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jueves, 19 de julio de 2012

Voto Salvado de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán en la sentencia que declaró Sin Lugar a la acción de amparo ejercida por la ex alumna del Instituto Militar de Tecnología de la Guardia Nacional

        "...Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que declaró SIN LUGAR la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana MARYLIS IMELDA MOROCOIMA CARRERA contra el Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia Nacional, extensión Punta de Mata, “Cnel. Leonardo Infante”, con ocasión de la conducta del Coordinador Académico de ese Instituto, ciudadano Teniente Coronel RICHARD ALFONZO ARIAS. 
                                                                                  (...)
Ahora bien, la sentencia aprobada por la mayoría sentenciadora declara sin lugar la acción de amparo con base en los siguientes argumentos: i) Que los requisitos exigidos para cursar estudios en los institutos militares gozan de cobertura constitucional visto que, al estar la educación castrense sometida a un régimen educativo especial, la Ley Orgánica de Educación faculta al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para dictar las reglas y establecer las políticas que lo regulan, y este a su vez habilitó a la Directiva correspondiente de Captación, Selección y Admisión para que “estableciera los procedimientos y requisitos necesarios para el ingreso que no estuvieren previstos en el Reglamento y desarrollara las disposiciones que los establecen”; ii) Que la obligación de retirarse de los Institutos castrenses cuando se demuestre tener descendencia se justifica por las actividades físicas de alta exigencia, resistencia y agilidad, que en algunos casos hasta ponen en peligro la vida de los estudiantes (de ambos sexos), todo ello en el contexto de la dedicación exclusiva que amerita el período de formación y el régimen de disciplina y obediencia a la que se someten los y las estudiantes de forma voluntaria; iii) Que no puede considerarse una práctica discriminatoria ni tratamiento desigual entre hombres y mujeres por cuanto a todos los estudiantes se les exige el “Acta compromiso del mayor de edad”; aun cuando los hombres no eran objeto de los exámenes de embarazo, pues su condición de tales no lo permite;iv) Que tales exigencias son temporales ya que una vez que ingresan a la carrera militar tienen licencia para contraer matrimonio y constituir una familia, por lo cual no constituye menoscabo alguno a los derechos constitucionales; v) Que antes de ingresar y durante la formación, la accionante tuvo pleno conocimiento de los requisitos y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, por lo cual aun cuando no se produjo la baja de forma disciplinaria de haber sido así no hubiese existido menoscabo alguno; vi) Que la accionante solicitó la baja de forma voluntaria por encontrarse embarazada y no consta en modo alguno que fue constreñida a presentar tal solicitud; y vii) Que la accionante no ingresó a la carrera militar por cuanto no prestó el juramento de ley, por lo cual no se produjo el quebrantamiento del derecho al trabajo ni a la protección a la maternidad.
Vista la síntesis de los argumentos utilizados por la mayoría sentenciadora para declarar sin lugar la acción de amparo propuesta, se hace necesario con fines didácticos hacer una breve introducción al tema de la incorporación de las mujeres a la Fuerza Armada dado su singularidad.
I
La incorporación de las mujeres a la fuerza armada es un viejo tema invisibilizado a través de un largo proceso no exento de polémicas ni de dificultades. En todas las guerras, con frecuencia las mujeres cubrían en los ejércitos las vacantes de los cargos auxiliares, administrativos y de sanidad, aunque su permanencia era temporal; finalizado el conflicto bélico, las mujeres eran inmediatamente desincorporadas de los servicios militares y devueltas a sus actividades civiles.
El particularismo de la cuestión sobre la incorporación de las mujeres en la Fuerza Armada lo constituye su plena integración a la carrera militar en el sentido más tradicional. Sin embargo, para lograr tal objetivo hay que romper viejos paradigmas que en base a una vieja y falsa idea de igualdad pretenden asimilar biológicamente las mujeres a los hombres; esto es, pretender que aun en  resistencia y fuerza física las mujeres militares deben ser iguales a los hombres negando su feminidad y sus ciclos de fecundidad, cuando por el contrario, la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres requiere reconocer sus diferencias para en situación de equivalencia aplicar el principio de trato igual sin que ello tenga efectos discriminadores.



Sin lugar solicitud de amparo constitucional ejercida por una ex alumna del Instituto Militar de Tecnología de la Guardia Nacional que alegó haber sido obligada a firmar la solicitud de retiro de la Institución un día antes de Acto de Grado por haberse descubierto que se encontraba en estado de gravidez (Sala Constitucional)

  1. El cumplimiento de requisitos para cursar estudios en los institutos militares

            La Ley Orgánica de Educación (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 5.929 extraordinario del 15 de agosto de 2009), prevé que “[e]l órgano rector con competencia en materia de Defensa, ejercerá la modalidad de educación militar, en tal sentido, planifica, organiza, dirige, actualiza, controla, evalúa y formula políticas, estrategias, planes, programas de estudio y proyectos dirigidos a garantizar una educación de calidad en la Fuerza Armada Nacional (…)” (artículo 30).

