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En el presente Blog encontrarán una extensa recopilación de sentencias y otras informaciones jurídicas de relevancia en Venezuela y otros países.

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sábado, 31 de marzo de 2012

Interpretación sobre el instituto de la tutela y el derecho del adolescente a ser oído (Sala Constitucional)

"...Por cuanto de los hechos narrados se evidencia esa circunstancia excepcional, originada por la muerte de los padres de la hoy adolescente cuyos derechos constitucionales se alegan lesionados, y se evidencia igualmente que la misma se encuentra aparentemente muy vinculada a la accionante, pues si bien no mantiene un vínculo de consanguinidad o de afinidad, estuvo supuestamente ligada al padre de aquélla por una relación estable de hecho y mantiene igualmente de hecho su custodia, esta Sala considera sobre la base de los principios de interés superior del niño, niña o adolescente y de corresponsabilidad, contemplados en los artículos 8 y 4-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, que la ciudadana Mercedes del Carmen Negrón posee legitimación para incoar la presente demanda de amparo constitucional, en defensa de los derechos e intereses de la niña (hoy adolescente), cuya identificación se omite, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se establece.-
Ahora bien, a los fines de decidir el presente caso esta Sala observa que en la oportunidad de celebrar la audiencia constitucional se dictó auto para mejor proveer por el que se acordó solicitar al Ministerio Público que iniciara una investigación sobre el paradero de la adolescente interesada en esta acción de amparo, cuya identidad se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes y solicitar igualmente al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, donde cursa la causa principal que dio origen a la presente acción, que informe a esta Sala su estado procesal. En este sentido la Sala deja constancia de que hasta la presente fecha sólo fue posible cumplir con la segunda de las cuestiones ordenadas, resultando que el caso fue decidido por sentencia definitivamente firme, sin que hasta ahora se haya recibido información acerca del paradero de la niña. No obstante tales circunstancias, esta Sala, visto el largo tiempo transcurrido en el presente caso, decidirá prescindiendo de tan fundamental información, no sin advertir -como más adelante se analizará-, la necesidad que existe de determinar el paradero y opinión de la actualmente adolescente, a los efectos de restablecer la situación jurídica presuntamente infringida. Así se establece.-
Para decidir encuentra la Sala que el juicio en el que se produjo la actuación señalada como lesiva se inició ante la Sala Núm. 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con ocasión del ejercicio de una acción de tutela a favor de tres (3) hermanos menores de edad para entonces, cuyos padres, los ciudadanos Jacqueline del Carmen Hernández y Jesús Alfonso Lobo, fallecieron, uno de los cuales para la presente fecha ha alcanzado la mayoría de edad.

Sala Constitucional interpreta el artículo 61 de la LOT a los efectos de establecer cuándo debe entenderse que ha finalizado la prestación de servicios, en los casos en los cuales el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en una providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo (SENTENCIA VINCULANTE)

"...Ahora bien, de una revisión de las sentencias de la Sala de Casación Social sobre el tema, se han observado distintas posiciones, no existiendo una doctrina pacífica y reiterada. En efecto, en algunas decisiones se afirma que el lapso de prescripción para el ejercicio de las acciones para el reclamo de prestaciones sociales debe computarse desde el momento en el cual se renuncia –expresa o tácitamente- al derecho al reenganche reconocido mediante providencia administrativa –a través de la interposición de una demanda ante los tribunales laborales competentes- (vid. sentencias Nos. 2439 del 7 de diciembre de 2007 y 017 del 3 de febrero de 2009); mientras que en otras se afirma que el lapso de prescripción corre desde el momento en el cual el patrono manifiesta su negativa de cumplimiento de la providencia administrativa que ordene el reenganche y pago de salarios caídos (vid. sentencias Nos. 1038 del 22 de mayo de 2007 y 1355 del 23 de noviembre de 2010).

