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viernes, 29 de junio de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.954 correspondiente al día jueves 28 de junio de 2012

Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo de conmemorarse el Centésimo Nonagésimo Primer Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano.

Acuerdo en reconocimiento a la vida y obra del ciudadano Pablo Mandazen Soto conocido como Hermano Ginés, por su extraordinaria labor en la conservación de nuestras riquezas naturales, la investigación y divulgación del conocimiento científico, obra que llevó a cabo al frente de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle y de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

Acuerdo para honrar la memoria de la destacada Periodista María Teresa Castillo, por su trayectoria y participación política, cultural y social en Venezuela.

Presidencia de la República

Decreto N° 9.063, mediante el cual se designa a los ciudadanos que en él se indican como Miembros de la Junta Directiva para ejercer la administración, posesión y uso de los bienes muebles, inmuebles y demás bienhechurías pertenecientes al Grupo AGROISLEÑA C.A., Sucesora de Enrique Fraga Afonso. (Yván E. Gil P., José G. Rojas S., Saverio A. Celis P., Félix R. Osorio G., y Armando E. Franchi M).

Vicepresidencia de la República

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 9.043, de fecha 15 de junio de 2012, en los términos que en él se señalan. (G.O. N° 6.079 Extraordinario, en el cual se dicta el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE COMPETENCIAS, SERVICIOS Y OTRAS ATRIBUCIONES).


jueves, 28 de junio de 2012

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.953 correspondiente al día miércoles 27 de junio de 2012


Sumario

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

Resolución N° DM/046, mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Dirección General de Auditoría Interna de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Resolución N° 3256, mediante la cual se designa al ciudadano Renny García, como Responsable del Área Administrativa de la Universidad Politécnica Territorial del estado Lara «Andrés Eloy Blanco».

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fundación Cinemateca Nacional

Providencia N° 01/2012, mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Permanente de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las Áreas: Jurídica, Económica-Financiera, Técnica para Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, Técnica para Ejecución de Obras y Secretaria).

Ministerio Público

Resoluciones Nros. 837, 838, 839 y 840, mediante las cuales se traslada a los ciudadanos Abogados y a las ciudadanas Abogadas que en ellas se señalan, a las Fiscalías que en ellas se indican.


Sumario de la Gaceta Oficial número 39.952 correspondiente al día martes 26 de junio de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo para condenar el Golpe de Estado en contra del Pueblo y del Presidente Constitucional de la República del Paraguay Fernando Lugo Méndez.

Acuerdo con motivo del Bicentenario de la Masonería Zuliana y el Centésimo Octogésimo Octavo Aniversario de la Instalación de la muy respetable Gran Logia de Venezuela.

Acuerdo mediante el cual se declara la Responsabilidad Política del ciudadano Carlos Guillermo Miranda Escobar, Ex Alcalde del Municipio San Sebastián de los Reyes del estado Aragua.

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar varios Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes de la Vicepresidencia de la República y de los Ministerios que en ellos se especifican. (Vicepresidencia de la República, Bs. 199.438.072,00; MPP para la Salud, Bs. 1.013.182.542,63; MPP para Transporte Terrestre: Bs. 140.000.000,00; Bs. 97.469.324,00; Bs. 153.150.000,00 y Bs. 111.300.000,00).

Presidencia de la República

Decreto N° 9.064, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Bs. 13.000,00).

Decreto N° 9.065, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos 2012 de la Vicepresidencia de la República. (Bs. 199.438.072,00).

Decreto N° 9.066, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por el monto que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Bs. 1.013.182.542,63).

Sala Político Administrativa del TSJ decreta embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Dieciséis Bolívares con Cuarenta Céntimos (Bs. 24.425.216,40)

           "...En este sentido, colige la Sala que el pedimento efectuado por la apoderada judicial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Directorio de Responsabilidad Social, va dirigido a que se decrete la ejecución de una Providencia Administrativa que ordenó el pago de la sanción de la multa impuesta, en razón de lo cual es necesario hacer las siguientes precisiones:  
La actividad administrativa se rige por diversos principios, entre otros, el principio de legalidad, consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 137. Esta Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

