¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

¡Bienvenidos!

En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

domingo, 29 de abril de 2012

Perención de la instancia, supuesto del numeral 3 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (Sala de Casación Civil)


Ahora bien, el principio del impulso procesal de las partes, consagrado en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, requiere que sea a instancia de parte, cuyo impulso debe efectuarse mediante un acto procesal que contenga implícita la intención de inducir el desarrollo de la causa, con influencia inmediata en la relación procesal.
         Asimismo, esta Sala en relación a la perención breve, prevista en el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia N° 662, de fecha 7 de noviembre de 2003, expediente N° 2001-000598, juicio Gustavo Cosme Riccio Páez, contra Carlos Manuel Barito Grana y otros, expediente N° 2001-000598, (Ratificada entre otras, en sentencia N° 763 de fecha 15/11/2005 y sentencia N° 229, de fecha 30/06/2010) expresó lo siguiente:
“…En cuanto a la perención solicitada de conformidad con el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es menester señalar que la referida norma consagra la extinción de la instancia “…Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla...”.
La Sala observa que si bien es cierto que una vez hecho constar en el expediente la muerte de Gustavo Cosme Riccio Páez, parte demandante en el presente juicio, por el abogado José Antonio Méndez Noguera, la causa entró en suspenso, y por cuanto en esa misma oportunidad dicho abogado gestionó su continuación al solicitar a la Secretaría de esta Sala que se libraran los edictos, lo cual se acordó en fecha 2 de octubre de 2001, es evidente que no se produjo el supuesto de hecho previsto en el citado ordinal 3° del artículo 267 eiusdem, pues tal gestión se realizó dentro del perentorio plazo de seis meses previsto en la regla antes citada.
Sin embargo, el hecho de haberse ordenado la citación de los herederos desconocidos en fecha 2 de octubre de 2001, no significa que la causa dejara de estar en suspenso, sino que impidió la consumación de la perención conforme al ordinal 3° del artículo 267 ibidem, y comenzó a transcurrir el lapso ordinario a que se refiere en su encabezado la mencionada norma, la cual dispone que “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”; plazo que se inició desde el día siguiente al último acto de procedimiento, que fue la solicitud de fecha 10 de agosto de 2001, realizada por el apoderado judicial de la codemandada Leydy Mercedes Guerrero Galindo, de que se libraran los edictos.
Por este motivo considera este Alto Tribunal que en el presente asunto operó la perención del procedimiento seguido ante esta Sala, por haber transcurrido desde la última actuación procesal, 10 de agosto de 2001, hasta la actualidad, más de un (1) año, sin que la causa hubiese llegado a fase de sentencia desde luego que, por lo expuesto, no se llegó a concluir la sustanciación…”. (Resaltado de la Sala).

Criterios objetivos y subjetivos para verificar la procedencia de la perención de la instancia (Sala de Casación Civil)



           Ahora bien, realizado el recuento de los eventos procesales ocurridos en el sub iudice, la Sala considera necesario referirse previamente a la figura de la perención y a la doctrina imperante de esta Sala respecto a dicha institución procesal.

En relación a la perención, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla…”. (Negritas de la Sala).

La norma supra transcrita se refiere a la figura de la perención; institución procesal, íntimamente vinculada con el principio del impulso procesal, concebida por el legislador como una sanción para las partes involucradas en la causa que hayan abandonado el juicio por el transcurso del tiempo, trayendo como consecuencia la extinción del proceso.
La perención operará única y exclusivamente por la inactividad, negligencia o descuido de las partes al no realizar ningún acto para darle continuidad e impulso a la resolución de la controversia, más no puede ser atribuida a la omisión o falta de acción del juez. Dependiendo de las circunstancias de las que se traten podrá ser declarada entre un mes y el año, luego de haberse materializado la inacción.

Sala de Casación Civil: no debe castigarse al demandante por la omisión del Alguacil en dejar constancia de haber recibido los emolumentos necesarios para la práctica de la citación


Al respecto, esta Sala aprecia que el juez superior declaró la perención breve de la instancia, tomando como base para ello que “…no hay constancia en autos de la obligación impuesta al alguacil, de dejar constancia en el expediente de que el actor cumplió o no con dicha obligación…”, es decir, que el accionante haya cumplido con la obligación de consignar los medios necesarios para que el alguacil se trasladara a citar a los codemandados, sin tomar en cuenta, en primer término, que tal actividad, -la de dejar constancia en el expediente de la entrega de estos emolumentos- es responsabilidad del alguacil, motivo por el cual resulta desacertado castigar a la parte actora por la omisión de una actuación procesal que no le corresponde, transgrediendo de esta manera su derecho a la defensa, el acceso a la justicia e impidiéndole además la tutela judicial efectiva de sus derechos.

Sobre este particular, la Sala Constitucional, en sentencia N° 816, de fecha 6 de junio de 2011, caso: Luisa Teresa Lanz de León, precisó lo siguiente:

“…señaló la accionante que, el supuesto agraviante declaró la perención breve por una omisión no imputable a la parte actora, “como es el hecho de que el alguacil del Tribunal no dejo (sic) constancia en autos de que había recibido  los emolumentos para la citación de la parte demandada, aun cuando consta en autos que la parte demandante entregó tales emolumentos…”.
De ser cierto lo afirmado por la accionante, considera esta Sala que no debe castigarse al demandante con la perención de la causa, por la omisión de una actuación que procesalmente no le corresponde, como lo constituye el señalamiento por parte del alguacil, de haber recibido los emolumentos necesarios para la práctica de la citación.
…Omissis…
De manera que, es evidente que el juzgado accionado con su proceder subvirtió el orden procesal, y violentó el debido proceso al impedir la normal  continuación del mismo, por decretar la perención breve de la instancia en el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento intentó la ciudadana Luisa Teresa Lanz de León, con lo cual también afectó el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de la parte demandante, quien ante su planteamiento no obtuvo la respuesta debida por parte del órgano jurisdiccional…”. (Cursivas y subrayado de esta Sala).