Así las cosas, ante la presencia de sentencias con posiciones contradictorias y no existiendo una norma que expresamente regule el supuesto de hecho observado en el caso de marras, esta Sala debe resolverlo con base en los principios reguladores del derecho laboral en nuestro ordenamiento jurídico y de la propia Constitución como norma superior.

En tal sentido, el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

lunes, 26 de marzo de 2012

España: Tribunal Supremo aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja

lunes, 26 de marzo de 2012

El Tribunal Supremo aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja y eleva su condena

Autor:Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 136/2012, en la que aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja. El Supremo eleva la condena de 10 a 13 años de prisión por homicidio al apreciar que entre ambos existía una “relación sentimental de carácter estable”, a la que se refiere el agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal.
El homicida había sido condenado por un tribunal del jurado en Palma de Mallorca. La sentencia inicial condenó al acusado como autor del homicidio de su compañero sentimental a 13 años con la agravante de parentesco.
Sin embargo, el Tribunal Superior de las Islas Baleares estimó parcialmente el recurso del acusado y redujo la pena a 10 años de prisión al considerar que en la sentencia del jurado solo hablaba de que ambos “mantenían una relación sentimental”. Aserto escueto que, para el TSJ de Baleares, no permitía agravar la pena por razón de parentesco.

Sala de Casación Penal reitera que las sentencias de sobreseimiento deben tramitarse conforme al procedimiento de apelación de sentencias definitivas

"...De la revisión a la causa, el escrito contentivo del recurso de casación, así como a la  sentencia recurrida; la Sala observa que en el presente caso, se ha ejercido separadamente dos denuncias en el presente recurso de casación, la primera referida a la falta de aplicación del artículo 22 eiusdem; y la segunda referida a la contradicción en la motivación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones.
Observa asimismo la Sala, que en el caso bajo examen el recurrente en su recurso de apelación ofreció elementos probatorios para que los mismos fueran valorados por la Corte de Apelaciones, al momento de decidir el recurso interpuesto, y sobre este punto el recurrente indicó “… De conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, promuevo la denuncia con todos sus anexos con el objeto de demostrar a través de dichos documentos que se cometió el delito denunciado…” (Pieza 2, folio 172).
Ahora bien, en relación a éstos elementos de prueba destinados a respaldar  el recurso de apelación, debe  precisarse que el ofrecimiento de los mismos, no constituye una simple formalidad; sino por el contrario a través de ellos, se actualiza la vigencia del principio de contradicción propio de nuestro proceso penal, además de que se garantiza el derecho a la defensa de la protección procesal del promovente de la prueba. En este contexto, las pruebas ofrecidas en el escrito de apelación, e incorporadas válidamente en la incidencia recursiva incoada con ocasión de éste garantiza en la audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuestas en el texto del escrito de apelación; esto nace del derecho a la igualdad que tienen las partes de actuar con similares derechos y oportunidades para sostener y fundamentar sus pretensiones procesales, pues una situación contraria, generaría indefensión.

jueves, 22 de marzo de 2012

Legitimación del representante de la víctima constituido por poder apud acta para accionar en amparo (Sala Constitucional)

De modo que, de acuerdo con lo señalado en la anterior sentencia, el poder apud acta que lo otorgó la víctima indirecta, ciudadana María de Jesús  Madrid de Quintero, al abogado Richard Velásquez, sólo lo faculta para actuar en nombre de ella en el proceso penal que originó el amparo y no puede ser extendido a cualquier otro proceso o procedimiento, como es el presente procedimiento de amparo autónomo contra sentencia, por lo que, en principio, la demanda de amparo de autos debería ser declarada inadmisible conforme a lo señalado en el artículo 133, numeral 3, de la Ley Orgánica el Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone:
Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
…omissis…
3.- Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o quien actúe en su nombre, respectivamente.

