una vez constada la existencia de los primeros dos requisitos que se ha determinado son concurrentes y obligatorios, corresponde en este estado determinar si el resto de los requisitos exigidos para la procedencia del avocamiento, en relación a las causas antes enumeradas, los cuales son de cumplimiento alternativo, se encuentran presentes en la solicitud bajo análisis.
         Al respecto, se ha dispuesto que en el tercer requisito deba verificarse si se trata “…de una caso de manifiesta injusticia, o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia”.
         En relación al cuarto requisito, se ha establecido que en el juicio cuya avocación se peticiona exista un desorden procesal de tal magnitud que exija la intervención de la Sala, siempre que se advierta que, bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones.

martes, 11 de diciembre de 2012

Fase de Ejecución en el Sistema de responsabilidad penal del adolescente: Derecho del sancionado a permanecer cerca de su núcleo familiar (Sala de Casación Penal)


"...En el presente caso, el Tribunal de Juicio de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, previa admisión de los hechos, sancionó al adolescente F.H.C. (cuya identidad se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) al cumplimiento de la medida de privación de libertad por el lapso de un (1) año.

El dieciocho (18) de julio de 2012, el Tribunal de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, declinó la competencia para conocer la causa en uno del Estado Delta Amacuro, en virtud de la petición hecha por la representante legal del adolescente, y su defensa. Ello con fundamento al cambio de residencia de la madre del adolescente junto con sus familiares hacia el Estado Delta Amacuro.

En este sentido, el Tribunal de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, planteó el conflicto de no conocer, y argumentó que la representante legal del sancionado tiene su residencia en el Estado Monagas, pretendiéndole delegar la asistencia del adolescente a otro familiar.

          Debiéndose precisar que la fase de ejecución del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, es la encargada tanto del control como del seguimiento de las medidas orientadoras de la conducta, y persigue el desarrollo pleno de las capacidades del sancionado a través de la adecuada convivencia  familiar, procurando el juez o jueza en todo momento dar cumplimiento a los fines educativos de la sanción, con estricta sujeción a los medios más eficaces que faciliten la  integración social.

Inadmisibilidad de la solicitud de "regulación" de competencia en materia penal


"...La ciudadana abogada LINA ELENA DUPUY RODRÍGUEZ, solicitó ante esta Sala de Casación Penal la regulación de competencia en la causa que se le sigue a sus representados ciudadanos LENIN ANTONIO BARRIOS PIÑERO, ADONIS WILFRED COLINA BARÓN, JOSÉ FERNANDO SANTELIZ CORTÉZ y JUAN BAUTISTA MELÉNDEZ MARCHÁN, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por considerar que dicha instancia judicial es incompetente, por el territorio, por cuanto los hechos atribuidos a los acusados ocurrieron en la población de Manzanita del Estado Lara, y posteriormente aprehendidos en el sector La Vaquera, vía Nuarito, sentido el Diamante, Municipio Simón Planas de la referida entidad.

Ahora bien, la materia de regulación de competencia se encuentra prevista en la sección VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, la cual contiene un extenso articulado para su tramitación en los casos en que se solicite la regulación de la jurisdicción o de la competencia. Esta institución tal como lo expresa la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, funciona por una parte, como medio para resolver los problemas de competencia y como sustituto de la apelación ordinaria a que están sometidas las decisiones sobre competencia que dicten los Tribunales de la República.

No requiere esta solicitud, la coexistencia de dos decisiones contradictorias pronunciadas sobre la competencia por dos jueces distintos, ni la pendencia ante jueces diversos de dos causas idénticas o conexas, tal como lo establece el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil; lo que se exige como presupuesto es una sentencia que se haya pronunciado sobre la competencia.

Ha de observarse, que el Código Orgánico Procesal Penal, no nos remite al Código Procesal Civil, como sí lo hacía el Código de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 20, para aquellos asuntos en los que había vacíos y puntos dudosos cuando esas normas podían ser aplicadas y no se oponían a aquéllas relativas a la materia penal.