Perención de la instancia en donde se solicitó la citación por comisión. Supuestos. (Sala de Casación Civil)

viernes, 27 de abril de 2012

Sala Constitucional: Sentencia VINCULANTE que establece como inderogable o indisponible por las partes la competencia territorial de la Jurisdicción Especial Agraria " por lo que resultará en todo momento competente el tribunal agrario del lugar donde se implementó o pretendió desarrollar el plan de inversión de crédito con fines agrarios; o bien, el del sitio donde se localice el bien dado en garantía, siempre y cuando éste resulte afecto a la actividad agraria, aún cuando las partes hayan establecido de mutuo acuerdo un domicilio especial distinto "

"...De allí que se plantea para esta Sala dilucidar, si la desaplicación realizada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue ajustada a derecho, tomando en consideración que en lo que a dicho control de la constitucionalidad se refiere, esta Sala reitera que esta modalidad es inherente al sistema de justicia constitucional y “se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica (…), es incompatible con la Constitución.  Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría. No debe confundirse el control difuso, destinado a desaplicar normas jurídicas, con el poder que tiene cualquier juez como garante de la integridad de la Constitución, de anular los actos procesales que atenten contra ella o sus principios, ya que en estos casos, el juzgador cumple con la obligación de aplicar la ley, cuya base es la Constitución (…). Distinta es la situación del juez que desaplica una norma porque ella colide con la Constitución, caso en que la confrontación entre ambos dispositivos (el constitucional y el legal) debe ser clara y precisa. Esto último, conlleva a la pregunta ¿si en ejercicio del control difuso un juez puede interpretar los principios constitucionales, y en base a ellos, suspender la aplicación de una norma? (…). Fuera de la Sala Constitucional, debido a las facultades que le otorga el artículo 335 de la Constitución vigente, con su carácter de máximo y última intérprete de la Constitución y unificador de su interpretación y aplicación, no pueden los jueces desaplicar o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales o interpretaciones motu proprio que de ellas hagan, ya que el artículo 334 comentado no expresa que según los principios constitucionales, se adelante tal control difuso. Esta es función de los jueces que ejercen el control concentrado, con una modalidad para el derecho venezolano, cual es que sólo la interpretación constitucional que jurisdiccionalmente haga esta Sala, es vinculante para cualquier juez, así esté autorizado para realizar control concentrado” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.851/08).

En este sentido, el control difuso es un medio que conlleva en sí un juicio de inconstitucionalidad de la norma entendida en los efectos lesivos al caso concreto, que necesariamente requieren de un análisis de ponderación entre el cumplimiento de la consecuencia jurídica establecida en la disposición a desaplicar y su aproximación con el posible perjuicio y desnaturalización de un derecho o principio constitucional; ameritando un examen en relación a la validez de la norma (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 701/09).

Siendo ello así, su alcance viene determinado precisamente por el texto constitucional que da origen a su fundamentación como medio de protección, delimitando la naturaleza de las normas que se encuentran dentro de su ámbito de regulación, de conformidad con el primer aparte del artículo 334 de la Constitución “En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente” y, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, que establece “Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia”.

jueves, 26 de abril de 2012

2° SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TÉCNICAS DE LITIGACIÓN: "TEMAS PROBATORIOS"


TEMARIO:

TEORÍA DEL CASO - LAS PRUEBAS TÉCNICAS Y EL MANEJO DEL INTERROGATORIO DE EXPERTOS EN JUICIO - CÓMO INCORPORAR EVIDENCIA MATERIAL - LA PRESENTACIÓN DE LOS TESTIMONIOS - DETERMINACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE TESTIGOS - EL INTERROGATORIO DE VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES: REFERENCIA A LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA - LOS TESTIMONIOS DE NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE EL USO DE CÁMARA GESELL - LA PRESENTACIÓN DEL ORDEN DE LAS PRUEBAS SEGÚN EL PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO - ENTRE OTROS TEMAS PROBATORIOS

SÁBADO 5 DE MAYO DE 2012

LUGAR: CARACAS, AVENIDA PRINCIPAL DE LA CASTELLANA, CENTRO LETONIA, SALÓN OMEGA. 

HORARIO: 8:00 AM – 5:00 PM

ORGANIZA Y ACREDITA: ALIANZA JURÍDICA con el apoyo del CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA - CHILE) en el marco de las réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal y el AUSPICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA.


Decreto N° 8.920, mediante el cual se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado

(Gaceta Oficial Nº 39.908 del 24 de abril de 2012)

Decreto Nº 8.920 24 de abril de 2012

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 11 y 24, del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 80 y 91 ejusdem y en conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 22 y 172 de la Ley Orgánica del Trabajo; 61, literal "d" y 69 de su Reglamento, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado garantizar el derecho del trabajador, y de la trabajadora a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, siendo una parte del logro de la mayor suma de felicidad posible que el Libertador legó como objetivo de la Nación,

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado los convenios números 26, 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), relativos al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, a la protección del salario y a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra femenina y masculina por un trabajo de igual valor, respectivamente,

Asamblea Nacional: Texto del "Acuerdo en desagravio a la dignidad del Pueblo Venezolano por las infames declaraciones emitidas por el Ex Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Ramón Aponte Aponte."

Acuerdo en desagravio a la dignidad del Pueblo Venezolano por las infames declaraciones emitidas por el Ex Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Ramón Aponte Aponte

(Gaceta Oficial Nº 39.909 del 25 de abril de 2012)

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Como Vocera del Pueblo Soberano

ACUERDO EN DESAGRAVIO A LA DIGNIDAD DEL PUEBLO VENEZOLANO POR LAS INFAMES DECLARACIONES EMITIDAS POR EL EX MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones y de su poder soberano, el día 20 de marzo del año 2012, en cumplimiento del artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acordó por unanimidad remover del cargo al Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Ramón Aponte Aponte, titular de la cédula de identidad Nº 3.581.104, por falta calificada como grave por el Consejo Moral Republicano;

CONSIDERANDO

Que el ex magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte fue citado a que compareciera ante la Asamblea Nacional para presentar sus descargos ante la calificación de "falta grave" a los principios de honestidad, lealtad y disciplina, respetándosele el legítimo derecho a la defensa y principios de legalidad, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República, así como en la Ley Orgánica del Poder ciudadano y demás instrumentos jurídicos, a la cual se negó a asistir; en el caso de la denuncia interpuesta contra él por el otorgamiento de credenciales al narcotraficante Walid Makled;

miércoles, 25 de abril de 2012

Sala de Casación Penal: el cómputo de la suspensión del debate de juicio oral y público deberá realizarse por "días hábiles de despacho"


La denuncia del impugnante está referida a la errónea interpretación del artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, por parte de la Corte de Apelaciones, al considerar que los diez (10) días por los cuales se puede suspender el debate oral se cuentan por días hábiles y no por días consecutivos o calendarios.