Sin embargo, la Sala acota que el hecho referido a que, ciertamente, el abogado Richard Velásquez actúa como represente legal de la víctima María de Jesús Madrid de Quintero en el proceso penal ventilado ante los Juzgados con competencia penal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, debe ser considerado por esta Sala con el objeto de revisar su doctrina y de ampliar la posibilidad, sólo por esa circunstancia, de que se pueda incoar una solicitud de amparo constitucional que persiga tutelar los derechos fundamentales de la víctima que haya actuado en el proceso penal, bajo la misma premisa de amplitud que se ha permitido en los casos de que un profesional de Derecho acepte defender a un determinado imputado o acusado.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Corte Interamericana condena la discriminación por orientación sexual. Caso Karen Atala Riffo Vs. Chile.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. CHILE

SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)



En el caso Atala Riffo y niñas,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

Diego García-Sayán, Presidente;
Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez, y

presentes además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 56, 57, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:



Voto parcialmente disidente del juez Alberto Pérez Pérez.



lunes, 19 de marzo de 2012

Acerca de la competencia como materia de eminente orden público (Sala de Casación Penal)

"...Del estudio realizado a las actuaciones que integran la presente causa, observa la Sala de Casación Penal que, en el caso bajo examen, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, declinó la competencia de la causa penal seguida en contra del ciudadano JESÚS ENRIQUE FARFÁN AGÜERO, ante un  Juzgado  en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, al considerar que los hechos se consumaron en la ciudad de Valencia; en razón de lo siguiente:

“… en principio la competencia se determina por el lugar donde el delito se haya consumado, esta negociación de naturaleza mercantil que pudiera devenir en la comisión de un hecho punible se consumó según las pruebas aportadas por el M.P. y por la parte querellante en la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo…”. (Folio 196 y siguientes de la novena pieza).

La competencia de un tribunal para el conocimiento de un hecho punible viene dada en primer lugar, por el territorio, es decir, que conocerá del asunto aquel tribunal del lugar donde se haya consumado el delito (delito consumado); donde se haya ejecutado el último acto dirigido a su comisión (delito permanente); donde haya cesado la continuidad o donde se haya cometido el último acto conocido del mismo (delito continuado), según sea el caso.

Avocamiento: El solicitante tiene la carga procesal de acompañar copias simples o certificadas de las actuaciones para el examen de admisibilidad (Sala de Casación Penal)

"...Ahora bien, la Sala de Casación Penal, observa del expediente continente de la petición de avocamiento, que la peticionante no acompañó a la solicitud de avocamiento, copia certificada, ni siquiera fotostática simple de las decisiones y/o actuaciones del proceso penal presuntamente lesivas de los derechos constitucionales de sus defendidos; lo que constituye, una carga procesal del solicitante del avocamiento, necesaria a los fines de extraer de dichos recaudos la información necesaria, para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, lo cual no puede ser suplido por esta Sala de Casación Penal.

En tal sentido, es oportuno precisar que la omisión de la carga procesal del acompañamiento (falta de consignación de copias, aún simples, del acto u actos procesales objeto de impugnación)  impide a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, verificar a través de los documentos idóneos para ello, la exactitud de la actuación judicial que se pretende cuestionar dentro del proceso penal por medio de la presente solicitud, así como formarse un juicio cabal  para determinar si efectivamente se incurrió en la violación de los preceptos constitucionales denunciados, y la determinación de sí, efectivamente, la solicitud de avocamiento cumple con los requisitos de admisibilidad y de procedencia previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

viernes, 16 de marzo de 2012

Prescripción: actos interruptivos, cómputo de la prescripción extraordinaria o judicial desde la fecha de la imputación (Sala de Casación Penal)

"...De lo anterior, se colige que el cómputo de la prescripción judicial o extraordinaria, debe comenzar a partir de la fecha del acto de imputación formal, sea que éste tenga lugar en sede fiscal, durante el transcurso del procedimiento ordinario, o en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem, una vez materializada la orden de aprehensión preventiva acordada por el juzgado (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional n° 276 del 20 de marzo de 2009 y n° 1381 del 30 de octubre de 2009); pues sólo será a partir de ese momento que el procesado se encuentre a derecho pudiendo cumplir con las cargas y deberes que le impone su condición de imputado, siendo además ese el momento donde eventualmente podrá examinarse si en el proceso seguido en su contra ha transcurrido el tiempo para que opere la señalada extinción de la acción penal, y si el juicio se ha prolongado por causas  imputables o no a dicho encausado.