            Por ende, el Ministerio de Poder Popular para la Defensa como órgano rector en materia de Defensa tiene la facultad, conforme a la norma que precede, de dictar las reglas y establecer las políticas que regulan el régimen especial de la educación militar en Venezuela. En términos semejantes la Ley Orgánica de Educación (publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 2.635 Extraordinario del 28 de julio de 1980) asentó que la Educación Militar se regía por las disposiciones de leyes especiales (se hace alusión a esta ley por cuanto estaba vigente para la época en que se dictó el Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana).

Así pues, se crean los Institutos de Formación de Oficiales y la Escuela de Formación de Técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como Institutos de Educación Superior, conforme al Decreto Presidencial núm. 1.685 del 7 de marzo de 1974 y al Decreto Presidencial núm. 6.581 del 28 de diciembre de 2008, publicados, el primero, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 30.348 de esa misma fecha y, el segundo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.135 del 10 de marzo del 2009, los cuales se rigen por el Reglamento que al respecto dicte el Ministro del Poder Popular para la Defensa, en su condición de órgano rector en la materia,  de acuerdo con la citada Ley Orgánica de Educación en concordancia con el artículo 120 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 5.933 del 21 de octubre de 2009), aplicable al caso sub júdice rationae temporis.

            Dentro de este contexto, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante Resolución núm. 011602 del 31 de julio de 2009, dictó el Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene por objeto establecer los procedimientos y directrices a través de los cuales se regula el proceso de ingreso y retiro, la evaluación institucional, curricular e individual y la disciplina de los alumnos que se formen en dichos Institutos.

            En cuanto al ingreso a los Institutos de formación militar, se dispuso como requisitos, ser venezolano o venezolana por nacimiento, ser soltero o soltera, no poseer descendencia, ser menor de veintiún años de edad, poseer un nivel de instrucción académica de bachiller, no haber sufrido condena penal y aprobar el proceso de admisión previsto en el Instituto respectivo (artículo 6 del Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana).

miércoles, 18 de julio de 2012

Nueva sentencia sobre FRAUDE PROCESAL. Sala Constitucional declara Ha Lugar una solicitud de revisión constitucional, anula un proceso por violación del derecho a la defensa, en resguardo del orden público y las buenas costumbres y declara inexistente otro proceso por fraude procesal

           "...De la enrevesada tramitación procesal de la causa, que culminó con la extinción de la misma en razón de haber prosperado sendas cuestiones previas que aparejan tal consecuencia jurídica (ordinales 9° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil), esta Sala extrae algunas conclusiones: en primer lugar, la tramitación del juicio por fraude procesal -seguido por el juicio ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil- contó con prolijas recusaciones -planteadas tanto por el abogado Carmelo Pifano como apoderado judicial de los ciudadanos Alejandro Eugenio Iranzo Badía y María Victoria Adamowicz de Iranzo, como por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandada “Agrocomercial Los Caobos, C.A.”- y; la promoción desproporcionada de cuestiones previas, incidencias derivadas del desconocimiento de documentos privados y tacha de documentos públicos -propuestas contra los documentos fundamentales de la demanda-; una reconvención dirigida a revelar que el propio juicio de fraude procesal era, a su vez, un fraude procesal y una cita forzosa de un tercero, el abogado Luis Eduardo Domínguez, quien fuera apoderado judicial de los demandantes         -que dio lugar al llamamiento de nuevos terceros en la litis-, todo ello por parte de la demandada; de tal forma, que, en sano criterio judicial, esta causa se halla plagada de abusos por parte de los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandada en el ejercicio de defensas y excepciones que traspasan el sano ejercicio de los derechos procesales que materializan la defensa y el debido proceso en juicio, pues tales conductas   -o maniobras dilatorias- estaban dirigidas a evitar un juzgamiento de fondo con relación a la pretensión de fraude procesal que inicialmente fuera planteada contra ésta.

En segundo lugar, es palmario el hecho que el abogado Luis Eduardo Domínguez, quien fuera designado apoderado judicial de los ciudadanos Alejandro Eugenio Iranzo Badía y María Victoria Adamowicz de Iranzo, conjuntamente con el abogado Carmelo Pifano, para la fecha en que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita, había renunciado al mandato judicial y el abogado Carmelo Pifano, que contaba con iguales facultades procesales, ejerció activamente la defensa en juicio de los preindicados ciudadanos en la causa principal por fraude procesal. Sin embargo, éste último aparentemente desconocía la tramitación y consecuencias jurídicas de las cuestiones previas que conllevó la extinción de la causa principal.