Revisión Con Lugar por acreditarse el incumplimiento de los deberes del defensor ad litem (Sala Constitucional)

"...En este sentido, la parte actora denunció que dicha decisión incurrió en la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, de su representada, contenidos en los artículos 26 y 257, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, señaló que dicha decisión no aplicó el criterio contenido en la sentencia de carácter vinculante dictada por esta Sala Constitucional el 26 de enero de 2004, n.° 33, caso: Luis Manuel Díaz Fajardo,que trata sobre las funciones y deberes inherentes al cargo de defensor “ad litem”.

Al respecto, esta Sala aprecia que al solicitante en revisión le asiste la razón, porque luego de efectuar la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, así como de la copia certificada de la decisión cuestionada que corre inserta al folio ciento treinta y seis (136) del mismo, se evidencia que el defensor “ad litem” no cumplió con la representación que le atribuye la ley. Sólo se limitó a dar contestación a la demanda sin presentar prueba alguna a su favor o realizar alguna otra actuación atinente a la defensa de los intereses de la demandada La Gran Premiata C.A.

En efecto esta Sala en la decisión n.° 808, del 18 de junio de 2012, caso: Representaciones Agreda & Rojas C.A., citando el criterio contenido en la decisión n.° 33, caso: Luis Manuel Díaz Fajardo, señaló lo siguiente:

Sala Constitucional declara SIN LUGAR la solicitud de “ampliación y rectificación” interpuesta por el ciudadano CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ, en su condición de Magistrado de la Sala de Casación Civil, respecto de la sentencia nº 1701, dictada el 6 de diciembre de 2012

      "...La materia con relación a la cual debe pronunciarse esta Sala, versa sobre una solicitud de “ampliación y rectificación” de su fallo n° 1701, emitido el 6 de diciembre de 2012, con ocasión de la interpretación constitucional del artículo 264 de la Carta Magna, en relación con el planteamiento efectuado por el Magistrado de la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, Carlos Alfredo Oberto Vélez, a los restantes miembros del mismo, en el sentido de que los Magistrados y Magistradas cuyo período constitucional feneciera, debían permanecer en sus cargos hasta tanto fueran designados nuevos Magistrados Principales por parte de la Asamblea Nacional.
En este sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, regula la figura procesal de la aclaratoria en la forma siguiente:
Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, mediante fallo del 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación), esta Sala sostuvo que dicha disposición “regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar”.
En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente, lapso cuya brevedad afianza la mayor certeza que debe existir respecto del contenido y alcances del fallo ya proferido, en respaldo de la seguridad jurídica. En este sentido, se observa que esta Sala dictó el fallo cuya aclaración se requiere el 6 de diciembre de 2012 y la petición de ampliación y rectificación fue instada el día siguiente, de manera que la solicitud fue interpuesta tempestivamente. Así se decide.

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.068 correspondiente al día lunes 10 de diciembre de 2012




Sumario

Presidencia de la República

Decreto N° 9.316, mediante el cual se remueve al grado de Almirante en Jefe, en la categoría de Efectivo, al Almirante Diego Alfredo Molero Bellavia.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº301,mediante la cual se activa el Plan Nacional Integral de Seguridad, Prevención y Atención en Períodos Festivos, Asueto y Vacacional Dispositivo Navidad Segura 2012.

Resolución Nº 304, mediante la cual se establecen los lineamientos para la coordinación, supervisión y ejecución de los Comandos estadales de Integración de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

Resolución Nº 305, mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Endrina Gómez Durán, como Directora General de Derechos Humanos de este Ministerio.

Resolución Nº 306, mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gasto Corriente para Gasto de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 58.025,00).

Resoluciones Nros. 302 y 303, mediante las cuales se designa al ciudadano Leoncio Enrique Guerra Molina, como Director General Encargado del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), adscrito a este Ministerio, y se delega las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ellas se especifican. (Certificación de copias, circulares y comunicaciones, correspondencia postal, telegráfica y electrónica, entre otros).

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.067 correspondiente al día viernes 7 de diciembre de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Resolución N° 016-12, mediante la cual se designa al ciudadano Farith Eduardo Fraija Norwood, como Presidente de la Fundación Editorial de la Asamblea Nacional «Willian Lara».