De esta manera, la consecuencia directa de la adecuación de la actividad administrativa a la ley, es la presunción de legalidad que revisten a los actos que se generen por dicha actividad, así como también lo es la ejecutividad y ejecutoriedad de los proveimientos de la Administración, lo que significa que al ser dictados con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, estos producen plenos efectos desde su emisión sin que se requiera, en principio, el auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución.
Afirmar lo contrario implicaría vaciar de contenido las potestades de inspección, control, vigilancia y sanción atribuidas a los órganos administrativos, pues no tendría sentido el ejercicio de dichas atribuciones destinadas como están a la protección del interés general, sin que tales órganos puedan hacer cumplir sus decisiones.
Al respecto, esta Sala en la sentencia Nº 00272 del 28 de marzo de 2012, señaló lo que de seguidas se transcribe:
El principio de legalidad que informa la actividad de la Administración Pública y que en nuestro ordenamiento se encuentra consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produce como consecuencia, dada la necesaria adecuación del actuar de la Administración a la Ley, que los actos mediante los cuales se ejecutan los cometidos de esta, están revestidos de una presunción de legalidad,  la cual genera a su vez, que dichos proveimientos surtan plenos efectos jurídicos desde el momento de su emisión y no se requiera del auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución (principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos).
En este sentido, una vez que la Administración manifiesta su voluntad, el acto que la contiene luego de notificarse, es capaz de producir todos sus efectos hasta tanto no sea revocado por la propia Administración en ejercicio de su poder de autotutela o anulado a través del pronunciamiento sobre su legalidad de un órgano jurisdiccional, pudiendo la Administración por sí misma hacer efectivo el cumplimiento de los actos que emanan de ella de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
De igual forma, acorde con los anotados principios y con lo dispuesto en el artículo 87 eiusdem, ‘La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario’, por lo que la existencia de recursos administrativos o acciones judiciales cuya resolución se encuentre pendiente, no es óbice para que el acto cuestionado surta efecto y sea ejecutado”.

Igualmente, con relación a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, esta Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
“…Así debe concluirse que la ejecutividad es una prerrogativa propia de todo acto administrativo, en el sentido de que éste no requiere la homologación de un ente distinto a la administración para que produzca sus efectos, mientras que la ejecutoriedad alude a la facultad que tiene la administración de ejecutar por sí sola los actos que dicta, aún contra la voluntad de los administrados.
En conexión con lo anterior, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos reconoce la posibilidad de la Administración de materializar de manera inmediata sus actuaciones, al establecer expresamente lo siguiente: ‘Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.’
Cabe destacar, que tal posibilidad se fundamenta principalmente, en la presunción iuris tantum de legalidad que tienen los actos administrativos y en la necesidad de que se cumplan los intereses públicos que orientan la actividad administrativa.
En este orden de ideas, se observa que la ejecutoriedad sólo procede cuando existe un acto administrativo formal. Al efecto, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala: ‘Ningún órgano de la Administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos’. Esta condición se complementa con la necesidad de la efectiva notificación del acto.
Ahora bien, la facultad reconocida a la Administración de ejecutar por si sola, materialmente, los derechos que de tales actos deriven, aún en contra de los obligados, puede lograrse sin que sea necesario acudir a los tribunales, tal como expresamente lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al señalar que: ‘La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia Administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial.’.
En sintonía con lo expuesto, cabe resaltar que en principio todos los actos administrativos son ejecutables, es decir, gozan de las prerrogativas de ejecutividad y ejecutoriedad una vez dictados y debidamente notificados, a menos que la Administración o un Tribunal acuerde la suspensión de los efectos del acto recurrido a través de una medida cautelar, único mecanismo que dicho sea de paso, puede detener la ejecución de un acto administrativo definitivo, toda vez que la suspensión de efectos del acto de que se trate, es una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos.

Sala Constitucional revisa de oficio y anula decisión manifiestamente inmotivada dictada por un Tribunal de Ejecución

            "...Ahora bien, de un estudio detallado del fallo cuya revisión se pretende, y de los reiterativos argumentos invocados por el solicitante, no advierte esta Sala que, la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, haya incurrido en una interpretación grotesca o errada de una norma constitucional o de su doctrina con relación a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la solicitante, ni que la misma haya vulnerado el orden público constitucional o principios jurídicos fundamentales.

Por el contrario, la mencionada decisión, sólo evidencia que la Sala Uno de la  Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, aplicó el criterio que estableciera esta Sala, en su sentencia Nº 1458 de fecha 30 de junio de 2005, (caso: “Oscar Rafael Lares y Carmen Antonia Ponte De Ayala”), en la cual dejó sentado, en un supuesto análogo al de autos, lo siguiente:

“(…)
En este sentido, cabe destacar que en el folio 85 de la pieza anexa del presente expediente, contentiva de las copias certificadas del proceso que motivó el amparo bajo examen, corre inserta la diligencia consignada por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente No. 1317-01 de la nomenclatura de dicho Tribunal, por el abogado Pedro Valentín Gutiérrez, representante judicial de los hoy accionantes, mediante la cual solicitó la remisión de las actuaciones llevadas en el señalado expediente a la Corte de Apelaciones, en razón de que la sentencia de segunda instancia sea notificada, tal como se ordenó en dicho fallo, a los fines de que se puedan ejercer los recursos legales pertinentes. De igual forma, se evidencia en la mencionada diligencia, que dicho abogado observó al Tribunal que los imputados no habían sido notificados ni citados para la imposición de la ejecución del fallo.  De la lectura de dicha diligencia, se evidencia que la fecha de la misma es 14 de diciembre de 2001.
El artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:
‘Artículo 180. Notificación a defensores o representantes. Los defensores o representantes de las partes serán notificados en lugar de ellas, salvo que por la naturaleza del acto o porque la ley lo ordene, sea necesario notificar personalmente al afectado.’
Por lo tanto, si se analizan los hechos que rodean el presente caso, a la luz del contenido de la citada disposición legal, debe entenderse que el 14 de diciembre de 2001, los quejosos tuvieron conocimiento de la sentencia condenatoria dictada por la Sala No. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Conforme con lo anterior, la decisión impugnada fue dictada, el 27 de junio de 2000, y la parte actora quedó notificada tácitamente de la misma, el 14 de diciembre de 2001; sin embargo, la acción de amparo fue interpuesta el 3 de junio de 2004, una vez transcurrido un lapso superior a los seis (6) meses establecidos como lapso de caducidad de la mencionada acción
(…)”.

En perfecta armonía con el citado criterio jurisprudencial, la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, evidenció que los representantes legales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al solicitar copia certificada el día 2 de agosto de 2011, de la decisión que les adversaba, quedaron tácitamente notificados de la misma, pues era obvio que conocían el contenido de la decisión, a tal extremo que igualmente solicitaron copia de los oficios dirigidos al Director de Seguridad del Banco de Venezuela, mediante los cuales se ordenaba la entrega del monto solicitado al ciudadano Luis Vielma.

En ese orden de ideas, cabe acotar que, esta Sala Constitucional, se pronunció respecto de la notificación tácita en materia penal, mediante decisión n.° 854 de 11 de agosto de 2010, caso: “Marilla Silveira Vargas García, -en reiteración de las sentencias n.°s. 624 del 3 de mayo de 2001, caso: Jhon Alexander Jiménez Medina y 1.536 del 20 de julio de 2007, caso: José Luis Rincón R. y 940 de 14 de julio de 2009, caso:Francisco José Escalona Montes -, en el cual se estableció lo siguiente:

miércoles, 27 de junio de 2012

Sala Constitucional admite a trámite recurso de colisión entre normas previstas en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física y el Código Orgánico Tributario


DEL RECURSO DE COLISIÓN DE LEYES

            La parte solicitante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

Que la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física “(…) prevé en su contenido una previsión eminentemente tributaria, que se concreta en la creación de un gravamen empresarial materializado bajo la figura de la Contribución Parafiscal, con la designación del Instituto Nacional de Deportes como Autoridad Tributaria encargada de la recaudación y manejo de los recursos que por ésta vía provengan, y con la determinación de condiciones de entrada en vigencia y exigibilidad plasmadas en una Disposición Transitoria, que brutalmente distan de las reglas de base, previas y especialísimas que determina el Código Orgánico Tributario (…)”.

Que la legitimación para interponer el recurso de colisión de leyes lo fundamenta en que “(…) Inversiones Rojas Rojas & Asociados, es sujeto de aplicación de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, específicamente en lo relativo al gravamen tributario y parafiscal establecido en su texto, toda vez que alcanza y pudiere alcanzar sucesivamente la base imponible que da lugar a la exigibilidad del aporte al denominado Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física (‘Fondo del Deporte’), definida en Veinte Mil Unidades Tributaria (20.000 UT), de utilidad neta anual (…)”.

            Que “(…) nos encontramos frente a dos cuerpos normativos emanados del Poder Nacional, ambos con rango orgánico y en cuyo contenido se precisan aspectos que interesan a la especialidad jurídico tributaria, valga señalar, en el Código Orgánico Tributario se determinan las máximas directrices del sistema jurídico tributario, y en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, especial para el deporte, se da creación a una Contribución Tributaria Parafiscal lo cual no se discute pero, a su vez, se determina una directriz que sí resulta colindante con otra directriz prevista en el ‘COT’ (…)”.

            Que “(…) se detecta la colisión de normas cuando el artículo 8 del ‘COT’ (sic) establece que ‘la legislación tributaria determinará su lapso de entrada en vigencia’, situación que ocurre en la ‘LODAFEF’ (sic), con una marcada inmediatez en su entrada en vigencia (…)”.