Con relación al hecho de la renuncia de un apoderado judicial, en el caso concreto del abogado Luis Eduardo Domínguez, esta Sala Constitucional ha sido enfática en sostener que el trámite de la renuncia al poder que reconoce el ordinal 2° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, es una garantía instaurada a favor de la contraparte en juicio y no del mandante, ello sobre la base de la relación extraprocesal que subyace en el contrato de mandato, que supone un alto grado de confiabilidad en el sujeto al cual se le otorga y a la elemental rendición de cuentas que sobre los negocios confiados debe hacer a su mandante, sin perjuicio del establecimiento de las responsabilidades que, en caso de incumplimiento, recoge el Código Civil. Así, esta Sala precisó en su decisión N° 1.631 del 16 de junio de 2003, caso: “Jesús Rafael Trillo Márquez”, respecto de la correcta aplicación del ordinal 2° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, lo que sigue:

El artículo 165, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil señala: ‘La representación de los apoderados y sustitutos cesa: (...) 2° Por la renuncia del apoderado o la del sustituto; pero la renuncia no producirá efecto respecto de las demás partes, sino desde que se haga constar en el expediente la notificación de ella al poderdante.’ (Subrayado de la Sala).  De conformidad con lo expresado en el artículo citado, el Juzgado de Protección que actuó en primera instancia en el juicio principal, tenía la obligación de notificar al demandado de la renuncia al poder que habían efectuado sus apoderados judiciales, a los fines de que dicha renuncia produjera efecto respecto de la otra parte en el proceso.
El mandato judicial es un contrato entre poderdante y apoderado que crea responsabilidades para cada una de las partes.  Dicho contrato tiene una de sus bases en la elección que del apoderado hace el mandante, surgiendo entre ellos una relación, que es incluso extraprocesal, donde existen instrucciones, rendiciones de cuentas, etc.
De allí que el ordinal 2º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil al prever la notificación del poderdante para el caso de la renuncia del poder por los apoderados, no la prevé en beneficio del mandante, sino para precaver los derechos de su contraparte, hasta el punto que la renuncia se tiene como no efectuada y no paraliza ni suspende la causa, hasta que se deje constancia de la notificación del poderdante.
Con ello se busca no entorpecer la marcha del proceso con intempestivas renuncias de los apoderados de las partes. En consecuencia, la renuncia del poder no notificada al mandante, en principio no lo deja en ningún estado de indefensión, ya que el poderdante escogió a sus mandatarios, y en ellos tiene que confiar, y sólo si tal renuncia es una añagaza intencional para dejar al mandante indefenso, es que éste podrá exigir responsabilidad a los mandatarios. El poderdante es parte, que se encuentra a derecho, y tal condición no la pierde porque sus apoderados, renuncien al poder conferido”.

Como se observa, en principio, la notificación que debe constar en el expediente luego de la renuncia al poder, no es una exigencia instituida a favor de la parte que lo otorgó, sino a favor de los demás sujetos que integran la relación procesal. Sin embargo, ello no obsta para que el juez deje constancia de ello en el expediente, a los fines de brindar certeza jurídica respecto de los sujetos involucrados en el proceso, como representantes de las partes. Asimismo, cabe observar que el enunciado plasmado en ese fallo es un principio que puede tener sus excepciones, toda vez que la buena fe es una presunción iuris tantum, desvirtuable por la valoración conjunta de otros elementos probatorios en el expediente que dé lugar a una conclusión contraria que abone por la constatación de actuaciones maliciosas o dolosas dirigidas a dejar en estado de indefensión al poderdante.

Sala de Casación Penal acuerda la entrega en extradición de un ciudadano argentino-venezolano por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad

"...De los hechos transcritos, se desprende que el ciudadano FERNANDO JORGE CARRIL BAGGIO, era únicamente de nacionalidad argentina para el momento en que ocurrieron los hechos, esto es en el año 1976.

La ciudadana abogada SOLIMAR ASTUDILLO, en escrito que presentó ante la Sala, en fecha 13 de junio de 2012, informó lo siguiente:

“…mi representado acudió en fecha 29 de junio de 2011 a la Dirección de Control de Extranjeros, División de Naturalización del Servicio Administrativo de Administración, Migración  y Extranjería (SAIME) con sede en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, a los fines de iniciar el procedimiento previsto en el Artículo 26 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, con la finalidad de obtener la naturalización.
(…)
Posteriormente, en fecha 10 de Abril de 2012, luego de haber transcurrido Nueve (09) meses y Doce (12) días desde la fecha en que solicitó la naturalización, fue publicada en Gaceta oficial Extraordinaria N° 39.899 de esa misma fecha, la Resolución N° 6.073 de fecha 10 de Abril de 2012, emanada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mediante la cual se expide la carta de naturaleza (…)
el ciudadano FERNANDO JORGE CARRIL, (…) es VENEZOLANO POR NATURALIZACIÓN …”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas sostenidas de la Defensa).

De lo anterior, la Sala constata que efectivamente el ciudadano FERNANDO JORGE CARRIL BAGGIO, obtuvo por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, una carta de naturaleza que lo acredita como venezolano, tal como aparece en la Resolución extraordinaria N° 6.073 de fecha 10 de abril de 2012, Gaceta Oficial N° 39.899.

Esta situación, es decir, el hecho de que el solicitado en extradición haya adquirido efectivamente la nacionalidad venezolana con posterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan, lo único que refleja es que dicho ciudadano actuó premeditadamente con el fin de evadir la justicia de ese país y obstaculizar un eventual proceso de extradición, a sabiendas de que en Venezuela está consagrado constitucionalmente el principio de la no entrega de nacionales.

