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viernes, 17 de agosto de 2012

Sala Constitucional establece que las apelaciones -de autos, sobreseimientos, sentencias definitivas- ejercidas en materia de violencia contra la mujer deberán plantearse conforme al lapso de tres (3) días dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

           "...Ahora bien, tomando en cuenta la brevedad en que se funda el procedimiento especial de violencia contra la mujer y que lo diferencia de otros procesos penales, la Sala precisa que las normas aplicables supletoriamente en dicho procedimiento, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto es, las contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, no deben ser traídas a colación cuando contraríen los postulados cardinales del procedimiento especial, toda vez que ello sería contrario a lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las reglas de rigor previstas en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, "Convención De Belem Do Para".
En efecto, la Sala destaca que no es posible aplicar al procedimiento especial de violencia contra la mujer, aquellas normas jurídicas previstas en otros textos normativos que se opongan a la brevedad o rapidez que caracteriza dicho proceso. Esta afirmación, sirve como premisa fundamental para resolver el caso bajo estudio, a saber:
El artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece lo siguiente:
Contra la sentencia dictada en la audiencia oral se interpondrá recurso de apelación ante el tribunal que la dictó y podrá ser ejercido dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del texto íntegro del fallo.
            La anterior disposición normativa establece el lapso para impugnar la decisión definitiva que se dicta al finalizar la audiencia oral y pública de juicio en los procedimientos especiales de violencia de género; sin embargo, no existe ninguna norma en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establezca el lapso para la interposición del recurso de apelación de autos, esto es, de aquellas decisiones que se publican antes de la celebración de la mencionado juicio oral y público o, bien, contra aquellos pronunciamientos dictados en la etapa de ejecución de la pena impuesta en dichos procedimientos especiales.
            Analizados los argumentos del Ministerio Público, la Sala acota, ante la supuesta “laguna” o vacío legal, se ha invocado la aplicación supletoria en el procedimiento especial y por disposición del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el contenido del hoy  artículo 440 (antes artículo 448) del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el lapso de cinco (5) días para interponer el recurso de apelación contra los autos dictados en el proceso penal ordinario. Ahora bien, ese lapso de cinco (5) días señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, que se deben entender como días hábiles, siendo más amplio que el lapso de tres (3) días hábiles siguientes previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para impugnar la sentencia definitiva, de aplicarse dejaría en entredicho la brevedad que caracteriza el procedimiento especial de violencia de género referida supra. Además, y al margen de lo anterior, la Sala acota que toda decisión de sobreseimiento de la causa pone fin al proceso, por lo que el régimen de apelación aplicable sería el de la sentencia definitiva, esto es, el contemplado en el artículo 108 eiusdem.

Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, lo siguiente: 1) que en los procedimientos especiales de violencia contra la mujer, la víctima del delito de violencia física puede presentar, conjuntamente con la denuncia o inmediatamente posterior, ante cualquier órgano receptor de la misma o ante el Ministerio Público, un examen médico expedido por profesionales de la salud que presten servicios en cualquier institución pública o, bien en el caso de que no sea posible, por médicos privados, el cual deberá ser avalado, previa solicitud emitida por el Ministerio Público, por un médico adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y 2) en los procedimiento especiales de violencia contra la mujer, la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar una acusación particular propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya concluido la investigación dentro de los lapsos establecidos en la ley especial para hacerlo.