            Que “(…) la norma especial tributaria señala que ‘cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo’, mientras que la legislación especial deportiva determina en su Disposición Transitoria Octava que ‘el artículo 68 de esta Ley adquiere vigencia desde el momento de la publicación del presente cuerpo legal en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Durante su primer año de vigencia, los sujetos contribuyentes realizaran el aporte correspondiente en proporción a los meses de vigencia de la ley, considerando en cada caso el inicio y fin de sus respectivos ejercicios fiscales’ (…)”.
           

martes, 26 de junio de 2012

Sala Constitucional se avoca de oficio a conocer de una acción de amparo ejercida en contra del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas



Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional conjuntamente con solicitud de medida cautelar y, a tal efecto, observa:

Del escrito de de la solicitud de amparo presentado, se evidencia que la tutela constitucional invocada está dirigida contra la supuesta omisión de pronunciamiento atribuida al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Al respecto, es de resaltar que a esta Sala Constitucional le corresponde el conocimiento de las demandas de amparo constitucional intentadas en forma autónoma contra las decisiones, actos u omisiones que provengan de los Juzgados Superiores de la Repúblicasalvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva” (énfasis añadido).

Sobre el particular, esta Sala Constitucional mediante decisión N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: “Emery Mata Millán”), estableció lo siguiente:

“En el mismo sentido, el artículo 4 eiusdem que consagra el amparo contra decisiones judiciales, también es claro al señalar que dicha acción debe interponerse ‘...por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento’. Por lo tanto, la competencia de los amparos contra sentencias será del órgano jurisdiccional superior al que emitió la sentencia presuntamente lesiva de derechos constitucionales, de acuerdo con la materia respectiva”.

Conforme a ello, resulta evidente que la acción de amparo se interpuso contra la omisión de pronunciamiento atribuida al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual, coherentes con lo anteriormente señalado, esta Sala aprecia que el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicha acción es un Juzgado Superior Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por ser la alzada natural, ya que es a éstos a quienes corresponde conocer de los amparos ejercidos por presuntas lesiones de derechos constitucionales provenientes de decisiones u omisiones de los Juzgados de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Acerca del derecho a una vivienda digna. Se declara la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, penal y administrativa derivada del otorgamiento de permisos y la construcción de viviendas en las cercanías del Lago de Valencia (Sala Constitucional)


"...A lo largo del proceso, ha quedado demostrado que, al menos, desde el año 1999 las urbanizaciones “La Punta” y “Mata Redonda” se han visto afectadas como consecuencia de la subida del nivel del Lago de Valencia, en atención a su proximidad geográfica de esas urbanizaciones a las riberas del Lago. Las distintas partes del proceso han coincidido y es, además, un hecho notorio, el aumento paulatino del nivel de las aguas del Lago de Valencia y, asimismo, que dichas urbanizaciones están en una cota sobre el nivel del mar inferior a la que, al menos desde el año 1999 hasta el presente, ha tenido el Lago. También existe amenaza de que ocurran nuevos siniestros naturales, como sería el posible desbordamiento del lago.
En cuanto al derecho a vivienda digna, como consecuencia del estado de deterioro en que se encuentran las viviendas de los habitantes de las urbanizaciones aledañas del Lago de Valencia, se debe recordar que dentro del Capítulo de los Derechos Sociales de la vigente Constitución se encuentra el artículo 82, que dispone:
Toda persona tiene derecho  a una vivienda  adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.
El precepto en cuestión reconoce como derecho fundamental el derecho a una vivienda digna, esto es, de condiciones mínimas que aseguren la calidad de vida de los habitantes. Se trata, así, de un derecho típicamente prestacional, en tanto implica como correlativo la exigencia de actuaciones positivas en cabeza del Estado y, también, de los ciudadanos, tendentes a la consecución del derecho. Derecho a vivienda digna como derecho fundamental característico de un Estado Social de Derecho, como enfatizó esta Sala en su sentencia N° 85/24.02.2002.
El artículo 23 de la Constitución establece que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Así observamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”. Norma que sirvió como base para la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y que reconocen el derecho a la vivienda.
Así el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también el Comité Derechos Sociales Naciones Unidas dice que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada, tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General Nº 4 (sexto período de sesiones de 1991), define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.
El concepto de vivienda digna y adecuada significa también derecho a un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada infrestructuras y equipamientos adecuados que debemos unirlo a las viviendas que se ubiquen en espacios plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, en ciudades donde es posible el desarrollo familiar y personal a todos los niveles que la sociedad avanzada demanda. Para ello dicha vivienda debe ser: 1) fija y habitable, 2) de calidad, 3) asequible y accesible y 4) con seguridad jurídica de tenencia.
Además estas viviendas en cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto de 1992, deben incorporar otros parámetros de sostenibilidad y eficiencia como los relativos a adaptación a las condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía renovable. La vivienda adecuada y digna debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, equipamientos, espacios libres, accesibles al transporte público, a los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Es decir la vivienda debe construirse en entornos urbanos plenamente dotados. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.



Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo

(Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)

Decreto N° 9.047 15 de junio de 2012

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la República, basado en principios humanistas, sustentado en los principios morales y éticos bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 236 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 1, literal c del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTA

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE LA GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO


Decreto N° 9.051, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y Entes del Estado

(Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)

Decreto N° 9.051 15 de junio de 2012

HUGO CHAVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros,

DICTA

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES


Decreto N° 9.050, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad


(Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)

Decreto N° 9.050 15 de junio de 2012

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los numerales 1 y 3 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, en Consejo de Ministros.