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.966 correspondiente al día martes 17 de julio de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo por el Sensible Fallecimiento del Cantautor Venezolano Jesús «Chu» Ávila.

Acuerdo en Conmemoración de los treinta y seis años del asesinato del camarada Jorge Rodríguez, Fundador y Secretario General de la Liga Socialista.

Acuerdos mediantes los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para Decretar varios Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos Vigentes del Consejo Federal de Gobierno, de la Asamblea Nacional y de los Ministerios que en ellos se mencionan, por las cantidades que en ellos se especifican. (Consejo Federal de Gobierno, Bs. 967.632.692,04; MPP para el Servicio Penitenciario, Bs. 1.497.728.460; MPP de Industrias, Bs. 422.610.085,15; entre otros).

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

ONAPRE

Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de varios Traspasos de Créditos Presupuestarios de Corriente a Capital de los Ministerios que en ella se señalan, por las cantidades que en ella se mencionan. (MPP para Relaciones Exteriores, Bs. 43.215,00 y Bs. 8.170,00; MPP para el Turismo, Bs. 30.000).

Providencia mediante la cual se Reforma la Providencia Nº 72 del 11 de agosto de 2011, la cual dicta el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos Aplicable a los Órganos y Entes del Sector Público. (Publicada en G.O. Nº 39.740).

martes, 17 de julio de 2012

Sala Constitucional reafirma que el recurso contencioso tributario es un medio ordinario eficaz para la tutela de derechos (Con Lugar apelación ejercida por la Dirección de Fiscalización del SEMAT del Municipio Baruta)

"...Esta Sala procede a decidir sobre la apelación tempestiva por parte de la abogada Paula Zambrano, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Director Sectorial de Fiscalización del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria del Municipio Baruta del Estado Miranda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de septiembre de 2010, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, la cual considera que se debió haber declarado inadmisible, en razón de que la accionante contaba con una vía ordinaria como lo es el recurso de contencioso tributario de nulidad por inconstitucionalidad con amparo cautelar.

Por su parte, el tribunal a quo, mediante sentencia del 8 de septiembre de 2010, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, al considerar que en el caso de autos, de no permitírsele el ejercicio de una vía que le garantice la protección de los derechos constitucionales de manera inmediata, sus derechos constitucionales se verían restringidos, por lo que no es procedente la causal de inadmisibilidad por la existencia de una vía ordinaria; igualmente consideró que se produjo la violación del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa cuando se ordenó el cierre del establecimiento en el caso de pagos pendientes por concepto de multa e intereses moratorios, respectivamente, porque los mismos -a su decir- no han alcanzado firmeza; al no abrirse un procedimiento de determinación tributaria donde se le garantizaran al administrado, los medios defensa para hacer valer sus derechos conculcados; también consideró que hay violación del derecho a la libertad económica y al derecho de propiedad cuando el mismo se limitó por una autoridad no facultada para ello y que las limitaciones impuestas no se encontraban amparadas por el ordenamiento jurídico, al encontrarse ante el pago de una deuda aún no firme; finalmente con fundamento en lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consideró que el dispositivo previsto en el artículo 79 de la Ordenanza Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado es incompatible con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que desaplicó dicha norma para el caso concreto. Dicha norma establece:
Artículo 79: Cuando los contribuyentes o responsables incumplan con el pago de tributos, multas y accesorios determinados y liquidados, la Administración Tributaria Municipal, a los fines de exigir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y administrativas, notificará por escrito la situación fiscal al contribuyente o responsable para que en un plazo de cinco (5) días hábiles proceda a pagar los tributos, multas y accesorios adeudados o acredite el cumplimiento de la obligación tributaria mediante los comprobantes de pago respectivos. En caso contrario, la Administración Tributaria Municipal podrá ordenar la clausura del establecimiento comercial hasta tanto cumpla con las obligaciones tributarias adeudadas a satisfacción del Municipio”.
Esta Sala observa que el accionante en amparo expresó en su libelo de demanda que el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria del Municipio Baruta del Estado Miranda, que le suspendió el ejercicio de las actividades económicas y ordenó el cierre de la empresa, hasta tanto la misma no cancele el monto adeudado a dicho Municipio, viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, al transgredir el procedimiento de ejecución de créditos fiscales establecido en el artículo 289 y siguientes del Código Orgánico Tributario; que también se viola el derecho a la libertad económica, en virtud que el interés social, es el único limitante de derecho a la libertad económica; e  igualmente consideró que se vulnera el principio del debido proceso por menoscabo del derecho a la defensa y el derecho a la propiedad, en el cual sólo el interés social o la utilidad pública, son los limitantes a este derecho constitucional.