Ahora bien, el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El tribunal realizará el debate en un solo día. Si ello no fuere posible, el debate continuará durante los días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, computados continuamente, sólo en los casos siguientes:
1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en el intervalo entre dos sesiones;
2. Cuando no comparezcan testigos, expertos o intérpretes, cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública;
3. Cuando algún juez, el imputado, su defensor o el fiscal del Ministerio Público, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente; o el tribunal se haya constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación; la regla regirá también en caso de muerte de un juez, fiscal o defensor;
4. Si el Ministerio Público lo requiere para ampliar la acusación, o el defensor lo solicite en razón de la ampliación de la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente”. (Resaltado de la Sala).

En la transcrita norma se insta a los tribunales de juicio a realizar el debate en un solo día, pudiéndose extenderlo durante los días “consecutivos” siguientes si la complejidad del juicio y la particularidad de lo juzgado así lo amerita. Se prevé también la posibilidad de suspensión del debate por un plazo máximo de diez días, computados “continuamente”, estableciéndose en el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal, que el juicio deberá reanudarse a más tardar el undécimo día después de la suspensión, de lo contrario, se considerará interrumpido el debate y deberá realizarse nuevamente desde su inicio.

martes, 24 de abril de 2012

Sala Constitucional ordena el expendio de los productos Materna, Maternavit, Prenavit y Nutrimami, como "especialidades farmacéuticas" y bajo récipe médico (Acción de derechos colectivos y difusos)


Establecido el marco normativo aplicable al régimen de control en materia de policía administrativa, la Sala determina los siguientes aspectos: (i) Las Especialidades Farmacéuticas son una especie de los Productos Farmacéuticos, que, por su particularidad requieren de autorización debidamente publicada en Gaceta Oficial que permita su expendio, sea en venta libre o bajo prescripción facultativa; (ii) El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” tiene no solo las funciones de un organismo técnico del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social para realizar la evaluación integral de los productos farmacéuticos, sino que tiene además la potestad para autorizar el expendio, sin cuya autorización, serán considerados de venta prohibida; (iii) Dicha autorización se encuentra sometida a un procedimiento administrativo previo, sin el cual, no puede emitirse el respectivo acto.
De modo que, establecida la normativa aplicable, esta Sala observa, luego de analizadas las pruebas presentadas, durante el procedimiento por las partes, como aquellas solicitadas de oficio por esta misma instancia constitucional, que existe una amenaza real de peligro en la colectividad venezolana al evidenciarse, que el producto Materna se expende libremente bajo un régimen de alimentos que no le corresponde por inadecuado.
Los estudios iniciales realizados en su momento por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, órgano competente conforme a la normativa antes expuesta, determinaron que dicho producto no era un alimento, conclusión que también arrojaron los informes solicitados por esta Sala a la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, los cuales constan en autos, por lo que en realidad se está en presencia de una Especialidad Farmacéutica; lo cual, no se compadece con el acto administrativo dictado por el entonces Ministerio de Salud, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, que permitió su venta como alimento y no como medicamento que es lo adecuado.

Sala de Casación Social: Parámetros que deben considerarse para la determinación del daño moral en materia laboral


"...De la Certificación y del Informe Médico suscritos por médicos adscritos a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, se desprende que el demandante padece de Lumbocialtalgia Crónica, Profusión Discal L3-L4, es decir, un trastorno músculo-esquelético, lo que le originó una Discapacidad Parcial Permanente para realizar actividades que ameriten realizar esfuerzos físicos pesados, movimientos repetitivos de flexo-extensión y rotación de columna lumbo-sacra, y actividades que ocasionen impacto a nivel de la columna.

Ahora bien, para la condenatoria de la indemnización por daño moral, la doctrina y jurisprudencia patria han señalado que se deben dejar al juez amplias facultades para la apreciación y su estimación, no obstante, a pesar de que pertenece a la discreción y prudencia del juez la calificación, extensión y cuantía del daño moral, esta Sala ha señalado una serie de hechos objetivos que el juez debe analizar en cada caso concreto, para determinar la procedencia del pago de la indemnización del daño moral y determinar su cuantificación (Sentencia N° 144 del 7 de marzo de 2002, caso: José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.).

Sala de Casación Penal señala que las partes deberán oponerse a las medidas de "aseguramiento" sobre bienes, conforme a lo previsto para el trámite de las cuestiones incidentales en el proceso penal (Art. 312)

"...  La tutela jurisdiccional cautelar, puede conceptualizarse, como aquella que va dirigida a hacer cesar el peligro de un daño en potencia, impidiendo la comisión o continuación de un acto perjudicial, o de forma alguna la facilitación de la actuación futura del derecho mismo.
             
        Durante el proceso penal pueden ser dictadas diferentes medidas cautelares preventivas, tal como lo dispone el artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal que remite expresamente al Código de Procedimiento Civil, encontrándose establecidas en el articulo 588 ejusdem, siendo necesario la verificación previa de los requerimientos, que se refiere a la presunción grave del derecho que se reclama fumus boni iuris; el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva periculum in mora, y en algunos casos se impone una condición adicional, que consiste en el fundado temor de que una de las partes puedan causar lesiones graves o de difícil reparación periculum in damni.

Aunado a lo planteado se debe resaltar nuevamente el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, referente al punto de que los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir, debiendo ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver la controversia, disponiendo de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual puede interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento como una actividad propia de su función de juzgar, salvo que viole notoriamente derechos o principios constitucionales, no siendo este el caso en estudio, no existiendo por lo tanto violación del debido proceso ni de las normas, máxime cuando se observa que se ejerce con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, siendo otorgada la providencia cautelar solo al verificar correctamente los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de procedimiento Civil.

Sala Constitucional declara Con Lugar la acción de amparo ejercida a favor de un adolescente condenado a una pena superior a la prevista en el art. 628 LOPPNNA


Ahora bien, se observa de las actas que conforman el presente expediente, la partida de nacimiento (folio 29 del anexo 2) de la cual se desprende que la adolescente nació el 1° de octubre de 1996, es decir, que para la fecha en la cual se cometió el hecho punible, a saber, el 26 de julio de 2010, y aun para el momento en que fue dictada la decisión que la sancionó, el 30 de agosto de 2010, la misma contaba con trece (13) años de edad.