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

SENIAT

Providencias Nros. SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013951, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013952, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013953, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013954, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013955, SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013957 y SNAT/INA/GRA-DAA-2012-013958, mediante las cuales se revoca la autorización a las sociedades mercantiles que en ellas se señalan, para actuar como Agentes de Aduanas en las operaciones que en ellas se indican. (González Expresos Aduanales, C.A.; Empresa Aduaneros Land, C.A.; Rodriperca, S.R.L.; Aduaneros Ítalo-Venezolanos, C.A.; Servicios Hespa Venezolana, C.A.; S.A. Ven Mex Centro; Aduanera Elebe, C.A.; En las Operaciones de Importación, Exportación y Tránsito).

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Resoluciones Nros. 024939, 024940, 024941 y 024942, mediante las cuales se asciende al Grado de Teniente y Alferes de Navío en categoría de Efectivos, a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan Aspirantes a Oficiales de Tropa del Componente Guardia Nacional Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana integrantes de la promoción Coronel Leonardo Infante.

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

Sumario de la Gaceta Oficial número 40.066 correspondiente al día jueves 6 de diciembre de 2012




Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes del Tribunal Supremo de Justicia y de los Ministerios que en ellos se indican, por las cantidades que en ellos se señalan. (TSJ Bs. 381.411.260,00; MPP para Relaciones Interiores y Justicia Bs. 44.560.000,00 y Bs. 236.377.017,00 y MPP para Ciencia, Tecnología e Innovación Bs. 273.862.017,00).

Presidencia de la República

Decreto N° 9.308, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia de la República el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en los términos que en él se indican.

Decreto N° 9.310, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, para ser transferido a los estados Barinas, Portuguesa y Trujillo. (Bs. 236.377.017).

Decreto N° 9.311, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se especifica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. (Bs. Bs. 44.560.000).

Decreto N° 9.312, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos 2012 del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs. Bs. 273.862.017,00).

Decreto N° 9.313, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Tribunal Supremo de Justicia. (Bs. Bs. 381.411.260,00).

lunes, 10 de diciembre de 2012

Decreto N° 9.308, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia de la República el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en los términos que en él se indican

(Gaceta Oficial N° 40.066 del 6 de diciembre de 2012)

Decreto N° 9.308 05 de diciembre de 2012

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y 236, numerales 2, y 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15, 117 numeral 2° del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 2° del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO
Que es Competencia del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, fijar el número, denominación, organización y competencias de los ministerios y otros órganos de la Administración Pública Nacional, así como sus entes adscritoQue la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental, y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas,

CONSIDERANDO

Que es deber del Ejecutivo Nacional, crear y adecuar la configuración, planificación y coordinación de la gestión pública desplegada por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como de proporcionar los recursos necesarios para garantizar su consolidación y el efectivo cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

DECRETO

Artículo 1°. Se adscribe a la Vicepresidencia de la República, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera.

Artículo 2°. Se ordena que en una futura reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, sea incorporada la adscripción prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 3°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República y el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil doce. Años 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese

(L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo, NICOLÁS MADURO MOROS

La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, NESTOR LUIS REVEROL TORRES

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS

El Encargado del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, RAMÓN ANTONIO YÁNEZ MARRO

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA

La Ministra del Poder Popular para el Comercio, EDMEE BETANCOURT DE GARCÍA

El Ministro del Poder Popular de Industrias, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, MARLENE YADIRA CÓRDOVA

La Ministra del Poder Popular para la Educación, MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES

La Ministra del Poder Popular para la Salud, EUGENIA SADER CASTELLANOS

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS

El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINTT

La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, ELSA ELIANA GUTIÉRREZ GRAFFE

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, CRISTOBAL NICOLÁS FRANCISCO ORTIZ

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS OSORIO ZAMBRANO

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, PEDRO CALZADILLA

El Ministro del Poder Popular ara el Deporte, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, NANCY PÉREZ SIERRA

El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, HÉCTOR NAVARRO DÍAZ

La Ministra del Poder Popular para la Juventud, MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL

El Ministro de Estado para la Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS
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