        "...sostuvo la parte actora, como fundamento de la solicitud de amparo, que el ciudadano Jean Carlos Plaza Legrand fue acusado y el 2 de noviembre de 2010 se celebró la audiencia preliminar ante el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien decretó el sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis“por haber interpuesto el Ministerio Público fuera del lapso legal establecido en el artículo 79 que señala nuestra Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia´ ello por cuanto el escrito de acusación se interpuso en fecha 12/Agosto/2010”.
Que se interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión y la referida Sala Accidental de la Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible, conforme con lo establecido en el artículo 437 literal ´b´ del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis, por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por considerar que la decisión apelada tenía el carácter de sentencia y que la impugnación debió ser ejercida dentro del lapso de tres (3) días, conforme con el contenido artículo 108 de la referida Ley especial.
Que la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones infringió flagrantemente el artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que lo propio era que se aplicara el artículo 447 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis, esto es, que el recurso de apelación debía intentarse dentro de los cinco (5) días hábiles.
Que el mencionado artículo 108 eiusdem está referido a las sentencias dictadas en fase de juicio oral y público, es decir después de celebrada la audiencia oral y pública, y no las proferidas después de la audiencia preliminar.
Que se le cercenaron los derechos a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva y el principio de confianza legítima al Ministerio Público.
Que la Sala Accidental “…aleatoriamente decide admitir selectivos recurso de apelación y al respecto cabe la pena mencionar que en fecha 05/Abril/2011, la misma Sala Accidental en el Asunto N°:CA-1067-11-VCM, resolución N°065-11, admitió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (Fiscalía 135° de Caracas) en contra de la decisión dictada por el mismo Tribunal 5° de Violencia de Caracas, en fecha 02/febrero/2011, la cual decretó el mismo pronunciamiento que fue objeto de apelación por ésta representación fiscal (131°AMC), como lo es el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, decisión que para la Sala Accidental en el recurso interpuesto por quién suscribe fue considerada sentencia definitiva lo que conllevó a declarar inadmisible pues debió ser interpuesto a los 3 días. Sin embargo esa misma Sala Accidental declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por otro despacho fiscal asombrosamente interpuesto en fecha 09/Febrero/2011, es decir, CINCO (5) DIA (sic) HÁBILES después de dictada la decisión, a saber, 02/Febrero/2011, considerándolo admisible”.
Que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no prevé el procedimiento de apelación contra autos por lo que se hace necesario acudir a los artículos 447 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis.
Ahora bien, la Sala, con el objeto de resolver el presente amparo, observa lo siguiente:
El procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como premisa principal la protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde todas las instancias jurisdiccionales. Para el cumplimiento eficaz de dicha protección es necesaria la aplicación de uno de los principios rectores existente en el proceso referido a la celeridad (artículo 8 de la mencionada Ley especial), el cual tiene consonancia con el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, a la existencia de una justicia expedita. En efecto, la justicia expedita conlleva a la pronta protección de las mujeres victimizadas por el efecto de la comisión de un hecho punible, así como la determinación de la responsabilidad penal y el cumplimiento de la sanción, por parte de los ciudadanos que ejecutan el injusto punible contra aquéllas, por lo que se precisa que el procedimiento especial donde se ventila la violencia de género, por ser expedito, se corresponde con una pronta justicia (justicia retardada es justicia denegada), máxime, como ocurre en el caso bajo estudio, donde la resolución de la controversia penal está relacionada con la determinación de la comisión del delito de violencia física, que requiere de una acelerada recolección de evidencias, a fin evitar su desaparición probatoria.
Así pues, el derecho a un juicio expedito contenido en el derecho a la tutela judicial efectiva se circunscribe en el procedimiento especial de violencia de género a la necesidad irrefutable de la adquisición pronta de los medios de prueba que demuestren en forma efectiva la posible comisión de un hecho punible contemplado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo ello con el objeto de determinar, sin obstáculos temporales innecesarios,  la culpabilidad y responsabilidad del sujeto activo del delito para que se cumpla con el deber de proteger en forma integral a las mujeres víctimas de violencia desde todas las instancias jurisdiccionales y resarcir aquellas conductas consideradas como una desviación social sobre la vida de las mujeres, quienes tienen un derecho a vivir sin violencia.
Lo anterior, a juicio de la Sala, deviene igualmente con el deber asumido por el Estado venezolano cuando suscribió y ratificó la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, "Convención De Belem Do Para", que postula, en su artículo 7.b, lo siguiente:

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
(…)
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