Así pues, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece las pautas para la determinación y aplicación de la sanción para lo cual debe tomarse en cuenta a los grupos etarios, y al respecto establece en sus artículos 622 y 628, lo que sigue:

Artículo 622Pautas para la Determinación y Aplicación.
Para determinar la medida aplicable se debe tener en cuenta:
a) La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado.
b) La comprobación de que el o la adolescente ha participado en el hecho delictivo.
c) La naturaleza y gravedad de los hechos.
d) El grado de responsabilidad del o de la adolescente.
e) La proporcionalidad e idoneidad de la medida.
f) La edad del o de la adolescente y su capacidad para cumplir la medida.
g) Los esfuerzos del o de la adolescentes por reparar los daños.
h) Los resultados de los informes clínico y sico-social.
[…]” [Negrillas de la Sala].
.

Artículo 628. Privación de Libertad.
Consiste en la internación del o de la adolescente en establecimiento público del cual sólo podrá salir por orden judicial.

Parágrafo Primero: La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo. En caso de adolescentes que tengan catorce años o más, su duración no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años. En caso de adolescentes de menos de catorce años, su duración no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años. En ningún caso podrá imponerse al o a la adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente” [Negrillas de la Sala].

miércoles, 18 de abril de 2012

Sala de Casación Penal: Acerca del posible conflicto de intereses que surge de la defensa del imputado realizada por el profesional del derecho imputado en el mismo proceso penal

No obstante, observa la Sala de Casación Penal, que la solicitante del avocamiento, es decir, la ciudadana MARIS SAMIRAMIS JIMÉNEZ, además de fungir como Defensora de la imputada AMBAR YAMILETH GÓMEZ VILLEGAS, tiene igualmente en ese mismo proceso, por razón de la acumulación de las causas seguidas a ambas; la condición de imputada; situación esta que en criterio de la Sala, pudiera dar lugar a un conflicto de intereses dada la posición procesal que ocupan cada una de ellas en dicha causa.

En este sentido, es oportuno destacar que el ejercicio de la Defensa de una de las imputadas como lo es la ciudadana AMBAR YAMILETH GÓMEZ VILLEGAS; por parte de otra coimputada en este caso la profesional del derecho MARIS SAMIRAMIS JIMÉNEZ; además de poner en riesgo un potencial conflicto de intereses entre ambas como se acaba de indicar; puede plantear complicaciones, desde el punto de vista operativo y funcional, pues de acuerdo a la dinámica de nuestro proceso penal existen ciertos actos procesales que no podrán ser presenciados, controlados y controvertidos por parte de aquella o aquel, que ejerciendo la defensa de un imputado o acusado ostenta igualmente la condición de procesado en dicha causa. Verbigracia, la presencia y control de la declaración que pueda rendir el  imputado (a) representado un profesional del derecho que ostente la misma condición en la causa.

Por ello, y en razón de las anteriores consideraciones, se estima que el Derecho a la Defensa que asiste a la ciudadana AMBAR YAMILETH GÓMEZ VILLEGAS, puede verse potencialmente vulnerado, razón por la cual la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ordena al juez de instancia, que lleva la causa, proceda a exhortar o instar a las imputadas a nombrar un Defensor de confianza o en su defecto soliciten la designación de un defensor público.

martes, 17 de abril de 2012

Víctimas: su falta de comparecencia en el proceso penal, una vez que hubieren quedado debidamente notificadas, no puede ocasionar la demora del proceso de manera indefinida (Sala Constitucional)

"...En el caso sub examine, la presente acción de amparo se interpone contra la decisión de la Sala N° Nueve de la Corte de Apelaciones de dicho Circuito Judicial Penal, en virtud de la decisión dictada el 13 de agosto de 2008, que declaró sin lugar la apelación ejercida por la Fiscalía, contra el fallo dictado el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio de dicho Circuito Judicial Penal, que decretó la nulidad de la audiencia preliminar celebrada el 14 de febrero de 2008, en la causa seguida contra los ciudadanos Richard Dos Santos, Roberto Pestana y Denni Alexis González Figuera, por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, suministro de sustancias nocivas y corrupción de menores, con respecto a los dos primeros y con respeto al último de los mencionados sólo el delito de corrupción de menores.


La presente causa se inicia con la detención en flagrancia de los ciudadanos Richard Dos Santos, Roberto Pestana y Denni Alexis González Figuera, quienes fueron privados de libertad, en audiencia de presentación de imputados, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2007, por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, suministro de sustancias nocivas y corrupción de menores, con respecto a los dos primeros, y con respeto al último de los mencionados, sólo por el delito de corrupción de menores.

Posteriormente presentada la acusación, se realizó la audiencia preliminar, sin la presencia de las víctimas y en la misma se admite totalmente la acusación, en relación a los ciudadanos Richard Dos Santos y Roberto Pestana. Así mismo, se decretó medida de suspensión condicional del proceso, en relación al ciudadano Denni Alexis González.

Una vez remitidas las actuaciones al Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, se decretó la nulidad absoluta de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, con fundamento en que la misma se llevó a cabo sin la presencia de las víctimas adolescentes, reponiendo la causa a la fase preliminar, al estado de llevarse a cabo nuevamente la misma. Decisión esta, que fue impugnada por el accionante el 28 de marzo de 2008, mediante apelación, correspondiendo el conocimiento de la misma a la Sala N° Nueve de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas.

Ahora bien, en fecha 13 de agosto de 2008 la Corte de Apelaciones se pronunció referente al recurso de apelación, confirmando la decisión del Tribunal de Juicio, y así mismo, se pronuncia, de acuerdo a lo alegado por el accionante, sobre puntos no elevados a su consideración por la parte recurrente, tales como la competencia por motivos de prevención, así como el levantamiento de la medida de cierre temporal del establecimiento comercial, donde se llevaban a cabo las actividades delictivas contra las víctimas adolescentes.

Sala de Casación Civil: Acerca de la responsabilidad extracontractual derivada de hecho ilícito, ocurrida en forma paralela a la existencia de un contrato "En el momento que la agencia inmobiliaria está vendiendo un proyecto que sabe de imposible ejecución, se está haciendo cómplice de una estafa inmobiliaria"

"...Como puede observarse, a lo largo de todo el contrato se hace referencia a los propietarios del inmueble, quienes quedarían en potestad de aceptar la oferta de compraventa por parte del comprador. Quiere esto decir, que Servicio de Bienes Raíces CIMA, C.A. (Servibien), actúa a lo largo de las cláusulas contractuales en representación de los propietarios del inmueble, entre ellos, Inversora Breisa Caraballeda., y no a título propio.