Ahora bien, el tiempo de prescripción judicial aplicable a la presente causa, se obtiene conforme lo dispone el artículo 110 del Código Penal, de la suma del tiempo de prescripción ordinaria más la mitad del mismo. En la presente causa el tiempo de prescripción ordinaria para el delito de FRAUDE es tres (03) años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 108.5 del Código Penal tal como se explicó ut supra; espacio de tiempo éste que al sumársele la mitad del mismo daría para el presente caso un tiempo de prescripción judicial igual a cuatro (04) años y seis (06) meses, siempre que el juicio no se hubiese prolongado por culpa del reo..."

viernes, 9 de marzo de 2012

Tribunal Supremo Español: Sentencia absolutoria dictada a favor de Baltazar Garzón

Tribunal Supremo. Sentencia del caso 'Manos Limpias y Asociación Libertad e Identidad vs Baltasar Garzón' por prevaricación judicial, STS 101/2012




"El Tribunal Supremo parte del hecho de que el proceso penal español no puede ser empleado para la realización de los llamados “juicios de la verdad”. Estos “juicios” consisten en la indagación judicial sobre unos hechos, con apariencia de delictivos, respecto a los que se sabe que no es posible que el proceso concluya con la declaración de culpable de una persona, al concurrir una causa de extinción de la responsabilidad penal, como la muerte, la prescripción o la amnistía. En el ordenamiento español sólo cabe abrir un proceso judicial para averiguar la existencia de hechos delictivos y cometidos por un imputado o imputados que se mantengan con vida. En consecuencia, la búsqueda de la verdad histórica no corresponde ni al proceso penal ni al Juez.
En cuanto a los hechos por los que se abrió el procedimiento, el Tribunal Supremo indica que la interpretación que hizo el acusado sobre la prescripción del delito no era adecuada. Como tampoco lo fue la interpretación que hizo sobre la Ley de Amnistía.
El Tribunal Supremo afirma la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. Dicha ley se enmarca en un proceso de transición desde un Estado autoritario hasta  la actual democracia. Esta transición se considera modélica y fue fruto del abrazo entre las “dos Españas” enfrentadas en la Guerra Civil. De manera que no es una norma que los vencedores del conflicto impusieran para obtener la impunidad por sus actos. En ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes, sino que es una ley que se promulgó con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, con un evidente sentido de reconciliación.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Imputación objetiva y principio de confianza (Desestimación de denuncia contra el Presidente de la República por el caso PDVAL)

 El artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“El Ministerio Público, dentro de los treinta días hábiles siguientes  a la recepción de la denuncia o querella, solicitará al Juez o Jueza de control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción esté evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada”.  (Resaltado y subrayado de la Sala)

           
De la norma transcrita se infiere que la desestimación de la denuncia debe ser solicitada: a) cuando el hecho no revista carácter penal; b) cuando la acción esté evidentemente prescrita; c) cuando exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso; y d) cuando los hechos objeto del proceso constituyan delito cuyo enjuiciamiento sólo procede a instancia de parte agraviada.

        Bajo este contexto, se observa que la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado la desestimación de la denuncia presentada por el ciudadano Pablo Marcial Medina Carrasco, asistido por el abogado Marcos Cardozo contra los ciudadanos Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; Rafael Ramírez Carreño, Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA; Asdrúbal Chávez, Vicepresidente de PDVSA; Elías Jaua Milano, Vicepresidente de la República; Carlos Osorio Zambrano Coronel del Ejercito, Ministro de la Alimentación y Presidente de PDVAL y Clodosvaldo Russián, Contralor General de la República, para ese entonces, al estimar que los hechos denunciados no revisten carácter penal. Siendo ello así, esta Sala Plena debe verificar si los hechos denunciados revisten o no carácter penal, para luego considerar si la solicitud de desestimación de la denuncia está ajustada a derecho o no.

martes, 6 de marzo de 2012

Sentencia de la Sala de Casación Penal: Las Cortes de Apelaciones deben decidir motivadamente y con las pruebas incorporadas en la incidencia recursiva. Casación Con Lugar

De lo anterior se observa que, en el caso sub-examine la Corte de Apelaciones al momento de declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de sobreseimiento, no se fundamentó en la pruebas ofertadas por el recurrente en el escrito contentivo del recurso de apelación, en consecuencia no valoró las pruebas ofrecidas por la parte impugnante; limitándose simplemente a confirmar la sentencia del Juzgado de Instancia, bajo la consideración de que el Juez de Control consideró que los hechos denunciados son competencia única y exclusiva de la jurisdicción mercantil, por lo que los hechos denunciados no revestían carácter penal, no configurándose los supuestos normativos y descriptivos previstos  en el Código Penal para el delito de Fraude.

De esta manera, la decisión de la Corte de Apelaciones, se fundó únicamente en las aseveraciones realizadas por el juzgado de primera instancia en su decisión, sin tomar en consideración los elementos probatorios ofrecidos por los impugnantes en su escrito recursivo, con lo cual se infringió el segundo aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, que ordena resolver el recurso de apelación a la Corte de Apelaciones, motivadamente y con fundamento en las pruebas que se incorpore en la incidencia, razón por la cual en el presente caso se configuró una claraviolación del derecho a la defensa, de la parte recurrente en apelación.

Sala Electoral declara Sin Lugar el recurso administrativo de nulidad ejercido contra el Reglamento de Elecciones Universitarias de la UCV (Caso egresados)

En primer lugar, los recurrentes sostienen que el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela no es el órgano competente para reglamentar la elección de los representantes de los egresados de dicha Universidad, por cuanto los artículos 30, 54, 58 y 70 de la Ley de Universidades, 39 de su Reglamento Parcial del año 1967 y 7, 18 y 19 del Reglamento Parcial dictado en el año 1971, atribuyen a los Colegios y Asociaciones Profesionales la referida elección, de allí que -en su criterio- corresponda a estos dictar las normas aplicables a dicho proceso. Por tal motivo, consideran que el Consejo Universitario ha incurrido en una incompetencia manifiesta y en “…la llamada Extralimitación de Funciones al hacer suyas las elecciones de egresados actuando sin respaldo, sin tener una disposición legal expresa que lo autorice para ello...”.

Asimismo, aún cuando reconocen la potestad del Consejo Universitario para dictar reglamentos internos, alegan que el artículo 1 Ley de Universidades considera como miembros de la comunidad universitaria únicamente a profesores y estudiantes, por lo que el “…Reglamento Electoral Universitario reafirma el [referido] ámbito subjetivo (…) y, como tal, carece de facultad [para] extender derechos y obligaciones a quienes no forman parte de su personal docente, ni cursan estudios en la misma…” (corchetes de la Sala).

Sala de Casación Penal: Con lugar solicitud de Radicación de proceso penal por presunto contrabando de combustibles

El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, indica los supuestos de procedencia para la radicación de un juicio, y los enmarca en los casos de delitos graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público ó cuando, después de presentada la acusación por el o la fiscala, el proceso se paralice indefinidamente, por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas respectivos.

En este sentido el indicado artículo, estipula:

"En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud".

De la norma transcrita se desprende que la radicación de un juicio consiste en apartar del conocimiento del mismo al juzgado que le corresponde, de acuerdo con el principio del "fórum delicti comissi", previsto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuírselo a otro tribunal del mismo rango pero de otro circuito judicial penal.

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