DICTA

el siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO DE BIENES INMUEBLES EN LOS CASOS DE EXPROPIACIONES DE EMERGENCIA CON FINES DE POBLAMIENTO Y HABITABILIDAD

Artículo 1

Objeto

El presente Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por el Estado venezolano, a los fines del poblamiento y habitabilidad, en los casos de expropiación de emergencia, previstos en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y vivienda. Artículo 2

Determinación de la base de cálculo para el justiprecio

A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el justiprecio del inmueble se determinará utilizando como base de cálculo, el último valor de compra de dicho inmueble, indicado en el respectivo documento de propiedad debidamente protocolizado.

En el supuesto que el documento protocolizado de compra-venta del inmueble, tenga data inferior a un (1) año para el momento del inicio del procedimiento de expropiación de emergencia, se considerará como base de cálculo, la penúltima transacción registrada.


Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Estatuto de la función Pública de la Policía de Investigación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, consagra en su artículo 55 el derecho de toda persona a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, así como también garantiza su participación en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.

Asimismo, el artículo 332 constitucional establece la obligación del Ejecutivo Nacional de organizar los órganos de seguridad ciudadana de carácter civil, como un medio para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna, así como la protección de los ciudadanos y ciudadanas en sus hogares y bienes y mantener y restablecer el orden público.

Antecedente histórico.

El Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector en materia de seguridad ciudadana, acordó un proceso de diagnóstico jurídico, organizativo y funcional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual fue adelantado por el Consejo General de Policía, adscrito al órgano rector en materia de seguridad ciudadana, y la Dirección General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el objetivo general de detectar y corregir debilidades y potenciar las fortalezas del Cuerpo, centrado en su naturaleza jurídica de reconocimiento constitucional como parte integrante del sistema de justicia y del sistema de seguridad ciudadana para contribuir a la rectoría, organización y optimización de la función policial de investigación penal que debe ejercer el Cuerpo. Este diagnóstico consistió en proponer, entre otros aspectos, un programa de reformas del Cuerpo, buscando su adecuación a la función de policía judicial especializada en investigación penal y órgano de seguridad ciudadana, sustentada en principios como el respeto y la preservación de los derechos fundamentales, la garantía a las normas del debido proceso, la lucha contra el delito, todo esto con la finalidad de cambio de imagen institucional.

Para ello, se dividió el estudio o diagnóstico en seis (6) objetivos o sub proyectos específicos, los cuales estuvieron a cargo de un coordinador externo altamente calificado, entre ellos: 1) el análisis de la carrera policial, para generar conocimientos fundados acerca de la carrera policial en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el estado actual de los procesos - sistema de recursos humanos, que obedece a lo relacionado con el plan funcionarial; y 2) el estudio-diagnóstico del sistema disciplinario, su procedimiento, causales, sanciones, órganos, desviaciones policiales y otros.

Finalmente, el equipo de coordinadores presentó un informe final consolidado de cada aspecto de la investigación, que servirá para definir y reglamentar el nuevo modelo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entre las conclusiones del diagnóstico estuvieron los siguientes:


Sumario de la Gaceta Oficial número 39.951 correspondiente al día lunes 25 de junio de 2012


Sumario

Asamblea Nacional

Resolución Nº 009-12, mediante la cual se modifica la denominación de la División de Registro y Control Presupuestario, adscrita a la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional, por División de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 125,mediante la cual se dictan las Normas Generales Relativas a la Adquisición, Uso y Regulación de Sistemas de Telecomunicaciones para los diferentes Organismos de Seguridad Ciudadana del Estado.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Superintendencia Nacional de Valores

Resolución Nº 062, mediante la cual se autoriza la oferta pública de la emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones, Emisión 2012-1, de la sociedad mercantil F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., por el monto que en ella se indica. (Bs.500.000.000,00).

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

Resolución Nº 034, mediante la cual se concede el beneficio de Jubilación a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Actas. (Asamblea Extraordinaria de Accionistas de VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A., VENEZOLANA DE TELEFÉRICOS VENTEL, C.A.).


Sumario de la Gaceta Oficial número 39.950 correspondiente al día viernes 22 de junio de 2012


Sumario

Vicepresidencia de la República

Superintendencia Nacional de Costos y Precios

Providencia N° 173, mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Permanente de esta Superintendencia, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las Áreas: Económico Financiera, Jurídica, Técnica y Secretaría).

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Resolución N° 3233, mediante la cual se designa al ciudadano Gabriel Enrique Sanguino García, como Director de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (OESEPP), adscrito a este Despacho.

ONAPRE

Providencia N° 101, mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios de Corriente a Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 4.300,00).