         Por tal motivo, a los efectos del contrato cuya resolución se demanda, Servicio de Bienes Raíces CIMA, C.A. (Servibien) actuó con el carácter de un mandatario en representación de los propietarios del inmueble, uno de los cuales es Inversora Breisa Caraballeda, C.A., y por lo tanto, esta última responde directamente frente al comprador, y no su mandataria. Así se decide.
         Tomando en cuenta, que en la presente denuncia se cuestiona la interpretación que del contrato hizo la recurrida, extendiendo los efectos de la responsabilidad contractual a los afirmados mandatarios, y donde esta Sala debe pronunciarse en todos los aspectos relacionados con el mandato, el alcance de la responsabilidad derivada de un contrato y aquellas responsabilidades que puedan surgir por hecho ilícito ocurrido en forma paralela a la ejecución del contrato, siempre interpretando el alcance y contenido de los artículos denunciados: 1.357, 1.359, 1.169 y 1.691 del Código Civil, debe señalarse que el simple mandato no excusa de responsabilidad a cualquier empresa Inmobiliaria, pues el incumplimiento culposo, los daños y perjuicios, que escapen a los limites del simple mandato, pueden acarrear responsabilidad individual y patrimonial por parte de la intermediaria. Por ejemplo, cuando a sabiendas o teniendo conocimiento que el proyecto habitacional que se promociona, se encuentra detenido en forma permanente y sin posibilidad cercana de continuar adelante o atravesando graves dificultades en su ejecución y retardos importantes en su entrega y, no obstante, la empresa inmobiliaria continúa vendiendo futuros apartamentos que difícilmente llegarán a culminarse o prometiendo plazos de entrega que sabe imposibles u ocultando tal información al posible comprador, tal empresa inmobiliaria incurre en hecho ilícito, paralelo al contrato de mandato o intermediación que le ha sido conferido, pues ello escapa a la ejecución posible pautada en ese acuerdo.

sábado, 14 de abril de 2012

Sala de Casación Civil: El Tribunal de Alzada debe conocer del mérito de la causa y no limitar su actividad a revisar la legalidad del fallo apelado

"...Ahora bien, en el caso sub iudice, esta Sala evidencia, que el juzgador de alzada al entrar a conocer el asunto sometido a su cognición en segundo grado, vale decir, la oposición a la medida de embargo preventivo decretada en el presente juicio, en lugar de reexaminar el mérito de la incidencia, estableciendo si estaban o no cumplidos los requisitos de procedibilidad de la medida decretada, fumus boni iuris y periculum in mora, limitó su actividad a revisar la legalidad de los pronunciamientos emitidos por el juzgador a-quo al decretar la medida, pero en este caso particular, no para evidenciar algún vicio en el fallo, como sucede en la mayoría de los casos, sino para destacar lo correcto que había sido dicho pronunciamiento del sentenciador a-quo.

En efecto, se aprecia de la parte motiva de la sentencia recurrida, que el jurisdicente se limitó a realizar un examen o revisión de lo resuelto en la primera instancia, al concluir de la siguiente manera:

“…Así entonces, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de dos requisitos:
1.- La presunción de buen derecho o fumas (sic) Boni Idris (sic)
2.- El peligro de quedar ilusoria la ejecución del fallo o periculum in mora.
...en el caso bajo análisis se aprecia que el juez de mérito en la oportunidad de decretar la medida de embargoanalizó los requisitos para la procedencia de la cautelar solicitada; mientras que la parte demandada ni con los alegatos en que fundamentó su oposición ni con las pruebas promovidas en la incidencia; logró desvirtuar los motivos que tuvo el juez de mérito para decretar la medida; por lo que en ningún caso, logró el oponente enervar los fundamentos fácticos del juez que decretó la medida de embargo; en razón de lo cual no es procedente declarar con lugar la oposición; y así se establece…”.

viernes, 13 de abril de 2012

Admisión de hechos: El Juez no puede variar los hechos de la acusación admitidos por el imputado pero sí puede calificarlos según su prudente arbitrio. (Sala Constitucional)

"...Ahora bien, los alegatos expuestos por los apoderados judiciales del solicitante en el escrito objeto de la presente causa fueron dirigidos fundamentalmente a la presunta imposibilidad de la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia para cambiar la calificación jurídica que le fue impuesta al solicitante por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal  y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de homicidio preterintencional a homicidio intencional; asimismo se cuestiona, mediante la presente solicitud de revisión, el hecho de que la referida Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones, considerara que el solicitante admitió los hechos por la comisión del delito de homicidio intencional, situación que a criterio de los apoderados judiciales del solicitante le violentó los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, pues admitió los hechos por la comisión del delito de homicidio preterintencional.

 En este sentido, esta Sala considera necesario realizar las siguientes consideraciones sobre la figura de la admisión de los hechos y la actuación de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión cuya revisión hoy se solicita y, a tal efecto, observa:

El artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 376.- El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.
En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndose la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos, el Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio Público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.”  