Asimismo, es pertinente señalar que la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, con relación al derecho a obtener un juicio expedito, lo siguiente:
Atendiendo a las necesidades de celeridad y no impunidad, se establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, ante un juez o jueza unipersonal para todos los casos, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De modo que, la Sala colige que una de las características fundamentales del procedimiento especial contemplado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la rapidez, brevedad o prontitud de la resolución del conflicto penal que a bien tengan que conocer los juzgados competente por la materia; existiendo, por lo tanto, una diferencia cardinal con el procedimiento penal ordinario, el cual es menos expedito. En los procedimientos especiales de violencia de género prevalece la pronta y necesaria adquisición de elementos probatorios que, en la práctica, tienden a desaparecer en forma inmediata debido a su fragilidad.
Ahora bien, tomando en cuenta la brevedad en que se funda el procedimiento especial de violencia contra la mujer y que lo diferencia de otros procesos penales, la Sala precisa que las normas aplicables supletoriamente en dicho procedimiento, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto es, las contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, no deben ser traídas a colación cuando contraríen los postulados cardinales del procedimiento especial, toda vez que ello sería contrario a lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las reglas de rigor previstas en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, "Convención De Belem Do Para".
En efecto, la Sala destaca que no es posible aplicar al procedimiento especial de violencia contra la mujer, aquellas normas jurídicas previstas en otros textos normativos que se opongan a la brevedad o rapidez que caracteriza dicho proceso. Esta afirmación, sirve como premisa fundamental para resolver el caso bajo estudio, a saber:

miércoles, 15 de agosto de 2012

Texto de la demanda de inconstitucionalidad ejercida por los profesores (UCV) Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello en contra del Decreto del COPP 2012 (Parte IV y final)



Capítulo VII
Derecho de Propiedad
§1
Bases normativas
            La Constitución, en su artículo 115 establece:
« Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.»
            Por su parte, el artículo 116 esiudem dice:
«No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido  ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.»
            De las normas en cuestión, se desprende:
A.      La Constitución garantiza el derecho de propiedad, luego lo ha reconocido.
B.      Las limitaciones al ejercicio de ese derecho son:
*        Las expropiaciones con fines de utilidad público o interés social
*        Confiscaciones sólo cuando hayan sentencias firmes por delitos contra el patrimonio público o por bienes adquiridos por delitos vinculados al narcotráfico.
§2
Disposición inconstitucional
            El COPP establece en su artículo 111, numeral 18, tal como arriba se copió y ahora damos por reproducido, que al Ministerio Público le corresponde solicitar al juez que declare la condición de evadido o prófugo y, asimismo,  que proceda a” dictar medidas definitivas  de disposición sobre los bienes  relacionados con el hecho punible, propiedad del mismo o de sus interpuestas personas.»
                     §3
                     Razones de inconstitucionalidad
            Esta disposición, cuya inconstitucionalidad fue denunciada supra por ser violatoria al derecho de defensa y al derecho a la presunción de inocencia, también es inconstitucional por ser violatoria del derecho de propiedad, por las razones que exponemos a continuación:
                                i.            La “medida definitiva” de disposición del bien constituye el despojo del derecho de propiedad de  ese bien.
                              ii.            De acuerdo con la disposición impugnada no hay ningún procedimiento que le permita al “evadido” o “prófugo” demostrar el origen del bien.
                            iii.            Tal “medida definitiva” no ocurre por vía de expropiación por causa de utilidad pública o interés social, ni tampoco se limita a delitos contra el patrimonio público o vinculados al narcotráfico, que son las únicas excepciones que la Constitución prevé respecto al pleno ejercicio del derecho de propiedad.
                            iv.            En consecuencia, desconoce y violenta la norma constitucional de reconocimiento y garantía del derecho de propiedad.
§3
            En razón de todo lo antes expuesto, nuevamente solicitamos se declare la inconstitucionalidad del artículo 118, numeral 11, del COPP publicado el 15 de junio de 2012.