Fuero atrayente de la jurisdicción especial de Niños y Adolescentes en materia de amparo. (Sala Constitucional)


"...De manera que para esta Sala el accionante mediante al amparo invoca la protección y defensa de su hija ante las constantes agresiones de la madre y así obtener la tutela de los derechos y garantías que le asisten a los niños, niñas y adolescentes; persiguiendo asimismo y por vía de consecuencia repeler las lesiones constitucionales a una vivienda digna, a la salud física, psicológica y moral, a un buen trato, a la educación, a la integridad física, a la educación y a vivir libre de violencia física y psicológica de su menor hija, entendiendo que la familia como asociación natural de la sociedad es el espacio fundamental para el desarrollo integral de los hijos, razón por la cual si uno de los integrantes de este espacio -véase padre- se ve afectado -en algunos casos- también puede verse perturbado este entorno familiar, mayormente cuando estamos ante derechos que al ser trasgredidos no sólo afectan directamente al involucrado sino a su familia; afectando por tanto indirectamente la esfera social y de desenvolvimiento cotidiano de su hija, con la correspondiente violación a sus propios derechos al honor y a su reputación.

Debe tomarse en consideración además que la parte accionante acompañó a su escrito libelar (folios 9 al 11), copia de la medida de protección dictada por el Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador, adscrito a la Alcaldía de Caracas, el 27 de octubre de 2011, en el expediente  CPNNAL-1523-014-2011, el cual de conformidad con los artículos 162, 294, 295 y 296 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dictó Medida de Protección en la Modalidad de Declaración de Responsabilidad a favor de la niña, declarando “[…] RESPONSABLE PROVISIONALMENTE DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL de la niña (…), su Padre ROLANDO ANTONIO JAIMES BECERRA (…) quien velará por la Integridad Física y Psicológica de la prenombrado niño (sic). En virtud que los padres tienen responsabilidades y deberes compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos”.

Por lo expuesto, esta Sala difiere de la argumentación esbozada por el Juzgado Primero en Funciones de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, al considerar que la pretensión “[…] versa sobre una supuesta vulneración de Derechos Constitucionales de su hija que va a realizar el Tribunal Segundo (2°) de Control de Violencia contra la Mujer, al decretar una ejecución forzosa que traería como consecuencia sea desalojado del inmueble el cual habita junto con su hija, siendo así las cosas NO LE CORRESPONDE CONOCER a este Tribunal de 1° Primea Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, pues no es el Tribunal Superior jerárquico del juzgado presuntamente agraviante, aunado a que no es la materia a fin que le corresponde a este Tribunal de 1° de Primera Instancia de Juicio que indudablemente la competencia corresponde al Tribunal Superior Penal y no de éste Tribunal de Protección, que es materia Civil especial”;


Sumario de la Gaceta Oficial número 39.965 correspondiente al día lunes 16 de julio de 2012


SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto N° 9.077, mediante el cual se designa Presidente de la Fundación «Pueblo Soberano», al ciudadano Juan Carlos Luján Tovar.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 135,mediante la cual se confiere la Condecoración «Orden Francisco de Miranda» en su Segunda Clase (Precursor) y Tercera Clase (Oficial) a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Acta (Acta Constitutiva Estatutaria de Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/117, mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM N° 063 A, de fecha 18 de abril de 2012, en los términos que en ella se señalan. (G.O Nº 39.948, mediante la cual se nombra a Darwin A. Tovar, como Ministro Consejero en comisión de encargado de Negocios).

Resolución Nº ORC.118, mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo a la señora Ileana Olimpia Capote Padrón, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de Cuba en la ciudad de Valencia, con circunscripción consular en los estados que en ella se indican.

lunes, 16 de julio de 2012

LOPPNNA: Apelación diferida, Prueba de ADN e identidad biológica (Sala Constitucional)


"...En relación con lo denunciado por el quejoso de que  la conducta lesiva continuaba por parte del Tribunal Accidental Segundo de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Yaracuy al haber oído el recurso de apelación en forma diferida; observa esta Sala que la decisión dictada por el referido Tribunal el 21 de enero de 2010, es un auto para adecuar el procedimiento de la causa a lo previsto en la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 681 literal a) de la referida reforma, que dispone:


“El régimen procesal transitorio se aplicará a los procesos judiciales que estén en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, los cuales seguirán siendo conocidos en su tribunal de origen o en tribunales de transición, dentro de la organización que establezca el Tribunal Supremo de Justicia, hasta la terminación del juicio.

A las causas que se encuentren en primera instancia, se le aplicarán las siguientes reglas:

a)      Todas aquellas causas en donde no se hubiese dado contestación al fondo de la  demanda serán remitidas al juez o jueza de mediación y sustanciación, y se tramitarán de conformidad con esta Ley…”.


A la letra del precepto transcrito, el auto accionado en amparo es de los denominados por la doctrina como interlocutorios, los cuales son dictados por el Juez en el decurso del proceso para la aplicación de las normas procesales y asegurar la marcha del procedimiento.

Con respecto a las decisiones interlocutorias, la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 2010, en su artículo 488, dispone que “Al proponerse la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en ella las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en la misma”, señalándose respecto de las apelaciones diferidas en la exposición de motivo de la aludida ley que “… se prevé como regla general que se admite apelación -en ambos efectos- sólo contra la decisión definitiva o interlocutoria que ponga fin al proceso, por lo tanto, el resto de las interlocutorias no tienen apelación autónoma e inmediata sino diferida o reservada y, por lo tanto, quedan comprendidas en la apelación de la sentencia que pone fin al juicio…” (Resaltado de este fallo)

Sobre los jueces de ejecución (Sala Constitucional)


No obstante lo anterior, esta Sala considera pertinente recalcar que los jueces y juezas de ejecución penal, también llamados  “jueces de vigilancia penitenciaria” o “jueces del control de la ejecución de la pena” son los funcionarios y funcionarias judiciales que estarán encargados de asegurar los derechos del condenado en caso de abuso de los empleados de custodia, así mismo, dichos funcionarios tendrán la jurisdicción de controlar la legalidad de las decisiones que las demás autoridades penitenciaria tomen cuando las mismas no estén contenidas en la sentencia, también verán la aplicación de las sanciones de carácter disciplinarias en el recinto carcelario.

 El Código Orgánico Procesal Penal recoge esta institución en su artículo 479 según el cual “Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme”.
Este artículo traza lo que de manera general aplicará el juez de la ejecución de la pena, de modo que el juez o jueza de ejecución controla el cumplimiento adecuado de la sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se suscitan durante la ejecución..., dispone de las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios, puede hacer comparecer a los encargados de los establecimientos ante si o a los condenados con fines de control y vigilancia, dicta de oficio las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema y ordena a la autoridad competente para que en el mismo sentido expida las resoluciones de lugar, también controla el cumplimiento de las condiciones impuesta en la suspensión condicional del procedimiento, según los informes recibidos, y en su caso, los transmite al juez competente para su revocación o para la declaración de la extinción de la acción penal.

Sala Constitucional declara conforme a derecho la desaplicación del artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lapso de prescripción de la acción penal)


Como se indicó, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, desaplicó el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En tal sentido, el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé lo siguiente:
Artículo 615. Prescripción de la acción.
La acción prescribirá a los cinco años en caso de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción, a los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses, en casos de delitos de instancia privada o de faltas.
Parágrafo Primero. Los términos señalados para la prescripción de la acción se los contará conforme al Código Penal.
Parágrafo Segundo. La evasión y la suspensión del proceso a prueba interrumpen la prescripción.
Parágrafo Tercero. No habrá lugar a la prescripción extraordinaria o judicial prevista en el Código Penal”.

Ahora bien, observa esta Sala que en la decisión sub examineel Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control, sección adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, señaló como fundamento de la desaplicación de la norma referida el hecho de que: “…considera mas (sic) favorable en el presente asunto y para el caso del delito de LESIONES INTENCIONALES DE CARÁCTER LEVE, aún cuando no se haya individualizado persona alguna como imputado en la presente causa, la aplicación del lapso de prescripción contenido en el artículo 108, ordinal 6 (sic) del Código Penal Venezolano, al establecer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como garantías de seguridad jurídica para todos los ciudadanos, la no discriminación e igualdad ante la ley, la celeridad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, breve, rápido, contradictorio y ante un juez natural, la proporcionalidad y razonabilidad, el orden público, la prioridad absoluta y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, permitiendo no solo (sic) que se dicte una sentencia justa sino poner en práctica instituciones procesales que beneficien y aprueben una solución eficaz a cada caso dentro del marco legal respectivo…”.

Violación de la tutela judicial efectiva por excesivo rigor formal al casar de oficio una sentencia. (Sala Constitucional revisa sentencia de la Sala de Casación Civil)


"...En el presente caso, la solicitante de la revisión denuncia que la decisión dictada por la Sala de Casación Civil atenta contra el debido proceso, el estado de derecho, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y normas de orden público, consagradas en los artículos 2, 7, 26, 253 y 257 de nuestra Carta Magna, y los artículos 12, 15 y 320 del Código de Procedimiento Civil, ya que anuló una decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de El Tigre, en la cual no se evidencia que haya habido vicio de inmotivación por contradicción.

Así las cosas, de la lectura de la sentencia objeto de revisión se puede constatar que la Sala de Casación Civil señaló como fundamentos de su decisión, los siguientes:

-       Que el juez de la recurrida cometió una evidente contradicción entre los motivos aportados como sustento de su decisión, incurriendo así en el vicio de motivación contradictoria en su modalidad de contradicción entre los motivos; al señalar por una parte que la demandada tenía un atraso del 20,53% de la obra según los informes realizados por los funcionarios de PDVSA, S.A., y posteriormente determinar que tales pruebas no serían analizadas, para luego señalar, en base a los mismos informes, que la demandada sí cumplió con su obligación, y en consecuencia declarar sin lugar la demanda.

-       Que el Juez Superior, a la hora de extender su decisión, omitió indicar con sus palabras cómo quedó trabada la litis y, por el contrario, se limitó a transcribir in extenso todos los alegatos expuestos por las partes tanto en el libelo como en la contestación, así como en las pruebas, los informes y las observaciones de estos últimos, sin cumplir con el adecuado uso de las “comillas” que permiten al lector determinar cuáles dichos son de las partes y cuáles del juez, haciendo así muy compleja la labor revisora de esta Sala.

Ahora bien, al realizar una lectura pormenorizada de la sentencia del ad quem, se puede evidencia que no existe contradicción entre las motivaciones utilizadas por el Juez Superior para resolver la causa porresolución de contrato, seguida por la sociedad mercantil Constructora Consumeci, C.A. contra la solicitante.

Perención de instancia por pérdida de interés después del acto de informes y antes de "Vistos". Sala Constitucional.


"...Determinada la competencia de esta Sala para conocer del caso que nos ocupa, resulta pertinente señalar que, revisadas las actuaciones, se observa que desde el 19 de noviembre de 2009, oportunidad en la cual el abogado Juan Carlos Gutiérrez, identificado ut supra, solicitó pronunciamiento, hasta la presente fecha, la causa no ha sido impulsada por los accionantes, ni por sí ni por medio de apoderado, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un (1) año.

Lo anterior demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción cuya ausencia acarrea el decaimiento de la misma.

Al respecto, debe recordarse que el derecho al acceso a los órganos de Administración de Justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ejerce mediante la acción, cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso.

En tal sentido, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala N° 416 de 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros).

Asimismo, el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Arv) Carlos José Moncada).

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que declara la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 155 numerales 25 y 26, 194, 195 y 196 de la Constitución del Estado Amazonas, sancionada en fecha 30 de agosto de 2002 y publicada en la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del Estado Amazonas Nº 005, Extraordinario, del 12 de septiembre de 2002


"...El principio general de interpretación de la ley consagrado en el artículo 4 del Código Civil –conforme al cual, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador–, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico, sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal (Vid. sentencia de esta Sala, Nº 2.152 del 14 de noviembre de 2007, caso: “Antonio José Ledezma Díaz”).

Conforme a lo expuesto, en la referida sentencia Nº 2.152 del 14 de noviembre de 2007, esta Sala señaló lo siguiente:

“(…) la interpretación jurídica debe buscar el elemento sustantivo que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídico, constituido por los principios del derecho que determinan lo que GARCÍA DE ENTERRÍA (Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Madrid: Editorial Cívitas, 4° edición. 1994. P. 29), denomina como ‘fuentes significativas’ del ordenamiento, esto es, lo que el iuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una Constitución <en sentido material> distinguible de la <Ley constitucional> en sentido formal, como un condensado de reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la unidad del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-socio-políticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial (…)”.

De allí que esta Sala, al analizar la expresión jurídica legal o sub legal con respecto al Texto fundamental de acuerdo al principio de supremacía constitucional, debe tener presente que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran (Vid. sentencia N° 780 del 24 de mayo de 2011, caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz”).

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que declara la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 52; 94; 111 numeral 21; 144 y 145 de la Constitución del Estado Apure, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Apure N° 751 del 14 de noviembre de 2005


"...De allí que esta Sala, al analizar la expresión jurídica legal o sub legal con el Texto fundamental de acuerdo al principio de supremacía constitucional, debe tener presente que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran (Vid. sentencia N° 780 del 24 de mayo de 2011, caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz”).

Establecido lo anterior, a fin de conocer las denuncias planteadas, esta Sala observa que de la totalidad de los artículos de la Constitución del Estado Apure impugnados, pueden distinguirse dos grupos: el primero, referido a los artículos sobre la organización del Poder Público estadal, en los cuales se prevé un Poder Ciudadano del Estado Apure (artículos 52, 94, 144 y 145 eiusdem), ejercido por un Consejo Moral Estadal, integrado por el “Defensor Estadal del Pueblo asignado al Estado Apure, el Contralor del Estado y el Fiscal Superior del Ministerio Público asignado al Estado” (artículo 144 eiusdem); y el segundo, referido a la competencia atribuida al Gobernador o Gobernadora del Estado Apure, materia de estado de excepción en la región (artículo 111 numeral 21 eiusdem).

1. Inconstitucionalidad de los artículos 52, 94, 144 y 145 de la Constitución del Estado Apure.

En cuanto al contenido específico de los artículos 52, 94, 144 y 145 de la Constitución del Estado Apure, relativos al Poder Ciudadano del Estado Apure, ejercido por un Consejo Moral Estadal, integrado por el“Defensor Estadal del Pueblo asignado al Estado Apure, el Contralor del Estado y el Fiscal Superior del Ministerio Público asignado al Estado”, se observa:

El artículo 164, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con esta Constitución”, y el artículo 162, numeral 1 eiusdem, atribuye competencia a los Consejos Legislativos para “Legislar sobre las materias de la competencia estadal.

Por su parte, el artículo 156, numeral 31 del Texto constitucional, asigna competencia al Poder Nacional para organizar y administrar la justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; y la norma prevista en el artículo 187, numeral 1 eiusdem, faculta al Poder Legislativo Nacional, esto es, la Asamblea Nacional, para “(...) 1.- Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo se encuentra regulada en los artículos 280 al 283 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el referido artículo 283 eiusdem, concretamente establece:

Artículo 283 La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en el ámbito municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regirá por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio”.

De todo ello resulta claro, que los Estados están favorecidos constitucionalmente por el principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, sin embargo, debe entenderse que tal autonomía es relativa y por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley, es decir, la competencia para legislar y determinar el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público Nacional corresponde al Legislativo Nacional, representado por la Asamblea Nacional, y la competencia atribuida a los Estados para la organización de los Poderes Públicos debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. sentencias de esta Sala, Nos. 1.182 del 11 de octubre de 2000, caso: Iván Darío Badell González1.395 del 7 de agosto de 2001, caso: Iván Darío Badell González;3.255 del 18 de noviembre de 2003, caso: “Defensoría del Pueblo”; 565 del 15 de abril de 2008, caso: “Alexander Velásquez”; y 781 del 24 de mayo de 2011, caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz”).

Interés superior del niño o niña. Derecho al hábeas data y a la honra. Red social Facebook. (Corte Constitucional de Colombia)


"... iii. El derecho al habeas data. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 15 de la Constitución de 1991 reconoció explícitamente el “(…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” y además dispuso que “[e]n la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Estos preceptos leídos en conjunto con la primera parte del mismo artículo 15 –sobre el derecho a la intimidad, el artículo 16 –que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad- y el artículo 20 –sobre el derecho a la información activo y pasivo y el derecho a la rectificación- de la Carta, han dado lugar al reconocimiento de un derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al habeas data, y en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación informativa o informática.

En la jurisprudencia constitucional, el derecho al habeas data fue primero interpretado como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablara de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida como la esfera individual impenetrable, en la que cada cual puede realizar su proyecto de vida  y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir.[1]

También surgió al interior de la Corte una segunda línea interpretativa que consideraba el habeas data una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Según esta línea, el habeas data tiene su fundamento último “(…) en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad”[2].

Con posterioridad el derecho al Habeas Data es entendido  como un derecho autónomo compuesto por la autodeterminación informática y la libertad.[3] Este fue definido en la sentencia T- 729-02 como “aquel que otorga la facultad[4] al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios[5] que informan el proceso de administración de bases de datos personales”.

De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas –contenidos mínimos- que se desprenden de este de este derecho encontramos, por lo menos, las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos o archivo, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa.

Como se aprecia la protección del derecho fundamental del habeas data tiene como finalidad la protección de los datos en un mundo globalizado, en el que el acceso a la Sociedad de la Información y el conocimiento es cada vez mayor. Esta protección responde, además, a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre, el honor y la honra.

ii. Los riesgos para los derechos fundamentales, entre otros la protección de datos, la intimidad y la imagen en las redes sociales.

La sociedad de la información y el conocimiento y en especial herramientas como el internet y las redes sociales digitales, han generado  un medio social más a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener. Ello ha traído como consecuencia un aumento exponencial de  sus usuarios que tienen la posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar activamente y facilitar relaciones personales[6].

A pesar de que las redes sociales digitales –generalista o de ocio y profesionales- se consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del mundo no virtual, el acceso a la misma acarrea la puesta en riego de derechos fundamentales, pues el hecho de que algunas de ellas se manejen a través de perfiles creados por los usuarios, por medio de los cuales se pueden hacer públicos datos e información personal, puede traer como consecuencia la afectación de derechos como la intimidad, la protección de datos, la imagen, el honor y la honra[7].

La afectación de estos derechos va de la mano, en gran medida, del desconocimiento de los usuarios acerca del funcionamiento y reglamentación de estas plataformas, pues la falta de privacidad en los perfiles y la publicación de información personal y datos especialmente protegidos como vivencias, gustos, ideología y experiencias  sin ninguna restricción, se constituye en una fuente de riesgo para los derechos fundamentales de los usuarios.

Los riesgos a los derechos fundamentales en las redes sociales pueden estar generados entre otros por las siguientes situaciones:

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.964 correspondiente al día viernes 13 de julio de 2012


Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 177, mediante la cual se ajusta el monto de Jubilación al ciudadano Manuel de Jesús Domínguez.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Resolución Nº 3240, mediante la cual se designa al ciudadano Julio C. Villarreal, Director de la Junta Administrativa de la Sociedad Mercantil Seguros Federal C.A., y se ratifica a los ciudadanos que en ella se mencionan, como Presidente y Directores respectivamente de la referida Junta. (Adriana G. Zurbarán H., Presidenta; José A. Hernández, Grisell López Q. y Yosmer D. Arellán Z., como Directores).

Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Providencia Nº SAA-2-1-001961, mediante la cual se autoriza a la firma mercantil Certeza Corretaje de Seguros, C.A., para que se constituya y opere como Sociedad de Corretaje de Seguros, en los términos que en ella se indican.

Providencia Nº FSAA-2-3-001735, mediante la cual se sanciona a la empresa C.A., de Seguros Occidental, con multa por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 41.300,00).

SENIAT

Providencia Nº SNAT/2012/0040, mediante la cual se establece la Tasa Aplicable para el Cálculo de los Intereses Moratorios Correspondiente al mes de junio de 2012. (17,73%).

Providencia Nº SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2012-E 005897, mediante la cual se autoriza al ciudadano Eduardo José De Lima Leal, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa Agentes Aduanales Marguani, C.A.

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