Esta Sala en su fallo No 1106 dictado el 23 de mayo de 2006, caso: José Antonio Torres y Richard Alberto Torres, realizó un análisis e interpretación del contenido del mencionado artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando lo siguiente:
“…Respecto al contenido del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala observa que dicha norma prevé el denominado procedimiento por admisión de los hechos, conforme al cual en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate oral y público, el imputado podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el Juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o los previstos en la entonces Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (hoy Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.
De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una ‘negociación procesal’ que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.
Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.
Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del ‘plea guilty’, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.
Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, cabe resaltar [que] el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada (sic) en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.
Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los ‘cargos’ por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa).
(…)  A este Alto Tribunal le llama la atención que el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas permitió la aplicación de la admisión de los hechos, en la fase de juicio del procedimiento ordinario, bajo el fundamento de que el Ministerio Público modificó, en esa oportunidad, la calificación jurídica que le había atribuido a los acusados en libelo fiscal.
En efecto, debe precisarse que ‘hechos’ no es igual a ‘calificación jurídica’, por lo que admitir los ‘hechos’ establecidos en la acusación, de acuerdo con el contenido del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no implica la aceptación de la ‘calificación jurídica’ que en dicho libelo le atribuye el Ministerio Público a los imputados.
El imputado cuando accede a reconocer su participación o coparticipación en esos hechos, afirma su ejecución en aquellos elementos fácticos que han sido precisado por la parte acusadora, es decir, el tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los mismos. Da su consentimiento o acepta, en forma pura y simple, que ejecutó un comportamiento activo u omisivo.
De manera que, una vez admitidos los hechos, el Juez de Control (en el procedimiento ordinario) o de Juicio (en el procedimiento abreviado) tiene que establecer, dentro de su autonomía de decisión y mediante el uso de la adecuación típica, una calificación jurídica igual o distinta a la planteada por el Ministerio Público, para luego imponer la pena correspondiente, lo que permite al acusado, en el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación jurídica o con la pena impuesta, interponer recurso de apelación contra esa decisión condenatoria, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, por dictarse siempre esa decisión antes de la celebración del debate oral y público.
Así pues, si el Ministerio Público decide cambiar la calificación jurídica en la fase de juicio del procedimiento ordinario, una vez admitida la acusación en la audiencia preliminar, ello no supone una modificación de los hechos, por lo que no puede ofrecérsele una nueva oportunidad al imputado para que admita los hechos, ya que la tuvo en la audiencia de la fase intermedia. Si no hizo uso de ella, quiso que el proceso ordinario concluyera con una sentencia definitiva, en la cual se juzgaran esos hechos.
Por tal motivo, el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no debió permitir la aplicación de la figura de la admisión de los hechos, por el hecho de que el Ministerio Público estimó procedente cambiar la calificación jurídica.
(…) En consecuencia, juzga la Sala no ajustada a derecho la desaplicación parcial del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal efectuada por el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”. (Subrayado de Sala).

Por su parte, en cuanto al procedimiento de los recursos de apelación ejercidos para impugnar los cambios de calificación jurídica impuesta por la primera instancia, la Sala de Casación Penal estableció en su decisión N° 685 del 5 de diciembre de 2007, lo siguiente: “…en el procedimiento por admisión de los hechos, la importancia de la celebración del juicio oral, relativa a la comprobación de la certeza de la acusación fiscal, se ve reducida a la declaratoria de culpabilidad del imputado quien al reconocer su autoría en los hechos hace inútil el contradictorio, pero su resultado le concede, con la revisión y evaluación equivalente y previa del juez, el carácter de sentencia definitiva, debiéndose atender, por tanto, a los fines de su impugnación, a las disposiciones que regulan la apelación de sentencia definitiva, previstas en el Capítulo II, Título I del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal)…”.

Este criterio ha sido ratificado por la referida Sala de Casación Penal, en sentencia N° 553 del 21 de octubre de 2008, cuando indicó lo siguiente: “…si bien es cierto, que el fallo no se produjo con ocasión de un juicio oral y público, el mismo proviene de un proceso por admisión de los hechos, el cual le pone fin al proceso y su naturaleza jurídica es de una decisión condenatoria. Es por ello, que el referido fallo, tiene carácter de sentencia definitiva y debe regirse, en la fase recursiva conforme el procedimiento para la interposición del recurso de apelación de acuerdo a lo establecido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

En este orden de ideas,  esta Sala considera necesario transcribir los artículos 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales disponen del recurso de apelación lo siguiente:

“Artículo 452.- Motivos. El recurso sólo podrá fundarse en:
1.- Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, composición y publicidad del juicio.
2.- Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral.
3.- Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión.
4.- Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica”.

Artículo 457.- Decisión. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso, por alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un Juez o Jueza en el mismo circuito judicial, distinto del que la pronunció.
En los demás casos, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el asunto con base en las comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida, siempre que la sentencia no haga necesario un nuevo juicio oral y público sobre los hechos, por exigencias de la inmediación y la contradicción, ante un Juez o Jueza distinto a aquel que  dictó la decisión recurrida.
Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena, la Corte de Apelaciones hará la rectificación que proceda”.
(Subrayado de Sala).

En atención a las anteriores consideraciones esta Sala puede evidenciar que, en el presente caso, la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, actuó conforme a derecho al haber declarado sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el solicitante contra la decisión dictada el 22 de septiembre de 1999 por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, en virtud de que la referida Corte aplicó las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales sostenidos por la referida Sala de Casación Penal y por esta Sala Constitucional para la resolución del caso de autos; es decir, que el cambio de la calificación jurídica realizado por la Corte de Apelaciones y la fijación de la pena correspondiente no vulneró ningún derecho constitucional del solicitante, por cuanto el ciudadano César Enrique Labarca Villasmil ya había admitido los hechos en el presente caso, por lo que no se requería realizar una audiencia para establecer una nueva admisión de los hechos, ya que la admisión de los hechos está relacionada con el tiempo, modo y lugar como ocurrieron los mismos y no con la calificación jurídica que realizó el Juez de Primera Instancia y que en este caso fue modificada por la Corte de Apelaciones.

En este sentido, esta Sala considera  necesario precisar que  el Fiscal Octavo del Ministerio Público a nivel Nacional con Competencia Plena,  ejerció el recurso de apelación  de conformidad con lo establecido en los artículos 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que en su criterio hubo una errónea  aplicación de una norma jurídica, es decir, que los hechos expuestos por los testigos y por el propio solicitante, no se encuadraban dentro del tipo legal del delito de homicidio preterintencional consagrado en el artículo 412 del entonces vigente Código Penal, la cual fue acogida por la Corte de Apelaciones, hechos estos que fueron acogidos con el cambio de calificación jurídica y la imposición de la pena correspondiente, tal como lo dispone el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.  Se advierte así, que el Ministerio Público atendió el fin básico que orienta su actuación en los juicios penales, como lo es la búsqueda de la verdad en los casos que investiga, por lo tanto si luego de haber sido dictado una sentencia que acoge la calificación solicitada por él, se verifica que existió un error en dicha califiación y en la aplicación de la norma penal, el Ministerio Público se encuentra obligado a impugnar la referida decisión tal como ocurrió en el caso de autos.   