Providencia N° 102, mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios de Gasto Corriente para Gasto de Capital del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, por la cantidad que en ella se señala. (Bs. 21.122.000).

Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para la Defensa, de Industrias y para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Conjunta N° DM/066/2012, DM/022874, DM/075 y DM/124, mediante la cual se establece la dispensa temporal a transportistas que prestan servicio a empresas, asociaciones o instituciones productoras o comercializadoras de fertilizantes de la permisología para el transporte de abonos minerales o químicos en el territorio nacional.

Sumario de la Gaceta Oficial número 39.949 correspondiente al día jueves 21 de junio de 2012


Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

INDER

Providencia Nº 0022-2012, mediante la cual se designa como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones de este Instituto, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las Áreas: Jurídica, Técnica, Económico Financiera y Secretaría).

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Resolución Nº 3251, mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas del Colegio Universitario de Caracas, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. (Miembros Principales y Suplentes en las Áreas: Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Secretaria).

Resolución Nº 3253, mediante la cual se designa a la ciudadana Giovanna Ruiz, como responsable del área socio-académica, correspondiéndole asumir las funciones establecidas e incorporándose a la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos. (Adoptar las medidas administrativas y académicas que resulten procedentes, en virtud de su competencia; Analizar la estructura organizativa y proyectar una nueva, acorde con los requerimientos institucionales; entre otros).

CNU

Acuerdos Nros. 027, 028 y 029, mediante los cuales se renueva y se acredita los Programas de Postgrados que en ellos se mencionan, en las Universidades que en ellos se especifican. (Por un lapso de 5 años, Maestría en Turismo, Universidad de Oriente; Maestría en Informática, Universidad Nacional Experimental del Táchira y Doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de los Andes).

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Resolución Nº DM/045,mediante la cual se designa a la ciudadana Xiomara Coromoto Ascanio Rivas, como Directora General Encargada de Educación Intercultural, adscrita al Despacho del Viceministro de Desarrollo para la Integración de la Educación Bolivariana, de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos

Avisos Oficiales mediante los cuales se declara la Extinción y Caducidad de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano de la Circunscripción Acuática de Maracaibo y la consecuente desincorporación de los Buques que en ellos se señalan. (Extinción: 08/05/2012 MACORIS y Caducidad: 24/05/2012 AN-II).


Sumario de la Gaceta Oficial número 39.948 correspondiente al día miércoles 20 de junio de 2012



Sumario

Asamblea Nacional

Acuerdo con motivo de la destacada trayectoria y participación de Hermán «Chiquitín» Ettedgui como Multiatleta y Periodista Deportivo en la generación de los «Héroes del 41».

Acuerdo sobre la repatriación de la Piedra Kueka Monumento Sagrado del Pueblo Pemón.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución Nº 123, mediante la cual se designa a la ciudadana Laura Carolina Contramestre Méndez, Registradora Pública del Municipio Junín y Rafael Urdaneta, estado Táchira.

Sistema Integrado de Policía

Providencia Nº 0031, mediante la cual se deja sin efecto la designación como Miembros integrantes del Consejo Disciplinario del Instituto Autónomo de la Policía del estado Yaracuy, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, y se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Miembros integrantes del Consejo Disciplinario de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Resolución Nº DM/063 A, mediante la cual se designa al ciudadano Darwin Antonio Tovar, como Ministro Consejero en Comisión, Encargado de Negocios a.i, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Indonesia.

lunes, 25 de junio de 2012

Prevalencia del proceso penal sobre cualquier procedimiento administrativo disciplinario (Sala Constitucional)

       "...No obstante lo anterior, cabe advertir que esta Sala Constitucional, en defensa y resguardo del orden público e incolumidad del texto constitucional, ha procedido a la revisión de oficio en casos que se encuentren incursos en algunas de las causales estipuladas en el fallo N° 93/2001, recaída en el caso: Corpoturismo, ahora plasmadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pese a la desestimación de la pretensión que hubiese sido interpuesta y originado su intervención (vid. sentencia N° 664/08). Ello en virtud de la condición de esta Sala de máxima garante del derecho positivo y custodia de los derechos fundamentales, lo cual implica que está obligada a permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar una garantía constitucional.
En ese sentido, la Sala observa que en el caso de autos, el 26 de noviembre de 2009 el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo decretó el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana Rosario Elena de las Mercedes González Salinas, al asumir de oficio, conforme con el contenido del artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal, la excepción prevista en el artículo 28.4.e eiusdem, referida al incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción penal, excepción esta que se encuentra comprendida en la acción promovida ilegalmente.
Como fundamento de la terminación anticipada del proceso penal, el referido Juzgado de Control, invocando la Ley de Ejercicio de la Medicina, precisó que el órgano encargado para dirimir previamente la actuación profesional de una médica era el Tribunal Disciplinario del “Colegio de Médicos respectivo”,  por lo que era un requisito de procedibilidad para intentar la acción penal el agotamiento y el pronunciamiento de ese Tribunal Disciplinario.

viernes, 22 de junio de 2012

Sala Constitucional revisa y anula decisión definitivamente firme dictada en el año 1966 (Caso Fabricio Ojeda)

"... El 26 de agosto de 1966, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, hoy suprimido, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, dictó decisión mediante la cual declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano Fabricio Ojeda, todo ello en virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida averiguación.

El referido Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en la citada decisión señaló, expresamente, lo siguiente:



(…) debe aclararse si el ahorcamiento ha sido voluntario o criminal, si se trata de un suicidio, un homicidio o un accidente.
A este respecto se pasa a examinar la forma como se ha producido la ahorcadura, el medio, el lugar, vecindad de un mueble para subir previamente, las lesiones externas e internas, la disposición de espíritu en que se hallaba en vida el sujeto ahorcado (…).
El medio empleado fue una cuerda de persiana (…).
El lugar del suceso lo constituyó una habitación con dos ventanas con marco de hierro y cristales transparentes, reforzada con una reja de seguridad (…) el cordón de una de estas persianas fue cortado con una hojilla y usado como lazo suspensor.
Las hojillas fueron adquiridas el día 18 de junio de 1966, junto con la crema y la máquina de afeitar (…).
Al lado izquierdo del cadáver se encontró un taburete o banco de madera, de color verde, redondo y de cuatro patas.
Los pies resbalaron por el suelo, hubo suspensión incompleta.
Estas observaciones materiales hacen verosímil que el ahorcado por si mismo puso la cuerda tal como se la encontró.
En cuanto a las lesiones externas situadas en el cuadrante súpero-externo de la región pectoral derecha y en la cara anterior del hombro derecho, según los médicos forenses fueron producidas diez días antes del suceso (…).
Fuera de esas lesiones y la excoriación en la cara posterior del codo derecho, no se aprecian otras, no había equimosis en el abdomen o zona epigástrica.
Las experticias toxicológicas han demostrado que no fue narcotizado, ni cloroformado y mucho menos envenenado. Por tanto, toda sospecha de crimen queda desvanecida (sic) tanto más, si se tiene en cuenta que los médicos forenses afirman categóricamente que la muerte ha sido la (sic) consecuencia de la ahorcadura.



En tal sentido, concluyó afirmando que:



El conjunto de informaciones recogidas durante esta averiguación sumaria permite a este tribunal formarse la convicción fundada de que la presente ahorcadura es el resultado del suicidio.
Ahora bien, el vigente Código Penal no pena el suicidio ni en su tentativa, solo castiga la ayuda y la inducción para que otro se suicide (art. 414) (sic). Impunidad que es reconocida por casi todas las legislaciones (…).
En consecuencia, la muerte causada directamente por FABRICIO RAMÓN OJEDA sobre su propia persona no es punible. Por tanto, es procedente declarar terminada esta averiguación iniciada de oficio, por no haber lugar a proseguirla, según el ordinal 2° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Mayúsculas del fallo).


Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de las definiciones números 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, correspondientes al Grupo n° 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza

"...Siendo la oportunidad de pronunciarse sobre el mérito de la demanda de nulidad incoada por la representación de la asociación civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA), contra el artículo 14, el Grupo 8322 del Clasificador de Actividades Económicas y los Códigos 457 y 459 de Definiciones del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 2127 del 28 de diciembre de 2005; la Sala observa que las normas cuya nulidad fue solicitada, establecen lo siguiente:
Artículo 14. Para el ejercicio de una actividad económica de forma habitual en establecimiento permanente ubicado en jurisdicción del Municipio Iribarren, deberá solicitarse y obtenerse previamente a su inicio la respectiva Licencia de funcionamiento.
La Licencia de funcionamiento es un acto administrativo mediante el cual el Municipio autoriza al titular la instalación y ejercicio, en el sitio, establecimiento o inmueble determinado, de las actividades económicas en ella señala [sic] y en las condiciones y horarios indicados.
La solicitud y obtención de la Licencia de funcionamiento también la deberán cumplir quienes ejerciendo en forma permanente en establecimientos ubicados en otros Municipios, se propongan realizar en forma habitual actividades económicas gravadas conforme a esta Ordenanza en el Municipio Iribarren”.

jueves, 21 de junio de 2012

Acerca de la tutela judicial efectiva, el principio pro actione y las acciones mero declarativas (Sala Constitucional declara Sin Lugar solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad del art. 16 del Código de Procedimiento Civil)

"...Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la nulidad del parágrafo único del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido observa lo siguiente:

Como punto previo, debe advertirse que en el caso de autos se verificó la perención breve, motivado a la falta de consignación oportuna a los autos de la publicación en prensa del cartel de emplazamiento a los terceros interesados por parte del recurrente. Asimismo, se verificó la pérdida del interés, por haber transcurrido más de un año, sin actuación alguna por la parte accionante, después de dicho “Vistos”.

No obstante lo anterior, cabe indicar que esta Sala al momento de emitir pronunciamiento sobre la admisión del presente recurso de nulidad, lo cual realizó a través de decisión N° 2.535/2006, procedió a desestimar la perención de la instancia, por el transcurso de un año, argumentando que “(…) se observa que en el presente caso, las normas que rigen el acceso al proceso son de inminente orden público (Vid. entre otras, sentencia de esta Sala N° 3.523/2003), en virtud de que no admiten derogatoria entre las partes y son esenciales al ejercicio y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos y su protección frente los órganos del Estado o frente a los terceros, por lo que, en consecuencia, estima esta Sala aprovechar la oportunidad para pronunciarse respecto a la constitucionalidad o no de la norma impugnada y proceder a fijar el alcance y contenido del artículo en cuestión, razón por la cual, esta Sala desestima la declaratoria de la perención de la instancia en el presente caso (…)”.

Visto lo anterior, esta Sala mantiene y ratifica lo expresado anteriormente, en el sentido de que las normas que rigen el acceso al proceso son de inminente orden público por lo cual, desestima nuevamente la declaratoria de la perención de la instancia en esta oportunidad breve; así como la pérdida del interés por abandono del trámite en el presente caso, y pasa a conocer del fondo del recurso de nulidad interpuesto, y así se decide.

Ahora bien, la parte solicitante, plantea la nulidad del parágrafo único del artículo 16 eiusdem, en virtud de que a su criterio “(…) es contrario al espíritu, propósito y razón de los artículos 26, 49, 60, 115 y 257 de la Constitución (…)”, ya que la Carta Magna no impuso impedimento alguno para el ejercicio del derecho de acción, bastando sólo que el recurrente acuda a los órganos de administración de justicia, siempre y cuando su demanda no sea contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, para que “(…) el Tribunal competente le admita su querella”.

En atención a ello, debe indicarse que el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, establecen que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.

Sentencia que declara la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Asignaciones (Sala Constitucional)

"...III
ANÁLISIS DEL CARÁCTER ORGÁNICO DEL PROYECTO SOMETIDO A CONSIDERACIÓN


En la ya señalada sentencia Nº 537 del 12 de junio de 2000, caso: Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, se fijaron las nociones que sirven para calificar las leyes -u otro acto que detente el mismo rango emanado por una autoridad constitucionalmente habilitada para ello- como orgánicas, prevista en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, utilizando dos criterios de división lógica distintos, a saber: uno, obedece a un criterio técnico-formal, es decir, a la prescripción de su denominación constitucional o la calificación por la Asamblea Nacional de su carácter de ley marco o cuadro; el otro, obedece a un principio material relativo a la organización del Poder Público; y, por último, el desarrollo de los derechos constitucionales. En tal sentido, se estableció que el pronunciamiento de la Sala Constitucional era necesario para cualquiera de las categorías señaladas, excepto para las leyes orgánicas por denominación constitucional, pues el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere a “(...) las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas”.

En esa línea argumental, a la luz del artículo 203 de la Constitución de 1999 son materias reservadas a la ley orgánica: (i) las que en casos concretos así haya considerado el propio Texto Constitucional (vale decir, las leyes orgánicas por denominación constitucional), y aquellas relativas (ii) a la organización de los Poderes Públicos, (iii) al desarrollo de derechos constitucionales, y (iv) las que constituyan un marco normativo para otras leyes.

Precisa la Sala que los mencionados supuestos a que se refiere el artículo 203 de la Constitución poseen carácter taxativo, lo que implica que cualquier ley a la cual se pretenda considerar como orgánica debe estar incluida en cualquiera de ellos para que se le estime y se le denomine como tal.
En torno a la delimitación constitucional de las materias propias de la ley orgánica, la Sala ha subrayado, en general, que “(…) con las leyes orgánicas se pretende fundamentalmente que las materias reguladas por estas tengan mayor estabilidad que aquellas materias que son propias de las leyes ordinarias, dada la especial rigidez de aquellas normas respecto de estas, cuya aprobación y ulterior modificación o derogación se somete a requisitos especiales -como el concurso más amplio de voluntades en la Asamblea Nacional- en cuanto regulan la materia de que se trate, aunque la ratio del número de leyes orgánicas -tanto por determinación constitucional como las que derivan de un criterio material- incluidas en el texto constitucional, encierran diversas motivaciones (p. ej. prolongar el espíritu de consenso en materias trascendentales o poner a cubierto el desarrollo de los derechos fundamentales)” (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 34 del 26 de enero de 2004, caso: “Vestalia Sampedro de Araujo”).

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