Texto de la demanda de inconstitucionalidad ejercida por los profesores (UCV) Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello en contra del Decreto del COPP 2012 (Parte III)


Capítulo IV
Derecho de defensa
§1
Bases normativas
            La Constitución venezolana en su artículo 49, al definir el contenido del debido proceso, establece, en primer término, el derecho de defensa en estos términos:
« El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1.                  La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.» (Hemos destacado)

            A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional  y con prevalencia en el orden interno, según lo dispone el artículo 23 constitucional, dispone en el artículo 8º:
« 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.» (Hemos destacado)

§2
Las disposiciones inconstitucionales
            Las disposiciones del COPP viciadas de inconstitucionalidad por violación al derecho de defensa son las siguientes:

1
            ARTÍCULO 111, numeral 18[1] (Atribuciones del Ministerio Público):
«Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal:
            1 … (omissis)…
            18.- Solicitar al tribunal competente declare la ausencia del evadido o prófugo sobre el que recaiga orden de aprehensión y que proceda a dictar medidas definitivas  de disposición sobre los bienes  relacionados con el hecho punible, propiedad del mismo o de sus interpuestas personas.»

Texto de la demanda de inconstitucionalidad ejercida por los profesores (UCV) Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello en contra del Decreto del COPP 2012 (Parte II)


Capítulo II
Reserva Legal (II)
§1
Bases normativas
            En la oportunidad de regular las leyes orgánicas, nuestra Constitución establece en su artículo 203, encabezado:  «Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.» (Destacados fuera del original)
            Damos por reproducidas las disposiciones constitucionales antes citadas contenidas en el Capítulo I, especialmente las contenidas en los artículos  156: 32; 187,1; 203; 138 y 139 de la Constitución.
            Igualmente, damos por reproducido el contenido de la ley habilitante del 17 de diciembre de 2010.
§2
La inconstitucionalidad por el contenido
1
            La Constitución vigente diseña el modelo de proceso en su artículo 49, dentro del marco del debido proceso, en el cual inserta un conjunto de derechos fundamentales:
¨      Defensa y asistencia jurídica.
¨      Tiempo y medios adecuados para la defensa.
¨      Ser notificado.
¨      Acceso a las pruebas.
¨      Recurrir-
¨      Presunción de inocencia.
¨      Ser oído con las debidas garantías y en un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad al hecho.
¨      Derecho a intérprete cuando no se pueda comunicar de manera verbal.
¨      Ser juzgado por jueces naturales y no ser procesado por tribunales de excepción o por comisiones creadas a tal efecto.
¨      Conocimiento de la identidad del juez.
¨      No ser obligado a confesar o declarar contra sí mismo, cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
¨      Non bis in idem.|
          Los mencionados derechos conforman un auténtico modelo de proceso                (judicial o administrativo), porque determinan los derechos del sub júdice ante el Estado en su sede judicial o administrativa en el ejercicio de su función procesal, y, asimismo, sienta las condiciones básicas para la organización del sistema público procesal. Es decir, reconoce el modelo constitucional del proceso y los derechos humanos como los fundamentos orgánicos del sistema de justicia, tanto judicial como administrativo.
          Estos principios, que en su conjunto constituyen el sistema de las garantías judiciales son, a la vez, requisitos y principios de interpretación de las reglas internas (Conf. Román Duque Corredor, La influencia del iushumanismo en la constitucionalización del proceso, en XXXVII Jornadas Domínguez Escovar, Constitución, Proceso, Pruebas y Reforma Procesal. P. 17).
            En términos muy similares, con énfasis en el contenido real de las normas, el reconocido penalista Juan Fernández Carrasquilla ha destacado la significación material y alcance del debido proceso en palabras cuya altura no nos eximen de citarlo  in extenso:

Texto de la demanda de inconstitucionalidad ejercida por los profesores (UCV) Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello en contra del Decreto del COPP 2012 (Parte I)


Ciudadana
Presidente y demás magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia
Su Despacho.-

            Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello, venezolanos, casados, abogados en ejercicio, investigadores docentes adscritos al Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, domiciliados en la ciudad de Caracas y titulares de las cédulas de identidad Nos. 3.398.283 y 5.537.410, respectivamente, por medio de la presente ante ustedes concurrimos a fin de interponer mediante el presente escrito, demanda de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal[1] publicado en la Gaceta Oficial No 6.078 Extraordinario del 15 de junio de 2012, que anexamos marcada A., con base en lo dispuesto en los artículos 336, 1º, constitucional, y 25,1º, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los términos que a continuación se exponen:
PREÁMBULO
El conjunto de principios, valores y fines del sistema político-jurídico venezolano que se encuentra plasmado en la Carta Magna obliga a los órganos del poder público, a sus agentes y acciones, y, por supuesto, también a los ciudadanos al reconocimiento de los derechos humanos, como a la asunción del compromiso ético y jurídico de su defensa que la es también de la conformación y configuración de la sociedad y del Estado, en los cuales tales derechos se insertan, se desarrollan  y adquieren significación.
            El sentido de nuestra Constitución se rige por el moderno constitucionalismo. Primeramente, porque acoge los principios básicos del pensamiento ilustrado sobre los cuales se asienta el régimen político democrático, la división de poderes y el reconocimiento de derechos inalienables que, gracias al aporte del garantismo contemporáneo, se les dota de un contenido material conducente a su ejercicio y disfrute efectivo y material.

El lapso para ejercer el recurso de apelación debe computarse desde la última notificación efectuada. Casación Con Lugar. (Sala de Casación Penal)

            "...Así las cosas, la Sala Décima de la Corte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, por cuanto a su criterio, fue interpuesto habiendo transcurrido un lapso superior a los diez (10) días hábiles que prevé el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal y para ello consideró que el lapso en cuestión, comenzó a transcurrir desde el momento en que el Ministerio Público se dio por notificado de la publicación del texto íntegro de la sentencia condenatoria, esto es, el veintiuno (21) de junio de 2011.

Si bien es cierto, el Representante del Ministerio Público se dio por notificado en dicha oportunidad, referida tanto por el Tribunal de Alzada como por el Juzgado en funciones de Juicio, el lapso para interponer el recurso de apelación empezó a transcurrir desde la última notificación de las partes, la cual se verificó en el presente caso, desde el veintiuno (21) de julio de 2011 cuando se impuso al acusado KLEYNNER ANTONIO SANDOVAL PARRA de la sentencia condenatoria dictada en su contra, tal y como lo estableció el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en el cómputo practicado el dieciséis (16) de septiembre de 2011.

En efecto, el lapso para interponer el recurso contra una sentencia definitiva debe computarse a partir de la publicación de la sentencia, no obstante, si el tribunal luego de la publicación ordena la notificación de las partes o habiendo publicado el texto íntegro de la sentencia fuera del lapso legal- como se evidenció en la presente causa-, el tribunal está obligado a notificar a las partes, pues a partir de la última notificación, es cuando comenzará a computarse el lapso para interponer dicho recurso, sin que tal circunstancia constituya un impedimento para que se interpongan los recursos antes de agotarse la notificación de todas las partes en el proceso.

En este orden, se aprecia que la consagración de los recursos dentro del ordenamiento jurídico-penal, tiene un fundamento lógico y jurídico no un mero capricho del legislador para retardar la eficacia y celeridad del proceso, todo ello en virtud de la posible existencia del error judicial del cual no escapa el juez por ser éste un ser humano; por tanto, es un derecho innegable a las partes recurrir de las decisiones judiciales según los términos establecidos en la ley adjetiva penal, mediante los procedimientos de impugnabilidad previstos para tal fin con el propósito de garantizar el derecho a la doble instancia en materia penal.

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.985 correspondiente al día martes 14 de agosto de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se señalan, del Tribunal Supremo de Justicia, de los diferentes Organismos de la Administración Pública, Ordenadores de Pago y sus Entes adscritos y del Gobierno del Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se indican. (MPP de Petróleo y Minería, Bs. 35.172.350,00; MPP para Transporte Acuático y Aéreo, Bs. 219.760.241,16; MPP para Transporte Terrestre, Bs. 134.346.745,44; Tribunal Supremo de Justicia, Bs. 919.017.971,00; MPP para la Defensa, Bs. 77.728.720,72; MPP para el Trabajo y Seguridad Social, Bs. 725.663.523,21; MPP para la Alimentación, Bs.15.485.100, 00; MPP para la Cultura, Bs. 14.783.892,72; MPP para la Salud, Bs. 282.710.840,72; MPP para Ciencia Tecnología e Innovación, Bs. 30.000.000,00; MPP para las Comunas y protección Social, Bs. 17.628.242,00; MPP de Planificación y Finanzas, Bs. 33.934.552,23; MPP para el Servicio Penitenciario, Bs. 13.046.103,08; MPP para Vivienda y Hábitat, Bs. 20.659.058,00; MPP para Transporte Terrestre, Bs.51.844.207,77; MPP de Industrias Bs. 3.810.101,00 y Consejo Federal de Gobierno, Bs. 66.370.831,59; Bs. 19.700.00,00; Bs. 17.261.781,00; Bs. 17.261.781,00 y Bs. 20.850.000,00).

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para nombrar a la ciudadana María Gabriela González Urbaneja, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de Santa Lucia.

Acuerdo en rechazo a las declaraciones injerencistas proferidas por Álvaro Uribe Vélez contra la República Bolivariana de Venezuela.

Presidencia de la República

Decreto N° 9.133, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones definitivas de bienes muebles corporales realizadas por los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente al Programa de Seguridad Social para los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Decreto N° 9.134, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales realizadas por los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, enmarcadas exclusivamente en el Proyecto «Modernización de Radio Mundial».

martes, 14 de agosto de 2012

Sala Constitucional se avoca de oficio a los distintos procesos civiles y penales que involucran a la sociedad mercantil Cenit Records y al ciudadano Hany Khawan y ordena su suspensión, así como la remisión inmediata de los expedientes al TSJ


"...El 13 de agosto de 2012, esta Sala de oficio y de conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que cursan en diversas instancias y en materias distintas, causas incoadas por la sociedad mercantil Cenit Records, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 28 de agosto de 2006, bajo el N° 32, tomo 176-A-Sgdo., representada por el ciudadano Jesús Alberto Kauam Sgambatti, titular de la cédula de identidad N° 9.966.329; así el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se conoce la demanda por resolución de contrato interpuesta por la sociedad mercantil Cenit Records, C.A., contenido en el expediente N° AH1.M2006-000023, pero además cursa ante el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, un juicio en el cual la mencionada sociedad mercantil es la presunta víctima de la supuesta comisión del delito de comunicación pública no autorizada de obras musicales en el grado de continuidad, tipificado en el artículo 119 de la Ley sobre Derecho de Autor, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; en tanto que el 27 de abril de 2010, los abogados Amado Antonio Molina Yépez y Néstor Gustavo Quintero Moncada, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 68.278 y 50.879, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Jesús Alberto Kauam Sgambattiya identificado, interpusieron ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 11 de noviembre de 2009, por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado el 15 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de dicho Circuito Judicial Penal, que absolvió al ciudadano Hany Elías Khawam Rabat, del delito de difamación agravada, con ocasión de la acusación privada intentada por el hoy accionante, alegando la violación de sus derechos constitucionales a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, previstos en los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente (Expediente N° 10-0413).

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Así, esta Sala Constitucional pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones.


ÚNICO

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer del presente avocamiento, en los siguientes términos:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone en el artículo 25 numeral 16, lo siguiente:

“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
16. Avocar las causas en las que se presuma la violación del orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

La normativa adjetiva igualmente establece, que el avocamiento es una potestad de esta Sala Constitucional que bien puede ejercitarse de oficio o a instancia de la parte, por lo que su aplicación se encuentra sometida a un análisis discrecional, cuando hayan elementos reales y de auténtica necesidad, cuya gravedad delimiten la convicción suficiente para adentrarse al estudio y pronunciamiento de una determinada causa, por lo que de configurarse circunstancias de suma necesidad, resultará procedente aplicar esta institución procesal excepcional para la modificación de la competencia (artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Sobre este particular, en decisión 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), se estableció lo siguiente:

“Es de considerar que, la jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia; en consecuencia, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen”.

En atención a la norma antes transcrita y siendo que los asuntos de los cuales esta Sala procede a efectuar el avocamiento, se corresponden con la posible transgresión del orden público constitucional, en el marco de los principios fundamentales que informan el sistema estatutario de derecho público para tutela judicial efectiva, ante la concurrencia de acciones de diversa índole en las cuales se podría estar haciendo uso indebido de los medios jurisdiccionales para la resolución de conflictos, más aún si es posible que las referidas causas se encuentren vinculadas y no consta para esta Sala que los órganos jurisdiccionales competentes asuman los correctivos procesales correspondientes tales como la declaratoria de prejudicialidad y a los fines de descartar y en su caso evitar el posible desorden procesal que se podría generar en los correspondientes juicios, aunado a la posibilidad que se dicten sentencias contradictorias en aras de garantizar los principios de economía procesal, de seguridad jurídica y de justicia, la Sala reitera su sentencia N° 708/2001, conforme a la cual: “…el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean  garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados”.

Sala Constitucional se avoca de oficio a un segundo expediente que cursó ante la Sala de Casación Social con motivo de un recurso de nulidad agrario


El 3 de agosto de 2012, esta Sala de oficio y de conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que el 4 de julio de 2012, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la sentencia N° 743, mediante la cual, se declaró “1°) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte accionante, en contra del fallo emanado del Juzgado Superior Agrario de la  Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en fecha 30 de junio de 2010; 2°) REVOCA la precitada sentencia; 3°) ORDENA al tribunal de la causa revisar todas las causales de inadmisibilidad del recurso propuesto, exceptuando la contenida en el numeral 1 del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y de ser admisible el asunto propuesto, continuar con la sustanciación del mismo”, en el “recurso de nulidad parcial propuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar, por la sociedad mercantil HACIENDA LA CAROLINA C.A., (inicialmente denominada AGROPECUARIA FUNDO DON RAMÓN, C.A.) representada judicialmente por el abogado Rubén Rafael Rumbos Gil, contra el acto administrativo dictado en sesión N° 314-10 de fecha 27 de abril de 2010, por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente por los abogados Jorgeluis Temene Pulido, Yolimar Hernández, Eloym Gil, Sugeidi Coello, Kennelma Caraballo, Gerson Rivas, Robert Orozco, Golfredo Contreras, Francesco Zordan, Elda Tolisano, Carlos Farías, José Rodríguez, Miguel Monsalve, Kary Zerpa, Jorge Narváez, Viggy Inelly Moreno, Eugenio Lainez Soto, Lila del Valle Ruiz, Vicmary Cardozo, Rocío Camacho, Karina Sánchez, Ricardo Cestari, Ivanora Zabala, José Garay, José del Carmen Rodríguez, Anna Veltri, Carmen Fermín, Ysabel Masabe, Miguel Henríquez Valera, Ricardo Laurens, Iveth González, Lisbeth Pérez, Elizabeth Aldana, Luis Gil, Jemima Scata Reveron, en el cual se inicia el procedimiento de rescate por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento del lote de terreno denominado Hacienda La Carolina, ubicada en el Sector Madera, Parroquia Nirgua, Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, con una superficie aproximada de 376,58 hectáreas”.

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Así, esta Sala Constitucional pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones.

ÚNICO

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer del presente avocamiento, en los siguientes términos:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone en el artículo 25 numeral 16, lo siguiente:

“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
16. Avocar las causas en las que se presuma la violación del orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

La normativa adjetiva igualmente establece, que el avocamiento es una potestad de esta Sala Constitucional que bien puede ejercitarse de oficio o a instancia de la parte, por lo que su aplicación se encuentra sometida a un análisis discrecional, cuando existan elementos reales y de auténtica necesidad cuya gravedad delimiten la convicción suficiente para adentrarse al estudio y pronunciamiento de una determinada causa, por lo que de configurarse circunstancias de suma necesidad, resultará procedente aplicar esta institución procesal excepcional para la modificación de la competencia (artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Sobre este particular, en decisión 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), se estableció lo siguiente:

Sala Constitucional se avoca de oficio a expediente de recurso de nulidad agrario que cursó ante la Sala de Casación Social


El 3 de agosto de 2012, esta Sala de oficio y de conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que el 27 de junio de 2012, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la sentencia N° 704, mediante la cual, se declaró “CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por la abogada Illianny Pasarelli Caldera, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL GIGI C.A., contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 16 de noviembre del año 2011. Por consiguiente, ANULA la referida decisión y  ORDENA que el referido Tribunal DICTE sentencia sobre el mérito de la controversia, sin más dilaciones indebidas, y en estricto apego a la normativa venezolana vigente”, en el “recurso de nulidad propuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar, por la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL GIGI C.A., representada judicialmente por los abogados Illianny Pasarelli Caldera y Antonio Brando, contra el acto administrativo dictado en sesión N° 74-07 de fecha 19 de diciembre del año 2007, por el Directorio delINSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente por los abogados Liyuni Sosa, Gerson Rivas, Mónica Oviedo, Robert Orozco, Mauricio Rodríguez, Kennelma Caraballo, Golfredo Contreras, Francesco Zordan, Elda Tolisano, Carlos Farías, Jorge Huerta, José Gregorio Rodríguez, Miguel Monsalve, Yolimar Hernández, Eloym Gil, Kary Zerpa, Bella Freitas, Yauri Márquez, Jorge Narváez, Viggy Moreno, Alfredo Guevara, Jerson Dávila, Sugeidi Coello, Eugenio Lainez, Anybeth Sulbarán, Lila Del Valle Ruiz, Vicmary Cardoza, Andreina Rodríguez, Rocío Camacho, Karina Sánchez, Ricardo Cestari, Fátima Jiménez, Francys Andrade, Ivanora Zavala, Augusto Méndez, José Garay, José Del Carmen Rodríguez, Domingo Marzoa, Anna Veltri, Rita Cabaña, Carmen Fermín, Ysabel Estrella Masabe, José Ruíz, Miguel Henríquez, Ricardo Laurens e Iveth González, que ordenó el rescate y acuerdo de medida cautelar sobre las tierras denominadas Fundo Agropecuaria San Antonio- Ganadería San Antonio, ubicado en el Sector Pueblo Nuevo, Municipio Veroes del estado Yaracuy, con una extensión aproximada de 1.209 hectáreas”.

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Así, esta Sala Constitucional pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones.

ÚNICO

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer del presente avocamiento, en los siguientes términos:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone en el artículo 25 numeral 16, lo siguiente:

“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
16. Avocar las causas en las que se presuma la violación del orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

La normativa adjetiva igualmente establece, que el avocamiento es una potestad de esta Sala Constitucional que bien puede ejercitarse de oficio o a instancia de la parte, por lo que su aplicación se encuentra sometida a un análisis discrecional, cuando hayan elementos reales y de auténtica necesidad, cuya gravedad delimiten la convicción suficiente para adentrarse al estudio y pronunciamiento de una determinada causa, por lo que de configurarse circunstancias de suma necesidad, resultará procedente aplicar esta institución procesal excepcional para la modificación de la competencia (artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Sobre este particular, en decisión 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), se estableció lo siguiente:

“Es de considerar que, la jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia; en consecuencia, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen”.

En atención a la norma antes transcrita y siendo que el asunto del cual esta Sala procede a efectuar el avocamiento, se corresponde con la posible transgresión del orden público constitucional, en el marco de los principios fundamentales que informan el sistema estatutario de derecho público para tutela judicial efectiva de la soberanía y seguridad agroalimentaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a la interpretación y alcance de las causales de inadmisibilidad en el procedimiento contencioso agrario, más aun en el presente caso en el cual se denuncia un desacato del abogado José Luciano Vitos Suárez, Juez del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, de la cual emerge a juicio de la Sala de Casación Social un error inexcusable, en tanto se consideró que se “descono[ció] el mandato inserto en la decisión No 695, de fecha 15 de junio del año 2011, emanada de esta Sala, también procura desconocer la voluntad del ente administrativo agrario, quien expresamente notificó a la sociedad mercantil Agroindustrial GiGi, C.A., del acto recurrido, a  fin de que propusiera el recurso de nulidad correspondiente

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