En cuanto al argumento esgrimido por el solicitante relativo a que la referida Corte de Apelaciones, no lo notificó en la oportunidad en que dictó la decisión del 22 de septiembre de 1999, en la cual se realizó el cambio de la calificación jurídica de homicidio prerintencional a homicidio intencional y la aplicación de la admisión de los hechos, esta Sala observa que tal alegato no resulta cierto, ya que luego de haber realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, se puede evidenciar que en el folio 237 consta que el abogado Héctor Medina, actuando como defensor del solicitante para ese entonces, compareció ante la referida Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones y consignó una diligencia en la cual solicitó que fuera declarada sin lugar la apelación ejercida por el representante del Ministerio Público. Se evidencia además que el referido defensor,  a pesar de haber sido notificado por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones, no compareció al acto de informes que fue fijado para que se realizara el 21 de septiembre de 1999. Por estos motivos, queda desechado el referido argumento.  

De esta forma la Sala concluye que la sentencia objeto de la solicitud de revisión, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 5 de diciembre de 2000, estableció como argumentos principales para declarar sin lugar el recurso de casación ejercido contra la decisión del 22 de septiembre de 1999 que dictó la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que dicho fallo no violentó los derechos constitucionales del ciudadano César Enrique Labarca Villasmil, en virtud de que  la aludida Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones no estaba obligada a mantener la calificación jurídica que dio el Fiscal del Ministerio Público en su acusación, es decir, que aunque el Juez no puede variar los hechos de la acusación admitidos por el imputado, sí puede calificarlos según su prudente arbitrio, es decir, puede ser cambiada la calificación jurídica, si los hechos no son congruentes con la calificación dada por el Ministerio Público en la acusación de conformidad con lo establecido en los artículos 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, en cumplimiento de lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nos. 685 del 5 de diciembre de 2007 y  553 del 21 de octubre de 2008).

Por ello, en atención a los argumentos expuestos, esta Sala considera que la referida sentencia de la Sala de Casación Penal no incurrió en violación constitucional alguna y no contraría los criterios vinculantes fijados por esta Sala;  y tampoco advierte  que haya incurrido en un grotesco error de interpretación de la norma constitucional.

Se debe insistir que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación, sino una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional otorgada a esta Sala con la finalidad de uniformar criterios constitucionales, para la garantía de la supremacía y la eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual conlleva a la seguridad jurídica.


Es por todo lo que antes fue expuesto, que debe declararse que no ha lugar la revisión solicitada. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR la solicitud de revisión de la decisión del 5 de diciembre de 2000 que dictó la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por los abogados Rafael Querales y Alcides Rico, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano CÉSAR ENRIQUE LABARCA VILLASMIL.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  19  días   del mes de marzo  de dos mil doce  (2012). Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta,



Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente,


     Francisco Antonio Carrasquero López


Marcos Tulio Dugarte Padrón
                Magistrado



Carmen Zuleta de Merchán
                                                                                       Magistrada

Arcadio Delgado Rosales
    Magistrado-Ponente




                                                                                          Juan José Mendoza Jover
                                                                                                     Magistrado
                                                                




Gladys Gutiérrez Alvarado
  Magistrada

El Secretario,

                                  José Leonardo Requena Cabello

Exp. 10-1049
ADR/

Quien suscribe, Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón,  disiente con la mayoría respecto de la decisión que antecede, que declaró no ha lugar la revisión de la sentencia N° 1592 del 5 de diciembre de 2000, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano César Enrique Labarca Villasmil, en contra de la sentencia dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con fundamento en las razones que se señalan a continuación:
La decisión que precede, señaló que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, actuó conforme a derecho al haber declarado sin lugar el recurso de casación, por cuanto aplicó las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales sostenidos por dicha Sala y por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al cambio de la calificación jurídica dada a los hechos y a la fijación de la pena aplicable.
En este sentido, quien disiente, estima oportuno señalar lo afirmado por la Sala de Casación Penal en la decisión objeto de revisión, en la cual indicó: “En el presente caso el juzgador ‘a quo’, después de analizar cada uno de los elementos probatorios llegó al convencimiento de que el ciudadano imputado CÉSAR ENRIQUE LABARCA VILLASMIL sí cometió el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL previsto en el artículo 407 del Código Penal” (resaltado agregado).
Sin embargo, de la lectura de la sentencia de la cual se discrepa, se evidencia que el 27 de mayo de 1999, el Juzgado a quo, que en el presente caso es el hoy suprimido Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, condenó a César Enrique Labarca Villasmil por el delito de Homicidio preterintencional conforme al segundo aparte del artículo 412, en relación con el 407 del hoy reformado Código Penal, por lo que la Sala de Casación Penal, erró al indicar que el Juzgado a quo, llegó al convencimiento que el delito cometido era el de homicidio intencional, ya que en realidad lo condenó por el delito de homicidio preterintencional.
Así las cosas, se evidencia que la realidad procesal apunta, a que el representante del Ministerio Público, acusó al hoy accionante por la comisión del delito de homicidio preterintencional, calificación ésta que fue acogida por el tribunal de primera instancia, el que ante la admisión de los hechos, procedió a condenar al acusado conforme a lo pautado por el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.
Quien discrepa considera oportuno resaltar, que la Sala en la presente sentencia fundamenta su decisión en criterios contenidos en las sentencias N° 1106/06 de esta Sala Constitucional, en la cual conociendo de una desaplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se fijó el criterio respecto a la oportunidad para la admisión de los hechos (lo que no se discute en el presente caso) y las sentencias Nos. 685/07 y 553/08 de la Sala de Casación Penal, criterios éstos posteriores a la sentencia objeto de revisión, ya que la misma fue dictada el 5 de diciembre de 2000, con lo cual en el fallo que se discrepa, se hace una aplicación retroactiva de los mismos.
Igualmente, se advierte en el fallo del cual se disiente, la transcripción de los artículos 376, 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal contenidos en la última reforma del mismo del 4 de septiembre de 2009, cuando lo correcto era analizar los contenidos en los artículo 376, 444 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal del 23 de enero de 1998, vigente para la fecha del juicio.
Adicionalmente, en el fallo del cual se disiente la Sala afirma que el Ministerio Público “…ejerció el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en los artículo 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal…”, lo que es erróneo ya que la apelación a la que se hace referencia se ejerció el 3 de junio de 1999, durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal y sólo estaban vigentes las figuras del acuerdo reparatorio y la admisión de hechos, ello durante la denominada vigencia anticipada contenida en el artículo 503 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la época.
Así la cosas, sí era dable al imputado haber admitido los hechos que le fueron imputados de conformidad con la vigencia anticipada del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante la apelación realizada por el Ministerio Público debió tramitarse de acuerdo al Código de Enjuiciamiento Criminal vigente hasta el 1° de julio 1999.
Ahora bien, a juicio de quien disiente, esa sentencia dictada en el presente caso no era susceptible de impugnación ni por el imputado ni por el Ministerio Público, ya que a ambos, el juez le dio todo cuando solicitaron, es decir, al Ministerio Público le fue admitida tanto la acusación como la calificación jurídica dada a los hechos y el imputado fue condenado por los hechos admitidos, con la calificación jurídica dada a los mismos antes de la admisión, por lo que ninguna de estas partes sufrió agravio alguno con la decisión judicial.
En este sentido, es oportuno hacer ciertas apreciaciones respecto a los límites de la apelación y así tenemos que el objeto de segunda instancia no puede ser distinto a la pretensión de la primera instancia, con la excepción de los hechos nuevos no conocidos o valorados previamente; que no constituye un nuevo juicio sino un examen de la decisión del  a quo; que el juez sólo debe atenerse a lo impugnado (tantum appellatum quantum devolutum); y que el juez no puede empeorar la condición de la apelante (la reformatio in peius).
Ahora bien, en cuanto a los límites que corresponde al caso que nos ocupa, tenemos en primer lugar el agravio, que dispone que la parte recurrente impugnará sólo lo que le es desfavorable, esta limitación, tiene su asidero legal contenido en el encabezamiento del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (antiguo 429), que señala “Las partes sólo podrán impugnar las decisiones que les sean desfavorables…” asimismo ocurre en materia Civil, cuando establece el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil que: “No podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella se le hubiera concedido todo cuanto hubiere pedido…”.
Así las cosas, para la admisión de cualquier medio ordinario o extraordinario de impugnación el juez debe verificar, ante de la evaluación del fondo de lo apelado, si la decisión le fue desfavorable y ello se evidencia de la incongruencia entre lo peticionado por el recurrente y la sentencia recurrida, ya que en caso contrario la apelación devendría inadmisible.
Adicionalmente, encontramos que la apelación está también limitada a lo que la doctrina conoce como “los actos propios”, que conlleva que las partes no pueden apelar de sus propios actos, por ello, la pretensión en la apelación contraria con la propia conducta debe ser desestimada.
Ahora bien, observa quien disiente de la mayoría sentenciadora, que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, debió advertir la inadmisibilidad de la apelación planteada, ya que al Ministerio Público, le fue concedido en su oportunidad todo lo que solicitó, que fue la admisión de la acusación por el delito de homicidio preterintencional, ante la interposición del medio ordinario de impugnación, debió advertir en primer lugar la falta de agravio y en segundo lugar, que se impugna un acto propio.
Se advierte que ello fue objeto de denuncia en sede de Casación Penal, con apoyo en el encabezamiento del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la época) que establecía:
“Artículo 452. Motivos. El recurso de casación sólo podrá ser fundado en que la decisión se base en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal; o en la falta, contradicción o manifiesta ilogicidad de la motivación; o cuando se funde en hechos no constitutivos de prueba alguna, o en pruebas obtenidas mediante infracción de preceptos constitucionales o a través de medios que la ley no autorice…” (resaltado agregado)
En esa oportunidad, los formalizantes en casación señalaron que “…el juzgador "a quo" no debió conocer del recurso de apelación, ya que la sentencia de primera instancia no era objeto del recurso de apelación según lo expuesto en el artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal”.
En este sentido, el artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la época) establecía:
“Artículo 425. Impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.
La Sala de Casación Penal en la sentencia hoy objeto de revisión constitucional, justifica su impugnabilidad en que “…el Fiscal Octavo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y quien actuó según comisión de la Dirección General Sectorial de Inspección y Actualización Procesal, ejerció el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia porque no había congruencia entre los hechos ocurridos, la calificación jurídica dada a los mismos por el Fiscal Decimosexto y la sentencia…”.
Así las cosas, a juicio de quien disiente, esta incongruencia manifestada por el Fiscal Octavo del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional, entre los hechos ocurridos y la calificación jurídica dada a los mismos en la acusación por el Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, no constituye un motivo de impugnación de la sentencia dictada por el hoy suprimido Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En este orden de ideas, hay que aclarar que la sentencia condenatoria surgida en el procedimiento de admisión de hechos, es inapelable por el Fiscal del Ministerio Público, porque con la aplicación de la pena, él es un “ganador”, toda vez que si con su acusación había solicitado la apertura del juicio contra el imputado con la finalidad de que con ocasión del juicio se produjera la condena, si ésta ha tenido lugar anticipadamente conforme a su propia imputación, no tiene ninguna justificación procesal que pudiera apelar. Valga aquí resaltar el principio del agravio que encontramos en el ya mencionado artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (antiguo 429), de modo que si el fiscal es el vencedor no puede apelar.
Ello debió ser advertido por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones de esa Circunscripción Judicial, que debió inadmitir el recurso de apelación por cuanto la decisión era inapelable, por no estar los supuestos contenidos en el artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la época, al no encuadrar en los casos expresamente establecidos por la norma adjetiva penal, al carecer de agravio y al contradecir actos propios del Ministerio Público ante la primera instancia.
Es oportuno señalar, que la unidad del Ministerio Público está establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica que rige sus actuaciones, que reza: “Unidad de Criterio y Actuación. / El Ministerio Público es único e indivisible. Estará a cargo y bajo la conducción del Fiscal o la Fiscal General de la República o del que haga sus veces, quien ejercerá sus atribuciones de manera directa o a través de los funcionarios o funcionarias debidamente facultados o facultadas mediante delegación”.
Así las cosas, a juicio de quien disiente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, erró al declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano César Enrique Labarca Villasmil, en contra de la sentencia dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ya que tal como se expresó, hubo una errónea aplicación de un precepto legal, a saber el artículo 425 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal.
En definitiva, esta Sala constitucional no debió desechar la solicitud de revisión constitucional, con el fundamento de que se requiere un nuevo juzgamiento, ya que a ello es justamente a lo que renuncia el imputado en el procedimiento de admisión de hechos, es decir, que no ha habido juzgamiento alguno y en su lugar, debió hacer uso de las atribuciones dispuestas en el artículo 336 numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declarar que la sentencia cuya revisión se solicitó infringió el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que obligaba a esta Sala a anular la sentencia objeto de revisión.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut retro..."







http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/342-19312-2012-10-1049.html

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites